Importación de GLP

Con éxito, AGREMGAS realizó el 5to Summit Internacional de GLP, evento aportó información valiosa alrededor del gas licuado de petróleo. En este artículo destacamos ocho puntos relevantes: 

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

Primero: El GLP tiene un gran potencial para su uso en el transporte terrestre y la generación de electricidad.

Segundo: La importación es en estos momentos una solución para el mercado de gas natural y gas licuado de petróleo. La producción nacional de GLP para abastecer la demanda presenta una tendencia a la baja, situación que se ha logrado superar a través de la construcción y ampliación de las capacidades de importación por parte de los agentes del sector.

Tercero: Ante el incremento de la importación, se evidencia la necesidad de realizar análisis de las brechas entre el GLP importado y GLP nacional en lo que respecta a los costos, mecanismos de asignación y su potencial impacto tanto en la cadena de suministro como en los usuarios finales.

Cuarto: Se evidencian alternativas para aumentar el potencial de oferta nacional de GLP, no obstante, y de acuerdo con los análisis presentados, se requieren señales normativas, regulatorias y/o mecanismos adicionales que incentiven su materialización.

Quinto: Se prevé que el uso de ductos para transportar GLP se detendrá debido a la disminución de la oferta proveniente de la refinería de Barrancabermeja y a los proyectos de adecuación para su uso. La logística requerida para conectar puntos de oferta con centros de consumo se ejecuta a través de otros mecanismos de movilización de producto.

Sexto: Dada la creciente dependencia del GLP importado, se recomienda evaluar condiciones operativas para mejorar la infraestructura portuaria en el Pacífico colombiano (Buenaventura, Tumaco) como alternativa para mejorar la logística en el suroccidente del país.

Séptimo: Gestor del Mercado de GLP. Se necesita fortalecer los sistemas de información del sector para mejorar la planeación y el análisis de las necesidades de abastecimiento y confiabilidad, incluyendo la revisión de datos de consumo en todos los sectores, lo cual se podría desarrollar a través de un Gestor del Mercado de GLP, como ocurre en los sectores de gas natural y de energía eléctrica.

*Abogado en OGE ENERGY.

El fracking 6.0

El fracking ha avanzado hacia una mayor precisión. La combinación de perforación horizontal multilateral, modelamiento geológico en 3D y sensores inteligentes permite optimizar la ubicación de los pozos y reducir la cantidad de intervenciones necesarias.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El gobierno Petro y el Pacto Histórico se descuelgan por las orejas cuando se les responsabiliza por la escasez de gas que obligó a importarlo para satisfacer la demanda esencial desde diciembre de 2024.

Tienen razón cuando afirman que las reservas probadas de gas han caído el 50% en los últimos 15 años. ¿Pero, cuál es la responsabilidad que les cabe a ellos? Lo primero es que, a sabiendas de que las reservas probadas de hidrocarburos (petróleo y gas) vienen cayendo, resulta insensato descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación.

Se procedió, además, a apagar los pilotos que estaban llamados a establecer, con criterio técnico y científico, la viabilidad de la implementación de la técnica del fracking en Colombia para explotar los yacimientos no convencionales, los cuales gozan de gran prospectividad. Y lo hicieron por razones eminentemente ideológicas, al tiempo que promovieron y avalaron la presentación de un proyecto, con mensaje de urgencia para su prohibición.

De haberse determinado su viabilidad a partir de los pilotos, con su utilización Colombia habría revertido la tendencia a la declinación de las reservas de hidrocarburos y el país contaría con mayor producción de petróleo y gas, consolidando la seguridad y la soberanía energética. Al impedirlo, es responsabilidad de este gobierno la pérdida de una y otra.

Es de anotar que todas las críticas y reparos que se le hacen por parte de los anti fracking a esta tecnología está referida a la técnica del fracking 1.0, pero la misma ha evolucionado mucho y ya estamos en la técnica del fracking 6.0, que la torna menos impactante sobre el medioambiente.

Esta nueva técnica incorporó el uso de la inteligencia artificial y monitoreo sísmico en tiempo real para optimizar la perforación, tornándola de alta precisión y reducir el número de pozos, utilizando plataformas multipropósito, al tiempo que reduce la huella superficial, como también la reutilización y reciclaje de aguas de producción, que no compite con los acuíferos, disminuyendo el consumo de agua dulce.

Se emplean ahora fluidos biodegradables, menos tóxicos, arenas sintéticas de menor impacto y se reduce al mínimo el uso de químicos peligrosos. Muy en línea con la transición energética, que conlleva la electrificación de los procesos productivos, ahora los equipos que se utilizan han reemplazado el consumo del diésel por la electricidad, en lo posible proveniente de fuentes renovables y limpias, bajando de esta manera las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Se ha mejorado, además, el sellamiento y encamisado de los pozos perforados para minimizar el riesgo de filtraciones. Un aspecto clave de la misma es la captura y control de las emisiones fugitivas de metano.

