Categoría: Opinión

Lo que está en juego es la autonomía del Banco de la República. Y esta no es un dogma vacío ni una reliquia institucional: es un pilar de la estabilidad macroeconómica que ha demostrado su valía a lo largo del tiempo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En un hecho inédito, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, renunció a seguir participando en la Junta del Banco de la República, por no compartir su decisión de incrementar la tasa de intervención 100 puntos básicos hasta los 11,25%, mediante, según él, “la utilización de esa mayoría poco legítima”. 

Como lo ha advertido el gerente del Banco, Leonardo Villar, dicha decisión obedece a que “las expectativas de inflación se mantienen elevadas”. No obstante, a ello ripostó el ministro espetando que “eso es pura paja”. Ese es el nivel del debate planteado por él.

Pero, la verdad sea dicha, si el gobierno no le quita el pie al acelerador al gasto, como se lo ha requerido el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) en forma reiterada, le toca al Banco de la República, como contra fómeque, activar el freno de emergencia para frenar la inflación, ahora atizada además por la guerra del Golfo Pérsico, apelando a su principal herramienta de la política monetaria tendiente a meter en cintura a la inflación. 

No han faltado voces de quienes, en auxilio de la postura del ministro Ávila y sus denuestos contra quienes se apartaron de sus designios, traen a colación el hecho de que el Banco Central Europeo, que preside Cristine Lagarde, y la Reserva Federal de EEUU, que preside Jerome Powell, han cedido a la tentación de subir las tasas y han preferido mantenerlas estables.

Empero, a ninguna de las dos juntas de esos bancos centrales les ha tocado lidiar con el desbordamiento del gasto público por parte de sus gobiernos ni con un endeudamiento inusitado para insuflarlo, como sí le ha tocado a la actual Junta del Banco.

En efecto, desoyendo los llamados del CARF, el gobierno ha seguido gastando desenfrenadamente, sobre todo en burocracia y contratos adjudicados a dedo aceitando su maquinaria electoral. En vísperas de la entrada en vigencia la Ley 996 de 2005, de garantías, se firmaron más de 521.000 contratos directos por entidades estatales, según reportó la Contraloría. Esta contratación masiva sumó un valor superior a los $32,88 billones de pesos en enero, generando hallazgos y preocupación por la velocidad de la contratación.

Se constituyó en piedra de escándalo el caso que reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, que tuvo que recurrir a un derecho de petición para acceder a una información muy comprometedora que da cuenta del sinnúmero de contratos firmados por entidades del Gobierno central, sin mediar licitación o convocatoria pública, con Juntas de Acción Comunal, cabildos y resguardos indígenas por valor de $31 billones. Y ni se diga lo que ha pasado con el endeudamiento. Este último pasó de $1.031 billones en enero de 2025 a $1.205 billones, $170 billones más en solo un año.

Hay que traer a colación también el exagerado incremento en el salario mínimo legal. Mientras las centrales obreras pedían un incremento del 16%, que muchos analistas consideraron desproporcionado, la munificiencia del Gobierno fue mucho más generosa y lo elevó en 23,78%, 7,78 puntos porcentuales por encima de la aspiración de los trabajadores. Todas estas son presiones que alimentan las “expectativas de inflación”, como lo delata el gerente Villar.

Los tiempos en los que la Junta Monetaria, que manejaba la política monetaria y cambiaria, era un apéndice del Ministerio de Hacienda, los dejó atrás la Constituyente de 1991, al otorgarle dichas facultades a la Junta de un Banco de la República autónomo.

Como afirmó en su momento el renombrado hacendista y delegado a la Asamblea Nacional Constituyente Alfonso Palacios Ruda, “por fin en la Constitución se va a enterrar el leviatán, se va a enterrar ese monstruo que es la Junta Monetaria”. Y, en efecto, se le dio cristiana sepultura, aunque ahora se pretende resucitar su espíritu con actitudes como las del Ministro.

Lo que está en juego es la autonomía del Banco de la República. Y esta no es un dogma vacío ni una reliquia institucional: es un pilar de la estabilidad macroeconómica que ha demostrado su valía a lo largo del tiempo, aquí y en Cafarnaún.

Sin embargo, en medio de recientes cuestionamientos como los del presidente de la República Gustavo Petro, quien considera que “el Banco ha perdido su real independencia”, sólo por el hecho de no compartir su decisión, de la que participaron varios miembros de Junta que fueron designados por él mismo, de lo cual se arrepiente tardíamente por no plegarse a la posición minoritaria del ministro Ávila.

De acuerdo con la Carta, entre el Gobierno y la Junta Directiva del Banco Emisor debe existir coordinación, más no subordinación. Lo dijo claramente la Corte Constitucional en su Sentencia C – 426 de 2020: “La Corte ha reconocido que la Banca Central debe ejercer sus funciones bajo un amplio margen de libertad e independencia, sin injerencias de las ramas del poder público o de otros órganos del Estado, salvo las admisibles para asegurar la coordinación, y no está condicionada a las dinámicas electorales”.

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y a quien nadie puede etiquetar de neoliberal, advierte que “cuando los gobiernos subordinan la política monetaria a sus necesidades fiscales o a cálculos de corto plazo, el resultado suele ser desastroso: inflación, pérdida de credibilidad y deterioro del bienestar general”.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El Gobierno Nacional no tiene la competencia para eliminar o reemplazar unilateralmente los subsidios de energía mediante decreto o acto administrativo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

A propósito de los subsidios conviene dejar establecido que los mismos quedaron reglamentados en el artículo 99 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, como “un descuento en el valor de la factura” de los usuarios más vulnerables, en este caso de los estratos 1, 2 y 3.

Ello dio lugar a la creación del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso (FSSRI) mediante la Ley 286 de 1996, respondiendo a uno de los principios que rigen la prestación del servicio de energía: eficiencia, calidad, continuidad y solidaridad (artículo 87 de la Ley 142 de 1994).

Es importante destacar que dicho subsidio tiene por objeto garantizar el acceso efectivo de los más vulnerables al servicio público domiciliario, como lo consagra el 7º de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), vinculante para Colombia.

