Si no hay más exploración y explotación de hidrocarburos, seguramente, se entrará en problemas por no tener acceso a recursos desde el exterior, consideró el Comité de la Regla Fiscal.
2 de noviembre de 2022. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal recomendó al Gobierno no cambiar las reglas del juego en materia de exploración y explotación de hidrocarburos, pues de este sector dependen cerca del 40 % de las exportaciones y del 20 % de la inversión extranjera directa, y representan entre el 10 % y el 20 % de los ingresos del Gobierno Nacional.
“La continuidad de la política de exploración y explotación de petróleo y gas en el país es necesaria dada la importancia de estos recursos para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la dificultad de reemplazarlos en el corto plazo”, precisó el Comité en un comunicado.
Según el organismo estos ingresos hacen que la sostenibilidad del sector sea clave para asegurar los recursos del Gobierno Nacional y las regiones.
Según el Comité, la capacidad y el costo de financiar el déficit fiscal y atender el servicio de deuda de la Nación está limitado por la disposición de los acreedores a extender préstamos, sean estos entidades multilaterales o prestamistas a través de los mercados de bonos.
El presidente del Comité de la Regla Fiscal, Juan Pablo Córdoba, señaló que “los ingresos que recibe el país de la industria minera y de los hidrocarburos son muy importantes para la balanza de pagos y la sostenibilidad fiscal. Interrumpir abruptamente la exploración y explotación de hidrocarburos en el país pone en peligro la generación de esos ingresos y, concomitantemente, la sostenibilidad fiscal misma”.
El ejecutivo dijo que Colombia tiene una alta dependencia de los hidrocarburos y por ello hay que darle continuidad a los procesos de exploración y explotación para garantizar el endeudamiento externo del país, pues ningún operador financiero en el mundo le va a prestar recursos a Colombia a 20 o 30 años si sólo se tiene reserva para seis o siete años, como ocurre en la actualidad.
“Si no hay unas fuentes creíbles de ingresos futuros no es posible que el Gobierno pueda endeudarse”, señaló Córdoba.
La Región Caribe de Colombia y el interior del país presentan condiciones de oferta de gas diferentes. Mientras en la Costa hay exceso de gas, en el Interior se presenta una declinación en la oferta del energético que proviene de los campos de Cusiana y Cupiagua.
Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*
2 de noviembre de 2022. La existencia de dos mercados de gas natural diferenciados en el país, permite concluir que la aplicación de la regulación del mercado nunca tendrá efectos análogos en todas las regiones de Colombia. Pero existen instrumentos que reducen esas brechas. Aquí es donde aparece la figura del estampillamiento.
Lo primero es que el estampillamiento se predica y tiene efectos directos en la actividad de transporte de gas natural, y efectos indirectos en la producción, distribución y comercialización de gas natural.
El estampillamiento consiste en agrupar varios tramos de la red de transporte en uno solo tramo y definir una tarifa única para ese nuevo tramo. O, dicho de otra manera, es agregar tramos para obtener un solo tramo con una única tarifa. Desde luego, esto es una ficción regulatoria en la medida que físicamente no se realizan intervenciones operativas sobre la red.
Con el estampillamiento desaparecería el costo que actualmente se factura por la distancia entre la fuente que suministra el gas y el punto de salida del gas donde se consumiría el gas.
Por otro lado, el estampillamiento haría migrar a un mercado de gas más competitivo porque no se presentarían diferencias en el precio a pagar por el eslabón del transporte. Se tendría una única tarifa por el transporte y en la práctica no sería una barrera el costo por las distancias.
Un ejemplo con el cual se puede ilustrar el estampillamiento es el costo del tiquete con el cual un usuario se sube a un sistema de transporte masivo (metro o Transmilenio). En ese ejemplo, el costo del tiquete cubriría un recorrido largo o corto dentro de una misma ciudad. De manera que, si el usuario se baja del sistema en la segunda estación de parada o en la estación número 20, siempre pagará un valor único por el mismo tiquete. Es indiferente donde se suba y se baje el usuario, el recorrido corto o largo tiene un mismo costo. Existirá una tarifa plena.
