Categoría: Opinión

La deuda oficial con las empresas comercializadoras de energía y gas, que ya asciende a los $7,6 billones, está en el centro de las preocupaciones del sector energético y también de los usuarios, por sus temores de que ello pueda derivar en un racionamiento.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La causa raíz de la deuda oficial obedece a que, después de que las distribuidoras le descontaron en sus facturas a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 el subsidio al consumo de energía ($2,7 billones) y gas natural ($628 mil millones), la Nación, que debe reintegrárselo se ha abstenido de hacerlo.

Adicionalmente, son muchas las entidades oficiales que están en mora del pago de la factura por la prestación del servicio ($1 billón). Finalmente, está la deuda por concepto de la Opción Tarifaria ($3,3 billones). El presidente Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, pero hasta la fecha es una promesa incumplida. 

Esta deuda, que se incrementa mes a mes, afecta la solvencia, la liquidez y el flujo de caja de las empresas comercializadoras. Ello llevó a la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos a la empresa Air- e, cuyo caso es solo la punta del iceberg, puesto que las demás empresas comercializadoras de energía y gas es similar.

Ello llevó a los organismos de control, Procuraduría y Contraloría General, en un pronunciamiento conjunto, a advertirle al gobierno nacional del riesgo de un apagón financiero y de un efecto dominó, ante la imposibilidad de pagar la energía contratada con las empresas generadoras, lo cual comprometería la prestación del servicio. 

Recordemos que Colombia tuvo un apagón, el cual le significó un racionamiento de hasta 10 horas diarias durante 11 meses, desde el 2 de marzo de 1992 hasta el 7 de febrero de 1993. Esa vez el apagón tuvo como causas la estatización del sector eléctrico, de tal modo que las inversiones estaban condicionadas por el espacio fiscal y presupuestal de la Nación y está a su vez tuvo que endeudarse hasta la coronilla para su financiación, llegando a representar más del 25% de la deuda total.

Otro factor que contribuyó al apagón, consecuencia del anterior, fue la falta de mantenimiento del parque de generación. Y, finalmente, más del 80% de la capacidad de generación era de origen hídrico, tornando muy vulnerable el sistema frente al Fenómeno de El Niño. Esa vez fue muy severo y duró aproximadamente 11 meses, desde marzo de 1992 hasta febrero de 1993. 

Las lecciones aprendidas de ese apagón dieron lugar a la expedición de la Ley eléctrica 143 de 1994: se dio paso a la participación, además del Estado y las comunidades organizadas (léase comunidades energéticas), de la empresa privada en la prestación de este servicio, tal y como quedó establecido en el artículo 365 de la Constitución Política de 1991, se diversificó la matriz eléctrica con la instalación de un parque térmico de generación, el cual representa hoy en día el 35%, se prohibió la integración vertical de las empresas y le dio vida a un órgano técnico independiente y autónomo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que en este gobierno se ha tornado inoperante, encargado de establecer las reglas de juego para el funcionamiento y operación del Sistema y velar por su cumplimiento. Y, concomitantemente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la única con rango constitucional (artículo 370), encargada de proteger a los usuarios. 

Gracias a esta arquitectura del Sistema, la cual ha sido muy bien ponderada por el Foro Económico Mundial (FEM), ubicándola en el top 10 a nivel global, Colombia es el único país en Latinoamérica que no ha tenido racionamiento de la prestación del servicio de energía en los últimos 30 años. Colombia ha enfrentado 5 fenómenos de El Niño sin apagarse.

Empero, estamos ante un riesgo inminente de racionamiento de energía, esta vez, a diferencia de 1992/1993, por el apagón financiero a que han estado expuestas tanto las empresas comercializadoras como las generadoras de energía. Así lo han manifestado ellas y sus gremios y lo han advertido a los organismos de control, pero lo que más preocupa es que de parte del Gobierno no se toman las decisiones pertinentes e inaplazables. 

Acaba de anunciar el director de Energía del MME Víctor Paternina, que “la deuda siempre la hemos reconocido, y por eso la orden del presidente Gustavo Petro es de ponernos al día con el pago de los subsidios en el corto plazo”, y terminó diciendo que antes de finalizar mayo el Gobierno Nacional se pondrá al día con el pago de los subsidios. Pero esta no es la primera vez que se hace este tipo de anuncios que quedan siempre como promesas incumplidas. De allí el escepticismo con el que se reciben. Amanecerá y veremos.

A la preocupación por la desazón que produce entre los usuarios el riesgo latente de verse privado de la prestación de estos servicios básicos, subsiste la que ha provocado la espiral alcista de las tarifas de la energía, que no se detiene, con el agravante del alza de otro energético, el gas natural.

En el interior del país los usuarios se vieron sorprendidos comenzando este año con alzas en las tarifas de gas entre el 20 y el 36%. Y como, según la Ley de Murphy, todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar, ahora resulta que, según un estudio de FEDESARROLLO, “si la mitad de la oferta proviniera de gas importado, el alza tarifaria, esta vez para todo el país, podría alcanzar el 44.6% en Bogotá, 44.9% en Medellín, 45.8% en Bucaramanga, 30.3% en Cali y 11.7% en Barranquilla”.

Y no hay que perder de vista que esta alza en las tarifas se traduce en más pobreza energética, dado que dificulta aún más el acceso a la energía, sobre todo a los más vulnerables.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La necesidad, el deseo y la fascinación por el hábito de escribir se conjugan para hacer de mis escritos una razón de ser y de existir. En mi obra siempre encuentra el lector una verdadera lluvia de ideas – fuerza, embrionarias unas, en fecundación otras, y las más en permanente estado de hibernación.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

A propósito de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBO), en la que pululan los libros y los autores y se atiborran todos los espacios con amantes de la lectura, me permito compartir con los lectores algunas reflexiones propias sobre el arte de escribir, empezando por citar a nuestro laureado premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez cuando dijo: “no me explico cómo hay escritores que no se dejan inquietar por algo que afecta y a veces determina la realidad en que viven”.