Es conveniente precisar que los receptores y beneficiarios de los subsidios son los usuarios y no las empresas, como lo insinuó en su momento el ex ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, ellas lo aplican en las facturas y el Gobierno Nacional se obliga a reintegrarles el valor de los mismos y es lo que no ha venido haciendo hace más de un año.

Por enésima vez se pronunciaron los gremios del sector, secundados por los organismos de control alertando sobre el riesgo de un apagón financiero que puede ponerlas en aprietos, comprometiendo la prestación del servicio. Y no es para menos, ya que la deuda contraída con las empresas comercializadoras por parte del Estado, sólo por concepto de subsidios, es de $3,5 billones.

El ministro de Hacienda se ha mostrado renuente a girarles a las empresas comercializadoras lo adeudado y no es propiamente por falta de recursos sino por falta de voluntad política, ya que hacerlo no ha estado entre las prioridades del Gobierno, el cual, no obstante sus afugias fiscales, sí ha arbitrado recursos para asignárselos a juntas de acción comunal, cabildos indígenas y resguardos. Estamos hablando de una suma de $31 billones, diez veces la deuda insoluta de los subsidios.

En este caso, en un claro desacato a un fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los artículos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 (PND), que facultaba al Gobierno para contratar en forma directa, como lo hizo en este caso suscribiendo 80.736 contratos, con “asociaciones público – populares.

El Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Minas y Energía Edwin Palma, en lugar de ponerse al día con las empresas comercializadoras y conjurar su crisis financiera, al anunciar con bombos y platillos el Programa Colombia Solar, ha dicho que “pasamos de subsidiar el consumo a promover la autogeneración de energía en los hogares”, instalándole paneles solares en sus techos.

Según quedó establecido en la Resolución 40159 del 16 de marzo de 2026, el usuario de los estratos 1, 2 y 3 que cobija la Ley 142 de 1994 sólo “mantendrá el derecho a los subsidios si llegado el caso el Programa Colombia Solar no cubre hasta el 100% del consumo básico de subsistencia”. De lo contrario se le despoja de ese derecho que está amparado en la Ley.

Según lo divulgado por el Ministerio de Minas y Energía, “se introduce la autogeneración de energía solar como una alternativa para cubrir el consumo básico de los hogares –tanto en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) como en las Zonas no Interconectadas (ZNI)–, reduciendo la dependencia de los subsidios tradicionales”. Esta opción, aunque loable y bien intencionada, ya que propende por el beneficio de los usuarios y aliviar la presión sobre el FSSRI, tiene sus retos técnicos que podrían limitar su alcance y sus reparos, especialmente sobre su pertinencia y su legalidad.

Es claro que el Gobierno Nacional no tiene la competencia para eliminar o reemplazar unilateralmente este subsidio mediante decreto o acto administrativo, ya que se trata de una política definida por Ley. Cualquier modificación estructural del subsidio requiere reforma legal aprobada por el Congreso.

Con este paso en falso que ha dado el Gobierno, los subsidios al consumo de energía quedan en entredicho.

En todo caso, aunque a nuestro juicio la puesta en marcha el programa Colombia Solar no releva al Gobierno Nacional de su responsabilidad  de cubrir el valor de los subsidios, al margen de la legalidad o la ilegalidad de su proceder, la primera prioridad para el gobierno entrante es el pago con premura, sin tardanza a las empresas comercializadoras de la deuda acumulada por concepto del subsidio al consumo de los estratos 1, 2 y 3, al tiempo que se asegure la apropiación de la partida necesaria y suficiente, que actualmente no está en la actual vigencia presupuestal y para la del próximo año.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Colombia está al borde de un proceso de balcanización de su territorio sin que nos demos cuenta.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Han pasado por desapercibidas varias decisiones, de hondo calado y serias implicaciones, que ha venido tomando el presidente Gustavo Petro a la chita callando, las cuales se pueden llegar a convertir en bombas de tiempo que le pueden estallar a los próximos gobiernos.

Es el caso del Decreto 488 de 2025, de dudosa ortografía, a través del cual se “dictan normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los territorios indígenas y su coordinación con las demás con las demás entidades territoriales”. Y con fundamento al mismo ya se han creado dos entidades territoriales indígenas (ETI): la de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira (Decreto 482 de 2025) y la de los territorios de los pueblos indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), mediante el Decreto 0971 de 2025.

Y ello, apelando a una norma transitoria de la Constitución de 1991 (artículo 56), que decayó en su vigencia a partir del 2011, ya veremos por qué. Pero qué dice ese artículo transitorio: “Mientras se expide la Ley a que se refiere el artículo 329, el Gobierno podrá dictar normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los territorios indígenas y su coordinación con las demás entidades territoriales”.

Y el artículo 329 de la Constitución a la que se alude reza textualmente: “La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley orgánica de ordenamiento territorial”, y remata diciendo que “en caso de que este territorio decida constituirse como entidad territorial, se hará con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo”.

Pues bien, el Decreto 488 de 2025 expedido por el presidente Petro reconoce que él sólo estaba facultado para la creación de las entidades territoriales indígenas (ETI) “mientras que el Congreso expide la ley a que se refiere el artículo 329 de la Carta”. Se refiere a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) y esta fue expedida en 2011. Se trata de la Ley 1454 y en ella tiene por objeto “establecer los principios rectores del ordenamiento” y “definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas generales para la organización territorial”.

La LOOT estableció el “marco normativo general de principio rectores, que deben ser desarrollados y aplicados por el legislador en cada materia específica, para departamentos, municipios, entidades territoriales indígenas y demás normas que afecten, reformen, modifiquen la organización política administrativa del Estado en el territorio” y no por el ejecutivo.

Es el mismo Decreto de marras el que admite que “el ejercicio de la facultad establecida en el artículo 329 de la Carta es la condición establecida explícitamente por el constituyente para el agotamiento de la facultad otorgada al Gobierno en el artículo 56 transitorio de la Constitución Política”. Esta es una confesión de parte, en la que se reconoce que el Presidente está usurpando una competencia propia del Congreso de la República por ministerio de la Ley.

En el Decreto 488 de 2025 se dice que “el artículo 56 transitorio de la Constitución Política otorga al Gobierno nacional la facultad para dictar las normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los Territorios Indígenas y a su coordinación con las demás entidades territoriales, mientras que el Congreso expide la ley a que se refiere el artículo 329 de la Carta”.