En términos técnicos, el fracking ha avanzado hacia una mayor precisión. La combinación de perforación horizontal multilateral, modelamiento geológico en 3D y sensores inteligentes permite optimizar la ubicación de los pozos y reducir la cantidad de intervenciones necesarias.

Hoy, algoritmos de inteligencia artificial analizan en tiempo real variables como presión, micro-sismicidad y comportamiento del fluido, ajustando la operación para maximizar la eficiencia y minimizar riesgos. Esto se traduce en menos consumo de agua por barril producido y una menor huella superficial.

Ello fue lo que llevó a la presidenta de México Claudia Sheinbaum a dar un viraje de 180 grados con respecto al uso de esta técnica en México. Ella defendió en una rueda de prensa el pasado 9 de abril su apertura al uso de tecnologías de extracción de gas no convencional a través de la fracturación hidráulica, pese a haberse pronunciado en contra antes y aseguró que es una forma de “fortalecer” la soberanía nacional con técnicas de “bajo impacto ambiental. Hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional… Son nuevas tecnologías de explotación con menores impactos ambientales que nos abren la posibilidad de utilizar ese gas… De las primeras tecnologías que se usaron a las actuales hay una diferencia muy grande”,dijo la mandataria

Ello explica, a guisa de ejemplo, el contraste de las emisiones de CO2 en el Permian, en el Estado de Texas (EEUU), yacimiento en el cual Ecopetrol está asociado con la OXY en la explotación del mismo utilizando la técnica del fracking.

Mientras en el Permian se emiten 8 kilogramos de CO2 por cada barril que se extrae, en Colombia, en los campos de yacimientos convencionales, en la que no se utiliza la técnica del fracking, las emisiones de CO2 atribuibles a la extracción de cada barril de crudo es de 64 kilogramos, 8 veces las del Permian.

Es más, en algunos desarrollos avanzados, la misma infraestructura utilizada para la fracturación hidráulica puede adaptarse, al final de la vida útil del yacimiento, para inyectar CO₂ en formaciones geológicas profundas. Esto abre la puerta a modelos híbridos en los que la explotación de hidrocarburos no convencionales se combine con estrategias de descarbonización, reduciendo parcialmente su impacto climático.

La lección que nos deja Sheinbaum es que los principios hay que modularlos con el pragmatismo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

¿Por qué demandamos a la CREG?

Demandamos la Resolución CREG 101 099 de 2026, en especial por la omisión en la definición de Productor Marginal Remoto.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

La definición del Productor Marginal Remoto (PRM) contenida en la Resolución CREG 101 099 de 2026 ha abierto una discusión relevante en el sector energético. La controversia surge porque la definición de la CREG en dicha resolución parece ser más restrictiva que la prevista en normas de superior jerarquía.

En efecto, el artículo 3° de la Resolución CREG 101 099 de 2026 define al Productor Marginal Remoto como:

“Productor marginal remoto (PMR). Es la persona natural o jurídica que utilizando recursos propios y técnicamente aceptados produce energía eléctrica para que a través de un agente comercializador se realice la atención remota de una clientela compuesta exclusivamente por quienes tienen vinculación económica directa, con un activo de generación de cualquier valor de capacidad instalada y cualquier tipo de recurso empleado para tal fin (PMRUFR) y en los términos establecidos en esta resolución.” (Subrayado fuera de texto).

El punto de debate está en la expresión “clientela compuesta exclusivamente por quienes tienen vinculación económica directa”, pues reduce considerablemente el espectro de destinatarios de la energía solo a esa categoría: vinculados ecenómicos. Sin embargo, esto choca con la Ley 142 de 1994, la cual define al productor marginal en su artículo 14.15 en términos más amplios:

“Productor marginal, independiente o para uso particular. Es la persona natural o jurídica que utilizando recursos propios y técnicamente aceptados por la normatividad vigente para cada servicio, produce bienes o servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos para sí misma o para una clientela compuesta exclusivamente por quienes tienen vinculación económica directa con ella o con sus socios o miembros o como subproducto de otra actividad principal.” (Subrayado fuera de texto).

Esta definición legal, contenida en la Ley 142 de 1994, norma que establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, no limita la figura del productor marginal exclusivamente a los vinculados económicos directos del productor.

Por el contrario, a diferencia de la definición reciente adoptada por la CREG en la resolución arriba citada, también comprende a quienes tengan vinculación económica directa con sus socios o miembros. Por consiguiente, los socios y miembros hacen parte del alcance de la figura de productor marginal remoto y no pueden entenderse excluidos por la definición entregada por la Comisión.

A su vez, el Decreto MME 1403 de 2024, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1073 de 2025, al regular los parámetros para ser considerado autogenerador o productor marginal de energía eléctrica, vino y reiteró el alcance de la definición señalada en la Ley 142 de 1994.

