La Sociedad Hidroituango, de la cual es socia Empresas Públicas de Medellín (EPM) junto con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), suscribió con EPM un contrato para la construcción y puesta en operación de la mayor hidroeléctrica del país.  A su vez, EPM contrató con dicho consorcio la ejecución del proyecto.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

13 de marzo de 2022.   La introducción anterior es para tener el contexto del nuevo pulso entre ellos, y entender mejor el embrollo que se ha armado.

Huelga decir que Hidroituango es un proyecto de interés estratégico para el país, dado que atenderá el 17% de la demanda de energía nacional, y su atraso, además de presionar al alza los precios y la tarifa del servicio, pone en riesgo su confiabilidad y firmeza.

El pasado 2 de febrero, en rueda de prensa, el gerente de EPM Jorge Carrillo anunció, en compañía del alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, que “la primera unidad generadora de energía de Hidroituango estará en servicio el próximo 26 de julio de 2022, de acuerdo con el cronograma técnico que se tiene establecido”.

Ahora resulta que, nada menos que el consorcio constructor, CCC, acaba de poner en tela de juicio dicho anuncio. En comunicación fechada el 21 de febrero firmada por su director General Braulio Saravia, dirigida al vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM William Giraldo Jiménez, advierte que “teniendo en cuenta los cronogramas que son analizados conjuntamente en los comités de programación a los que somos invitados y en los cuales se presentan las actividades de otros contratistas y su interrelación con las actividades que desarrolla el consorcio, encontramos que dichos cronogramas no se ajustan en su terminación para la fecha anunciada”.

El Consorcio CCC va mucho más lejos en su pronunciamiento al dejar claro que “según la programación que conocemos, la ruta crítica de entrada en operación de la primera unidad está marcada por el blindaje de las conducciones y codos superiores, así como los concretos alrededor de estos, y cuya finalización prevé el inicio de las pruebas con agua para el mes de octubre de 2022. De este modo, resaltamos que las actividades que viene desarrollando el Consorcio están enfocadas a lograr esta meta”, y no la del 26 de julio.

La respuesta de EPM no se hizo esperar. A través de un comunicado de prensa el ingeniero William Giraldo informó que están “haciendo todo lo que está en nuestras manos para sacar adelante la obra”. No obstante, termina poniéndose la venda antes de la herida, curándose en salud, haciendo la salvedad que “los cronogramas en una megaobra… tienen nivel de incertidumbre”.

Por su parte, el gerente de EPM, al terciar en la discrepancia entre unos y otros, espetó que “queremos tener un contratista cuyo cronograma se pueda forzar”.

Semejante dislate le sirvió de pretexto para tratar de justificar su empecinamiento en el cambio de contratista y de paso anunciar la apertura de la licitación para que sea otro contratista el que dizque ejecute la “segunda etapa” del proyecto, pese a las advertencias de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, de los siete decanos de facultades de ingeniería de Antioquia, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y el propio Informe de Pöyry, pues ello implicaría un retraso adicional de la entrada en operación del proyecto de mínimo un año.

El dictamen pericial de Pöyry es enfático al referirse a los “cinco puntos críticos” detectados en su estudio, que “la mitigación más eficaz para solucionar este riesgo catastrófico consiste en acelerar en lo posible la puesta en marcha de las ocho unidades de generación”. Luego, cualquier dilación aumenta el riesgo de la materialización de este indeseable “escenario catastrófico”.

El equipo técnico de la ANLA se limitó en su recorrido a la obra a verificar lo reportado en el Informe de la Pöyry y pare de contar. La ANLA, al final de su visita, se limitó a decir que “continuará con el análisis del documento”, refiriéndose al Informe de Pöyry y recordó que “la ANLA realiza los pronunciamientos a través de actos administrativos”.

A propósito de la salida en falso del gerente de EPM, cuando manifestó su preferencia por contratistas “cuyo cronograma se pueda forzar”, bueno es conocer el concepto autorizado del presidente de la Sociedad Colombiana de Ingeniería (SCI), declarada por la Ley 46 de 1904 como Centro Consultivo del Gobierno Nacional, Germán Pardo.

En su concepto, “están colocando fechas de inauguración de la primera generación. Realmente, eso me parece  que no es bueno para el proyecto, porque es una presión indebida sobre la ingeniería. El tema del cronograma deber ir ajustándose en la medida en que el mismo proyecto, con las obras que se están haciendo, nos lo permita. No podemos prever ahora que una primera unidad podría estar en junio o podría estar en julio”.

A EPM queremos recordarle que el apresuramiento no es buen consejero. Como le dijo Napoleón Bonaparte a su ayudante, en medio de su afán y sus afugias: “vísteme despacio que tengo prisa”.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Columna del presidente de la Junta Directiva de Acipet, quien inicia con algunos apartes del libro “The New Map” de Daniel Yergin, premio Pulitzer.

Por: ÓSCAR DÍAZ MARTÍNEZ*

10 de marzo de 2022.   Hoy en día Rusia es uno de los tres grandes productores de petróleo, el segundo productor de gas natural después de los Estados Unidos y el primer gran exportador de petróleo y gas. Las ganancias producto de las exportaciones de hidrocarburos significan un 45% del presupuesto del gobierno, y el 30% del PIB. Esto muestra su dependencia económica de los combustibles fósiles y de la necesidad (o no) de contar con una matriz energética balanceada.

De otro lado, Ucrania ha sido conocida como la pequeña Rusia, y el principal punto de discusión por parte del Gobierno de Putin es aceptar que ellos formen parte de la Unión Europea. El pertenecer a la OTAN destruiría el sueño de Putin de construir la Unión Euroasiática, con intereses económicos comunes bajo el liderazgo de Moscú, un asunto que para Ucrania es una total contradicción, dado que no se podría pertenecer a dos sistemas “cien por cien exclusivos”.

Otro dato en esta ecuación es la dependencia de la UE del gas. Su matriz energética indica que, cerca del 25% del consumo lo constituye este combustible fósil y casi la tercera parte proviene de Rusia. Las demás fuentes de gas provienen del campo Groningen en Holanda, del Mar del Norte en Gran Bretaña, de Noruega (no forma parte de la UE) y el resto de África.

