Categoría: Opinión

Estamos en presencia de una hecatombe, pues se está reeditando lo acaecido en 2022, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, que dio lugar a una inflación a nivel global, concomitante con el freno y ralentización del crecimiento de la economía.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

En octubre de 2022, el Gobierno tomó la decisión de eliminar el subsidio de los combustibles, empezando por la gasolina, elevando gradualmente sus precios hasta equipararlos con los precios internacionales.

Esa decisión, liderada por el entonces ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, fue sensata y valiente, dado el enorme déficit acumulado que venía arrastrando el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). En efecto, se decretaron reajustes graduales mes a mes, lo cual permitió reducir el déficit del Fondo de $36,6 billones al corte de diciembre de 2022 a $19 billones en 2023. 

A mediados de 2023 se niveló el precio de referencia de la gasolina con el precio internacional, pero cuando este empezó a bajar se mantuvo hasta situarse $4.000 por encima, alrededor de los $16.400 el galón, generando unos “excedentes” de $800 mil millones mensuales, contrarrestando los $320 mil millones mensuales que costaba el subsidio del diésel, cuyo precio se reajustó pero muy tímidamente, hasta congelarse  en los $11.000 el galón aproximadamente, situándose $2.000 por debajo del precio internacional, debido al freno que significó un acuerdo al que llegó el gobierno con el gremio de los transportadores de carga.  

Después de una larga pausa, el gobierno determinó bajar el precio de la gasolina en $500 el galón en febrero y marzo de 2026, pero aún quedaba $3.000 por encima de los precios internacionales. Pero no estaba en las cuentas de nadie la espiral alcista de los precios internacionales del crudo y sus derivados a consecuencia del conflicto bélico en el Medio Oriente. 

En el último mes el aumento del precio de gasolina ha sido del 34% y el del diésel ha sido mucho mayor, razón por la cual el precio de la gasolina en Colombia ya está $750 el galón por debajo del precio internacional y el subsidio al diésel pasó de $2.000 el galón a $8.300. Los precios del diésel están subiendo incluso más rápido que los de la gasolina.

Desde que comenzaron los enfrentamientos con Irán, los precios de la gasolina han subido 47 centavos de dólar, o 16 %, hasta US$ 3,45 por un galón de gasolina regular, según el informe del 8 de marzo de la American Automobile Association (AAA).

Pero eso no es nada comparado con el aumento de 84 centavos, o 22 %, en los precios del diésel, llevando el galón a US$ 4,60. Y no hay que perder de vista que Colombia importa el 40% de la gasolina que se consume en el país y el 15%, aproximadamente, del diésel.

La razón por la que el diésel sube mucho más rápido que la gasolina es que ya había una menor oferta antes de este shock en el precio de la energía, dijo Tom Kloza, un analista independiente de petróleo y asesor de la compañía petrolera global Gulf Oil. Él predice que el diésel podría llegar a US$ 5 por galón en marzo.

Además, el invierno gélido creó una gran demanda de combustible para calefacción en el noreste de EE.UU. El combustible para calefacción doméstica y el diésel son esencialmente productos idénticos. Eso significa mayores costos de combustible para calefacción.

El temor del presidente Donald Trump no es sólo en el frente militar sino en el económico y electoral, toda vez que el aumento del precio de los combustibles, que es tan sensible para el ciudadano americano, puede atizar la inflación y ésta a su vez puede erosionar el apoyo político al partido republicano justo antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Por ello, ha hecho esfuerzos desesperados tendientes a garantizar el paso por el estrecho de Ormuz y/o aumentar la oferta mundial de crudo, recurriendo para ella a la flexibilización de las sanciones a Rusia e incluso apelando a la Agencia Internacional de Energía (AIE) para la liberación de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, la mayor en la historia de la agencia, en procura de “mitigar los impactos inmediatos de la perturbación en los mercados”, según su director Ejecutivo Fatih Birol.

Mientras tanto, Ebrahim Zolfagari, portavoz del mando militar iraní, lanzó una dura advertencia a Occidente: “Prepárense para que el petróleo alcance los US $200 el barril, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional, que ustedes han desestabilizado”, espetó.

Cabe precisar que el FEPC cerró en 2025 con un hueco de $3 billones, según datos de Ecopetrol. Si bien la reducción fue de unos $4,6 billones frente al déficit de 2024, el desfase todavía es considerable y ahora podría escalar más. De hecho, según Julio César Vera, presidente de Fundación Xua Energy y gerente de Valjer Energy, se proyecta que con un barril de petróleo en alrededor de US$100 el hueco en el FEPC suba $1,2 billones mensuales.

En estas circunstancias, se torna insostenible para el Ejecutivo seguir reduciendo el precio de la gasolina y así lo reconoce el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, al advertir que, debido al actual entorno el Gobierno evaluará si se mantiene, suspende o incluso revierte las rebajas recientes del precio de la gasolina en Colombia.

Cabe advertir que con el alza del gas, del petróleo y sus derivados se atiza la inflación, toda vez que ella incide en los costos del transporte, presiona al alza los fletes y, dado que son materia prima esencial para muchos procesos y cadenas de valor, tiene un efecto amplificado, que compromete a sectores tan importantes como la agricultura, por el alza de fertilizantes y abonos, entre otros; el turismo, por el aumento de las tarifas de transporte aéreo, marítimo y terrestre, así como la industria que verá incrementados sus costos de producción y su competitividad.

Estamos en presencia de una verdadera hecatombe, pues se está reeditando lo acaecido en 2022, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, que dio lugar a una inflación a nivel global, concomitantemente con el freno y ralentización del crecimiento de la economía, con todos sus efectos colaterales en empleo, ingresos y desarrollo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El ataque conjunto de EEUU e Israel, con su operación denominada “furia épica, a Irán, fue justo un sábado (28 de febrero), día en que los judíos celebraban la fiesta del Purim, los musulmanes el Ramadán y los católicos la Cuaresma.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Irán es el tercer país con las mayores reservas, el quinto exportador de crudo y uno de los mayores productores, y, como era de esperarse, el ataque desató la ira de los ayatolas que la gobiernan, sobre todo después de ser abatido su líder supremo Alí Jamenei.