Para finalizar, el estampillamiento de manera indirecta ajusta el precio de la oferta del gas que lleguen a realizar los productores o importadores de gas. En ese sentido puede, o no, estimular el desarrollo de nuevas fuentes en la medida que si baja mucho el precio de la oferta puede ser que no se dé el cierre financiero de las inversiones o que el payback de las inversiones se prolongue en contra del tiempo de espera que defina el productor o importador de gas. El impacto puede ser más alto para el importador que para el productor nacional.
De los recursos de regalías, el 76% proviene de la explotación de hidrocarburos ($22,65 billones) y el 24% de la explotación minera ($7,25 billones).
2 de noviembre de 2022. Las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de ley del presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2023-2024, por un monto de $31,3 billones, equivalente al 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB).
Desde 2012, este es el presupuesto que más recursos asignará a los territorios y que permitirá impulsar acciones encaminadas a la transición energética, la descarbonización de las economías regionales y la transformación productiva sostenible e intensiva, principalmente en generación de empleo.
En relación con el bienio actual (2021-2022), el incremento que propone el proyecto de ley corresponde al 94% de los ingresos corrientes del Sistema, pasando de $15,4 a $29,9 billones.
Para la proyección de regalías de ingresos corrientes de $29,9 billones, el 76% proviene de la explotación de hidrocarburos ($22,65 billones) y el 24% de la explotación minera ($7,25 billones).
“Trabajaremos de manera articulada con las entidades territoriales en los ejercicios de planeación para que este presupuesto contribuya a la ampliación de capacidades productivas territoriales que permitan obtener mayores retornos económicos y sociales en los territorios, impulsando la transición de las actividades productivas actualmente dependientes de la industria extractiva a otras alternativas para su desarrollo sostenible”, aseguró Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía.
Según la funcionaria, el proyecto de ley aprobado favorece la descentralización de los dineros del Estado, al otorgarles herramientas suficientes a los mandatarios departamentales y municipales para controlar e invertir sus recursos en proyectos que apoyen el desarrollo de sus comunidades y la transformación productiva.
En materia de hidrocarburos, para la construcción de este presupuesto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en línea con lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda en el marco fiscal de mediano plazo, utilizó la información de reservas al cierre de 2021. Estos informes están detallados para cada uno de los campos productores del país y permiten contar con reservas para ocho años.
A los ingresos corrientes, se adicionan $1,3 billones por concepto de rendimientos financieros del SGR y $33 mil millones por concepto de regalías por minerales sin identificación de origen. De acuerdo con lo anterior, el presupuesto del SGR para el próximo bienio corresponderá a $31,3 billones.
Cerca del 93% de estos recursos se destinará a la inversión en todos los territorios del país, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley que reglamenta el Sistema General de Regalías. El porcentaje restante se destinará a ahorro y administración del Sistema.
Luego de ser aprobado en las comisiones terceras y cuartas de Cámara y de Senado, el proyecto pasará a discusión y aprobación en las plenarias de las dos corporaciones.
Tras siete meses de trabajo, 30 encuentros y 200 participantes, se presentaron los resultados de este estudio que busca aportar a la construcción de las políticas públicas para que pueda viabilizarse el cumplimiento de la Contribución Nacional Determinada (NDC) fijada por el país para el 2030, y lograr el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad al 2050.
2 de noviembre de 2022. Enel Colombia junto con el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) presentaron los resultados del estudio Hoja de Ruta para la Transición Energética en Colombia 2050 que se empezó a desarrollar desde hace siete meses.
En este espacio, que contó con la participación de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Transporte, se trazaron una serie de recomendaciones y se exploraron un conjunto de escenarios hacia la carbono neutralidad que el país espera lograr para los próximos 28 años. Esto, a partir de un análisis del contexto colombiano y el entendimiento de retos y oportunidades que permitan su óptima implementación y ejecución.
