Categoría: Opinión

El carbón en Colombia, que representa el 56% del PIB minero y el 1,5% del total, y siendo el sexto mayor exportador de este mineral, después de Indonesia, Australia, Rusia, Suráfrica y EEUU, no está pasando por su mejor momento.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Como todos los commodities, los precios internacionales del carbón tienen un comportamiento cíclico, alternándose los precios altos con los bajos. Fue así cómo pasó de un mínimo de US $38,6 la tonelada en mayo de 2020, a la cima de su máximo histórico de los US $457,80 la tonelada en septiembre de 2022, aupado por la crisis que desató la invasión de Rusia a Ucrania y las consiguientes sanciones a Putin por parte de la OTAN.

Contrariamente a las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), lejos de aplanarse la curva de demanda de carbón a nivel mundial, en los tres últimos años esta viene de récord en récord, así: 8.350 millones de toneladas en 2022, 8.530 millones en 2023 y 8.771 millones en 2024. Y la AIE prevé que “la producción mundial se mantendrá estable en torno a los 9.000 millones de toneladas para 2027”.

De manera que mientras el presidente Petro, pensando con el deseo, afirma que según “las últimas cifras del DANE nos muestran que hay una caída del carbón; le echarán la culpa a Petro, pero es que el mundo ya no compra carbón”, para el director de Mercados Energéticos de la AIE, Keiduke Sadamori, si bien “el mundo está a punto de alcanzar un máximo en el uso de combustibles fósiles y el carbón será el primero en disminuir, aún no hemos llegado a ese punto”. 

Ello se explica en gran medida porque uno de los grandes consumidores de carbón como China tuvo en 2023 el mayor aumento en su capacidad instalada de energía desde 2016, con 44 GW netos (más del doble de toda la capacidad instalada de generación de Colombia), todos a carbón.

En total, en 2023 el mundo puso en funcionamiento 69,5 nuevos GW de generación a carbón y solo pasaron a mejor vida 21 GW. 

Como queda visto, el problema que afronta la producción de carbón en Colombia no obedece a la caída de la demanda, sino que sus exportaciones se han visto desplazadas de sus dos principales mercados. Del de EEUU, que era el primero, debido a la sustitución promovida por el presidente Obama del carbón por gas natural barato, gracias a la revolución de los esquistos; y del de la Unión Europea, el segundo mercado en importancia, en donde EEUU se nos convirtió en competidor. 

Le tocó, entonces, a Glencor, que opera El Cerrejón en La Guajira y Drummond en sus minas Pribbenow y El Descanso en el Cesar, que son los principales productores de carbón térmico, por fuerza de las circunstancias, migrar hacia el mercado asiático asumiendo unos mayores fletes, los cuales son críticos en este negocio.

Y mientras tanto, en Colombia, durante este gobierno, le aumentaron la carga impositiva, elevando sus costos operacionales y de contera afectando su competitividad. Así se explica que Colombia, después de exportar 90 millones de toneladas en 2017, en 2024 exportó 64,6 millones de toneladas, al tiempo que el precio cayó el 28% con respecto al año anterior.

La descolgada de los precios y los mayores costos en los que están incurriendo llevó a ambas empresas a ajustar su producción a la baja en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado.

Además, desde bien temprano, este Gobierno tomó la decisión similar a la industria de los hidrocarburos de darle un no rotundo a los nuevos proyectos de explotación de carbón a gran escala, máxime si es a cielo abierto, lo cual lo llevó a congelar los dos títulos mineros en el Cesar que le devolvieron al Estado PRODECO – GLENCOR, renunciando a la producción y exportación de 15 millones de toneladas, a lo cual se vino a sumar la absurda decisión de prohibir la exportación de carbón a Israel. 

Colombia, a propósito, se ha quedado con el pecado y sin la gracia, porque, si bien es loable el propósito de abstenerse de extraer y exportar carbón como una contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el mismo no se logra porque el consumo sigue creciendo y viene de récord en récord. Se cumple así la Ley de Keynes según la cual toda demanda crea su propia oferta. En consecuencia, el carbón que no extrae ni exporta Colombia lo extraen y exportan otros, nuestros competidores.

Con el marchitamiento prematuro de los hidrocarburos y el carbón, el país está renunciando a su principal fuente de financiamiento, no solo del presupuesto general de la Nación y de las entidades territoriales, sino también del financiamiento de la propia transición energética de la que tanto alardea, más de lo que hace, el Gobierno, porque, como solemos decir los economistas, no hay almuerzo gratis y la transición energética cuesta y siempre se ha dicho que las correas salen del cuero.

A propósito, en la Cumbre de Seguridad Energética que se realizó en Londres, el director Ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, dejó claramente establecidas tres reglas de oro para lograr la seguridad energética, y la primera de ellas es la que establece que “un sector como el energético, que requiere inversiones masivas y apuestas a muy largo plazo, no puede verse sometido a la continua alteración de las reglas de juego que se está produciendo en la actualidad”. Este es el caso de Colombia.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Colombia lleva más de 15 años estudiando y analizando los yacimientos no convencionales (YNC) como una alternativa para aumentar reservas de petróleo y gas.

Por: JUAN ESPINAL*

Tal como lo hicieron Estados Unidos y Argentina, los YNC les permitió lograr estabilidad y asegurar su soberanía energética. Sin embargo, en nuestro país, por decisiones ideológicas del petrismo, se suspendieron los dos proyectos piloto de investigación científica que buscaban explorar estas fuentes de energía.

El gas es una fuente energética crucial para los colombianos. Hoy, 36 millones de personas tienen acceso al gas natural en sus hogares, y el 84% de esos beneficiarios pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el gas natural representa menos del 1% del costo total de la canasta familiar de un hogar pobre, lo que lo convierte en el servicio público más barato que los colombianos pagan. En promedio, las familias de estrato 1 y 2 gastan entre $10.000 y $12.000 mensuales. La disponibilidad y el precio accesible del gas natural lo convierten en el energético con mayor aceptación social en el país. Sin embargo, las malas decisiones del presidente Petro han generado un aumento de hasta el 36% en su costo.

