Categoría: Industria

Ecopetrol advierte posibles restricciones de gas debido a toma de la planta de Gibraltar y Enel de indisponibilidad de dos plantas de generación.

Tomas y retomas se ha vuelto un tema consuetudinario en el sector minero energético de Colombia. Esta semana el turno fue, nuevamente, para la planta de gas de Gibraltar y tres centrales hidroeléctricas de Cundinamarca.  

Efectivamente, Ecopetrol informa que el 24 de noviembre miembros del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia (MPMSPCOC) se tomaron la planta de Gibraltar, ubicada en la zona rural del municipio de Toledo, Norte de Santander.

El hecho, obligó a parar las operaciones con lo que se restringe el despacho de 38 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, que abastecen a municipios de Santander, Norte de Santander y la refinería de Barrancabermeja.

“Ecopetrol rechaza la toma de la planta y hace un llamado a los manifestantes para que busquen el diálogo como principal mecanismo para la resolución pacífica de conflictos en los territorios. Asimismo, reitera su compromiso con la promoción y respeto a los derechos humanos”, señaló la empresa en un comunicado.

Por su parte, Enel Colombia informó que también el pasado 24 de noviembre, un grupo de personas del municipio de El Colegio llegó a las Centrales Hidroeléctricas Paraíso, Guaca y Darío Valencia para manifestar su inconformidad frente al presunto incumplimiento de los acuerdos establecidos con la Compañía.

Sobre el cumplimiento de estos acuerdos, la empresa señaló que “como parte de su compromiso social y ambiental con el municipio, Enel Colombia ha cumplido con las iniciativas pactadas con la comunidad y las autoridades locales desde el 2021 y también con los acuerdos definidos en la reunión sostenida en septiembre 2024.

“Muestra de ello es que el pasado mes de octubre Enel Colombia realizó la apertura del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) denominado «Aporte convenio mejoramiento vías aledañas a centrales Paraíso y Guaca, Municipio El Colegio».

Dentro de ese, Enel depositó 3.000 millones de pesos, que están destinados exclusivamente al financiamiento de los trabajos de mejoramiento de las vías terciarias de la zona de influencia de las centrales de generación, en los tramos viales acordados en mesas de trabajo, adelantadas con la población local, y lideradas por el Ministerio de Minas y Energía.

Respecto a la emergencia que se presentó el pasado 20 de noviembre en El Colegio, debido al desbordamiento de la quebrada Belén, a causa de las fuertes lluvias que se presentaron este día, y que, de forma extraordinaria, superaron los niveles promedio normales en la zona, Enel Colombia manifestó que tanto la infraestructura como las tuberías de carga de la Compañía, que solo transportan aguas del río Bogotá para la generación de energía, están estables y se encuentran en condiciones normales de operación.

Agregó que los equipos técnicos de la compañía realizan de manera permanente revisión exhaustiva de la infraestructura de cada una de las plantas de generación de la cadena del río Bogotá, para garantizar su correcto funcionamiento.

Finalmente, Enel Colombia dijo que si el personal técnico no puede ingresar el 25 de noviembre a las plantas Paraíso y Guaca para realizar los mantenimientos preventivos programados, tendrá que declarar indisponibles dos unidades de generación, que aportan 200 Megavatios (MW) de los 600 MW de su capacidad instalada entregada al Sistema Interconectado Nacional.

“Enel Colombia respeta el derecho a la protesta social, pero rechaza enfáticamente el ejercicio de las vías de hecho y aquellos actos que pongan en peligro no sólo la prestación del servicio público esencial de energía, importante para todos los habitantes del país, sino también el derecho al trabajo y la libre locomoción de las personas”, afirmó la empresa.

En relación con la información publicada el 21 de noviembre de 2024, por Caracol Radio, según el cual «Juez ordena a Canacol Energy pagar USD $10 millones por caso relacionado con Petropolar», nos vemos en la obligación de desmentir dicho titular, señala Canacol en un comunicado a la opinión pública.

En efecto, Canacol Energy aclara que la orden judicial hace referencia a la entrega de un taladro de perforación perteneciente a Cleum Inc., no al pago de la suma mencionada en el titular que induce en error a la opinión pública.