Su respuesta bélica no se hizo esperar y ha desplegado toda su artillería de misiles y drones contra Israel y contra todas las bases estadounidenses instaladas en los países de la región aliados de la potencia del Norte. Sigue la expectativa sobre cuál puede ser la reacción de China y Rusia. 

Desde entonces, todos los reflectores están puestos sobre el Estrecho de Ormuz, punto neurálgico, de una gran importancia estratégica para el tránsito de buques tanqueros que transportan hidrocarburos.

El estrecho está ubicado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, compartiendo este último con Irak. Ambos países tienen costas con el estrecho, el cual en su punto más angosto mide 54 kilómetros.

Este estrecho reviste una importancia estratégica tan importante y fundamental que, en plena era de la Guerra Fría entre el campo Soviético y los Aliados, encabezados por EEUU, el ex presidente Richard Nixon afirmó en su libro La verdadera guerra, que el estrecho de Ormuz era la “yugular” de Occidente, de modo que si la URSS se hacía al control del mismo le habría ganado la guerra sin necesidad de disparar un solo misil.

Tal y como ha ocurrido en el pasado, el gobierno iraní cerró el tránsito por el estrecho, para lo cual contará, seguramente, con el concurso de los terroristas sunníes y los hutíes, que medran por el Mar Rojo y siempre les han sido funcionales a sus estrategias de defensa y ataque. 

En efecto, se cerró e interrumpió el tránsito de los buques tanqueros que transportan hidrocarburos por el estrecho de Ormuz, siendo esta una ruta clave, por donde se transporta no menos de 21 MMBD, el 21% de la demanda global y el 20% del gas natural. 

Uno de los países más afectados con la interrupción de esta ruta marítima es China, habida cuenta que sumadas las compras que realiza a Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán e Irán, tenemos el 50% del consumo anual de China, que es el mayor consumidor de crudo del mundo, con 11,5 millones de barriles/día.

La situación se le torna más compleja porque ya había dejado de recibir los 600.000 barriles/día importados desde Venezuela, luego de la intervención de los EEUU, que desde entonces tienen el control sobre las reservas, la producción y las exportaciones de crudo del país suramericano.

China tendrá que apelar a Rusia, que es su aliado, para suplir sus necesidades de crudo. De hecho, le venía suministrando el 20% de su demanda. No obstante, Rusia, sobre quien pesan sanciones por parte de la OTAN, tiene dificultades para exportar y vender su petróleo.

El 80% del petróleo ruso llega por medio de la flota “fantasma”, los buques sancionados por Occidente. Esa ruta está al límite y es casi imposible que pueda transportar de un día para otro los 5,75 millones de barriles diarios adicionales que necesita su aliado. Huelga decir que esos buques han venido siendo objeto de interceptaciones, ataques e incautaciones por parte de la Armada de los EEUU.

Irán informó enfáticamente que considera blancos legítimos a los buques pertenecientes o vinculados a los países que considera sus enemigos que osen asomarse al estrecho y de hecho ya varias embarcaciones han sido blanco de sus misiles y drones. No obstante, es de advertir que con el cierre del estrecho de Ormuz Irán también se da un tiro en el pie pues por esa misma vía transporta su crudo hacia los países con los cuales aún mantiene relaciones.

Esta turbulencia que se ha desatado y que con las horas se expande ante la escalada de los ataques de parte y parte ya empezó a disparar los precios del crudo. A poco andar superó los US $80 el barril, precio este que no se veía desde enero de 2025, pero a medida que se extiende y prolonga el conflicto por más tiempo, según los expertos, ya está a punto de superar la barrera de los US $100 el barril e incluso alcanzar escenarios mucho más altos (como US$120–140), si la interrupción es grave y prolongada. 

Desde luego, los inversionistas especulan y  muchas veces presionan al alza los precios simplemente por miedo o expectativa de problemas de suministro. Esto puede acelerar movimientos sin que los cambios reales en producción ocurran aún. Esta reacción es típica porque los mercados descuentan el riesgo de una disrupción en el suministro, especialmente si zonas clave como el Estrecho de Ormuz se ven afectadas.  

Para Alexánder Montero, especialista en Medio Oriente, el ataque de EEUU a Irán trasciende la narrativa sobre democracia o incluso el programa nuclear. Afirma Montero que un eventual cambio de régimen en Teherán modificaría de manera sustancial el mapa energético global, reconfigurándolo y la competencia estratégica con China aumentaría las tensiones.

Cabe preguntarse cómo pueden repercutir estos acontecimientos sobre Colombia. En el corto plazo, el incremento del precio del crudo, le beneficia a Colombia, como país exportador que es, ya que por cada dólar que sube le significa mayores ingresos del orden de los $430.000 millones.

Claro está que todo depende del desenlace de esta conflagración, de tal suerte que si esta confrontación bélica se termina pronto o hay un alto al fuego, si los EEUU se hace al control de las reservas y la producción de crudo de Irán, como ya lo logró en Venezuela, ello se traduciría en una mayor oferta de petróleo en el mercado, ya que quedaría sin efecto las sanciones impuestas, lo cual inundaría el mercado de crudo. Ello revertiría la tendencia alcista y, con los precios a la baja, la repercusión para Colombia sería la contraria a la actual.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Ante la crisis actual de la agroindustria del etanol, en este momento en grave predicamento, me veo precisado a salir en su defensa.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Empecemos por definir los biocombustibles como el componente renovable en la mezcla de etanol con gasolina y un porcentaje de biodiésel con el diésel, en la actualidad ambos al 10%; contribuyendo a la seguridad energética del país, a mejorar el medioambiente e impulsar al sector agrícola, al punto que representan el 0,4% del PIB nacional y el 5,6% del PIB agrícola.

Las leyes 693 de 2001, de mi autoría, y la Ley 939 de 2004 dispusieron la obligación de dichas mezclas en todo el territorio nacional, en el primer caso a partir de 2005 y en el segundo a partir de 2008. 