En particular, el artículo 2.2.3.2.4.3 dispuso:

“Parámetros para ser considerado autogenerador o productor marginal. Para ser considerado autogenerador o productor marginal de energía eléctrica se deben cumplir los siguientes parámetros:

«1. La energía eléctrica producida por la persona natural o jurídica podrá utilizar los activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y/o los sistemas de distribución para su propio consumo en el caso de los autogeneradores, para sí mismos, o para el consumo de personas con las que tiene vinculación económica directa o con sus socios o miembros en el caso de los productores marginales, en sitios distintos a los de producción.” (Subrayado fuera de texto).

De esta comparación se advierte una contradicción legal y jurídica: mientras la Ley 142 de 1994 y el Decreto MME 1403 de 2024, compilado en el Decreto 1073 de 2015, reconocen como posibles destinatarios a los vinculados económicos, socios o miembros, la Resolución CREG 101 099 de 2026 solo menciona a quienes tienen vinculación económica directa.

Bajo el contexto anterior, demandamos la Resolución CREG 101 099 de 2026, en especial por la omisión en la definición de Productor Marginal Remoto.

* Abogado en OGE ENERGY.

El Caribe: potencia energética

Más allá de los hidrocarburos y el carbón, el Caribe colombiano emerge como plataforma de la transición energética, hasta convertirse en hub regional.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En 1975, justo cuando Colombia perdió la autosuficiencia y paso de ser exportador de petróleo a importador, situación que se prolongó por diez años, se declaró la comercialidad de los mayores yacimientos de gas y de carbón en La Guajira y en el Cesar, convirtiéndose la región Caribe en la despensa minero-energética del país. De no haber sido por ello, la crisis fiscal y de la balanza de comercio exterior habría sido crítica.

La historia se repite ahora cuando la transición energética demanda el desarrollo de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). El Caribe le vuelve a tenderle la mano a Colombia para aprovechar de la mejor manera esta ventana de oportunidad para su desarrollo económico y social, ambientalmente sostenible e incluyente.

El Caribe colombiano se consolida como el eje estratégico de la transición energética. Gracias a su ubicación geográfica privilegiada, al decir del gran pensador antioqueño Luis López de Mesa, la esquina oceánica de América, su infraestructura portuaria y su enorme potencial en recursos naturales, la región no solo ha sido históricamente protagonista en el sector minero-energético, sino que hoy se perfila como el epicentro de las energías limpias del país.

Departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico concentran una parte sustancial de la producción de carbón, gas natural y energía térmica de Colombia. En particular La Guajira posee uno de los mayores potenciales eólicos de América Latina, con velocidades de viento constantes, lo que ha atraído inversiones nacionales e internacionales para el desarrollo de parques eólicos y proyectos de granjas solares – fotovoltaicas a gran escala, que se han esparcido en el Caribe hasta alcanzar los 1.6 GW de capacidad instalada.

Desafortunadamente, la parálisis y el abandono de los 16 parques eólicos en La Guajira, con un potencial de 2.4 GW ha privado a Colombia de disponer de dicha capacidad, que contribuiría, además de diversificar y robustecer la matriz eléctrica, a hacerla más resiliente frente al fenómeno de El Niño, por su carácter contracíclico. Esta es una de las asignaturas pendientes  que le deja como legado este gobierno al entrante.

Y ello, en momentos en los que Colombia enfrenta un panorama complejo: reservas probadas y de producción de gas natural en franca declinación, al punto de tener que importarlo desde diciembre de 2024 para satisfacer la demanda esencial.

Por lo demás, la única planta regasificadora con la que cuenta el país para dichas importaciones es la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG), ubicada en Barú (Cartagena). Además, acusa una estrechez en la Oferta de Energía Firme (OEF), que este año se estima por parte de ACOLGEN entre 2.2% y 2.9%.

La región también que ha sido clave en la producción y transporte de gas natural, considerado el energético de la transición, con una infraestructura estratégica que conecta los campos del Caribe con el interior del país.

Hoy, la mayor apuesta del país para recuperar la seguridad y la soberanía energética está en el yacimiento de Sirius, ubicado costa afuera entre los departamentos de La Guajira y Magdalena, con reservas estimadas de 6 TPC, el triple de las reservas probadas remanentes.

He insistido en que el país ha desestimado la importancia del aprovechamiento del gas metano asociado a los mantos de carbón (CBM, por sus siglas en inglés), cuyas reservas entre los departamentos de Cesar y La Guajira se calculan en 7 TPC.

Pero como su declaratoria de comercialidad se proyecta hacia el 2030 y ante el déficit de gas que se proyecta en 20% en 2026, escalando hasta el 50% en 2029, se requiere ampliar la capacidad de importación, para lo cual se requiere la instalación de nuevas unidades de plantas regasificadoras.

Los dos proyectos más avanzados son los de La Guajira, liderado por TGI, y otro en Cartagena, promovido por Ecopetrol, asociada con Frontera Energy.