“La medida cautelar a la que hace referencia la nota periodística es preventiva, no está en firme toda vez que está siendo objeto de los recursos pertinentes y severamente cuestionada por las graves omisiones de Cleum Inc. en su demanda, omisiones que inducen en error al juez y que serán materia de las denuncias penales correspondientes. Dicha medida no es una condena en contra de Canacol Energy, ni mucho menos un reconocimiento de deuda o de responsabilidad de nuestra parte”, dice el comunicado.

El taladro al que hace referencia el artículo es el mismo que ya fue embargado en otro proceso judicial por acreedores de Petropolar, razón por la cual ha permanecido en instalaciones de la Compañía, precisamente por una orden judicial que impide que Cleum Inc. pueda retirarlo.

“Cleum Inc. es la empresa de Islas Vírgenes Británicas que hizo los negocios con Petropolar, y su representante es el señor Juan Carlos Jiménez Cardona, mismo que en audiencia pública del 14 de octubre de 2024 aceptó ser el artífice de la llegada de Petropolar a Colombia”, aclara Canacol.

Finalmente, concluye que: “Canacol Energy es respetuoso de la medida de embargo que pesa sobre el taladro que reclama Cleum Inc. como suyo, decisión proferida por el señor Juez 40 Civil del Circuito de Bogotá dentro de un proceso ejecutivo de acreedores de Petropolar. La presión judicial y mediática pretendida por el señor Juan Carlos Jiménez Cardona, representante de Cleum Inc. no puede estar por encima de la orden judicial previa y vigente, a pesar que sería beneficioso para Canacol Energy que saliera el taladro de nuestros campos, pues su no retiro ha causado afectaciones en nuestras operaciones de producción y suministro de gas.

“Rechazamos toda la información inexacta que se viene reproduciendo en medios de comunicación en relación con ese entramado Juan Carlos Jiménez Cardona – Cleum Inc. – Petropolar, que en últimas son los únicos responsables de los perjuicios causados a decenas de empresas prestadoras de servicios petroleros.

“Canacol Energy reafirma su compromiso inquebrantable con la transparencia en todas sus operaciones y el cumplimiento estricto del marco regulatorio del sector de hidrocarburos en Colombia. Nuestra prioridad continúa siendo el suministro confiable y sostenible de gas natural para el país, manteniendo los más altos estándares de veracidad en todas nuestras comunicaciones públicas.”

Con base en las conclusiones del estudio sectorial “Seguridad y Confiabilidad Energética en Colombia (2010-2026), el Contralor General de la República Carlos Hernán Rodríguez Becerra formuló un control de advertencia al ministro de Minas y Energía por riesgos inminentes de pérdida de recursos públicos y un posible desabastecimiento de combustibles.

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, emitió una advertencia al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, por los riesgos inminentes de pérdida de recursos públicos y/o afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de carácter público que se están presentando actualmente en este sector y que, de acuerdo con un estudio sobre Seguridad y Confiabilidad Energética en Colombia que elaboró el organismo de control, dan lugar a prever un inminente desabastecimiento energético.

La advertencia se da para poner en conocimiento del ministro los riesgos identificados, con la finalidad de que, en el marco de sus competencias y las de los funcionarios correspondientes, se adopten las decisiones que se consideren pertinentes para precaver la ocurrencia de los mismos y la afectación de los intereses públicos.

Los riesgos identificados en el estudio sectorial “Seguridad y Confiabilidad Energética en Colombia (2010-2026), elaborado por la Contraloría delegada de Minas y Energía, son:

1. Riesgo a una baja significativa en los ingresos de la Nación, principalmente en las Regalías, derivada de la reducción de la producción de hidrocarburos y por ende de su exportación, evidenciada a través de los indicadores de exploración e incorporación de reservas, lo cual pone de presente el anquilosamiento en el sector de hidrocarburos en Colombia. Adicionalmente, la disminución de ingresos por concepto de impuestos, ante un eventual desabastecimiento en los combustibles (Gas, ACPM y gasolina), que terminarían acabando con las empresas del sector.
2. Riesgo a tener que destinar recursos públicos para atender subsidios en lo que corresponde a servicios públicos, ya que el valor que pagarían los usuarios por acceder a gas y otros combustibles, si se afecta la producción dentro del país y no se cuenta con el abastecimiento suficiente para atender la demanda, obligaría a importar dichos combustibles, generando así un aumento en el costo de energía para muchos usuarios que hoy son subsidiados, lo que significaría que el Estado asuma un costo mayor para atender los subsidios requeridos. Este es un riesgo que prácticamente ya se está materializando, poniendo en riesgo la prestación del servicio de energía eléctrica por el no giro de cerca de 2,5 billones de pesos.
3. Riesgo a que, como consecuencia de la no celebración y continuación de contratos de exploración y explotación en materia de hidrocarburos y carbón, se disminuya la inversión extranjera directa en el país, lo cual tiene efectos en el PIB, ya que se disminuyen los ingresos para la Nación, por tanto, los ingresos del Estado no serían suficientes para atender las necesidades de este. También se afectaría la tasa de cambio ejerciendo presiones alcistas del dólar, lo que afecta la economía y el valor de la deuda externa.
4. Riesgo a que se incrementen los niveles de subsidio a los combustibles, producto de la posible alza en sus precios al ser importados, aumentando con ello el déficit existente en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, el cual ha llevado a niveles importantes de desfinanciamiento, equivalentes a cerca de cien billones de pesos en los últimos 15 años y que deberán ser cubiertos con el Presupuesto Nacional.

