Ecopetrol aumentó en 4% sus reservas de hidrocarburos al cierre de 2024

Las reservas probadas de hidrocarburos ascendieron a 1.893 MBPE, con lo cual logró reemplazar la producción total de 2024 y adicionar un 4%. El 89% de las reservas corresponden a campos en Colombia y el 11% restante en Estados Unidos.

Ecopetrol anunció sus reservas probadas de petróleo, condensados y gas natural (reservas 1P), incluida su participación en filiales y subsidiarias, a 31 de diciembre de 2024.

Al cierre de 2024, las reservas probadas netas del Grupo Ecopetrol fueron de 1.893 millones de barriles de petróleo equivalentes (MBPE), diez millones más frente a 2023. El índice de reemplazo de reservas fue 104%, con una vida media de reservas equivalente de 7,6 años (líquidos 7,8 años y gas 6,7 años).

Las reservas fueron determinadas y certificadas en 99,2% con base en los estándares y metodología de la US Securities and Exchange Commission (SEC), a través de tres firmas especializadas e independientes (Ryder Scott Company, DeGolyer and MacNaughton, y Gaffney, Cline & Associates), y el restante 0,8% por la Gerencia de Recursos y Reservas de Ecopetrol.

El precio utilizado para la valoración de las reservas de 2024 fue 79,7 USD por barril frente a 82,8 USD por barril en 2023.

En 2024, el Grupo Ecopetrol llevó a cabo la incorporación de 260 MBPE de reservas probadas, la más alta de los últimos 3 años, de las cuales 244,3 MBPE fueron de crudo y 15,3 MBPE de gas, con una producción total acumulada en el año de 250 MBPE, la más alta de los últimos 9 años.

Del balance total de reservas probadas, el 80% son líquidos y el 20% corresponde a gas.

Orgánicamente, se incorporaron 231 MBPE debido principalmente a gestión en la maduración de nuevos proyectos y a la ejecución e implementación de proyectos de desarrollo primario y de expansión de recobro mejorado en campos como Caño Sur, Rubiales, Castilla, Chichimene, Akacías, Pautó-Floreña, La Cira-Infantas, Apiay-Suria y Palogrande, entre otros.

Inorgánicamente, en el neto de las adquisiciones y desinversiones realizadas por Ecopetrol, durante 2024 se incorporaron 29 MBPE, dentro de los cuales se destaca el cierre exitoso de la negociación con Repsol para adquirir el 45% restante de su participación en el bloque CPO-09, ubicado en el departamento del Meta. Con esta transacción, Ecopetrol se convirtió en propietario del 100% de este activo en el Piedemonte Llanero, y adicionó 32 MBPE.

En el frente de gas, se destaca la incorporación neta de 15 MBPE provenientes de:

i) Proyectos asociados a nuevos pozos de desarrollo y la optimización de infraestructura con la reducción de presión en el Piedemonte Llanero en los campos Pauto y Floreña,

ii) El plan de ejecución de actividades en el Permian, y,

iii) La comercialidad de Arrecife, los cuales mitigaron parcialmente los impactos por irrupción de agua en los campos Cupiagua, Cusiana, Guajira y Gibraltar.

Por su parte Ecopetrol Permian incorporó 22 MBPE como resultado principalmente de las optimizaciones realizadas en las campañas de perforación en las subcuencas de Midland y Delaware, en Texas, Estados Unidos.

Consejo de Estado niega suspensión de decreto que reglamenta ejecución de política minera

El Consejo de Estado negó la suspensión provisional de un decreto por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció los criterios para delimitar, temporalmente, zonas de reserva ambiental, que serían excluidas de la explotación minera.

La Corporación estableció que, en esta etapa del proceso de nulidad que fue instaurado contra este acto administrativo, no es posible concluir que el Ministerio demandado haya violado la reserva de ley, pues lo hasta ahora evidenciado es que su actuación se ajustó a lo previsto por la legislación frente a la posibilidad de prohibir el ejercicio de la minería en áreas de importancia ecológica.