Una pregunta recurrente que uno se hace a sí mismo, sobre todo en los tiempos que corren, en los que priman la frivolidad y la trivialidad, productos de una gran frigidez intelectual, es para qué y para quién escribir, sin esperar el acostumbrado y esperado like de las redes sociales. 

En mi caso, me hecho a la idea de que lo que uno no escribe y publica no existe, escribir se me ha vuelto una necesidad imperiosa, tan perentoria como respirar; no me hallo sin escribir.

Cuanto más leo, me informo, aprendo y desaprendo, abrevando en las fuentes del conocimiento, más abrasadora es el ansia de escribir. Tanto más en cuanto que el conocimiento jamás será capaz de agotar la realidad, que siempre está en estado de mutación. Con razón dijo Heráclito que nadie se baña dos veces en las aguas de un mismo río, pues la realidad al igual que el agua fluye permanentemente.

A ratos, en mi diario discurrir, leyendo, analizando e investigando, siento una sensación que me lleva a evocar al Quijote cuando exclamó: “se va anchando Castilla delante de mi caballo”

La necesidad, el deseo y la fascinación por el hábito de escribir se conjugan, para hacer de mis escritos una razón de ser y de existir. En mi obra siempre encuentra el lector una verdadera lluvia de ideas – fuerza, embrionarias unas, en fecundación otras y las más en permanente estado de hibernación. La variedad de la temática, escrito en un lenguaje llano y simple, sin términos abstrusos e ininteligibles, hacen textos de consulta para legos y entendidos en distintas disciplinas del saber.

El tono de mis escritos es controvertido y controversial, crítico –al fin y al cabo, como dice Camus, el escritor, y yo no presumo serlo, no puede estar al servicio de los que hacen la historia, sino de quienes la sufren–, para nada dogmático y tienen por hilo conductor una línea de pensamiento fundada en los principios ideológicos con los que comulgo, imbuidos de una sensibilidad social, como buen socialdemócrata que soy. Siempre me he declarado como Churchilleano en política, orteguiano en filosofía y keynesiano en economía. Mis opiniones son mis convicciones.

Entre 1979, cuando vio la luz mi primer libro, La crisis energética y el petróleo en Colombia, y el 2025, cuando empezó a circular mi más reciente producción, La historia no contada del gas natural en Colombia, he escrito y publicado 50 obras. Y entre estas se cuenta una serie de Escritos, de los cuales ya se cuentan 24 volúmenes, en los cuales, a diferencia de los demás que versan sobre temas específicos, compendio columnas, artículos, opúsculos y ponencias en torno a asuntos muy variados, enfocados fundamentalmente en la economía, la energía, la minería, el medioambiente, la política y las regiones.

Me propuse hacerlo porque de otro modo se refundirían en el maremágnum de documentos que archivo, de tal modo que ni yo mismo volvería a dar con ellos.

Finalmente, quiero compartir con mis lectores una infidencia: me esmero tanto en lo que escribo, como en el modo, la manera y el estilo con que lo hago, pues al decir de Mario Benedetti “si la forma en que se escribe es torpe, perjudica en primer término al mensaje. Lo primero que hay que cuidar es la forma literaria”.

Al fin y al cabo, según la frase que se le atribuye a al naturalista francés Georges Louis Leclerc, conde Buffon, se dice sentenciosamente que el estilo es el hombre.

Coletilla: Les comparto la felicidad y la satisfacción que siento al haber sido honrado por parte del Banco de la República y su gerente Leonardo Villar, al recibir la donación que le hice a la Biblioteca Luis Ángel Arango de 5.400 volúmenes de mi biblioteca personal, la misma que me ha servido durante tantos años de manantial y abrevadero de conocimiento, para que ahora muchos más tengan la posibilidad de acceder a ellos.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La preocupación mayor estriba en el impacto de la descolgada de los precios del petróleo en la crítica situación de las finanzas públicas, particularmente de la Nación, que exhiben un descuadre descomunal.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Duro revés para Colombia la caída libre de los precios del petróleo. A comienzos de mayo se cotizaba a US $61.67 el barril, más de US $10 por debajo del precio esperado según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el precio base con el que ECOPETROL proyectó sus inversiones (US $73) para 2025.

Y por cada dólar que baja el precio se dejan de recibir $300 mil millones, en total $3 billones. Además, por cada dólar que baja el precio le dejan de ingresar al país US $16 millones en ingresos de divisas o sea US $160 millones, lo cual presionará aún más la devaluación del peso y de contera encarecerá aún más la deuda pública, que ya supera el 60% del PIB.

Desde luego el impacto de la estruendosa caída de los precios del crudo trasciende a ECOPETROL, pues tiene un efecto nocivo en el ritmo de crecimiento de la economía, en las finanzas públicas y en la economía misma, dada la importancia del oro negro en su dinámica, restándole fuerza e impulso.

Se calcula que por cada US $10 que baja el precio del crudo se afecta el crecimiento del PIB en -0.4 puntos porcentuales. Y recordemos que, según el DANE, el sector que tuvo el peor desempeño el año anterior, al punto que experimentó una contracción en su actividad y producción, con un decrecimiento de – 5%.

La preocupación mayor estriba en el impacto de la descolgada de los precios del petróleo en la ya de por sí crítica situación de las finanzas públicas, particularmente de la Nación, que exhiben un descuadre descomunal.

Venimos de un déficit fiscal el año pasado de 6.8% del PIB, el más alto en 20 años, muy por encima del 5.6% que había estimado el Marco fiscal de mediano plazo (MFMP). Y se prevé por parte de JP Morgan que este año a lo sumo bajará hasta el 6.1%, superior en todo caso a la previsión del MFMP del 5.1%. Y lo que es peor, el endeudamiento público está disparado, el año pasado registró el 61.3% del PIB. De manera que estamos ante un escenario que compromete seriamente la sostenibilidad fiscal.