Estos riesgos se podrían llegar a consolidar en un mediano a largo plazo si no toman medidas para modificar las tendencias observadas en el sector de hidrocarburos del país, señala en su comunicación de advertencia sobre el tema el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

Sustento de la advertencia

Los riesgos expuestos en la advertencia cumplen con criterios de excepcionalidad como trascendencia social y alta connotación económica. En cuanto a la trascendencia social se indica que, la disminución de alternativas energéticas asequibles se traduce en presiones al alza del gasto destinado a energía y el consecuente empobrecimiento de la población que no puede dejar de usar los energéticos y se vería obligada a retornar al uso de opciones como la leña.

Adicionalmente, la caída de las reservas de hidrocarburos repercutirá en menores niveles de regalías, las cuales son usadas primordialmente para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos colombianos. Así mismo, está la posible existencia de futuros racionamientos. De hecho, desde diversos frentes hay alertas sobre escasez de gas en el país.

En la medida en que los ingresos de la Nación disminuyan, no se podrían cumplir las metas de inversión social, afectando de manera directa el costo de vida de la población colombiana, como consecuencia del desabastecimiento de combustibles, lo que implicaría aumento del costo de vida y de las tarifas de servicios públicos.

Finalmente, la seguridad energética es de vital importancia para la estabilidad económica del país, ya que la exploración, explotación y producción de hidrocarburos, entre ellos el gas, generan ingresos por regalías de $9 billones anuales e impuestos para soportar las inversiones sociales; por tanto, el hecho de no firmar contratos en nuevas áreas reduce potenciales oportunidades de nuevos hallazgos de hidrocarburos y, por ende, de ingresos al Erario.

En el primer día del International Metcoke Summit Colombia 2024, que se realiza en Barranquilla, se destacó el papel del coque colombiano como el principal producto industrial de exportación del país, y como un motor clave para la reindustrialización de Colombia.

Uno de los temas más críticos abordados en el International Metcoke Summit Colombia 2024, fue cómo posicionar a la industria ante la competencia global, especialmente frente a gigantes como China, y los logros del sector en términos de exportaciones y su contribución a la economía nacional.

Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, advirtió sobre los efectos de la creciente competencia desleal en los mercados internacionales. “China, con una industria altamente subsidiada, está inundando los mercados globales con precios que han presionado a la baja el valor del coque”, explicó, señalando el impacto en los productores colombianos, quienes han visto una significativa reducción en la demanda de sus principales compradores, las siderúrgicas a nivel mundial.

Además, otro reto destacado proviene de Indonesia, que ha emergido como un fuerte competidor en la exportación de coque, alcanzando casi 5 millones de toneladas anuales y desplazando a Colombia del tercer lugar en el ranking mundial de exportadores. “Indonesia se está consolidando rápidamente y, de no tomar medidas, nuestra participación en el mercado global seguirá en riesgo”, añadió Cante.

A pesar de estos desafíos, la industria colombiana ha mantenido un desempeño sólido, con una exportación promedio de 4 millones de toneladas de coque al año, lo que la posiciona como un actor clave en el mercado global.

Además, el sector y sus encadenamientos productivos siguen siendo un pilar fundamental para la generación de empleo en las regiones mineras del país, creando miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

Cante subrayó los logros de la industria en términos de productividad y calidad: “El coque colombiano sigue siendo reconocido por su alta pureza, lo que lo mantiene en demanda, incluso en un mercado tan competitivo”.

