La Unión Europea avaló el gas natural como energía verde de transición. Por años aplazaron el desarrollo de fuentes de energía propias y crearon una dependencia del gas ruso. Hoy, han tenido que encender plantas que funcionan con carbón contaminante. Por el contrario, Estados Unidos logró plena autosuficiencia con las fuentes de gas no convencional, que emite mucho menos carbono que todas las demás fuentes fósiles.

Por: ÁLVARO URIBE VÉLEZ*

21 de agosto de 2022.   El nuevo Gobierno de Gustavo Petro ha anunciado que no asignaría nuevos contratos de gas y/o petróleo. Además, que cancelaría los proyectos piloto o de prueba de fracking. Y que traerían gas de Venezuela.

En consecuencia con lo anterior, Colombia perdería su autosuficiencia, que actualmente tiene asegurada gracias a la combinación de energías renovables y convencionales. Autosuficiencia con excedentes exportables y en armonía con el sendero de reducción de emisiones netas.

En cuanto aquello de traer gas de Venezuela hay luces que no alumbran y sombras muy grandes. Este vecino tiene cerca de 200 teraspiés cúbicas en reservas, mientras Colombia cuenta con menos de 4 teras. Sin embargo, la realidad allá no es fácil.

Cuando con el presidente Chávez firmamos el contrato de venta de gas a Venezuela, la mayor contraprestación era el suministro a Colombia después de 2012. Esto no se dio, no sabemos cuántas razones hubo, pero es claro que existen problemas de gasoductos y de ubicación de los pozos. En efecto, la mayor parte de las reservas de Venezuela se encuentran en el oriente del país y al parecer todavía no hay infraestructura para traerlas al occidente, frontera con Colombia. En el Golfo hay una mínima parte, afirman que entre 4 o 5 teras, de donde podrían suministrar a Colombia a precios razonables para nuestros usuarios. Pero al parecer tampoco existe el gasoducto para conectar con el de La Guajira, que dejaron de usar en 2015, y este no tiene conexión con el que trae gas al Caribe y al Interior de nuestro país.

De resolverse estos obstáculos, más ilusión que realidad, el suministro de gas desde el Occidente de Venezuela solamente alcanzaría a ser paliativo para épocas de dificultades en Colombia como aquellos veranos del Niño, que se anticipa uno para dentro de dos años.

El Gobierno Duque firmó 70 contratos de exploración que implican desembolsos cercanos a 4 mil millones de dólares, destacable porque el país había llegado a cero contratos sin que sea aceptable la excusa de los precios en actividades que son de muy largo plazo.

Pero a tiempo que se recuperaba la tendencia de reservas de gas y petróleo, que venían reduciéndose, se logró un avance notorio en energías solar y eólica. Estos proyectos llegarían alrededor de 5.000 megas, cifra cercana al 25% de la capacidad total.

Sin embargo, con reservas de gas y de petróleo que pueden alcanzar solamente para 7 u 8 años, la situación es nada fácil. A esto sumamos que todavía hay aproximadamente 15 millones de personas sin conexión a gas natural. Y con un agravante, más de 5 millones de personas todavía cocinarían con leña, actividad consumidora de nuestros bosques.

En relación con los actuales usuarios y las necesidades nacionales, pensemos solamente qué sería de Bogotá sin gas, o el país importando petróleo para proveer la industria petroquímica y producir materiales de construcción, y a qué precio!

Durante la administración Pastrana se aprobó la ley de Amilkar Acosta para mezclar derivados vegetales a los combustibles fósiles, etanol y biodiesel. Nuestro Gobierno estableció las condiciones para la producción y mezcla de ambos, a partir de caña de azúcar y de palma africana.

También construimos confianza con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que se creó para independizar de Ecopetrol la asignación de campos y contratos. Y la capitalización mixta de Ecopetrol le dio músculo de inversiones a la empresa y un sólido gobierno corporativo. Debo recordar que se instalaron los primeros molinos de energía eólica en la Guajira, Jepirachi, gracias a nuestros estímulos tributarios. Y pusimos en marcha el programa Familias Guardabosques, remuneradas, que hoy tendría toda la lógica.

Entendemos y compartimos las preocupaciones por el fracking pero los proyectos pilotos darían una información sobre las realidades de riesgos en nuestro país, que de poderse superar aumentarían a más de 35 años las reservas de gas natural. Ecopetrol ha informado positivamente sobre su programa de fracking, con Oxy, en la cuenca Permian de los Estados Unidos.

El tema de impuestos excesivos es muy sensible en la medida que saque al país del rango para ser atractivo a la inversión. La propuesta del 10% a las exportaciones tendría el agravante de la fijación estatal, caprichosa o convencional, del precio sobre el cual operaría el gravamen. Y en cuanto a la no deducibilidad de las regalías, además de aumentar costos, llevaría a presionar a las regiones y a dificultar los pagos.

Bolivia, con enormes cantidades potenciales de gas, ha tenido que disminuir las ventas a Brasil y a Argentina porque con impuestos desaceleraron exploración y producción.