Desafortunadamente, los precios siguen a la baja debido al fantasma de la recesión a consecuencia de la guerra arancelaria decretada por Trump y la mayor oferta de 400 mil barriles por parte de la OPEP.

Como se recordará, las utilidades de ECOPETROL cayeron 21.7% entre 2023 y 2024, al pasar de $19.1 billones a 14.9 billones, con precios promedio de US $82.5 y US $81 el barril, respectivamente. Y todo indica que esta tendencia de los precios se va a mantener por un largo rato.

De manera que si se mantiene la tendencia de la caída de los precios del crudo el resultado para 2025 serían el de un empeoramiento del desempeño de la empresa en lo tocante a sus utilidades, con el agravante que, debido al desplome de los precios, ECOPETROL se ha visto precisada a cerrar campos, dado que los mismos estarían por debajo del “umbral del dolor”, que se entiende como el punto de equilibrio entre costo de “levantamiento” del barril de crudo y su precio. Ello se traduce, como es obvio, en una menor producción, de lo cual se sigue que su impacto se daría por partida doble, por la baja cotización del precio del crudo y la reducción de los volúmenes extraídos y comercializados.

Por fortuna, la Junta Directiva de ECOPETROL desoyó los cantos de sirena del presidente Petro cuando manifestó que “yo quiero que se venda esa operación (el PERMIAN) para invertirlo en energía”.

En efecto, en abril pasado ECOPETROL y la OXY extendieron su asociación del Plan de Desarrollo del Midland en dicha cuenca. De otro modo ECOPETROL se hubiera dado un tiro en el pie y los resultados esperados serían peores, habida cuenta de que se estaría privando a ECOPETROL de un 15% de su producción, afectando de paso la relación reservas – producción (R/P) de la empresa. 

Aquí cabe advertir que la frustración del proyecto KOMODO es una oportunidad perdida, con su aplazamiento indefinido a consecuencia de la suspensión de la licencia ambiental y su posterior expedición de manera tardía y extemporánea, con el agravante de establecer unas condiciones que a juicio de ECOPETROL Y ANADARCO, su socio, tornan inviable el proyecto.

Este impase se añade al del proyecto OSLO, ubicado en la misma cuenca del PERMIAN en el que ECOPETROL venía avanzando en las negociaciones para la adquisición de una participación en la empresa CrownRock, de propiedad de su socio, la OXY, proceso que se truncó, en palabras del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, porque “el asunto es de coherencia… El petróleo sigue adelante, pero no con fracking”.

Definitivamente, la mayor apuesta de ECOPETROL y del país, en asociación con PETROBRAS, está en SIRIUS, cuyas reservas de gas se calculan en 6 TPC, equivalentes a más del doble de las reservas remanentes de gas con las que aún se cuenta, el cual está llamado a recobrar la seguridad y la soberanía energética del país, en este momento en grave predicamento. Pero su comercialidad tardará por lo menos hasta el 2029.

De manera que, para evitar un desabastecimiento, se tendrán que seguir importando volúmenes crecientes de gas natural, lo cual obligará a expandir, con urgencia, la capacidad de la regasificadora con que cuenta actualmente el país.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El carbón en Colombia, que representa el 56% del PIB minero y el 1,5% del total, y siendo el sexto mayor exportador de este mineral, después de Indonesia, Australia, Rusia, Suráfrica y EEUU, no está pasando por su mejor momento.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Como todos los commodities, los precios internacionales del carbón tienen un comportamiento cíclico, alternándose los precios altos con los bajos. Fue así cómo pasó de un mínimo de US $38,6 la tonelada en mayo de 2020, a la cima de su máximo histórico de los US $457,80 la tonelada en septiembre de 2022, aupado por la crisis que desató la invasión de Rusia a Ucrania y las consiguientes sanciones a Putin por parte de la OTAN.

Contrariamente a las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), lejos de aplanarse la curva de demanda de carbón a nivel mundial, en los tres últimos años esta viene de récord en récord, así: 8.350 millones de toneladas en 2022, 8.530 millones en 2023 y 8.771 millones en 2024. Y la AIE prevé que “la producción mundial se mantendrá estable en torno a los 9.000 millones de toneladas para 2027”.

De manera que mientras el presidente Petro, pensando con el deseo, afirma que según “las últimas cifras del DANE nos muestran que hay una caída del carbón; le echarán la culpa a Petro, pero es que el mundo ya no compra carbón”, para el director de Mercados Energéticos de la AIE, Keiduke Sadamori, si bien “el mundo está a punto de alcanzar un máximo en el uso de combustibles fósiles y el carbón será el primero en disminuir, aún no hemos llegado a ese punto”. 

Ello se explica en gran medida porque uno de los grandes consumidores de carbón como China tuvo en 2023 el mayor aumento en su capacidad instalada de energía desde 2016, con 44 GW netos (más del doble de toda la capacidad instalada de generación de Colombia), todos a carbón.

En total, en 2023 el mundo puso en funcionamiento 69,5 nuevos GW de generación a carbón y solo pasaron a mejor vida 21 GW. 

Como queda visto, el problema que afronta la producción de carbón en Colombia no obedece a la caída de la demanda, sino que sus exportaciones se han visto desplazadas de sus dos principales mercados. Del de EEUU, que era el primero, debido a la sustitución promovida por el presidente Obama del carbón por gas natural barato, gracias a la revolución de los esquistos; y del de la Unión Europea, el segundo mercado en importancia, en donde EEUU se nos convirtió en competidor. 