Asimismo, los puertos sobre el mar Caribe facilitan la exportación de carbón, a los que todavía, a pesar de los malos augurios del presidente Petro, les queda futuro por delante, razón por la cual Colombia no puede renunciar a él prematuramente, y otros recursos energéticos, consolidando de esta manera su rol en el fortalecimiento de la balanza comercial.

Más allá de los hidrocarburos y el carbón, el Caribe colombiano emerge como plataforma de la transición energética, hasta convertirse en hub regional. Los proyectos de energías renovables no convencionales —solar y eólica, especialmente—, junto con iniciativas de hidrógeno verde, posicionan a la región como un polo de innovación y sostenibilidad.

El proyecto de hidrógeno verde va en línea con la necesidad que tiene el país de acompasar la transición energética con una estrategia de transformación productiva,diversificando la economía mediante el impulso de otros sectores como la industria, el turismo y la agricultura.

Y, a propósito de la agricultura, bueno es advertir que, aunque el Gobierno se ha encargado de instalar en el imaginario colectivo la idea de que la transición energética y las FNCER se reducen a la energía eólica y solar, el espectro de ellas es mucho más amplio.

Se requiere integrar a la matriz energética otras fuentes tales como la energía geotérmica, el potencial de generación de energía hídrica a filo de agua y, cómo no, los biocombustibles, considerados por la Agencia Internacional de Energía (AIE), como “una pieza clave dentro de la estrategia global para descarbonizar la economía”.

Entre los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar se cuenta con 127.350 hectáreas sembradas de palma africana, cuyo fruto es la materia prima para producir el biodiesel para las mezclas del 10% en el país, susceptible de incrementarlas, tal como lo he planteado para que se amplíe la frontera agrícola en Colombia.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El outlier de la quinta subasta del Cargo por Confiabilidad

El pasado viernes 22 de mayo se realizó la quinta subasta del Cargo por Confiabilidad. El resultado fue inesperado para muchos, desde los precios de cierre hasta los participantes.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

El precio en que cerró la quinta subasta del Cargo por Confiabilidad fue de 22 USD/MWh para el grupo de plantas con precios variables inferiores, PCVI. Y el precio de cierre de 16,4 USD/MWh fue para el grupo de plantas con precios variables superiores.

Pero, el protagonismo lo tuvo el proyecto de generación térmica Termoinduenergy-Nencol 5, que dio la sorpresa por tres razones:

La primera es que Termoinduenergy-Nencol 5 es el único proyecto nuevo de generación térmica que resultó con asignación de Oferta de Energía Firme (OEF). Aclaro, sí hubo asignación para otras plantas térmicas, pero ya existentes. Proyectos nuevos térmicos solo Termoinduenergy-Nencol 5.

La segunda sorpresa es el energético con que se respaldará este proyecto cuando entre en operación, que será gas natural importado. Así las cosas, Termoinduenergy-Nencol 5 se convierte en el único proyecto que apalancará la puesta en operación de infraestructura de importación de gas natural en Colombia.

La tercera sorpresa es que este proyecto es de una capacidad superior a 2.200 MW, que lo hace el proyecto térmico más grande en Colombia. Y, cuando alcance la entrada en operación comercial, será de las principales plantas de generación de energía en Colombia.

Así las cosas, Termoinduenergy-Nencol 5 reportará para Colombia beneficios tangibles como alta potencia firme, baja emisión frente al carbón o fuel oil, un gran ⁠respaldo para el sistema eléctrico, y una planta de generación con alta eficiencia a partir de su Heat Rate.

En términos generales, aplaudo al Gobierno de Colombia, específicamente al Ministerio de Minas y Energía, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la empresa XM, por los resultados de la quinta subasta de expansión de generación de energía en la cual se asignaron OEF a 15 proyectos nuevos, donde el outlier fue Termoinduenergy-Nencol 5.

* Abogado de OGE ENERGY

El desbarajuste fiscal

La sostenibilidad fiscal no es un asunto ideológico; es una condición indispensable para garantizar la viabilidad de las políticas públicas y la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La crisis fiscal que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro dejó de ser una advertencia de los analistas para convertirse en una realidad inocultable.

El creciente déficit fiscal, que crece a un ritmo endiablado de $50 billones anualmente, el aumento sostenido del endeudamiento público, la caída de los ingresos tributarios y el desbordamiento del gasto, han puesto en evidencia la fragilidad de las finanzas del Estado colombiano.

El Gobierno apostó a una ambiciosa expansión del gasto público sustentada en la premisa de que la reforma tributaria garantizaría recursos suficientes para financiar sus programas sociales y sus promesas de transformación económica.

Sin embargo, después de la reforma tributaria de 2022, cuyo mayor recaudo se esfumó, los intentos de otras se le frustraron al gobierno y el menor crecimiento económico, la desaceleración de sectores estratégicos y la reducción de la inversión privada terminaron afectando el recaudo fiscal, generando un preocupante desbalance entre ingresos y gastos.