Pero el mismo se salta a la torera una condición sine qua non, la prevista en el parágrafo 2º del artículo 37 de la Ley 1454 de 2011, el cual prevé que “en virtud de lo establecido en el artículo 329 de la Constitución Política el Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República, dentro de los diez meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el proyecto de ley especial que reglamente lo relativo a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas, con la participación de los representantes de las comunidades indígenas y de las comunidades afectadas o beneficiadas en dicho proceso”.

Es el Congreso, entonces, el llamado a reglamentar “lo relativo a la conformación de las Entidades Territoriales Indígena”,el Ejecutivo no puede arrogarse esa competencia como lo hizo al expedir este Decreto, transgrediendo lo dispuesto por la Ley y arrogándose la facultad privativa del legislativo.

Y lo hizo al reconocer legalmente la figura de las ETI, “permitiendo a los pueblos indígenas solicitar al Ministerio del Interior que sus territorios sean reconocidos como unidades administrativas propias”. Ello abre la puerta para que las propias ETI puedan administrar su gobierno, decidir sobre sus planes de desarrollo y gestionar recursos como regalías o participaciones del sistema general de participaciones (SGP) para salud, educación, agua potable y otros servicios que tradicionalmente administra el Estado. 

Indudablemente, aunque el Decreto que crea estas ETI y otros decretos similares como el 1275 de 2024, reconociendo a los pueblos indígenas como autoridades ambientales, en desmedro y en contravención de la Ley 99 de 1993 que enviste de dicha facultad al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la ANLA, así como a las corporaciones autónomas regionales, bien intencionados y son vistos como un avance histórico hacia la autodeterminación y la justicia histórica para los pueblos indígenas, existen debates en el país sobre cómo armonizar sus funciones y competencias con las demás entidades territoriales, como son los departamentos, distritos y municipios y la seguridad jurídica en zonas grises donde hay superposición de funciones. 

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Estamos en presencia de una hecatombe, pues se está reeditando lo acaecido en 2022, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, que dio lugar a una inflación a nivel global, concomitante con el freno y ralentización del crecimiento de la economía.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

En octubre de 2022, el Gobierno tomó la decisión de eliminar el subsidio de los combustibles, empezando por la gasolina, elevando gradualmente sus precios hasta equipararlos con los precios internacionales.

Esa decisión, liderada por el entonces ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, fue sensata y valiente, dado el enorme déficit acumulado que venía arrastrando el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). En efecto, se decretaron reajustes graduales mes a mes, lo cual permitió reducir el déficit del Fondo de $36,6 billones al corte de diciembre de 2022 a $19 billones en 2023. 

A mediados de 2023 se niveló el precio de referencia de la gasolina con el precio internacional, pero cuando este empezó a bajar se mantuvo hasta situarse $4.000 por encima, alrededor de los $16.400 el galón, generando unos “excedentes” de $800 mil millones mensuales, contrarrestando los $320 mil millones mensuales que costaba el subsidio del diésel, cuyo precio se reajustó pero muy tímidamente, hasta congelarse  en los $11.000 el galón aproximadamente, situándose $2.000 por debajo del precio internacional, debido al freno que significó un acuerdo al que llegó el gobierno con el gremio de los transportadores de carga.  

Después de una larga pausa, el gobierno determinó bajar el precio de la gasolina en $500 el galón en febrero y marzo de 2026, pero aún quedaba $3.000 por encima de los precios internacionales. Pero no estaba en las cuentas de nadie la espiral alcista de los precios internacionales del crudo y sus derivados a consecuencia del conflicto bélico en el Medio Oriente. 

En el último mes el aumento del precio de gasolina ha sido del 34% y el del diésel ha sido mucho mayor, razón por la cual el precio de la gasolina en Colombia ya está $750 el galón por debajo del precio internacional y el subsidio al diésel pasó de $2.000 el galón a $8.300. Los precios del diésel están subiendo incluso más rápido que los de la gasolina.

Desde que comenzaron los enfrentamientos con Irán, los precios de la gasolina han subido 47 centavos de dólar, o 16 %, hasta US$ 3,45 por un galón de gasolina regular, según el informe del 8 de marzo de la American Automobile Association (AAA).

Pero eso no es nada comparado con el aumento de 84 centavos, o 22 %, en los precios del diésel, llevando el galón a US$ 4,60. Y no hay que perder de vista que Colombia importa el 40% de la gasolina que se consume en el país y el 15%, aproximadamente, del diésel.

La razón por la que el diésel sube mucho más rápido que la gasolina es que ya había una menor oferta antes de este shock en el precio de la energía, dijo Tom Kloza, un analista independiente de petróleo y asesor de la compañía petrolera global Gulf Oil. Él predice que el diésel podría llegar a US$ 5 por galón en marzo.

Además, el invierno gélido creó una gran demanda de combustible para calefacción en el noreste de EE.UU. El combustible para calefacción doméstica y el diésel son esencialmente productos idénticos. Eso significa mayores costos de combustible para calefacción.

El temor del presidente Donald Trump no es sólo en el frente militar sino en el económico y electoral, toda vez que el aumento del precio de los combustibles, que es tan sensible para el ciudadano americano, puede atizar la inflación y ésta a su vez puede erosionar el apoyo político al partido republicano justo antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Por ello, ha hecho esfuerzos desesperados tendientes a garantizar el paso por el estrecho de Ormuz y/o aumentar la oferta mundial de crudo, recurriendo para ella a la flexibilización de las sanciones a Rusia e incluso apelando a la Agencia Internacional de Energía (AIE) para la liberación de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, la mayor en la historia de la agencia, en procura de “mitigar los impactos inmediatos de la perturbación en los mercados”, según su director Ejecutivo Fatih Birol.

Mientras tanto, Ebrahim Zolfagari, portavoz del mando militar iraní, lanzó una dura advertencia a Occidente: “Prepárense para que el petróleo alcance los US $200 el barril, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional, que ustedes han desestabilizado”, espetó.

