Categoría: Opinión

Desde el inicio del gobierno Petro se ha hablado de una reforma a la Ley de Servicios Públicos, así como de la creación de una integración vertical del sector eléctrico y del gas, lo cual sería una decisión perversa, que daría paso a un monopolio estatal.

Por: JUAN ESPINAL*

El empeño del gobierno Petro en exterminar el sector minero-energético del país es evidente. Las declaratorias de áreas de reserva natural sin argumentos técnicos, el invento de las zonas ZAPPA y APPA, el no pago de la deuda a las distribuidoras por la prestación del servicio eléctrico subsidiado, la negativa a firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y la intervención en la empresa Air-e, están llevando a Colombia a una situación de pobreza energética.

Cada vez más colombianos deben quemar leña para sobrevivir, y el impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos más vulnerables se evidencia en el aumento de las tarifas de gas y energía.

Desde el inicio del gobierno Petro se ha hablado de una reforma a la Ley de Servicios Públicos, así como de la creación de una integración vertical del sector eléctrico y del gas, lo cual sería una decisión perversa, que daría paso a un monopolio estatal.

Sin embargo, el ministro Edwin Palma, más ejecutivo que sus predecesores y, además, audaz y sin límites, anunció que el 20 de julio presentará la “Ley de Reducción de Tarifas”, vendiéndola como un acto de justicia social, cuando en realidad esconde modificaciones normativas críticas para los ciudadanos.

Esta reforma pretende imponer a los estratos 4, 5 y 6, así como al comercio, el pago de la deuda de los subsidios acumulados por la opción tarifaria (más de 2.9 billones de pesos), sin debate tributario. Es, en esencia, un impuesto disfrazado. Además, elimina el subsidio a los hogares más pobres si consumen “demasiada” energía. ¿La razón? Superan el consumo promedio, sin considerar si se trata de familias numerosas, si viven en zonas cálidas, o si simplemente poseen una nevera o un pequeño negocio.

Retirarles el subsidio por “consumir mucho” es incrementar la pobreza energética en el país. Lo que propone el gobierno no es solidaridad, es redistribución improvisada: sin estudios, sin control fiscal y sin reglas claras.

A esto se suma la intención de modificar la composición de la CREG y sus funciones para incluir representantes de los usuarios, académicos y trabajadores. Será un debate interesante y tenso en el Congreso.

Ojalá logremos frenar este despropósito, y que gremios, empresarios, sindicatos y usuarios se involucren en la discusión y no se aíslen, como ha ocurrido antes.

La historia del lamento se repite: vemos a los sectores protestando después de haber permanecido en silencio, como ocurrió con la reforma laboral, que parecía enterrada, pero terminó reviviendo gracias a los mismos gremios que hoy lamentan su propio error.

Y cómo no mencionar la nueva alerta del Gestor del Mercado, que advierte un déficit de gas firme del 20% para 2026. El déficit ascenderá a 206 GBTUD, afectando tanto a los colombianos como a la industria.

En medio de este desabastecimiento, el gobierno promueve un proyecto de ley para reducir tarifas eléctricas, sin resolver el verdadero problema: la falta de gas y de generación firme que sostiene el sistema. La iniciativa del ministro Palma promete alivios tarifarios, pero no garantiza sostenibilidad ni abastecimiento.

La salida de Shell del país no es un simple titular: es una señal de alarma. Colombia deja de ser un destino atractivo para la inversión energética, justo cuando el gas natural es clave para una transición ordenada, justa y sostenible. La falta de seguridad jurídica y la negativa a nuevos contratos de exploración agravan la situación.

Este gobierno, que presume de sumar derechos, en realidad se dedica a restar desarrollo. No es solo una empresa la que se va: son empleos, desarrollo regional y futuro energético los que también se esfuman.

Felicitaciones a Gustavo Petro, quien ha logrado espantar a los empresarios que, desde su llegada a la presidencia, no ha hecho sino atacar y señalar.

La única bandera del gobierno Petro en materia energética, lamentablemente, es la pobreza energética.