A pesar de estas dificultades, 1’001.212 nuevas familias han comenzado a recibir gas natural en sus hogares, sumando un total de 11,6 millones de hogares beneficiados. No obstante, aún queda mucho por hacer. Según datos de Naturgas, el reto es llevar este servicio a los 1,5 millones de hogares que aún dependen de la leña para cocinar, parte de los 8,4 millones de colombianos que viven en pobreza energética.

Las reservas de gas están disminuyendo rápidamente. Existe una correlación directa entre la perforación de pozos exploratorios y el volumen de reservas. De acuerdo con información de Campetrol, la perforación de pozos exploratorios y de desarrollo ha disminuido 61% (-53 pozos) y un 28% (-185 pozos) en 2024, respectivamente, en comparación con las cifras de 2022. Como resultado, la autosuficiencia de Colombia ha caído de 13 años a solo 6. Hace 20 años, perforábamos 120 pozos exploratorios al año.

En el Congreso anual de Naturgas insistí en que Colombia debe adoptar el fracking. Esta técnica nos permitiría aumentar nuestras reservas de gas de 2,3 TPC a 30 TPC, generando 14.000 empleos y ofreciendo estabilidad energética al país. Además, beneficiaría a los 12 millones de hogares que dependen del gas natural, así como a la industria, el comercio y a los más de 200.000 vehículos que funcionan con este energético.

El único que no ha comprendido, por su radicalismo ideológico, que el gas más barato es el producido en Colombia, es el presidente Petro. Las consecuencias de su negativa a suscribir nuevos contratos de exploración y producción son graves para los colombianos, especialmente para los más vulnerables. Su postura también está ahuyentando la inversión, en un sector que requiere años para dar frutos.

Reflexión final: No es posible que un país tan rico en recursos naturales como Colombia no pueda prosperar, todo por culpa de unos ideólogos que han decidido acusarnos de querer destruir el mundo. Más perjudicial que el gas, el petróleo o el carbón, es la ideología destructiva que se opone al desarrollo y al progreso.

*Representante de la Cámara por el Centro Democrático.

Mientras se da el contrapunteo entre el gremio del gas natural y el Ejecutivo, se acentúa la dependencia de Colombia de las importaciones, que serán cada vez mayores en los próximos años.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Mientras el ex ministro de Energía Andrés Camacho adujo, sin fundamento alguno y a contrapelo de la cifra oficial proporcionada por el Gestor del Mercado de Gas, de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), que en Colombia no se presentaba una escasez sino un acaparamiento de gas por parte de algunas empresas, el presidente Petro aseguró “están especulando” y “quieren importar el gas caro porque eso eleva las tarifas de energía a todos los actores del sistema eléctrico. Hay que proceder«. 

Atribuirle esa mala intención a las empresas generadoras es absurdo, puesto que no les asiste interés alguno en elevar las tarifas de energía ya que en nada las beneficia a ellas.

Con esta afirmación del Presidente, se violó la presunción de la inocencia y el debido proceso a las empresas, al tiempo que se presionó a la Superintendencia de Servicios Públicos para “proceder” de acuerdo con su juicio de valor. 

No hay que perder de vista que dicha Superintendencia depende directamente del despacho del presidente de la República y en consecuencia el Superintendente es su subalterno. Eso se llama prejuzgamiento y es lo más contrario al Estado social de derecho que nos rige.

Empezando por el principio, cuando se dio a conocer por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)  un cuestionado y controvertido informe sobre el balance reservas/producción de gas natural, que le costó la salida a la viceministra de Energía Belizza Ruiz por tomar distancia del mismo, el cual mostraba una caída de sus precarias reservas, la entonces ministra, la filósofa Irene Vélez, para justificar la decisión tomada de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, hizo las cuentas de la lechera, sumando peras con manzanas (reservas probadas + reservas probables + reservas posibles + recursos contingentes), para concluir que no había de qué preocuparse porque teníamos garantizado el autoabastecimiento hasta el 2037. 

Posteriormente, su sucesor, Andrés Camacho, del mismo corte y sesgo ideológico y más activista que ingeniero eléctrico, se mantuvo en la misma línea y ello lo llevó en su negacionismo, a sostener que en Colombia no se presentaba una escasez.

No obstante, VANTI, como todas las demás comercializadoras, se atuvo a la cifra oficial, pues al fin y al cabo dato mata relato y ante su obligación de garantizarle a los usuarios la prestación del servicio de gas, se dispuso a comprar gas importado por la firma TLP GAS. Y ello, mientras el ex ministro Camacho, insistía en que al no haber escasez de gas tampoco había necesidad de importarlo. Con terquedad aragonesa sostuvo que “Colombia cuenta con abastecimiento de gas por 20 años”.

Y cuando el primero de diciembre se recibió el primer despacho de 40 MMPCD se atrevió el Ministro Camacho a decir que se estaba importando ese gas sólo para tenerlo de “reserva” por parte de algunas empresas y que nada justificaba el alza de los precios y las tarifas del gas como consecuencia de su importación. Pidió a las superintendencias de Industria y Comercio y a la de Servicios Públicos que investigaran a las empresas comercializadoras del gas. Según él, “cuando se revende el mismo volumen de gas varias veces, se inflan los precios, similar a un proceso especulativo”. Y las superintendencias procedieron en consecuencia.

El negacionismo llevó al ministro Camacho a demorar la expedición del Decreto que se requería para facilitar las importaciones, que se venía solicitando por parte de las empresas desde noviembre y el cual sólo fue expedido el 10 de diciembre (1467 de 2024).