Además, hizo un llamado a los gobiernos regionales para que implementen medidas de protección que equilibren la competencia. “La creación de mercados de integración regional y la aplicación de políticas de salvaguardia son esenciales para fortalecer nuestras cadenas de suministro y contrarrestar la presión de la industria china y otros competidores”, señaló.

A nivel nacional, la industria también enfrenta retos internos. Bloqueos y manifestaciones recientes han afectado la producción y distribución de carbón térmico, clave para la generación de energía en momentos críticos. “Estos obstáculos internos comprometen la capacidad del país para garantizar el suministro energético en situaciones de emergencia, lo que pone en riesgo empleos y la estabilidad económica de varias regiones”, advirtió Cante.

El presidente de Fenalcarbón concluyó haciendo un llamado a fortalecer la competitividad del sector mediante la colaboración público-privada y la implementación de políticas que incentiven la innovación y la sostenibilidad.

“El carbón y el coque siguen siendo fundamentales para la economía colombiana. Debemos garantizar que nuestras industrias compitan en igualdad de condiciones y continúen siendo motores de crecimiento y empleo para el país”, concluyó Cante.

Se espera un aumento en la producción cercano a 9.200 barriles de petróleo y 2 millones de pies cúbicos de gas por día para 2030. Las inversiones se desarrollarán entre 2025 y 2028.

Ecopetrol anunció una inversión progresiva de 512 millones de dólares para el proyecto de desarrollo integrado de los campos Dina-Terciarios y Palogrande, ubicados en los municipios de Neiva y Aipe, departamento del Huila.

El proyecto contempla la perforación de 82 pozos (43 productores y 39 inyectores), la ejecución de 69 trabajos de workover, la adecuación de las baterías y facilidades de producción en los campos, la optimización y reactivación de 11 pozos existentes. Los trabajos de perforación y adecuación se desarrollarán entre los años 2025 y 2028.

Con esta iniciativa se espera que los campos alcancen un pico de producción incremental de 9.200 barriles de petróleo y 2 millones de pies cúbicos de gas por día para 2030, lo que contribuirá a aumentar el nivel de producción actual de Ecopetrol en el Huila, que en la actualidad es de 15.800 barriles equivalentes (petróleo y gas) por día.

Aportes económicos, sociales y ambientales

El proyecto generará hasta 423 millones de dólares en ingresos a la Nación por concepto de regalías e impuestos al año 2040. Además, destinará 12,7 millones de dólares para inversiones socioambientales, que fortalezcan el bienestar de las comunidades locales a través de programas de infraestructura, educación, salud y compensación ambiental.

Entre los beneficios directos para la región se destaca la generación de 800 empleos locales, que se incorporarán de manera progresiva a medida que avance la ejecución de los trabajos, que iniciarán en mayo de 2025.

Además, el proyecto tiene previsto reusar el 100% del agua producida para inyección y recobro, lo que permitirá lograr neutralidad hídrica.

También, se espera una reducción de 656 toneladas de dióxido de carbono anuales, gracias a la implementación de tecnologías de eficiencia energética y el aprovechamiento de 2 millones de pies cúbicos de gas.

A lo anterior se suma la continuidad del programa «Árboles por la Vida», que busca la preservación y reforestación de áreas de gran importancia ambiental en la región y las acciones para seguir protegiendo el Bosque Seco Tropical de la Ecoreserva La Tribuna, con una extensión de 254 hectáreas.

Barranquilla será sede del International MetCoke Summit Colombia 2024, bajo el lema: Papel del coque colombiano en la reindustrialización.

Barranquilla se transformará en el epicentro de la industria del coque y el acero con la celebración del International MetCoke Summit Colombia 2024 los días 24 y 25 de octubre.

El evento reunirá a expertos de todo el mundo y destacará al coque colombiano, el principal producto industrial de exportación del país, como un motor clave para la reindustrialización de Colombia.

El coque, derivado de la destilación del carbón metalúrgico a altas temperaturas, es un insumo fundamental para la industria del acero y las ferroaleaciones. Su alto contenido de carbono lo convierte en un agente importante en los altos hornos, donde se utiliza para transformar el mineral de hierro en acero.

«El coque colombiano no solo es motor clave de la reindustrialización, sino también una herramienta para avanzar hacia un modelo económico más sostenible y competitivo. En este evento destacaremos el potencial de la industria colombiana y cómo se está adaptando a procesos más sostenibles, lo que le permite seguir contribuyendo al desarrollo de las regiones y generar bienestar para nuestras comunidades«, afirmó Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón.