*Representante de la Cámara por el Centro Democrático.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en lugar de ser parte de la solución, se ha convertido en el problema.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Air-e fue intervenida en septiembre de 2024, a solicitud de la propia empresa, motivada en su insolvencia, iliquidez y falta de flujo de caja. El objetivo, entonces, de la intervención era darle a Air-e la solvencia, liquidez y flujo de caja requeridas, que le permitiera operar y prestar el servicio de energía a sus 1,2 millones de usuarios en las condiciones establecidas en la Ley Eléctrica (143 de 1994). Pero ello no se ha dado.

El solo hecho de que en nueve meses hayan desfilado por la gerencia de Air-e cuatro agentes interventores nombrados por la Superintendencia de Servicios Públicos es una pésima señal, porque no se garantiza ni estabilidad ni continuidad en la gestión administrativa. 

La deuda de Air-e con las generadoras de energía, desde la intervención, al corte de mayo, por energía contratada es de $2., billones. El Ministerio de Hacienda, gracias a la presión ejercida por los organismos de control (CGR y PGN), accedió a girar recientemente $1,5 billones para abonarle a las empresas comercializadoras lo correspondiente a la deuda de los subsidios al consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3 con corte a diciembre 31 del año anterior. De esa suma le ingresaron solo $233.100 millones a Air-e. Huelga decir que sigue pendiente la deuda por concepto de la Opción Tarifaria, cuyo saldo a la fecha es de $3,3 billones.

Tanto el ministro de Minas y Energía Edwin Palma y ex agente interventor como la saliente agente interventora Diana Bustamante, le urgieron al Superintendente Yanod Márquez la inyección de recursos para evitar que la empresa colapse. “Un ‘salvavidas financiero’ para poder cumplir con las obligaciones con las generadoras y proveedores”, le pidió Bustamante e insistió en que “esperamos la urgente intervención de la Superservicios para que se garanticen los dineros que se requieren para las generadoras y proveedores. Por un lado, está la energía que requerimos para distribuir y por otro los materiales para la operación de la empresa.”

Por su parte, el ministro Palma le planteó, a comienzos de mayo, que “sin un respaldo económico podría haber un apagón. Según el documento, si el fondo empresarial de la Superintendencia no respalda financieramente a Air-e, la operación de la compañía se volvería inviable, lo que podría provocar un apagón en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

También señaló que “las medidas administrativas actuales no son suficientes”, por lo que solicitó a la Superintendencia tomar “los correctivos necesarios que permitan el cumplimiento por parte de Air-e de sus obligaciones”, especialmente con los generadores de energía, a quienes la empresa ya les debe 1,3 billones de pesos

La respuesta del Superintendente ha sido que el Fondo Empresarial, que es el conducto para darle solvencia, liquidez y caja a las empresas intervenidas, estaba desfinanciado. Según él “la mayor responsabilidad mía no es conseguirle plata a Air-e, eso no es cierto”.

Y añadió: “Este gobierno no tiene recursos y si los dueños de la empresa tampoco tienen recursos estamos en problemas bastante serios, porque a la Superintendencia nadie le ha asignado unos recursos, tampoco le han asignado una forma de conseguirlos”.

Y fue más lejos al advertir que a marzo de 2025, el Fondo Empresarial contaba con $416.500 millones, pero su saldo disponible es de apenas $167.000 millones. Estos recursos deben cubrir deudas por $234.000 millones asociadas a ocho empresas intervenidas y pasivos por $2,2 billones de tres compañías en liquidación, incluida Electricaribe.

Dicho de otra manera, la Superintendencia se declara insolvente y, ante la imposibilidad de inyectarle a Air-e los recursos que requiere, su propuesta para salir de este embrollo es “la creación de una nueva renta parafiscal, una de las medidas que viene analizando para contar con recursos a través del Fondo Empresarial para hacer frente al proceso de intervención de la empresa Air-e”.

Es de anotar que la creación de esta “nueva renta parafiscal” es competencia del Congreso de la República y su aprobación en las actuales circunstancias políticas es muy remota.

Pero lo más preocupante es que lo peor está por venir, porque a la amenaza en ciernes del anunciado por los organismos de control de un apagón financiero, que puede dar lugar a un efecto dominó que comprometa a toda la cadena, se viene a sumar ahora el riesgo inminente operativo por falta de mantenimiento preventivo de los equipos, las redes y los transformadores.