Colombia está comprometida con el hidrógeno, el Centro Democrático presentó un proyecto para su desarrollo que quedó incorporado en la ley de transición energética. Pero, las transiciones toman tiempo y no hay certeza que todo se pueda sustituir.

*Expresidente de Colombia

¿De verdad, señora ministra, señor presidente Gustavo Petro, queremos dejar todas esas necesidades básicas de los colombianos en manos de Venezuela, o del capricho de mandatarios como Nicolás Maduro?”.

21 de agosto de 2022.   O estamos frente a lo que podría ser uno de los más grandes descalabros en la historia de Colombia o tal vez no hemos acabado de entender bien en qué consiste la propuesta de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. La ministra, filósofa, con doctorado en geografía política y experta en temas ambientales ratificó lo que ya había dicho el presidente Gustavo Petro en campaña: que Colombia no firmará nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, petróleo y gas.

Muchos pensábamos que era una propuesta de esas que se lanzan en campaña para sintonizarse con las redes sociales pero que a la hora de gobernar no se hacen realidad. Pero parece que no es así.

La sorpresa fue mayor, cuando le preguntaron a Vélez qué hará Colombia si se queda sin gas, y ella, como si fuera lo más sencillo del mundo, simplemente contestó que lo importaríamos de Venezuela. ¡Hágame el favor el raciocinio!: no queremos extraer gas y petróleo porque al usarlos contaminan, pero sí se lo podemos comprar a Venezuela. ¿Es que acaso contamina menos el gas del vecino?

Por un raciocinio parecido hoy Sri Lanka está viviendo la peor crisis económica de su historia. En enero del año pasado al presidente de ese país le dio por prohibir el uso de pesticidas, con el embeleco de convertir toda la agricultura en ecológica de una sola vez. El colapso fue tal, el país se declaró en quiebra y sufrió una escasez de alimentos tan grave, que la población rápidamente tumbó al primer ministro y al presidente.

Para tener una idea de la gravedad de no ser autosuficientes en gas, basta con hacer un ejercicio matemático. En marzo de este año, cuando la invasión a Ucrania generó la gran crisis de abastecimiento de gas en Europa, el valor de la molécula de gas se disparó hasta 70 dólares. Mientras que en Colombia, como tenemos precios que se pactan en el mercado doméstico, esa misma molécula costaba 4,7 dólares. ¿Qué tal que no nos pudiéramos autoabastecer? ¿Hasta dónde habría llegado la inflación?

La presidente del gremio del gas, Naturgas, Luz Stella Murgas, lo dice claramente: si no fuéramos autosuficientes, el pago de la factura del servicio público de gas le costaría hoy a los colombianos cinco veces más de lo que pagan.

El anuncio de la ministra Irene Vélez causó estupor. Colombia cuenta con reservas de petróleo para cerca de siete años y de gas para ocho. Pero si quiere aumentarlas debe hacer inversiones ya porque estos combustibles no se encuentran de la noche a la mañana y su proceso de extracción demora años.

Colombia fue un ejemplo de éxito en América Latina por su política de masificación de gas en los últimos 20 años, que pasó de 1,9 millones de usuarios a 10,4 millones, con una cobertura cercana al 80%. Hoy de cada 10 hogares colombianos ocho lo usan. Además, alrededor de 600.000 vehículos utilizan este combustible para su movilización, no solo taxis sino transporte masivo.

¿De verdad, señora ministra, señor presidente Gustavo Petro, queremos dejar todas esas necesidades básicas de los colombianos en manos de Venezuela, o del capricho de mandatarios como Nicolás Maduro?

Hoy, 47% de las exportaciones colombianas corresponden a venta de estos energéticos -el año pasado ascendieron a 13.514 millones de dólares-. Su exploración y producción le deja millonarios recursos a las zonas productoras y pago de impuestos a la Nación, aparte de la generación de empleo. ¿Todo esto lo vamos a cambiar por importar gas venezolano? ¿vamos a dejar de generar ingresos para dárselos a Venezuela y seguimos contaminando lo mismo?

Estas y más preguntas conviene hacerlas en este momento antes de que sea demasiado tarde.

Colombia es responsable de menos del 0,5% de las emisiones contaminantes del planeta, así que cualquier cosa que haga en este sentido es totalmente marginal porque los grandes contaminantes son China, Estados Unidos y los países europeos. Las mayores emisiones del país son por la elevada deforestación de regiones como Amazonas, no por el petróleo y el gas. Este último es considerado un combustible de transición porque su material particulado (hollín) es prácticamente nulo.

Adicionalmente, Colombia hasta ahora está recorriendo el camino de las renovables no convenciones, tras el impulso que le dio el anterior gobierno. Por más que se quiera meter acelerador a fondo las renovables pasarán del 1% a cerca del 15% en la matriz energética en los próximos años, no ya. Estas son energías de apoyo, de respaldo al sector, pero el país no puede depender exclusivamente de ellas. Lo ideal es tener una matriz energética diversificada y limpia, como en nuestro caso.

Así que, señor Presidente Gustavo Petro, como dicen por ahí, con todo respeto, sálvenos usted de ese descalabro. O mejor, no nos lleve a ese despeñadero

Editorial del periódico El Colombiano, publicado el 17 de agosto.