Veintiún años después de contribuir con la reducción de emisiones, 3,9 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y 950 toneladas de material particulado en 2025, causantes del Cambio Climático y nocivas para la salud, la cadena productiva de etanol está amenazada por la miopía, la ambigüedad y la falta de coherencia de la política pública del actual gobierno, poniendo en riesgo el avance de la transición energética justa que tanto pregona.

Veamos: El detonante de la crisis del etanol está en la avalancha del etanol importado, que ha venido ganando cada vez mayor participación en el mercado doméstico. Hasta 2016, la producción nacional daba abasto para satisfacer la demanda interna y sólo a partir del año siguiente empieza a abrirse paso el etanol importado desde los EEUU, escalando en los siguientes años hasta alcanzar el 40% en 2023 y más recientemente, entre 2024 y 2025, superando el 50% del mercado.

Cabe preguntarse cómo se explica este cambio tan dramático en tan corto tiempo. Una primera aproximación a la respuesta nos lleva a constatar un viraje desde la entrada en vigencia de la Resolución 90454, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, que entró en vigencia en abril de 2014, limitando la importación a los volúmenes necesarios y suficientes para cubrir el déficit y asegurar el cumplimiento del porcentaje del 10% de la mezcla (E-10), que luego fue derogada por la Resolución 41053 de mayo de 2017, liberando las importaciones.

La reacción no se hizo esperar, las importaciones pasaron desde los 68 millones de litros en 2016 a 269 millones de litros en 2019, hasta alcanzar el récord de 437 millones de litros en 2025, favorecidas por la diferencia entre el precio del etanol regulado producido en el país y el precio de paridad importación, altamente subsidiado. 

Las consecuencias están a la vista: la inundación del mercado interno con las importaciones de etanol y no “la sobreproducción” de la que habla el presidente Gustavo Petro, atribuyéndola a un supuesto “exceso de crédito de la banca privada al grupo azucarero y a un uso ineficiente de la tierra”, ha dado lugar a que los inventarios estén al tope, superando los 54 millones de litros, amenazando a toda una cadena con sus 286 mil empleos formales en más de 50 municipios del país, con preponderancia en sus áreas rurales.

De allí el S.O.S. lanzado por el vocero del sindicato de trabajadores agropecuarios Jhonson Torres, al demandar del Gobierno Nacional “se firme la Resolución de estabilización de precios”, la cual pasa por tomar como referencia los costos en que incurren los productores de etanol y no el precio del azúcar en Londres, que viene causando distorsiones en desmedro de la industria nacional.

Hay dos aspectos que no se han tenido en cuenta a la hora de liberar las importaciones y desproteger la producción nacional de etanol. El primero de ellos tiene que ver con el dumping del etanol importado, el cual es objeto de múltiples subsidios en el país de origen, desde las siembras de maíz, que es su materia prima hasta las plantas refinadoras, entre el 22% y el 32%, amén de su protección con altos aranceles.

El otro aspecto a considerar es que hay una diferencia abismal en la reducción de las emisiones de GEI del etanol producido a partir de la caña de azúcar como materia prima, que está alrededor del 73% y el producido con maíz, que fluctúa entre el 20% y el 40%. En este aspecto no hay punto de comparación.

Y no hay que perder de vista que Colombia, como signataria del Acuerdo de París adquirió el compromiso de reducir sus emisiones de GEI en 51% hacia 2030 y que por lo tanto el etanol producido en el país contribuye mucho más a alcanzar dicha meta que el etanol importado.

Queremos llamar la atención sobre el error del presidente Petro al pedirle al ministro de Minas y Energía Edwin Palma a “quitar el subsidio al etanol y al biodiesel”, confundiendo la excepción de la que es objeto de los gravámenes aplicables a los combustibles de origen fósil, que es sólo un incentivo para sustituir a estos por aquellos, que contribuyen a la reducción de las emisiones de GEI.

Su política de favorecer las importaciones de etanol en detrimento de la producción nacional va a contrapelo de lo dispuesto en el Plan de Desarrollo de su gobierno, el cual propende por la diversificación de la economía, la reindustrialización y el impulso del sector agrícola.

En lugar de frenar esta industria, se debería apalancar incrementando el porcentaje de la mezcla. De esta manera, además, se incrementa aún más la sustitución de las importaciones de combustibles al país, las cuales superan el 40% de la gasolina y el 15% del diésel.

Ello es más conducente y pertinente si nos atenemos al pronunciamiento de la Agencia Internacional de Energía (AIE), a la que acaba de ser admitida Colombia, en el sentido que “los biocombustibles son una pieza clave dentro de la estrategia global para descarbonizar la economía”, en particular el sector automotor.

Incurre el Gobierno, entonces, en una gran contradicción, que es menester corregir y así evitar males mayores. Más coherencia, por favor.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Son muchas las preocupaciones que hoy tienen los colombianos frente al desgobierno que ha generado un debilitamiento profundo de lo que funcionaba en el país.

Por: JUAN ESPINAL*

La incapacidad del presidente Petro para construir sobre lo construido ha deteriorado sectores estratégicos. El sistema de salud colapsó; la llamada “paz total” debilitó la seguridad y el orden público; y el capricho ideológico de convertirse en un líder ambiental a nivel mundial ha puesto en riesgo el sector energético del país. Este último es, sin duda, uno de los temas que más inquieta a la ciudadanía.

El próximo presidente tendrá que tomar decisiones ágiles y audaces para evitar que el país se apague. Un apagón nacional sería una verdadera catástrofe para la economía, se paralizarían la industria y el comercio, se alteraría la vida cotidiana de millones de colombianos, y cada hora sin energía costaría cerca de 200 mil millones de pesos, según el Banco de la República.

Si Colombia se apaga por decisiones equivocadas del actual gobierno, cabe preguntarse, ¿cómo se recargarían los cerca de 80 millones de celulares que hay en el país? ¿Cómo operarían más de 450 mil tiendas, hospitales, escuelas, cámaras de seguridad, vehículos eléctricos y el Metro de Medellín, que moviliza a más de un millón de usuarios diarios en el Valle de Aburrá? La magnitud del impacto sería incalculable.