Razón para pensar que estamos ante la posibilidad de que los apagones se vuelvan recurrentes en los tres departamentos en los que Air-e presta el servicio: Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Y, lo que es peor, la perspectiva para este año en lo atinente a los subsidios es más sombría habida cuenta que en el Presupuesto General de la Nación (Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024) sólo se apropió en el rubro de subsidios de energía el monto correspondiente al primer trimestre.

En síntesis, la Superintendencia de Servicios Públicos, en lugar de ser parte de la solución, se ha convertido en el problema.

Y lo más grave es que la situación por la que atraviesa Air-e es solo la punta del iceberg y puede llegar a convertirse en la primera ficha en caer de un efecto dominó que nos conduzca a una crisis sistémica, que arrastre consigo a los demás eslabones de la cadena, ahora en la cuerda floja.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Ahora que la largamente anunciada escasez de gas natural es una realidad y las importaciones del hidrocarburo siguen aumentando, nos asomamos a la certeza de que las tarifas de gas van a incrementarse de manera dramática en los próximos meses.

Por: JAIME CHECA JIMÉNEZ*

Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Disfrutamos de gas barato y abundante por muchos años y pocos hemos experimentado lo que es tener que pensarlo dos veces antes de encender la estufa o el calentador.

De acuerdo con el Gestor del Mercado de Gas, en 2026 el déficit del combustible será de 171 millones de pies cúbicos (20% de nuestra producción), en un escenario con fenómeno de La Niña y podría ser mayor si se presenta el fenómeno de El Niño con su sequía característica y prolongada.

La ironía de todo esto es que tenemos gas probado en el Caribe Offshore (Proyecto Sirius) y un enorme potencial de Recursos No Convencionales en el Valle Medio del Magdalena que hubieran evitado esta crisis y que, inclusive, nos hubieran podido situar en superávit exportable con todo lo que ello significa para los ingresos fiscales del país y su aplicación a la reducción de la pobreza y el anhelado desarrollo territorial sostenible.

Como era de esperarse, la proximidad de las elecciones presidenciales ha vuelto a traer a la mesa el tema de nuestra soberanía energética, con el gas en el centro de la discusión.

Ahora vuelven las voces de apoyo al desarrollo de los Recursos No Convencionales mediante la técnica del fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal (Fracking) y se abren paso los que prometen un decidido impulso a la industria de los hidrocarburos, reconociendo que se trata del elemento apalancador de la transición energética.

Una visita reciente a la provincia de Neuquén en Argentina me permitió conocer de cerca el impresionante desarrollo de los Yacimientos No Convencionales en la Formación Vaca Muerta, un proyecto que comenzó apenas en 2013 y hoy ha transformado la economía de ese país, proyectándose como exportador neto de gas después de 20 años de importaciones.

Quiero desde estas líneas dirigirme a los candidatos presidenciales que hoy apoyan el desarrollo de nuestros recursos de gas natural, para explicarles que la materialización de este objetivo va mucho más allá de los anuncios y las buenas intenciones.

Para que el gas natural sea el agente transformador, necesitamos transformar el país entero desde lo regional hacia lo nacional. La buena noticia es que, si lo logramos, estaremos más cerca que nunca del país que soñamos. Lo que voy a proponer es posible. Yo lo vi.

Cinco pactos esenciales

Se trata de avanzar decididamente en la materialización de nuestros dos proyectos más importantes de gas, a través de la consideración de cinco pactos esenciales. Deben ocurrir los cinco. Si uno falla, el resultado se compromete.

1. Pacto por la eficiencia

Un primer elemento, es reconocer que la industria de hidrocarburos es una actividad de altísima complejidad e intensiva en capital. Su éxito depende en buena medida de la eficiencia de todos sus procesos. Los tiempos no productivos destruyen la viabilidad de los proyectos. La planificación operativa se elabora con el máximo detalle y cuenta con que cada parte del engranaje ejecuta su parte en el momento preciso. Si todos los actores:  industria, comunidad y autoridades están en la misma página, se puede avanzar hacia el logro simultáneo de los objetivos, donde todos ganan.