Lo propio ocurrió con la Resolución de la CREG, que apenas ahora se anuncia por parte del ministro Edwin Palma, para hacer posible que las empresas puedan seguir importando el gas pero mediante contratos de largo plazo, con más bajos precios y no como lo vienen haciendo comprando gas en el mercado spot a precios exorbitantes.

Pese a todo, el presidente Petro, en tono amenazante, a través de su cuenta X, expresó el pasado viernes, mientras se adelantaba en Barranquilla el Congreso anual de NATURGAS, que “las decisiones están tomadas: que los intermediarios del gas dejen de especular con los precios, incluidos los importadores, o el Gobierno tomará las medidas de ley”.

A ello respondió la presidente de NATURGAS, Luz Stella Murgas, que “las cifras relacionadas con los faltantes de gas natural no son cifras de NATURGAS ni de los agentes del mercado, son cifras que producen la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Minas, la Unidad de Planeación Minero-Energética y el Gestor del Mercado”.

Ahí vamos en este contrapunteo entre el gremio del gas natural y el Ejecutivo, mientras se acentúa la dependencia del país de las importaciones de gas, que serán cada vez mayores en los próximos años.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Varios han sido los anuncios y los intentos fallidos del Gobierno colombiano para bajar o por lo menos detener la espiral alcista de los precios en Bolsa y las tarifas de energía que agobian a los usuarios finales.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Finalizando 2024, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la Resolución 101 066 de 2024 fechada el 18 de noviembre, estableciendo dos precios de escasez del cargo por confiabilidad, uno inferior aplicable a la energía hídrica, a las renovables y a las térmicas a carbón, de más bajo costo ($359 el KWH), y otro superior ($945 el KWH) a la energía generada utilizando gas natural o combustibles líquidos derivados del petróleo, que es mucho más costosa.

El ex ministro Andrés Camacho se comprometió con que esta medida tendría “efecto inmediato en las tarifas de energía de los colombianos”, cuando la realidad era y es que es opcional para las empresas acogerse a la misma sólo se torna obligatoria hacia el año 2027 – 2028,cuando vencen las obligaciones de energía en firme (OEF) ya asignadas.

Bien dijo Alejandro Lucio Chaustre, director Ejecutivo de Óptima Consultores, que “esto no va a tener un efecto inmediato en el precio de bolsa de energía y mucho menos un efecto transversal en las tarifas que pagan los usuarios, como se ha querido vender”.

Alegando que “ante la falta de voluntad de las empresas generadoras de energía de aceptar la actual fórmula legal de la energía eléctrica que coloca techos razonables a la tarifa de energía hídrica y solar, expediré por decreto, el porcentaje máximo de venta de energía en bolsa”, manifestó el presidente Petro en el curso del Consejo de Ministros que tuvo lugar el pasado 7 de abril, el cual se centró en la problemática del sector eléctrico, sobre todo en lo atinente a las tarifas de energía.

Es claro que el presidente de la República no está investido de la facultad para intervenir el mercado eléctrico ni para regular las tarifas de la energía, esa es una facultad exclusiva y excluyente de la CREG. Lo dice la Ley 142 de 1994 de servicios públicos y lo ha reiterado la Corte Constitucional, y fue la razón que llevó al Consejo de Estado a tumbar el Decreto 227 del 16 de febrero de 2023. Los actos administrativos anunciados por el Presidente podrían correr la misma suerte.

Ahora bien, excepción hecha de EPM, las demás empresas comercializadoras de energía son solo distribuidoras y por tanto deben comprar la energía a las generadoras y para ello debe recurrir a la firma de contratos bilaterales o a la Bolsa, en donde se transa la energía, a la que concurren generadoras y comercializadoras, en la que la formación del precio se rige por un método marginalista, mediante el despacho por parte del Centro Nacional de Operaciones (CNO) la energía ofertada de acuerdo con su precio, de menor a mayor, hasta copar la demanda, de tal suerte que dicho precio se establece tomando en consideración el del último agente despachado.

Lo que se propone por parte del Gobierno es establecer por Decreto un máximo de exposición en Bolsa por parte de generadores y comercializadores del 5%. Dicho de otra manera, se les obligaría a tener contratos bilaterales del 95%. Ello, en teoría, sería beneficioso para el usuario final, dado que garantizaría estabilidad en el precio pactado, eludiendo la volatilidad propia del mercado mayorista (léase Bolsa). Para ilustrarlo comparemos el precio en Bolsa que oscila alrededor de los $500 el KWH, mientras el promedio del precio en los contratos bilaterales está en $300. 

Pero, ¿en la práctica qué pasa? Del lado del generador, si llega a presentarse un fenómeno de El Niño y no dispone de energía hídrica, de bajo costo, debido a que la hidrología crítica lo impide, para honrar su compromiso contractual, se ve precisado a comprar energía térmica, mucho más costosa y venderla al más bajo precio contratado. Ello atenta contra uno de los dos principios que contempla la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, el de la suficiencia financiera de las empresas, comprometiendo su estabilidad.

Si lo miramos desde el lado del comercializador, este al firmar un contrato de largo plazo debe constituir unas garantías, para lo cual debe contar con el músculo financiero necesario y suficiente.

Y es bien sabido que las empresas comercializadoras están a punto de un apagón financiero, debido al impago de los subsidios por parte de la Nación por tres billones de pesos, a la deuda por concepto de la Opción tarifaria ($3,4 billones) y la cartera oficial en mora ($1,2 billones), que sumados superan los $7 billones. 

Empezando por la intervenida Air-e, ¿de dónde van a sacar los recursos para constituir las garantías y honrar el pago de la energía contratada, ahora que se le exigiría cubrirse en un 95%?