Una de las decisiones necesarias sería declarar una emergencia energética, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política y respaldada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reiterado que los estados de emergencia permiten adoptar medidas excepcionales y temporales estrictamente necesarias para superar una grave perturbación del orden económico y social (por ejemplo, sentencias C-122 de 1997, C-216 de 2011, C-466 de 2017 y C-145 de 2020).

Bajo este marco, el Gobierno podría declarar una emergencia económica con enfoque energético ante el riesgo cierto e inminente de desabastecimiento y pérdida de confiabilidad del sistema nacional.

En este contexto, y atendiendo el principio de proporcionalidad exigido por la Corte, se implementaría un sistema “fast track” para los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa, limitado a los primeros dos años de gobierno y exclusivamente para proyectos estratégicos de seguridad nacional en el sector minero-energético. Este esquema no eliminaría requisitos ambientales ni sociales; por el contrario, integraría trámites, reduciría duplicidades, establecería ventanillas únicas y armonizaría plazos perentorios, garantizando simultáneamente el respeto por los derechos fundamentales y la participación efectiva de las comunidades.

Asimismo, se propondría un régimen temporal de incentivos fiscales con cláusulas de estabilidad jurídica, sustentado en la doctrina de la Corte sobre la validez de los contratos de estabilidad en escenarios de interés público. El objetivo sería atraer un flujo masivo de inversión privada hacia proyectos estratégicos del sector minero-energético.

Este régimen podría incluir aceleración de depreciaciones, deducciones especiales para inversiones en seguridad energética y beneficios para proyectos de suministro en firme y expansión minera responsable, siempre condicionados al cumplimiento de estándares ambientales y planes de relacionamiento social, con el fin de restablecer la seguridad energética nacional.

Solo con determinación, responsabilidad y voluntad política se podrá evitar que Colombia se apague.

*Representante a la Cámara por Antioquia.

La culpa es de la vaca es un libro de reflexión y auto ayuda que se convirtió en best seller en Latinoamérica, cuyo mensaje critica la tendencia humana a lavarse las manos y culpar a otros por los propios errores, en lugar de asumir la responsabilidad.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El presidente Gustavo Petro se apresuró́ a culpar a la Hidroeléctrica de Urrá del desbordamiento de río Sinú y de las inundaciones que este ha causado, provocando una tragedia humanitaria de enormes proporciones.

Y como en todo sacrifico tiene que haber un chivo expiatorio, esta vez fue el defenestrado presidente de Urrá, Juan Acevedo, a quien Petro inculpó y le pidió́ dar un paso al costado, al sentenciar, sin fórmula de juicio, “el Gerente debe renunciar de inmediato y asumir sus responsabilidades penales”.

El hecho cierto es que, según los registros de la hidroeléctrica, Urrá enfrentó 58 horas consecutivas con aportes de agua superiores a los 2.200 metros cúbicos por segundo. Hecho sin antecedentes en los 26 años de su operación.

“De no haberse retenido ese volumen, el río Sinú habría arrasado con todo a su paso”, sostuvo Acevedo. Según él, cuando inició la emergencia, el embalse estaba 90 centímetros por debajo de la cuota máxima permitida de 130,5 metros.

No obstante, la lectura del presidente Petro es diferente, el asume que “todo vertimiento de Urrá sobre los campesinos es la continuación de un crimen ambiental”. Y afirmó, sin prueba alguna, que “dejaron llenar los embalses de Hidroituango y Urrá, por simple codicia”, juicio este temerario y ligero que lo hizo extensivo a Salvajina y Betania”.

Es absurdo afirmar, como lo hace Petro que se “bote agua para usar gas caro”, pues Urrá, que por lo demás es una empresa del Estado, no opera con gas ni determina la entrada o despacho de las térmicas, función esta que corresponde al Centro Nacional de Operaciones (CNO) de XM, de acuerdo con el precio ofertado, determinándose así́ el costo marginal.

Y terminó preguntándose “con quién se reparten las ganancias”. Y para rematar afirmó sin pestañear que “la represa de Urrá nunca debió́ construirse”. Bien dijo Joseph Goebbels, el flamante ministro de propaganda de Hitler, cuando no puedas convencer confunde y eso es lo que ha pretendido hacer el presidente Petro con sus aseveraciones, plagadas de falacias e inconsistencias.

Es el propio subdirector de Hidrología del IDEAM, Fabio Bernal, quien afirma que todas las represas “aprovechan el exceso de agua que cae en los períodos de lluvia, que pueden ser uno o dos, dependiendo de dónde se ubiquen en el territorio y almacenan ese volumen para cuando estén los periodos de menos lluviasy pueden seguir operando”.

Entre tanto, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, expresó después de practicar su visita al embalse que “la emergencia por lluvias en el país ha sido una situación atípica, con precipitaciones muy altas… Respecto específicamente del embalse de Urrá, se descarta que hubiera un riesgo estructural en la presa, la represa está bajo control y la generación de electricidad incluso se detuvo para manejar los niveles”.

Está probado que las hidroeléctricas nunca dejaron de operar para “guardar agua” alentados por la “codicia”. Durante enero y lo corrido de febrero más del 80% de la demanda de energía se ha cubierto a partir de fuentes hídricas. Ello se refleja, además, en el comportamiento de los precios en bolsa, que comenzaron este año, según XM, en niveles de $212.97 el KWH, bajando en febrero hasta los $100.

Y a propósito de la “codicia” que le endilga el presidente Petro, insinuando que con las deleznables prácticas especulativas que les atribuye en sus inventivas a los generadores, las cifras lo desmienten.

En efecto, en 2025 el precio promedio de la energía en bolsa fue de $245.8 el KWH, por debajo del precio promedio de los contratos bilaterales de largo plazo, de $298.9 el KWH durante el 78.63% del tiempo.