Colombia es actualmente el tercer mayor exportador de coque a nivel mundial, siendo este su principal producto industrial en el exterior. En 2023 el país registro exportaciones de coque de 3,9 millones de toneladas, por un valor de $1.110 millones de dólares. El carbón metalúrgico, por su parte, alcanzó exportaciones de 2 millones de toneladas, con un crecimiento del 4,3% y un valor de $370 millones de dólares.

El International MetCoke Summit Colombia 2024 contará con la participación de expertos, líderes del sector, académicos y analistas nacionales e internacionales de países como Estados Unidos, Brasil, México, China y Reino Unido, quienes debatirán sobre el papel del coque en la economía global y su relevancia en los esfuerzos por transformar la industria hacia un modelo más sostenible y competitivo.

La agenda incluirá temas estratégicos como las soluciones tecnológicas e innovación aplicadas a la producción de coque y acero, los retos y perspectivas del mercado del acero en un contexto de sobreproducción global, la logística, fletes y transporte, abordando los desafíos de infraestructura que enfrenta Colombia, y la estabilidad jurídica para las inversiones en carbón y coque, destacando la necesidad de un entorno regulatorio que impulse la competitividad del sector.

Este evento plantea una discusión sobre tecnologías avanzadas y sostenibilidad, además de las oportunidades de reindustrialización que se presentan para Colombia, fortaleciendo las economías locales y posicionando al país en la cadena global del carbón metalúrgico y las industrias del acero y las ferroaleaciones.

La demanda mundial de acero, según Worldsteel, se espera que crezca un 1,2% en 2025, alcanzando los 1.815 millones de toneladas.

El sector carbonífero colombiano reafirma su compromiso con la sostenibilidad y las buenas prácticas mediante la primera edición del Galardón Hechos al Carbón. Este reconocimiento busca exaltar a las empresas que han implementado iniciativas ejemplares en protección ambiental y prácticas responsables, consolidándose como referentes en la transformación hacia un desarrollo más sostenible y consciente.

Los colombianos, especialmente las industrias, podrán ser autogeneradores con fuentes de energías renovables no convencionales, sin importar limitaciones de espacio en sus instalaciones, así como su ubicación.

En la instalación del Congreso de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, anunció que en los próximos días saldrá un decreto que busca «suprimir cualquier tipo de permiso para un proyecto de autogeneración, y en ese sentido cualquier empresa podrá construir un parque de autogeneración”.

Dijo, además, que la medida contará con otra figura que se llama autogeneración remota, “porque muchas veces las industrias no tienen el área o los techos suficientes para instalar paneles, pero tienen la posibilidad de adquirir un espacio en otra parte, fuera de la ciudad, y hemos creado este mecanismo, que consiste en que puedan poner el parque de generación en otro lugar y se pueda definir un mecanismo de uso de la red para traer su autogeneración hasta su empresa.”

Finalmente, señaló que “si entre todos hacemos los mejores aprovechamientos de las fuentes de energía renovable, vamos a liberar la carga que hay sobre la red y vamos a superar de mejor manera los tiempos que se vienen de mayores sequias y mayores inundaciones y vamos a garantizar que tengamos competitividad.”

En la instalación del Congreso de Asoenergía, Diego Jaramillo, presidente del Consejo Directivo del gremio dijo que “pese a que los Usuarios No Regulados cuentan con contratos en firme, son una demanda constante y de una magnitud importante, no tienen asegurado su abastecimiento de gas, pues están en la primera en la fila de suspensión del servicio en un racionamiento por fallas en el suministro.

La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), advirtió sobre los graves riesgos que tiene el sector industrial del país porque no tienen asegurado el abastecimiento de gas natural desde diciembre de 2024 y los años siguientes.

Así lo aseguró Diego Jaramillo, presidente del Consejo Directivo de Asoenergía, en la instalación del Congreso de la agremiación: “Satisfacción y respuesta en la Gestión Integral de la Demanda de los Usuarios de Energía”.

Para la agremiación, pese a que los Usuarios No Regulados cuentan con contratos en firme, son una demanda constante y de una magnitud importante, no tiene asegurado su abastecimiento pues se encuentran en la primera en la fila de suspensión del servicio en un eventual racionamiento o escasez de oferta.