A ello se viene a sumar la situación planteada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, a través de una circular, disponiendo que a las empresas intervenidas por ella no le aplica la limitación de suministro, lo cual quiere decir que así no paguen la energía contratada la empresa generadora está obligada a seguir despachándole la energía. Ello podría conducir a un efecto dominó que podría traducirse, como lo ha advertido la empresa XM, que opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN), así como los organismos de control, la Procuraduría y la Contraloría General.

Finalmente, es de advertir que con medidas como esta no se está atacando la causa de las altas tarifas sino sus consecuencias. La fiebre no está en la sábana.

Lo que viene presionando al alza tanto los precios en Bolsa como las tarifas de energía es el alto grado de estrés al cual está sometido el SIN debido a la estrechez de la Oferta de Energía en Firme (OEF), a consecuencia del atraso y el freno de la ejecución de los proyectos de expansión tanto de generación como de transmisión. 

Aquí estamos en presencia de una causalidad circular de la espiral alcista de los precios y las tarifas de energía.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Según J P Morgan Chase, la posibilidad de una recesión global pasó del 40% al 60%, como consecuencia de los desvaríos de la agresiva política comercial de la administración Trump.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Paradójicamente, el “Día de la liberación”, como catalogó el presidente Donald Trump el 2 de abril, fue la ocasión propicia para anunciar las más drásticas medidas de protección al mercado interno de los EEUU.

Adujo que “ante la implacable guerra económica que enfrentamos, nuestro país ya no puede continuar con una política de rendición económica unilateral. En mi opinión este es uno de los días más importantes de la historia porque es nuestra declaración de independencia económica”.

Y, a su juicio, ello atentaba contra la estabilidad económica, el empleo y la seguridad nacional, razón que esgrimió para la declaratoria de la Emergencia Nacional y amparado en esta echó mano de la Ley de Poderes Económicos (IEEPA), que inviste al presidente de las facultades para expedir ordenes ejecutivas tendientes a conjurar los daños que ello podría infligirle a la Nación.

Entonces expidió la orden ejecutiva mediante la cual procedió a gravar las exportaciones a los EEUU con aranceles de un 10% como tarifa general y global, al tiempo que impuso otros denominados “recíprocos” o “equivalentes”, lo que en la práctica no es más que un arancel punitivo, aplicable a aquellos países con los que la balanza comercial es deficitaria o le han establecido barreras al acceso de sus exportaciones, destacándose entre ellos China y Vietnam, que han sido los países que han llevado la peor parte, con gravámenes del 54% y 46%, respectivamente.

Según Trump, con ello se propone cerrar la brecha del desbalance comercial en su contra, la cual supera 1,3 billones de dólares.

Ha sido enfático el presidente Trump al afirmar que con esta ofensiva arancelaria, “empezamos a hacer a Estados Unidos rico de nuevo. Durante décadas nuestro país ha sido saqueado y violado. Hace 4 años no se oía hablar de nuestro país y sus contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años, pero no va a suceder más”.

Es claro que las barreras arancelarias impuestas son un arma de doble filo, ya que, como lo establece la Tercera Ley de Newton, toda acción da lugar a una reacción igual y en sentido opuesto, de tal suerte que esta confrontación de los EEUU con sus socios comerciales puede conducir a lo que dijo Gandhi de la ley del talión: “ojo por ojo y el mundo acabará ciego”.

Con este paso que ha dado el presidente Trump pateó el tablero y de contera está transgrediendo y violando los TLC suscritos, entre ellos el que firmó con Colombia, lo que le valdrá, muy seguramente denuncias ante una Organización Mundial de Comercio (OMC) totalmente inoperante, por parte de los países afectados.

Según Gabriel Ibarra, socio de la firma Ibarra Rincón, las demandas por violación a los tratados internacionales de comercio difícilmente prosperarán, dado que “el órgano de apelaciones (Ciadi) quedó bloqueado porque Estados Unidos ha impedido el nombramiento y reemplazo de los miembros del órgano en la medida en que se han ido venciendo los períodos”. De manera que esta vía está bloqueada.

Pero ello no es óbice para que China y la Unión Europea contemplen medidas retaliatorias, en respuesta a la ofensiva proteccionista del presidente Trump. China, además de establecer un arancel a las importaciones provenientes de los EEUU del 34%, ha ordenado restringir sus exportaciones de minerales raros y cinco metales críticos, como lo son el tungsteno, el telurio, bismuto, indio y molibdeno, y asumió además el control de las tierras raras, poniendo en aprietos a la industria tecnológica estadounidense.

Por su parte, Úrsula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, dejó en claro que “los aranceles universales anunciados Trump son un duro golpe a la economía mundial”, y lamentó esta opción.

“El bloque europeo está preparado para responder… Nos estamos preparando para más contramedidas, para proteger nuestros intereses y nuestros negocios, si las negociaciones fracasan, agregó.

A Colombia, no obstante que sólo la cobija la tarifa general de un arancel del 10%, según estudio de Corficolombiana sobre su impacto, en el Índice de vulnerabilidad comercial frente a EEUU, se ubica en el segundo lugar (54.5) después de México (66.7). Y no es para menos, ya que el 33.7% de sus exportaciones tiene a los EEUU como destino y el 26.8% de las importaciones provienen de la potencia del Norte.

No se puede perder de vista tampoco que el 27% de los insumos del aparato productivo colombiano viene de los EEUU y muy seguramente se encarecerán tanto por cuenta de la devaluación del peso con respecto al dólar, que se ve venir a consecuencias de la guerra arancelaria, sino porque los aranceles aplicados a las importaciones estadounidenses, además de desacelerar el crecimiento de su economía disparará de nuevo la inflación, con un alto riesgo que ello derive en una estanflación generalizada, afectando de paso la demanda por los productos exportados desde Colombia.

Según el banco J P Morgan Chase, la posibilidad de una recesión global pasó del 40% al 60%, a consecuencia de los desvaríos de la agresiva política comercial de la administración Trump. Este es un gran desafío para Colombia.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El rol de las regiones es clave en el crecimiento y el desarrollo económico y social del país. Este no puede ser competitivo si sus regiones no lo son. 