Y en lo corrido de 2026 esta diferencia ha sido aún mayor, habida cuenta que el precio promedio en Bolsa ha sido de $213.2 el KWH, frente a un precio promedio en los contratos de largo plazo de $308.25 el KWH en el 86.2% del tiempo.

Esta es la prueba reina de que, en un contexto de mayor aporte hídrico en los embalses, los generadores han utilizado el agua para generar más energía, lo cual ha repercutido en menores precios y no para especular.

Concluyo diciendo que la vulnerabilidad de la cual adolece Colombia se ha visto exacerbada por el déficit de una institucionalidad robusta y articuladora, carente de capacidades y diezmada por el clientelismo y la corrupción.

Además de los correctivos a implementar, bueno es advertir que, como lo afirma el director del Instituto Javeriano del Agua, Jorge Escobar, “la raíz del problema no está́ sólo en los embalses ni en la operación de las hidroeléctricas, sino en un manejo del territorio que ha alterado los ecosistemas naturales, como las ciénagas, que antes regulaban las crecientes”.

Por ello, plantea que para evitar que eventos como este se repitan hacia el futuro, se precisa “una gestión integral del riesgo, que combine restauración de ecosistemas, planificación territorial, concertación con las comunidades”, así como la disposición e implementación de un sistema de alertas tempranas, con apoyo de la inteligencia artificial y modelos predictivos.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El petróleo está pasando por su mala hora en Colombia y ello a consecuencia de la política del actual gobierno presidido por Gustavo Petro, quien no oculta su aversión por el mismo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En su programa de gobierno y en su Plan Nacional de Desarrollo, Petro dejó establecido “que no se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos”. Y fue más lejos al firmar en el marco de la COP 28 en noviembre de 2023 el Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, con el cual se comprometió a “cero exploración nueva” y “cero proyecto de explotación nueva en el mundo”.

Equivocadamente el presidente Petro asume que el mundo está dejando de consumir el petróleo y que al seguir apostándole al mismo “pues vamos sencillamente con los ojos abiertos al abismo”.

Pero la realidad es otra: en 2023, por primera vez el consumo de petróleo en el mundo superó la barrera de 100 millones de barriles al día, el año pasado consumió 103 millones y según la Agencia Internacional de Energía (AIE) se estima en 105 millones en 2025. Razón tiene la escritora Virginia Wolf cuando afirmó que “es más fácil matar a un fantasma que a una realidad”, y este es el caso.

El consenso alcanzado en las sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático va en el sentido de ir tomando distancia de los combustibles fósiles, pero el presidente Petro optó por ir más allá, dándole la espalda.

La Hoja de Ruta de la Transición Energética no puede ser la misma en aquellos países que dependen de las importaciones de crudo que en aquellos otros en los que, como Colombia, dependen no de las importaciones sino de extraerlo y exportarlo. De allí que la propia Conferencia llegó a la conclusión de que el compromiso de los países con sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en su lucha contra el cambio climático aunque solidaria y compartida es diferenciada.

Bien dijo William Thomas que “si las personas definen situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias”. Definitivamente las palabras tienen poder. Ello explica que aunque el Gobierno para justificar y sostener con terquedad aragonesa su posición de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pese a las precarias reservas con las que cuenta Colombia, aduce que con esta decisión no se está impidiendo dicha actividad en el país; sin embargo el número de taladros activos en Colombia se redujo entre el 27% y el 30% entre los años 2023 y 2024. Y el número de pozos exploratorios se redujeron el 33% en 2024. Ello explica también la caída del sector de minas y canteras – 5% en 2024, y – 5.7% en el tercer trimestre 2025. Lo cierto es que el volumen de las reservas vienen en caída libre y con ellas también la producción, que sigue siendo modesta.

Además, en los últimos dos años la Inversión Extranjera Directa (IED) experimentó una caída histórica del 30.5%, sólo en 2025 fue del 14%, afectada mayormente por el decaimiento de la inversión en el sector minero–energético, que concentra el 75.8% de la misma, la cual se desplomó el 26.7%.

Ello explica en gran medida la contracción de este sector, el cual pasó de representar el 5.9% del PIB en la década pasada a sólo el 3.5% actual. Ello obedece en gran medida al freno, al desestimulo y al castigo por parte del Gobierno de los cuales viene siendo objeto la industria de los hidrocarburos.

Primero fue la reforma tributaria de 2022 (Ley 2277) la que le estableció nuevas sobretasas (hasta 10-15%), le eliminó beneficios como la deducibilidad de las regalías y el CERT y amplió el impuesto al carbono. Posteriormente, amparado en la declaratoria de la conmoción interior en el Catatumbo (Decreto 062 de 2025) se le impuso un impuesto  del 1% sobre la extracción y venta de hidrocarburos.

Y, como si lo anterior fuera poco, en virtud del Decreto 572 de 2025 se anticipó el pago de la autorretención en la fuente del 2026 al tiempo que se incrementó su porcentaje del 5.6% al 7%, afectando de paso la liquidez y el flujo de caja de las empresas.

Pero faltaba la cereza del pastel. El Gobierno acaba de decretar la emergencia económica (Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025) e impone el impuesto especialdel 1% a la extracción y venta del petróleo, justo en momentos en los que su precio se viene descolgando en los mercados internacionales y por lo tanto el margen para las empresas, empezando por Ecopetrol, es cada día menor.

Podemos afirmar, entonces, que los pésimos registros del desempeño de este sector, no se han dado por generación espontánea. En este contexto, preocupa sobremanera el rumbo de Ecopetrol, limitada en su margen de acción por la política de gobierno de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, en momentos en los que completa prácticamente tres años con sus utilidades en caída libre, se distrae del core de su negocio que son los hidrocarburos para invertir en proyectos eólicos fallidos en los que ha comprometido cuantiosas inversiones.

Renunció, además, por presión de su Junta Directiva y ésta por presión del propio presidente Petro, a un excelente negocio, como lo era la adquisición de 30% del proyecto Oslo en la cuenca del Permian, del cual insiste el Presidente en que ECOPETROL debe desinvertir y retirarse, por razones eminentemente ideológicas.