Le tocó, entonces, a Glencor, que opera El Cerrejón en La Guajira y Drummond en sus minas Pribbenow y El Descanso en el Cesar, que son los principales productores de carbón térmico, por fuerza de las circunstancias, migrar hacia el mercado asiático asumiendo unos mayores fletes, los cuales son críticos en este negocio.

Y mientras tanto, en Colombia, durante este gobierno, le aumentaron la carga impositiva, elevando sus costos operacionales y de contera afectando su competitividad. Así se explica que Colombia, después de exportar 90 millones de toneladas en 2017, en 2024 exportó 64,6 millones de toneladas, al tiempo que el precio cayó el 28% con respecto al año anterior.

La descolgada de los precios y los mayores costos en los que están incurriendo llevó a ambas empresas a ajustar su producción a la baja en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado.

Además, desde bien temprano, este Gobierno tomó la decisión similar a la industria de los hidrocarburos de darle un no rotundo a los nuevos proyectos de explotación de carbón a gran escala, máxime si es a cielo abierto, lo cual lo llevó a congelar los dos títulos mineros en el Cesar que le devolvieron al Estado PRODECO – GLENCOR, renunciando a la producción y exportación de 15 millones de toneladas, a lo cual se vino a sumar la absurda decisión de prohibir la exportación de carbón a Israel. 

Colombia, a propósito, se ha quedado con el pecado y sin la gracia, porque, si bien es loable el propósito de abstenerse de extraer y exportar carbón como una contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el mismo no se logra porque el consumo sigue creciendo y viene de récord en récord. Se cumple así la Ley de Keynes según la cual toda demanda crea su propia oferta. En consecuencia, el carbón que no extrae ni exporta Colombia lo extraen y exportan otros, nuestros competidores.

Con el marchitamiento prematuro de los hidrocarburos y el carbón, el país está renunciando a su principal fuente de financiamiento, no solo del presupuesto general de la Nación y de las entidades territoriales, sino también del financiamiento de la propia transición energética de la que tanto alardea, más de lo que hace, el Gobierno, porque, como solemos decir los economistas, no hay almuerzo gratis y la transición energética cuesta y siempre se ha dicho que las correas salen del cuero.

A propósito, en la Cumbre de Seguridad Energética que se realizó en Londres, el director Ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, dejó claramente establecidas tres reglas de oro para lograr la seguridad energética, y la primera de ellas es la que establece que “un sector como el energético, que requiere inversiones masivas y apuestas a muy largo plazo, no puede verse sometido a la continua alteración de las reglas de juego que se está produciendo en la actualidad”. Este es el caso de Colombia.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Colombia lleva más de 15 años estudiando y analizando los yacimientos no convencionales (YNC) como una alternativa para aumentar reservas de petróleo y gas.

Por: JUAN ESPINAL*

Tal como lo hicieron Estados Unidos y Argentina, los YNC les permitió lograr estabilidad y asegurar su soberanía energética. Sin embargo, en nuestro país, por decisiones ideológicas del petrismo, se suspendieron los dos proyectos piloto de investigación científica que buscaban explorar estas fuentes de energía.

El gas es una fuente energética crucial para los colombianos. Hoy, 36 millones de personas tienen acceso al gas natural en sus hogares, y el 84% de esos beneficiarios pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el gas natural representa menos del 1% del costo total de la canasta familiar de un hogar pobre, lo que lo convierte en el servicio público más barato que los colombianos pagan. En promedio, las familias de estrato 1 y 2 gastan entre $10.000 y $12.000 mensuales. La disponibilidad y el precio accesible del gas natural lo convierten en el energético con mayor aceptación social en el país. Sin embargo, las malas decisiones del presidente Petro han generado un aumento de hasta el 36% en su costo.

A pesar de estas dificultades, 1’001.212 nuevas familias han comenzado a recibir gas natural en sus hogares, sumando un total de 11,6 millones de hogares beneficiados. No obstante, aún queda mucho por hacer. Según datos de Naturgas, el reto es llevar este servicio a los 1,5 millones de hogares que aún dependen de la leña para cocinar, parte de los 8,4 millones de colombianos que viven en pobreza energética.

Las reservas de gas están disminuyendo rápidamente. Existe una correlación directa entre la perforación de pozos exploratorios y el volumen de reservas. De acuerdo con información de Campetrol, la perforación de pozos exploratorios y de desarrollo ha disminuido 61% (-53 pozos) y un 28% (-185 pozos) en 2024, respectivamente, en comparación con las cifras de 2022. Como resultado, la autosuficiencia de Colombia ha caído de 13 años a solo 6. Hace 20 años, perforábamos 120 pozos exploratorios al año.

En el Congreso anual de Naturgas insistí en que Colombia debe adoptar el fracking. Esta técnica nos permitiría aumentar nuestras reservas de gas de 2,3 TPC a 30 TPC, generando 14.000 empleos y ofreciendo estabilidad energética al país. Además, beneficiaría a los 12 millones de hogares que dependen del gas natural, así como a la industria, el comercio y a los más de 200.000 vehículos que funcionan con este energético.

El único que no ha comprendido, por su radicalismo ideológico, que el gas más barato es el producido en Colombia, es el presidente Petro. Las consecuencias de su negativa a suscribir nuevos contratos de exploración y producción son graves para los colombianos, especialmente para los más vulnerables. Su postura también está ahuyentando la inversión, en un sector que requiere años para dar frutos.

Reflexión final: No es posible que un país tan rico en recursos naturales como Colombia no pueda prosperar, todo por culpa de unos ideólogos que han decidido acusarnos de querer destruir el mundo. Más perjudicial que el gas, el petróleo o el carbón, es la ideología destructiva que se opone al desarrollo y al progreso.

*Representante de la Cámara por el Centro Democrático.