Un sinnúmero de interrogantes surgen cada vez que se plantean escenarios en los que, como medida extrema, tuviéramos que recurrir a la importación de gas natural. Aclarar muchas de estas preguntas a la opinión pública es perentorio para que desde un debate técnico, razonable y aterrizado a la realidad, se discuta este trascendental tema que nos afecta a todos y se llegue a consensos, pero sobre todo para que se comprenda la importancia de proteger nuestra soberanía energética.

Por: JOSÉ DAVID NAME*

20 de agosto de 2022.   Una de las enseñanzas que está dejando la actual crisis en el mundo es la necesidad de contar con una matriz energética diversificada. Estamos aprendiendo que el radical abandono de los combustibles fósiles puede producir graves consecuencias debido a la alta vulnerabilidad a la que se expone.

Si bien es necesario reducir la dependencia de fuentes de energías fósiles e incorporar combustibles limpios al sistema energético, hacerlo de manera abrupta y sin respaldo puede conducir a la pérdida de la autosuficiencia.

Importar gas, no solo significaría un gran retroceso en el propósito del gobierno nacional de lograr la diversificación de la canasta energética, sino que también implicaría un aumento en el costo de un producto que consumen diariamente los colombianos, en su mayoría residentes de estratos 1 y 2. Además de la suma de un cargo adicional en los servicios públicos para financiar la construcción de una nueva infraestructura.

Según Ecopetrol, en caso que se opte por cesar la exploración y extracción del combustible, el costo del gas domiciliario podría triplicarse, es decir, que la factura de $30.000 sería de $90.000 o $120.000.

Resulta contradictorio que ahora que se están dando extraordinarios hallazgos de gas natural en el mar Caribe, que plantean un mejor panorama sobre las perspectivas de las reservas de gas en el territorio nacional, en vez de promover la producción, se esté hablando de importar. Sería contraproducente para Colombia que debido a la carestía, los usuarios se vean obligados a retornar al uso de energéticos más contaminantes como la leña o el carbón.

El Gobierno Nacional debe apostarle al fortalecimiento de la industria interna, priorizando el desarrollo de los abundantes recursos que existen costa afuera y en tierra, para así garantizar nuestra autosuficiencia energética.

Mientras se avanza en el camino de la transición energética, que somos conscientes tomará su tiempo, hay que seguir fortaleciendo el sector gasífero e incluyéndolo entre los planes de crecimiento y explotación, teniendo en cuenta que el gas natural es el respaldo principal de nuestro sistema eléctrico. El panorama energético es cambiante, lo que hoy abunda mañana escasea, por eso debemos estar preparados para todos los escenarios.

La reciente aclaración de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, acerca del compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro de acelerar la transición sin poner en riesgo la independencia energética de Colombia, disipa algunas preocupaciones de la industria. Sin embargo, es apremiante que en diálogo con los sectores políticos, empresariales y sociales, la líder de la cartera concerte cuáles son las medidas que se implementarán para asegurar el abastecimiento de gas natural en el corto, mediano y largo plazo, y se defina el futuro de las actividades de exploración y explotación de gas natural en el país.

*Senador de la República

El Experto Comisionado de la CREG señala los riesgos de desabastecimiento de gas natural que se corre si no se continua la exploración.

Por: ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ*

19 de agosto de 2022.   Las discusiones alrededor de la transición energética deben ser abordadas desde una perspectiva técnica y sin apasionamientos que sesguen un buen análisis, pero, sobre todo, las mejores decisiones.

Los asuntos energéticos nos afectan a todos, desde el pago de la factura por el servicio de gas o luz, hasta el combustible del vehículo familiar o empresarial, o cómo se impacta el precio de productos o servicios como fletes, alimentos y pasajes, entre otros.

Sí, es un asunto mayor de la economía personal, es un tema altamente sensible de soberanía. Para todos es un anhelo encontrar las mejores fuentes de energía, renovables, ambientalmente sostenibles y amigables.

Esta búsqueda depende de la capacidad, de la tecnología, las reservas y la posibilidad de ir migrando las fuentes existentes en tanto se tengan los medios para ir sustituyéndolas.

Las realidades deben acompasarse con los anhelos, las reformas legales o las mejoras regulatorias deben obedecer a análisis y estudios, y no al imaginario de que normarlo o prohibirlo todo automáticamente genera espontáneamente los resultados.

Son varias las voces que han advertido el gran riesgo de desabastecimiento que se corre sin seguir buscando y produciendo gas. En igual sentido, el importarlo triplicaría el costo de la factura por su consumo, nos haría dependientes del proveedor con los riesgos que esto conlleva, pero perderíamos la autosuficiencia alcanzada.

Para no entrar en la discusión regional, miremos el conflicto latente que hoy mantiene en vilo al mundo por la invasión de Rusia a Ucrania.

Hace solo 15 años los Estados europeos producían más gas que el que Rusia exportaba, sin embargo la producción europea decayó más de la mitad en la última década, lo que vino a ser reemplazado con las exportaciones rusas que cerraron la brecha, pero hoy los hace dependientes, vulnerables y víctimas del chantaje político y económico del gobierno ruso.