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Colombia ha sido siempre, como afirmó el pensador antioqueño Luis López de Mesa, un archipiélago de regiones.

Bolívar y sus correligionarios propugnaron por el centralismo y Santander y los suyos por el federalismo en los albores de la independencia de Colombia. Desde entonces, el enfrentamiento político entre unos y otros tuvo en el centralismo vs federalismo la manzana de la discordia.

El rol de las regiones es clave en el crecimiento y el desarrollo económico y social del país. Este no puede ser competitivo si sus regiones no lo son. 

Colombia se ha caracterizado por un desarrollo desigual, con enormes brechas entre el centro y la periferia, entre unas regiones y otras, y también existen brechas intra-regionales. Las regiones más rezagadas del país son el Pacífico y el Caribe, allí se concentra la pobreza y es mayor el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. 

Los planes de desarrollo de los distintos gobiernos en sus diagnósticos identifican y reconocen que las regiones más apartadas y periféricas son las más vulnerables y vulneradas y en la mayoría de ellos, como el del ex presidente López (Para cerrar la brecha), pero sus estrategias para sacarlas de la trampa de la pobreza han sido ineficaces para lograrlo. 

Una manifestación palmaria del aberrante desequilibrio entre regiones, la pone de manifiesto la alta concentración del PIB, el cual, en promedio, pasó de $28.2 millones en 2022 a $30.3 millones en 2023 y peor aún del PIB por habitante.

La gran torta que es el PIB nacional en 2023 alcanzó los $1.584 billones. Pero, los promedios suelen ser engañosos y a la hora del reparto salta a la vista el enorme desequilibrio entre unas regiones y otras. A saber: mientras el Distrito Especial de Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca suman $780.1 billones, es decir el 49.2% del total, con $395 billones, $231 billones y 153 billones, respectivamente, en el otro extremo nos encontramos con departamentos como Chocó, Caquetá, Amazonas y Vaupés, con $6.8 billones, $6.2 billones, $1.2 billones y $426.943 millones, respectivamente.

Y si lo analizamos a partir del PIB per cápita ello es más ostensible: a nivel nacional se registró en 2023 $30.3 millones, pero Bogotá con $50 millones está muy por encima de este promedio ponderado, muy distante de Caquetá, Amazonas, Chocó y Vaupés, los cuales registraron en su orden, según el DANE, $ 14.705.069, $14.259.112, $11.579.375 y  $9.127.210.

Mi experiencia, primero como Secretario de Planeación de La Guajira, luego como Coordinador del CORPES de la Costa, director Ejecutivo de la FND  y más recientemente como Director de la RAP del Caribe, me permitió comprobar que a pesar de que la Constitución de 1991 estableció el principio de la autonomía territorial, este sigue siendo un país centralista, exacerbada por el avasallador presidencialismo. Y no es para menos, pues el Presidente de la República es, además, el Jefe de Estado, Jede de gobierno, suprema autoridad administrativa y se le suele atribuir, además, el título inventado de primer magistrado de la Nación.

El primer paso para fortalecer la autonomía e impulsar el desarrollo regional es el trámite y aprobación de la Ley de competencias para que entre en vigor el Acto legislativo que fortalece el fisco de los departamentos y municipios, al disponer que el monto a transferirles por parte de la Nación pase del 23.5% de los ingresos corrientes de la Nación hasta el 39.5% hacia el año a la vuelta de 10 años.

Ello sin perjuicio de implementar una reforma tributaria territorial que les permita arbitrar mayores recursos propios, pues hasta ahora todas las reformas tributarias aprobadas por el Congreso han sido solo para arbitrarle recursos a la Nación. De allí que de cada $100 que se recaudan en Colombia, el Gobierno central se queda con $80.

Este país es tan centralista que hasta Bogotá es víctima del mismo. Se ha visto recientemente como desde el Palacio de Nariño le han puesto el freno de mano al avance de un proyecto tan estratégico para su desarrollo como lo es el Metro.

En la región es fundamental el relevo generacional, la dignificación de la política y el empoderamiento de la sociedad civil, los centros de pensamiento, los gremios y las universidades, con un mayor compromiso con la integración y el desarrollo regional. 

En primera instancia, el gran Acuerdo Nacional para el desarrollo económico y social de las regiones ya se dio con la aprobación por parte del Congreso de la República del Acto Legislativo que reformó el Sistema General de Participación.

Lo que sigue es la Ley de Competencias, que es la que determinará con cuales competencias se queda la Nación y cuáles asumirán las entidades territoriales, evitando la redundancia y la duplicidad en el ejercicio de sus funciones. 

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El debilitamiento de la autosuficiencia energética va a generar un impacto perverso en el bolsillo de todos los colombianos.

Por: JUAN ESPINAL*

En Colombia se está hablando de fracking desde el 2012, cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos tomó la decisión de nombrar la primera comisión de expertos para analizar técnicamente si la herramienta era viable o no en el país, incluso emitió el Decreto 3004 de 2013, que dio vida jurídica a la posibilidad de realizar Proyectos Pilotos de Investigación Científica en Colombia.

Sin duda, este tema ha generado un espinoso debate a nivel nacional, muchas veces protagonizado por políticos y opinadores que poco o nada saben y por lo mismo terminan recurriendo a la ideología sacrificando el tecnicismo en la materia.

El país logró avanzar en dos Proyectos Pilotos de Investigación Científica, uno de ellos con licencia ambiental y el cual fue avalado jurídicamente vía Sentencia por el Consejo de Estado, lo que permitió que el Gobierno Duque avanzará en la consolidación técnica, científica y ambiental, pero lamentablemente cuando llega el Gobierno del “cambio” toman la decisión de suspender los dos pilotos, enviando un mensaje al país con la radicación del Proyecto de Ley que tiene como objetivo la prohibición. En otras palabras, la radicalización en temas ambientales llegó a nombre del “cambio”.