A ello se suma el debilitamiento deliberado de sectores que históricamente han contribuido de manera significativa a las finanzas nacionales, como el minero-energético.

La incertidumbre regulatoria, los mensajes contradictorios frente a la exploración de hidrocarburos y las restricciones a nuevos proyectos, han impactado la confianza inversionista y reducido las expectativas de ingresos futuros provenientes del petróleo y el gas, pilares fundamentales de las exportaciones y de los recursos fiscales del país.

La situación se agrava por el incremento del servicio de la deuda pública. Hoy una proporción cada vez mayor del presupuesto nacional debe destinarse al pago de intereses y amortizaciones, limitando el margen de maniobra del Estado para invertir en infraestructura, salud, educación y seguridad. En otras palabras, el Gobierno dispone de menos recursos para atender las necesidades sociales porque una parte creciente del presupuesto está comprometida con la deuda.

El Gobierno central acusa un déficit primario (excluyendo intereses de la deuda) de 3.6%, según la CEPAL, el más alto de Latinoamérica. El déficit fiscal cerró 2025 en 6.4%. 

El abultado déficit y el creciente endeudamiento afectan la sostenibilidad fiscal, lo cual le ha valido a la Nación la rebaja de la calificación de la deuda soberana, así como el mayor costo de su deuda y de su endeudamiento, al punto que la mayor prima de riesgo le ha significado pagar tasas de colocación hasta el 14.46%.

De ello se sigue una mayor erogación para cubrir el servicio de la deuda. Como botón de muestra tenemos la apropiación de $46 billones más en dicho rubro en el PGN para 2027, partida que explica por sí sola el incremento del aforo presupuestal para el año entrante, constituyéndose en la mayor de todas después de la educación, restándole de paso espacio a la inversión. Esta partida es la verdadera inflexibilidad del gasto público de que tanto se queja el gobierno para justificar sus fallidos intentos de pasar una nueva reforma tributaria por el Congreso de la República. 

Otro elemento preocupante es la pérdida de credibilidad frente a los mercados y las agencias calificadoras. La incertidumbre sobre el cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas se ha traducido en mayores costos de financiamiento para el país, afectando tanto al Estado como al sector privado.

En mi concepto, el hecho de que la exhausta caja de la Nación cayera un 45.7%, desde los $13.8 billones en abril de 2025 a los $7.5 billones, es solo la punta del iceberg. 

Estamos en presencia de un déficit estructural de las finanzas del gobierno central, el cual refleja el descalce entre los ingresos del orden del 16.3% del PIB y el gasto, que alcanza el 22.7%. Estamos en presencia de un verdadero desbarajuste fiscal.

Este estrés y la incontinencia del gasto, advertida por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que llevó al gobierno a pausar el cumplimiento de la Regla Fiscal, ha llevado al gobierno a endeudarse exageradamente. 

Basta decir que la deuda bruta del Gobierno Nacional Central (GNC) alcanzó la cifra histórica de $1.238 billones, lo que representa un incremento cercano al 20% en un solo año y un aumento de más de $433 billones desde agosto de 2022.

El ajuste fiscal requerido será una ímproba tarea, puesto que implica adoptar decisiones difíciles pero necesarias: racionalizar el gasto, priorizar la inversión productiva, controlar el crecimiento del endeudamiento y fortalecer las fuentes permanentes de ingresos. No se trata únicamente de reducir el déficit en el corto plazo, sino de enviar señales claras de disciplina y responsabilidad fiscal.

Cabe advertir el hecho de que el elevado déficit fiscal se ha venido a sumar al creciente déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos. El déficit de la Balanza Comercial pasó de US $10.807 millones en 2024 a US $16.377 millones en 2025, un incremento del 51,5%. Los denominados déficits gemelos (déficit fiscal + déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos) alcanzaron el -8.8%, el mayor en la última década.

En momentos de incertidumbre internacional, volatilidad de los precios del petróleo y desaceleración económica, mantener unas finanzas públicas sanas es fundamental para proteger la estabilidad económica y social del país.

La sostenibilidad fiscal no es un asunto ideológico; es una condición indispensable para garantizar la viabilidad de las políticas públicas y la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

¡Alerta roja!

El Gobierno desperdició un tiempo precioso para tomar las medidas apropiadas para destrabar la ejecución de los proyectos de generación y de transmisión eléctrica, en cumplir con el pago de la abultada deuda con las empresas comercializadoras, en adelantar con sentido de urgencia la convocatoria de subastas de reconfiguración y expansión, y en conformar la CREG.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Hay dos tipos de riesgo, uno inmanente, estructural, y el otro inminente. Este último, a su vez, tiene dos componentes. Veamos: en cuanto al primero aludo a la vulnerabilidad de la matriz eléctrica frente a fenómenos extremos como El Niño, habida cuenta que el 58% de la capacidad instalada de generación es hídrica y por lo tanto expuesta a condiciones de hidrología crítica que compromete su operatividad.