Aunque las finanzas rusas están golpeadas y los mercados europeos se mantienen, la dependencia energética de los europeos a manos de Putin complica cualquier plan o estrategia energética para garantizar la provisión y reemplazar las importaciones de gas ruso.

No podemos caer en el falso dilema de la transición energética como ideología, debemos dar la discusión, como se ha venido haciendo, con evidencia, con técnica y con hechos, como los que se alcanzaron en los últimos cuatro años con políticas públicas energéticas enfocadas en crecimiento verde, energías renovables, descarbonización e incentivos para limpiar y transformar.

El fracking seguirá siendo un tema sensible y no puede ser abordado sólo por el legislativo ni con inmediatez política, nadie se puede oponer a sustituir energías o fuentes contaminantes por otras renovables y limpias, pero en tanto no se siga explorando y encontrando gas -sea de yacimiento u otra fuente-, lo que está en juego es nuestra propia subsistencia.
*Experto Comisionado de Energía y Gas. Columna publicada en Portafolio

La propuesta de reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro trae buenas noticias en impuestos ambientales que van en el sentido correcto. Los artículos 29 y 30 actualizan el impuesto nacional al carbono, “un gravamen que recae sobre el contenido de carbono equivalente (CO2eq) de todos los combustibles fósiles, incluyendo los derivados del petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados para combustión”.

Por: DARÍO HIDALGO*

19 de agosto de 2022.   Algunos puntos interesantes para resaltar son:

• No se causa para sujetos pasivos que certifiquen ser carbono neutro; es decir, los que adquieran combustibles fósiles, pero compensen de acuerdo con lo que determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• No se causa para coquerías, ni para gas licuado del petróleo (GLP) de usuarios industriales.
• En gas natural solo se causa para refinación de hidrocarburos y petroquímica; no para el transporte ni residencias ni comercio ni generación eléctrica ni industria general.
• El alcohol carburante para mezcla con gasolina y el biocombustible que se mezcla con el diésel no son gravados.
• No se grava lo que se exporte ni tampoco el aprovisionamiento de diésel marino de buques en tráfico internacional.

Es decir, no todos los combustibles fósiles ni todos los usos de combustibles fósiles tienen impuesto, aunque todos generen gases efecto de invernadero que causan el calentamiento global. Esto parece obedecer a la consideración del gas natural como combustible de transición a consideraciones sociales y apoyo a determinados sectores industriales (biocombustibles).

El impuesto no causa doble tributación cuando se exporta ni afecta el comercio internacional. El hecho que existan excepciones y consideraciones especiales significa que la DIAN deberá fortalecer sus mecanismos de vigilancia.

Las tarifas corresponden a lo que genere en CO2eq (potencial de calentamiento global) y se actualizan en el tiempo con el índice de precios al consumidor mas un punto hasta que sea equivalente a tres unidades de valor tributario UVT ($114,112 de 2022). En otras palabras, aumenta en el tiempo hasta un tope lejano.

Sin embargo, se establece un mecanismo gradual para el carbón, que antes no era gravado. Para los años 2023 y 2024: 0%. Para el año 2025: el 25% del valor de la tarifa plena. Para el año 2026: el 50% del valor de la tarifa plena. Para el año 2027: el 75% del valor de la tarifa plena. A partir del año 2028: tarifa plena.

En conjunto, los impuestos saludables a las bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados, y los impuestos ambientales al carbono y los plásticos de un solo uso esperan recaudar $2,54 billones, y un 0,20 % del PIB como promedio de 2024 a 2033. Más que recaudatorio su propósito principal es reducir el consumo y de esta forma proteger la salud y el medio ambiente.

Subsidios a los combustibles

Al tiempo que se grava el consumo de fósiles vivimos un contrasentido profundo en política ambiental y energética. Subsidiamos de forma notable los combustibles fósiles con el propósito de no impactar significativamente la inflación. El déficit total del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles era 14.1 billones hasta marzo de este año y se proyecta en el doble para lo que quedaba del año. El entonces Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo anunció que dejaba una hoja de ruta para reducir el déficit en el Plan Fiscal de Mediano Plazo.

El nuevo ministro José Antonio Ocampo, por su parte, estimó el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en 3% del PIB este año 2022. El comité autónomo de la regla fiscal estima 2.7% del PIB. Esto es mucho más que la la reforma tributaria completa, que pretende recaudar 1,72% del PIB en 2023 y 1,39% en el promedio 2024-2033.

En otras palabras, el hueco fiscal que genera el subsidio a combustibles apenas se cubre parcialmente con la reforma tributaria completa. Por eso el propio ministro Ocampo indicaba antes de posesionarse que se deben “ajustar, al menos parcialmente, los precios de los combustibles, y revisar en forma estructural la política que se aplica a estos precios”.

El susto detrás del ajuste es doble. Por un lado, la incertidumbre de los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Si siguen altos, el subsidio crecería. Por otro, la inflación, la más alta que hemos enfrentado desde 2000 y que ya se “tragó” el aumento de salario mínimo de inicio del año de 10,07%.

