Categoría: Opinión

El Gobierno de Gustavo Petro ha sido errático en su política energética, que tiene al sector sumido en una crisis inducida.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En septiembre de 2022, el presidente Petro anunció, en respuesta a la inconformidad de los usuarios por las altas tarifas, que intervendría a la CREG para bajarlas, insinuando que esta era la responsable de la espiral alcista de las tarifas.

Ello no le fue posible porque el Consejo de Estado le dejó en claro que él no podía suplantar a la CREG, pues tiene sus propias competencias por ministerio de la Ley.

Pero a poco andar la CREG quedó en sus manos, con la posibilidad de nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados que hacen parte de la misma, como lo manda la Ley 142 de 1994 de servicios públicos. En lugar de ello, contumazmente, insiste en nombrarlos en calidad de encargados y de contera sin que algunos de ellos cumplan con los requisitos, razón por la cual la CREG se ha mantenido en permanente interinidad y lo que es peor sin quorum para tomar sus decisiones, en momentos en los que más se requiere.

Ha afirmado el presidente que las alzas en las tarifas obedecen a la especulación por parte de las empresas generadoras, dando lugar a precios exorbitantes en la Bolsa de Energía o mercado mayorista.

Sin embargo, hasta la fecha no se conoce una sola investigación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, que fue creada para defender al usuario o de la Superintendencia de Industria y Comercio, que está obligada a intervenir cuando se presentan casos de abuso de posiciones dominante.

Incluso, Petro afirmó que Colombia era el único país en donde no era el Estado quien regulaba las tarifas sino las empresas. Lo cual es falso de toda falsedad, esa es función de la CREG. No pasa de ser una falacia.

Más recientemente, en mayo del año anterior el presidente Petro, en respuesta al clamor de los usuarios, sobre todo en la región Caribe, anunció que la Nación asumiría la deuda que por concepto de la Opción Tarifaria tienen los estratos 1, 2 y 3, aproximadamente $2,8 billones de un total del saldo de $4,5 billones.

De asumirse la deuda de la Opción Tarifaria, esa sí sería una forma efectiva de bajar las tarifas a los más vulnerables, que son la inmensa mayoría de los usuarios, porque representan, particularmente en la región Caribe, más del 80% de estos. Con tal medida se podría reducir el costo de la factura de energía en 24%, aproximadamente.

De manera que de poco o nada servirán las marchas para “bajar las tarifas de energía”. Con ello solo se va a botar corriente y es una cortina de humo para ocultar la incompetencia y la negligencia por parte del Gobierno al no encarar este problema con diligencia y seriedad. Bien se ha dicho que es más fácil hacer política con las tarifas que formular una política de tarifas. Y menos anuncios como el del presidente Gustavo Petro de que tiene entre manos “una nueva fórmula tarifaria, que una empresa que se llama XM no está aplicando”. Ello no pasa de ser un espejismo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Según la Agencia Internacional de Energía, la curva de demanda por crudo sólo se estará aplanando más allá del 2030.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El arribo nuevamente a la Casa Blanca del presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha significado un viraje en la política ambiental de la potencia del Norte, tomando distancia de la transición energética emprendida por Obama y secundada por Biden, después del bache que significó la primera administración Trump con respecto al compromiso adquirido derivado del Acuerdo de París de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), al renegar del mismo en 2017.

Trump arremetió contra el legado de su antecesor con una andanada de órdenes ejecutivas mediante las cuales anuló 67 medidas y promulgó 25 de su propia cosecha.

Entre estas, dispuso el retiro, otra vez, del Acuerdo de París, el cual se lo notificó a las Naciones Unidas a través de una misiva que lleva su rúbrica, alegando que EEUU no puede continuar “dilapidando” el dinero de los contribuyentes estadounidenses girándoselo a otros países que “no lo necesitan o no lo merecen”.

En su discurso de posesión, habló de “liberar” al sector energético y con tal fin declaró la emergencia nacional en materia energética, con el firme propósito de relanzar y reactivar los proyectos tanto mineros como hidrocarburíferos en todo el territorio estadounidense, sin excepción.

En el curso de su campaña electoral, Trump fue enfático en plantear en materia de hidrocarburos su consigna de “perforar, perforar y perforar”. Lo reiteró en su discurso de posesión: EEUU tendrá “la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país del planeta y vamos a utilizarlo”. Con ello busca un mayor y mejor posicionamiento de los EEUU en el mercado petrolero haciéndole contrapeso a la OPEP, lo que le permitirá influir mayormente en los precios del crudo, que busca abaratarlos y con ello reducir costos a su industria y de paso meter en cintura la temida inflación.

De ello se sigue que se levantarán todas las medidas expedidas por el ex presidente Biden que limitaba la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas.

Siendo el mayor productor de crudo del mundo, con 13,2 millones de barriles diarios, y uno de los mayores exportadores, con 4 millones de barriles diarios, al soltarle las riendas a la industria petrolera se espera una inundación del mercado petrolero y como consecuencia de ello una caída de la cotización del precio del barril, lo cual tendrá un gran impacto en la economía colombiana, dado que este es, de lejos, el primer renglón de sus exportaciones.

Con la declinación de las reservas, la baja en la producción y la caída del precio de las decrecientes exportaciones por parte de Colombia, caerá también el ingreso de divisas, la Nación recibirá menores dividendos de parte de ECOPETROL, caerá el recaudo de impuestos de renta proveniente de la industria petrolera y las entidades territoriales verán diezmados sus ingresos por regalías.

Además, el marginamiento de los EEUU del Acuerdo de París es un rudo golpe a la acción climática tendiente a la descarbonización de la economía global y significará también un alejamiento de las metas y los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de cara al 2030, para contener la amenaza del cambio climático. Tanto más, en cuanto que los EEUU es el segundo país con mayor responsabilidad de las emisiones de GEI, después de China.

En este contexto, se torna aún más irrelevante la posición del gobierno de Colombia, que decidió descartar la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos y fue más lejos al firmar el presidente Petro, en el marco de la COP 28, el Tratado de no Proliferación de los Combustibles Fósiles, comprometiéndose a no seguir explorando y explotando el petróleo.

Todo ello, supuestamente, como una contribución a la lucha contra el cambio climático, que tiene en Trump uno de sus más reconocidos negacionistas, pues para él no es más que un “fraude”, un cuento chino que se inventaron para que la economía china le saque ventaja a la de EEUU.

Colombia terminará quedándose con el pecado y sin la gracia, pues la caída de su producción y de sus exportaciones de petróleo, igual que ha venido ocurriendo con el carbón que Colombia ha dejado de exportar, serán compensadas con creces por la mayor producción (17,6 veces la de Colombia) y las mayores exportaciones (10 veces las de Colombia) por parte de EEUU, en un mundo que sigue consumiendo con avidez los combustibles de origen fósil.

La Ley de Keynes es implacable: Toda demanda crea su propia oferta, de la cual se sigue que mientras haya quien consuma carbón y petróleo habrá quien los produzca.

De hecho, en los últimos tres años, lejos de aminorar la demanda por ellos, como se piensa con el deseo por parte del actual gobierno, se han registrado récords históricos consecutivos.

Según la Agencia Internacional de Energía, la curva de la demanda por crudo sólo se estará aplanando más allá del 2030.

Como diría el Nobel de la Literatura el mexicano Octavio Paz, quienes así piensan están a las afueras de la realidad.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La ANH se ha convertido en una entidad super poderosa, asumiendo y concentrando múltiples funciones, abandonando las suyas propias: la administración de los recursos hidrocarburíferos de Colombia.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El Gobierno ha dado en la flor de desbarajustar al sector energético. Como se recordará, la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez, violando la Ley que creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), delegando lo indelegable, mediante la Resolución 40234, fechada el 23 de febrero de 2023, le trasladó una serie de funciones y competencias que son ajenas a su misión estipulada en la Ley que la creó, cual es “la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación”.

Esta Resolución es contraria y va a contrapelo de lo dispuesto por el Decreto 1760 de 2003, que ordenó la escisión de la estatal ECOPETROL y creó la ANH y del Decreto ley 4137 de 2011, que cambió su naturaleza,

El ministro Andrés Camacho, quien relevó a Vélez en el cargo, continuó en el empeño de “desguazar” a la ANH, ahora que a ésta la dejaron sin oficio luego de la desafortunada decisión tomada de desembarazarse de los hidrocarburos, marchitándolos prematuramente, al descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación, no obstante la precariedad de las reservas con las que cuenta el país tanto en petróleo como en gas natural. Ya hasta el nombre le cambiaron a la ANH, ahora es la Agencia Nacional de Energía de Colombia. 

En efecto, en 2024 el Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución 40234 en la que, según el presidente de la ANH Orlando Velandia, les “da funciones de conocimiento para algunos recursos no convencionales como son el hidrógeno blanco, la generación geotérmica, la generación eólica”, y un tema que, aunque no es específico de generación de energía, sí tiene que ver con la mitigación de los gases de efecto invernadero que es la captura y almacenamiento del CO2.

De esta manera, la ahora todopoderosa ANH asumirá todo lo concerniente a las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). De hecho, ya la ANH se estrenó saltando a la palestra liderando la Primera Ronda para la asignación de permisos de ocupación temporal sobre áreas marítimas para el desarrollo de proyectos degeneración de energía eólica offshore. 

Esta primera Ronda ya cuenta con una lista preliminar de empresas habilitadas por parte de la ANH para la asignación de permisos de ocupación temporalsobre áreas marítimas del Caribe.

Según el Ministro Camacho, “este es el inicio de la expansión de la transición energética hacia nuestros mares, posicionando a Colombia como un punto de referencia para Latinoamérica y el Caribe en el aprovechamiento sostenible de los recursos, diversificando la matriz energética para el beneficio de los colombianos”. Huelga decir que la ANH tiene cero experiencia y experticia en FNCER. 

Cabe preguntarse cuál será el futuro de este nuevo emprendimiento, porque si el Gobierno no ha sido capaz de sacar avante los proyectos de los parques eólicos onshore, debido fundamentalmente a un entorno hostil, a una ANLA que arrastra los pies para expedir las licencias ambientales y a la inseguridad jurídica, será que se le deparará una mejor perspectiva a los parques eólicos offshore.

Contrario sensu de lo que ocurre en la realidad, afirma el ministro Camacho sin sonrojarse, llevado por su negacionismo, que dizque “los proyectos eólicos de La Guajira siguen en marcha”, en momentos en los que estos siguen empantanados, con pronóstico reservado.

Convertida por arte de birlibirloque la ANH en la Agencia Nacional de Energía, ahora el turno le llegó al Instituto de Soluciones Energéticas para Zonas no interconectadas (IPSE), que atiende las necesidades energéticas de los habitantes que no cuentan con este servicio; identificando, implementando y monitoreando soluciones energéticas sostenibles en las Zonas no Interconectadas (ZNI). El propósito es absorber las funciones y competencias del IPSE, que desaparecerá al fusionarse con la ANH. Así se desprende del proyecto de Decreto del Ministerio de Minas publicado para comentarios y cuyo plazo para estos se venció el 15 de enero.

De esta manera se ha convertido a la ANH en una entidad super poderosa, asumiendo y concentrando múltiples funciones, abandonando las suyas propias. El camino escogido para adelantar este proceso en volandas no es muy ortodoxo y entraña riesgos administrativos impredecibles, amén de los cuestionamientos sobre la legalidad de lo actuado. 

Lo único que está quedando por fuera del radar de la otrora ANH es su función de velar por la administración de los recursos hidrocarburíferos del país que, por ministerio de la Ley, debe ejercer. Con ello se está transgrediendo la ley, violándola flagrantemente, saltándose a la torera las disposiciones legales y de paso se está incurriendo en un prevaricato, porque al funcionario público solo le es dable hacer lo que le manda la Ley, nada más pero tampoco nada menos.

Es evidente que tanto la Resolución expedida por la ex ministra Vélez como el proyecto de Decreto transgreden la Ley, pues esta es una norma de rango superior, que sólo puede ser modificada por otra Ley. De modo que no le auguro un buen destino a estos dos actos administrativos que rayan en la arbitrariedad. El Consejo de Estado tiene la última palabra.

Y a todas esas, cabe preguntarse en dónde está el Piloto. Pues, el actual presidente de la ANH, Orlando Velandia, como si no tuviera suficiente con la enorme responsabilidad que le implica estar al frente de esta super poderosa entidad, funge en este momento como experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en calidad de encargado, contrariando lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la providencia de la Corte Constitucional, el fallo del Consejo de Estado y del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, los cuales han sido enfáticos en que los expertos comisionados de la CREG, además de cumplir con unos requisitos técnicos rigurosos, que demandan la experiencia y experticia de los expertos comisionados, tienen período fijo y son de dedicación exclusiva, no pueden ser encargados y por tal motivo ya el Consejo de Estado ha anulado varios nombramientos, tanto del anterior como del actual gobierno.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Es urgente la intervención del Gobierno Nacional para buscarle una salida a la carga que significa para las empresas la deuda de la Opción Tarifaria, y la decisión por parte del Ministerio de Hacienda de girar el valor de los subsidios, antes de que sea demasiado tarde.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La empresa Air–e, que le presta el servicio de energía eléctrica a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, fue objeto de intervención con fines de administración el pasado mes de septiembre por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para lo cual procedió a nombrar como agente interventor inicialmente al ingeniero Carlos Diago, quien fue reemplazado 40 días después por el ex viceministro del Trabajo Edwin Palma.

Al anunciar esta decisión, el entonces Superintendente Dagoberto Quiroga manifestó que no se descartaba la liquidación, “si no se alcanzan los objetivos”.

Como antecedente es importante destacar que la empresa Air–e, a través de un comunicado que emitió el 10 de octubre de 2023, declaró su insolvencia e incapacidad de honrar sus compromisos con las empresas generadoras que le despachaban la energía que distribuye, incumpliendo sus contratos con las mismas.

La razón que invocó en aquel momento la empresa fueron su falta de liquidez y de flujo de caja. Ello daba lugar a su intervención por parte de la Superintendencia, debido a que quedaba incursa en la denominada “limitación de suministro”.

Para evitar la intervención, de soslayo, el ministro de Minas y Energía expidió en volandas la Resolución 40611 el 11 de octubre de 2023, suspendiendo la aplicación de la limitación de suministro a Air–e, al tiempo que abrió una línea de crédito en Findeter, mediante el Decreto 1637 del 9 de octubre, a la cual podían acceder esta y las demás empresas para la financiación de la deuda que por concepto de la Opción Tarifaria tenemos contraída los usuarios con ellas, que ya superaba los $5 billones y cuya suspensión del cobro ordenada por la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez había puesto en calzas prietas a las empresas.

A ello se vino a sumar la mora por parte del Gobierno Nacional del reintegro del valor de los subsidios al consumo de energía aplicado a los estratos 1, 2 y 3.

Pues bien, acaba de expedirse por parte de la Superintendencia una Resolución mediante la cual la modalidad de su intervención a la empresa Air–e pasa de la modalidad con fines de administración a otra con fines de liquidación. Con el fin de “adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho”.

Esta decisión estuvo antecedida y motivada en el “Informe diagnóstico de gestión remitido por el agente especial de Air–e, que muestra la compleja situación financiera y operativa de la empresa”.

Según lo acota la propia Superintendencia, con “la decisión adoptada se garantiza la normalidad en la prestación del servicio a los usuarios como un derecho y desde la Superintendencia se adelantarán las medidas necesarias para que Air–e pueda continuar adelantando su actividad en los términos exigidos por la Ley”.

Empero, para lograr dicho cometido, la Superintendencia está en la obligación de solventar a la empresa, darle liquidez y flujo de caja para mantenerla a flote y garantizar su operación y así evitar un apagón. Y ello solo se puede lograr inyectándole los recursos que requiere, sobre todo para comprar la energía que distribuye. Para ello, la Superintendencia cuenta como fuente de financiamiento el Fondo Empresarial. La mera intervención, per se, no resuelve la delicada crisis financiera, que llevaron a la intervención.

Es más, el caso de Air-e no es aislado, es solamente la punta del iceberg de la gran crisis que afrontan las 12 empresas prestadoras del servicio, la cual se debe fundamentalmente al pasivo de la Nación, que está en mora de girarles $2,4 billones por concepto de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, ya aplicados por ellas y que el Gobierno Nacional les debe reintegrar.

A ello se suma el lastre de la deuda que tenemos contraída con ellas por parte de todos los usuarios por concepto de la Opción Tarifaria, cuyo saldo asciende a $4,5 billones, de los cuales el propio presidente de la República se comprometió públicamente en mayo de 2024 a asumir el monto correspondiente a los estratos 1, 2 y 3: $2,5 billones.

A estas deudas se vienen a sumar lo correspondiente a los subsidios a los usuarios de tales estratos de gas natural y GLP, las cuales ascienden a $628.000 millones y $54.000 millones, respectivamente. 

De hecho, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que “esto es demasiado grave, EPM sigue suministrando la energía, pero yo no sé hasta cuándo la caja de las empresas va a aguantar”, y añadió: “para antier es tarde, desde hace rato se le viene advirtiendo al Gobierno que esto es una inminente crisis en el sector energético, y no solo de EPM, todos los operadores se lo han dicho, lo de Vichada estaba advertido, de Norte de Santander, de Caldas, de Quindío, de todo lado está advertido”

La empresa XM, que opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN), advirtió desde el 4 de octubre de 2023 que ello podría dar lugar a un efecto dominó, porque si las empresas distribuidoras no tienen con qué pagar la energía que comercializan, las generadoras se ven a gatas para cubrir sus gastos administrativos, operativos y sus obligaciones bancarias, amenazando con colapsar el Sistema.

Y lo advirtieron los gremios del sector, que todo ello puede conducir a una “crisis financiera sistémica y previsible.”

Es urgente, entonces, la intervención del Gobierno Nacional a través de la Superintendencia, en el caso de Air–e, buscarle una salida a la carga que significa para las empresas la deuda de la Opción Tarifaria y la decisión por parte del Ministerio de Hacienda de girar el valor de los subsidios, antes de que sea demasiado tarde.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

En materia de Transición Energética justa, como quedó contemplada en la Ley 2234 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo, todo se ha quedado en retórica.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En 2015 tuvo lugar la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 21, que concluyó con la firma del Acuerdo de París, el cual se planteó como objetivo fundamental la descarbonización de la economía, con la finalidad de contrarrestar la inclemencia del cambio climático y sus estragos.

En virtud de ese acuerdo, los países signatarios adquirieron el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático. Colombia, particularmente, se comprometió a reducir dichas emisiones en un 51% hacia el 2030, considerado la meta volante para alcanzar la carbono-neutralidad hacia el 2030.

Ese mismo año se adoptaron por parte de las Naciones Unidas los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que tienen que ver con el acceso a energías limpias, no contaminantes y las acciones y estrategias a seguir para lograr la sostenibilidad ambiental y la mayor resiliencia frente al cambio climático.

De dichos compromisos surgió, con mucha fuerza, hasta convertirse en paradigma para la comunidad internacional, el concepto de la Transición Energética, entendido como la integración a la matriz energética de los países las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

Colombia se había adelantado a la Transición Energética, en la medida en que desde la década de los 90 promovió la reconversión del gas vehicular, el uso del gas natural en reemplazo del carbón en la generación de energía y la masificación de su uso para consumo domiciliario.

También avanzó en tal sentido con la mezcla de los bicombustibles desde 2005, al tiempo que ECOPETROL ha hecho ingentes esfuerzos para mejorar la calidad de los combustibles derivados del petróleo que se consumen en todo el territorio nacional.

De contera, en 2014 fue aprobada la Ley 1715, que propende por el impulso de las FNCER. Posteriormente se expidió la Ley 2099 de 2021, por medio de la cual se reforzó la Ley anterior, ampliándole el espectro de las FNCER beneficiarias de tales incentivos.

Dado el potencial que ofrece Colombia en FNCER y contando con esta caja de herramientas que le allanaron el camino, entre 2019 y 2021 se convocaron sendas subastas en las que por primera vez participaron las FNCER, las cuales concluyeron con éxito, ya que se adjudicaron 2.400 MW en capacidad de generación eólica.

Todo ello le valió un posicionamiento a Colombia en la Transición Energética, a tal punto que en el ranking del desempeño de la misma. Según el Foro Económico Mundial (FEM), Colombia ocupó el puesto 29 a nivel global y el 3º a nivel de Latinoamérica.

Con el advenimiento de la administración de Gustavo Petro se esperaba que la Transición Energética tendría las mayores y mejores oportunidades de desarrollo, ya que la misma constituía para él su apuesta central, como lo denotan el tono y la recurrencia de sus discursos, los que le han ganado mucho protagonismo en el plano internacional, especialmente en las tres COP de las Naciones Unidas en las que ha participado.

Pero, del dicho al hecho hay mucho trecho, y en materia de Transición Energética justa, como quedó contemplada en la Ley 2234 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo, todo se ha quedado en retórica.

Los primeros parques eólicos han debido entrar a operar en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno, uno a uno los desarrolladores han venido renunciado a su apuesta, debido a los obstáculos insalvables para ellos en los que se han convertido las consultas previas y las licencias ambientales.

El caso más reciente es el EDP Renewables, responsable de los dos mayores proyectos, Alfa de 212 MW y Beta de 280 MW. La principal razón que adujo EDP para tomar su decisión, después de haber superado su primer escollo, el de las consultas previas, fue la paquidermia de la ANLA en la expedición de la licencia ambiental.

Además del licenciamiento ambiental de los proyectos, la principal barrera con la que han venido tropezando para lograr su puesta en marcha es la falta de confianza inversionista y la inseguridad jurídica imperante.

El freno del avance de la ejecución de los proyectos de generación de energía a partir de FNCER, que se ha visto agravado con la dilación de la expedición de la licencia ambiental para la Línea Colectora, llamada a transportar la energía generada por ellos hasta inyectarla al Sistema Interconectado Nacional (SIN), que sólo entrará en el segundo trimestre de 2026, explica que en el más reciente Informe del FEM Colombia pasó del puesto 29 al 35 entre 120 países a nivel global y en Latinoamérica pasó al 6º  puesto.

No es para menos, dado que, hasta el momento, increíblemente no se cuenta siquiera con la Hoja de Ruta de dicha transición energética justa.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Tarde piache es una expresión con la cual se quiere significar el hecho de que no es posible revertir o resarcir el daño infligido, ya sea por acción u omisión, aunque el responsable del desaguisado se arrepienta. Dicho de otra manera, el daño está hecho y apelación a los infiernos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Este es el caso que tiene como protagonista a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad. Veamos la secuencia de los hechos:

El 18 de mayo de 2022 el entonces presidente de Ecopetrol Felipe Bayón anunció la firma de un acuerdo con la petrolera Anadarko, empresa subsidiaria de Occidental Petroleum (OXY), como operadora, con la cual se había avanzado en la exploración conjunta costa afuera en cuatro bloques en el Caribe colombiano, ampliando de esta manera la frontera hidrocarburífera de Colombia.

Se destaca en esta nueva cuenca sedimentaria, en el Bloque COL–1, el yacimiento denominado Komodo–1, el cual, según los análisis geológicos podría llegar a representar una reserva de hidrocarburos (petróleo y gas) más significativa que Sirius, lo que convierte este descubrimiento en el más gigantesco de todos, estimado en 20 terapiés cúbicos de gas, equivalente a casi 10 veces el volumen de las reservas probadas remanentes con las que cuenta actualmente el país. En su localización confluyen las capitanías de los puertos de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha. Y ello le viene bien al país, en momentos en los que el gas escasea y empieza a importarlo.

Refiriéndose a Sirius, el presidente Gustavo Petro manifestó que él sabe que “genera emoción recibir noticias sobre hallazgos históricos de reservas de gas u otro recurso energético, y más porque hace más de 20 años no nos llegaban estas noticias, pero estamos en una transición energética, no podemos seguir con lo fósil”. Y fue más lejos al espetar que “puede parecer como una gran noticia descubrir gas o descubrir un gran embalse de petróleo, pero eso no alegra a la humanidad, la asusta”.

Asustados están ahora los usuarios y consumidores en el país de saber que, como lo afirmó la presidente de Naturgas, Luz Stella Murgas, “en Colombia el gas barato se acabó”, refiriéndose a que el gas importado es mucho más costoso, oscilando su precio alrededor de los US $18 el MMBTU, que el que se extrae en el territorio nacional, que fluctúa en torno a los US $5 el MMBTU.

Se cumple, una vez más, el aserto de que el energético más caro es aquel del cual no se dispone justo cuando se requiere. Tienen, entonces, ellos para alegrarse por este nuevo hallazgo y para parecerles una gran noticia.

En momentos en los que Ecopetrol y Anadarko estaban en la fase de alistamiento para la perforación del pozo, para lo cual se había contratado una plataforma flotante equipada con sofisticados equipos, fueron sorprendidas por la notificación de parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por orden expresa de la Ministra de la suspensión de la licencia ambiental para operarlo.

Ecopetrol apeló esta decisión, alegando que “la incertidumbre que generó la falta de un pronunciamiento del MADS frente a la suspensión del proceso de licenciamiento afectó las obligaciones que se habían adquirido con terceros”.

De hecho, la estatal petrolera ya había incurrido en inversiones que superan los US $35 millones en actividades preparatorias, dando lugar la decisión de la ANLA a un detrimento patrimonial, amén de la inversión realizada por Anadarko, operador que compromete a las partes en proporción a su participación en el proyecto

Por su parte, el delegado para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, pidió a la ANLA “revocar la suspensión del licenciamiento ambiental para la exploración de gas en el Caribe colombiano Komodo–X1, que completa 70 días”.

Según Guerrero, “para la fecha en que se ordenó dicha suspensión, ya se había completado la evaluación técnica del estudio de impacto ambiental por parte de las autoridades competentes, por lo que se considera que no existían motivos suficientes para retrasar el proceso”.

Advirtió, además. “los riesgos económicos y sociales por la posible falta de abastecimiento de este recurso para suplir las demandas energéticas y de transporte, así como domiciliario en el país”.

Pero para la ministra, “este no es el proyecto inmediato que va a generar una incapacidad para el suministro de gas” y, por tanto, se colige, no había ninguna prisa en la toma de decisiones.

Ahora, tardíamente, al cabo de las quinientas, es cuando la ministra Muhamad, la misma que prestó oídos sordos a los requerimientos de Ecopetrol y de la Procuraduría, se dignó hacer el anuncio de que “tras una rigurosa evaluación, se consideró ambientalmente viable el desarrollo del proyecto Komodo”.

Ya para qué, cuando Ecopetrol manifestó el pasado 24 de septiembre, en respuesta al senador José David Name, que “se están evaluando las consecuencias financieras frente a los compromisos con terceros, caso por caso, para mitigar los impactos producidos por la suspensión del trámite de licenciamiento ambiental, tomando en cuenta que, ante la situación actual, Ecopetrol se ha visto en la necesidad de cancelar la ejecución del proyecto en la vigencia 2024/2025”.

Ya es tarde, el daño ya está hecho. Ecopetrol y Anadarko tenían todo dispuesto para comenzar la perforación del pozo en noviembre de 2024, pero el entorpecimiento por parte de la ministra dio al traste con sus planes.

En el mundo sólo se cuenta con tres plataformas flotantes con los taladros requeridos para llegar hasta las profundidades de Komodo, razón por la cual, después que zarpó la plataforma reservada, la que ya se tenía disponible in situ, es prácticamente imposible contar con otra que esté disponible en el corto plazo.

Con esta desafortunada decisión tomada por la ministra Muhamad cerró esta ventana de oportunidad para recobrar en los próximo años la seguridad y la soberanía energéticas perdidas, poniendo en riesgo además la Transición Energética que tanto pregona el Gobierno, dado que el gas natural es considerado como el energético de la Transición.

La torpeza y la obsesión de marchitar los hidrocarburos prematuramente le están haciendo mucho daño al país.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La discrepancia mayor entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República ha girado en torno al desfinanciamiento por valor de $12 billones del Presupuesto para la vigencia 2025.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El presidente Gustavo Petro expidió, mediante el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024, el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2025. Ello ante la negativa de las comisiones económicas del Congreso de la República a aprobar el monto propuesto por el Gobierno, por $523.7 billones.

Al no aprobarse dicho monto tampoco se avanzó en la aprobación del proyecto de presupuesto y en consecuencia quedó habilitado el presidente para expedirlo, como en efecto lo hizo mediante el Decreto 1523. Este procedimiento es el que se conoce como dictadura fiscal.

Como antecedente, es importante dejar establecido que el bajo recaudo tributario forzó al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla a aplazar gastos presupuestados para la vigencia de 2024 por valor de $28 billones.

Entre las razones del bajo recaudo se destacan el incumplimiento de la meta de la DIAN de un mayor recaudo por valor de $15 billones por resolución de litigios, además del fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta.

La discrepancia mayor entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República ha girado en torno al desfinanciamiento por valor de $12 billones del Presupuesto para la vigencia 2025, de modo que si el Congreso aprobaba el monto propuesto por el Gobierno se obligaba a aprobar también el proyecto de ley de financiamiento por dicho valor radicado por parte del ministro Bonilla.

Las comisiones económicas hundieron el proyecto, pero como el ejecutivo estaba obligado a aforar el Presupuesto decretado por el mismo valor inicial, de ello se sigue que arrancando el año entrante tendrá que recortar o aplazar gastos por valor de $12 billones, para que las cuentas cuadren, por no tener respaldo en los ingresos. Tanto más en cuanto que se han sobreestimado los ingresos tributarios, calculados en $316.5 billones, $26.6 billones por encima de la estimación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) publicado por el Ministerio de Hacienda el 14 de junio de 2024.

Se puede reincidir en lo que pasó con el Presupuesto de la vigencia de 2024, pues si para este año se tenía la previsión de un mayor recaudo de $15 billones por gestión de la DIAN, que no se logró, pues ahora están doblando la apuesta de mayor recaudo por concepto de la eficiencia en la administración tributaria, calculándolo en $28 billones.

Tanto el Comité Independiente de la Regla fiscal (CIRF) como Fedesarrollo coinciden en que el recorte presupuestal en 2024 y el que se prevé para el 2025 son insuficientes para cumplir con la Regla Fiscal. A su juicio “los ajustes para que los montos cuadren” deberán ser mayores, hasta alcanzar la cifra de $511 billones.

En concepto del economista jefe de investigaciones de Corficolombiana, Julio Romero, “si no se hace el recorte de aproximadamente $35 billones, el déficit fiscal de 2025 sería de 6,5% del PIB, superior al 4,9% permitido por la regla fiscal, porque los ingresos fiscales que estimamos para 2025 son menores”.

Romero sostiene que para Corficolombiana, “la desfinanciación del Presupuesto de 2025 no se debe solo a que no pasó la ley de financiamiento, sino también a que los ingresos tributarios que espera el Gobierno para financiar ese presupuesto no son acordes con la realidad fiscal y económica”.

En cambio, para el profesor visitante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Juan Pablo Sandoval, “el Presupuesto de 2025 no está desfinanciado” y el Decreto expedido por el Gobierno obedeció a una “actitud poco democrática” del Congreso para debatir el proyecto. No se proyecta, según él, más recortes “dadas las buenas perspectivas de crecimiento para la vigencia de 2025”.

En todo caso, según lo ha anunciado el nuevo ministro de Hacienda Diego Guevara, antes del 31 de diciembre se expedirá el Decreto de liquidación desenglobando las partidas presupuestales y recortando los $12 billones que hacen falta, según el presidente Petro, “mientras se consigue la financiación necesaria que no fue posible por la acción oscura de los dueños de los juegos de suerte y azar ilegales dentro de las comisiones económicas del Congreso”.

El desencuentro del presidente de la República con el Congreso, a raíz de la no aprobación del proyecto de ley de financiamiento, llevó a Petro a romper relaciones con las comisiones económicas del Congreso, en donde la derrota del Gobierno fue apabullante.

La reacción del presidente Petro fue desproporcionada, “no tienen nada más que hablar con nosotros y nosotros nada que esperar de ellos”, dijo.

Este divorcio entre el ejecutivo y el legislativo en nada contribuirá a hacer más llevadera la crisis fiscal que se avizora.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Colombia no se puede quedar atrás frente a este reto. En la región, países como Argentina, México, Perú, Bolivia y Venezuela le apuestan a este tipo de proyectos.

Por: JUAN ESPINAL*

El 16 de diciembre se radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley para la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear en el país. Sin duda alguna, un gran paso porque se abre un importante debate que no había sido abordado, quizás por temor o falta de audacia, ya que expertos locales hay y muchos.

Este proyecto recoge la firma de varios sectores políticos, lo que demuestra que este tipo de iniciativas no deben tener color ni mucho menos ideología, pues se enfoca en la consolidación y expansión de sus aplicaciones en materia de salud, ambiente e industria.

El sector nuclear en Colombia genera cerca de 45.000 empleos y representa actualmente el 0,25% del PIB, lo que equivale a aproximadamente 3,6 billones de pesos anuales.

Con este proyecto de ley gana la economía y el desarrollo del país de manera significativa en los próximos cinco años, fortaleciendo las capacidades productivas en áreas como la medicina nuclear, la industria y la investigación ambiental, aumentando la competitividad del país.

Seguramente se dará un debate álgido, pues es evidente que la Energía Nuclear está estigmatizada como el fracking. Lo que se debe buscar es que sea un debate con responsabilidad técnica, alejado del debate ideológico que tanto daño hace.

Este proyecto busca regular de manera integral el uso seguro y pacífico de las tecnologías nucleares, con estándares internacionales y sentar las bases para el desarrollo de capacidades técnicas y científicas nacionales en sectores estratégicos.

La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN) es el primer paso regulatorio para aprovechar el uso de esta herramienta, garantizando un control eficiente con enfoque en la seguridad, así como en la promoción de la cooperación internacional, posicionando a Colombia como líder regional en la utilización de tecnologías nucleares.

Son muchos los beneficios: En materia de salud se benefician más de 30.000 pacientes al año de la medicina nuclear, especialmente para tratamientos de cáncer, y la producción de radiofármacos; en materia ambiental, se contribuirá a la investigación en el uso de técnicas nucleares como la hidrología isotópica, que permite monitorear fuentes de agua dulce, detectar contaminantes y garantizar su uso sostenible.

La industria, por su parte, tendrá una gran oportunidad con las tecnologías nucleares que son clave para su modernización. Aplicaciones como el control de calidad en procesos de manufactura, el uso de radiaciones en la esterilización de productos y la investigación de materiales, impulsarán la productividad y competitividad de empresas en sectores como el de alimentos, textiles y químicos.

La agricultura sería otro de los sectores con mayor potencial, por medio del mejoramiento de los procesos de conservación de los alimentos y el desarrollo de nuevos cultivos que contribuirían a garantizar la seguridad alimentaria y, de esta manera, aumentar las exportaciones; además, se podrían aportar técnicas eficientes para el control de plagas, así como para garantizar la salud del suelo y el agua en zonas de cultivo.

Finalmente, esta ley establece bases sólidas para preparar al país frente a un eventual desarrollo de la núcleo-electricidad. Si bien el Plan Energético Nacional de la UPME, contempla explorar esta alternativa a partir de 2035, la ley define la estructura institucional necesaria para garantizar que, si se llega a tomar la decisión de incluir energía nuclear en la matriz energética, el país cuente con un marco normativo robusto, una autoridad reguladora independiente y se garantice una planeación energética a largo plazo.

¡Llegó el momento para que Colombia le diga sí a la energía nuclear!

*Representante de la Cámara por el Centro Democrático.

El tema de las tarifas de energía eléctrica se viene convirtiendo en una problemática sin resolver para autoridades, empresas y usuarios.

Por: DANIEL ENRIQUE MEDINA*

Institucionalidad, viabilidad financiera, cartera morosa, cultura del no pago, falta de mantenimiento de redes; ausencia de inversiones en reposición de activos y retrasos en los proyectos de generación y transmisión, entre otros factores, son parte de las aristas estudiadas, sin que se haya identificado una hoja de ruta clara para desenredar una situación que cada día adquiere visos más críticos.

Vale la pena recordar que las Leyes 142 y 143 de 1994 definieron el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible, el cual quedó bajó la responsabilidad de la Comisión de Regulaciónde Energía y Gas (CREG).

Desde entonces, la CREG ha fijado las tarifas de energía teniendo en cuenta aspectos como el régimen de regulación o de libertad; el sistema de subsidios, que se otorgan para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios; las reglas relativas a las prácticas tarifarias restrictivas de la libre competencia, y que implican abuso de posición dominante y aspectos concernientes con procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.

Aunque el país ha logrado importantes avances en el sistema tarifario durante estos 30 años, también es evidente que el mismo, en especial en la Costa Caribe, no ha logrado superar las barreras propias de las condiciones económicas y sociales de la región, lo cual ha llevado a diferentes gobiernos a acciones que se deben acometer para encontrar una senda en beneficio del sector y de los usuarios.

El Gobierno ha expresado su voluntad de disminuir las tarifas de energía eléctrica y las empresas del sector han explicado que los precios resultan de la aplicación de una fórmula que refleja fielmente los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización.

Sin embargo, la realidad es que los precios de la energía se han mantenido altos y, en algunos casos como en la Costa Caribe, se han disparado en temporadas de déficit hídrico como el fenómeno de El Niño.

Corficolombiana analizó que entre 2021 y 2024 las tarifas de energía en Colombia se incrementaron, en promedio, un 15,3% anual, siendo el precio más alto de los últimos 23 años; de hecho, en 2022 se registró el repunte más alto de la historia: 28,5% anual.

Aunque el Gobierno ha trazado distintas estrategias para frenar el aumento, es evidente que Colombia, en comparación con otros países latinoamericanos como México, Ecuador y Brasil, tiene tarifas más altas.

En el caso de la Costa Caribe, las tarifas de energía son 18% más altas que en el interior del país, debido al mayor costo de los componentes de pérdidas y de la opción tarifaria.

Con la intervención de Air-e, el Gobierno apuntaba a partir de octubre a reducir las tarifas de la Costa Caribe entre un 20% y un 25%, lo cual se esperaba que representara un alivio económico para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, quienes enfrentaron altos costos de electricidad.

A lo anterior se suma que a las empresas de distribución del sector se les adeuda cerca de $7 billones representados en $3,4 billones por la opción tarifaria; $2,4 billones por subsidios; $0,2 billones por precio y exposición a bolsa y $1 billón por deuda oficial.

Asimismo, las empresas comercializadoras han tenido problemas de flujo de caja, es decir que, al no tener los ingresos suficientes, les ha limitado para pagar sus costos de operación y mantenimiento.

El objetivo de las fórmulas de la CREG, plasmadas en las resoluciones, ha sido reflejar los costos que implican la generación, transmisión y comercialización de la energía eléctrica para cada mercado y estos costos pueden variar de acuerdo a diversas circunstancias, como la disponibilidad de agua; costo de los combustibles de origen fósil como gas natural o carbón; costos de insumos para las líneas de transmisión y distribución como cobre o aluminio, y características del mercado, en el caso de los costos de comercialización, entre otras características.

Una mirada desde ACIEM

Desde 2022 en ACIEM hemos planteado la necesidad urgente de reformar el modelo tarifario del sector eléctrico del país, más allá de la coyuntura de reducir los precios.

Desde nuestra perspectiva, en calidad de Cuerpo Técnico Consultivo del Gobierno Nacional, se deben revisar los aspectos positivos y negativos del modelo, y fijar un nuevo marco institucional y regulatorio, con el fin de orientar adecuadamente el futuro del mercado, garantizando siempre la institucionalidad, la seguridad, la confiabilidad energética y la continuidad del servicio.

A nivel de subsidios, ACIEM ha señalado que se debe dar una mirada distinta al tema y plantear un mínimo vital a través de las energías renovables para instalar paneles solares en los estratos 1, 2 y 3, especialmente.

En relación con el rol de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), ACIEM ha destacado que es importante trabajar en fortalecer los mecanismos de vigilancia, control y sanción a las centrales hidroeléctricas en su gestión del agua, para generar posibles distorsiones de mercado, lo cual llevaría a un aumento de los precios; establecer una especial vigilancia y control para evitar que las empresas generadores utilicen su poder de mercado, puesto que al fijar límites de participación adecuados, se logrará un mayor equilibro del mercado y una mayor competencia entre agentes.

Desde ACIEM consideramos que se debería crear una sala paralela a la del Mercado de Energía Mayorista (MEM) para monitorear en tiempo real, tal como sucede en otros países, el comportamiento de los agentes y de las transacciones en bolsa, lo cual ayudaría a evidenciar posibles abusos de posición dominante y/o competencia desleal, que permita tomar inmediatamente las acciones correctivas del caso y las sanciones a que haya lugar a los agentes.

De otra parte, es importante realizar una vigilancia especial al componente de las inversiones, las pérdidas técnicas y no técnicas, y su peso en la fórmula tarifaria, con el fin de reducir su impacto en la tarifa.

De no tomar medidas sobre el modelo tarifario en distintos frentes, es innegable que el sector eléctrico seguirá deteriorándose en contra de los usuarios y de las empresas.

A comienzos de diciembre, el ministro de Minas y Energía explicó que la Resolución CREG 101-066 de 2024, definió un ‘tope tarifario’ al componente de generación (G) en la bolsa de energía, la cual aplicará solamente a las plantas de energía renovable, (incluidas las hidroeléctricas) y carbón, medida novedosa que, según el Gobierno, podría tener un impacto de hasta el 30% sobre la factura de energía.

En ACIEM consideramos que estas medidas pueden incidir favorablemente en los precios a los usuarios y ayudar a evitar especulaciones en el mercado, estableciendo un techo en el precio máximo para las ofertas del MWh en el MEM para energía con costos operativos muy bajos como las energías renovables y las hidroeléctricas. Sin embargo, debe considerarse que el porcentaje de energía negociada en bolsa es bajo y aquella sujeta a contratos es mayoritaria.

Las acciones anteriores requieren también agilizar la entrada de los proyectos de generación y transmisión que tienen importantes atrasos, lo cual permitirá un incremento en la oferta de energía, más aún cuando a partir de 2027 se presentará el riesgo de déficit de energía, que pondría nuevamente en el ambiente los escenarios de ‘riesgo de racionamiento o ‘riesgo de apagón’, que es lo que menos necesita el país en su reactivación económica. Todos en conjunto debemos actuar.

*Presidente de ACIEM.

Colombia pasó de producir un millón de barriles/día en 2014 a los 750.000 barriles/día actualmente.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Se repite la historia en viceversa: Hace 10 años, cuando la producción de crudo de Colombia alcanzó el millón de barriles al día, se hizo popular el gracejo como acertijo tratando de establecer cuánto tiempo haría falta para que se cruzara la curva de producción de Colombia en ascenso con la de Venezuela en declive. 

Efectivamente, la producción de Colombia alcanzó su clímax con la producción de un millón de barriles/día, mientras Venezuela, después de producir 4 millones de barriles/día, bajó hasta los 2´370.000 ese mismo año.

Ahora es la llamada Guyana Dubái, con reservas recién descubiertas hace apenas 10 años que superan los 11.000 millones de barriles, el que ha venido escalando su producción desde los 1.200 barriles/día en 2019 hasta los 645.000 actualmente.

Y de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2025 la producción de Guyana sobrepasará a la de Colombia con un volumen de 850.000 barriles/día, contra los 750.000 barriles/día de Colombia. En la última década se ha desplomado en el país andino la producción promedio/día el 21%, y sería iluso esperar que repunte mientras las precarias reservas remanentes caen.

La diferencia es que mientras en Guyana están atrayendo la inversión y firmando a la lata nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo, el Gobierno de Colombia decidió descartarlos, como su mayor y mejor contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático.

Sin lograrlo, porque el consumo de petróleo en el mundo sigue en ascenso, ya que, según la AIE, en 2023 alcanzó un récord de 101 millones de barriles/día y su previsión es en 2024 alcanzará otro récord con 2 millones de barriles más. 

Es decir que el petróleo que deja de producir Colombia lo provén otros países, entre ellos Guyana y Brasil, donde el presidente Luiz Inacio Lula da Silva proyecta pasar de los actuales de 3,5 millones de barriles/día a 5,4 millones en 2028, hasta convertir a PETROBRAS en la tercera empresa petrolera más grande del mundo y a Brasil en el quinto productor mundial de crudo.

Se cumple así la Ley de Keynes según la cual toda demanda crea su propia oferta. En conclusión, Colombia se está quedando con el pecado y sin la gracia con tan absurda como desatinada decisión. 

En este contexto, no sabe uno cómo interpretar la sibilina declaración del presidente Petro a propósito de la caída de las exportaciones de Colombia en lo que va corrido del 2024.

Esto dijo: “No es una buena noticia que caigan las exportaciones, pero no había un análisis del porqué y resulta que el 60% de las exportaciones del país son fósiles, es decir, carbón y petróleo”. 

Lo que no advierte Petro es que al tiempo que caen las exportaciones está cayendo también la Inversión Extranjera Directa (IED). Según registros del Banco de la República, entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024 pasó de US $7.524 millones a US $6.304 millones, para una caída del 16.2% anual, siendo más pronunciada la IED en hidrocarburos y minería, que fue del 30,3%.

Cabe preguntarse si será bueno para Colombia que las exportaciones caigan si es por cuenta de que “el precio internacional del carbón cayó a la mitad entre el año pasado y hoy, por eso caen las exportaciones. También cayó la demanda del carbón colombiano y esa caída internacional tiene que ver con que el mundo está haciendo una transición energética”. 

Eso es pensar con el deseo, pues las cifras no vienen en auxilio de los augurios del presidente porque, de acuerdo con el más reciente reporte de la AIE, el año pasado la demanda por carbón batió récord con 8.530 millones de toneladas y prevé que en 2024 alcanzará otro récord.

Al igual que ocurre con el petróleo, carbón que no extraiga y exporte Colombia lo extraerá y exportará alguno de los países que compiten con Colombia. 

La ingenuidad y el desatino del Gobierno de Colombia, que firmó recientemente el Tratado de no Proliferación de los Combustibles Fósiles, comprometiéndose a proscribirlos, contrasta con el realismo y el pragmatismo de Guyana y Brasil, que, sin renunciar a la transición energética ni dejar de trabajar por el cumplimiento a su meta de reducir sus emisiones de GEI, están atrayendo más inversiones al sector de los hidrocarburos, su principal fuente generadora de ingresos, divisas y financiamiento de la misma transición.

En concepto del vicepresidente de Guyana, “el petróleo no sólo permite aumentar los ingresos y emplear estos recursos en políticas sociales, sino que, además, resulta la principal fuente para financiar una sólida transición energética hacia energías renovables”. Y remató diciendo que “necesitamos dinero del sector del petróleo y el gas para hacer nuestro país a prueba del clima y adaptarnos al cambio climático”.

Por su parte, el presidente Lula, reconocido defensor de la agenda verde, explica que la inversión en petróleo tiene como objetivo primordial disponer de más ingresos para consolidar la transición energética, bandera de su Gobierno.

Además, destaca cómo PETROBRAS pasó de la explotación de petróleo onshore a hacerlo offshore, “ahora puede pasar a las renovables”. Y deja claro que no incurre en ninguna contradicción, pues “el petróleo seguirá ocupando un lugar importante en la matriz energética junto a las renovables. Queremos hacerlo juntos”.

Bien ha dicho el presidente de la CAF, Sergio Díaz Granados, que “cada país deberá elegir su velocidad, intensidad y estrategia de acuerdo con sus características” y Colombia, al igual que el resto de Latinoamérica, tiene las suyas. 

Recientemente, la comidilla en los medios es la noticia proveniente de Argentina, donde se registra un inusitado boom de los hidrocarburos gracias al enorme potencial del yacimiento no convencional de Vaca Muerta y a la utilización intensiva de la técnica del fracking en su explotación. Esta explica y responde por el 56,6% de la totalidad de la producción petrolera y del 54,8% de la de gas natural.

Según el más reciente reporte, en los últimos 10 años Argentina pasó de producir 500.000 barriles de crudo por día hasta alcanzar los 700.000 actualmente, en contraste con Colombia que pasó de producir un millón de barriles/día en 2014 a los 750.000 barriles/día actualmente.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.