Es evidente que tenemos compromisos internacionales en materia ambiental y en el propósito de avanzar en la Transición Energética para lograr la “carbono neutralidad” en 2050, como punto esencial en las decisiones en materia de hidrocarburos. Sin embargo, tomar decisiones partiendo de este enfoque, deja a un lado la realidad de la agenda global en materia de cambio climático, las dinámicas geopolíticas, la crisis que ha generado la guerra en Rusia-Ucrania, y el riesgo que tiene la dependencia en materia energética.

Es un despropósito desconocer que la industria de los hidrocarburos puede coexistir con las energías renovables, lo que ha permitido desarrollar capacidades para garantizar la Transición Energética, la conservación del medio ambiente y contar con importantes recursos vía regalías que son fundamentales para la inversión en las regiones del país.

Cómo desconocer lo que ocurrió en Alemania, su modelo de Transición Energética era un referente a nivel mundial, pero la decisión de prohibición del fracking y el debilitamiento de las reservas, los llevó a depender de Rusia, lo que generó una crisis energética, a tal punto que llegaron a quemar leña para sobrevivir. Como decimos los colombianos” les salió más caro el remedio que la enfermedad”.

Importante hacer alusión a la decisión de la ministra del Reino Unido de levantar la prohibición de fracking, con el objetivo de garantizar la estabilidad energética.

Todo está dicho: Colombia sin fracking, anunciado por el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, quien desde su primer día al frente de la compañía afirmó que no se firmarían más contratos de exploración de hidrocarburos en Colombia, generando unas consecuencias lamentables.

Lamentaremos estas decisiones, que están poniendo en riesgo la Seguridad Energética del país. He insistido en nuestro país, en que la Transición Energética debe ir de la mano de la Seguridad Energética. El debilitamiento de la autosuficiencia energética va a generar un impacto perverso en el bolsillo de todos los colombianos.

Estos activistas ambientales no entienden que no pueden pretender obligar a un país como Colombia, que está en desarrollo, a tomar políticas de países desarrollados, que ellos nunca tuvieron en cuenta, pues de haber renunciado a los hidrocarburos serían países subdesarrollados, como nosotros.

*Representante de la Cámara por el Centro Democrático.

Resulta contraintuitivo que salga más barato importar gas desde la distante Qatar que desde países más próximos a Colombia.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

Primero fue el embeleco de traer gas natural desde Venezuela, en momentos en los que Colombia había pasado de la abundancia a la escasez de este energético. Fueron la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez y después Andrés Camacho, quien la relevó, quienes con terquedad aragonesa quisieron convencer al país de la necesidad y conveniencia de reactivar el convenio firmado por los presidentes Uribe y Chaves el 15 de julio de 2004, el cual entró en pausa desde 2015 por su incumplimiento por parte de Venezuela, para posibilitarlo.

Diecinueve años después, los presidentes Petro y Maduro suscribieron una declaración, que se calificó como “crucial”, considerando este como el “principio de integración energética entre los dos países”.

Después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, y luego de asegurar el ministro Camacho que Ecopetrol estaba “trabajando en todos los temas administrativos y jurídicos necesarios, dado que se realizaría a través de un contrato entre ECOPETROL y PDVSA”, súbitamente dio un giro de 180 grados, afirmando que “no podemos centrar nuestras expectativas ante la escasez de gas actual en una fuente incierta como Venezuela”. 

Y fue más lejos en su intervención al momento de comparecer ante el Congreso de la República al afirmar que “actualmente ni políticamente ni financieramente ni técnicamente, no se podrá importar gas desde Venezuela”. Este fue el primer globo que se lanzó al espacio como distractor de la pungente realidad en ciernes del mercado del gas en Colombia, expuesta a su desabastecimiento.

No obstante, después de reconocer las “expectativas ante la escasez de gas”, el negacionismo que caracterizó su gestión llevó al ministro Camacho a descartarla. Afirmó categóricamente en agosto de 2024 que “no es cierto que vayamos a tener escasez el próximo año”, refiriéndose al 2025.

Y cuando el gas escaseó salió a decir que “no tenemos realmente un déficit, sino un fenómeno de mercado”, debido a que al “acaparamiento” por parte de algunas empresas “que han adquirido más gas del que realmente necesitan”. 

Y claro, al negar la escasez y descartar el déficit de gas para 2025, planteó que importar gas “nunca ha estado en nuestros planes”. Pues, por fuera de sus planes, desde el priomero de diciembre del año anterior se han venido importando 40 MMPCD para atender la demanda esencial (diferente a la térmica).

Hubo que esperar el relevo en el Ministerio de Minas y Energía para que el propio presidente se persuadiera de la necesidad de importar gas natural para poder conjurar un eventual desabastecimiento.

Y ello, a pesar de que desde septiembre de 2024 el presidente de ECOPETROL, una y otra vez, haya señalado que “hemos venido anunciando que hemos detectado unos faltantes importantes de gas para atender el mercado desde la producción nacional”. Advirtió, además, que “la regulación actual nos impide hacer una oferta diferente a la que tenemos en la base firme; hay una limitante de 46 MMPCD” y desde entonces inició el aprestamiento para poder contar con las facilidades para la importación de gas. 

Empero, lo que causó mayor sorpresa en el país y armó un gran alboroto fue el intempestivo anuncio del presidente Gustavo Petro en el sentido de que ECOPETROL “intervendrá en importación de gas para comprarlo a Qatar a precios razonables”.

Adujo el Presidente como explicación y justificación de ello que, lo que según él “existe en el sistema de precios del gas es una especulación pura expresada en revender el gas colombiano a precios del gas importado… El monopolio de la importación de gas, prohibido por la Constitución se acaba”. Y remató diciendo que “nos están robando”.