La preocupación es mayor, ahora que se avecinan nuevos cambios en su Junta Directiva en la próxima asamblea de la empresa en marzo, cuando se espera la llegada de nuevos integrantes, activistas varios de ellos y alineados con el pensamiento y las directrices del presidente Petro.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Trump está reviviendo la doctrina Monroe y su lema “América para los americanos”, combinada con la estrategia revivida del Gran garrote del ex presidente estadounidense Theodore Roosevelt.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Luego de la intervención de los EE.UU. en Venezuela, deponiendo a Nicolás Maduro de la Presidencia, en su primera comparecencia ante la prensa después del cinematográfico operativo de su “extracción” y posterior traslado a territorio estadounidense, el presidente Donald Trump dejó en claro que necesitaba “acceso total al petróleo”.

La pregunta es por qué y para qué necesita los EE.UU. del petróleo de Venezuela, que, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), cuenta con las mayores reservas del mundo (304.000 millones de barriles).

El jefe del Departamento de Estado Marco Rubio fue más explícito sobre las intenciones de Trump: “No necesitamos el petróleo de Venezuela, tenemos petróleo de sobra”, eso sí, advierte que “lo que no permitiremos es que su industria petrolera quede en manos de adversarios de EE. UU, como China, Rusia o Irán”, manifestó. Para nadie es un secreto que de los 900 mil barriles/día de petróleo producido en Venezuela más de 700 mil se exportan a China.

La otra razón que subyace en dicha pretensión estriba en que no obstante ser el mayor productor de crudo a nivel global con 14 MMBD, importa 5,9 MMBD de crudo pesado, como el de Venezuela, teniendo sus mayores necesidades en sus refinerías ubicadas en la costa sur, para producir diésel, asfalto y combustible para su industria. Y esa es la calidad del crudo que se extrae en la franja del Orinoco en Venezuela. Por ello, ha mantenido su pica en Flandes, con la presencia de la empresa petrolera norteamericana Chevron, pese a las tensas relaciones entre EE.UU y Venezuela y las sanciones que les han sido impuestas.

Llama poderosamente la atención que ni Rusia ni China se inmutaron con los pasos de animal grande que ha dado EE.UU. en Venezuela, país este que presumía de su apoyo y respaldo. Es entendible que ellos no se la jueguen por Venezuela, nos lo explica el escritor William Ospina: “Ahora Rusia, con mayor razón, se sentirá autorizada a apoderarse de Crimea y del Donbás y a tener abierto de ese modo su salida a través del Mar Negro al Mar Mediterráneo. Y ahora China se sentirá autorizada a convertir en realidad geopolítica la doctrina de ´una sola China´, con la que ha gobernado por décadas su trato con el mundo entero y a ocupar Taiwán cuando llegue el momento”.

El secretario de Energía Chris Wright, en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami, manifestó que «vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado».

Pero para que estos planes se puedan llevar a la práctica se requiere de la cooperación de su contraparte, el supérstite régimen chavista y para ello el presidente Trump le mostró a Delcy Rodríguez el garrote y la zanahoria. Inicialmente, en tono amenazante, le dejó en claro que si no accede a sus pretensiones pagará “un precio muy alto. Si no hace lo correcto va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”. A lo cual ella se apresuró a responder, en su primer mensaje a la Nación como presidenta (E), dócilmente: “extendemos la invitación al gobierno de los EEUU a trabajar conjuntamenteen una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

Ello le viene como anillo al dedo a Trump y su política transaccional. Lo dejó claro con su advertencia de que “el dominio estadounidense en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo”. Por ello está reviviendo la doctrina Monroe y su lema “América para los americanos”, combinada con la estrategia revivida del Gran garrote del ex presidente estadounidense Theodore Roosevelt.

Luego sorprendió el presidente Trump al mundo al enviar un mensaje a través de su plataforma Truth: “Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, no sujeto a sanciones, a los Estados Unidos de América».

Por su parte, la estatal petrolera venezolana PDVSA expidió un comunicado en el cual “informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones que existen entre ambos países”. Estas tratativas entre los dos gobiernos dan por sentado que se levantarán las sanciones que desde 2019 impuso los EE.UU. a Venezuela y ello posibilitaría la reactivación de la industria petrolera en el hermano país.

En este escenario, cabe preguntarse cómo se afectaría Colombia. Actualmente se presenta en el mundo una sobreoferta de crudo en el mercado, la cual está empujando el precio a la baja, oscilando alrededor de los US $60 el barril, con una caída del precio BRENT, que es el que le sirve de referencia a la canasta de crudos que exporta Colombia, del 19% en 2025.

Hoy Venezuela produce alrededor de 1 MMBD, pero con este apoyo que ofrece Trump por parte de las petroleras estadounidenses, dicha producción podría escalar hasta los 3 MMBD. Esta mayor oferta acentuaría la tendencia bajista de los precios y lo más grave es que Colombia comparte y compite con Venezuela en mismo nicho de mercado, el de los crudos pesados.

De modo que el impacto para Colombia podría darse por partida doble, tanto por la caída de los precios del crudo como del volumen de sus exportaciones. No hay que perder de vista que Colombia por cada dólar que baja el precio del crudo deja de recibir $400.000 millones, aproximadamente, y por cada 10.000 barriles que deja de exportar se reducen sus ingresos en $301.000 millones.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El sueño de los EEUU es convertir a Venezuela en la Arabia Saudita de Occidente, claro está, en la órbita de su control e influencia y así depender menos del convulsionado Medio Oriente.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, cifradas, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 304.000 millones de barriles, por encima de Arabia Saudita, que cuenta, con 267.000 millones e Irán con 209.000 millones.

La producción de crudo venezolano, a través de la estatal petrolera PDVSA, alcanzó su punto más alto en 1997 con 3,45 millones de barriles/día, participando con el 17% de la oferta global. El año anterior a la asunción del poder por parte de Hugo Chaves Frías (1998) la producción de crudo en Venezuela rondaba los 3 millones de barriles/día. 