La eficiencia incluye también el uso de tecnología limpia que permita avanzar en la descarbonización a la vez que se impulsan las fuentes alternativas de energía.

2. Pacto por la confianza

Les garantizo que la industria no está intentando operar por debajo de estándares internacionales. A nadie le sirve hacer las cosas mal porque ello mina la confianza y conspira contra la necesidad de implementar modelos sostenibles de trabajo.

Si logramos crear ambientes colaborativos entre industria y autoridades ambientales colocando los proyectos en el centro, podremos lograr operaciones eficientes de las más altas especificaciones y construiremos instituciones fuertes de alto nivel técnico.

Hablo de licenciamientos exigentes pero ágiles, requisitos previsibles, flexibilidad para discutir opciones operacionales con espacios de discusión y acuerdo. Estoy hablando de trabajo en equipo con criterios técnicos, trazables, despojados de especulación y con confianza en las organizaciones técnicas poseedoras de la experticia necesaria.

3. Pacto por la legalidad y la transparencia

La ilegalidad se ha afincado en buena parte de nuestros procesos y ha permeado todos nuestros estamentos democráticos. Nuestro edificio democrático aún es fuerte, pero está seriamente averiado. Sin resolver este elemento será difícil que cualquier iniciativa progrese.

Se requiere generar una atmósfera de transparencia basada en justicia confiable y eficiente. Este es un elemento crítico porque hemos perdido demasiado terreno. Podemos crecer desde lo local hacia lo nacional generando procesos sanos de contratación de mano de obra y de bienes y servicios.

Necesitamos hombres y mujeres que hablen con la verdad, sin temor de las consecuencias. Necesitamos empresas con valores genuinos materializados en el terreno por funcionarios que viven y trabajan éticamente. Necesitamos diálogos sinceros, públicos y constructivos. La institucionalidad de orden local juega el papel estelar en este pacto.

4. Pacto por el desarrollo local

Si nos aseguramos de que los frutos de la actividad se vean claramente reflejados en el beneficio inmediato de las comunidades locales, estaremos obrando con un gran propósito superior. Aquí es donde requerimos romper patrones de corrupción históricamente arraigados.

Se necesita visión de desarrollo de mediano y largo plazo, rigor en la planeación y por supuesto, también se necesita la voz de las comunidades locales en la toma de decisiones de inversión y en las instancias de participación. Si somos capaces de pensar como COMUNIDAD y no como individuos, habremos dado un paso gigante y la sanción social volverá a ser un juez efectivo.

El fortalecimiento de la industria local es deseable y necesaria. La formación de mano de obra calificada, técnica y profesional debe ser una prioridad compartida por todos los actores. Construiremos en las localidades las fortalezas que necesitaremos cuando el gas vaya perdiendo protagonismo y no lo extrañaremos cuando no esté.

Los acuerdos entre industria y gobierno son un instrumento poderoso si los acompañamos de eficiencia, transparencia y confianza.

5. Pacto por la estabilidad jurídica

Los proyectos de gas como el Offshore y los No Convencionales requieren muchos años para desarrollarse y alcanzar sus puntos de equilibrio. Necesitan un marco jurídico estable que ayude a que se cumplan los supuestos iniciales que motivaron la inversión. La inversión extranjera, esencial para acometer estos proyectos, necesita un terreno jurídico firme con reconocimiento internacional. Es nuestra carta de presentación.

Entonces, señor candidato o candidata, si usted quiere realmente promover el desarrollo del gas en Sirius y en los No Convencionales del Valle Medio del Magdalena, tiene la maravillosa oportunidad de hacerlos una realidad y de paso transformar la realidad de este país. Estará generando los recursos que nos devuelvan la estabilidad fiscal, habrá garantizado seguridad y soberanía energéticas, nos llevará a consolidar una transición justa y lo más importante de todo: habrá reinstalado el reinado de los valores fundamentales que perdimos hace tantos años y que el mundo entero tiene refundidos.

Es decir que no basta con decir que le gusta el gas. Hace falta que entienda la enorme dimensión del gas y el propósito nacional que este representa. Si usted logra comprender las implicaciones y está dispuesto a gerenciar este proyecto, cuente conmigo pa´ las que sea.

Deje que el gas sea el vehículo de la transformación que necesitamos.

*Geofísico de Exploración y presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP).

El presidente Petro arrió la bandera de la Consulta popular, para enarbolar ahora la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la que va a suscitar igual o mayor controversia que la que provocó la convocatoria de la Consulta.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La manida frase atribuida a Otto Von Bismarck, el célebre estadista prusiano del siglo XIX, de que la política es el arte de lo posible tiene mucho de cierto y asertivo.

La traigo a colación a propósito del desenlace final de la puja en el Congreso de la República en torno al tortuoso trámite y aprobación del proyecto de ley que reforma el Código Laboral, a iniciativa del ejecutivo.

Inicialmente había sido aprobado en la Cámara de Representantes en sus dos primeros debates reglamentarios, pero posteriormente se truncó en la Comisión 7ª del Senado de la República, en donde se aprobó una ponencia de archivo, siendo apelada esta decisión ante la plenaria de esta corporación, tal y como lo prevé la Ley 5ª de 1992, que reglamenta el funcionamiento del Congreso de la República. 

No obstante, la lectura que le dio el ejecutivo al “hundimiento” del proyecto, fue la misma reacción frente a otros proyectos tan controvertidos como el de la reforma a la salud, calificándolo como un “bloqueo institucional”.

Aunque, como le recordó al recién posesionado ministro de Justicia Eduardo Montealegre el destacado jurista Mauricio Gaona, “el bloqueo institucional que usted llama, la ciencia política y constitucional en el mundo le llama oposición, y la oposición es el precio a pagar por la democracia”.

Se trata, nada más y nada menos que de la vigencia del sistema de los frenos y contrapesos (Checks and Balances), inspirado en la obra cumbre del Barón de Montesquieu El espíritu de la leye (1748), en la cual hizo tanto énfasis en la importancia de que el poder debe ser controlado por el poder, para así evitar el autoritarismo.

La respuesta del presidente Gustavo Petro fue tirar por la calle del medio, decretando la convocatoria de una Consulta popular para el 7 de agosto, para que fuera el voto ciudadano el que dijera la última palabra sobre la suerte de la reforma laboral.

Como lo dispone la Constitución Política, dicha convocatoria tenía que pasar por el cedazo del Senado de la República para su visto bueno, negándolo por un estrecho margen en la votación de la misma, cuyo resultado fue cuestionado por el ejecutivo, al punto de convocar dicha Consulta recurriendo al que denominó el hoy ministro de Justicia como el “decretazo” (0639 de 2025). A este le llovieron múltiples demandas tanto ante la Corte Constitucional como ante el Consejo de Estado. Este último suspendió el Decreto de marras, dejándolo sin efecto.

Concomitantemente con este pulso entre la oposición y el Gobierno, que este último llevó a las calles, el proyecto de ley de la reforma laboral siguió su curso, siendo aprobado en primera instancia en la Comisión IV constitucional y posteriormente en la plenaria del Senado.

Empero, en el transcurso de su debate, el Gobierno, particularmente sus ministros del Interior y del Trabajo Armando Benedetti y Antonio Sanguino, respectivamente, oscilaban entre su apoyo y su aversión al texto de la ponencia y se la pasaron deshojando margaritas.

Entre tanto el presidente Petro trinaba que el Decreto de la convocatoria de la Consulta popular “sólo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente son respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes”, lo cual fue interpretado como una presión indebida por parte del Ejecutivo al Congreso de la República, ignorando la separación y el equilibrio de poderes consagrado en la Constitución Política.

Mucho temió el inmolado en el holocausto del Palacio de Justicia el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Manuel Gaona Cruz, padre de Mauricio, que la Constitución llegara a convertirse en una “Carta a la carta”.

A este respecto, bueno es recordar que el gran jurisconsulto austríaco Hans Kelsen supo distinguir muy bien entre la legitimidad de origen de la legitimidad del ejercicio del poder, la cual se refrenda cotidianamente con los actos de gobierno. Y ello es lo que está en juego, la institucionalidad y la legitimidad en el ejercicio del poder.