Sobre el impacto inflacionario de aumentar los precios de los combustibles hay una percepción general que sería gravísimo. Sin embargo, en un buen estudio del Banco de la República en 2010, Hernán Rincón estimaba que “un choque del 10% a los precios de la gasolina y del Acpm aumenta la inflación del índice de precios al consumidor en 0,85%”. Un impacto mucho menor que lo que la mayoría podíamos esperar.

Valdría la pena revisar los resultados y actualizar las estimaciones. El comité de la regla fiscal hace cálculos apocalípticos. Sin embargo, el estudio del Banco de la República da la impresión de que el impacto es más especulativo que real. Además, si bien el diésel hace parte de los costos de transporte de productos y del transporte público de pasajeros, la gasolina se consume principalmente por usuarios de vehículo particular de mayores ingresos. Es entonces un subsidio al revés: beneficia más a los más ricos.

Enfrentan el Gobierno y el Congreso un reto muy interesante. Pero la consistencia ambiental y social indicaría que lo lógico es reducir los subsidios a los combustibles e incluso aumentar el impuesto al carbono. Esta es una lectura rápida y falta ver qué dice el Gobierno sobre la hoja de ruta de desmonte de subsidios que dejó la administración pasada.  Ajustar la fórmula de precios de los combustibles no es un proceso sencillo, pero es necesario.

*Investigador del CREE

Hay gran preocupación entre empresarios, gremios y analistas del sector minero-energético por la reforma tributaria y los anuncios sectoriales del nuevo gobierno. La preocupación es comprensible y debería extenderse, además, al resto de sectores económicos que se verían afectados con estas decisiones y a los ciudadanos del común, quienes serían los principales damnificados.

Por: DIEGO MESA*

19 de agosto de 2022.   Antes de analizar las medidas anunciadas, es pertinente resaltar la importancia de la industria petrolera y minera en la economía nacional. Estos dos sectores son responsables del 56 % de las exportaciones totales del país, del 34 % de la inversión extranjera directa y de cerca del 20 % de los ingresos corrientes de la Nación, sin incluir las regalías que son distribuidas directamente a alcaldías y gobernaciones. Justamente, a través del Sistema General de Regalías —el cual a corte del 31 de julio ya había recaudado $16,8 billones, superando la meta de $15,4 billones para el bienio 2021-22—, el sector aporta, en promedio, uno de cada tres pesos de los presupuestos de inversión de los entes territoriales, con los cuales se financian acueductos, proyectos de electrificación, carreteras, colegios y centros de salud. En resumen, el sector extractivo es absolutamente indispensable para la estabilidad macroeconómica del país, así como para financiar programas e infraestructura social a nivel nacional y regional.

Ahora revisemos las propuestas de la reforma tributaria, empezando por el absurdo impuesto a las exportaciones de crudo y algunos minerales. Conceptualmente, los impuestos que se activan con el precio de las materias primas están mal diseñados dada la alta volatilidad de la cotización de los commodities en los mercados internacionales.

Adicionalmente, este tipo de impuestos, al igual que las regalías, es regresivo y distorsivo al no tener en cuenta los costos de exploración y producción, y en la práctica han resultado ser un desastre, como lo indican las experiencias de Zambia y Mongolia. Finalmente, en el caso de la minería de oro, el impuesto sería un incentivo perverso a la ilegalidad, afectando más a los pequeños mineros que han hecho un gran esfuerzo por formalizarse y bancarizarse.

Como complemento a este disparate, la reforma prohibiría la deducción de las regalías pagadas por las empresas mineras y petroleras de la base gravable para el impuesto de renta. La deducción de las regalías es una práctica universal y el argumento contable y económico es simple: el impuesto de renta grava las utilidades y excluir las regalías pagadas de las deducciones incrementaría artificialmente la renta líquida gravable de las empresas.

Y como si esto fuera poco, la reforma también propone un régimen de depreciación más oneroso y menos acorde con la realidad económica de los proyectos extractivos, impuesto a los dividendos y la eliminación de las zonas francas costa afuera, instrumento que viabilizaría los recientes descubrimientos de Uchuva y Gorgón 2 por parte de Ecopetrol, Petrobras y Shell en el mar Caribe.

En conclusión, la reforma tributaria incrementaría de un plumazo la carga tributaria a uno de los principales sectores económicos del país en 25 %, según cifras de la ACP, dejando el government take por encima del 80 %. Esto pone en serio riesgo la viabilidad de muchos proyectos que hoy están en ejecución y de los más de 70 nuevos contratos que se firmaron en la administración anterior, los cuales generarían inversiones, solo en la etapa exploratoria, por más de 4.000 millones de dólares.

Pero no contentos con poner en jaque la viabilidad de proyectos existentes, las estocadas finales fueron el anuncio oficial de que este gobierno no firmará nuevos contratos de exploración y producción, y el acompañamiento a la radicación de un proyecto de ley para prohibir el fracking, apresurándose a tomar decisiones trascendentales para el país sin tener en cuenta la ciencia ni la investigación.

Bien haría el gobierno en atender las preocupaciones de la industria y reconsiderar estas propuestas, además de estudiar a Jean Baptiste Colbert, primer ministro de Estado y de Hacienda de Luis XIV, quien decía que “el arte de la tributación consiste en desplumar el ganso para obtener la mayor cantidad de plumas posible con el menor número de graznidos”.