El taller, que estuvo liderado por Tomás González Estrada, director del CREE, contó con la asistencia e intervención de Maurizio Bezzecheri, director de Enel para América Latina, Lucio Rubio, director general de Enel Colombia y Centroamérica, Guillermo Prieto, Director encargado de cambio climático y gestión del riesgo para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Juan Alberto Caicedo, coordinador del grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible del Ministerio de Transporte.
Durante su participación destacaron el compromiso de sus diferentes despachos para impulsar el desarrollo sostenible, la disminución de Gases de Efecto Invernadero – GEI – y la búsqueda de sinergias entre lo público, privado y gubernamental.
Durante la presentación de los resultados, se resaltó el compromiso que tiene Enel en pro de la transición energética, enfatizando en los proyectos de movilidad eléctrica masiva y la generación de energías renovables no convencionales, con la construcción de proyectos eólicos y solares que permitirán la entrada de más de 1.000 MW al Sistema Interconectado Nacional antes del 2024.
“La transición energética y el cambio climático son un gran reto para el país y requieren de un trabajo arduo y constante. Con este estudio queremos aportar al gobierno, los sectores públicos, privados y distintos gremios, el análisis y las oportunidades identificadas para alcanzar la carbono neutralidad, partiendo de las posibilidades que hay en Colombia y la necesidad de disminuir las diferentes emisiones de gases de varios sectores industriales, como el energético, transporte, construcción, petróleo y gas natural, entre otros”, explicó Lucio Rubio, director General de Enel Colombia y Centroamérica.
Oportunidades de mejora
El estudio arrojó un análisis de diferentes actividades que, dentro del sector energético, tienen una mayor incidencia en la emisión de GEI, tales como transporte, agricultura, minería, petróleo y gas, construcción, combustibles sólidos y generación eléctrica. Allí se destacó que, a grandes rasgos, para poder lograr una transición energética adecuada y que contemple la disminución de diferentes gases, es vital poder trabajar en 10 puntos claves:
1. Multiplicar cinco veces la capacidad de producir energía de bajas emisiones.
2. Asegurar la disponibilidad del gas para la transición energética.
3. Garantizar la adopción oportuna y a gran escala de las tecnologías bajas en carbono.
4. Asegurar el pleno financiamiento de las nuevas inversiones (proyectos).
5. Construir relaciones de confianza entre comunidades, gobierno y empresas para sacar adelante los proyectos.
6. Ponerle un precio al carbono consistente con las metas de mitigación y eliminar los subsidios a los combustibles fósiles.
7. Asegurar la cobertura plena y asequible de energía.
8. Garantizar la transición productiva de los grupos que pierden con la transición energética.
9. Acompañar la transición energética y la transición fiscal.
10. Incrementar el conocimiento y las capacidades de investigación e innovación nacionales.
“El camino a la transición energética es muy retador y requiere del compromiso tanto del sector público como del privado para hacer los cambios en la regulación y la política necesaria para que se hagan las inversiones que necesitamos. Colombia tiene la intención de lograr la carbono neutralidad, y este estudio busca ayudar a llenar ese vacío, mostrando las 10 cosas puntuales que debemos hacer si queremos cumplir nuestras metas de carbono neutralidad”, concluyó Tomás González, director del CREE.
El gremio advierte que el impacto sobre los precios de electricidad para los usuarios de zonas francas podría ser superior a los $30 por KWh en los contratos de energía, lo cual impactaría al usuario residencial ya que podría representar un incremento entre el 8% y el 10%; y para un usuario industrial puede llegar a ser entre un 12% y un 15% de aumento en el componente de generación.
1 de noviembre de 2022. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) considera que para el sector de generación de energía eléctrica la propuesta incluida en la Reforma Tributaria relacionada con cambiar los impuestos y planes de internacionalización de las Zonas Francas es imposible de cumplir, ya que estas constituyen un servicio público que atiende a todos los colombianos.