Mientras se da el contrapunteo entre el gremio del gas natural y el Ejecutivo, se acentúa la dependencia de Colombia de las importaciones, que serán cada vez mayores en los próximos años.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Mientras el ex ministro de Energía Andrés Camacho adujo, sin fundamento alguno y a contrapelo de la cifra oficial proporcionada por el Gestor del Mercado de Gas, de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), que en Colombia no se presentaba una escasez sino un acaparamiento de gas por parte de algunas empresas, el presidente Petro aseguró “están especulando” y “quieren importar el gas caro porque eso eleva las tarifas de energía a todos los actores del sistema eléctrico. Hay que proceder«. 

Atribuirle esa mala intención a las empresas generadoras es absurdo, puesto que no les asiste interés alguno en elevar las tarifas de energía ya que en nada las beneficia a ellas.

Con esta afirmación del Presidente, se violó la presunción de la inocencia y el debido proceso a las empresas, al tiempo que se presionó a la Superintendencia de Servicios Públicos para “proceder” de acuerdo con su juicio de valor. 

No hay que perder de vista que dicha Superintendencia depende directamente del despacho del presidente de la República y en consecuencia el Superintendente es su subalterno. Eso se llama prejuzgamiento y es lo más contrario al Estado social de derecho que nos rige.

Empezando por el principio, cuando se dio a conocer por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)  un cuestionado y controvertido informe sobre el balance reservas/producción de gas natural, que le costó la salida a la viceministra de Energía Belizza Ruiz por tomar distancia del mismo, el cual mostraba una caída de sus precarias reservas, la entonces ministra, la filósofa Irene Vélez, para justificar la decisión tomada de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, hizo las cuentas de la lechera, sumando peras con manzanas (reservas probadas + reservas probables + reservas posibles + recursos contingentes), para concluir que no había de qué preocuparse porque teníamos garantizado el autoabastecimiento hasta el 2037. 

Posteriormente, su sucesor, Andrés Camacho, del mismo corte y sesgo ideológico y más activista que ingeniero eléctrico, se mantuvo en la misma línea y ello lo llevó en su negacionismo, a sostener que en Colombia no se presentaba una escasez.

No obstante, VANTI, como todas las demás comercializadoras, se atuvo a la cifra oficial, pues al fin y al cabo dato mata relato y ante su obligación de garantizarle a los usuarios la prestación del servicio de gas, se dispuso a comprar gas importado por la firma TLP GAS. Y ello, mientras el ex ministro Camacho, insistía en que al no haber escasez de gas tampoco había necesidad de importarlo. Con terquedad aragonesa sostuvo que “Colombia cuenta con abastecimiento de gas por 20 años”.

Y cuando el primero de diciembre se recibió el primer despacho de 40 MMPCD se atrevió el Ministro Camacho a decir que se estaba importando ese gas sólo para tenerlo de “reserva” por parte de algunas empresas y que nada justificaba el alza de los precios y las tarifas del gas como consecuencia de su importación. Pidió a las superintendencias de Industria y Comercio y a la de Servicios Públicos que investigaran a las empresas comercializadoras del gas. Según él, “cuando se revende el mismo volumen de gas varias veces, se inflan los precios, similar a un proceso especulativo”. Y las superintendencias procedieron en consecuencia.

El negacionismo llevó al ministro Camacho a demorar la expedición del Decreto que se requería para facilitar las importaciones, que se venía solicitando por parte de las empresas desde noviembre y el cual sólo fue expedido el 10 de diciembre (1467 de 2024).

Lo propio ocurrió con la Resolución de la CREG, que apenas ahora se anuncia por parte del ministro Edwin Palma, para hacer posible que las empresas puedan seguir importando el gas pero mediante contratos de largo plazo, con más bajos precios y no como lo vienen haciendo comprando gas en el mercado spot a precios exorbitantes.

Pese a todo, el presidente Petro, en tono amenazante, a través de su cuenta X, expresó el pasado viernes, mientras se adelantaba en Barranquilla el Congreso anual de NATURGAS, que “las decisiones están tomadas: que los intermediarios del gas dejen de especular con los precios, incluidos los importadores, o el Gobierno tomará las medidas de ley”.

A ello respondió la presidente de NATURGAS, Luz Stella Murgas, que “las cifras relacionadas con los faltantes de gas natural no son cifras de NATURGAS ni de los agentes del mercado, son cifras que producen la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Minas, la Unidad de Planeación Minero-Energética y el Gestor del Mercado”.

Ahí vamos en este contrapunteo entre el gremio del gas natural y el Ejecutivo, mientras se acentúa la dependencia del país de las importaciones de gas, que serán cada vez mayores en los próximos años.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Varios han sido los anuncios y los intentos fallidos del Gobierno colombiano para bajar o por lo menos detener la espiral alcista de los precios en Bolsa y las tarifas de energía que agobian a los usuarios finales.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Finalizando 2024, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la Resolución 101 066 de 2024 fechada el 18 de noviembre, estableciendo dos precios de escasez del cargo por confiabilidad, uno inferior aplicable a la energía hídrica, a las renovables y a las térmicas a carbón, de más bajo costo ($359 el KWH), y otro superior ($945 el KWH) a la energía generada utilizando gas natural o combustibles líquidos derivados del petróleo, que es mucho más costosa.

El ex ministro Andrés Camacho se comprometió con que esta medida tendría “efecto inmediato en las tarifas de energía de los colombianos”, cuando la realidad era y es que es opcional para las empresas acogerse a la misma sólo se torna obligatoria hacia el año 2027 – 2028,cuando vencen las obligaciones de energía en firme (OEF) ya asignadas.

Bien dijo Alejandro Lucio Chaustre, director Ejecutivo de Óptima Consultores, que “esto no va a tener un efecto inmediato en el precio de bolsa de energía y mucho menos un efecto transversal en las tarifas que pagan los usuarios, como se ha querido vender”.