Cabe precisar que el FEPC cerró en 2025 con un hueco de $3 billones, según datos de Ecopetrol. Si bien la reducción fue de unos $4,6 billones frente al déficit de 2024, el desfase todavía es considerable y ahora podría escalar más. De hecho, según Julio César Vera, presidente de Fundación Xua Energy y gerente de Valjer Energy, se proyecta que con un barril de petróleo en alrededor de US$100 el hueco en el FEPC suba $1,2 billones mensuales.

En estas circunstancias, se torna insostenible para el Ejecutivo seguir reduciendo el precio de la gasolina y así lo reconoce el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, al advertir que, debido al actual entorno el Gobierno evaluará si se mantiene, suspende o incluso revierte las rebajas recientes del precio de la gasolina en Colombia.

Cabe advertir que con el alza del gas, del petróleo y sus derivados se atiza la inflación, toda vez que ella incide en los costos del transporte, presiona al alza los fletes y, dado que son materia prima esencial para muchos procesos y cadenas de valor, tiene un efecto amplificado, que compromete a sectores tan importantes como la agricultura, por el alza de fertilizantes y abonos, entre otros; el turismo, por el aumento de las tarifas de transporte aéreo, marítimo y terrestre, así como la industria que verá incrementados sus costos de producción y su competitividad.

Estamos en presencia de una verdadera hecatombe, pues se está reeditando lo acaecido en 2022, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, que dio lugar a una inflación a nivel global, concomitantemente con el freno y ralentización del crecimiento de la economía, con todos sus efectos colaterales en empleo, ingresos y desarrollo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El ataque conjunto de EEUU e Israel, con su operación denominada “furia épica, a Irán, fue justo un sábado (28 de febrero), día en que los judíos celebraban la fiesta del Purim, los musulmanes el Ramadán y los católicos la Cuaresma.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Irán es el tercer país con las mayores reservas, el quinto exportador de crudo y uno de los mayores productores, y, como era de esperarse, el ataque desató la ira de los ayatolas que la gobiernan, sobre todo después de ser abatido su líder supremo Alí Jamenei.

Su respuesta bélica no se hizo esperar y ha desplegado toda su artillería de misiles y drones contra Israel y contra todas las bases estadounidenses instaladas en los países de la región aliados de la potencia del Norte. Sigue la expectativa sobre cuál puede ser la reacción de China y Rusia. 

Desde entonces, todos los reflectores están puestos sobre el Estrecho de Ormuz, punto neurálgico, de una gran importancia estratégica para el tránsito de buques tanqueros que transportan hidrocarburos.

El estrecho está ubicado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, compartiendo este último con Irak. Ambos países tienen costas con el estrecho, el cual en su punto más angosto mide 54 kilómetros.

Este estrecho reviste una importancia estratégica tan importante y fundamental que, en plena era de la Guerra Fría entre el campo Soviético y los Aliados, encabezados por EEUU, el ex presidente Richard Nixon afirmó en su libro La verdadera guerra, que el estrecho de Ormuz era la “yugular” de Occidente, de modo que si la URSS se hacía al control del mismo le habría ganado la guerra sin necesidad de disparar un solo misil.

Tal y como ha ocurrido en el pasado, el gobierno iraní cerró el tránsito por el estrecho, para lo cual contará, seguramente, con el concurso de los terroristas sunníes y los hutíes, que medran por el Mar Rojo y siempre les han sido funcionales a sus estrategias de defensa y ataque. 

En efecto, se cerró e interrumpió el tránsito de los buques tanqueros que transportan hidrocarburos por el estrecho de Ormuz, siendo esta una ruta clave, por donde se transporta no menos de 21 MMBD, el 21% de la demanda global y el 20% del gas natural. 

Uno de los países más afectados con la interrupción de esta ruta marítima es China, habida cuenta que sumadas las compras que realiza a Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán e Irán, tenemos el 50% del consumo anual de China, que es el mayor consumidor de crudo del mundo, con 11,5 millones de barriles/día.

La situación se le torna más compleja porque ya había dejado de recibir los 600.000 barriles/día importados desde Venezuela, luego de la intervención de los EEUU, que desde entonces tienen el control sobre las reservas, la producción y las exportaciones de crudo del país suramericano.

China tendrá que apelar a Rusia, que es su aliado, para suplir sus necesidades de crudo. De hecho, le venía suministrando el 20% de su demanda. No obstante, Rusia, sobre quien pesan sanciones por parte de la OTAN, tiene dificultades para exportar y vender su petróleo.

El 80% del petróleo ruso llega por medio de la flota “fantasma”, los buques sancionados por Occidente. Esa ruta está al límite y es casi imposible que pueda transportar de un día para otro los 5,75 millones de barriles diarios adicionales que necesita su aliado. Huelga decir que esos buques han venido siendo objeto de interceptaciones, ataques e incautaciones por parte de la Armada de los EEUU.

Irán informó enfáticamente que considera blancos legítimos a los buques pertenecientes o vinculados a los países que considera sus enemigos que osen asomarse al estrecho y de hecho ya varias embarcaciones han sido blanco de sus misiles y drones. No obstante, es de advertir que con el cierre del estrecho de Ormuz Irán también se da un tiro en el pie pues por esa misma vía transporta su crudo hacia los países con los cuales aún mantiene relaciones.

Esta turbulencia que se ha desatado y que con las horas se expande ante la escalada de los ataques de parte y parte ya empezó a disparar los precios del crudo. A poco andar superó los US $80 el barril, precio este que no se veía desde enero de 2025, pero a medida que se extiende y prolonga el conflicto por más tiempo, según los expertos, ya está a punto de superar la barrera de los US $100 el barril e incluso alcanzar escenarios mucho más altos (como US$120–140), si la interrupción es grave y prolongada. 

Desde luego, los inversionistas especulan y  muchas veces presionan al alza los precios simplemente por miedo o expectativa de problemas de suministro. Esto puede acelerar movimientos sin que los cambios reales en producción ocurran aún. Esta reacción es típica porque los mercados descuentan el riesgo de una disrupción en el suministro, especialmente si zonas clave como el Estrecho de Ormuz se ven afectadas.  

Para Alexánder Montero, especialista en Medio Oriente, el ataque de EEUU a Irán trasciende la narrativa sobre democracia o incluso el programa nuclear. Afirma Montero que un eventual cambio de régimen en Teherán modificaría de manera sustancial el mapa energético global, reconfigurándolo y la competencia estratégica con China aumentaría las tensiones.