Adicionalmente, la implementación de la medida iría en contravía de lo que plantea el Pacto por la Justicia Tarifaria, donde tanto el Gobierno Nacional como las empresas vienen haciendo esfuerzos para buscar soluciones que beneficien al usuario final.
“Confiando en el país y en la estabilidad jurídica, económica y competitiva que el Estado debe garantizar, las empresas de generación de energía asociadas a ANDEG han invertido cerca de 1.650 millones de dólares en los últimos 15 años. Estas inversiones representan más de 2.000 MW, el 11% de la capacidad de generación total”, indicó el director Ejecutivo del gremio, Alejandro Castañeda.
De acuerdo con Castañeda, las principales implicaciones asociadas a los cambios que plantea la Reforma Tributara son mayores costos para los usuarios de electricidad y desconfianza en las inversiones futuras por parte de los agentes de la cadena.
En ese sentido, la Asociación estima que el impacto sobre los precios de electricidad, a partir de la nueva tarifa de impuesto de renta para los usuarios de Zonas Francas, sería superior a los $30/kWh en los contratos de energía, lo que representaría para un usuario residencial entre el 8 y el 10%, y para un usuario industrial puede representar entre un 12 y un 15% de aumento en el componente de generación.
“Estos incrementos se reflejarían en mayores tarifas de energía para todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN). En el contexto anterior, y considerando el rol de las plantas térmicas en la formación de precios, el impacto sobre la demanda eléctrica superaría los 2,1 billones de pesos, por lo cual, el efecto neto sería lesivo para los usuarios del sector eléctrico”, puntualizó Castañeda.
Otro aspecto importante es que se produciría una afectación a la confiabilidad que aportan estas generadoras al sistema, toda vez que los 2.000 MW que están disponibles en Zonas Francas son plantas de generación térmica, ubicadas específicamente en los departamentos Atlántico, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander y Valle del Cauca.
En adición, con el incremento que se daría en los precios de energía por efecto de la modificación del impuesto de renta a las plantas de generación de zonas francas, se exigirá un mayor esfuerzo fiscal por parte de la Nación, del orden aproximado entre 250.000 y 300.000 millones de pesos al año respecto a la referencia actual. Lo anterior, implicará un impacto directo para las finanzas públicas por las mayores necesidades de subsidios de energía, respecto al ya deficitario fondo de subsidios eléctricos.
Finalmente, “el recaudo adicional estimado por efecto de la medida planteada en la propuesta de Reforma Tributaria, en lo que concierne a las plantas de generación térmica, no sería superior a los $50.000 millones por año, con lo que, sin duda alguna, la iniciativa legislativa de modificación al impuesto de Zonas Francas en el sector de energía presenta un efecto neto negativo para la sociedad, superior a los 2,2 billones de pesos anuales”, afirmo el dirigente gremial.
ANDEG reitera que la modificación que se propone desde la Reforma Tributaria impactará todos los sectores de la economía, afectando de manera importante a los hogares colombianos, la dinámica empresarial, el desarrollo productivo y social, así como la competitividad del país. Y, además, significaría un retroceso en los avances que ya se han dado en materia de reducción de precios, gracias al Pacto por la Justicia Tarifaria.
Scania Colombia lanzó el bus intermunicipal K320 IB 4×2 propulsado a gas natural que se adapta a recorridos de corta, media y larga distancia.
31 de octubre de 2022. Scania Colombia, en línea con la ampliación del portafolio de productos Green Efficiency, lanzó el bus intermunicipal K320 IB 4×2 propulsado a gas natural que se adapta a recorridos de corta, media y larga distancia.
Con este vehículo, se reduce el costo operativo en 40%, garantizando así un ahorro para los usuarios y contribuyendo en sistemas de transporte más sustentables, según la compañía.
El bus intermunicipal tiene una capacidad de 1.050 litros de gas natural comprimido (GNC) y garantiza autonomía en operaciones en el territorio nacional. Además, se puede abastecer de combustible en cualquier estación de servicio que suministre gas en Colombia. Su motor es de 9,3 litros y 320 caballos de fuerza.