Además, agregó que, en dicho estado del proceso, no se encontraba acreditado que el acto enjuiciado hubiera modificado el artículo 47 del Decreto Ley 2811 de 1974 ni que permitiera declarar zonas de exclusión minera sin la realización de los estudios previos requeridos para tal fin.

Frente a la supuesta afectación abusiva de derechos adquiridos, la sala estableció que, para poder determinar si la norma dio lugar a semejante exceso, es menester analizar la naturaleza de los contratos de concesión minera, la clase de derechos que éstos generan y su confrontación con derechos de carácter superior y colectivo, como la protección del ambiente sano, estudio este que corresponde al fondo del asunto.

Ante el supuesto desconocimiento de la autonomía territorial que se estaría produciendo en los procesos de delimitación de estas zonas, la Sala advirtió que el decreto prevé la aplicación de las normas de ordenamiento territorial.

Como también se prevé la intervención de las demás autoridades del sistema nacional de áreas protegidas (SINA), el despacho considera que no es evidente ese supuesto desconocimiento del poder territorial.

La providencia indica que tampoco se probó que se violara el principio de participación ciudadana, por no haber introducido en la norma un procedimiento específico para las consultas que deban surtirse en los procesos de delimitación de las zonas temporalmente declaradas como protegidas. Precisó que esa intervención de la población eventualmente afectada está prevista en otras normas, que tendrían que aplicarse cada vez que se busque demarcar un área, como ocurre frente al procedimiento que, según la sala, adelantan las autoridades actualmente, con el objetivo de declarar el área de reserva temporal del Macizo de Santurbán. 

El Caribe clama por soluciones urgentes en el sector energético

Los gobernadores de los departamentos del Caribe y el sector productivo les enviaron una carta a los ministros de Hacienda y Energía y al superintendente de Servicios Públicos, donde manifiestan su preocupación ante la inminente crisis energética que podría afectar gravemente la región.

“La falta de inversiones adecuadas, los problemas financieros de las empresas prestadoras del servicio y las deficiencias en la infraestructura eléctrica que por años se han presentado, ponen en riesgo la continuidad del suministro de energía, lo que tendría consecuencias devastadoras para el desarrollo social y económico del Caribe colombiano”, señalan los mandatarios y empresarios.

Recalcan que la situación financiera de Afinia es especialmente crítica. La empresa enfrenta graves dificultades económicas que amenazan su capacidad de operación y mantenimiento de la red eléctrica en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar.

“Con más de 1,8 millones de usuarios dependientes de su servicio, la falta de acciones urgentes podría llevar a una crisis sin precedentes en la prestación del servicio eléctrico en estas zonas”, señalan.

Por otro lado, la intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) ha generado incertidumbre en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde presta servicio a más de 1,3 millones de usuarios.

Para esta empresa, solicitan que, “además de los subsidios, se implementen acciones adicionales que permitan fortalecer financieramente a la Empresa Intervenida y faciliten las inversiones urgentes en la infraestructura eléctrica.”

Para la región Caribe resulta imperativo que las entidades nacionales consideren el impacto humano y económico de esta problemática. “Las redes eléctricas de la región Caribe han sufrido un rezago histórico que solo puede ser revertido con acciones decididas que aseguren una administración eficiente y una financiación adecuada. Solo de esta manera podremos garantizar la continuidad y calidad del servicio, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos y promoviendo el desarrollo sostenible en nuestros territorios”, agregan en la misiva.

Recordemos que a las empresas distribuidoras de energía a nivel nacional les adeudan recursos por más de 7 billones de pesos, representados en la Opción Tarifaria, pagos de subsidios y deudas de empresas estatales, donde las empresas del Caribe son a las que más se les adeuda.

En mayo de 2024 el presiente Petro se comprometió con los usuarios a que el gobierno asumiría los saldos de la Opción Tarifaria, pero luego incluyó estos recursos en la fallida reforma tributaria.

Otra solución que se ha planteado es la titularización de la deuda para darle caja a las empresas, pero la resolución reposa en el escritorio del ministro de Minas y Energía sin que hasta la fecha se haya firmado.    