Por tal razón, Jaramillo solicitó al Ministerio de Minas y Energía transparentar y evaluar claramente la producción total de gas en el país, es decir, “la producción fiscalizada que incluye no solamente la oferta de gas para comercialización, sino igualmente la producción que se dedica a reinyección y a consumo interno de las operaciones de producción petrolera; donde –dijo- creemos hay espacio suficiente para que sí se optimiza, pueda lograrse atender la demanda sin racionamientos”.

El dirigente gremial advirtió que “estamos afrontando en este momento una coyuntura compleja, que representa una amenaza importante en la continuidad de la prestación del servicio de gas natural, particularmente para la industria”.

Recalcó que las principales conclusiones del estudio Riesgos de Abastecimiento y Comercialización de Gas Natural para los Usuarios Industriales No Regulados, contratado por Asoenergía, revela que de no tomar las medidas necesarias afrontaremos un déficit estructural en el futuro cercano y próximo.

“Toda la demanda es absolutamente indispensable, no solamente la denominada Demanda Esencial, pues según la responsabilidad que le atañe al gobierno nacional, toda la demanda debiera tener asegurado su abastecimiento, más allá de la autosuficiencia energética”, puntualizó.

Calidad de la energía en declive

Por otro lado, Jaramillo aseguró que una piedra en el zapato en la industrialización del país tiene que ver con la caída en la calidad del servicio de energía eléctrica. “Cuando hablamos de calidad de energía eléctrica, estamos hablando tanto de la continuidad del servicio, como de la frecuencia de los eventos que afectan el servicio, como de la calidad de la potencia entregada que, como es obvio y lo muestran claramente las conclusiones del estudio, es lo que más afecta a los usuarios No Regulados de la industria del país”.

“Una de las principales conclusiones del estudio es que se debe exigir la integralidad en cuanto a la calidad de la energía que se consideró dentro de la fórmula tarifaria en Distribución, según los mismos objetivos y aprobaciones de los ingresos, aplicando la Resolución 15 del 2018, que aceptó los planes de inversión y acciones para asegurar calidad, planes de los cuales hoy no tenemos ninguna referencia de cumplimiento o de impacto en la demanda.”

El gobierno del cambio, que vendió la transición energética como uno de sus pilares de política pública, tiene al sector al borde del apagón financiero y físico, llevando, de paso, al país a la pérdida de la seguridad energética.

Las voces de alarma que se lanzaron desde hace ya un par de años no fueron escuchadas y se están convirtiendo en realidad. Así como Cuba y Venezuela sufren la falta crónica de energía y combustibles, Colombia está al límite de sus recursos energéticos y a finales de 2024 comenzará a escasear el gas natural y, si no se toman medidas, algunas zonas del país tendrán racionamientos de energía por la quiebra de empresas comercializadoras y distribuidoras.

Este es el panorama desolador que dibujaron los principales gremios que prestan los servicios públicos de energía y gas en el país.

“Después del de 1992, luego de 30 años, estamos ad portas de un apagón” y “luego de 45 de la revolución del gas natural, que es modelo a nivel internacional, perdimos la autosuficiencia y estamos abocados a la importación de gas, a merced de los precios internacionales”, fueron las frases que se escucharon en la rueda de prensa conjunta convocada por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia.

“Nos anticipamos a los hechos para que no se afecten los usuarios. Así como anunciamos el apagón financiero ahora nos anticipamos a un apagón físico”, dijo Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).

Y es que para 2025 se estima que el margen entre la oferta y la demanda de energía eléctrica será de solo un uno por ciento, lo que no da lugar a que se presenten fallas en algún eslabón de la cadena o que alguna planta entre a mantenimiento, pues se tendría que acudir a los cortes programados, que es el eufemismo para denominar los racionamientos.

Pero el apagón financiero está más latente que nunca. Las empresas distribuidoras están al borde de la quiebra, pues el gobierno les adeuda más de 7 billones de pesos, cuando los ingresos brutos de estas empresas en un año apenas llegan a la mitad, 3,5 billones.

José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), dijo que esas deudas corresponden al reconocimiento de subsidios por $2,5 billones, la llamada “opción tarifaria” por $4 billones y cerca de $1 billón que les adeudan entidades oficiales.

Sin ese flujo de caja, las empresas distribuidoras no tendrían cómo pagar la energía que le compran a las generadoras, lo que podría desencadenar una crisis de todo el sistema eléctrico.