“En Scania continuamos ampliando nuestro portafolio de productos, lideramos el cambio a través de soluciones sustentables y tecnología eficiente que reduce los costos operativos, haciendo uso del desarrollo tecnológico que nos caracteriza”, señaló Juan Carlos Ocampo, gerente General de Scania Colombia.
El gas natural ya se ha utilizado en Colombia para vehículos de carga y transporte de pasajeros, y Scania ha estado a la vanguardia, según explicó el gerente comercial de Scania Colombia, Efraín Ospina.
“Contamos con unidades a gas operando en todos los segmentos del transporte de carga y pasajeros, hemos desarrollado este producto para el transporte intermunicipal que se adapta a la topografía colombiana, reduciendo el nivel de ruido y vibraciones para mayor comodidad de los usuarios”, señaló Ospina.
De acuerdo con los petroleros, la reforma tributaria sería 115% más costosa que la propuesta inicial radicada en agosto. Con la tributaria, la producción de petróleo caería hasta 450.000 barriles a finales de la década.
31 de octubre de 2022. La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) reiteró su preocupación por la reforma tributaria y los efectos que tendrá para el país en el mediano plazo.
“La propuesta anunciada por el Gobierno con los coordinadores ponentes, en lugar de corregir, carga aún más al sector afectando su competitividad, viabilidad, el desarrollo de la producción de petróleo y la generación de aportes fiscales para el país y las regiones” señaló el gremio en un comunicado.
De acuerdo con la ACP, la más reciente propuesta fija una sobretasa que varía con base en el precio internacional del petróleo de los últimos 10 años y corresponde a una sobretasa de 5, 10 y 15 puntos.
Así, de acuerdo con los análisis realizados por el gremio, y teniendo en cuenta las proyecciones de precio del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), esta propuesta implicaría que en los próximos años la sobretasa que se causa se encuentre entre 10 y 15 puntos, debido a que los umbrales para fijarla continúan siendo muy bajos y no estarían reflejando las consideraciones para clasificarse como precios altos. “Esto hace que esta propuesta sea excesivamente gravosa y alta comparada con otros sectores económicos como el financiero y eléctrico”, dice el gremio.
Por otro lado, el Gobierno mantiene la prohibición de deducir las regalías del impuesto a la renta, aunque elimina la exigencia que se había impuesto de crear un ingreso ficticio para las regalías pagadas en especie.
Esto no compensa el aumento en la sobretasa de 10 a 15 puntos, porque la mayor sobretasa al petróleo genera un costo exponencial al aumentarse en más de 50% la tarifa sobre la cual se grava (pasa de 35% a 50%). Asimismo, el 30% de la producción de petróleo y el 100% de la producción de gas natural pagan las regalías en dinero, por lo que no se benefician del ajuste; en cambio, por este concepto, el petróleo deberá pagar un 41% adicional a la propuesta inicial del Gobierno.
“Esta propuesta, si bien considera la variación de los precios internacionales, es la más gravosa de todas y no representa alivio, pues es 115% más costosa para las empresas que la propuesta inicialmente radicada por el Gobierno y 5% más gravosa que lo aprobado en
primer debate. Con este escenario, el Government take para nuevos proyectos de inversión aumentaría a 85%, sacando a Colombia del mapa de competitividad en la región, según cifras de la CEPAL”, dice la ACP.
Según el gremio, la propuesta, además de comprometer proyectos de desarrollo de recursos descubiertos y exploración bajo contratos existentes, también pondría en riesgo inversiones para aumentar el factor de recobro, que sostienen la actual producción.
Con los recortes en la inversión, que podría oscilar entre 30% y 50%, se estima que la producción caería gradualmente y, para finales de esta década, la disminución sería de entre 350 mil y 450 mil barriles de petróleo, de los 750 mil barriles promedio día que se producen actualmente.