La verdad sea dicha, ya sea de Qatar o de cualquier otro país desde donde se importe el gas natural, este se cotiza a precios de mercado, que es uno sólo y no a “precios razonables”, como lo plantea el presidente.

Además, resulta contraintuitivo que salga más barato importar gas desde la distante Qatar que desde países más próximos a Colombia, que conlleva un costo de transporte sensiblemente menor. Tanto es así que empresas de Qatar tienen compras y toman posiciones en el mercado del Golfo de México para atender clientes de la región más cercanos a este.

Como lo afirma el experto en hidrocarburos Sergio Cabrales, “más barato que el gas que Colombia consigue del Henry Hub (Estados Unidos) y de Trinidad y Tobago no va a ser. El costo de hacerlo líquido más el transporte desde el otro lado del mundo no saldrá más barato, y tampoco es mejor ambientalmente, pues se está transportando metano por muchos kilómetros de distancia”, dejando tras de sí una enorme huella de carbono, mucho mayor que si se importa desde países vecinos.

Huelga decir que ECOPETROL, como el mayor productor de gas natural en el país (cerca del 85%), lo tendrá que vender a precios de mercado y no necesariamente a “precios razonables”, si es que estos se entienden como más baratos, a no ser que se vaya a incurrir nuevamente en el desaguisado de los precios subsidiados de los combustibles (gasolina y diésel), que le han costado al país un ojo de la cara.

A este respecto cabe advertir que no es bueno crear falsas expectativas para terminar, como en la fábula de Esopo, del zorro que intenta alcanzar y comerse las uvas de un viñedo que están fuera de su alcance y en lugar de admitirlo encubre su frustración aduciendo que son indeseables.

Lo que sí podría contribuir a reducir el precio del gas importado, independientemente de a quien se le compre, es que se contraten mayores volúmenes y además que se pudiera transar a través de contratos a largo plazo (2, 3 o 4 años), con regulación que permita acoplar y armonizar la norma interna con los estándares internacionales, estableciendo el indexador de precios, para trasladar al consumidor final el mayor precio del gas importado.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La Superintendencia de Servicios Públicos viene dando palos de ciego, tomando decisiones que lejos de conjurar los riesgos que afronta la prestación de los servicios públicos, en particular el de energía eléctrica, más bien los está exacerbando. Y lo que es más grave, está extralimitándose en sus funciones.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El pasado 13 de diciembre la entidad emitió una circular mediante la cual se “prohíbe dar inicio o continuar con el procedimiento de limitación de suministro cuando la Superintendencia de Servicios Públicos haya tomado posesión de la empresa morosa”. Dicha disposición tiene nombre propio, la empresa Air–e, que le presta el servicio de energía a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, pero tiene dos problemas, uno legal y otro de inconveniencia.

En cuanto a su legalidad, a diferencia de las otras superintendencias, la de industria y comercio, la financiera, la de sociedades, la de puertos y la de economía solidaria, cuyas actuaciones se pueden dar a través de circulares, a la de servicios públicos no le es dable hacerlo.

Además, con esta Circular se ha dado por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos una pésima señal, ya que al prohibir poner en práctica la limitación de suministro, que está reglada por la Resolución CREG 116 de 1998 y se aplica cuando un agente, en este caso la empresa intervenida deja de cumplir con sus obligaciones de pago, particularmente la energía contratada con los generadores. Ello es una flagrante violación a la misma.

El mensaje de la Superintendencia es que así no pague Air–e la energía contratada con los generadores, estos se obligan a seguir despachándosela, poniéndolas en aprietos, pues ellas a su vez tienen sus obligaciones que cumplir con sus proveedores, lo cual puede llevar al temido efecto dominó, comprometiendo la continuidad de la prestación del servicio de energía. Y, de paso, esta medida tan atrabiliaria como desaforrada puede llegar a inducir a un riesgo moral, ya que la intervención de las empresas se torna en el expediente para que las empresas dejen de honrar sus compromisos con sus propios proveedores.

Y claro, en tales condiciones, ninguna empresa generadora se anima a contratar la venta de energía a Air–e a sabiendas de que no le van a pagar. Ahora, en su más reciente pronunciamiento, el 14 de marzo, la Superintendencia conmina a las empresas generadoras a suministrar la energía a la empresa intervenida aduciendo que según el artículo 6 de la Ley 143 de 1994 establece que “el servicio se deberá prestar aún en casos de quiebra, liquidación, intervención, sustitución o terminación de contratos de las empresas responsables del mismo”.

Pero se equivoca, porque “el servicio se deberá prestar” por parte de “las empresas responsables del mismo”, que no son las generadoras sino las operadoras de red, en este caso Air – e y la responsable por su cumplimiento es la Superintendencia que tomó posesión de la misma en septiembre del año anterior y la administra a través de su agente interventora.

Para ello dispone de un Fondo empresarial, del cual debe echar mano para solventarla, darle liquidez y así superar las causales de su intervención. En este contexto, tal requerimiento a las empresas generadoras es un exabrupto que no tiene ni pies ni cabeza.

Adicionalmente, refiriéndose a las empresas generadoras y transportadoras de energía, apela al principio de la solidaridad “estipulado en la Ley 142 de 1994, la que regula los servicios públicos domiciliarios”, para manifestar que “se espera que estas empresas cobren sus servicios de generación y transporte a un precio máximo que no supere la condición de costo-eficiencia”. Y, de esta manera, “garantizar la continuidad del servicio y reducir las tarifas para los usuarios de la región”.

Pero resulta que la Superintendencia está trayendo este principio de los cabellos, porque lo que estipula textualmente dicha Ley en su artículo 87.3 es que “por solidaridad y redistribución  se entiende que al poner en práctica el régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a ´fondos de solidaridad y redistribución´, para que los usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas”.