Cabe preguntarse cómo pueden repercutir estos acontecimientos sobre Colombia. En el corto plazo, el incremento del precio del crudo, le beneficia a Colombia, como país exportador que es, ya que por cada dólar que sube le significa mayores ingresos del orden de los $430.000 millones.

Claro está que todo depende del desenlace de esta conflagración, de tal suerte que si esta confrontación bélica se termina pronto o hay un alto al fuego, si los EEUU se hace al control de las reservas y la producción de crudo de Irán, como ya lo logró en Venezuela, ello se traduciría en una mayor oferta de petróleo en el mercado, ya que quedaría sin efecto las sanciones impuestas, lo cual inundaría el mercado de crudo. Ello revertiría la tendencia alcista y, con los precios a la baja, la repercusión para Colombia sería la contraria a la actual.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Ante la crisis actual de la agroindustria del etanol, en este momento en grave predicamento, me veo precisado a salir en su defensa.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Empecemos por definir los biocombustibles como el componente renovable en la mezcla de etanol con gasolina y un porcentaje de biodiésel con el diésel, en la actualidad ambos al 10%; contribuyendo a la seguridad energética del país, a mejorar el medioambiente e impulsar al sector agrícola, al punto que representan el 0,4% del PIB nacional y el 5,6% del PIB agrícola.

Las leyes 693 de 2001, de mi autoría, y la Ley 939 de 2004 dispusieron la obligación de dichas mezclas en todo el territorio nacional, en el primer caso a partir de 2005 y en el segundo a partir de 2008. 

Veintiún años después de contribuir con la reducción de emisiones, 3,9 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y 950 toneladas de material particulado en 2025, causantes del Cambio Climático y nocivas para la salud, la cadena productiva de etanol está amenazada por la miopía, la ambigüedad y la falta de coherencia de la política pública del actual gobierno, poniendo en riesgo el avance de la transición energética justa que tanto pregona.

Veamos: El detonante de la crisis del etanol está en la avalancha del etanol importado, que ha venido ganando cada vez mayor participación en el mercado doméstico. Hasta 2016, la producción nacional daba abasto para satisfacer la demanda interna y sólo a partir del año siguiente empieza a abrirse paso el etanol importado desde los EEUU, escalando en los siguientes años hasta alcanzar el 40% en 2023 y más recientemente, entre 2024 y 2025, superando el 50% del mercado.

Cabe preguntarse cómo se explica este cambio tan dramático en tan corto tiempo. Una primera aproximación a la respuesta nos lleva a constatar un viraje desde la entrada en vigencia de la Resolución 90454, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, que entró en vigencia en abril de 2014, limitando la importación a los volúmenes necesarios y suficientes para cubrir el déficit y asegurar el cumplimiento del porcentaje del 10% de la mezcla (E-10), que luego fue derogada por la Resolución 41053 de mayo de 2017, liberando las importaciones.

La reacción no se hizo esperar, las importaciones pasaron desde los 68 millones de litros en 2016 a 269 millones de litros en 2019, hasta alcanzar el récord de 437 millones de litros en 2025, favorecidas por la diferencia entre el precio del etanol regulado producido en el país y el precio de paridad importación, altamente subsidiado. 

Las consecuencias están a la vista: la inundación del mercado interno con las importaciones de etanol y no “la sobreproducción” de la que habla el presidente Gustavo Petro, atribuyéndola a un supuesto “exceso de crédito de la banca privada al grupo azucarero y a un uso ineficiente de la tierra”, ha dado lugar a que los inventarios estén al tope, superando los 54 millones de litros, amenazando a toda una cadena con sus 286 mil empleos formales en más de 50 municipios del país, con preponderancia en sus áreas rurales.

De allí el S.O.S. lanzado por el vocero del sindicato de trabajadores agropecuarios Jhonson Torres, al demandar del Gobierno Nacional “se firme la Resolución de estabilización de precios”, la cual pasa por tomar como referencia los costos en que incurren los productores de etanol y no el precio del azúcar en Londres, que viene causando distorsiones en desmedro de la industria nacional.

Hay dos aspectos que no se han tenido en cuenta a la hora de liberar las importaciones y desproteger la producción nacional de etanol. El primero de ellos tiene que ver con el dumping del etanol importado, el cual es objeto de múltiples subsidios en el país de origen, desde las siembras de maíz, que es su materia prima hasta las plantas refinadoras, entre el 22% y el 32%, amén de su protección con altos aranceles.

El otro aspecto a considerar es que hay una diferencia abismal en la reducción de las emisiones de GEI del etanol producido a partir de la caña de azúcar como materia prima, que está alrededor del 73% y el producido con maíz, que fluctúa entre el 20% y el 40%. En este aspecto no hay punto de comparación.

Y no hay que perder de vista que Colombia, como signataria del Acuerdo de París adquirió el compromiso de reducir sus emisiones de GEI en 51% hacia 2030 y que por lo tanto el etanol producido en el país contribuye mucho más a alcanzar dicha meta que el etanol importado.

Queremos llamar la atención sobre el error del presidente Petro al pedirle al ministro de Minas y Energía Edwin Palma a “quitar el subsidio al etanol y al biodiesel”, confundiendo la excepción de la que es objeto de los gravámenes aplicables a los combustibles de origen fósil, que es sólo un incentivo para sustituir a estos por aquellos, que contribuyen a la reducción de las emisiones de GEI.

Su política de favorecer las importaciones de etanol en detrimento de la producción nacional va a contrapelo de lo dispuesto en el Plan de Desarrollo de su gobierno, el cual propende por la diversificación de la economía, la reindustrialización y el impulso del sector agrícola.

En lugar de frenar esta industria, se debería apalancar incrementando el porcentaje de la mezcla. De esta manera, además, se incrementa aún más la sustitución de las importaciones de combustibles al país, las cuales superan el 40% de la gasolina y el 15% del diésel.

Ello es más conducente y pertinente si nos atenemos al pronunciamiento de la Agencia Internacional de Energía (AIE), a la que acaba de ser admitida Colombia, en el sentido que “los biocombustibles son una pieza clave dentro de la estrategia global para descarbonizar la economía”, en particular el sector automotor.