La caída en la producción de hidrocarburos afectaría al país y las regiones pues se perderán ingresos producto de la reforma. Para el año 2026 el recaudo con reforma sería hasta 10% menor que el recaudo sin reforma, y para finales de esta década sería hasta 44% inferior.
“Lo que hemos venido alertando desde el gremio es el impacto que tendrán estas decisiones para Colombia en el mediano plazo, pues si las inversiones en la industria disminuyen, caerá la producción y, en consecuencia, caerán los aportes de este sector al país y las regiones. Se está pensando en el corto plazo y no en cómo mantener y aprovechar una industria y sus recursos, que son clave para las finanzas públicas, para la financiación de los programas de desarrollo en las regiones y para todos los colombianos,” concluyó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.
No hay duda de que el zar de las finanzas del gobierno, el ministro Ocampo, sabe que tiene en el Ministerio de Minas y Energía la caja registradora. Sólo Ecopetrol, en el primer semestre de 2022, gracias a los precios altos del petróleo de la actual coyuntura, reportó utilidades por $17 billones.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
30 de octubre de 2022. Después de afirmaciones tan categóricas de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, en el sentido que “no vamos a firmar nuevos contratos de exploración y explotación”, enfatizando que “esta decisión no es caprichosa… estamos cumpliendo una promesa de campaña”, secundada por su viceministra Belizza Ruíz, que, en un tono desafiante, les dijo a los delegados al Congreso de NATURGAS que no sabía “qué parte de esa frase no han entendido”, tuvo que salirles al paso el Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, afirmando que esa decisión “aún no está tomada”.
Este zambapalo en el seno del gabinete ministerial del presidente Petro mandó mensajes equívocos al mercado, que terminaron pasándole factura a la economía exacerbando la devaluación del peso, que ha pegado un brinco del 32% entre junio y octubre de este año, y a Ecopetrol, de la cual la Nación mantiene el 88,49% de la propiedad, desplomando la cotización de su acción en la Bolsa, que ha acumulado una caída del 29,42% entre el 2 de mayo ($3.252) y el 27 de octubre ($2.295).
No hay duda de que el zar de las finanzas del gobierno, el ministro Ocampo, sabe que tiene en el Ministerio de Minas y Energía la caja registradora. Sólo Ecopetrol, en el primer semestre de este año, gracias a los precios altos de la actual coyuntura, reportó utilidades de $17 billones, más de los $16,7 billones de todo el año anterior y se proyectan utilidades del orden de los $34 billones al cierre del 2022, mucho más de lo que se espera recaudar con el proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República.
Desde luego, Colombia no puede perder su norte, que apunta hacia la Transición Energética para contribuir al objetivo de alcanzar la carbono neutralidad hacia el 2050, pero como bien lo dijo la 26 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) “esperamos obligaciones más estrictas bajo el principio de responsabilidad común pero diferenciada”.
El mensaje es claro: todos los países, todos a una como en Fuenteovejuna, deben contribuir a dicho objetivo, pero los mayores responsables de esta debacle, que significa el cambio climático, son los que deben hacer el mayor esfuerzo. En este contexto, cuanto hagamos en Colombia, más alentados por el voluntarismo que por el realismo, no le mueve la aguja a esta problemática de dimensiones colosales.
Y no hay que perder de vista que la Transición Energética no debe poner en riesgo la seguridad energética y aún más la soberanía energética. Esta es una de las lecciones aprendidas de la crisis que agobia a los países que integran la Unión Europea. Y de contera son muchos los estragos que se han derivado de la misma, abocándolos a una recesión acompañada de una inflación galopante (estanflación). No se puede jugar con candela.
Por todo lo anterior es que ha sido muy bien recibido el anuncio del director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda José Roberto Acosta dejando entrever que el Gobierno nacional está reconsiderando la decisión, aupada por la ministra de Minas y Energía y su viceministra, de no más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.
Como es bien sabido, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es la carta de navegación del Ministerio de Hacienda, y lo que ha dicho Acosta es que para que se cumplan sus presupuestos y metas es menester que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reanude sus rondas para ofertar y contratar la exploración y explotación de nuevos bloques en áreas con potencial hidrocarburífero.