Entre 2010 y 2020 los precios del crudo oscilaron entre US $111,25 y US $41,96. El gobierno de Chaves se prolongó desde 1999 hasta su muerte en 2013, período este en jauja para su administración gracias a los altos precios del crudo, lo que le permitió ejercer una activa diplomacia del petróleo, mediante el programa Petrocaribe, ganando adeptos y apoyos entre los gobiernos de Centro América y el Caribe, a quienes favoreció con la entrega de crudo en “condiciones preferenciales de pago”, intereses subsidiados y la posibilidad de pagar en especie, con bienes y/o servicios. Luego se produce su relevo por parte de quien fuera su vicepresidente, Nicolás Maduro.

Bueno es hacer un parangón con Colombia, en donde se hizo popular el acertijo, tratando de establecer qué tan cerca estaba el punto de inflexión en el que la producción de crudo por parte de Colombia y de Venezuela se equipararían, en el primer caso subiendo y en el segundo a la baja.

Ello, en momentos en que la producción en Colombia alcanzó el millón de barriles/día durante los años 2013, 2014 y 2015 y para entonces en Venezuela la producción había caído hasta los 2,5 millones de barriles/día.

En efecto, diez años después, en 2023 se cumplió el vaticinio, sólo que en Colombia, al igual que en Venezuela la producción en lugar de crecer cayó hasta llegar a los 777 mil barriles/día y en Venezuela se situó en los 783 mil barriles/día.

Más recientemente la producción de Venezuela aventaja nuevamente a Colombia, al tener un repunte hasta alcanzar los 900 mil barriles/día en 2024 y alrededor del millón de barriles en 2025, mientras la producción en Colombia certificada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se ha estancado y registró, en promedio, 772 mil barriles/día en 2024 y 750 mil barriles/día en 2025.

En este contexto se da la intervención del gobierno estadounidense en Venezuela contra Maduro, concluyendo con un operativo cinematográfico que tuvo como desenlace el apresamiento del dictador, quien ha sido puesto a disposición de la Justicia de los EE.UU.

En su comparecencia ante los medios para dar cuenta del operativo, el presiente Trump afirmó que “haremos que grandes compañías de petróleo estadounidenses entren a Venezuela y gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura que está muy dañada y comiencen a ganar dinero para el país”.

Trump mencionó 26 veces la palabra petróleo en su rueda de prensa y afirmó que “necesitamos acceso total al petróleo”. No obstante, el jefe del Departamento de Estado Marco Rubio quiso matizar la declaración del Presidente al afirmar que “no necesitamos el petróleo de Venezuela, tenemos petróleo de sobra. Lo que no permitiremos es que su industria petrolera quede en manos de adversarios de EE.UU, como China, Rusia o Irán”.

Cabe preguntarse cuál es el interés que despierta en el Gobierno de los EE.UU, siendo el mayor productor de crudo del mundo con 14 millones de barriles/día, por encima de Rusia y Arabia Saudita, el crudo venezolano.

Venezuela, junto con Colombia y México es uno de los países con mayor potencial de crudo pesado, que se requiere para la dieta de importantes refinerías de los EE.UU en la costa sur, la cual demanda importaciones del orden de 5,9 millones de barriles/día.

El sueño de los EEUU es convertir a Venezuela en la Arabia Saudita de Occidente, claro está en la órbita de su control e influencia y así depender menos del convulsionado Medio Oriente. Así se explica que, pese a las sanciones impuestas a Venezuela por parte de EE.UU, la petrolera Chevron ha mantenido operaciones en su territorio, exportando su producción en sus propios buques a su casa matriz.

Colombia, dada su modesta producción y exportación de crudo, se mueve en el mercado petrolero como un corcho en remolino, es un simple tomador de precios y está a merced de la volatilidad de estos.

Actualmente la tendencia de los precios es a la baja, cotizándose por debajo de los US $60 el barril del Brent, dado que hay un exceso de oferta en el mercado, debido al relajamiento por parte de la OPEP de su estrategia de intervención en el mismo para contenerla y al impulso de la industria petrolera de los EE.UU con la llegada nuevamente de Trump a la Casa Blanca.

Tal tendencia podría acentuarse de llegar a estabilizarse y fortalecerse la industria del petróleo en Venezuela, con el apoyo e impulso augurado por el presidente Trump, con el agravante para Colombia que le toca competir con Venezuela el mismo nicho de los crudos pesados y extrapesados, viéndose afectado por partida doble: por las menores exportaciones y los más bajos precios.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de ACCE.

El salario mínimo debe crecer, como mínimo, en línea con la inflación causada, para evitar la pérdida del poder adquisitivo. Pero su incremento real solo es sostenible cuando está respaldado por aumentos en la productividad del trabajo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Al decir de José Manuel Marroquín en su poema La Perrilla, “es flaca sobre manera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera”. Pues bien, contra todo pronóstico, el presidente Gustavo Petro, mediante el Decreto 1469, expedido el pasado 29 de diciembre, reajustó el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 el 23.8%, el máximo desde 1993 que fue del 25%, superando con creces el rango en el que se movieron las propuestas de los empleadores, del 7.21% y de las centrales obreras, del 16%. Para ello adujo el presidente Petro que “el salario mínimo vital debe ser un salario vital familiar, que permita vivir con dignidad y no sólo sobrevivir”.

El salario mínimo para el 2026 se fijó en $1´7746.882, al cual se le viene a sumar el auxilio de transporte, de $253.118, para un consolidado de $2´000.000. No obstante, cuando se le suman los desembolsos que debe hacer el empleador por concepto de seguridad social y prestaciones sociales se eleva hasta los $2´975.614.

La Ley 278 es taxativa a la hora de establecer los parámetros a tener en cuenta para establecer el reajuste y el monto del salariomínimo legal: la inflación causada reportada por el DANE, la inflación proyectada por el Banco de la República para el año siguiente, la productividad laboral conforme cifra entregada por el DANE, el porcentaje de contribución de los salarios al ingreso nacional y el incremento del PIB, según la última cifra certificada por el DANE.