“Actuar con celeridad y eficacia en esta materia es crucial para evitar enviar señales negativas al sector energético, que podrían erosionar la confianza necesaria para atraer nuevas inversiones al país. Estas inversiones son fundamentales no solo para modernizar la infraestructura existente, sino también para aumentar la capacidad de generación requerida para atender la creciente demanda de energía. De hecho, estudios recientes indican que, de no tomarse las medidas necesarias, podría haber un faltante de oferta eléctrica para el año 2028, lo que representaría un grave riesgo para la estabilidad energética y el desarrollo del país.

“Por ello, instamos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la SSPD a que implementen de manera inmediata los mecanismos necesarios para respaldar financieramente a la empresa Intervenida y a Afinia, así como para facilitar las inversiones urgentes que demanda el sistema eléctrico regional. Esta medida no solo atenderá las necesidades actuales, sino que también contribuirá a prevenir mayores afectaciones socioeconómicas en el mediano y largo plazo”, concluyen los gobernadores y empresarios.

Colombia está al borde de un apagón

La misma fórmula que el gobierno Petro le aplicó al sector salud, primero desprestigiando el sistema y luego asfixiándolo económicamente, se la está aplicando al sector energético colombiano.

Pese a los reclamos desde hace ya varios meses de los gremios y de los llamados de atención de la Procuraduría y la Contraloría General de la República, el gobierno tiene al borde de la quiebra a las empresas distribuidoras de energía por las deudas acumuladas, tanto de subsidios como de la opción tarifaria e impagos de empresas del Estado.

Efectivamente, a 31 de enero de 2025 lo adeudado a las empresas distribuidoras de energía ascendía a 7,4 billones de pesos, discriminados así: $3,2 billones en saldos de la opción tarifaria, $2,8 billones en subsidios, un billón de pesos en deuda de entidades estatales y $0,4 billones por mayor precio de empresas expuestas a la bolsa de energía.

Y aunque el presidente Petro se comprometió ya hace casi un año con los usuarios en que el gobierno asumiría la deuda de la opción tarifaria, no se ha cumplido. Los gremios afirman que esto se podría solucionar con la expedición exprés de una ley que contenga un solo artículo, el cual habilitaría al Ministerio de Hacienda para girar esos recursos. Pero el gobierno se niega a esta opción y quiere que se incluya en su ya fracasada reforma tributaria.

De acuerdo con los gremios Andesco, Andeg, Asocodis, Ser-Colombia, Naturgas y Acolgen, si no se desembolsan esas deudas en abril próximo empezarían a quebrar las primeras empresas distribuidoras, generando un efecto dominó que arrastraría a los demás eslabones de la cadena: las transportadoras y las generadoras.

El chu, chu, chu que le aplicó el gobierno a las EPS para quebrar a varias de ellas y concentrar el mayor número de afiliados en la estatal Nueva EPS, ahora se lo aplica al sector energético.

Hay que recordar que ya una empresa distribuidora de energía quebró en Puerto Carreño y Air-e en la costa Caribe fue intervenida. Además, Afinia anunció que solo tendrá caja hasta marzo próximo.

En esas condiciones, el que pagará los platos rotos será el usuario, que en los estratos bajos verá cómo la factura le subirá hasta un ciento por ciento al no poder las empresas seguir financiando los subsidios o, en el peor escenario, que la empresa cierre y deje de prestar el servicio.

Hay que recordar que los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios al consumo, lo que beneficia a 13,5 millones de usuarios.

De acuerdo con Asocodis, las regiones más golpeadas serían Chocó y Antioquia, donde los incrementos en las facturas serían del 140% y 100%, respectivamente

Camilo Sánchez, director Ejecutivo de Andesco, dijo que ante esta crítica situación se reunieron con el ministro de Hacienda, quien destinó recursos por $800 mil millones para atender las empresas más expuestas y evitar apagones.

En febrero se destinarán $350 mil millones, para marzo $250 mil millones y para abril $200 mil millones; sin embargo, son paños de agua tibia para evitar la quiebra de algunas empresas, pues cada mes los subsidios suman $300 mil millones.

Sánchez agregó que tampoco está claro si esos recueros del Minhacienda se destinarán a las empresas de electricidad o también parte a las de gas, a las cuales el gobierno les adeudaba hasta finales de 2024 $840 mil millones.

Los gremios señalaron que han puesto sobre la mesa una propuesta para titularizar la deuda y así darle flujo de caja a las empresas, pero el gobierno no atiende sus llamados y el ministro de Minas y Energía hace más de seis meses que no se reúne con los gremios del sector, pese a las reiteradas solicitudes.

Parte de esta crisis también se debe a la interinidad con que el gobierno ha mantenido a la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Luego de que al comienzo del gobierno el Consejo de Estado fallara en contra de las intenciones del presidente Petro de asumir las funciones de la CREG, la institución la han mantenido sin el número completo de comisionados, algunos de ellos han sido nombrados de forma temporal y otros no llenan los requisitos para el cargo.  

“La CREG no está al servicio del ministerio, debe estar al servicio del país”, sentenció Sánchez, y agregó que lo prioritario es que no se apague el país.

“Hoy ya hay un apagón financiero. Es el momento de tomar decisiones. Nosotros queremos que entiendan que la técnica está por encima de cualquier proceso”, concluyó Sánchez.

Por otro lado, ante la incertidumbre, las empresas no están haciendo las inversiones necesarias, que para este año se estiman en $10 billones.

Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidente Ejecutiva de Acolgen, dijo que el sector eléctrico colombiano ha sido confiable en los últimos 30 años, en los cuales ha sorteado cinco fenómenos de El Niño sin que se haya afectado el servicio, por lo que el de Colombia es un caso de estudio en el mundo.

“Tenemos un gran diseño de mercado, pero necesitamos es que se gestione, eso es lo que ha hecho falta. Intervenir el mercado solo va a poner en riesgo las inversiones, a llevarnos a litigios internacionales y a poner en riesgo la prestación del servicio,” dijo.

La dirigente también criticó la decisión del gobierno de intervenir el precio de la energía en bolsa, “pues es intervenir la señal de escasez para ahorrar agua, y en época de escasez no vamos a contar con ella para generar. Para tener mejores precios lo que necesitamos es contar con más proyectos. Hay un rezago de 6 gigavatios, entre ellos los de La Guajira, donde las compañías se están retirando pues los trámites en permisos, licencias y consultas se demoran hasta tres años”.

Gutiérrez agregó que la demora en la entrada de nuevos proyectos ha generado que el margen ente oferta y demanda sea cada vez más estrecho. De acuerdo con XM y la UPME, el margen de energía firme es crítico para 2026 y 2027, con un 0,4%, lo cual significa que ninguna planta puede fallar o entrar a mantenimiento.

Así las cosas, con la asfixia financiera, la intervención del mercado y la negativa a sacar nuevas subastas de expansión, el gobierno está llevando al país a un nuevo apagón, el que ya sufrió en 1992, cuando la mayor parte del servicio estaba en manos de empresas estatales, politizadas e ineficientes.

Ecopetrol adquirió el 45% que tenía Repsol en el Bloque CPO-09

La Empresa queda con el 100% de la propiedad del bloque. El cierre de la transacción recibió el aval de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Superintendencia de Industria y Comercio.

Ecopetrol concluyó la adquisición del 45% de participación que tenía Repsol Colombia Oil & Gas en el Bloque CPO-09, por un valor de US$452 millones, con lo cual la Empresa se convirtió en titular del 100% de este activo en el Piedemonte Llanero.

El cierre de la transacción se logró con el aval de la Superintendencia de Industria y Comercio, organismo que manifestó que la operación no genera una restricción indebida de la competencia por lo que no amerita objeción ni condicionamiento.

Además, se surtió el otro trámite pendiente para el cierre, que era la suscripción del otrosí modificatorio al Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos CPO-09, por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Repsol y Ecopetrol.

Esta transacción se realizó bajo el ejercicio del derecho de preferencia otorgado a Ecopetrol, en el marco del Contrato de Operación Conjunta (JOA – Joint Operating Agreement).

El Bloque CPO-09 está localizado en el departamento del Meta, en los municipios de Villavicencio, Acacías, Guamal, Castilla La Nueva, San Martín, Lejanías, El Dorado, El Castillo y Granada.