El análisis de esos números “definitivamente serán los que guíen la decisión final en aras de esa sostenibilidad fiscal donde estos ingresos son muy importantes”, dijo Acosta refiriéndose a los provenientes de la industria de los hidrocarburos. Este anuncio disipó muchos temores, muchas dudas y sobre todo mucha incertidumbre, desatada por pronunciamientos erráticos que no le hacen bien al país.
De hecho, la propia ministra Vélez había dado las primeras puntadas en su entrevista el pasado domingo en El Espectador, bajándole el tono a sus anteriores declaraciones, advirtiendo que “no se ha tomado una decisión a futuro, el Gobierno está analizando los escenarios y las necesidades que vaya presentando el país”. Y añadió que “en cuanto a la exploración de petróleo y gas, este es un tema que está en análisis para ver qué necesita el país mientras se lleva a cabo esa transición”.
Dicho de otra manera, esta vez no descartó la firma de nuevos contratos de exploración y explotación.
*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.
De acuerdo con su quinto Informe de Sostenibilidad, las compañías afiliadas al gremio se han mantenido estables en la generación de gases de efecto invernadero; incluso reportaron una disminución con respecto a 2020 y 2021.
28 de ctubre de 2022.La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), entregó la quinta edición de su Informe de Sostenibilidad, donde recopila los principales resultados, impactos y contribuciones de sus empresas afiliadas durante 2021 en materia económica, ambiental, social, de eficiencia energética y sectorial.
Uno de los datos destacados en el reporte es que las generadoras de energía asociadas al gremio –siendo el respaldo del sistema eléctrico nacional–, representan apenas el 2,4% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) del país, y que en el marco de la responsabilidad ambiental están implementando diferentes estrategias de mitigación, compensación y conservación con enfoque en la cadena de valor, lo que refleja su compromiso por desarrollar una operación cada vez más sostenible.
Así mismo, se muestran los múltiples esfuerzos que ha hecho el sector térmico para avanzar en la estimación de la huella de carbono empresarial, así como en el desarrollo y la estructuración las estrategias de gestión del cambio climático donde se invirtieron más de $1.480 millones, incluyendo la gestión de oportunidades en el mercado de carbono, la innovación y la investigación de nuevas tecnologías. Además, se destinaron $9.790 millones para todas las actividades relacionadas con la gestión ambiental, como permisos, monitoreos, certificaciones, registros, auditorías y obligaciones de los PMA, entre otros.
Eficiencia energética
De otro lado, la eficiencia energética ha sido la mayor apuesta de las empresas asociadas a ANDEG, entendiéndola como una estrategia relevante que consiste en generar más energía confiable y segura con el mismo combustible, brindando competitividad, confiabilidad y optimización de la operación del sector termoeléctrico.
En ese sentido, en 2021 las empresas realizaron inversiones por $540 mil millones en labores de configuración tecnológica, modernización de equipos y herramientas, sistemas de combustión y ajustes operativos, sistemas de enfriamiento, y medición y control, entre otros.
En materia de empleo, las 12 empresas afiliadas al gremio en 2021 generaron más de 1.800 empleos directos y 850 indirectos, una contribución importante considerando el contexto de la reactivación económica y los retos que representó para todos los grupos empresariales del país.
En relación con las iniciativas de impacto social, ANDEG y sus empresas afiliadas destinaron más de $4.900 millones en programas de educación (acceso y dotación), salud y bienestar, recreación y deporte, en beneficio de las comunidades del área de influencia de las térmicas.
Además, continuaron apoyando a los territorios en la atención de la pandemia por Covid-19, con aportes por más de 780 millones de pesos y más de 13.900 personas favorecidas.