Tanto más en cuanto que de los veinticuatro embalses que les sirven a las centrales de generación sólo uno de ellos, El Peñol, que le sirve a Guatapé, tienen una capacidad de regulación de más de un año, los demás a lo sumo sólo cuatro meses.

Esta vulnerabilidad pudo haberse mitigado si se hubiera cumplido el compromiso adquirido por parte del presidente Gustavo Petro de integrar a dicha matriz 6 GW de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), entre eólica y solar.

Entre 2019 y 2021 se asignaron 2.400 MW a instalarse en 16 parques eólicos en La Guajira, los primeros de ellos han debido entrar en operación en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno. El avance en renovables se reduce a los 1.875 MW en operación en granjas solares.

En cuanto al riesgo inminente, hablemos primero del déficit de la Oferta de Energía en Firme (OEF). Como lo ha informado XM existe en este momento un desbalance entre la oferta y la demanda de energía. Se está presentando un déficit de 2,2% que representa aproximadamente 250 a 300 MW de capacidad firme faltante, equivalente a todo el consumo de una ciudad como Bucaramanga.

De otra parte, es cada vez más inminente un apagón financiero de las empresas del sector eléctrico, que es como han llamado los organismos de control la crisis financiera a la que están abocadas por la deuda acumulada que las tiene en serias dificultades.

Me refiero a las deudas por concepto de los subsidios al consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3, que el Gobierno Nacional se ha abstenido de girarles ($2,4 billones), de la opción tarifaria ($3,2 billones), que el presidente Petro se comprometió pero no cumplió pagar.

El caso más patético es el de la empresa Air e, la cual fue intervenida hace 20 meses, ya son 6 agentes interventores los que han desfilado por ella y no sólo no se han superado las causales de insolvencia, iliquidez y falta de caja que determinaron su intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, sino que esta se ha convertido en parte del problema y por su negligencia la empresa intervenida hoy no está mejor que cuando estuvo peor. Esta empresa adeuda más de $2 billones, de los cuales más de $1 billón es con las generadoras.

Este es el estado en el que sorprende al sector eléctrico el anuncio de que el temido fenómeno de El Niño ya no es una probabilidad sino, como lo afirmó la directora del IDEAM, “una certeza científica… más severo que el del 2024”. En su más reciente reporte dijo que “el fenómeno de El Niño llegará a Colombia antes de lo previsto”, peor aún, “será fuerte o muy fuerte”.

Ello llevó al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a expresar en la Circular 40023 del 14 de mayo dirigida a la CREG que se cierne “una situación de riesgo inminente para la prestación continua del servicio de energía eléctrica”.

Y no es para menos, puesto que lo peor es que se viene configurando una tormenta perfecta en la que El Niño es sólo el detonante. Veamos: el pasado 2024 pasamos, pero por la cornisa, a ras, gracias a que para entonces contamos con una reserva de capacidad de generación excedente de energía del 5% y ahora estamos en rojo. Entonces tuvimos la holgura que hoy no tenemos en oferta de gas natural, el que necesitan las térmicas para operar cuando son requeridas y van a ser requeridas.

Recordemos que desde diciembre de 2024 se está importando gas para satisfacer la demanda esencial y para ello sólo se cuenta con la única regasificadora (SPEC, en Barú, Cartagena) que está operando al límite de su capacidad de 475 MPCD.

De modo que, muy seguramente, cuando las térmicas pasen de generar el 15% al 55% y se requieran mayores volúmenes de gas importado, nos vamos a enfrentar al dilema de racionar el servicio de energía o racionar el suministro de gas natural como ya sucedió en octubre de 2025 cuando la SPEC entró en mantenimiento programado. 

El Gobierno desperdició un tiempo precioso para tomar las medidas apropiadas para destrabar la ejecución de los proyectos de generación y de transmisión, en cumplir, como es su deber, con el pago de la abultada deuda con las empresas comercializadoras, en adelantar con sentido de urgencia la convocatoria de subastas de reconfiguración y expansión, en conformar una CREG, que ha permanecido la mayor parte del tiempo en interinidad y durante un largo lapso sin quorum para tomar decisiones.

En su lugar, hemos tenido una política errada y errática, caracterizada por la imprevisión y la improvisación, en medio de una hostilidad permanente contra las empresas, satanizándolas y exponiéndolas constantemente a amenazas y medidas que, en lugar de atraer a los inversionistas, ha erosionado la confianza inversionista y llevándose de calle la seguridad jurídica.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Hecatombe contractual en el mercado de gas natural

Una “hecatombe contractual” en el suministro de gas natural puede presentarse cuando se produce un efecto dominó de incumplimientos, desequilibrios o rupturas contractuales que terminan afectando de manera sistémica a toda la cadena del mercado, incluidos los transportadores.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

La coligación contractual surge cuando existen varios contratos autónomos que, pese a conservar individualidad jurídica propia, se encuentran funcionalmente vinculados para alcanzar una finalidad económica común.