ACP propone crear el Consejo Nacional de Operación para combustibles

Para el gremio, es imprescindible habilitar mecanismos como el Centro Nacional de Operación, los almacenamientos estratégicos y habilitar importaciones para fortalecer la continuidad y confiabilidad del abastecimiento y atender la creciente demanda.

La creciente conflictividad social y de orden público, entre otros factores que ponen en riesgo el abastecimiento de combustibles en el país, exigen acciones estructurales y de mayor coordinación para mantener la continuidad y confiabilidad del suministro. Esta es la principal conclusión del informe económico “Combustibles líquidos: energía de hoy y mañana”, que presentó la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).

Y es que además de la dificultad que hubo un par de semanas del año pasado para el suministro de combustible para aviones, en 2024 se registraron 147 bloqueos a plantas y vías, más de 300 válvulas ilícitas en poliductos y más de 40 atentados a oleoductos.

En este contexto, la ACP propone la creación de un Consejo Nacional de Operación (CNO, similar a los que existen en los sectores de gas y electricidad) para el abastecimiento de combustibles líquidos, como una instancia que propendería por una mejor planeación y coordinación tanto de la operación recurrente como ante cualquier eventualidad y en escenarios con mayores requerimientos de importación, en la que todos los agentes de la cadena son corresponsables del garantizar el suministro.

La creación del CNO es una de las principales prioridades planteadas en el informe, el cual registra el contexto del sector en 2024 y las expectativas a 2030, así como una hoja de ruta para la seguridad energética en combustibles, producto de la visión de los agentes de toda la cadena: refinador, transportador, empresas distribuidoras mayoristas y gremios de los distribuidores minoristas y consumidores finales.

“La distribución de combustibles líquidos es un servicio público esencial y la columna vertebral de la movilidad en el país. Para garantizar su continuidad, debemos trabajar de manera articulada y estructurada, anticipándonos a los desafíos operativos y de abastecimiento que actualmente enfrentamos, pues los combustibles líquidos además de garantizar derechos fundamentales también respaldan el 6% de la matriz eléctrica del país, por ejemplo, el año anterior sostuvieron la generación térmica nacional y evitaron el racionamiento de energía”, afirmó Frank Pearl, presidente de la ACP.

Además de la creación del CON y de acuerdo con los agentes de la cadena, será necesario avanzar en la habilitación de importaciones de manera estructurada, toda vez que Ecopetrol no tiene planteado la ampliación de las refinerías, pero además se requiere desarrollar los proyectos de poliductos y almacenamientos estratégicos, promover la libre competencia, aumentar la mezcla de biocombustibles, permitir el uso de Jet-A para aviación (que es más barato y más fácil de adquirir) y desarrollar el combustible sostenible de aviación (SAF).

Demanda se mantiene en crecimiento

De acuerdo con el Informe, en 2024 el consumo total de combustibles líquidos (gasolinas, diésel y jet) creció 0,6% respecto a 2023, promediando 347 KBD9 (miles de barriles día).

La demanda de diésel aumentó 5,2% y la del combustible de aviación (Jet–A1) un 9,5%, evidenciando que es el combustible con mayor potencial de crecimiento para los próximos años; mientras el consumo de gasolinas (corriente y extra) cayó 5,9%.

Así que, teniendo en cuenta la capacidad de refinación del país y los eventos coyunturales presentados, se importó el 39% de la demanda de gasolina corriente, el 8% de la de diésel y el 2,4% de Jet A-1.

Hacia adelante, la demanda total crecería, en promedio, al 1,2% en 2025 y al 1,8% promedio anual en el mediano plazo (2026-2030). Lo cual implicará importaciones estructurales: en gasolina de hasta del 35% entre 2025 y 2030; en diésel, hasta del 10% entre 2027 y 2030; y en jet, hasta del 16% entre 2025 y 2030; proyección que no tiene en cuenta las importaciones coyunturales que se puedan requerir para asegurar el abastecimiento ante eventos de fuerza mayor, cambios en las condiciones operativas de las refinerías y/o mantenimientos.