Este es el fundamento de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 que le adeuda la Nación a las empresas que prestan el servicio, que frisan los $3 billones, sin que la Superintendencia, que fue creada para proteger y defender a los usuarios, sobre todo a los más vulnerables, se inmute.

La Superintendencia, además, les hace un llamado a las empresas generadoras AES Colombia, Celsia Colombia, Enel Colombia, EPM, Isagen e ISA Intercolombia, “a suministrar a precios costo-eficientes la energía y la transmisión de energía que requiere Air-e para reemplazar el suministro de alto costo, hasta tanto la compañía sea estabilizada y pueda desarrollar su objeto social de manera adecuada”.

Lo que dice la Ley de servicios públicos al respecto en su artículo 73 es que es la CREG, no la Superintendencia, la que debe velar y propender porque las operaciones de las empresas sean “económicamente eficientes, ni impliquen abusos de posición dominante y produzcan servicios de calidad”. Así de clara es la norma. Y también advierte en su artículo 87.7 que “las tarifas económicamente eficientes se definirán tomando en cuenta la suficiencia financiera” por parte de las empresas.

De modo que “suministrar a precios costo-eficientes la energía y la transmisión de energía” es una obligación legal por parte de las generadoras, no una “colaboración” dizque “para garantizar la continuidad del servicio y reducir las tarifas para los usuarios de la región”, que es como lo plantea la Superintendencia.

Y si no cumplen con el mandato de la Ley, para eso están tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como la de Servicios Públicos, para que, en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control, les caiga todo el peso de la Ley.

Lo que más preocupa del Comunicado de la Superintendencia es que cuando afirma que con esta medida “busca mitigar el riesgo de una posible interrupción del servicio, mientras Air-e trabaja en su estabilización y en el restablecimiento de su capacidad operativa”, muestra su impotencia ante una realidad que se le sale de sus manos.

Esta es una especie de S.O.S, con el que se trata de descargar la responsabilidad de evitar el temido apagón en la región Caribe en las empresas generadoras, cuando su responsabilidad al intervenirla del “restablecimiento de su capacidad operativa” es suya, de nadie más.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El contraste entre la minería ilegal y la minería formal es abismal, mientras la extracción ilícita genera hasta 20 toneladas de oro al año, con ingresos superiores a 5 billones de pesos, la minería formal apenas produce 3 toneladas anuales.

Por: JUAN ESPINAL*

Las rentas ilegales en Colombia han crecido de manera alarmante, agravando la crisis de inseguridad.

El narcotráfico sigue siendo la mayor amenaza, con el país consolidado como el principal productor mundial de cocaína. En 2023, según el Sistema Integrado de Información y Monitoreo de Antinarcóticos, se registraron más de 253.000 hectáreas de cultivos de coca, con una producción potencial de 2.664 toneladas métricas de cocaína, un aumento del 53% en comparación con 2022.

Sin embargo, una nueva fuente de financiamiento para los grupos armados ilegales ha ganado protagonismo: la minería ilegal. Este negocio paralelo al narcotráfico, no solo destruye ecosistemas estratégicos y contamina ríos con mercurio, sino que también se ha convertido en una fuente clave de violencia.

De hecho, en el 34% de los municipios donde hay cultivos de coca, también se registra explotación ilegal de oro de aluvión. En algunas regiones, la minería ilegal ya ha reemplazado al narcotráfico como principal fuente de ingresos para estas organizaciones criminales, impulsada por el alto valor del oro, que actualmente alcanza los 2.739 dólares por onza.

El control de esta millonaria renta ilícita está en manos de grupos como el ELN y el Clan del Golfo, que utilizan la minería ilegal para lavar dinero y financiar su expansión territorial. Departamentos como Antioquia, Chocó, Sur de Bolívar, Nariño, Cauca, Córdoba, Valle del Cauca, Putumayo, Guainía (con coltán y uranio), Caquetá, Caldas, Tolima y La Guajira están entre los más afectados.

Las cifras son contundentes:

          •         100.000 hectáreas de minería ilegal a cielo abierto.

          •         51% de estas operaciones se encuentran en reservas forestales o parques naturales.

          •         69.123 hectáreas de oro de aluvión están bajo explotación ilícita, lo que representa el 73% del total.

          •         En 2023, Colombia exportó 72 toneladas de oro por un valor de 3.406 millones de dólares, solo superado por el petróleo y el carbón. Sin embargo, al menos el 75% proviene de empresas informales.

          •         La minería ilegal genera aproximadamente 3,5 billones de pesos anuales, mientras evade 550.000 millones de pesos en impuestos.

El contraste entre la minería ilegal y la minería formal es abismal, mientras la extracción ilícita genera hasta 20 toneladas de oro al año, con ingresos superiores a 5 billones de pesos, la minería formal apenas produce 3 toneladas anuales.

Empresas como Mineros S.A. y Operadora Minera S.A.S, junto con unidades formalizadas, sí contribuyen al desarrollo del país a través del pago de impuestos y regalías.

La Procuraduría General de la Nación ha alertado sobre el impacto de la minería ilegal a través de informes como “Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en Colombia”, publicado en diciembre de 2024. Sin embargo, las instituciones encargadas de frenar esta actividad parecen paralizadas.

El gobierno de Gustavo Petro ha demostrado una absoluta falta de interés en enfrentar esta problemática. En lugar de impulsar el desarrollo del sector minero con reglas claras y garantías para la inversión legal, su política se ha basado en imponer trabas jurídicas ideológicas a través del Ministerio de Ambiente.

Mientras tanto, ¿dónde están la Fiscalía y la Fuerza Pública? Esta renta ilegal sigue creciendo sin control, amenazando la economía y devastando el medio ambiente.

Si el Estado no actúa con firmeza, la minería ilegal seguirá consolidándose como un motor del crimen organizado en Colombia, con consecuencias irreversibles para el país.

*Representante de la Cámara por el Centro Democrático.