Al contrario de Colbert, lo que la actual administración pretende hacer con la reforma tributaria y los anuncios sectoriales es descuartizar el ganso de los huevos de oro… y los graznidos están ensordeciendo a más de una junta directiva en Houston, Calgary y Londres.

*Ex ministro de Minas y Energía

Publicado en El Colombiano

Desarrollador de proyectos de recursos energéticos distribuidos, agregador de recursos energéticos distribuidos, arbitraje de energía, sistema de almacenamiento de energía eléctrica, respuesta de la demanda, autogeneración y la generación distribuida se fortalecen en Colombia para promover la descentralización del mercado de energía, modernizar las redes y darles un rol activo a los usuarios.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

17 de agosto de 2022.   Mediante la Resolución 40283 de 2022, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia dio a conocer este mes los lineamientos para incorporar los recursos energéticos distribuidos.

Por recursos energéticos distribuidos se deben entender aquellos recursos que pueden ser gestionados de forma automática o manual, conectados a la red de distribución, cerca de los centros de consumos con posibilidad de inyectar energía, consumir energía o proveer servicios complementarios a la red en forma dinámica. 

Una de las novedades que resalta en la nueva norma es la prestación de servicios al sistema de distribución local por parte de los recursos energéticos distribuidos, lo cual representaría ingresos adicionales a la venta de energía o entrega de excedentes. 

Por otro lado, la nueva norma propone la actualización de los costos de servicios de respaldo de la red, punto que en la práctica se refleja en el contrato de respaldo que es obligatorio para todos los autogeneradores.

Uno de los recursos energéticos distribuidos más desarrollados ha sido la autogeneración; a tal punto que hoy existen al menos nueve normas expedidas por el regulador para el desarrollo de esta figura. Siete de esas normas fueron expedidas entre 2021 y 2022.

El marco regulatorio de la autogeneración permite la constitución de un número significativo de empresas encargadas de desarrollar proyectos de autogeneración.

Estas empresas a la fecha no requieren tener la calidad de ser empresas de servicios públicos domiciliarios y, en consecuencia, no son vigiladas ni controladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Otra novedad es que se crea la figura de los agregadores de los recursos energéticos distribuidos, figura que será reglamentada por el regulador, pero uno de los roles principales será representar a quienes desarrollen arbitraje de energía, sistema de almacenamiento de energía eléctrica, respuesta de la demanda, autogeneración y generación distribuida.

Finalmente, una novedad de estirpe pedagógica es que los comercializadores y los agregadores de recursos energéticos distribuidos deberán promover de forma periódica y recurrente campañas educativas sobre las tarifas dinámicas que se causen con la participación de los recursos energéticos distribuidos.  

En términos generales, se observa que Colombia se está convirtiendo en un mercado donde se encuentran oportunidades de nuevos ingresos aguas abajo del medidor.

*Socio fundador de OGE Legal Services

Los últimos años han sido pródigos y promisorios en materia de gas natural costa afuera. El más reciente anuncio, por parte del presidente de ECOPETROL Felipe Bayón, del gran hallazgo de un nuevo yacimiento, Uchuva-1, se viene a sumar a otros no menos importantes, tales como Gorgon-1 (2017), que ahora se confirma como muy prometedor, Kronos (2015) y Orca-1 (2014).

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

13 de agosto de 2022.   Se estima que la magnitud de las reservas de Uchuva-1, frente a las costas de Santa Marta, es equivalente al actual volumen de reservas probadas, es decir que ampliaría el horizonte del coeficiente reservas/producción (R/P) otros 8 años más.

Su localización es estratégica porque está a solo 80 kilómetros de las dos plataformas de Chuchupa, lo cual permitirá utilizar sus facilidades para poder extraer el gas y conectarse con la misma y así empalmar con los gasoductos Ballenas – Barrancabermeja y Ballenas – Cartagena para su transporte hasta los centros de consumo.

Aquí hagamos una digresión para destacar que el gas natural vehicular (GNV) reduce en un 99% las emisiones de material particulado (PM2.5) y los óxidos de azufre y en un 30% las emisiones de CO2, en comparación con la gasolina y el diésel.

Y en comparación con el uso del carbón, especialmente para la generación de energía, sus emisiones son menores entre un 50% y 60%. Ello llevó a la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, el pasado 2 de febrero, mucho antes de la invasión rusa a Ucrania a incluir y considerar al gas natural como actor “clave en la Transición Energética y lucha contra el cambio climático”. Según ella, esta decisión permitirá “abandonar más rápidamente actividades más contaminantes, como la generación de energía a partir del carbón; a favor de un futuro climáticamente neutro y basado de forma preponderante en fuentes renovables”.

El gas, “gracias a unas virtudes que lo colocan en una situación relativa mejor que el carbón o el crudo, se sitúa como la fuente de energía más adecuada en la costosa transición hacia el mercado dominado por las renovables.