Además, Manzur señaló que cada mes que pasa equivale a $330 mil millones en subsidios que el gobierno debe girar, sumado a que no se ha cumplido la promesa hecha por el presidente Petro en mayo pasado de asumir la deuda de la opción tarifaria. “Las distribuidoras siempre hemos financiado al gobierno con los subsidios, pero hoy estamos al límite, por eso necesitamos que el gobierno pague para que no se apague el servicio”, dijo el dirigente gremial.

En respuesta a los reclamos de los gremios, el Ministerio de Minas y Energía expresó en un comunicado que “hemos cumplido como cartera con nuestras responsabilidades frente a los subsidios para estratos 1, 2 y 3, emitiendo las resoluciones correspondientes para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público gire los recursos. En ese sentido, a la fecha se han pagado 2,91 billones de pesos en subsidios de energía y 485 mil millones de pesos en subsidios de gas para los estratos señalados.”

Al respecto, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, expresó que “las empresas ya debieron haber hecho la solicitud al Ministerio de Minas y Energía, y esta entidad debe estar tramitando en caja esa bolsa. Yo entiendo que esto siempre se paga acumulado, no mes a mes. Entonces, desde ese punto de vista hay que revisar en qué va el proceso de caja”.

Esto con respecto a los subsidios, porque para la opción tarifaria, recordó que el trámite se está haciendo a través de la ley de financiamiento o reforma tributaria, que ya hace trámite en el Congreso de la República.

Pero los gremios lo que piden al presidente Petro es que se saque de ese proyecto de ley y se haga una de un solo artículo con llamado de urgencia, para que se les pueda desembolsar prontamente esos recursos a las distribuidoras, antes de que se apaguen.

Las térmicas no se apagan

Por otro lado, contrario a lo que quiere el presidente de acabar con el parque térmico de generación, este sector fue el que evitó que en el pasado fenómeno de El Niño el país no se apagara, como lo viene haciendo desde hace 30 años.

Efectivamente, en el momento más crítico, en abril de 2024, el parque térmico generó a pleno entregando al mercado un pico de 120 GW hora día de energía, con un consumo de gas entre importado y nacional de 650 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), que equivalen a cerca del 60% del consumo de gas de todo el país.

Pero la emergencia no está superada. Dado que los embalses no se han recuperado debido a que el fenómeno de La Niña no ha llegado con la fuerza esperado, las térmicas han seguido generando para ahorrar agua y tratar de que a finales de año los embalses estén entre el 65 y el 70% para afrontar el ‘verano eléctrico’, durante los meses secos de entre diciembre y abril.

Efectivamente, al momento de escribir esta nota, mediados de octubre de 2024, el parque térmico aporta 90 GW hora día, de los cuales 45 Gwhd son con gas importado, 30 Gwhd con carbón y 15 Gwhd con gas local.

Por eso, Edwin Cruz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), hizo un llamado al Gobierno a tener preparada la logística de entrega de combustibles para las térmicas: gas, carbón y líquidos, y la importancia de asegurar el capital de trabajo y el flujo de caja para que las distribuidoras puedan pagar la energía a las generadoras y estas puedan comprar el combustible.

Cuando se pierde la soberanía

Ante la caída consistente de reservas de gas natural en los últimos quince años, la falta de hallazgos importantes y la negativa del Gobierno Petro a firmar nuevos contratos de exploración, finalmente el país llegó a la situación en que la producción nacional no es suficiente para atender la demanda.

Así quedó evidenciado en el reciente fenómeno de El Niño, cuando la planta de regasificación de SPEC operó a plena capacidad, y las importaciones de gas se volvieron más frecuentes.

De aquí en adelante el país requerirá del gas importado, no solo para atender la demanda del parque térmico de la costa Caribe sino para otros usos, como el residencial, comercial e industrial.

Por eso, Luz Stella Murgas, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), le solicitó al Presidente la firma de un decreto que tiene hace más de un mes en el escritorio y que permite la comercialización para otros usos diferentes al térmico del gas importado que ingresa por la planta de Cartagena.

El llamado es de urgencia, toda vez que el primero de diciembre próximo se vencen los contratos de gas y los productores han señalado que no tienen molécula para poner en el mercado, por lo que el déficit estimado desde finales de este año será del 12%, unos 120 MPCD, pero para 2025 será del 30%, unos 300 MPCD, lo que llevará al país a depender en buena parte del gas importado. “Después de 45 años, perdimos la soberanía energética”, concluyó Murgas.