Desde luego, el salario mínimo debe crecer, como mínimo, en línea con la inflación causada, para evitar la pérdida del poder adquisitivo. Pero su incremento real solo es sostenible cuando está respaldado por aumentos en la productividad del trabajo. Pretender resolver problemas estructurales de pobreza y desigualdad exclusivamente mediante incrementos salariales es desconocer las limitaciones del mercado laboral colombiano y la elevada proporción de trabajadores que ni siquiera devengan el salario mínimo.

Además, no se puede perder de vista la concatenación del impacto que trae consigo el reajuste del salario mínimo legal, toda vez que son muchas las variables que están atadas e indexadas al mismo. Citemos algunos casos: aportes de aprendices al SENA, multas de tránsito, el SOAT, aportes obligatorios a seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales), tarifas notariales, los peajes en todo el país, así como las matrículas de escuelas, colegios y universidades.

 Un caso que llama poderosamente la atención es su devastador efecto en el costo de la vivienda de interés social (VIS), las cuales pasarán de costar $192´172.500 a $235´829.070. Es decir que los destinatarios de las viviendas de interés social, que no son propiamente los más pudientes, deberán endeudarse en $46 millones más para hacerse a una de ellas.

Como efecto colateral de esta insensata medida se terminará atizando la inflación, que se resiste a ceder y se mantiene por encima del 5%, alejándose en lugar de acercarse a la inflación objetivo del Banco de la República del 3%, lo cual ha llevado a su Junta, a pesar de las presiones del Gobierno en sentido contrario, a mantener la tasa de interés de intervención en 9.25%. Es más, la Junta del Banco Emisor se puede ver ahora precisada a incrementarla, lo que, desde luego, encarecería el crédito.

No hay que perder de vista que la inflación constituye el impuesto más regresivo, el que más afecta a los vulnerables, de manera que este incremento desproporcionado del salario mínimo legal simula dar con una mano a quien lo percibe lo que le arrebata con la otra. Metafóricamente, a quienes ganan el mínimo les están aumentando el tamaño de la cuchara mientras le reducen el plato de su ingesta diaria.

Hasta el propio Gobierno Nacional, que es el mayor empleador en el país,  se acaba de propinar un tiro en el pie, puesto que por cada punto porcentual del incremento decretado del salario mínimo legal incurre en un gasto adicional, que se deberá financiar vía Presupuesto General de la Nación, del orden de los $400.000 millones. El costo fiscal del alza desmesurada del salario mínimo será superior a los $9 billones. Y ello, en momentos en los que se alega por parte del mismo Gobierno a las “restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación” como razón potísima para declarar el Estado de Emergencia económica y social mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025.

Por las consideraciones anteriores, comparto en su integridad el atinado pronunciamiento de la presidencia de la Asociación de Facultades de Economía de Colombia (AFADECO) y coincido con esta en que, en las actuales circunstancias y advertidos de las consecuencias que se pueden derivar de una decisión que consideramos como un dislate y movida más por consideraciones políticas que por el rigor técnico, “el silencio no es neutral. Callar frente a decisiones que contravienen principios ampliamente aceptados de la disciplina no protege a los trabajadores, los expone”.

Bien se ha dicho que nos podemos olvidar de la economía y sus fundamentos, pero la economía nunca se olvida de nosotros.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

En un país donde los debates públicos suelen ser capturados por la polarización y la inmediatez, mi posición política se resume en una convicción profundamente humana y técnica: Colombia puede transformarse si ponemos en el centro la confianza, la geología y la energía. No como eslóganes, sino como pilares estructurales de un nuevo pacto social con el territorio y con nosotros mismos.

Por: FLOVER RODRÍGUEZ-PORTILLO*

Hablar de geología es hablar del país desde su raíz más literal. Es reconocer que nuestra historia, nuestra economía y nuestras oportunidades están inscritas en las rocas, los suelos, los volcanes, las montañas y las cuencas sedimentarias. Es entender que el subsuelo no es un enemigo, sino un libro abierto que nos explica por qué tenemos agua, por qué tenemos biodiversidad y por qué tenemos recursos energéticos que, bien gestionados, pueden financiar nuestro desarrollo sostenible como sociedad. La geología, lejos de ser una ciencia oculta, es la cartografía del desarrollo posible.

Pero la ciencia por sí sola no transforma naciones. La confianza es el mineral más escaso de Colombia. Sin confianza en las instituciones, en la información técnica, en las comunidades, en los procesos de participación y en la capacidad del país para hacer las cosas bien, cualquier conversación sobre energía o desarrollo será siempre un monólogo estéril. La confianza no se decreta: se construye. Se construye con datos, con presencia territorial, con diálogo activo pero respetuoso, con pedagogía y con una comunicación honesta que no infantiliza a la ciudadanía. Construir confianza no es una postura suave; es una postura política, profundamente política, porque redefine las reglas del juego democrático.

Y es ahí donde entra la energía. No hablo únicamente de petróleo, gas, carbón, eólica, solar, geotermia o hidrógeno. Hablo de un sistema energético como columna vertebral de la estabilidad económica, la competitividad, la adaptación al cambio climático y la seguridad nacional. Colombia no puede darse el lujo de improvisar su política energética ni de convertirla en un campo de batalla ideológico. Necesitamos rigor técnico, visión de largo plazo y una coexistencia de energéticos basada en evidencia y responsabilidad territorial. La energía no es un fin: es un habilitador del país que queremos.

Por eso sostengo que geología, energía y confianza no son temas sectoriales. Son la política —la buena política— que Colombia necesita. Una política que no teme hablar de complejidades, que reconoce que el territorio es diverso, que entiende que el desarrollo es tan social como técnico, y que asume que los ciudadanos no somos enemigos, sino aliados en la construcción del futuro.

Mi posición política es simple y contundente: Colombia se transforma si hacemos del conocimiento geocientífico, de una política energética seria y de la reconstrucción de la confianza social los tres ejes de nuestra conversación nacional. No hay camino más estable, más responsable y más honesto para enfrentar los desafíos de este siglo. Y no hay tarea más urgente.

*Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía.