Categoría: Opinión

Colombia debe decirle sí a la energía nuclear. No es una tecnología nueva ni experimental; es una solución probada, segura y necesaria para el futuro energético, científico y económico de nuestro país.

Por: JUAN ESPINAL*

Con una votación unánime, la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley que busca crear la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear. Este es un paso trascendental para el país: se abre un debate largamente postergado, quizás por temor o falta de audacia.

Colombia cuenta con el talento técnico y científico necesario para avanzar en este camino. No podemos quedarnos atrás. En América Latina, países como Argentina, México, Perú, Bolivia y Venezuela ya están apostando por el desarrollo nuclear. Aunque Colombia no parte desde cero, necesitamos un marco normativo claro, moderno y visionario.

Esta iniciativa no responde a colores políticos ni a sesgos ideológicos. Es una propuesta respaldada por diversos sectores, que busca consolidar y expandir el uso pacífico de la tecnología nuclear en áreas clave como la salud, el medio ambiente y la industria.

Actualmente, el sector nuclear en Colombia genera cerca de 45.000 empleos y representa el 0,25% del PIB, lo que equivale a unos 3,6 billones de pesos anuales. Con esta ley, la economía nacional se beneficiará significativamente en los próximos cinco años, gracias al fortalecimiento de capacidades en medicina nuclear, investigación ambiental e innovación industrial, aumentando así nuestra competitividad en la región.

Lamentablemente, la energía nuclear ha sido estigmatizada, como también lo ha sido el fracking, por debates ideológicos desinformados. Hoy estamos dando un debate técnico, responsable y necesario. El uso seguro y pacífico de la energía nuclear, regulado bajo estándares internacionales, es clave para sentar las bases de una Colombia con soberanía científica, capacidad tecnológica y visión de futuro.

La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN) es el primer paso regulatorio esencial. Esta entidad garantizará un control eficaz y seguro, promoverá la cooperación internacional y posicionará a Colombia como líder regional en el uso responsable de esta tecnología.

Los beneficios son tangibles, en salud, más de 30.000 pacientes con cáncer se beneficiarían con mayor acceso a tratamientos y la producción nacional de radiofármacos reduciría costos y tiempos de espera. En el ámbito ambiental, la tecnología nuclear permitiría monitorear fuentes de agua dulce, detectar contaminantes y garantizar su uso sostenible, mediante técnicas como la hidrología isotópica.

La industria también saldrá fortalecida. Aplicaciones nucleares como la esterilización de productos, el control de calidad en manufactura y el desarrollo de nuevos materiales elevarán la productividad de sectores como alimentos, textiles y químicos. En agricultura, las tecnologías nucleares permiten mejorar la conservación de alimentos, desarrollar nuevos cultivos, aumentar la exportación y fortalecer la seguridad alimentaria mediante técnicas avanzadas para el control de plagas, así como la protección del suelo y el agua.

Y mientras tanto, el país enfrenta la amenaza de un apagón y un evidente retroceso en la llamada transición energética. Esta ley sienta bases sólidas para prepararnos frente a un eventual desarrollo de la núcleo-electricidad. Aunque el Plan Energético Nacional (PEN) proyecta explorar esta alternativa a partir del año 2035, este marco legal define desde ya la estructura institucional necesaria para garantizar que, cuando llegue el momento, Colombia esté lista para incluir la energía nuclear en su matriz energética, con una autoridad reguladora independiente y un marco normativo robusto.

No olvidemos que la energía nuclear es la fuente más limpia a nivel mundial. Actualmente, genera el 10% de la electricidad global. Países como Canadá llevan más de 50 años utilizándola de manera segura, y Francia produce con ella más del 70% de su energía.

Colombia debe decirle sí a la energía nuclear. No es una tecnología nueva ni experimental; es una solución probada, segura y necesaria para el futuro energético, científico y económico de nuestro país.

*Representante a la Cámara por Antioquia.

La semana pasada, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, radicó el proyecto de ley de tarifas, que no es más que un engaño, es “La Ley del Apagón”.

Por: JUAN ESPINAL*

El Gobierno Petro no ha logrado solucionar el problema de las tarifas eléctricas que afecta especialmente a la Costa Caribe. Por el contrario, lo único que ha hecho es profundizar la crisis de un sector que ha resistido y que resulta fundamental para la vida cotidiana de todos los colombianos.

La semana pasada, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, radicó el proyecto de ley de tarifas, que no es más que un engaño, es “La Ley del Apagón”.

Promete reducir los costos con una ley que, en realidad, desmonta el sistema energético, politiza la fijación de precios y aplica su famoso “shu shu shu” a la soberanía energética del país. ¿De qué alivio hablan si el Gobierno sigue sin pagar más de $4 billones en subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3?

Estamos ante un proyecto de ley que no resuelve absolutamente nada. Colombia enfrenta hoy la mayor estrechez de oferta de energía en los últimos 30 años, con un margen de seguridad de energía firme que apenas llega al 1%.

Según la UPME y XM, desde 2026 habría un déficit de energía firme en horas críticas, agravándose seriamente en 2027. Presentar, en medio de esta coyuntura, una “solución” mediante un proyecto de ley que modifica la estructura del mercado energético es un error estratégico que, de ser aprobado por el Congreso, generará un efecto inmediato de desconfianza entre los inversionistas.

Desde el inicio del Gobierno Petro se han tomado decisiones completamente ideologizadas que representan un alto riesgo para la estabilidad energética del país.

Este proyecto es un verdadero adefesio: desnaturaliza las leyes 142 y 143, debilita el carácter técnico de la CREG al permitir el ingreso de perfiles sin experiencia, elimina la reelección de comisionados y reduce su mandato seguramente para abrocharlo al periodo del gobierno de turno, lo que supone una pérdida total de estabilidad institucional.

Además, introduce discriminaciones tarifarias por tecnología, deteriorando la competitividad energética del país; pretende prohibir la remuneración de inversiones ya depreciadas en hidroeléctricas, desconociendo el valor del capital financiero; sustituye el mecanismo de mercado por un régimen de precios basado en costos, lo que en la práctica implica estatizar el sector; y busca aumentar la carga de burócratas que terminarán definiendo los márgenes de rentabilidad de un sector intensivo en riesgo y capital.

Y como si todo lo anterior fuera poco, el proyecto crea nuevas cargas e impuestos, imponiendo una contribución adicional del 2% sobre las ventas de generación hidroeléctrica para las comunidades locales. Esto se suma a una reforma tributaria que ya había elevado en más de 2 puntos la renta del sector.

Colombia tiene hoy uno de los regímenes fiscales más altos del mundo en generación eléctrica.

Finalmente, toca el Cargo por Confiabilidad. Gracias a este mecanismo, Colombia no ha tenido apagones desde 1992. Esta ley establece que la remuneración por confiabilidad aplicará principalmente a nuevas plantas o a las que hagan adecuaciones importantes. Es decir, muchas hidroeléctricas y térmicas que hoy reciben pagos fijos por confiabilidad podrían salir del sistema si no se les remunera esa disponibilidad, lo cual, podría reducir el colchón de seguridad energética ante sequías o fallas.

Esta ley no baja tarifas. Las encarece, las politiza y destruye el equilibrio técnico que ha sostenido la energía del país durante tres décadas.

Hago un llamado al sector para que no esconda la cabeza. Este es el momento en que Colombia necesita urgentemente más inversión para evitar un apagón.

Lo único que propone este Gobierno es incertidumbre regulatoria, estatización encubierta del mercado y nuevos desincentivos tributarios.

Este proyecto de ley, en efecto, no es otra cosa que la ley del apagón.

*Representante a la Cámara por Antioquia.

De llegar a prosperar el dislate de vender su participación en el Permian, empeoraría la situación financiera de Ecopetrol, la cual ha registrado una caída de sus utilidades, que completó en junio pasado 10 trimestres consecutivos a la baja.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El presidente Gustavo Petro se ha empecinado con terquedad aragonesa en que ECOPETROL se aparte del core de su negocio: explorar, explotar, transportar y refinar hidrocarburos.

Contra toda evidencia sostiene que “el tiempo del petróleo se acabó”. Ello lo llevó a ordenarle al presidente de la empresa Ricardo Roa “hacer una especie de exorcismo” de la empresa, y fue terminante al espetar “quítate el petróleo de la cabeza”.

Antes, en el marco de un Consejo de ministros realizado el 11 de febrero el presidente Petro increpó al ministro de Minas y Energía de entonces, Andrés Camacho, alegando que “si nosotros estamos contra el fracking -por la muerte de la naturaleza y la muerte de la humanidad – yo quiero que se venda esa operación, la del Permian, para invertirlo en energía”.

Pero ya era tarde, dado que el 3 de febrero se había acordado entre las partes, ECOPETROL y la OXY la prórroga de su contrato de asociación que data desde julio de 2019 hasta el 2027.

Pero el presidente Petro se resistió a dar su brazo a torcer e insistió en su cuenta de X el 14 de septiembre en que “ECOPETROL debería vender su participación en el Permian. Ahora, más recientemente, según ha trascendido a los medios, citó a Palacio a varios miembros de la Junta Directiva de ECOPETROL con el propósito de darle la directriz de salir del Permian.

Aduce el Petro que “el negocio que va a quebrar a ECOPETROL es Permian, el proyecto de fracking que la petrolera tiene en sociedad con la Oxy en Estados Unidos”.

Insiste además en que “Permian no es un buen negocio”, en que este es un negocio “chimbo”, cuando todas las cifras de la propia empresa lo desmienten y hablan por sí solas.

Hoy por hoy, esta es la inversión más rentable de cuantas posee el Grupo ECOPETROL en su portafolio: el costo del levantamiento del barril de crudo oscila entre los US $5 y los US $6, costo este que contrasta con el promedio en los campos en explotación en Colombia, el cual fluctúa entre los US $12 y los US $14. La producción proveniente del mismo está alrededor de 115.000 barriles/día, por encima de la producción de Rubiales, considerado el mayor campo productor en territorio nacional, representando el 15% de la producción total de ECOPETROL.

Además, las reservas a su haber están cifradas en 189 millones de barriles equivalentes, lo cual representa el 10% de todas las reservas con las que cuenta la estatal petrolera.

Y, como si lo anterior fuera poco, hablando de su rentabilidad, el margen EBITDA se sitúa en el 76%, en comparación con el promedio del resto de la operación de ECOPETROL que está entre el 30% y 40%.

De llegar a prosperar el dislate de vender su participación en el Permian empeoraría la situación financiera de la empresa, la cual ha registrado una caída de sus utilidades, que completó en junio pasado 10 trimestres consecutivos a la baja, un 78% en términos reales, entre los años 2022 y 2025.

De no ser por el Permian la situación habría sido más apremiante y de paso la de las finanzas del Estado, toda vez que dependen en gran medida del giro de los dividendos que le reporta como su principal accionista con el 88.49% de las acciones.

Renunciar al Permian sería una pésima imitación de quien invita a sus contertulios convidándolos a irse a otra fiesta ya que la que disfrutan está tan buena.

Según el experto Sergio Cabrales, “vender con descuento el negocio del Permian de ECOPETROL, valorado en aproximadamente US $5.500 millones, podría representar una disminución del 30% de la cotización actual de la acción”. Y la cereza del pastel sería que ECOPETROL tendría que pagar una penalidad por su desistimiento del orden de los US $400 millones.

De allí la reacción de parte de quienes hemos tenido la responsabilidad de conducir la política pública en materia de hidrocarburos, de los expertos y conocedores del sector, así como la férrea oposición a este desaguisado de parte de la Unión Sindical Obrera (USO,) la cual, por boca de su presidente, Cesar Loza, manifestaron su decisión de irse a la huelga a defender la empresa que ellos mismos gestaron con otra huelga, por considerar que este sería “un error que pone en serios riesgos las finanzas de ECOPETROL”. Un exabrupto.

Otra razón que nos llevó a encender todas las alarmas es el antecedente de lo que ocurrió con la fallida negociación que venía adelantando ECOPETROL para participar en la sociedad Crownrock, propiedad de la OXY para desarrollar el proyecto Oslo, ubicado en la misma cuenca del Permian.

En efecto, después de que la Junta Directiva lo había aprobado, por presiones del ejecutivo se echó para atrás y se descartó, según dijo el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, porque “el asunto es de coherencia… el petróleo sigue adelante, pero no con fracking”. De esta manera ya se había sentado un precedente al respecto, funesto, por cierto.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Finalmente, se dio el esperado pronunciamiento del presidente Petro: “TGI tendrá la opción de importar gas por Ballena y Ecopetrol por Coveñas”.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La política energética del Gobierno Petro ha sido errada y errática. Empezando por la exministra de Minas y Energía, la filósofa Irene Vélez, ahora ministra de Ambiente, que fue una veleta. Tuvo la ocurrencia de afirmar tempranamente que Colombia no tenía de preocuparse pues, según sus cálculos fantasiosos, tenía asegurado el autoabastecimiento de gas natural hasta el 2042.

Luego, quien la reemplazó, el ex ministro Andrés Camacho, sostuvo que en Colombia no había escasez de gas natural sino acaparamiento por parte de algunas empresas, las que estarían especulando con el mismo y le pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos que las investigara y sancionara. En ello lo secundó el presidente Petro, quien fue inducido al error.

Si, como lo afirmó el exministro Camacho, no había escasez tampoco había déficit y en consecuencia, según él, no había necesidad de importar gas para cubrir la demanda esencial.

Pero cuando se concretó la primera importación a comienzos de diciembre de 2024 de 40 MMPCD, ante la evidencia, salió a decir que la misma tenía por objeto tenerlo como “reserva” por parte de las empresas, no sin antes advertir que ello no podía dar lugar a aumento de las tarifas a los usuarios finales, como en efecto se dio en el interior del país, con incrementos que oscilan entre el 20% y el 32%.

Y no era para menos, puesto que mientras el precio del MMBTU de gas extraído en el país fluctuaba alrededor de US $6 el importado de transó en US $18, el triple. Cómo bien dijo la presidente de NATURGAS Luz Stella Murgas “se acabó el gas barato”.

Cuando, finalmente, por fuerza de las circunstancias, tuvieron que aceptar que había la necesidad de importar gas natural, perdieron un tiempo precioso con el embeleco de importarlo desde Venezuela o de Catar. Incluso, el presidente Petro reprendió en un Consejo de Ministros con transmisión en directo a Ricardo Roa porque ECOPETROL no estaba importando gas.

Pero a nadie se le puede pedir que haga lo imposible y ECOPETROL no estaba en capacidad de importarlo porque no cuenta con una regasificadora para hacerlo.

Afortunadamente, en marzo de este año contrató a la firma PIO SAS, para la instalación de una regasificadora en Buga (Valle del Cauca), hasta donde tendrá que transportarse el gas licuado mediante vehículos isocontenedores especializados, la cual se aspira esté a punto en el segundo trimestre de 2026.

Después de ello, para sorpresa de todos, el presidente Petro, después de anunciar que “Ecopetrol será la encargada de importar gas más económico, acabando con los monopolios privados en este proceso”, se vino lanza en ristre contra el gas natural. Espetó: “este Gobierno dijo: transición energética, que significa reemplazar, no acompañar los combustibles fósiles y ECOPETROL nos ha mamado gallo con el tema”. Y fue más lejos al preguntarse: “¿por qué vamos a estimular que tengan gas natural si muere todo el mundo?”.

Por fortuna, el ministro Edwin Palma, con una gran dosis de realismo manifestó que “hay que sincerar el tema: sí hay una escasez de gas… No lo ocultamos ni lo negamos”. Y ha sido muy pragmático, además, al terciar en la controversia que suscitó el anuncio de parte de la empresa transportadora de gas TGI, filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), de montar una planta regasificadora en La Guajira, apoyándose en la infraestructura existente en Ballena, seguido por la decisión de parte de ECOPETROL de contratar la instalación de otra en Coveñas (Sucre).

Fue enfático al afirmar que “confiamos en los proyectos de Ecopetrol, aunque confieso que me preocupan los tiempos. Y sigo creyendo que regasificar por Ballenas o Coveñas son buenas opciones. Requerimos grandeza para sacar estos proyectos adelante, más allá de los egos corporativos”.

Como después de la tempestad viene la calma, terminó imponiéndose la sindéresis con una feliz coincidencia. El presidente de ECOPETROL Ricardo Roa, primero y luego el ministro Palma, terminaron dándole su espaldarazo al proyecto de TGI.

“Ojalá podamos hacer los dos para tener más competencia”, planteó el ministro. Y no le falta razón, tanto más en cuanto la necesidad creciente de las importaciones.

Por su parte el presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega, puso las cosas en su punto: “ECOPETROL está pensando en el mediano plazo, mientras nosotros buscamos soluciones inmediatas”. Y no le falta razón dada la premura de contar con una mayor capacidad regasificadora para evitar un eventual desabastecimiento de gas.

Y, finalmente, se dio el esperado pronunciamiento del presidente Petro. Según él, “TGI tendrá la opción de importar gas por Ballena y ECOPETROL por Coveñas”.

Esta solución de compromiso entre ambas iniciativas es salomónica y responde al interés superior de velar por la seguridad energética del país.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.  

En los últimos 20 años, la ampliación de la frontera agrícola y del área sembrada en Colombia se debe a los cultivos de caña de azúcar y palma aceitera, insumos de los biocombustibles, generando más de 90.000 empleos formales.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La mezcla de los biocombustibles en Colombia podemos considerarla como un caso de éxito. Hace 20 años, desde el 1 de noviembre de 2005, merced a la Ley 693 de 2001, de mi autoría, entró en vigor y desde entonces ha sido obligatoria.

El espíritu de la misma y la del legislador era y sigue siendo alcanzar varios propósitos: contribuir a la seguridad energética, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y las de material particulado, que tanto afecta la salud, amén del impulso a la agricultura y con ella la generación de empleo formal e ingresos en el campo.

Colombia importa el 40% de la gasolina y el 10% del diésel que se consume en el país, ello a causa de las limitaciones que acusan sus dos refinerías, Barrancabermeja y Cartagena, que opera ECOPETROL. De modo que el 10%, en promedio, de la mezcla del etanol y el biodiesel, es el mismo porcentaje en el que se reduce la dependencia de las importaciones.

De acuerdo con los registros, en Colombia los biocombustibles contribuyen a alcanzar la meta de reducir en un 51% las emisiones de GEI hacia el 2030 reduciendo 2.5 millones de toneladas de CO2 y 130 toneladas de material particulado anualmente.

Al reducir las emisiones de material particulado se está mitigando su impacto sobre la morbilidad y mortalidad, las cuales, según el DNP, le cuestan al país $12 billones, aproximadamente, 1.5% del PIB.

Los biocombustibles son mucho más que un aditivo o mezcla con el combustible motor, para constituirse en una cadena productiva agroindustrial, en la que el etanol y el aceite es un componente más de la misma. La del etanol involucra a 2.000 pequeños cañicultores y la del biodiesel a 6.000 palmeros a pequeña y mediana escala.

Es de resaltar que en los últimos 20 años la ampliación de la frontera agrícola y del área sembrada en Colombia se debe a los cultivos de la caña de azúcar y la palma aceitera, insumos de los biocombustibles, generando más de 90.000 empleos formales y bien remunerados, sobre todo en el campo, que es en donde es más intensiva en mano de obra.

Por todo ello es que el Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático afirma que “los biocombustibles son una medida determinante en la mitigación de la emergencia climática”.

Todo ello es lo que se podría poner en riesgo si llega a quedar en firme dos resoluciones que fueron publicadas para comentarios por parte del Ministerio de Minas y Energía a través de las cuales se pretende cambiar la fórmula vigente para la fijación del precio de los biocombustibles.

Como lo plantea el experto Iván Darío Arroyave, “en la práctica Colombia pasaría a fijar los precios de sus biocombustibles como si fueran importados, aunque se produzcan con materias primas nacionales, reduciendo en ingreso a los productores de etanol y biodiesel en un porcentaje del 14.5% y 23.9%, respectivamente”.

Las nuevas fórmulas reemplazarían el esquema vigente, que combina referencias internacionales con los costos reales de producir en el país, por un modelo basado en la paridad de importación, lo cual llevaría al marchitamiento de estas dos cadenas productivas con todas sus consecuencias. Por ello, coincido con Arroyave en que “resulta contradictorio que el mismo Gobierno que promulgó el COMPES 4062 de 2023 de reindustrialización debilite el sector que mejor la representa. El llamado es a evitar semejante exabrupto.

Supuestamente, con la nueva metodología se pretende “alinear”, sin lograrlo, los precios internos con los precios internacionales. Según el ministro de Minas y Energía Edwin Palma, “este es un paso hacia un mercado de biocombustibles más justo, eficiente y alineado con la realidad internacional. Modernizamos las reglas para proteger el bolsillo de los colombianos, reducir la presión fiscal y dar señales claras de competitividad al sector productivo nacional”.

A diferencia de lo que ocurre con el Ingreso al Productor (IP) en la fórmula del precio de la gasolina y el diésel, en el cual el precio paridad importación le sirve de base, que toma como referencia el mercado del Golfo de México, en donde están instaladas las mayores refinerías del mundo y por lo tanto la formación del precio refleja la de un mercado competitivo, las referencias de Houston, como lo pretende el Gobierno no es el más apropiado, dado que en EEUU la cadena de los biocombustibles está subsidiada en todos sus eslabones, desde el agricultor hasta las plantas que producen el etanol, el cual además es protegido con impuestos a las importaciones.

Y de contera la materia prima, el maíz, no se compara con la caña de azúcar, que es considerada la más eficiente energéticamente, la de mayor productividad por hectárea y, sobre todo, reduce en una mayor proporción las emisiones de GEI. Lo propio puede decirse con respecto a la palma africana cuando se la compara con otras materias primas para producir biodiesel, como la colza o la soya.

De llegar a aplicarse la nueva fórmula se daría al traste con todo lo que ha significado para el país en progreso de la agricultura, la generación de empleo e ingresos en los territorios, en ahorro fiscal y en divisas para el Estado.

Además, sería un duro revés para la Transición Energética justa que tanto pregona el Gobierno.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El fantasma de un apagón financiero y eléctrico ronda muy de cerca al Caribe colombiano.

Por: JUAN ESPINAL*

Han pasado ya cinco años desde que el Gobierno entregó la operación eléctrica del Caribe a dos nuevos actores, con la promesa de una salvación definitiva a la histórica crisis en la prestación del servicio.

Hoy, la realidad golpea de nuevo: la región con mayor potencial energético y de crecimiento económico del país sigue caminando sobre la cuerda floja.

De esa “solución empresarial” surgieron dos compañías: Air-e, intervenida y en proceso de liquidación, terminó hundida en la misma espiral de inviabilidad que debía resolver; y Afinia, filial del Grupo EPM, que pese a haber invertido más de $3 billones en modernizar la red heredada de Electricaribe, carga ahora con una cartera superior a $5,3 billones. Solo las entidades públicas le deben más de $373 mil millones. La paradoja es evidente: quienes deberían dar ejemplo de responsabilidad son los primeros en incumplir.

Pero el problema es aún más grave. Cada mes, Afinia debe destinar cerca de $400 mil millones en compras de energía, mientras recauda apenas el 80% de su facturación y sufre pérdidas cercanas al 28% por robo de energía.

Aunque la calidad del servicio ha mejorado más de un 60%, el hueco financiero se profundiza. Es un callejón sin salida: invertir para mejorar, pero perder cada vez más.

La fragilidad de las empresas energéticas amenaza la competitividad y el futuro de la región Caribe. Sin energía no hay turismo, no hay puertos, no hay agroindustria, ni manufactura.

La crisis no es técnica: es política, social y fiscal. Y está siendo agravada por un Gobierno que retiene los recursos de los subsidios (más de $413 mil millones en el caso de Afinia), y no presiona a las entidades oficiales para que paguen lo que deben.

El Caribe no puede ser condenado, otra vez, a la inestabilidad eléctrica por falta de liderazgo. Petro está jugando con fuego: si Afinia cae, el país perderá su mejor gestor de energía en la región. Sería como suspender un partido de fútbol en el entretiempo, cuando lo que se necesita es resistir y sostener la estrategia.

La única salida es un cambio profundo en la relación con el servicio: sistemas de prepago, disciplina de pago y corresponsabilidad de usuarios, gobiernos locales y nacionales. Sin eso, ninguna empresa sobrevivirá.

La pregunta es: ¿El Gobierno está dispuesto a actuar o seguirá dejando que la energía del Caribe se nos vaya de las manos?

*Representante de la Cámara por Antioquia.

Dado que las necesidades de importación de gas natural serán crecientes, ha surgido una iniciativa prometedora por parte de la Transportadora de Gas Internacional, filial del Grupo Energía Bogotá.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, el Gobierno Nacional ha terminado por aceptar que en Colombia sí hay una escasez de gas, que esta es creciente, que la producción nacional es insuficiente para satisfacer la demanda esencial y que por lo tanto se requiere importarlo para conjurar un eventual racionamiento.

Luego de admitir, por fuerza de las circunstancias, la imperiosa necesidad de importar gas vendría el embeleco de traerlo desde Venezuela primero y desde Catar después, al tiempo que el presidente Petro, en una actitud errática primero le recrimina a Ecopetrol por estarle “mamando gallo en el tema”, porque “este Gobierno dijo: transición energética significa reemplazar, no acompañar los combustibles fósiles”  e interpeló a su presidente Ricardo Roa con este interrogante: “¿por qué vamos a promover el uso de gas natural si eso es muerte?”.

Pero ello no fue óbice para posteriormente, en medio de un Consejo de Ministros el 7 de abril, manifestarle que no entendía “por qué Ecopetrol no está importando gas. El simple hecho que Ecopetrol no importe el gas como sí importa gasolina no permite negociación con los colombianos (…) la orden que yo le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y por qué no importa el gas” que requiere el país.

En el entretanto, Ecopetrol, consciente de la necesidad de su aprestamiento para importar gas, había dado los pasos conducentes para ello. En efecto, contrató los servicios de la empresa Puertos Inversiones y Obras (PIO SAS) para la instalación de una Unidad Flotante de Almacenamiento (FSU, por su sigla en inglés) en Buenaventura y una planta regasificadora en Buga (Valle del Cauca), hasta donde se transportará en isocontenedores, en estado líquido, a falta de un gasoducto, con el que no se cuenta. Operación esta compleja y costosa.

La planta tendrá una capacidad muy limitada, de sólo 60 MMPCD, si se compara con la de Sociedad Portuaria del Cayao (SPEC), instalada en Cartagena, con una capacidad de 450 MMPCD, y estará disponible en el segundo trimestre de 2026.

Es de anotar que la planta de SPEC fue instalada gracias a la iniciativa del denominado Grupo Térmico de la Costa, integrado por tres plantas generadoras (TEBSA, Termocandelaria y Celcia) y me correspondió como ministro de Minas y Energía licenciar su proyecto mediante las resoluciones 062 de 2013 y 022 de 2014.

Fue inaugurada finalizando el 2016 y desde entonces le ha servido de fuente de abastecimiento del combustible a dicho parque térmico y así poder cumplir con sus obligaciones de Oferta de Energía en Firme (OEF) adquiridas por el Cargo por Confiabilidad.

De no haber sido por SPEC el país se habría apagado el año pasado cuando la sequía que trajo el fenómeno de El Niño puso a prueba el respaldo del parque térmico, operando a su máxima capacidad, hasta cubrir el 58% de la demanda de energía.

En este contexto, y dado que las necesidades de importación serán crecientes, ha surgido otra iniciativa muy prometedora por parte de la transportadora de gas TGI, filial del Grupo Energía Bogotá (GEB).

Así lo anunció su residente Juan Ricardo Ortega. Según sus declaraciones, la misma consiste en conectar una FSRU con la plataforma de Chuchupa, en La Guajira, utilizando la licencia ambiental de una infraestructura ya existente, lo cual abreviaría los términos para su entrada en operación.

Tiene además la ventaja de contar con la infraestructura del gasoducto que opera HOCOL, empresa del grupo Ecopetrol, hoy subutilizado, pues de su capacidad de transporte de 500 MMPCD sólo transporta 70 MMPCD.

Según la compañía, esto permitiría arrancar operaciones en un año. Como lo manifestó Ortega, “contamos con el barco, el capital y la capacidad técnica para poner en marcha esta solución”.

Queda en manos del Gobierno nacional apoyar esta iniciativa para garantizar el abastecimiento en los próximos años contando con esta otra regasificadora, que tendría una capacidad mucho mayor que la de Buga, pues estamos hablando de 260 MMPCD para el primer trimestre de 2027, justo cuando el país podría afrontar una crisis de desabastecimiento, la cual se escalaría hasta los 400 MMPCD para 2029.

El proyecto anunciado por Ortega es de tal importancia y urgencia para el país que amerita ser considerado como de interés nacional estratégico (PINE) y ser tratado como tal, en aplicación del Documento CONPES 3762 de 2013, en orden a agilizar sus trámites y poder contar más pronto con tarde con esta regasificadora. Tanto más en cuanto que, según el Gestor del Mercado de Gas, Colombia tendrá una creciente necesidad de importar gas, con un déficit que pasará de 117 millones de pies cúbicos diarios en 2026 (16% de la demanda) a 224 millones en 2027 (37%) y 260 millones en 2028 (43%). 

Yo insistiría en que, pensando en el mediano y largo plazo, se contemple instalar allí un complejo bidireccional, de tal suerte que lo urgente, que es ampliar la capacidad regasificadora, no impida que se disponga también de una planta de licuefacción, previendo que, cuando sea declarada la comercialidad de Sirius y recuperemos la autosuficiencia de provisión de gas natural, dispongamos de la facilidad para exportar los excedentes.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El signo de los tiempos para las finanzas públicas en Colombia es la incertidumbre y la crisis de confianza.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Todos los países son observados por las firmas calificadoras del riesgo soberano de la deuda que ellos han contraído mediante la emisión de títulos con respaldo de la Tesorería General de la Nación, y su concepto es de mucha relevancia, pues da cuenta tanto de la capacidad como de la voluntad de los gobiernos de turno de cumplir sus obligaciones de pago, sobre todo tratándose de países considerados emergentes como Colombia.

Ello es determinante para el acceso a los recursos de financiamiento y también de la afluencia al país de la inversión extranjera directa (IED), de tal modo que una baja en la calificación se traduce en dificultades para el acceso al crédito y en el encarecimiento del mismo.

En este orden de ideas, lo peor que le puede pasar a un país es la pérdida del grado inversionista de su deuda soberana porque dicho mensaje denota riesgo y pérdida de confianza.

Recientemente, el ministro de Hacienda hizo alarde del supuesto “éxito” que se había anotado al colocar $15 billones en TES, que, según él, mostró el gran apetito por ellos, cuando la realidad es otra. Su afirmación es falaz.

Prueba al canto: los intereses pactados fueron de 11,304% para los TES con vencimiento en 2029, 12,49% los de 2033, 13,120% los de 2040, 13,196 para los de 2046 y 13,060 para los de 2050, todos por encima de los niveles registrados al cierre de 2024.

Como lo asegura el director de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía, Colombia actualmente paga la segunda tasa de interés más alta en títulos de deuda a 10 años entre las 40 economías más importantes del mundo. “Según la percepción del mercado, las tasas de interés que paga Colombia por su deuda son demasiado altas en comparación con la calificación crediticia que tiene el país. En otras palabras, el mercado considera que Colombia está pagando intereses más altos de lo que debería, dado su nivel actual de riesgo crediticio”, señaló.

Huelga decir que el desequilibrio fiscal, sumado a la reducción de la calificación, además de incrementar las tasas de los bonos de deuda pública, le resta espacio de maniobra al Banco emisor para mantener la senda de la baja de la tasa de interés de intervención, que tanto presiona el Gobierno.

Pues bien, como se recordará, en 2021, en simultánea, las calificadoras de riesgo S&P y Fitch Ratings rebajaron la nota a la deuda soberana de la deuda de Colombia de BBB- a BB+, en enero de 2024 S&P, no obstante que mantuvo la calificación BB+, rebajó la perspectiva a negativa, y en junio de 2024 la firma Moody´s, aunque mantuvo la nota en Baa2, cambió la perspectiva a negativa. Y más recientemente, a raíz del incumplimiento primero y luego del abandono de la Regla Fiscal por parte del Gobierno al apelar a la cláusula de escape de la misma, llevaron a las calificadoras de riesgo, empezando por Fitch Ratings (BB+), a revisar y a degradar la calificación de la deuda con todas sus consecuencias.

En efecto, en junio 26 Moody´s, que es la única calificadora que le mantiene el grado de inversión, éste bajó hasta el último escalón, Baa3, a un paso del grado especulativo.

En concepto de Moody´s, “la decisión de suspender la Regla Fiscal “es negativa porque confirma que el deterioro del déficit y las métricas de deuda observado en el 2024 se va a repetir en el 2025”.

Por su parte, para Fitch Ratings “la suspensión de la Regla Fiscal y las amplias desviaciones de las proyecciones presupuestarias han afectado la credibilidad de la política fiscal”.

Además, plantea que “el plan de reducción del déficit se basa en medidas de ingresos inciertas, incluyendo una reforma tributaria no especificada y recortes de gastos atrasados que implementará la próxima administración… La falta de medidas de consolidación detalladas en el Marco Fiscal y su calendario propuesto implican una gran incertidumbre en las perspectivas de implementación”.

En estas circunstancias, tramitar y aprobar por parte del Congreso de la República el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado a su consideración por el Congreso, no obstante estar desfinanciado, es una pésima señal, pues las firmas calificadoras de riesgo tomarán atenta nota y pueden deteriorar más la calificación, al tiempo que se le dificultará aún más el acceso al crédito a Colombia, amén del encarecimiento de su deuda.

Huelga decir que, con el aumento de la deuda pública, que ya supera el 60% del PIB y el servicio de la misma, le resta espacio en el PGN a la inversión, que es la única partida flexible del mismo.

Si bien el ministro de Hacienda accedió a recortar $10 billones al monto del mismo, quedando en $546.9 billones, $16.9 siguen sin respaldo presupuestal, por lo que será menester aplazar o recortarlo, de no aprobarse por parte del Congreso el proyecto de ley de financiamiento para arbitrarlos, como ya sucedió con el presupuesto de la actual vigencia.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La situación del sector energético colombiano tiende a agravarse. Viene de mal en peor, sin que se vislumbre una solución.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio de energía sigue latente. Yo distingo el riesgo inmanente del riesgo inminente. En cuanto al primero, al depender de una matriz eléctrica en donde la capacidad instalada hídrica supera el 60%, estamos expuestos a un riesgo de racionamiento cuando nos enfrentamos a una hidrología crítica a causa del Fenómeno de El Niño, tanto más cuando de los 24 embalses que sirven a las hidroeléctricas solo uno de ellos, el de El Peñol, con el que opera Guatapé, tiene una capacidad de regulación que supera el año, el resto de ellos es de cuatro meses. 

En cuanto al riesgo inminente, gravitan sobre el sistema dos factores determinantes del mismo. El primero de ellos es el estrés del Sistema de Transmisión Nacional (STN), debido al déficit de la oferta de energía en firme (OEF) con respecto a la demanda, que crece a un ritmo que duplica el crecimiento de la oferta.

De allí que, según la firma XM, que administra el mercado mayorista y opera el STN, en este momento la OEF está en 237.55 KWH y la demanda en 241.89 KWH, un déficit de -1.8%, el cual será mayor el año entrante, estimándose en -2.5%.

Y ello obedece, a su vez, al ostensible atraso en la ejecución de importantes proyectos tanto de generación como de transmisión, empezando por Hidroituango, que ha debido entrar en operación en 2018, pero debido a la contingencia que se presentó en sus 8 unidades, con capacidad de 300 MW de potencia cada una, hasta la fecha solo han entrado 4.

También es debido a los 2.400 MW de capacidad de generación eólica que fueron asignados en las subastas entre 2019 y 2021, y de los primeros parques eólicos a instalarse en La Guajira hasta la fecha a duras penas ha entrado uno de ISAGEN de solo 24 MW, el 10%. 

El otro factor que amenaza con un riesgo de racionamiento inminente es la crítica situación financiera que afrontan las empresas comercializadoras de energía, debido fundamentalmente a la deuda de los usuarios por concepto de la Opción Tarifaria, cuyo saldo al corte de agosto de 2025 era del orden de $2.6 billones, de los cuales el presidente Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la de los estratos 1, 2 y 3, que representa el 80% de la misma, pero hasta la fecha es una promesa incumplida.

A ello se suma la deuda del Gobierno Nacional para cubrir los subsidios al consumo de los estratos1, 2 y 3, que las empresas ya les descontaron y el Gobierno debe reintegrarles a ellas. Al corte de agosto, dicha deuda ascendía a $2.4 billones. A ello se vienen a sumar deudas con las distribuidoras de gas natural por $760.000 millones y a las de GLP por $41.700 millones.

Y lo más grave es que en el Presupuesto de la actual vigencia solo se apropiaron los recursos para cubrir los subsidios del primer trimestre de 2025. Es decir que los tres restantes trimestres está desfinanciados. 

De tal modo que el faltante en el Presupuesto de la actual vigencia asciende a $3.6 billones, de los cuales $2.7 billones corresponden a energía eléctrica. Entre tanto, para la vigencia de 2026, en el proyecto de Presupuesto de $8.9 billones que se van a requerir, el aforo es de sólo $7.5 billones.

Esta situación llevó a la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos de la empresa Air-e, que les presta el servicio a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Y la razón fue su insolvencia, iliquidez y falta de flujo de caja, que la llevó a acumular deudas con sus proveedores del orden de $1.9 billones, la cual quedó en suspenso su pago con la intervención y la contraída con posterioridad a esta ya asciende a los $1.7 billones, de los cuales $1.5 billones corresponden a la deuda contraída con las empresas generadoras por la energía que le han despachado.

La Superintendencia se ha cruzado de brazos, y dice que el Fondo Empresarial que administra y que es la fuente de ingresos para solventar a las empresas intervenidas está también insolvente y por ello no le puede girar a Air-e ni un peso. 

Tal situación llevó a los organismos de control (CGR y PGN) a pronunciarse, alertando sobre el riesgo inminente de un apagón financiero de las empresas comercializadoras que puede llevar a un efecto dominó que puede conducir a una falla sistémica en la prestación del servicio.

La reticencia del Gobierno a girar lo que adeuda a las empresas comercializadoras y evitar el colapso de la empresa Air-e, a sabiendas del riesgo inminente de un racionamiento, lo lleva a uno a concluir que, imitando la política que tiene al sector salud en la UCI, estamos en presencia de una crisis inducida del sector eléctrico. La Superintendencia, con su inacción, se ha convertido en parte del problema.

Mensajes del presidente Petro con afirmaciones falaces y tendenciosas como que “Colombia es el único país en América Latina donde las tarifas de energía no están reguladas por el Estado”, a sabiendas de que sí las regula a través de la CREG, y llegando al extremo de decir, mentirosamente, que “unas pocas empresas en manos de unos pocos pueden fijar precios que benefician sus propios intereses y no los de la gente”, y que en consecuencia “las tarifas de energía que hoy nos cobran en Colombia son ilegales”, son señales que atentan contra la confianza inversionista y contra la percepción de la estabilidad jurídica, a causa de los reiterados anuncios de reformar las leyes 142 y 143 de 1994, con el ánimo de intervenir el mercado y fijar los precios y tarifas a su arbitrio. 

Es sabido que es más fácil hacer política con los precios y tarifas que agenciar una política de precios y tarifas.

Como dijo el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, “las inversiones en confianza no son menos importantes que las inversiones en capital humano y maquinaria”. 

Concluimos diciendo que el signo de los tiempos que corren en el sector minero-energético es la incertidumbre, la cual, en lugar de atraer a la inversión y a los inversionistas, los aleja.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Se repite la historia de hace un año, cuando se presentó el proyecto de ley de presupuesto con un desfinanciamiento de $12 billones y se intentó infructuosamente que el Congreso de la República le aprobara una ley de financiamiento por ese mismo valor para tapar el hueco.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El ministro de Hacienda Germán Ávila radicó en el Congreso de la República el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2026, aforado en un monto de $556.9 billones, equivalente al 28.9% del PIB, con un incremento del 9% con relación a los $511 billones de la actual vigencia y del 14.1%, si se excluye el rubro de servicio de la deuda.

También presentó un proyecto de ley de financiamiento, contentiva de una reforma tributaria con el fin, según el, de que “se discuta paralelamente con la propuesta de PGN”.

Se repite la historia de hace un año, cuando se presentó el proyecto de ley de presupuesto con un desfinanciamiento de $12 billones y se intentó infructuosamente que el Congreso de la República le aprobara una ley de financiamiento por ese mismo valor para tapar el hueco.

Ante la negativa del Congreso, el presidente de la República terminó decretando el PGN de la actual vigencia, viéndose compelido a decretar el congelamiento de dicha suma para equilibrar el presupuesto.

Pero esta vez el monto del faltante es más del doble de dicha suma, ahora asciende a la suma de $26.3 billones, 4.72% del monto global, los cuales se pretende recaudar con la socorrida ley de financiamiento.

Ante la reticencia del Congreso de la República de aprobar una segunda reforma tributaria en el cuatrienio, después de la de 2022, que estuvo precedida por la del presidente Duque en 2021, en este última legislatura, signada por el agitado clima pre-electoral, con la desintegración del quorum de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes por parte de la bancada oficialista en momentos en los que se discutían propuestas para bajar y ajustar el monto del presupuesto, acorde con la expectativa de ingresos, se le allanó el camino al presidente Petro para que este decrete, una vez más, el PGN para el año entrante, dado que se agota el 15 de septiembre el plazo para evacuarlo por parte del Congreso.

El Presidente emplazó al Congreso de la República, alegando su propia culpa del desaforado ritmo del gasto, afirmando con total desenfado que “el Estado va a quebrar si el Senado no aprueba la Ley de financiamiento”. Y fue más lejos al espetar que “todas las cifras lo dicen… nos hundiremos en la barbarie”.

En todo caso, el plazo límite para la aprobación del monto se agotó, con lo cual el Gobierno se ha salido con la suya en esta primera instancia, ahora resta saber si antes del 20 de octubre se aprueba el articulado del proyecto de PGN por parte del Congreso de la República o el Gobierno se sale con la suya, recurriendo al filibusterismo que tanto ha criticado cuando la practica la oposición.

Aunque el ministro  Ávila aduce que “no hemos evaluado un plan B”, el hecho cierto es que ello le conviene al Presidente, quien no disimula su deseo de que quede en sus manos decretarlo, pues ello le permite esquivar el debate en el Congreso de la República, el cual podría poner en riesgo la aprobación de varios artículos que le dan facultades omnímodas al ejecutivo, entre ellos la de modificar y reprogramar lo atinente a las vigencias futuros, intento que ha sido muy controvertido y cuestionado por poner en riesgo la confianza inversionista y la seguridad jurídica, al dejar en el limbo obras ya contratadas.

Y ello pese a la advertencia de que la Contraloría General le advirtiera que “las vigencias futuras son de única destinación” y, en consecuencia, “no deben ser reprogramadas ni destinadas a otros fines”.

Las críticas al proyecto de presupuesto por parte de los expertos y de los centros de pensamiento no se han hecho esperar. Como contexto es importante destacar que el mismo está precedido por la decisión del Gobierno Nacional de recurrir a la cláusula de escape de la Regla Fiscal para desembarazarse de su cumplimiento y tener las manos libres para gastar sin límites.

Según el director Ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, lo que está pasando con el PGN refleja un grave problema de planificación financiera en el Gobierno, al presentar presupuestos que no son financiables, y remató diciendo que “hay montos desbordados y baja capacidad de recaudo” y que con el crecimiento del PGN en un 9%, el triple de la meta de inflación objetivo que se ha fijado el Banco de la República, “no se están dando señales de apretar el cinturón”, como lo aconseja la responsabilidad y la sostenibilidad fiscal.

Al escudriñar las cifras de las distintas partidas del proyecto de PGN, además del crecimiento desproporcionado del monto del mismo, que no se compadece con los precarios ingresos, llama poderosamente la atención el crecimiento de la asignación a los gastos de funcionamiento ($365.7 billones), que es del 11.1%, insuflados fundamentalmente por la hipertrofia de la burocracia, particularmente de los contratos por prestación de servicios (OPS), los cuales se incrementaron, sólo  en las entidades centralizadas, según el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), el 40% entre 2021 y 2024, al pasar de 45.000 a 63.000, con un costo de $3.2 billones, aproximadamente.

En total, entre agosto de 2022 y julio de 2025 se han firmado 382.858 OPS, con un costo aproximado de $14.6 billones, equivalente al rubro correspondiente a la inversión.

Dicho de otra manera, si se prescindiera de tanta burocracia parasitaria y se hiciera una liposucción a ese gasto inútil, se podría reducir el desfinanciamiento a $11.7 billones, en lugar de los $26.3 billones.

Sólo en 2025 se registraron 101.120 nuevos contratos, por valor de $4.87 billones. Ello, a contrapelo de la retórica del Gobierno y su reforma laboral, las cuales propenden por la formalización laboral y en contra de la precarización del empleo.  

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.