Incurre el Gobierno, entonces, en una gran contradicción, que es menester corregir y así evitar males mayores. Más coherencia, por favor.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Son muchas las preocupaciones que hoy tienen los colombianos frente al desgobierno que ha generado un debilitamiento profundo de lo que funcionaba en el país.

Por: JUAN ESPINAL*

La incapacidad del presidente Petro para construir sobre lo construido ha deteriorado sectores estratégicos. El sistema de salud colapsó; la llamada “paz total” debilitó la seguridad y el orden público; y el capricho ideológico de convertirse en un líder ambiental a nivel mundial ha puesto en riesgo el sector energético del país. Este último es, sin duda, uno de los temas que más inquieta a la ciudadanía.

El próximo presidente tendrá que tomar decisiones ágiles y audaces para evitar que el país se apague. Un apagón nacional sería una verdadera catástrofe para la economía, se paralizarían la industria y el comercio, se alteraría la vida cotidiana de millones de colombianos, y cada hora sin energía costaría cerca de 200 mil millones de pesos, según el Banco de la República.

Si Colombia se apaga por decisiones equivocadas del actual gobierno, cabe preguntarse, ¿cómo se recargarían los cerca de 80 millones de celulares que hay en el país? ¿Cómo operarían más de 450 mil tiendas, hospitales, escuelas, cámaras de seguridad, vehículos eléctricos y el Metro de Medellín, que moviliza a más de un millón de usuarios diarios en el Valle de Aburrá? La magnitud del impacto sería incalculable.

Una de las decisiones necesarias sería declarar una emergencia energética, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política y respaldada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reiterado que los estados de emergencia permiten adoptar medidas excepcionales y temporales estrictamente necesarias para superar una grave perturbación del orden económico y social (por ejemplo, sentencias C-122 de 1997, C-216 de 2011, C-466 de 2017 y C-145 de 2020).

Bajo este marco, el Gobierno podría declarar una emergencia económica con enfoque energético ante el riesgo cierto e inminente de desabastecimiento y pérdida de confiabilidad del sistema nacional.

En este contexto, y atendiendo el principio de proporcionalidad exigido por la Corte, se implementaría un sistema “fast track” para los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa, limitado a los primeros dos años de gobierno y exclusivamente para proyectos estratégicos de seguridad nacional en el sector minero-energético. Este esquema no eliminaría requisitos ambientales ni sociales; por el contrario, integraría trámites, reduciría duplicidades, establecería ventanillas únicas y armonizaría plazos perentorios, garantizando simultáneamente el respeto por los derechos fundamentales y la participación efectiva de las comunidades.

Asimismo, se propondría un régimen temporal de incentivos fiscales con cláusulas de estabilidad jurídica, sustentado en la doctrina de la Corte sobre la validez de los contratos de estabilidad en escenarios de interés público. El objetivo sería atraer un flujo masivo de inversión privada hacia proyectos estratégicos del sector minero-energético.

Este régimen podría incluir aceleración de depreciaciones, deducciones especiales para inversiones en seguridad energética y beneficios para proyectos de suministro en firme y expansión minera responsable, siempre condicionados al cumplimiento de estándares ambientales y planes de relacionamiento social, con el fin de restablecer la seguridad energética nacional.

Solo con determinación, responsabilidad y voluntad política se podrá evitar que Colombia se apague.

*Representante a la Cámara por Antioquia.

La culpa es de la vaca es un libro de reflexión y auto ayuda que se convirtió en best seller en Latinoamérica, cuyo mensaje critica la tendencia humana a lavarse las manos y culpar a otros por los propios errores, en lugar de asumir la responsabilidad.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El presidente Gustavo Petro se apresuró́ a culpar a la Hidroeléctrica de Urrá del desbordamiento de río Sinú y de las inundaciones que este ha causado, provocando una tragedia humanitaria de enormes proporciones.

Y como en todo sacrifico tiene que haber un chivo expiatorio, esta vez fue el defenestrado presidente de Urrá, Juan Acevedo, a quien Petro inculpó y le pidió́ dar un paso al costado, al sentenciar, sin fórmula de juicio, “el Gerente debe renunciar de inmediato y asumir sus responsabilidades penales”.

El hecho cierto es que, según los registros de la hidroeléctrica, Urrá enfrentó 58 horas consecutivas con aportes de agua superiores a los 2.200 metros cúbicos por segundo. Hecho sin antecedentes en los 26 años de su operación.

“De no haberse retenido ese volumen, el río Sinú habría arrasado con todo a su paso”, sostuvo Acevedo. Según él, cuando inició la emergencia, el embalse estaba 90 centímetros por debajo de la cuota máxima permitida de 130,5 metros.

No obstante, la lectura del presidente Petro es diferente, el asume que “todo vertimiento de Urrá sobre los campesinos es la continuación de un crimen ambiental”. Y afirmó, sin prueba alguna, que “dejaron llenar los embalses de Hidroituango y Urrá, por simple codicia”, juicio este temerario y ligero que lo hizo extensivo a Salvajina y Betania”.

Es absurdo afirmar, como lo hace Petro que se “bote agua para usar gas caro”, pues Urrá, que por lo demás es una empresa del Estado, no opera con gas ni determina la entrada o despacho de las térmicas, función esta que corresponde al Centro Nacional de Operaciones (CNO) de XM, de acuerdo con el precio ofertado, determinándose así́ el costo marginal.

Y terminó preguntándose “con quién se reparten las ganancias”. Y para rematar afirmó sin pestañear que “la represa de Urrá nunca debió́ construirse”. Bien dijo Joseph Goebbels, el flamante ministro de propaganda de Hitler, cuando no puedas convencer confunde y eso es lo que ha pretendido hacer el presidente Petro con sus aseveraciones, plagadas de falacias e inconsistencias.

Es el propio subdirector de Hidrología del IDEAM, Fabio Bernal, quien afirma que todas las represas “aprovechan el exceso de agua que cae en los períodos de lluvia, que pueden ser uno o dos, dependiendo de dónde se ubiquen en el territorio y almacenan ese volumen para cuando estén los periodos de menos lluviasy pueden seguir operando”.