Otro renglón importante es la generación de recursos para los territorios y la Nación. Durante 2021 se realizaron contribuciones en impuestos por más de $290.000 millones y aportes a los territorios por concepto de transferencias del sector eléctrico por más de $48.400 millones, recursos que van dirigidos a las corporaciones autónomas regionales y a los municipios para la protección del medio ambiente y el desarrollo municipal en términos sociales y productivos. Los departamentos impactados fueron Bolívar, Atlántico, La Guajira, Valle del Cauca, Antioquia, Boyacá, Córdoba y la Orinoquía.
Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de ANDEG
“La sostenibilidad debe ser un propósito y esfuerzo de todos, no solamente de las empresas, sino también de las cadenas de suministro de insumos, de los usuarios, de las comunidades en las áreas de influencia, de los trabajadores y en general de todos los actores de la producción de energía. Pero, no se puede hablar de sostenibilidad sin seguridad y confiabilidad energética. En este contexto, es necesario reconocer que el sector térmico, representado en ANDEG, es la piedra angular sobre la cual se puede construir una transición energética justa, segura y ordenada”, destacó Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de la Asociación.
Finalmente, el gremio destaca que cuenta con el apoyo de aliados estratégicos para buscar y analizar las mejores oportunidades y alternativas para el sector, con el objetivo de seguir brindando la confiabilidad energética que el país necesita, y que a través de la innovación y la investigación se continúe aportando al cumplimiento de los compromisos nacionales en materia de sostenibilidad, de los ODS de la ONU y de la gestión del cambio climático, garantizando siempre la seguridad y la confiabilidad energética.
La nueva Junta Directiva de respalda al equipo directivo de Ecopetrol y coforma los comités de diracción.
28 de octubre de 2022. La nueva Junta Directiva de Ecopetrol, elegida en Asamblea Extraordinaria de Accionistas el 24 de octubre pasado, en su sesión del 27 de octubre de 2022 realizó la designación de Carlos Gustavo Cano Sanz como presidente de la Junta Directiva y de Mauricio Cabrera Galvis como vicepresidente de la Junta Directiva.
Además, la Junta Directiva manifestó su respaldo al equipo directivo de la Compañía, en cabeza de su presidente Felipe Bayón Pardo.
La Junta Directiva igualmente aprobó la conformación de sus comités de apoyo de la siguiente forma:
Comité de Auditoría y Riesgos
Sergio Restrepo Isaza (Presidente del Comité)
Carlos Gustavo Cano Sanz
Santiago Perdomo Maldonado
Comité de Negocios
Santiago Perdomo Maldonado (Presidente del Comité)
Carlos Gustavo Cano Sanz
Esteban Piedrahita Uribe
Gonzalo Hernández Jiménez
Mauricio Cabrera Galvis
Sandra Ospina Arango
Saúl Kattan Cohen
Sergio Restrepo Isaza
Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad
Esteban Piedrahíta Uribe (Presidente del Comité)
Carlos Gustavo Cano Sanz
Gabriel Mauricio Cabrera Galvis
Gonzalo Hernández Jiménez
Mónica de Greiff Lindo
Comité de Compensación, Nominación y Cultura
Mauricio Cabrera Galvis (Presidente del Comité)
Mónica de Greiff Lindo
Saúl Kattan Cohen
Comité de HSE
Sandra Ospina Arango (Presidente del Comité)
Mónica de Greiff Lindo
Sergio Restrepo Isaza
Comité de Tecnología e Innovación
Saúl Kattan Cohen (Presidente del Comité)
Esteban Piedrahíta Uribe
Sandra Ospina Arango
Santiago Perdomo Maldonado
La Junta Directiva también designó a María Paula Camacho Rozo como vicepresidente de Asuntos Corporativos y Secretaria General a partir del 27 de octubre de 2022. Camacho ha estado encargada de esta vicepresidencia desde el 18 de agosto de 2022, es abogada de la Universidad Javeriana, especialista en derecho comercial de la Universidad de Paris. Cuenta con 24 años de experiencia en el Grupo Ecopetrol, dentro de los cuales se ha desempeñado como Secretaria General de Cenit y Ocensa, y como gerente Jurídica de Nuevos Negocios y Corporativo de Ecopetrol.