Alegando que “ante la falta de voluntad de las empresas generadoras de energía de aceptar la actual fórmula legal de la energía eléctrica que coloca techos razonables a la tarifa de energía hídrica y solar, expediré por decreto, el porcentaje máximo de venta de energía en bolsa”, manifestó el presidente Petro en el curso del Consejo de Ministros que tuvo lugar el pasado 7 de abril, el cual se centró en la problemática del sector eléctrico, sobre todo en lo atinente a las tarifas de energía.

Es claro que el presidente de la República no está investido de la facultad para intervenir el mercado eléctrico ni para regular las tarifas de la energía, esa es una facultad exclusiva y excluyente de la CREG. Lo dice la Ley 142 de 1994 de servicios públicos y lo ha reiterado la Corte Constitucional, y fue la razón que llevó al Consejo de Estado a tumbar el Decreto 227 del 16 de febrero de 2023. Los actos administrativos anunciados por el Presidente podrían correr la misma suerte.

Ahora bien, excepción hecha de EPM, las demás empresas comercializadoras de energía son solo distribuidoras y por tanto deben comprar la energía a las generadoras y para ello debe recurrir a la firma de contratos bilaterales o a la Bolsa, en donde se transa la energía, a la que concurren generadoras y comercializadoras, en la que la formación del precio se rige por un método marginalista, mediante el despacho por parte del Centro Nacional de Operaciones (CNO) la energía ofertada de acuerdo con su precio, de menor a mayor, hasta copar la demanda, de tal suerte que dicho precio se establece tomando en consideración el del último agente despachado.

Lo que se propone por parte del Gobierno es establecer por Decreto un máximo de exposición en Bolsa por parte de generadores y comercializadores del 5%. Dicho de otra manera, se les obligaría a tener contratos bilaterales del 95%. Ello, en teoría, sería beneficioso para el usuario final, dado que garantizaría estabilidad en el precio pactado, eludiendo la volatilidad propia del mercado mayorista (léase Bolsa). Para ilustrarlo comparemos el precio en Bolsa que oscila alrededor de los $500 el KWH, mientras el promedio del precio en los contratos bilaterales está en $300. 

Pero, ¿en la práctica qué pasa? Del lado del generador, si llega a presentarse un fenómeno de El Niño y no dispone de energía hídrica, de bajo costo, debido a que la hidrología crítica lo impide, para honrar su compromiso contractual, se ve precisado a comprar energía térmica, mucho más costosa y venderla al más bajo precio contratado. Ello atenta contra uno de los dos principios que contempla la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, el de la suficiencia financiera de las empresas, comprometiendo su estabilidad.

Si lo miramos desde el lado del comercializador, este al firmar un contrato de largo plazo debe constituir unas garantías, para lo cual debe contar con el músculo financiero necesario y suficiente.

Y es bien sabido que las empresas comercializadoras están a punto de un apagón financiero, debido al impago de los subsidios por parte de la Nación por tres billones de pesos, a la deuda por concepto de la Opción tarifaria ($3,4 billones) y la cartera oficial en mora ($1,2 billones), que sumados superan los $7 billones. 

Empezando por la intervenida Air-e, ¿de dónde van a sacar los recursos para constituir las garantías y honrar el pago de la energía contratada, ahora que se le exigiría cubrirse en un 95%?

A ello se viene a sumar la situación planteada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, a través de una circular, disponiendo que a las empresas intervenidas por ella no le aplica la limitación de suministro, lo cual quiere decir que así no paguen la energía contratada la empresa generadora está obligada a seguir despachándole la energía. Ello podría conducir a un efecto dominó que podría traducirse, como lo ha advertido la empresa XM, que opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN), así como los organismos de control, la Procuraduría y la Contraloría General.

Finalmente, es de advertir que con medidas como esta no se está atacando la causa de las altas tarifas sino sus consecuencias. La fiebre no está en la sábana.

Lo que viene presionando al alza tanto los precios en Bolsa como las tarifas de energía es el alto grado de estrés al cual está sometido el SIN debido a la estrechez de la Oferta de Energía en Firme (OEF), a consecuencia del atraso y el freno de la ejecución de los proyectos de expansión tanto de generación como de transmisión. 

Aquí estamos en presencia de una causalidad circular de la espiral alcista de los precios y las tarifas de energía.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Según J P Morgan Chase, la posibilidad de una recesión global pasó del 40% al 60%, como consecuencia de los desvaríos de la agresiva política comercial de la administración Trump.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Paradójicamente, el “Día de la liberación”, como catalogó el presidente Donald Trump el 2 de abril, fue la ocasión propicia para anunciar las más drásticas medidas de protección al mercado interno de los EEUU.

Adujo que “ante la implacable guerra económica que enfrentamos, nuestro país ya no puede continuar con una política de rendición económica unilateral. En mi opinión este es uno de los días más importantes de la historia porque es nuestra declaración de independencia económica”.

Y, a su juicio, ello atentaba contra la estabilidad económica, el empleo y la seguridad nacional, razón que esgrimió para la declaratoria de la Emergencia Nacional y amparado en esta echó mano de la Ley de Poderes Económicos (IEEPA), que inviste al presidente de las facultades para expedir ordenes ejecutivas tendientes a conjurar los daños que ello podría infligirle a la Nación.

Entonces expidió la orden ejecutiva mediante la cual procedió a gravar las exportaciones a los EEUU con aranceles de un 10% como tarifa general y global, al tiempo que impuso otros denominados “recíprocos” o “equivalentes”, lo que en la práctica no es más que un arancel punitivo, aplicable a aquellos países con los que la balanza comercial es deficitaria o le han establecido barreras al acceso de sus exportaciones, destacándose entre ellos China y Vietnam, que han sido los países que han llevado la peor parte, con gravámenes del 54% y 46%, respectivamente.