Aportes fiscales

Según cálculos de la ACP, en 2024 las actividades de la cadena de distribución de combustibles líquidos representaron el 1,5% del PIB, generaron 264 mil empleos, y los impuestos al consumo de gasolinas y diésel representaron $9,1 billones de ingresos fiscales, de los cuales $5,2 billones al Gobierno nacional y $3,9 billones a las entidades territoriales.

Finalmente, Frank Pearl reiteró que “el abastecimiento confiable, continuo y eficiente de combustibles líquidos es fundamental para la seguridad energética de Colombia, para la estabilidad económica, el bienestar social y la garantía de derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo, al viabilizar el funcionamiento de vehículos particulares, transporte público y de carga, aviones y barcos”.

Colombia: Actividad petrolera cerró el 2024 en rojo

En los últimos dos años, 2023 y 2024, la actividad de perforación de pozos en Colombia pasó de 55 a 24 equipos (-56,4%), perdiendo cerca de 20 mil puestos de trabajo en las regiones productoras.

Según el más reciente Informe de CAMPETROL sobre Taladros y Producción, al cierre de diciembre de 2024 se registraron 102 taladros activos a nivel nacional, distribuidos en 24 equipos destinados a perforación y 78 a reacondicionamiento. Este total representó una disminución del 12,8% en comparación con diciembre de 2023 (15 taladros menos).

En cuanto a los taladros de perforación, entre enero de 2023 y diciembre de 2024 experimentaron una contracción del 56,4% (31 equipos menos), pasando de 55 a 24 unidades. Esta reducción impactó directamente en el empleo, con una estimación de 20.150 puestos perdidos entre directos e indirectos.

En lo corrido de 2024 la actividad petrolera reflejó una disminución del 31,4%, al pasar de 35 equipos activos de perforación en enero, a 24 en diciembre (11 equipos menos). Octubre y diciembre fueron los meses de menor actividad del año, con 24 equipos destinados a operaciones de perforación, respectivamente, superando únicamente el registro histórico de febrero de 2021, cuando se reportaron 22 unidades activas.

En cuanto a los taladros de reacondicionamiento, el promedio anual en 2024 fue de 77 equipos, un descenso del 9,2% respecto al promedio de 2023 (ocho unidades menos).

Por su parte, la producción fiscalizada de petróleo en Colombia cerró el 2024 con un promedio de 772,7 mil barriles por día (KBPD), lo que representa una disminución del 0,6% (4,5 KBPD menos) en comparación con el promedio alcanzado en 2023, que fue de 777,2 KBPD.

Campetrol destaca que diversos factores impactaron la operatividad del sector, entre ellos los paros y bloqueos que generaron cierres temporales de operaciones en campos como Caño Sur, Rex Ne y Caño Limón, así como el paro de transportadores en septiembre. De no presentarse estas circunstancias, se estima que la producción de crudo en el país podría superar los 800 mil barriles anuales.

Asimismo, la producción comercializada de gas natural cerró el año con una tendencia decreciente. En 2024 se reportó un promedio de 958,5 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), lo cual es un 9,5% inferior (100,1 MPCD menos) a lo evidenciado en el promedio del año 2023, cuando ascendía a 1.05G MPCD.

Durante 2024 se importaron en promedio 236,8 MPCD, que representó el 19,8% del gas comercializado en el país (236,8 MPCD importado + 958,5 MPCD nacional).

Por último, de acuerdo con el Banco de la República, entre enero y septiembre de 2024 (último dato disponible), la Inversión Extranjera Directa (IED) petrolera registrada en la Balanza de Pagos, sumó un valor de $1.822 MUSD, valor que fue inferior en $779 MUSD (-30,0%) comparado con el mismo periodo de 2023.

“La disminución en la actividad de los taladros de perforación evidencia el impacto que ha venido afectando al sector de hidrocarburos en los últimos dos años, agravado por factores como la sobretasa al impuesto de renta, los paros y bloqueos, que han comprometido el empleo de calidad, los encadenamientos productivos y la dinámica económica en las regiones productoras. En este contexto, el anuncio de más impuestos al sector no contribuye a mitigar estos efectos adversos. Desde CAMPETROL, hacemos un llamado a fomentar condiciones en pro de la competitividad de esta industria, que faciliten la reactivación de la inversión y fortalezcan tanto la sostenibilidad como la soberanía energética del país”, afirmó Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de CAMPETROL.