En el sector gasífero los contratos de suministro no son independientes, con lo cual, lo que ocurra en contratos de suministro impacta en los contratos de capacidad de transporte. Con lo cual, si un productor comercializador preponderante da por terminado sus compromisos contractuales, sin duda, se presentaría una hecatombe contractual.

Para hablar de “coligación” se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

Primero: Pluralidad de contratos, se requiere la existencia de, al menos, dos negocios jurídicos que cumplan los requisitos legales para su existencia y validez.

Segundo: Nexo funcional, existencia de un nexo causal habida cuenta que se debe buscar la consecución de un mismo resultado.

Bajo el entendido anterior, se entiende la coligación contractual como una pluralidad de varios contratos, independientes en principio, que son celebrados con una coincidente finalidad “supra individual”, es decir, tienen un alcance jurídico superior bajo resultados que afectan a todos los contratos vinculados.

A propósito, en un Laudo entre Canacol Energy Colombia S.A. vs Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S., el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, señaló, palabras más palabras menos, que la coligación contractual surge cuando dos o más contratos, aunque conservan su autonomía e individualidad jurídica, se articulan de manera estratégica y coordinada para alcanzar un objetivo superior de carácter práctico, económico o empresarial que les es común.

En este escenario, cada negocio jurídico adquiere verdadero sentido en función de la ejecución conjunta de los demás, pues únicamente a través de su interacción armónica es posible materializar la finalidad perseguida por las partes.

Por ello, una “hecatombe contractual” en el suministro de gas puede presentarse cuando se produce un efecto dominó de incumplimientos, desequilibrios o rupturas contractuales que terminan afectando de manera sistémica a toda la cadena del mercado de gas natural, incluidos los transportadores.

Se trata de un escenario en el que la alteración de uno o varios contratos esenciales desencadena consecuencias sucesivas sobre múltiples agentes vinculados técnica y económicamente.

*Abogado de OGE ENERGY

Los retos del sector energético 2026–2030

Quien quiera que asuma la conducción de los destinos nacionales a partir del 7 de agosto de 2026, debe saber que sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el viento, jamás quien pretenda que el viento sople en donde pone la vela.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Empezando por la Transición Energética: Colombia, como lo está haciendo el resto del mundo, debe concebir la Transición como la integración de las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) a la matriz eléctrica, diversificándola aún más de lo que está, no como reemplazo o sustitución de las energías convencionales sino como complemento, de tal modo que las unas le sirvan de respaldo a las otras.

Hay necesidad de retomar la hoja de ruta de la Transición Energética definida en el Documento CONPES 4075 de 2022. El actual gobierno, en lugar de construir sobre lo construido, se propuso, sin lograrlo, darse la hoja de ruta de la Transición Energética Justa prevista en la Ley 2294 de 2023 del PND.

A pesar de que la ex ministra de Energía Irene Vélez anunció en la COP 27 en noviembre de 2022 que para mayo de 2023 se tendría esa Hoja, hasta la fecha, a 5 meses del fin de su cuatrienio sólo existen unos “documentos” que han debido servir de insumos para la misma. Eso es como tener las piezas de un lego al alcance de la mano pero sin armarlo. 

Y hablando de Transición Energética, Colombia debe sintonizarse con el resto del mundo que prioriza la seguridad energética sobre la transición. Esta no debe poner en riesgo a aquella, como tampoco debe poner en riesgo la soberanía energética. En este orden, Colombia no puede marchitar prematuramente la industria del carbón y de los hidrocarburos, sus dos principales renglones de exportación, principales fuentes de divisas, de financiación del Estado y de la propia transición.

Con fundamento en lo anterior, sin desmedro de la Transición Energética, el próximo gobierno deberá poner término a la moratoria de la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, así como del uso en Colombia de la técnica del fracking 6.0, la cual mitiga su impacto ambiental, única manera de espantar el fantasma de la importación de petróleo y recuperar la autosuficiencia perdida de gas natural.

Tenemos que acoger el consejo de Keynes a Roosevelt: “Apresurarse sería dañino cuando lograr la meta de largo plazo es más importante que el resultado inmediato.” 

El sector eléctrico enfrenta un alto riesgo de un apagón financiero, como lo han advertido reiterativamente los organismos de control (Procuraduría y Contraloría), que puede derivar en un efecto dominó que, como lo ha anticipado la firma XM, que opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN), comprometería la confiabilidad y firmeza en la prestación del servicio.

Al gobierno entrante le corresponderá implementar un plan de choque que desactive esta bomba de tiempo que tiene al sector eléctrico sumido en una crisis inducida por el mismo gobierno.