Hasta cierto punto —sobre todo el gas natural licuado (GNL)— garantiza la independencia energética y exhibe flexibilidad operativa para transformarse en electricidad. Los próximos quince años serán del gas. Por algo el gas ha sido considerado el príncipe de los energéticos, llamado a ocupar el lugar del petróleo cuando este, que sigue siendo el rey, sea destronado.

Estos descubrimientos refuerzan mi propuesta de montar en La Guajira una planta bidireccional, que permita la licuefacción de gas para exportarlo cuando tengamos excedentes y/o regasificarlo en la eventualidad de que tengamos que importarlo para cubrir un déficit temporal. Ello, en lugar de insistir en el embeleco de montar una planta regasificadora en Buenaventura solo para importarlo, con lo cual, de paso, se estaría desalentando y desincentivando la exploración y explotación del potencial de gas con el que contamos. Huelga decir que, debido a la actual coyuntura internacional, la cotización del gas natural en los mercados internacionales está pegada al techo, superando los US $8 el MMBTU.

Estos hallazgos ponen de manifiesto que los hidrocarburos sólo se encuentran si se buscan y la inconveniencia de detener la actividad exploratoria a sabiendas de que las reservas con las que se cuenta son muy precarias.

En cuanto al gas natural se refiere las reservas probadas con las que cuenta el país, 3,16 terapies cúbicos (TPC), sólo garantizan la autosuficiencia por los próximos 8 años.

La euforia que despiertan las albricias, entonces, no nos puede llevar a la autocomplacencia y a bajar la guardia, pues el fantasma de la importación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) nos sigue rondando.

En este sentido también tenemos buenas noticias. Me refiero al paso que acaba de darse, después de una larga espera, de la interconexión de las dos grandes redes de gasoductos con las que cuenta el país, el que opera Promigas y el que opera TGI, integrando en un solo mercado, que estaba segmentado, las reservas y la producción de gas del Caribe colombiano con las del interior del país.

Ello permitirá hacia el futuro que el transporte del gas se pueda dar en ambos sentidos según las necesidades y la demanda regional, y así no estar expuestos a la paradoja de acusar déficit de suministro en uno de los mercados concomitantemente con excedentes de producción en el otro, por no contar con la infraestructura que permitiera el flujo de gas en ambos sentidos.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Preocupan los importantes atrasos que se presentan en la línea Cuestecitas – Colectora, el segmento que conectará a 4 parques, pues poco se avanza en los trámites de las consultas. Así las cosas, el GEB se está convirtiendo en el responsable de frenar la producción de energías renovables en el país.

Por: JOSÉ DAVID NAME*

13 de agosto de 2022.   El nuevo plazo solicitado por el Grupo Energía Bogotá (GEB) para la entrega de las líneas de transmisión Colectora – Cuestecitas y Cuestecitas – La Loma, y la Subestación Colectora, que conectará importantes proyectos solares y eólicos de La Guajira y el César al Sistema Interconectado Nacional (SIN), tiene en vilo al sector que se verá afectado por el nuevo aplazamiento de la obra. Situación que ha empezado a producir un efecto dominó.

Al tratarse de una megaobra clave en la transformación de la matriz energética del país, sus retrasos generan un gran manto de incertidumbre en los proyectos renovables que dependen de estas líneas de transmisión para empezar a funcionar. Aunque el compromiso en la subasta era que estos proyectos entregaran energía desde 2022, el anuncio de la solicitud de tres años más para finalizar la obra por parte del GEB posterga irremediablemente sus entradas al mercado.

Preocupan los importantes atrasos que se presentan en la línea Cuestecitas – Colectora, el segmento que conectará a 4 parques, pues poco se avanza en los trámites de las consultas. Así las cosas, el GEB se está convirtiendo en el responsable de frenar la producción de energías renovables en el país. Con este incumplimiento se verá interrumpida la dinámica de un sector que venía en crecimiento, estancando el desarrollo de las energías renovables no convencionales, deteriorando la oferta energética y afectando la confiabilidad del sistema.

La ampliación de la red de transmisión es un eslabón fundamental para lograr la incorporación de las energías renovables no convencionales al sistema. Las demoras que se están presentando deben ser revisadas por el nuevo Gobierno para dar prontas soluciones y evitar que se afecten más proyectos. En este punto es importante que las entidades encargadas trabajen de la mano con los ministerios, el sector y las comunidades, para así destrabar los proyectos.

En contraste a lo que está sucediendo en Colombia, nuestros vecinos de la región están avanzando a pasos grandes. Por ejemplo, en Brasil ISA Cteep, filial del grupo ISA, continúa consolidando su participación en el mercado eléctrico con la puesta en operación de Paraguaçu, un proyecto que con una línea de 338 km de longitud conecta las regiones noreste y sudeste, permitiendo el flujo de energías renovables a los grandes centros de consumo de Brasil.

Recientemente, el Grupo Energía Bogotá también anunció la adquisición de cinco nuevas concesiones de transmisión de energía en Brasil, con lo que la compañía busca estar entre los primeros lugares del sector en Latinoamérica. Noticia que celebramos con un gran sinsabor.