Ecopetrol y OXY extienden acuerdo en la cuenca del Permian

El plan incluye inversiones por más de US$880 millones para perforación de 91 pozos en las subcuencas de Midland y Delaware.

Luego de que por orden del presidente Petro Ecopetrol renunciará a un proyecto de asociación con Oxy en el proyecto Crown Rock y de que el Ministerio de Ambiente le pusiera palos en la rueda a la perforación del pozo Komodo-1 en el offshore del Caribe colombiano con la misma empresa, la estatal petrolera anunció que llegó a un acuerdo con la petrolera estadounidense para la extensión del plan de desarrollo del Midland, en la cuenca del Permian, en Texas, Estados Unidos, dentro del contrato suscrito en julio de 2019.

Este acuerdo prevé un plan de perforación de 34 pozos de desarrollo que se ejecutarán entre abril de 2025 y junio de 2026, adicionales a los que están ejecutándose en los primeros meses del presente año.

En el acuerdo se mantiene la posibilidad de suscribir a futuro una nueva extensión del Plan de Desarrollo, en función de las condiciones del entorno macroeconómico, de la situación de la industria y de los intereses de los socios.

Además, Ecopetrol y Oxy mantendrán activo un contrato independiente para el desarrollo de la subcuenca de Delaware, que continuará vigente hasta 2027.

“Con este plan de inversión en 2025 de Ecopetrol Permian, para el desarrollo de los activos en las subcuencas de Midland y Delaware, podremos estar perforando cerca de 91 pozos de desarrollo, con una inversión que supera los US$880 millones y que nos permitirá una producción cercana a 90 mil barriles de petróleo equivalente por día” afirmó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.

Tras cinco años de operación, Ecopetrol Permian y OXY han alcanzado resultados operacionales y financieros positivos, reflejados en el crecimiento de la producción y su contribución a los resultados del Grupo Ecopetrol.

Permian es reconocida como una de las cuencas con mayores reservas de hidrocarburos y una de las más productivas en el mundo, donde además se cuenta con una robusta infraestructura para el desarrollo de proyectos petroleros.

Hay que recordar que esta cuenca se desarrolla con la tecnología del fracking, la misma que está prohibida en el territorio colombiano, y que podría emplearse en las reservas detectadas en la cuenca del Magdalena Medio.

Gremios: Usuarios de energía eléctrica requieren soluciones y no falsos señalamientos

Gremios invitan a los usuarios del servicio de energía eléctrica a informarse con datos reales y verificables, contrastando las recientes declaraciones del Gobierno sobre las tarifas.

Los gremios del sector energético colombiano que hacen parte del comité intergremial conformado por ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, NATURGAS y SER COLOMBIA, hacen un llamado a la mesura y al sentido de responsabilidad respecto a los términos en que se adelanta el debate sobre el sector eléctrico.

Según los gremios, el 30 de enero en Barranquilla, durante el discurso del presidente Petro, se emitieron afirmaciones sin respaldo jurídico ni técnico, con mensajes que no se apegan a la verdad.

“Con ellas se distorsiona la realidad del problema de fondo que enfrenta el sector energético y se desvía la atención sobre la responsabilidad del Gobierno Nacional en la falta de soluciones concretas y responsables frente a una crisis que se ha producido, principalmente, por algunas acciones inadecuadas, y en otros casos, por omisiones”, señalan en un comunicado, y agregan:

“Queremos recordar que, las empresas generadoras de energía han invertido más de 140 billones de pesos en infraestructura, permitiendo con ello superar por más de 30 años sequías y fenómenos de El Niño; además, que durante los tres primeros trimestres de 2024 estas empresas aportaron a la economía 36,5 billones de pesos, equivalentes al 3% del PIB de ese periodo. También reiteramos que históricamente las tarifas de energía en Colombia no son las más costosas de la región, y respaldan un mercado confiable a diferencia de otros países de la región que han sufrido racionamientos.”