Según Trump, con ello se propone cerrar la brecha del desbalance comercial en su contra, la cual supera 1,3 billones de dólares.

Ha sido enfático el presidente Trump al afirmar que con esta ofensiva arancelaria, “empezamos a hacer a Estados Unidos rico de nuevo. Durante décadas nuestro país ha sido saqueado y violado. Hace 4 años no se oía hablar de nuestro país y sus contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años, pero no va a suceder más”.

Es claro que las barreras arancelarias impuestas son un arma de doble filo, ya que, como lo establece la Tercera Ley de Newton, toda acción da lugar a una reacción igual y en sentido opuesto, de tal suerte que esta confrontación de los EEUU con sus socios comerciales puede conducir a lo que dijo Gandhi de la ley del talión: “ojo por ojo y el mundo acabará ciego”.

Con este paso que ha dado el presidente Trump pateó el tablero y de contera está transgrediendo y violando los TLC suscritos, entre ellos el que firmó con Colombia, lo que le valdrá, muy seguramente denuncias ante una Organización Mundial de Comercio (OMC) totalmente inoperante, por parte de los países afectados.

Según Gabriel Ibarra, socio de la firma Ibarra Rincón, las demandas por violación a los tratados internacionales de comercio difícilmente prosperarán, dado que “el órgano de apelaciones (Ciadi) quedó bloqueado porque Estados Unidos ha impedido el nombramiento y reemplazo de los miembros del órgano en la medida en que se han ido venciendo los períodos”. De manera que esta vía está bloqueada.

Pero ello no es óbice para que China y la Unión Europea contemplen medidas retaliatorias, en respuesta a la ofensiva proteccionista del presidente Trump. China, además de establecer un arancel a las importaciones provenientes de los EEUU del 34%, ha ordenado restringir sus exportaciones de minerales raros y cinco metales críticos, como lo son el tungsteno, el telurio, bismuto, indio y molibdeno, y asumió además el control de las tierras raras, poniendo en aprietos a la industria tecnológica estadounidense.

Por su parte, Úrsula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, dejó en claro que “los aranceles universales anunciados Trump son un duro golpe a la economía mundial”, y lamentó esta opción.

“El bloque europeo está preparado para responder… Nos estamos preparando para más contramedidas, para proteger nuestros intereses y nuestros negocios, si las negociaciones fracasan, agregó.

A Colombia, no obstante que sólo la cobija la tarifa general de un arancel del 10%, según estudio de Corficolombiana sobre su impacto, en el Índice de vulnerabilidad comercial frente a EEUU, se ubica en el segundo lugar (54.5) después de México (66.7). Y no es para menos, ya que el 33.7% de sus exportaciones tiene a los EEUU como destino y el 26.8% de las importaciones provienen de la potencia del Norte.

No se puede perder de vista tampoco que el 27% de los insumos del aparato productivo colombiano viene de los EEUU y muy seguramente se encarecerán tanto por cuenta de la devaluación del peso con respecto al dólar, que se ve venir a consecuencias de la guerra arancelaria, sino porque los aranceles aplicados a las importaciones estadounidenses, además de desacelerar el crecimiento de su economía disparará de nuevo la inflación, con un alto riesgo que ello derive en una estanflación generalizada, afectando de paso la demanda por los productos exportados desde Colombia.

Según el banco J P Morgan Chase, la posibilidad de una recesión global pasó del 40% al 60%, a consecuencia de los desvaríos de la agresiva política comercial de la administración Trump. Este es un gran desafío para Colombia.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El rol de las regiones es clave en el crecimiento y el desarrollo económico y social del país. Este no puede ser competitivo si sus regiones no lo son. 

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Colombia ha sido siempre, como afirmó el pensador antioqueño Luis López de Mesa, un archipiélago de regiones.

Bolívar y sus correligionarios propugnaron por el centralismo y Santander y los suyos por el federalismo en los albores de la independencia de Colombia. Desde entonces, el enfrentamiento político entre unos y otros tuvo en el centralismo vs federalismo la manzana de la discordia.

El rol de las regiones es clave en el crecimiento y el desarrollo económico y social del país. Este no puede ser competitivo si sus regiones no lo son. 

Colombia se ha caracterizado por un desarrollo desigual, con enormes brechas entre el centro y la periferia, entre unas regiones y otras, y también existen brechas intra-regionales. Las regiones más rezagadas del país son el Pacífico y el Caribe, allí se concentra la pobreza y es mayor el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. 

Los planes de desarrollo de los distintos gobiernos en sus diagnósticos identifican y reconocen que las regiones más apartadas y periféricas son las más vulnerables y vulneradas y en la mayoría de ellos, como el del ex presidente López (Para cerrar la brecha), pero sus estrategias para sacarlas de la trampa de la pobreza han sido ineficaces para lograrlo. 

Una manifestación palmaria del aberrante desequilibrio entre regiones, la pone de manifiesto la alta concentración del PIB, el cual, en promedio, pasó de $28.2 millones en 2022 a $30.3 millones en 2023 y peor aún del PIB por habitante.

La gran torta que es el PIB nacional en 2023 alcanzó los $1.584 billones. Pero, los promedios suelen ser engañosos y a la hora del reparto salta a la vista el enorme desequilibrio entre unas regiones y otras. A saber: mientras el Distrito Especial de Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca suman $780.1 billones, es decir el 49.2% del total, con $395 billones, $231 billones y 153 billones, respectivamente, en el otro extremo nos encontramos con departamentos como Chocó, Caquetá, Amazonas y Vaupés, con $6.8 billones, $6.2 billones, $1.2 billones y $426.943 millones, respectivamente.

Y si lo analizamos a partir del PIB per cápita ello es más ostensible: a nivel nacional se registró en 2023 $30.3 millones, pero Bogotá con $50 millones está muy por encima de este promedio ponderado, muy distante de Caquetá, Amazonas, Chocó y Vaupés, los cuales registraron en su orden, según el DANE, $ 14.705.069, $14.259.112, $11.579.375 y  $9.127.210.