Las renovables tampoco despegan

Contrario a lo que podría pensarse que el gobierno del cambio apoyara las energías alternativas frente a su narrativa anti extractivista, Alexandra Hernández, presidente de Ser-Colombia señaló demoras en los trámites de permisos y licencias, falta de apoyo del Gobierno y desestímulo a la inversión ante los anuncios de intervenir los precios de la energía en bolsa.

Si bien a la fecha hay instalados 2.200 Mw de capacidad solar, Hernández dijo que se requiere triplicar esa capacidad para poder atender las necesidades de los colombianos y evitar el déficit que el Gobierno nacional estima será estructural a partir de 2027.  

Por eso, hizo un llamado a la acción, pues para 2025 está proyectado que entren en operación unos 35 proyectos solares con una capacidad de 1.500 Mw, pero de estos solo tres están listos para iniciar construcción el próximo año y los otros 32 tiene más de 50 trámites por resolver, por lo que en su mayoría están por fuera de los tiempos normativos, algunos con retrasos de más de dos años.

Para destrabar esos proyectos, Hernández llamó a la articulación de las entidades gubernamentales desde el más alto nivel, que sea liderada por la Casa de Nariño, pues si se cumplieran los tiempos de trámites establecidos los tiempos se reducirían a la mitad.

Por último, Hernández hizo un llamado a la estabilidad y seguridad jurídica, pues este sector es muy sensible a las señales regulatorias, y anuncios sobre la intervención del mercado lo afectan severamente.

“Al poner un techo al precio de bolsa para las energías renovables deja sin la posibilidad de tener cierre financiero a proyectos por cerca de 3.300 Mw que están buscando contratos de largo plazo y que ya están con obligaciones. Con ese proyecto de norma que está en discusión se encuentran en riesgo de morir eso proyectos, de quedarse sin la financiación de los bancos”, dijo.

Finalmente, Natalia Gutiérrez, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas Generadoras (Acolgen), dijo que el gobierno debe implementar ya la estrategia de ahorro de energía e hizo un llamado a reaccionar en el muy corto plazo con medidas regulatorias que den señales de ahorro y en el mediano, y en el largo plazo dar las señales de política pública para que se dé la expansión del parque de generación.

“Estamos en una situación en la que nunca habíamos estado en los últimos 30 años. Este es un apagón autoinfligido y el tiempo se está acabando”, concluyó Gutiérrez.

A través del mecanismo de contratación de suministro de energía que ofrece Conexión Energética S.A.S., los distribuidores podrán contar con precios estables y competitivos de energía que aliviarían el bolsillo de los colombianos.

La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), a través de su filial Conexión Energética, desarrolló un mecanismo para la contratación de suministro de energía que permitirá a los distribuidores contar con precios estables, evitando así que los usuarios paguen por la volatilidad de los precios en la bolsa de energía.

De acuerdo con la información publicada por el operador del mercado, el precio de escasez de la energía despachada esta semana alcanzó $932 por kW hora en la bolsa de energía, mientras que el despacho de contratos para el último período disponible se ubicó en $306 por kWh. Esto demuestra que lo más conveniente para los consumidores es que las empresas distribuidoras puedan acceder a la contratación de energía.

Ante la crítica situación que afecta especialmente a los usuarios de la costa Caribe, María Inés Agudelo Valencia, presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, comentó: “Esto se hubiera podido evitar si el mecanismo que hemos propuesto desde 2019 hubiera estado operando, y que aún se encuentra en estudio y aprobación por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas”. Recordó que “los mejores precios que se logren en este mecanismo se pueden transferir a la tarifa de los usuarios lo más pronto posible”.

El mecanismo propuesto por la BMC promueve la incorporación de nuevas plantas de generación, incluyendo fuentes no convencionales de energía renovable como solar y eólica, que podrán suscribir contratos de venta de energía a largo plazo (mayores a 10 años), logrando así su viabilidad financiera.

Asimismo, permite a todos los operadores, incluyendo los de la costa Caribe, acceder en igualdad de condiciones a la energía, logrando los mismos niveles de contratación y precios que en otras regiones del país.

Agudelo Valencia concluyó: “El mecanismo operado por Conexión Energética es anónimo y estandarizado, lo que garantiza la transparencia y equidad en las transacciones. Además, ya está en operación para el mercado no regulado, lo que significa que podremos comenzar a suscribir contratos tan pronto como la CREG emita la autorización esperada”.