De lo anterior, no es de sorprender como Rusia se haya posicionado en una ficha clave en el suministro de gas para Europa y por qué la importancia de los gasoductos que atraviesan Ucrania. En este sentido, Ucrania solo reconoce una tercera parte de la tarifa del gas que se le cobra a Europa.

Dicho de otra forma, estos gasoductos son como “la joya de la corona” para Ucrania, no solo por el tema de precios, sino porque son un mecanismo de presión contra Rusia, dado que es el medio para que el gas ruso llegue a Europa. Es así como los gasoductos Nord Stream, a través del mar báltico hacia Alemania; Yamal-Europa, a través de Polonia; Blue Stream, a través del mar Muerto hacia Turquía, son de las jugadas maestras de Rusia para llevar gas a Europa sin pasar por Ucrania.

Por tanto, el conflicto entre Rusia y Ucrania, más que un tema económico se traduce en razones geopolíticas.  El permitir que Ucrania forme parte de la OTAN destruye el sueño de Putin de reunificar económicamente los países que en el pasado formaron parte de la Unión Soviética y por tanto convertir a Rusia en una potencia mundial en temas energéticos.

Ser un actor importante dentro de la OPEP+ con liderazgo conciliatorio, vender los gasoductos que se construyen hacia Europa como una forma de garantizar la seguridad energética, la relación económica y comercial con China, el mayor consumidor mundial de combustibles fósiles, y su foco en los países africanos como potencial mercado, han convertido a Rusia en una potencia energética.

Sin embargo, la situación con Ucrania es inaceptable desde todo punto de vista. Las vidas humanas están pasando a un segundo plano, por forzar una estrategia rusa. Esta situación es como el papá enseñándole al hijo rebelde “quién manda a quién”, y donde los vecinos no se involucran así se evidencie violencia intrafamiliar.

*Presidente de la Junta Directiva de Acipet

Columna del Ministro de Minas y Energía, originalmente publicada en el diario El Tiempo.

Por: DIEGO MESA*

3 de marzo de 2022.    El turbulento inicio de la tercera década del siglo XXI se ha encargado de recordarle al mundo la importancia del sector energético, así como su vulnerabilidad y resiliencia ante factores exógenos, la cual usualmente se ve reflejada en una significativa pero explicable volatilidad en los precios.

La pandemia de covid-19 nos mostró cómo la demanda mundial de crudo podía sufrir una contracción del 30 por ciento de un día para otro. Ese choque de demanda coincidió con una guerra de oferta entre Rusia y Arabia Saudita, el segundo y tercer productor de crudo del mundo, respectivamente, lo cual llevó a que, durante las épocas de las cuarentenas más estrictas, los precios internacionales del crudo colapsaran, incluso llevando a los contratos futuros a terrenos negativos en abril 2020. Nunca antes en los mercados financieros se había dado una situación en la que un agente estuviera dispuesto a pagarle a otro para entregarle crudo en una fecha futura.

Después de la pandemia y el despliegue de la vacunación masiva vino la reactivación económica, lo cual generó un incremento acelerado en la demanda de energía eléctrica e hidrocarburos en 2021.

En algunos países europeos, que venían avanzando de manera apresurada en reemplazar fuentes de generación fósiles por alternativas más limpias, la mayor demanda de energía coincidió con épocas de menor viento, menor radiación solar y por ende menor capacidad de generación de energía renovable. El resultado fue un incremento desproporcionado en el precio del gas natural importado, el cual se utiliza, entre otras cosas, para generación térmica. En países como España, Portugal, Francia y Alemania el precio del megavatio/hora alcanzó niveles de más de 300 euros a finales de 2021, entre 15 y 20 veces más de lo que valía en Colombia a precios de conversión para la misma época.
A medida que se reactivaba el mundo en 2021, el precio del petróleo iba recuperando el terreno que había perdido en 2020, y el 2022 empezaba con una expectativa optimista de entre 70 y 80 dólares el barril.

Sin embargo, a medida que transcurría febrero se fueron acrecentando las tensiones entre Rusia y Ucrania, lo que finalmente desembocó en una invasión militar rusa y una guerra que todavía no sabemos en qué va a terminar. Como resultado, el precio del crudo ya superó la barrera de los 110 dólares el barril y Europa se enfrenta a la incertidumbre energética más grande de su historia, a raíz de su dependencia del gas natural ruso.

Estos acontecimientos nos deben llevar a valorar las acciones que ha tomado el gobierno del presidente Iván Duque en materia de transición y seguridad energética, y a reflexionar sobre el futuro.

En primer lugar, hemos realizado una de las transiciones energéticas más audaces de la región, diseñando e implementando una ambiciosa política pública para que el sector privado incorpore masivamente a la matriz eléctrica fuentes de energía solar y eólica, las cuales eran prácticamente inexistentes en 2018. En lo que va corrido de gobierno, hemos adjudicado proyectos por más de 2.800 megavatios y 3.000 millones de dólares, multiplicando por 100 veces la capacidad instalada que había en 2018.

Esta apuesta por las energías renovables la hemos hecho de manera responsable, asegurándonos también de contar con nuevas fuentes de generación hidráulica y térmica que le den respaldo al sistema, para que el país nunca tenga que enfrentar situaciones como las vividas en Europa a finales de 2021 y principios de 2022.

En segundo lugar, y en aras de proteger nuestra soberanía energética y estabilidad macroeconómica, hemos reactivado el sector de hidrocarburos con la firma de 69 nuevos contratos de exploración y producción con inversiones por más de 3.500 millones de dólares, después de que recibimos un sector que en 2018 llevaba más de 4 años sin firmar nuevos contratos.

Avanzamos también de manera decidida en exploración de hidrocarburos costa afuera y en los pilotos de investigación en yacimientos no convencionales, prospectos que podrían añadir varias décadas más a nuestras reservas de crudo y gas, que hoy están en 6,2 y 7,7 años respectivamente, para que Colombia no tenga que depender de otros países como les ocurre hoy a tantas naciones europeas con Rusia.

Finalmente, hemos fortalecido y apoyado la transformación de Ecopetrol, nuestra principal empresa y uno de los mayores conglomerados energéticos de la región, que justo esta semana entregó los mejores resultados económicos de su historia, pese a los bloqueos criminales durante el paro nacional.