Se debe proceder a la mayor brevedad al pago de la deuda contraída por parte de la Nación con las empresas comercializadoras por concepto de los subsidios al consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3 ($3,6 billones) y buscarle una salida al pago a las mismas del saldo de la deuda por la opción tarifaria ($3,2 billones), mediante la titularizacion de las mismas.

Colombia actualmente tiene un déficit de la Oferta de Energía Firme (OEF) de 2,2% que representa aproximadamente 250 a 300 MW de capacidad firme faltante, equivalente a todo el consumo de una ciudad como Bucaramanga. Esta cifra se estima basándose en una demanda máxima proyectada que supera los 12.000 MW, siendo un riesgo cubierto parcialmente por el cargo por confiabilidad. 

Ello obedece al atraso en la ejecución de más de 4.000 MW de capacidad instalada, situación que tiende a agravarse dado que se requieren 6.000 MW más antes de 2027, mientras que la demanda de energía crece por encima del 4%.

Entre las prioridades del próximo gobierno está destrabar la ejecución de los proyectos de generación, especialmente de los 16 parques eólicos en La Guajira y los de transmisión.

Son varias las acciones que deberán acometerse: catalogarlos como proyecto de interés nacional estratégico (PINES: Documento CONPES 3762 de 2013); aplicar la norma prevista en las leyes 56 de 1981, 1715 de 2014, 2099 de 2021 y el Decreto 1537 de 2022, que establecen que los proyectos eléctricos son de utilidad pública e interés social, de tal suerte que debe primar el interés general sobre el interés de los particulares.

Se deberá promover, además, el trámite en el Congreso de la República del proyecto de ley que reglamente las consultas previas. 

En relación a los biocombustibles, bueno es recordar que es la propia Agencia Internacional de Energía (AIE), a la cual Colombia acaba de ser admitida, la que dice que “son pieza clave dentro de la estrategia global para descarbonizar la economía”. 

Decimos esto, a propósito de la desprotección y desincentivo por parte del actual gobierno, propiciando la invasión de etanol subsidiado desde los EEUU, recurriendo a prácticas de dumping, sumiendo a esta industria en una gran crisis, afectando toda la cadena agroindustrial, el empleo y el ingreso.

Se debe restablecer la norma que la protegía, permitiendo las importaciones solo para cubrir el déficit de oferta nacional. Es más, el próximo gobierno debería incrementar el porcentaje de las mezclas de los biocombustibles, con lo cual se reduciría las importaciones de gasolina (hoy en 40%) y de diésel (hoy en 15%), ampliaría la frontera agrícola y generaría más empleo e ingreso.

Quien quiera que sea que asuma la conducción de los destinos nacionales a partir del 7 de agosto de 2026 debe saber que sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el viento, jamás quien pretenda que el viento sople en donde pone la vela.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Energía geotérmica para evitar sanciones por abandono de pozos

Para un operador de un pozo petrolero inactivo, existe una nueva causal legal que puede evitar la imposición de sanciones derivadas de dicha inactividad: la generación con geotermia.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

La inactividad de un pozo petrolero no suele ser una omisión arbitraria del operador, sino el resultado de decisiones técnicas, económicas, regulatorias e incluso socioambientales.

En muchos casos, mantener un pozo temporalmente inactivo constituye una medida racional —y en ocasiones necesaria— para proteger el yacimiento, optimizar recursos o atender exigencias externas. Es decir, la inactividad no siempre implica negligencia o incumplimiento; por el contrario, puede obedecer a causas objetivas, razonables y alineadas con las buenas prácticas de la industria petrolera.

No obstante, la inactividad de un pozo puede dar lugar a sanciones por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Estas no proceden cuando existe una suspensión temporal vigente, un abandono temporal aprobado, un plan de reactivación o un abandono definitivo autorizado.

A este conjunto de supuestos se suma, a partir de la Resolución 40164 del 18 de marzo de 2026, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, una nueva causal que justifica la suspensión temporal: que el operador acredite el desarrollo de proyectos de generación de energía geotérmica.

En efecto, el artículo 7, parágrafo 2, de la Resolución 40164, establece que, cuando la suspensión temporal se fundamente en el posible aprovechamiento de recursos del subsuelo o en usos del subsuelo en el marco de la transición energética, el operador del pozo inactivo no será sancionado. En estos casos, el pozo se entiende en una condición permitida y debidamente autorizada.

La relevancia de esta nueva causal radica en que habilita al operador para articular la actividad petrolera con esquemas de generación energética. Así, puede acudir a figuras de autogeneración para consumir la energía en sitio o, conforme a la Resolución CREG 101 099 de 2026, desarrollar activos de generación de mayor capacidad que permitan entregar la energía producida en un punto distinto al de generación. Por ejemplo, la energía generada en los Llanos Orientales podría ser comercializada para atender la demanda de usuarios en Bogotá.

*Socio fundador de OGE ENERGY

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