Por otro lado, señalan que la propuesta que el presidente parece mencionar sobre la bolsa de energía no coincide con la realidad, por lo que consideran que los mensajes muestran falta de información, pues la coyuntura en el sector de generación de energía enfrenta la falta de nueva oferta producto de retrasos por la falta de acompañamiento efectivo del Gobierno con las comunidades en regiones como La Guajira, que ya cuenta con varios proyectos eólicos abandonados y otros con retrasos de casi tres años y señales de intervención que ahuyentan a los inversionistas.

“El panorama es complejo, y esta semana hemos sido testigos del impacto que pueden tener palabras inoportunas, sin fundamento y fuera de contexto. Como ciudadanos colombianos, es nuestro derecho y deber exigir al Gobierno Nacional que tome las acciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en el futuro, porque, como lo hemos dicho en otros escenarios, la situación es muy crítica y de no garantizarse tanto el pago de subsidios y la Opción Tarifaria, como el ingreso de proyectos con mayor oferta de generación, el país puede verse en riesgo de desabastecimiento o apagones.

“La situación no admite la desinformación como una herramienta política en tiempos preelectorales, y por ello, es fundamental recordar el rol de los funcionarios públicos”, concluye el comunicado.

Enel fortalece la infraestructura eléctrica en Cundinamarca

Más de 500.000 personas se benefician con la repotenciación de líneas de alta tensión de la Sabana norte. La capacidad de las líneas se incrementó de 800 a 1.200 amperios, optimizando la infraestructura eléctrica de la región.

Enel Colombia culminó el proyecto de mantenimiento y repotenciación de cuatro líneas de los tres principales corredores de alta tensión que suministran energía a la Sabana Norte de Cundinamarca, beneficiando directamente a más de 500.000 personas, con una inversión de cerca de $40.000 millones de pesos.

Los trabajos, que finalizaron dos meses antes de lo previsto, iniciaron en el primer trimestre del 2023 y consistieron en la sustitución de 64,3 kilómetros de cableado, por uno de última tecnología, incrementando su capacidad de transporte de energía de 800 a 1.200 amperios, y utilizando las mismas estructuras existentes (postes y torres). Este avance mejora la confiabilidad del Sistema de Transmisión Regional (STR) y asegura un suministro eléctrico más robusto para usuarios residenciales, comerciales, industriales y oficiales.

«La culminación de este proyecto de mantenimiento de cuatro de nuestras principales líneas eléctricas de alta tensión a 115 kV de la Sabana y Norte de Cundinamarca, es una muestra de nuestro esfuerzo por responder a la creciente demanda energética de la región, mientras fortalecemos nuestra infraestructura. La renovación de las estructuras y la instalación de conductores de mayor capacidad son pasos clave para asegurar que nuestros clientes, tanto residenciales como industriales, cuenten con un suministro eléctrico estable y eficiente», afirmó Mónica Cataldo, gerente de Distribución de Enel Colombia.

Este proyecto se enmarca como una de las medidas de mitigación implementadas por Enel Colombia frente a los retrasos en la entrada en operación de infraestructura eléctrica clave para la región.

Es importante resaltar que la falta de desarrollo de proyectos de transmisión en Cundinamarca y Bogotá pone en riesgo la capacidad de atender la creciente demanda energética y limita el avance de iniciativas estratégicas, como la movilidad eléctrica, la electrificación de la economía y la conexión de proyectos de energía renovable.

El fortalecimiento de la infraestructura eléctrica no solo favorece el desarrollo económico, sino que también mejora directamente la calidad de vida en Bogotá y Cundinamarca. La disponibilidad de un suministro eléctrico confiable es esencial para la movilidad, productividad y seguridad.

Aunque existen desafíos significativos, Enel Colombia lidera esfuerzos para que la región cuente con la infraestructura necesaria para enfrentar el crecimiento futuro y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mediante la articulación entre las entidades públicas y privadas del sector, como lo son gobiernos nacionales y locales, autoridades ambientales nacionales, regionales y locales, entre otros, con el fin de garantizar oportunamente las licencias y permisos correspondientes para el desarrollo de los proyectos en el Sistema de Transmisión Nacional, Regional y de Distribución local.

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