Entre tanto, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, expresó después de practicar su visita al embalse que “la emergencia por lluvias en el país ha sido una situación atípica, con precipitaciones muy altas… Respecto específicamente del embalse de Urrá, se descarta que hubiera un riesgo estructural en la presa, la represa está bajo control y la generación de electricidad incluso se detuvo para manejar los niveles”.

Está probado que las hidroeléctricas nunca dejaron de operar para “guardar agua” alentados por la “codicia”. Durante enero y lo corrido de febrero más del 80% de la demanda de energía se ha cubierto a partir de fuentes hídricas. Ello se refleja, además, en el comportamiento de los precios en bolsa, que comenzaron este año, según XM, en niveles de $212.97 el KWH, bajando en febrero hasta los $100.

Y a propósito de la “codicia” que le endilga el presidente Petro, insinuando que con las deleznables prácticas especulativas que les atribuye en sus inventivas a los generadores, las cifras lo desmienten.

En efecto, en 2025 el precio promedio de la energía en bolsa fue de $245.8 el KWH, por debajo del precio promedio de los contratos bilaterales de largo plazo, de $298.9 el KWH durante el 78.63% del tiempo.

Y en lo corrido de 2026 esta diferencia ha sido aún mayor, habida cuenta que el precio promedio en Bolsa ha sido de $213.2 el KWH, frente a un precio promedio en los contratos de largo plazo de $308.25 el KWH en el 86.2% del tiempo.

Esta es la prueba reina de que, en un contexto de mayor aporte hídrico en los embalses, los generadores han utilizado el agua para generar más energía, lo cual ha repercutido en menores precios y no para especular.

Concluyo diciendo que la vulnerabilidad de la cual adolece Colombia se ha visto exacerbada por el déficit de una institucionalidad robusta y articuladora, carente de capacidades y diezmada por el clientelismo y la corrupción.

Además de los correctivos a implementar, bueno es advertir que, como lo afirma el director del Instituto Javeriano del Agua, Jorge Escobar, “la raíz del problema no está́ sólo en los embalses ni en la operación de las hidroeléctricas, sino en un manejo del territorio que ha alterado los ecosistemas naturales, como las ciénagas, que antes regulaban las crecientes”.

Por ello, plantea que para evitar que eventos como este se repitan hacia el futuro, se precisa “una gestión integral del riesgo, que combine restauración de ecosistemas, planificación territorial, concertación con las comunidades”, así como la disposición e implementación de un sistema de alertas tempranas, con apoyo de la inteligencia artificial y modelos predictivos.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El petróleo está pasando por su mala hora en Colombia y ello a consecuencia de la política del actual gobierno presidido por Gustavo Petro, quien no oculta su aversión por el mismo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En su programa de gobierno y en su Plan Nacional de Desarrollo, Petro dejó establecido “que no se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos”. Y fue más lejos al firmar en el marco de la COP 28 en noviembre de 2023 el Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, con el cual se comprometió a “cero exploración nueva” y “cero proyecto de explotación nueva en el mundo”.

Equivocadamente el presidente Petro asume que el mundo está dejando de consumir el petróleo y que al seguir apostándole al mismo “pues vamos sencillamente con los ojos abiertos al abismo”.

Pero la realidad es otra: en 2023, por primera vez el consumo de petróleo en el mundo superó la barrera de 100 millones de barriles al día, el año pasado consumió 103 millones y según la Agencia Internacional de Energía (AIE) se estima en 105 millones en 2025. Razón tiene la escritora Virginia Wolf cuando afirmó que “es más fácil matar a un fantasma que a una realidad”, y este es el caso.

El consenso alcanzado en las sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático va en el sentido de ir tomando distancia de los combustibles fósiles, pero el presidente Petro optó por ir más allá, dándole la espalda.

La Hoja de Ruta de la Transición Energética no puede ser la misma en aquellos países que dependen de las importaciones de crudo que en aquellos otros en los que, como Colombia, dependen no de las importaciones sino de extraerlo y exportarlo. De allí que la propia Conferencia llegó a la conclusión de que el compromiso de los países con sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en su lucha contra el cambio climático aunque solidaria y compartida es diferenciada.

Bien dijo William Thomas que “si las personas definen situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias”. Definitivamente las palabras tienen poder. Ello explica que aunque el Gobierno para justificar y sostener con terquedad aragonesa su posición de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pese a las precarias reservas con las que cuenta Colombia, aduce que con esta decisión no se está impidiendo dicha actividad en el país; sin embargo el número de taladros activos en Colombia se redujo entre el 27% y el 30% entre los años 2023 y 2024. Y el número de pozos exploratorios se redujeron el 33% en 2024. Ello explica también la caída del sector de minas y canteras – 5% en 2024, y – 5.7% en el tercer trimestre 2025. Lo cierto es que el volumen de las reservas vienen en caída libre y con ellas también la producción, que sigue siendo modesta.

Además, en los últimos dos años la Inversión Extranjera Directa (IED) experimentó una caída histórica del 30.5%, sólo en 2025 fue del 14%, afectada mayormente por el decaimiento de la inversión en el sector minero–energético, que concentra el 75.8% de la misma, la cual se desplomó el 26.7%.

Ello explica en gran medida la contracción de este sector, el cual pasó de representar el 5.9% del PIB en la década pasada a sólo el 3.5% actual. Ello obedece en gran medida al freno, al desestimulo y al castigo por parte del Gobierno de los cuales viene siendo objeto la industria de los hidrocarburos.

Primero fue la reforma tributaria de 2022 (Ley 2277) la que le estableció nuevas sobretasas (hasta 10-15%), le eliminó beneficios como la deducibilidad de las regalías y el CERT y amplió el impuesto al carbono. Posteriormente, amparado en la declaratoria de la conmoción interior en el Catatumbo (Decreto 062 de 2025) se le impuso un impuesto  del 1% sobre la extracción y venta de hidrocarburos.

Y, como si lo anterior fuera poco, en virtud del Decreto 572 de 2025 se anticipó el pago de la autorretención en la fuente del 2026 al tiempo que se incrementó su porcentaje del 5.6% al 7%, afectando de paso la liquidez y el flujo de caja de las empresas.

Pero faltaba la cereza del pastel. El Gobierno acaba de decretar la emergencia económica (Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025) e impone el impuesto especialdel 1% a la extracción y venta del petróleo, justo en momentos en los que su precio se viene descolgando en los mercados internacionales y por lo tanto el margen para las empresas, empezando por Ecopetrol, es cada día menor.