Mi experiencia, primero como Secretario de Planeación de La Guajira, luego como Coordinador del CORPES de la Costa, director Ejecutivo de la FND  y más recientemente como Director de la RAP del Caribe, me permitió comprobar que a pesar de que la Constitución de 1991 estableció el principio de la autonomía territorial, este sigue siendo un país centralista, exacerbada por el avasallador presidencialismo. Y no es para menos, pues el Presidente de la República es, además, el Jefe de Estado, Jede de gobierno, suprema autoridad administrativa y se le suele atribuir, además, el título inventado de primer magistrado de la Nación.

El primer paso para fortalecer la autonomía e impulsar el desarrollo regional es el trámite y aprobación de la Ley de competencias para que entre en vigor el Acto legislativo que fortalece el fisco de los departamentos y municipios, al disponer que el monto a transferirles por parte de la Nación pase del 23.5% de los ingresos corrientes de la Nación hasta el 39.5% hacia el año a la vuelta de 10 años.

Ello sin perjuicio de implementar una reforma tributaria territorial que les permita arbitrar mayores recursos propios, pues hasta ahora todas las reformas tributarias aprobadas por el Congreso han sido solo para arbitrarle recursos a la Nación. De allí que de cada $100 que se recaudan en Colombia, el Gobierno central se queda con $80.

Este país es tan centralista que hasta Bogotá es víctima del mismo. Se ha visto recientemente como desde el Palacio de Nariño le han puesto el freno de mano al avance de un proyecto tan estratégico para su desarrollo como lo es el Metro.

En la región es fundamental el relevo generacional, la dignificación de la política y el empoderamiento de la sociedad civil, los centros de pensamiento, los gremios y las universidades, con un mayor compromiso con la integración y el desarrollo regional. 

En primera instancia, el gran Acuerdo Nacional para el desarrollo económico y social de las regiones ya se dio con la aprobación por parte del Congreso de la República del Acto Legislativo que reformó el Sistema General de Participación.

Lo que sigue es la Ley de Competencias, que es la que determinará con cuales competencias se queda la Nación y cuáles asumirán las entidades territoriales, evitando la redundancia y la duplicidad en el ejercicio de sus funciones. 

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El debilitamiento de la autosuficiencia energética va a generar un impacto perverso en el bolsillo de todos los colombianos.

Por: JUAN ESPINAL*

En Colombia se está hablando de fracking desde el 2012, cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos tomó la decisión de nombrar la primera comisión de expertos para analizar técnicamente si la herramienta era viable o no en el país, incluso emitió el Decreto 3004 de 2013, que dio vida jurídica a la posibilidad de realizar Proyectos Pilotos de Investigación Científica en Colombia.

Sin duda, este tema ha generado un espinoso debate a nivel nacional, muchas veces protagonizado por políticos y opinadores que poco o nada saben y por lo mismo terminan recurriendo a la ideología sacrificando el tecnicismo en la materia.

El país logró avanzar en dos Proyectos Pilotos de Investigación Científica, uno de ellos con licencia ambiental y el cual fue avalado jurídicamente vía Sentencia por el Consejo de Estado, lo que permitió que el Gobierno Duque avanzará en la consolidación técnica, científica y ambiental, pero lamentablemente cuando llega el Gobierno del “cambio” toman la decisión de suspender los dos pilotos, enviando un mensaje al país con la radicación del Proyecto de Ley que tiene como objetivo la prohibición. En otras palabras, la radicalización en temas ambientales llegó a nombre del “cambio”.

Es evidente que tenemos compromisos internacionales en materia ambiental y en el propósito de avanzar en la Transición Energética para lograr la “carbono neutralidad” en 2050, como punto esencial en las decisiones en materia de hidrocarburos. Sin embargo, tomar decisiones partiendo de este enfoque, deja a un lado la realidad de la agenda global en materia de cambio climático, las dinámicas geopolíticas, la crisis que ha generado la guerra en Rusia-Ucrania, y el riesgo que tiene la dependencia en materia energética.

Es un despropósito desconocer que la industria de los hidrocarburos puede coexistir con las energías renovables, lo que ha permitido desarrollar capacidades para garantizar la Transición Energética, la conservación del medio ambiente y contar con importantes recursos vía regalías que son fundamentales para la inversión en las regiones del país.

Cómo desconocer lo que ocurrió en Alemania, su modelo de Transición Energética era un referente a nivel mundial, pero la decisión de prohibición del fracking y el debilitamiento de las reservas, los llevó a depender de Rusia, lo que generó una crisis energética, a tal punto que llegaron a quemar leña para sobrevivir. Como decimos los colombianos” les salió más caro el remedio que la enfermedad”.

Importante hacer alusión a la decisión de la ministra del Reino Unido de levantar la prohibición de fracking, con el objetivo de garantizar la estabilidad energética.

Todo está dicho: Colombia sin fracking, anunciado por el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, quien desde su primer día al frente de la compañía afirmó que no se firmarían más contratos de exploración de hidrocarburos en Colombia, generando unas consecuencias lamentables.

Lamentaremos estas decisiones, que están poniendo en riesgo la Seguridad Energética del país. He insistido en nuestro país, en que la Transición Energética debe ir de la mano de la Seguridad Energética. El debilitamiento de la autosuficiencia energética va a generar un impacto perverso en el bolsillo de todos los colombianos.

Estos activistas ambientales no entienden que no pueden pretender obligar a un país como Colombia, que está en desarrollo, a tomar políticas de países desarrollados, que ellos nunca tuvieron en cuenta, pues de haber renunciado a los hidrocarburos serían países subdesarrollados, como nosotros.

*Representante de la Cámara por el Centro Democrático.