Esta semana solicité a los entes de control y al Gobierno Nacional aplicar las pólizas y sanciones por el incumplimiento del GEB con el proyecto de las líneas de transmisión. La problemática actual, con las elevadas tarifas de energía para usuarios residenciales y comerciales, demanda la urgente entrada de proyectos de generación con fuentes renovables, que además de respaldar la generación convencional, permitan a los colombianos tener la posibilidad de contar un servicio a un precio justo.

Para que sigamos avanzando en la transición energética hacia fuentes más limpias, necesitamos redes de transmisión que estén listas a tiempo. Si queremos, algún día, alcanzar la masificación de las energías renovables en Colombia, hay que trabajar sin descanso en el mejoramiento de la infraestructura de conexión energética y sus procesos.

*Senador de la República

Análisis del impacto macroeconómico de la apreciación del dólar con respecto al peso colombiano.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

23 de julio de 2022.   Desde 1991, según el artículo 371 de la Constitución, el Banco de la República es el responsable del manejo de la política cambiaria, después de muchos años que estuvo en manos de la Junta Monetaria.

Hasta septiembre de 1999 se mantuvo por parte del Emisor la conocida “banda cambiaria”, creada en la administración de Cesar Gaviria en enero de 1994, dentro de la cual se movía la tasa representativa del mercado (TRM). Al abandonarla se optó por un sistema de libre flotación, que se ha mantenido hasta el presente, sin renunciar el Banco de la República a su intervención del mercado cambiario cuando las circunstancias lo ameriten.

El peso colombiano pasó de ser una de las monedas más fuertes del mundo hasta mayo de este año ­—aupada por la espiral alcista de los precios del petróleo y el carbón, que llegó a cotizarse por encima de los US $300 la tonelada—, a ser en este momento una de las más devaluadas después del rublo ruso.

La tasa de cambio llegó a superar los $4.600, el máximo histórico, acumulando una devaluación superior al 15%, atizando aún más la inflación interna.

Ello no es nuevo, si por algo se ha caracterizado Colombia es porque cuando sobreviene la revaluación de la moneda con respecto al dólar el peso es de las más revaluadas del mundo, y cuando se da la devaluación es también de las más devaluadas. En ello influye su gran vulnerabilidad, atribuible en gran medida al déficit en cuenta corriente de la Balanza de pagos que ya bordea el 6% del PIB, el más alto de Latinoamérica.

El presidente Iván Duque atribuye la gran devaluación actual a lo que podría denominarse el “efecto Petro”. En su concepto, “cuando hay mensajes que generan incertidumbre frente a la inversión de largo plazo, frente a lo que se puede avecinar en los regímenes que tienen que ver con la inversión en el campo y demás, pues yo creo que esas cosas empiezan a generar esta situación”.

Desde luego que el cambio extremo de un gobierno de derecha a otro de izquierda entraña incertidumbre, pero este no es el factor determinante del curso que ha tomado la tasa de cambio en medio de la turbulencia en la que se debate la economía global. Cabe recordar que la tasa de cambio el 7 de agosto de 2018 fue de $2.899 y cerró en enero de este año en $4.043 registrándose una devaluación del 40% en este cuatrienio que está a punto de concluir.

Así como no ha escapado Colombia a la ola inflacionista global, tampoco está exenta del impacto de la revaluación del dólar, empezando por el encarecimiento de los bienes importados que hoy tienen un peso del 15% en la canasta familiar.

Según el presidente de ANALDEX Javier Díaz “en teoría el alto precio del dólar beneficia a los exportadores; sin embargo, es relativo, pues buena parte de los productos exportados requieren insumos o materias primas importadas que ahora son más costosos. Los productores nacionales que compiten con importados también son beneficiados, pues los bienes provenientes del exterior son más costosos”.

Pero no hay dicha completa. Ello lo que pone de manifiesto es lo deleznable de la competitividad basada en la tasa de cambio y no en la productividad, en la cual la economía colombiana tiene grandes falencias.

También la deuda externa, denominada en dólares, tanto la del Gobierno como la del sector privado (a marzo US $175.106 millones, 49.4% del PIB), se verán afectadas por esta devaluación, encareciéndola. Ello alterará las previsiones del Gobierno actual consignadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

En efecto, mientras en el mismo se proyecta una tasa de cambio de $3.924 en 2022 y el servicio de la deuda para lo que resta de este año por valor de $7,8 billones, si dicha tasa supera, como en efecto ya ha superado los $4.600, dicha suma sobrepasará los $9 billones, $1,2 billones más. Ello se traducirá en un déficit fiscal superior al 5,6% del PIB para este año estimado en el MFMP y aleja la posibilidad de alcanzar el superávit fiscal en 2023, como lo promete el actual gobierno.

El endeudamiento ya de por sí se había tornado más costoso, tanto por el aumento de las tasas de interés como por los mayores riesgos que tiene Colombia debido a la pérdida del “grado de inversión”. Es así cómo después que en 2020 la tasa para un bono colombiano de diez años era de 3,5%, hoy es del 7%, el doble.

Finalmente, debido al aumento de tasas de interés por parte del banco emisor, el servicio de la deuda pública está aumentando fuertemente, restándole espacio fiscal a la inversión y al gasto social.*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE