Ecopetrol dice que salida del MSCI no obedece a su desempeño

En un comunicado, la Empresa señaló que la salida de este índice no refleja el destacado desempeño financiero y operativo de l Grupo Ecopetrol. De hecho, la acción de la empresa es una de las más transadas en la Bolsa de Valores de Colombia.

15 de noviembre de 2022.   La compañía MSCI publicó el 10 de noviembre pasado la nueva composición de sus diferentes índices bursátiles a nivel mundial. Sobre el de Colombia, manifestó que Ecopetrol no hará parte de ese índice a partir del próximo 30 de noviembre por la actualización de cálculos metodológicos relacionados con la cantidad de acciones que se transan libremente (flotante) y con el valor mínimo de mercado de las mismas (capitalización del flotante).

La metodología incluye requisitos específicos para empresas con un flotante inferior al 15%, como es el caso de Ecopetrol que cuenta con cerca del 11,5% que se transa en las Bolsa de Valores de Colombia y en Estados Unidos (Nueva York Stock Exchange). El 88,5% restante, que no se transa en las bolsas, es propiedad de la Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con Ecopetrol, “la situación reportada en el índice no obedece a la liquidez de la acción, que continúa siendo una de las más transadas en la Bolsa de Valores de Colombia.”

La salida de Ecopetrol de dicho índice tampoco refleja el desempeño de la empresa. En el tercer trimestre de 2022 Ecopetrol alcanzó una producción de 720 mil barriles de petróleo equivalente por día y registró los mejores resultados financieros de su historia, con ingresos por $120 billones en los primeros nueve meses del año, un Ebitda de $59 billones y utilidades netas por $27 billones.

Por otro lado, las ventas externas del Grupo Ecopetrol crecieron 96% a septiembre de 2022, al pasar de $29,9 billones en los primeros 9 meses de 2021 a $58,8 billones en el mismo periodo de este año.

Pese a su salida del indicador MSCI, la acción de Ecopetrol no ha tenido contratiempo en la Bolsa de Valores de Nueva York, como sí los tuvo en la de Colombia al cierre de la semana pasada.

Luego de las buenas noticias que recibieron los accionistas sobre el desempeño de la petrolera colombiana en el tercer trimestre del año, la acción en la Bolsa de Valores de Colombia el viernes registró una desvalorización de 11,4%.

El inesperado movimiento del título bursátil se dio por la salida de los ETF MSCI Global o fondos cotizados, que mide el rendimiento de los segmentos de mediana y gran capitalización del mercado.

Según analistas, la exclusión de este índice internacional puede estar soportada en la incertidumbre ante las medidas que el Gobierno pueda tomar al interior de la compañía.

Otro de los factores para la salida de la acción de este indicador pueden ser los anuncios de no realizar fracking hasta que el Gobierno Nacional tome una decisión al respecto.

Como se recordará el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, dijo en días pasados que los pilotos de yacimientos no convencionales que se adelantan en el Magdalena Medio en asocio con ExxonMobil quedaban suspendidos.

La semana pasada se celebraron los primeros 15 años de su inscripción en la Bolsa de Valores de Colombia luego de haber realizado en 2007 el mayor proceso de democratización accionaria del país. Ecopetrol cuenta con cerca de 254.000 accionistas e indirectamente llega a más de 18 millones de colombianos a través de la participación que tienen los fondos de pensiones en la empresa.

TGI presenta resultados positivos al cierre del tercer trimestre de 2022

15 de noviembre de 2022.   La Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá, presentó su gestión del tercer trimestre del año 2022 resaltando un desempeño económico positivo con crecimientos del 16,5% en su utilidad operacional; 5,5% en sus ingresos y 7,2% en el EBITDA, comparado el mismo periodo del año 2021. También resalta el incremento en volumen de gas natural transportado de 21 millones de pies cúbicos día (MPCD) para un total de 511 MPCD entre los meses de julio a septiembre.

A la fecha son más de seis millones de dólares de nuevos ingresos fruto de contratación adicional. La gestión comercial muestra una dinámica sobresaliente en segmentos como industria con 13,2 MPCD y movilidad con 4,9 MPCD, lo cual se traduce para los colombianos en el uso una energía más limpia para el transporte, la fabricación de productos y servicios, y mejor calidad de aire.

En el periodo señalado, TGI avanzó en su agenda de innovación en hidrógeno con la constitución de dos proyectos piloto. El primero, Hidrógeno distribuido en motores de compresión; el segundo, Hidrógeno distribuido en Transmilenio; ambos cuentan con alianzas estratégicas para el desarrollo de la cadena.

Además, la compañía avanza en el cumplimiento de su hoja de ruta de descarbonización, no solo con el 72% de avance en su plan para la reducción de emisiones, sino que también continúa su agenda ambiental con soluciones basadas en la naturaleza a través de las cuales promueve la conservación de la fauna y la flora.

En materia social, celebra ser una compañía de Puertas Abiertas con la participación de mujeres 70% en la alta dirección; 44% en Junta Directiva. Desde la perspectiva de gestión social en territorio, su impacto ha estado concentrado en brindar mayor acceso al gas natural.

“Para este periodo beneficiamos a más de 2.900 personas con acceso a gas natural, gracias a nuestro programa de gasificación rural en los municipios de Jesús María y Florián, Santander. Ese es el significado de mejorar vidas con energía sostenible y competitiva”, asegura Mónica Contreras Esper, presidente de TGI.

ACP: Si pierde la industria de hidrocarburos, pierde el país

En la apertura de la V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía que se lleva a cabo en Bogotá hasta el 18 de noviembre, los gremios del sector expresaron que la Transición Energética no es incompatible con el sector de hidrocarburos; es más, este es necesario para financiarla además de soportar las finanzas de la Nación.  

15 de noviembre de 2022.   Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombia del Petróleo y Gas (ACP), dijo durante la inauguración de la V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, que “si pierde la industria de hidrocarburos, pierde el país, por eso no contemplamos ese escenario (el del marchitamiento del sector), confiamos en que en la discusión que se está dando prime la sensatez y el interés de todos los colombianos”, dijo al dar inicio al máximo evento del sector.

Los gremios organizadores del evento (la ACP, Campetrol, ACIEM y la ACGGP hicieron un llamado para que la política energética, que incluye la política de hidrocarburos, sea una herramienta para promover equidad, la superación de la pobreza y el crecimiento económico y social en el país, en un marco de protección ambiental y gestión del cambio climático. 

Esto considerando que, en la actualidad, persiste una gran incertidumbre sobre el futuro del sector hidrocarburos en el país, pese a que la industria del petróleo, gas y combustibles líquidos contribuye significativamente a las finanzas del Gobierno nacional y de las regiones, y sus aportes fiscales apalancan inversiones en proyectos socioambientales estratégicos que aportan a la reducción de las desigualdades y la pobreza energética, en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En efecto, Nélson Castañeda, presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de Bienes y Serivicos del Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), señaló que en 2021 el sector le generó a la Nación recursos por 36 billones de pesos, con un precio promedio del crudo de 73 dólares por barril, y que el 2022 cerrará con más de 61 billones de peos, con un precio superior a los 90 dólares el barril; es decir, que solo el sector hidrocarburos le aportará a las finanzas públicas tres reformas tributarias.

Los gremios organizadores de la V Cumbre reiteraron que el sector está listo para continuar aportando y ser fuente de desarrollo de Colombia y, para ello, el país requiere contar con una política pública que promueva la sostenibilidad del sector energético, de las empresas dedicadas a la exploración y producción de petróleo y gas, incluidas las privadas, y permita aprovechar su potencial para impulsar la transición energética y la transformación de Colombia.

“Esta industria ha sido aliada del progreso de Colombia y de miles de colombianos en las regiones donde ha operado, y está lista para seguir construyendo y aportar en la definición de la hoja de ruta de la transición, en el marco del gran diálogo social nacional; a la vez que esperamos poder continuar explorando y produciendo el petróleo y el gas claves para la seguridad energética del país y para aprovechar los recursos que genera el sector para beneficiar con proyectos sociales y ambientales a las comunidades y apalancar la transición energética”, aseguró Lloreda Mera.

En los próximos años, la transición energética a nivel global y en Colombia jugará un papel fundamental, por ello, el sector hidrocarburos también está comprometido con la gestión y mitigación del cambio climático; ejemplo de ello, desde el 2018, con corte a 2021, el sector de hidrocarburos ha desarrollado 92 proyectos asociados con cambio climático (mitigación, adaptación y gobernanza), que representan una inversión de $3,5 billones.

“El sector está convencido de la necesidad de hacer una transición energética justa y ordenada, y en ese sentido, la diversificación en curso es el camino apropiado para alcanzar la anhelada transición, asegurando la competitividad y las condiciones macroeconómicas del país”, explicó Nelson Castañeda.

Desafíos del sector de hidrocarburos

De acuerdo con los gremios organizadores de la Cumbre, Colombia necesita una política energética responsable, que contribuya no solo a garantizar el abastecimiento energético seguro, sino a la estabilidad macroeconómica y fiscal, y que tenga en cuenta las necesidades de las regiones en materia de regalías y transformación productiva.

Y para lograrlo es clave continuar explorando y produciendo petróleo y gas nacional, y exportando hidrocarburos para contar con recursos fundamentales para la Nación, al tiempo que se avanza en la transición y se fortalece la lucha contra el cambio climático. 

Precisamente, durante cuatro días, Bogotá será el escenario de la V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía: geopolítica, transición y seguridad energética, la cual reunirá a los actores más importantes del sector para discutir los desafíos que plantea la actual coyuntura global y nacional para un sector fundamental para la estabilidad macroeconómica y para el desarrollo social de Colombia.

Consulte la agenda en https://cumbrepetroleoygas.com/

Captura y uso del CO2

Junto con el hidrógeno, a Colombia llegó una política de incentivos para bienes y servicios que permitan capturar y utilizar el carbono. Esos incentivos son oportunidades para que los interesados intensifiquen su presencia en Colombia.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

14 de noviembre de 2022.   El dióxido de carbono (CO2) que producen algunos sectores o industrias se puede capturar y almacenar, pero, también usar. Los bienes que permitan capturar, almacenar y usar el CO2 gozarán de beneficios tributarios sobre la renta, exclusión del IVA y depreciación acelerada de los equipos.

El CO2 es un gas sin color que resulta de varios procesos industriales y de la combustión de combustibles fósiles. El reto es darle uso para no liberarlo a la atmosfera, por un lado, y, por otro, lograr monetizarlo para que en vez de ser satanizado sea valorizado.

Lo primero que se debe tener en cuenta es que el uso del CO2 puede, o no, involucrar su conversión. Dentro de los usos más comunes están los siguientes:

  • La producción de soda y bicarbonato para hacer vidrio a nivel industrial puede iniciarse con CO2,
  • CO2 para policarbonato. Los polímeros son un grupo especial para la producción de plásticos y resinas,
  • El CO2 puede ser usado como entrada para los procesos de producción de concreto,
  • El CO2 se usa en la horticultura en ciertas regiones del mundo o en invernaderos, para enriquecer el ambiente de crecimiento y el rendimiento de ciertos cultivos,
  • Crecimiento de algas. Una forma de usar el CO2 es el cultivo de algas para producir sustitutos comerciales del petróleo, y
  • El CO2 se usa para producir metanol verde y se destina para combustible en vehículos semipesados y pesados, o en blending con gasolinas.

El escalamiento del uso del CO2 va a requerir de una normativa y regulación para que se logren reducciones significativas de sus emisiones y, desde luego, la elaboración de contratos y acuerdos especiales para potencializar su desarrollo en Colombia.

*Socio fundador de OGE Legal Services

Entre la insatisfacción y la incertidumbre

Sigue latente la indignación de los usuarios del servicio de energía por el alza desmesurada que han tenido las tarifas en los últimos meses, afectándoles el bolsillo y el poder adquisitivo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

14 de noviembre de 2022.   En primera instancia, el presidente Gustavo Petro, haciendo eco de la protesta ciudadana, anunció medidas e incluso amenazó con intervenir la CREG, si ello era necesario para reducirlas.

Siguiendo sus instrucciones, la ministra de Minas y Energía Irene Vélez les hizo un llamado a los generadores y comercializadores de energía para que renegociaran sus contratos bilaterales con el fin de rebajar la tarifa en un rango entre el 4% y el 8%, objetivo este que se cumplió a medias, porque al final la reducción de la tarifa fue irrisoria. La propia ministra reconoció que la rebaja no había ido más allá del 2.7%.

Y no era para menos, pues dicha renegociación se circunscribió prácticamente a la revisión y cambio, que efectivamente se dio, del indexador aplicado a la tarifa, el Índice de Precios al Productor (IPP), que, como se recordará dio un salto desde el 4% en 2020 al 34% en 2022. En efecto, acordaron que, en adelante, se utilizará como indexador en la fórmula tarifaria el menor valor que se registre entre el IPP y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En vista de que este alivio, producto de lo que llamó la ministra un Pacto por la justicia tarifaria, no le movió la aguja a la factura que les llegó a los usuarios en noviembre, cuando la expectativa era mayor, la ministra anunció en su visita a Barranquilla, ante el requerimiento que le hicieron los usuarios y las autoridades regionales, que vendrá “una segunda fase para que en términos regulatorios se puedan renegociar a final de año más de 900 contratos entre generadores y comercializadoras”.

Este anuncio ha causado desazón e incertidumbre entre estos porque temen que el gobierno les meta mano a las tarifas y por esta vía se llegue a comprometer la suficiencia financiera de las empresas.

Analizando las causas y las consecuencias de las desmedidas alzas de las tarifas del servicio de energía, desfasadas con respecto a la tasa de inflación, que alcanzó el 12,2 % anual al corte de octubre, la preocupación persiste porque no se avizora una solución de fondo a esta problemática en el corto plazo y ello angustia a los usuarios, tanto los regulados como los no regulados.

Cabe advertir que el aumento pudo haber sido mayor de no aplicarse la llamada opción tarifaria, que es un truco que se inventaron para amortiguar el impacto del alza, parte de la cual se difiere su pago, de tal modo que el usuario, sin percatarse de ello, viene contrayendo una deuda con la empresa que le presta el servicio, sobre la cual además deberá pagar intereses, la cual acumula una cifra que supera ya los $4 billones. Y no hay que perder de vista que no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague.

El promedio de dichas alzas supera el 24% a nivel nacional, pero en la región Caribe ha superando el 40%, casi el doble de la del resto del país. De los 6 componentes de la tarifa (CU = G + T + D + C + R + PR), los que más han estado impactando el aumento de las tarifas, además de IPP, que ya se modificó, es el cargo por las restricciones (R). Lo que resulta inadmisible es que siendo que estas obedecen a atrasos en la ejecución de los proyectos de generación, como ha ocurrido con Hidroituango o de transmisión, ese sobrecosto tenga que asumirlo el usuario y no el responsable de dichos atrasos. Por eso demandamos de la CREG que corrija esta inequidad y que las restricciones las pague quien las cause. Esto no es mucho pedir.

En el caso de la región Caribe, lo que marca la diferencia entre el alza de las tarifas a los usuarios de Air-e y Afinia, con respecto al resto de usuarios del país son las pérdidas reconocidas (PR), porque, a diferencia de los demás, en donde solo se cargan en la tarifa las pérdidas técnicas, en su caso se reconocen las que se denominan eufemísticamente no técnicas, que no son otra cosa que la energía que se roban, la que no se paga por parte de los morosos y las correspondientes a las instalaciones fraudulentas.

La ministra Vélez afirmó que “la región Caribe verá una mayor reducción en esas tarifas mientras seguimos trabajando en soluciones estructurales”. Ello está por verse, lo cierto es que mientras no se le encuentre solución a esta clavija que le están metiendo a los usuarios las tarifas no van a bajar.

La solución es estructural y pasa por cambios normativos y regulatorios que apenas se empiezan a discutir, y que tienen que ver con la formación de los precios en el mercado mayorista para darle a este señales más eficientes, en la operación y despacho de las plantas, los cuales hay que revisar y ajustar, lo mismo lo atinente a los servicios complementarios, ahora que las fuentes no convencionales de energía renovables (FNCER) se están integrando y acoplando a la matriz energética.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Chilena Lipigas invierte en estaciones de GNL y GNC en Perú

La empresa chilena Lipigas, a través de su filial Lima Gas, adquirió el 60% de las acciones de Limagas Natural Movilidad, que se dedica a la construcción y operación de estaciones de servicio de GNL y GNC para camiones y otros vehículos, así como otros negocios relacionados con la comercialización de GNL para su uso en transporte marítimo y minero.

22 de noviembre de 2022.   Lipigas planea invertir US$2,5 millones en 2023 para desarrollar las primeras estaciones de servicio de GNL para el transporte de larga distancia. La inversión se enmarca en la experiencia de la empresa en el uso de GNL en camiones pesados ​​en Chile y las posibilidades que ofrece la decisión de los sucesivos gobiernos de Perú de impulsar el uso del gas natural producido en el país.

“Lipigas está desarrollando una estrategia corporativa de transformación, crecimiento y diversificación del negocio para los próximos años, que le permitirá seguir siendo una empresa líder en el sector energético, preparada para asumir las nuevas oportunidades que se están generando en el negocio y en otros donde puede aprovechar las capacidades y herramientas que ha desarrollado a lo largo de los años. Vemos un gran potencial de crecimiento en Perú y nuestra estrategia busca aumentar nuestra participación en este mercado”, dijo el gerente General de Empresas Lipigas Ángel Mafucci.

La adquisición está en línea con el trabajo que Lipigas ha realizado durante el último año sobre el uso de GNL en el transporte de carga. En septiembre de 2021 inauguró su primera estación de servicio en Chile para camiones pesados ​​que operan 100% a GNL, ubicada en las oficinas de Transportes San Gabriel, en Linares, Región del Maule. 

La instalación permite el despliegue de la flota de GNL más grande del país con un alcance de hasta 1.600 kilómetros en la Ruta 5 Sur.

Lipigas está desarrollando una estrategia que tiene como objetivo lograr una posición relevante para 2030 en el campo energético de América Latina, así como expandirse a otras áreas de negocios adyacentes a sus capacidades.

Consejo de Estado suspende nombramiento de comisionada de la CREG

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del acto de nombramiento de Sara Vélez Cuartas como experta de la planta de personal de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

11 de noviembre del 2022.   El acto fue demandado porque, a juicio del accionante, en este caso no se acreditaba el cumplimiento de un requisito consistente en contar con seis años de experiencia técnica en el sector energético.

Además, adujo que Vélez estaba inhabilitada para el ejercicio del cargo porque durante el año previo a su designación ostentó el cargo de integrante de la junta directiva de la Electrificadora del Meta (EMSA SA ESP). Si bien este rol lo desempeñó en calidad de delegada del ministro de Minas y Energía, esta circunstancia no está prevista como excepción para los integrantes de juntas directivas de empresas de servicios públicos, como Ecopetrol.

Por estas razones, la parte actora también solicitó que se emitiera una medida cautelar, buscando que se suspendiera la designación, mientras se emitía un fallo que resolviera la controversia de fondo.

El Consejo de Estado consideró que la condición de miembro de la junta directiva de la Electrificadora del Meta que ejerció la funcionaria sí constituye el rol de administrador de una empresa de servicios públicos que la ley establece como un factor inhabilitante.

Dado que la designación como experta de la CREG de la demandada se produjo antes del plazo de un año permitido por la ley para que no se configure tal factor de inelegibilidad, la sala consideró que se daban las circunstancias para conceder la suspensión solicitada, en atención a la vulneración del numeral 2º del artículo 44 de la Ley 142 de 1994.

Esta determinación supone que, mientras no se decida otra cosa, el acto de designación de la servidora en la Comisión de expertos se mantendrá suspendido provisionalmente, hasta que se decida de fondo la demanda.

Fuente: Consejo de Estado

Expertos analizarán el futuro del petróleo y el gas en Colombia

Expertos nacionales e internacionales discutirán en la V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía: Colombia Geopolítica, transición y Seguridad Energética, los desafíos del sector en Colombia y en el mundo. Se espera la participación de más de 3.500 asistentes del 15 al 18 de noviembre de 2022 en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá. 

11 de noviembre de 2022.   En medio de la discusión que ha suscitado durante los últimos meses el futuro energético de Colombia, expertos nacionales e internacionales, empresarios, funcionarios del Gobierno y líderes de opinión debatirán en la V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, entre el 15 y el 18 de noviembre en Bogotá, el rol de esa industria para la economía del país y su peso como motor para su diversificación.

Como han adelantado los organizadores de la Cumbre, que espera reunir cerca de 3.500 personas en el centro de convenciones Ágora de la capital colombiana, las coyunturas internacionales y nacionales harán parte de la discusión, en torno a temas como geopolítica, transición, seguridad energética y el panorama macroeconómico. 

“Si el argumento es avanzar a pasos agigantados en la transición energética, el sector está convencido firmemente de que la diversificación energética, como debería ser llamada, se trata un proceso ordenado, en función de las condiciones de mercado y de las condiciones macroeconómicas del país, no debe ser forzada”, explicó Nelson A. Castañeda, presidente Ejecutivo de Campetrol. 

Precisamente, ante varios señalamientos de diversas corrientes políticas sobre su proyecto energético, el presidente Gustavo Petro aclaró a finales de octubre en su cuenta de Twitter que “en ninguna parte del país se ha prohibido ni el petróleo ni el gas” y que “seguirán produciéndose normalmente”.

Por su parte, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, que estará presente en la instalación de la V Cumbre, ha dirigido la atención de estas discusiones a la necesidad, según el Gobierno, de “mejorar sustancialmente la gestión de recursos de hidrocarburos y apalancar la transición energética” de una industria considerada vital por la contribución a las finanzas estatales.

Según datos del DANE, Colombia ha exportado más de 503 mil millones de dólares entre 2011 a 2021 en productos minero energéticos, entre ellos el petróleo, el gas y el carbón. Estas actividades representan, además, la principal fuente de divisas para el país.

“Este será un espacio de encuentro de una industria que mueve el país. Esperamos que aquí podamos discutir los temas que le interesan y preocupan a todos los sectores, para continuar en una línea de crecimiento que favorezca a todos los actores que participamos”, añadió Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).

La V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía: Colombia Geopolítica, Transición y Seguridad Energética tendrá una amplia agenda académica, con más de 30 conferencistas invitados y espacios técnicos alrededor de las innovaciones del sector, una feria empresarial de más de 100 stands comerciales que espera generar nuevos negocios entre las compañías energéticas más importantes de la región.

Para hablar de la relevancia de esta industria en la economía nacional, se destacan presentaciones como el conversatorio programado para el 16 de noviembre sobre “Transiciones energéticas e impacto económico”, con invitados como Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo; el senador Mauricio Gómez Amín, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el presidente de UTIPEC, Alejandro Ospina.

También ante la pregunta: “¿Cómo conciliar las necesidades energéticas y los desafíos sociales y ambientales?, expertos de entidades como el CREE, Fedesarrollo o Inclusión SAS, además de líderes como la rectora de la EAN, Brigitte Baptiste, debatirán ese mismo día sobre esta temática y los esfuerzos por reducir su impacto en uno de los países más biodiversos del planeta.

Finalmente, otro de los espacios destinados al análisis de la coyuntura nacional será el dedicado el 17 de noviembre al “Plan Nacional de Desarrollo y los diálogos regionales”, en el que participará, entre otros, el alto comisionado para las Regiones, Luis Fernando Velasco. 

Entre los invitados de relevancia internacional estarán Agnia Grigas, experta en geopolítica del gas; Felipe Pérez, estratega de Downstream para Latinoamérica de Standard & Poor’s; Brian Sullivan, director ejecutivo de la Asociación Mundial de la Industria del Petróleo y el Gas; y Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.

Este evento es organizado por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (CAMPETROL), la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP) y la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM).

Consulte la agenda en cumbrepetroleoygas.com

Bandas tienen azotadas a empresas de servicios públicos en Bogotá y Cundinamarca

Las empresas de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Enel Colombia y Vanti, firmaron la Alianza por Legalidad de los Servicios Públicos, un esfuerzo conjunto para prevenir el fraude en los servicios públicos y mitigar los daños que esto conlleva para los clientes y para las redes de energía, agua y gas.

Bogotá, 10 noviembre de 2022.   Las empresas de servicios públicos que atienden la región Bogotá-Cundinamarca han detectado que organizaciones delictivas ofrecen conexiones y alteraciones de los contadores de algunos comercios e industrias, ocasionando enormes pérdidas económicas no solo a las empresas prestadoras sino que ponen en riesgo la vida de los usuarios.

Efectivamente, en el sector de agua las pérdidas estimadas son 1,5 millones de metros cúbicos, equivalentes al 3,2% de la facturación mensual de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB); por su parte, Enel sostiene que entre Bogotá y el departamento los fraudes ascienden al 2% del total de la energía despachada. En el servicio del gas natural, Vanti estima que las pérdidas anuales equivalen al consumo de una ciudad como Tunja.

Los sectores más afectados en Bogotá por el hurto de servicios públicos son Kennedy, San Cristóbal, Teusaquillo, Tunjuelito y Puente Aranda; y en el departamento los municipios con mayores fraudes son Soacha y Girardot.

Al detectar que son bandas organizadas, equipadas con vehículos y herramientas que ofrecen a los usuarios hacer prácticas ilegales en las conexiones, las empresas Vanti, Enel y EAAB se unieron en la ‘Alianza por la Legalidad de los Servicios Públicos’.

Bajo el hashtag #UnidosPorLaLegalidad, la Alianza busca generar conciencia colectiva sobre la importancia de prevenir el delito de hurto de servicios públicos y de denunciar este tipo de acciones, con el fin de proteger la integridad de sus usuarios, evitar accidentes, reducir las pérdidas de energía, agua y gas, que se presentan por acometidas ilícitas, alteración e intervención de medidores, defraudación, suplantaciones, negación de consumo y falta de pago, entre otros.

La alianza destaca que el incremento de los actos de hurto de los servicios públicos afecta la calidad de vida de los usuarios, incrementan posibles riesgos a la seguridad de las personas y eliminan la facturación y recaudo de contribuciones y subsidios.

Debido a que esas prácticas son un delito, la alianza también fortalecerá las estrategias técnicas y legales para contrarrestar la defraudación de fluidos en Bogotá y Cundinamarca.

En este sentido, el equipo interdisciplinario de la Alianza compuesto por las tres empresas trabaja en cuatro ejes estratégicos: operativo, judicial, preventivo y administrativo, enfocados en intercambiar información sobre zonas de alto impacto de hurto, y asegurar actuaciones que exijan el cumplimiento de la legislación respecto al cobro de servicios públicos.

Adicionalmente, buscarán identificar organizaciones dedicadas a cometer el delito de defraudación de fluidos para establecer acciones penales ante la Fiscalía General de la Nación, coordinar operativos conjuntos con la Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía para recuperar consumos ilegalmente obtenidos, entre otros.

Hasta el momento, con el apoyo de la Fiscalía ya se han emitido 80 condenas y actualmente hay abiertos 267 procesos judiciales. Entre los negocios que más acceden a estas prácticas están los restaurantes, los asaderos de pollos, las pizzerías, los hoteles, los moteles, las lavanderías y varias industrias. El problema es que además de que los inducen al ilícito, después terminan siendo extorsionados por las bandas

De acuerdo con Francesco Bertoli, gerente de Enel Grids de Enel Colombia, estas bandas se han sofisticado a tal punto que desde hace unos dos años las empresas también han comenzado a sufrir ataques cibernéticos. 

Sumado a esos esfuerzos colectivos, las compañías hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar estos actos ilícitos. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Enel Colombia y Vanti, cuentan con líneas de atención para realizar estas denuncias de manera anónima con el fin de guardar toda la reserva.

Cristina Arango, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, dijo que: “Celebro que las Empresas de servicios públicos más grandes del país unamos esfuerzos en la articulación de acciones colectivas en contra del fraude de fluidos; no podemos aceptar que en nuestra ciudad se genere una cultura de la ilegalidad y es por esta razón que estamos trabajando en varios frentes conjuntos para contrarrestarla. Minimizar los fraudes y disminuir las perdidas tanto comerciales como técnicas se ha convertido en uno de nuestros grandes retos y seguro que con este esfuerzo colectivo lo lograremos”

Por su parte, para Rodolfo Anaya, presidente de Vanti “el llamado que hacen las empresas de servicios públicos es a unirnos contra el fraude, a no permitir que nuestra sociedad siga siendo impactada por conductas que la minan, que no seamos indiferentes frente a los que se empeñan por destruir valores a costa de sus mezquinos intereses económicos. Se necesitan acciones articuladas entre los usuarios, empresas y entidades de regulación, investigación, vigilancia y control, para proteger a todos los buenos usuarios que son la mayoría, y todos unidos con total determinación para que esos pocos malos usuarios fraudulentos y a terceros que hacen del fraude un negocio, reciban las más severas consecuencias legales por el daño que están causando”.

“Sin duda, estamos convencidos de que, con esta alianza y trabajo conjunto, damos un paso más para robustecer las acciones contra este tipo de actos vandálicos, incluyendo las legales, y trabajamos unidos para hacer consciencia social sobre las consecuencias que tiene el robo de energía y en general, de servicios públicos”, aseguró por su parte Francesco Bertoli, gerente de Enel Grids.

Lanzan cronograma para construcción de la hoja de ruta de la transición energética

Inicia un proceso de planeación, mediante un diálogo social con la ciudadanía en todo el país, que estará terminado en seis meses. Se establecerá la visión con las metas concretas a largo plazo (cuantificadas) y el tiempo para para lograrlas, que incluye el análisis integral del sistema energético. 

9 de noviembre de 2022.   El Gobierno Nacional, en cabeza de la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, presentó la ‘Construcción de principios, metodología y lanzamiento del Diálogo Social para definir la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa en Colombia’, en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP27, en Egipto.

El proceso considerará el camino ya recorrido en materia de transición energética en el país, a través de análisis técnicos, la normatividad existente tal como la Ley 2099 de 2021 y el Conpes 4075 de 2022, y de las acciones que emprendió el país al comenzar a diversificar su matriz energética.

La ministra Vélez afirmó que este proceso contempla una etapa detallada de planeación que se realizará en un periodo de seis meses, abordando temas como cualificación laboral de los trabajadores asociados al sector minero-energético, transición productiva, y mejoramiento de la calidad de vida en los territorios con enfoques étnico y de género.

“Debemos superar nuestra propia historia, fuertemente dependiente de la economía de los hidrocarburos y el carbón. La planeación de la Transición Energética Justa es fundamental para Colombia porque implica una transición hacia una economía productiva, que tenga como pilar las energías renovables”, explicó.

Vélez Torres enfatizó en que esta etapa se regirá por cuatro principios: “La transición energética justa se hará con equidad, con gradualidad, con intensificación del conocimiento y, en especial, con un diálogo abierto con todos los actores involucrados. Los grandes cambios no se hacen de espaldas a la gente; aquí los haremos con y para la gente”, resaltó.

Fuente: MinEnergía

Para llevar a cabo el Diálogo Social, el Ministerio inició un cronograma de jornadas en los territorios donde ya está en marcha la Transición Energética. Esta etapa contempla tres fases:

Primera fase: Planeación y preparación del proceso, incluyendo la interacción con grupos de interés como sindicatos, comunidades territoriales y étnicas, gremios, asociaciones y academia, así como los mecanismos de participación y el inventario de la información para los análisis requeridos. Durará cuatro semanas.

Segunda fase: Se establece la visión con las metas concretas a largo plazo (cuantificadas) y el tiempo para para lograrlas, que incluye el análisis integral del sistema energético. Se realizaría durante ocho semanas.

Tercera fase: El diseño de la Hoja Ruta para alcanzar las metas deseadas, identificando los habilitadores regulatorios requeridos y los análisis de riesgos y brechas. Concluye con la elaboración del documento de la Hoja de Ruta para la Transición Energética Justa y su lanzamiento público. Se desarrollaría en un periodo de doce semanas.

La Hoja de Ruta contemplará programas y proyectos estratégicos que servirán de instrumentos de implementación de la Transición.

Programas y proyectos

Comunidades Energéticas y Distritos Energéticos. Incluye los proyectos: Estallido de la energía solar, Estallido de la energía eólica y Estallido de la bioenergía.

La Energía del Cambio. El programa de Movilidad sustentable y eficiencia energética, y el programa de Gas Natural para la transición energética.

Instituto Nacional de Transición Energética y el programa de Fomento de la industria nacional asociada a las tecnologías de las energías renovables a través del desarrollo de componentes y prototipos industriales.

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