Podemos afirmar, entonces, que los pésimos registros del desempeño de este sector, no se han dado por generación espontánea. En este contexto, preocupa sobremanera el rumbo de Ecopetrol, limitada en su margen de acción por la política de gobierno de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, en momentos en los que completa prácticamente tres años con sus utilidades en caída libre, se distrae del core de su negocio que son los hidrocarburos para invertir en proyectos eólicos fallidos en los que ha comprometido cuantiosas inversiones.

Renunció, además, por presión de su Junta Directiva y ésta por presión del propio presidente Petro, a un excelente negocio, como lo era la adquisición de 30% del proyecto Oslo en la cuenca del Permian, del cual insiste el Presidente en que ECOPETROL debe desinvertir y retirarse, por razones eminentemente ideológicas.

La preocupación es mayor, ahora que se avecinan nuevos cambios en su Junta Directiva en la próxima asamblea de la empresa en marzo, cuando se espera la llegada de nuevos integrantes, activistas varios de ellos y alineados con el pensamiento y las directrices del presidente Petro.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Trump está reviviendo la doctrina Monroe y su lema “América para los americanos”, combinada con la estrategia revivida del Gran garrote del ex presidente estadounidense Theodore Roosevelt.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Luego de la intervención de los EE.UU. en Venezuela, deponiendo a Nicolás Maduro de la Presidencia, en su primera comparecencia ante la prensa después del cinematográfico operativo de su “extracción” y posterior traslado a territorio estadounidense, el presidente Donald Trump dejó en claro que necesitaba “acceso total al petróleo”.

La pregunta es por qué y para qué necesita los EE.UU. del petróleo de Venezuela, que, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), cuenta con las mayores reservas del mundo (304.000 millones de barriles).

El jefe del Departamento de Estado Marco Rubio fue más explícito sobre las intenciones de Trump: “No necesitamos el petróleo de Venezuela, tenemos petróleo de sobra”, eso sí, advierte que “lo que no permitiremos es que su industria petrolera quede en manos de adversarios de EE. UU, como China, Rusia o Irán”, manifestó. Para nadie es un secreto que de los 900 mil barriles/día de petróleo producido en Venezuela más de 700 mil se exportan a China.

La otra razón que subyace en dicha pretensión estriba en que no obstante ser el mayor productor de crudo a nivel global con 14 MMBD, importa 5,9 MMBD de crudo pesado, como el de Venezuela, teniendo sus mayores necesidades en sus refinerías ubicadas en la costa sur, para producir diésel, asfalto y combustible para su industria. Y esa es la calidad del crudo que se extrae en la franja del Orinoco en Venezuela. Por ello, ha mantenido su pica en Flandes, con la presencia de la empresa petrolera norteamericana Chevron, pese a las tensas relaciones entre EE.UU y Venezuela y las sanciones que les han sido impuestas.

Llama poderosamente la atención que ni Rusia ni China se inmutaron con los pasos de animal grande que ha dado EE.UU. en Venezuela, país este que presumía de su apoyo y respaldo. Es entendible que ellos no se la jueguen por Venezuela, nos lo explica el escritor William Ospina: “Ahora Rusia, con mayor razón, se sentirá autorizada a apoderarse de Crimea y del Donbás y a tener abierto de ese modo su salida a través del Mar Negro al Mar Mediterráneo. Y ahora China se sentirá autorizada a convertir en realidad geopolítica la doctrina de ´una sola China´, con la que ha gobernado por décadas su trato con el mundo entero y a ocupar Taiwán cuando llegue el momento”.

El secretario de Energía Chris Wright, en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami, manifestó que «vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado».

Pero para que estos planes se puedan llevar a la práctica se requiere de la cooperación de su contraparte, el supérstite régimen chavista y para ello el presidente Trump le mostró a Delcy Rodríguez el garrote y la zanahoria. Inicialmente, en tono amenazante, le dejó en claro que si no accede a sus pretensiones pagará “un precio muy alto. Si no hace lo correcto va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”. A lo cual ella se apresuró a responder, en su primer mensaje a la Nación como presidenta (E), dócilmente: “extendemos la invitación al gobierno de los EEUU a trabajar conjuntamenteen una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

Ello le viene como anillo al dedo a Trump y su política transaccional. Lo dejó claro con su advertencia de que “el dominio estadounidense en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo”. Por ello está reviviendo la doctrina Monroe y su lema “América para los americanos”, combinada con la estrategia revivida del Gran garrote del ex presidente estadounidense Theodore Roosevelt.

Luego sorprendió el presidente Trump al mundo al enviar un mensaje a través de su plataforma Truth: “Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, no sujeto a sanciones, a los Estados Unidos de América».

Por su parte, la estatal petrolera venezolana PDVSA expidió un comunicado en el cual “informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones que existen entre ambos países”. Estas tratativas entre los dos gobiernos dan por sentado que se levantarán las sanciones que desde 2019 impuso los EE.UU. a Venezuela y ello posibilitaría la reactivación de la industria petrolera en el hermano país.

En este escenario, cabe preguntarse cómo se afectaría Colombia. Actualmente se presenta en el mundo una sobreoferta de crudo en el mercado, la cual está empujando el precio a la baja, oscilando alrededor de los US $60 el barril, con una caída del precio BRENT, que es el que le sirve de referencia a la canasta de crudos que exporta Colombia, del 19% en 2025.

Hoy Venezuela produce alrededor de 1 MMBD, pero con este apoyo que ofrece Trump por parte de las petroleras estadounidenses, dicha producción podría escalar hasta los 3 MMBD. Esta mayor oferta acentuaría la tendencia bajista de los precios y lo más grave es que Colombia comparte y compite con Venezuela en mismo nicho de mercado, el de los crudos pesados.

De modo que el impacto para Colombia podría darse por partida doble, tanto por la caída de los precios del crudo como del volumen de sus exportaciones. No hay que perder de vista que Colombia por cada dólar que baja el precio del crudo deja de recibir $400.000 millones, aproximadamente, y por cada 10.000 barriles que deja de exportar se reducen sus ingresos en $301.000 millones.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.