Los colombianos debemos unirnos en torno al sector energético, exigir que se siga consolidando la transición energética, incorporando nuevas fuentes como el hidrógeno limpio y proyectos eólicos costa afuera, a los cuales les dejamos hojas de ruta para los próximos 30 años.

Igualmente, debemos defender férreamente el sector petrolero de amenazas populistas y electoreras que atentan contra nuestra seguridad energética y el bolsillo de todos los colombianos.
*Ministro de Minas y Energía de Colombia. Es economista, experto en diseño y formulación de políticas públicas para el sector mineroenergético, y cuenta con una maestría en Economía de la Universidad de McGill en Canadá.

El conflicto en Ucrania no es solo una tragedia humana, sino un potenciador de la crisis ambiental global. Ante la falta de gas, varios países europeos tendrían que volver su mirada al carbón

Por: CAMILO PRIETO*

25 de febrero de 2022.   La Unión Europea importa de Rusia más del 40 % del gas que consume. De esta forma, las sanciones internacionales a Rusia, como lo son las restricciones al comercio con ese país, afectan los mercados energéticos europeos, los cuales tendrían que desplazarse a otras fuentes, como el carbón, lo cual dispararía las emisiones de gases de efecto invernadero.

Hay que recordar que el consumo de gas en países como Austria y Finlandia depende prácticamente un 100 % de Rusia. En el caso de Alemania, este valor es cercano al 60 %. Alemania, además, ha bloqueado la certificación del gasoducto ruso Nord Stream II. Este proyecto busca llevar gas ruso a Alemania y al resto de la Unión Europea, y está proyectado que su alcance sea para más de 26 millones de hogares.

Sin gas natural, los países tendrían que trasladarse a fuentes fósiles como el carbón, lo que haría imposible cumplir las metas del pacto de Glasgow para el clima. Así, el conflicto en Ucrania no es solo una tragedia humana, sino un potenciador de la crisis ambiental global.

¿Qué es el gasoducto Nord Stream?

El Nord Stream es un sistema para transportar gas de Rusia a Alemania y a otros países europeos a través del mar Báltico. El sistema consta de dos gasoductos: Nord Stream I, que funciona desde 2011, y Nord Stream II, que se terminó de construir en el 2021, pero su licencia para operar estaba engavetada desde noviembre pasado y ahora está suspendida la aprobación final por parte de Alemania, debido a las acciones de Rusia en Ucrania.

Ante la falta de gas, varios países europeos tendrían que volver su mirada al carbón o tener que buscar aliados como EEUU para suplir sus necesidades de gas en un futuro próximo.

¿Qué es el pacto Glasgow por el clima?

El Pacto de Glasgow es un conjunto de decisiones, entre las que se incluye esfuerzos para aumentar la resistencia al cambio climático, frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y proporcionar la financiación necesaria para ambos.

Los países reafirmaron cumplir la promesa de proporcionar 100. 000 millones de dólares anuales de los países desarrollados a los países en desarrollo. Además, acordaron trabajar para reducir la brecha entre los planes existentes de reducción de emisiones y lo que se requiere para reducirlas, de modo que el aumento de la temperatura media mundial pueda limitarse a 1,5 grados.

Como parte del paquete de decisiones, los países también completaron las normas de aplicación del Acuerdo de París en lo que respecta a los mecanismos de mercado y los enfoques no comerciales, así como a la notificación transparente de las acciones climáticas y el apoyo proporcionado o recibido, incluso por pérdidas y daños.

*Profesor de posgrados en las áreas de cambio climático y energía en la Pontificia Universidad Javeriana. Forma parte del comité asesor del Foro Nacional Ambiental; es consultor del Instituto Latinoamericano de Liderazgo en asuntos ambientales y de salud, y es el director de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano.

La ejecución del megaproyecto de Hidroituango y su entrada en operación están en medio de una gran encrucijada y sigue sin disiparse la gran incertidumbre sobre la suerte del mismo que generó la grave contingencia que se presentó en abril de 2018.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

2 de febrero de 2022.   La contingencia llevó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a expedir la Resolución 820 del 1º de junio del mismo año mediante la cual suspendió la Licencia Ambiental que le había otorgado. En el mismo acto administrativo le requirió a Empresas Públicas de Medellín (EPM) presentarle un dictamen pericial como requisito sine qua non para reconsiderar la medida.

En efecto, dando cumplimiento a la misma se contrató a la consultora chilena Pöyry y EPM radicó su dictamen ante la ANLA, convirtiéndose para ella en una papa caliente en sus manos.

Habiendo dispuesto “la suspensión inmediata de todas las actividades regulares relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse, que hacen parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de la ejecución del proyecto”, sólo le es permitido al consorcio constructor adelantar las actividades y trabajos tendientes a “prevenir y mitigar los riesgos asociados a la contingencia presentada”, tales como poner a funcionar el vertedero o la recuperación de la casa de máquinas. De modo que mientras esté vigente la susodicha Resolución, es prácticamente imposible que entren en operación las primeras dos unidades, como lo ha anunciado EPM, en julio y noviembre de este año, respectivamente.

Lo más preocupante del dictamen pericial de Pöyry es que pese a que sostiene que el proyecto “es técnicamente recuperable”, revela entre sus hallazgos 5 puntos críticos, todos ellos de extrema gravedad, los cuales “pueden resultar, directa o indirectamente, en la rotura de la presa, con las respectivas consecuencias catastróficas”.

Y plantea que “la mitigación más eficaz para solucionar este riesgo catastrófico consiste en acelerar en lo posible la puesta en marcha de las ocho unidades de generación” y no sólo las dos que se anuncian.

Y entre sus conclusiones plantea que, en este escenario, para lograr tal cometido es impensable el cambio de ejecutor del proyecto, ya que ello podría acarrear un retraso adicional no menor a un año, con lo cual se estaría acrecentando el riesgo que está latente.

Pese a ello, EPM insiste en el cambio de ejecutor a partir de noviembre, cuando concluya la última prórroga al consorcio constructor y para ello se ha anunciado la apertura de una licitación. Ello iría a contrapelo de lo que recomienda Pöyry, de no cambiarlo a riesgo de un retraso mayor para su entrada en operación, tanto más en cuanto que la decisión de la Contraloría General de cerrar el proceso de responsabilidad fiscal abierto contra las empresas que integran el consorcio, varios ex gobernadores de Antioquia, ex alcaldes de Medellín, ex gerentes de EPM y las compañías aseguradoras, luego que estas resarcieran el daño patrimonial establecido por el ente fiscalizador tasado en $4,3 billones, dejó sin piso la razón aducida en su momento por el Alcalde para no prorrogarle el contrato.

Entre tanto, la autoridad ambiental dejó establecido en su Resolución que “con base en sus propios análisis, la ANLA definirá si lo consignado en el documento de Pöyry cumple con lo solicitado para un eventual levantamiento de la medida preventiva impuesta a Hidroituango” y será entonces cuando emitirá “un pronunciamiento de fondo en relación a la medida preventiva impuesta”, y mientras tanto el tiempo discurre sin que se vea luz al final del túnel.

Huelga decir que, de no cumplirse con el nuevo cronograma planteado por EPM para que las primeras unidades empiecen a generar energía, entraría otra vez en incumplimiento de la obligación de entrega de energía en firme (OEF) al mercado, lo cual conllevaría nuevas sanciones tanto por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) como de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Como se recordará, la CREG, mediante la Resolución 154 de 2019, aduciendo “incumplimiento grave e insalvable”, sancionó a EPM con la pérdida de las OEF para el cargo por confiabilidad asignada en subasta convocada por ella mediante la Resolución 031 de 2017 por 1.085 GWH/año por la no entrada en operación de Hidroituango el 1º de diciembre de 2018, como estaba previsto.

Ello implicó la pérdida del ingreso asociado a la obligación contraída y la ejecución de una garantía bancaria por valor de US $43,1 millones, la cual hizo efectiva la operadora y administradora del Sistema Interconectado Nacional (SIN) XM en diciembre de 2019. Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le impuso a EPM una sanción en modalidad de multa el 18 de noviembre de 2021 por valor de $1.817.052.000 por el mismo motivo.

El tiempo apremia, pues además de la contingencia ahora toca lidiar con la incertidumbre que generan estos bandazos y cualquier dilación puede dar al traste con el proyecto, que podría colapsar, comprometiendo seriamente no sólo la seguridad energética del país, sino que se podría exponer a un desastre de consecuencias impredecibles.

No hay tiempo que perder, de lo que se trata es de recuperar el tiempo perdido y apretar el paso para acelerar la entrada en operación del proyecto y de paso conjurar el riesgo que puso de manifiesto Pöyry en su diagnóstico.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

En 2020, a consecuencia de la crisis pandémica, el país tuvo una recesión que se tradujo en un decrecimiento del PIB del –6,8% y con ella se exacerbaron el desempleo y la pobreza, alcanzando niveles históricos de 15,9% y 42,5%, respectivamente. Dicho de otra manera, Colombia retrocedió el año pasado una década.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

5 de diciembre de 2021.   El presupuesto general de la Nación, siempre desfinanciado, se caracteriza por su déficit estructural, dado que mientras el gasto, que tiene una inflexibilidad que supera el 80%, ronda el 19% del PIB los ingresos corrientes de la Nación(ICN) a duras penas llegan al 15%.

El margen de maniobra del Gobierno es limitadísimo, tanto más cuanto el Congreso de la República, a guisa de ejemplo, aprobó entre 2003 y 2019 1.224 leyes, como producto de la inflación legislativa, de las cuales 566 tienen impacto fiscal, con un gasto recurrente de $23 billones.

Las partidas correspondientes a las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), la correspondiente al rubro de lo que debe girársele a Colpensiones y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el servicio de la deuda absorben muy buena parte del Presupuesto.

Es muy diciente que el servicio de la deuda, con el 22,3% del presupuesto, aforado para 2022 en $350 billones, supera ampliamente el rubro de inversión, el cual participa con el 17.8%. En la medida que estas son obligaciones ineludibles e inaplazables que la Nación debe honrar año a año y el aumento inercial de un 4% anual de los gastos de funcionamiento, lo único flexible en el presupuesto es la inversión y por ello mismo es la que al final resulta sacrificada.

Ello es preocupante porque Colombia pide a gritos más inversión, sobre todo en bienes públicos, particularmente en infraestructura, para mejorar su competitividad, lastrada como está a consecuencia del gran rezago que acusa, como lo delatan los informes periódicos del Foro Económico Mundial (FEM) y del Consejo Privado de Competitividad.

Bien dijo el premio Nobel de economía Paul Krugman que la productividad no lo es todo en materia de competitividad, pero que a largo plazo lo es casi todo. Y, precisamente, como lo sostiene ANIF, “la pérdida de crecimiento potencial del 4%-4,5% hacia el 3%-3,5% ha estado relacionada con contracciones promedio de la productividad de los factores (PTF) a ritmos del –0,5% anual durante 2015–2018”.

Huelga decir que mientras la economía no crezca por encima del 3,5%, como no lo ha hecho desde 2015, no sólo no genera empleos sino que lo destruye y ello explica que después de haber alcanzado una tasa de desempleo de un solo dígito, desde 2019, antes de la pandemia, volvimos a los dos dígitos.

Y claro, al aumentar el desempleo se afecta el ingreso y ello repercute en el índice de pobreza, el cual, después de bajar durante 7 años desde el 48,8% en 2012 al 34,7% en 2018, a partir de 2019 se revirtió la tendencia. 

En 2020, a consecuencia de la crisis pandémica, tuvimos una recesión económica que se tradujo en un decrecimiento del PIB del –6,8% y con ella se exacerbaron el desempleo y la pobreza, alcanzando niveles históricos de 15,9% y 42,5%, respectivamente. Dicho de otra manera, Colombia retrocedió el año pasado una década, una década perdida.

La brecha digital 

Como secuelas de la crisis pandémica, además de ampliarse y profundizarse la brecha social, se puso de manifiesto otra brecha no menos irritante e impactante como lo es la digital.

En Colombia, según ANDESCO, para mediados de 2019 la cobertura de internet era del 52% en las áreas urbanas y de un ínfimo 7% en las zonas rurales, convirtiéndose en una barrera, insalvable en muchos casos, para la implementación de la virtualidad en el sistema educativo, especialmente en la periferia del país, acentuando de paso la disparidad entre la educación privada y pública.

Ello me ha llevado a plantear la necesidad de añadir a los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas el cierre de labrecha digital como el 18º objetivo a nivel global.

Recientemente se aprobó la Ley 2108 de 2021, la cual declara al internet como servicio público de carácter esencial, con miras a alcanzar la cobertura universal. Este es un paso en la dirección correcta.

Ojalá no se repita la historia de la Ley eléctrica 143 de 1994, que fijó un plazo de 20 años para alcanzar la cobertura universal y casi 30 años después 400 mil hogares en Colombia carecen de este otro servicio esencial.

Se impone en uno y otro caso un compromiso que trascienda los cuatrienios presidenciales, que cuente con una estrategia, con un plan de acción y, desde luego, con la apropiación de los recursos indispensables para que tan buenos propósitos no se queden escritos como letra muerta en el papel.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

El Centro Regional de Estudios de Energía presenta las prioridades que debería tener Colombia en su agenda energética después de Glasgow.

Por: TOMÁS GONZÁLEZ*

2 de noviembre de 2021.   Para muchos la COP26 en Glasgow fue un fracaso porque no aseguró la carbono neutralidad a 2050 que se necesitaría para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados. Para otros, hubo avances que mejoran significativamente los compromisos que se tenían.

En cualquier caso, el Gobierno de Colombia reafirmó en Glasgow su compromiso de carbono neutralidad a 2050, lo que debería determinar sus prioridades de trabajo hacia adelante y servir para dimensionar el tamaño y el tipo de esfuerzo requerido.

A continuación siete prioridades que debería tener Colombia en su agenda después de Glasgow:

1. Volver los anuncios planes concretos

La primera prioridad debe ser aterrizar los anuncios en planes concretos que den una idea clara de los esfuerzos que hay que hacer, los beneficios que se derivarán de ellos y el realismo de las metas escogidas. Esto, además, debería llevar a que los planes se construyan con el sector privado, principal responsable de las inversiones requeridas en descarbonización. 

2. Definir los mecanismos regulatorios para la transición energética

Hacer la descarbonización realidad requiere de mecanismos regulatorios concretos. El impuesto al carbono es la herramienta preferida por los economistas por sus ventajas en materia de eficiencia, pero también existen otras como mercados de emisiones, compensaciones, estándares técnicos y o medidas administrativas.

Colombia tiene un impuesto al carbono de 5 dólares por tonelada de CO2 emitida que no es consistente con los compromisos anunciados. Su ajuste a los niveles recomendados internacionalmente de 40-80 dólares por tonelada supone una discusión que es urgente dar en términos de realismo y credibilidad.

Lo mismo sucede con la base del impuesto donde hoy no se incluyen todos los fósiles y se excluyen los sectores responsables de dos terceras partes de las emisiones como residuos y agricultura.

Para los demás mecanismos regulatorios hay que dar discusiones similares.

3. Prepararse para la electrificación de la economía

Análisis de escenarios de futuro energético que ha hecho el CREE muestran una necesidad de electrificación de la economía que aumenta con el grado de ambición climática.

Descarbonizar la generación de electricidad es el primer paso para facilitar la descarbonización del resto de la economía. Pero el esfuerzo no es sólo de la oferta; la demanda también debe hacer inversiones para electrificar los procesos de producción que sean electrificables y elevar la eficiencia en el consumo de energía.

Esto requiere financiación, planes de trabajo con los consumidores —sobre todo los más vulnerables en industria, transporte y hogares— y un enorme esfuerzo para asegurar los permisos y licencias que han dificultado la expansión solar y eólica, sin dejar de lado el trabajo para garantizar la confiabilidad en el suministro dada la intermitencia de las energías de bajas emisiones. 

4. Mecanismos para la adopción acelerada de nuevas tecnologías

La transición energética es ante todo un cambio que se da a partir de la adopción de nuevas tecnologías de producción y consumo. La última década nos ha mostrado la capacidad que tienen los costos de producción de caer ante la innovación en los procesos de manufactura y los efectos de las economías de escala.

Ello es especialmente notorio en el caso de los paneles solares, pero también se ha dado en la generación eólica o en las baterías, con caídas que superan el 90%. Es de esperar que el hidrógeno siga un desarrollo similar en los próximos 10-15 años, lo mismo que la capacidad de almacenamiento de las baterías.

La gran ventaja de estas caídas es que reducen los costos del cambio y facilitan su adopción. No obstante, caídas en costos no significa que automáticamente puedan adoptarse en Colombia.

Hay que trabajar en tener las condiciones de inversión, los marcos regulatorios, el capital humano y los servicios de soporte requeridos. Es una oportunidad de oro para hacer un esfuerzo en ciencia, tecnología e innovación local que apalanque su adopción con programas piloto y desarrollos propios.

5. Asegurar la financiación para la transición energética

La magnitud del cambio requerido en la transición energética es tal que se requiere un esfuerzo similar en materia de inversión. Comparada con la inversión hecha en los últimos 5 años, los recursos de inversión en energía limpia que se necesitarían entre 2026-2030 es del doble para cumplir con los compromisos ya hechos y el cuádruple para la carbono neutralidad en 2050.

Cifras de tal magnitud suponen un esfuerzo muy grande tanto del sector privado como de los gobiernos. La Agencia Internacional de Energía estima que el 70% de esta inversión debe venir de fuentes privadas, lo que deja cerca de una tercera parte en manos de los gobiernos que deben, entre otras cosas, asegurar los recursos para mitigar los costos de la transición en países en desarrollo y que hasta ahora han incumplido desde la firma del acuerdo de París.

Cabe anotar que aunque los reflectores están puestos en la financiación de las energías limpias, también va a necesitarse una financiación significativa en fósiles. Esto es especialmente problemático porque las fuentes de financiamiento están alejándose del carbón y los hidrocarburos, pero es imposible, sin la adecuada financiación, sostener la producción de energía de estas fuentes en los niveles requeridos para la transición.

6. Establecer la ruta para la transición fiscal

Colombia tiene una enorme deuda social por atender. No sólo más de la cuarta parte de la población vive en condiciones de pobreza, sino que tiene una de las 15 peores distribuciones del ingreso en el mundo. Solucionarlo requiere cuantiosas inversiones públicas en educación, salud e infraestructura, que dependen de la financiación disponible.

Los fósiles son los sectores que más tributan en Colombia por unidad de producto. Por cada peso de aporte fiscal que hacen los hidrocarburos, el resto de sectores económicos —con excepción de los minerales metálicos— aporta menos de 40 centavos.

Una transición energética que marchite los fósiles sin sustituir los ingresos fiscales que generan nos condenarían a desatender muchas de las necesidades más apremiantes de desarrollo.

7. Establecer planes de apoyo para los afectados

Con la transición energética habrá grupos específicos que van a verse significativamente afectados. Fundamentalmente aquellos que derivan su sustento de los sectores que van a marchitarse con la descarbonización y que deben entonces encontrar nuevas fuentes de ingreso. Muchos tienen una vulnerabilidad económica que, en ausencia de planes específicos de apoyo, va a hacerles muy difícil la transición productiva.

Un ejemplo son los productores de carbón del interior del país, que son el centro de la vida económica en decenas de municipios. Los datos muestran como sus ingresos están muy por encima de trabajos comparables en zonas rurales, que es donde se desarrolla su actividad.

Pero no es sólo un tema de ingresos: quienes trabajan en el sector carbón son más propensos a tener contratos escritos a termino indefinido y a incluir prestaciones. Es empleo de mayor calidad.

No tener planes de transición productiva realistas para pequeños productores, microempresarios y todos aquellos que le proveen bienes y servicios a los sectores que van a ir desapareciendo es una receta para el fracaso y para hacer mucho más difícil la descarbonización.

8. Incorporar las preferencias de los electores

Los últimos meses han visto una escalada en los precios de la energía en varias partes del mundo. Esto ha disparado las alarmas de los gobiernos a tomar medidas de emergencia, algunas inútiles o peligrosas para el adecuado funcionamiento de los mercados.

En Estados Unidos, el presidente Biden, líder en la lucha global contra el cambio climático, va liberar reservas estratégicas de crudo y a pedirle a la OPEC que aumente la producción de petróleo para aliviar los altos precios que enfrentan sus gobernados en las estaciones de servicio.

En Europa, donde los problemas de suministro de gas y poco viento para la generación eólica tienen los precios de la electricidad en máximos históricos, el gobierno socialista de España, abanderado también de lucha contra el calentamiento global, les ha puesto techo a los precios, quitado los impuestos y aumentado los cupos de emisiones para energía menos limpia.

Estos ejemplos reflejan la sensibilidad de los votantes a los  precios de la energía y el temor de los gobernantes a las protestas, el descontento y la pérdida de gobernabilidad. Son episodios que deben servir de alerta en Colombia.

Si no se pone la confiabilidad y una relativa estabilidad de precios en el centro de la transición, la agenda de descarbonización va a ser más difícil de sacar adelante y puede terminar en las garras del populismo.

*Director del CREE

En días pasados, en una entrevista para el diario El Tiempo, el senador y aspirante a la Presidencia Gustavo Petro afirmó sin titubear que de llegar a la Casa de Nariño, la primera decisión que tomará “es el cese de la contratación de exploración petrolera”.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

29 de noviembre de 2021.   La afirmación suscitó una gran controversia en el país. Y no es para menos, habida consideración que, si bien Colombia no puede calificarse como un país petrolero, dada la precariedad de sus reservas y el modesto volumen de su producción y por ello mismo irrelevante en el mercado internacional del crudo, con una participación del 0.75% de la oferta mundial, su economía depende del petróleo.

El sector de los hidrocarburos contribuye con el 5% del PIB, por décadas ha sido el primer renglón de exportación y por ende el mayor generador de divisas, no sólo por concepto de las exportaciones sino también por la vía de la inversión extranjera directa (IED), toda vez que el sector petrolero es receptor del 27% de la misma.

Además, en la última década el petróleo ha representado el 40% de las exportaciones totales, al tiempo que ha contribuido con un promedio de $18 billones anuales en pago de impuestos y dividendos al fisco nacional y $6 billones adicionales, por concepto de regalías a las entidades territoriales. 

Como es apenas obvio, si se frena la exploración se aleja la posibilidad de nuevos hallazgos que permitan reponer los volúmenes de petróleo extraídos y detenga la caída de la producción desde el millón de barriles/día en 2013 a sólo 750.000 actualmente, concomitantemente con la declinación de las reservas, la cuales sólo alcanzan para 5,3 años de autoabastecimiento.

Según el senador Petro, “hay doce años hacia delante, 2034, donde está previsto que nuestras reservas aguanten”. Ello sólo sería posible si el país deja de exportar y limita su producción sólo para abastecer el consumo doméstico. Ello agravaría aún más la aterradora perspectiva planteada por el Banco de la República en su reciente Informe de Política Monetaria, según la cual “se espera una expansión del déficit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos al 5,3% del PIB”.

Ello precipitaría, además, una hiperdevaluación del peso, una inflación galopante, agravaría el déficit fiscal y dispararía la deuda pública, lo cual conduciría a la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana con todas sus consecuencias. Este sería un escenario catastrófico para el país, que vería aún más ralentizado su crecimiento del PIB, lo cual repercutiría en un agravamiento del desempleo y la pobreza, sobre todo en aquellas regiones en donde opera la actividad petrolera.

Coincidimos con el senador Petro en que “hay que hacer una transición hacia las energías limpias. Si no lo hacemos, será una tragedia en términos sociales” y añadiría yo, ambientales. De ello estamos advertidos, dado que luego del Acuerdo de París (COP21/2015), las fuentes primarias de energía de origen fósil, sobre todo el carbón y el petróleo, quedaron en el lugar equivocado de la historia. Su suerte está echada.  Como lo afirma la ex secretaria ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Christiana Figueres, llegó la hora de reconocer que ellas tuvieron su momento de sol “pero hoy están en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarles alternativas rápidas ya”.

Y la prudencia aconseja, como lo plantea el mismo Petro “una transición tranquila”, sin sobresaltos ni traumatismos como los que se derivarían de una decisión tomada en volandas, como la anunciada por él, pues ello sería un salto al vacío. Citando al poeta Machado, digamos “despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas”.

La propia Agencia Internacional de Energía (AIE), a pesar de estar alineada con el Acuerdo de Paris, advierte que solo hacia el año 2030 se empezará a aplanar la curva de la demanda de petróleo.

Es decir, nos va a tocar convivir por otro largo rato con el petróleo y sus derivados y el crudo que eventualmente deje de producir Colombia lo producirán otros países, desde donde tendríamos que importarlo para cargar las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena. Estas demandan diariamente 360 mil barriles para su refinación y producir los combustibles que consume el parque automotor y su importación le costaría al país US $16.000 millones, una cifra similar a la que el país dejaría de recibir si pasa de ser exportador a importador de crudo. Y cabe preguntarse de dónde habrán de salir.

Lo que el senador Petro plantea como punto de partida debe ser la meta a alcanzar, no se puede llegar a la tarde si pasar por el medio día. Lo primero es lo primero y la primera prioridad como política de Estado es la seguridad energética, como se ha puesto de manifiesto a raíz de la crisis energética que afrontan Europa y Asia.

No podemos renunciar prematuramente al petróleo, pues este es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, pues peor que depender del petróleo es depender de sus importaciones.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Con éxito culminó la IV Cumbre de Petróleos y Gas, organizada por el Comité Gremial Petrolero integrado por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP) la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), y la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET).

Por: LUIS GUILLERMO ACOSTA*

23 de noviembre de 2021.   La reactivación socioeconómica es un compromiso nacional que nos atañe a todos, en especial al sector de hidrocarburos, el cual atraviesa importantes momentos.

El mundo actual exige así mismo un compromiso alineado con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en toda su definición: humana, ambiental y económica. 

El cambio climático es una preocupación a nivel mundial, no obstante, debemos ser muy cautos para que las políticas de control climático no atenten de forma más negativa contra los países y sus habitantes que el mismo cambio climático en sí.

Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) son en gran medida los causantes del cambio climático y el CO2 es responsable en un 20% de los GEI.  Colombia produce 290M Teq anuales de CO2, de este monto el 30% proviene del sector energético, el otro 70% proviene de otros sectores como la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros usos del suelo.

Existe una correlación clara entre crecimiento económico, consumo de energía primaria y aumento de emisiones C02. En la medida que Colombia continúe su desarrollo económico es de esperar que aumente el consumo de energía primaria y aumenten las emisiones. 

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (EIA), Colombia produce el 0,25% de emisiones de energía primaria en el mundo, con 0,6% de la población mundial. Así que, reducir este monto a la mitad, como muchos proclaman, poco podría mover la aguja de este KPI global, pero sí restringiría sustancialmente la capacidad del país de crecer y desarrollarse. 

No obstante, es una gran preocupación y de alta prioridad del sector de hidrocarburos disminuir significativamente las emisiones de CO2 (hasta neutralizarlas en un futuro) y se están haciendo grandes esfuerzos para hacerlo. Sin embargo, esto es solamente una parte de la ecuación.

Estamos en una transición energética, que significa una transformación a largo plazo de las fuentes de energía primarias de un país. Esta transición es específica para cada país dependiendo de su matriz de generación eléctrica, su canasta energética primaria y su economía en general.

En ese sentido, la tecnología es una gran aliada para apalancar el trayecto por la transición específica de cada país. Un par de ejemplos de la industria son la inyección y el almacenamiento de CO2 en el subsuelo para la generación de energía geotérmica, y la inyección de CO2 en los yacimientos para el incremento de recobro de reservas, que representa hasta un 22% adicional. 

Las tecnologías exponenciales, que permiten el cambio a una velocidad acelerada como la inteligencia artificial, van a coincidir sinérgicamente para solucionar muchos de los problemas y retos de hoy, incluyendo la transición energética, de la cual somos protagonistas de primera línea. 

De Elon Musk podemos aprender la aproximación de los principios fundamentales para solucionar cualquier problema. Básicamente, desintegrar los problemas en sus componentes primarios, identificar la causa raíz de los mismos y solucionarlos, esta aproximación fue aplicada a la compañía de cohetes Space-X, pionera en la utilización múltiple de cohetes al espacio. 

Nuestros profesionales deben ser más holísticos y entender la intersección de las actuales tecnologías de punta y cómo aplicarlas a los diversos retos que tiene el sector hoy.

Protagonistas de la transición energética

Los hidrocarburos representan el 75% de la canasta energética primaria del país y será el patrocinador en gran medida de las energías renovables no convencionales (diferente a energía renovable por generación hidráulica), como lo son la solar y la eólica.

La industria de hidrocarburos ha sido y será un pilar fundamental de la economía del país. Somos un país con importantes recursos en materia de carbón, petróleo y gas. Solo el sector de hidrocarburos representa aproximadamente el 5% del PIB, el 37% de las exportaciones, más del 23% de inversión extranjera y el 14% de ingresos corrientes de la Nación. Lo anterior es muestra de que el sector de hidrocarburos es clave para financiar la inversión social del país.

En Colombia debemos comunicar a la opinión pública en forma clara y contundente cuál ha sido el aporte de la industria de hidrocarburos al país, y cuál es la importancia de la misma para combatir la pobreza y lograr un mejor futuro para los colombianos. 

La riqueza del subsuelo combate la pobreza del suelo. De ahí la importancia de garantizar nuevas fuentes de reservas y producción, e infraestructura para la industria nacional: más exploración, campos de gas y petróleo costa afuera, yacimientos no convencionales y una red moderna y eficiente de gasoductos en doble vía.

El presidente de la República explicó que el sector de los hidrocarburos es un vital generador de divisas para impulsar los procesos de desarrollo económico y social del país, así como la petroquímica que se deriva de esa actividad. 

“A veces no se le explica al ciudadano para qué la petroquímica. Poder alimentar 9.000 millones de habitantes en el mundo es imposible sin petroquímica, porque todos los esquemas de producción de fertilizantes y muchos derivados de la petroquímica son esenciales para aumentar la productividad por hectárea global” indicó el mandatario.

Por lo tanto, el sector de hidrocarburos, fuera de estar presente por mucho tiempo como protagonista de la transición energética, lo estará por mucho tiempo más pues hasta el momento no hay sustitutos para los productos petroquímicos que se originan a partir de los hidrocarburos.

Es claro que el país está viviendo un momento histórico en su democracia y que todos los colombianos nos tenemos que unir para combatir corrientes políticas que afectan la sostenibilidad de la Nación. En ese sentido, nuestro deber como colombianos es informarnos y concientizarnos de la importancia del sector energético y no dejarnos arrastrar por declaraciones populistas, que pueden causar un daño irreparable a la economía nacional y a todo el país. 

Este gran perjuicio al sector no es algo que se pueda reparar tan sencillo como encender o apagar un dispositivo eléctrico con un botón. Una vez golpeada la industria de esta manera, sería un daño casi irreversible para el país y este tardaría muchísimos años estancado en su desarrollo para salir a flote. 

Integrémonos e informémonos para sacar adelante al país, estamos en un momento histórico en la democracia colombiana.*Director Ejecutivo de Acipet

Colombia afronta una sumatoria de crisis no resueltas, las cuales la han conducido a una gran encrucijada, sin que se alcance a otear en el inmediato futuro una buena salida.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

22 de noviembre de 2021.   Indudablemente, la peor de todas las crisis que atraviesa Colombia, porque agrava las demás: la económica, la social y la ambiental, entre otras, es la crisis de confianza, porque cuando esta se pierde se pone en riesgo la gobernabilidad y cuando esta se complica tambalea la legitimidad de las instituciones.

A este punto hemos llegado por cuenta de la procastinación por parte de los sucesivos gobiernos debido a que como dijera Miguel Abadía Méndez “los problemas viejos no se resuelven y los nuevos los dejan envejecer”, presumiendo y dando por sentado que la estabilidad de la democracia y de las instituciones que la sustentan permanecerán incólumes, a pesar de la desidia y la inacción. Cuando la realidad es que los problemas que no se resuelven se agravan y se tornan crónicos.

El gran juisconsulto austríaco Hans Kelsen supo distinguir muy bien entre la legitimidad de origen de la legitimidad del ejercicio del poder, la cual se refrenda cotidianamente con los actos de gobierno. Es claro, además, que el ejercicio de la ciudadanía no termina con el voto.

Y qué importante es la confianza para el desarrollo económico y social de un país. Entre los estragos de la pérdida de la confianza están la pérdida de la reputación y de la confianza inversionista, las cuales alejan y ahuyentan a la inversión y a los inversionistas y conducen al fracaso. Ello llevó a afirmar al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz que “la inversión en confianza no son menos importantes que las inversiones en capital humano y maquinaria”. Velar, entonces, por su preservación y conservación resultan ser un asunto de la mayor relevancia.

Por ello, resulta preocupante que el empeoramiento de la situación social del país a consecuencia de la crisis pandémica ha impactado y de qué manera la percepción que tienen los ciudadanos frente al Gobierno, llevándose de calle a las propias instituciones a las cuales sirve.

Es así cómo, según el más reciente informe de la OCDE, Colombia al lado de Chile, hacen parte del grupo de países en los cuales los ciudadanos más dudan y ponen en tela de juicio a sus gobiernos. En Colombia, particularmente, cayó la confianza frente al Gobierno entre el 2007 y el 2020 del 51% al 37%.

Y este escepticismo frente al Gobierno se extiende a las empresas, a los medios de comunicación y hasta las ONG. Es más, el Observatorio de la Democracia de la Uniandes encontró que el nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en el 2020 alcanzó el nivel más bajo en décadas, 18%. Concluye, además, que la confianza ciudadana en todas las instituciones, incluidas las más reputadas en el pasado, está por el piso.

De acuerdo con los resultados de la encuesta virtual en la cual participaron 33 mil personas adelantada recientemente por el Barómetro Edelman Trust de la agencia global de comunicaciones Edelman, la desconfianza de los ciudadanos hacia sus instituciones se consolidó este año. Según la misma encuesta, Colombia es el cuarto país que más desconfía de su gobierno entre 27 evaluados. Ello es preocupante.

El ex codirector del Banco de la República y rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, lo advirtió con mucha antelación con la crisis pandémica y sus devastadores efectos, sobre todo entre los más vulnerables: “la pérdida de estatus que sufrirán millones de personas puede derivar en un resentimiento creciente”. Dicho y hecho. En el segundo semestre de 2019, antes del advenimiento de la COVID–19 se presentaron los primeros brotes de descontento e inconformidad, traslapados y postergados por la pandemia.

Y, aunque el mayor catalizador de la protesta tiene que ver con demandas, sobre todo por parte de los jóvenes, por empleo, acceso a la salud y a la educación, y por una renta básica para los más vulnerables, entre otras reivindicaciones, a través de ella se está interpelando y cuestionando el Modelo económico de corte neoliberal incapaz de dar respuesta a sus anhelos represados. Stiglitz, refiriéndose a las movilizaciones sociales de Chile y Colombia en 2019 dijo que “la sorpresa fue que el malestar tardara tanto en manifestarse”.

Sobre ello llama la atención el profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional Diego Guevara, al advertir que “es hora de romper la ilusión de un exitoso mundo macroeconómico antes de la pandemia, ya que continuar con los discursos de austeridad, estabilidad macroeconómica y disciplina fiscal sólo perpetuará un escenario que ha sido favorable para una porción muy pequeña de colombianos. Debemos apostar por un cambio importante en el que se mantenga una política fiscal fuerte y activa, orientada a la política monetaria con el mismo fin: creación de empleo, mejor distribución y estabilidad de precios”. Como dijo Keynes, “no se debe desaprovechar una buena crisis”. Esta crisis es la oportunidad para replantear el Modelo económico.

Un estudio adelantado por Econometría, apoyándose en la tesis que le mereció el premio Nobel de Economía al psicólogo y matemático Daniel Kahneman sobre la teoría económica del comportamiento, concluyó que “es más fácil cambiar el statu quo en tiempos de crisis que en tiempos normales. En crisis, los afectados están dispuestos a hacer cambios que serían impensables en condiciones normales, cuando prefieren mantenerse en su zona de confort.”

Crecimiento sostenible y sostenibilidad del crecimiento, incluyente, además, debe ser el paradigma de la nueva normalidad, la cual deberá encausarse hacia el denominado capitalismo progresista que viene proponiendo Stiglitz como alternativa al fracasado  Consenso de Washington.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.