El presidente Petro fue más lejos y llegó a plantear que “si el Senado avanza en lo ya aprobado por consenso en la Cámara de Representantes, firmaré la Ley de reforma laboral y se levantará la consulta popular”, pasando por alto el reciente fallo de la Corte Constitucional devolviéndole al Congreso de la República la Ley 2381 de 2024, que reforma el régimen pensional, para que retome su trámite en la Cámara, en la que en su momento se aprobó a pupitrazos, sin que mediara el debate de rigor del proyecto, al acogerse en la plenaria, sin discusión, el texto que venía del Senado de la República y aprobarlo en volandas.

Este novelón tuvo un final feliz: la Cámara de Representantes y el Senado de la República se pusieron de acuerdo, conciliaron el texto que fue aprobado en la Cámara alta y le impartieron su aprobación el mismo día en el que se clausuraban las sesiones de la penúltima legislatura de este Congreso y pasa a sanción presidencial, luego de lo cual el presidente Petro, por sustracción de materia, derogó el Decreto que convocaba la Consulta popular.

Así se pasó de la conciliación a la reconciliación y unos y otros, tirios y troyanos reclaman el triunfo de la aprobación del proyecto de ley de la reforma laboral.

Bien dijo el Libertador Simón Bolívar en carta dirigida a Rafael Urdaneta, el 16 de noviembre de 1830, un mes antes de su partida, que, ciertamente “construir un buen acuerdo es mejor que ganar mil discusiones”.

Según el presidente Petro, la Consulta popular “ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano, que es el pueblo”.

Pero, como en el verso de La Perrilla de Marroquín, en más de una ocasión sale lo que no se espera. En efecto, el presidente Petro arrió la bandera de la Consulta popular, para enarbolar ahora la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la que va a suscitar igual o mayor controversia que la que provocó la convocatoria de la Consulta popular.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Importar gas desde Venezuela no es algo que se parezca a soplar y hacer botellas. Esta noticia, que ha dado lugar a tanto alboroto, no pasa de ser un embeleco más.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
A pesar del empecinamiento y la tozudez del actual gobierno en intentar sin éxito importar gas desde Venezuela, desde una perspectiva política, técnica y financiera, importar gas venezolano es inviable. No obstante, una y otra vez, se insiste con terquedad aragonesa en esta alternativa.

Y si no fue posible cuando el presidente Biden flexibilizó las sanciones impuestas por parte de EEUU en octubre de 2023, dándole un respiro al gobierno venezolano, en aras de que en cumplimiento del Acuerdo de Barbados entre Maduro y la oposición para que se adelantaran unas elecciones presidenciales libres y democráticas, mucho menos ahora que el presidente Trump, de vuelta a la Presidencia, que mediante una Orden ejecutiva endureció las medidas, estableciendo un arancel del 25% al país que se atreva a comprarle petróleo o gas a Venezuela. 

Así las cosas, veo muy remota la posibilidad de que Venezuela sirva de fuente de aprovisionamiento de gas al país y causa extrañeza lo que ahora ha trascendido a través de los medios, que delata unas supuestas tratativas del gobierno colombiano con el venezolano, para tener los primeros despachos en diciembre de este año. Dicho intento solo lograría agriar aún más las relaciones comerciales y diplomáticas entre Colombia y EEUU.

Es más, para reactivar el contrato que firmaron los presidentes Chaves y Uribe en 2007 se requiere la anuencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que maneja el Departamento del Tesoro de los EEUU, a no ser que,  retando a Trump y su Orden ejecutiva, el Presidente Petro opte por la confrontación.
Por lo demás, Colombia le ha solicitado reiteradamente a la OFAC su aquiescencia con el propósito de que ECOPETROL pudiera avanzar en unos acuerdos con PDVSA y siempre ha recibido la callada por respuesta. Y no parece que, por lo menos en el corto plazo, vaya a cambiar de actitud.

Cabe preguntarse qué ha cambiado desde agosto pasado, cuando el ex ministro Camacho descartó la posibilidad de importar gas desde Venezuela, a hoy, para llegar a la conclusión de que lejos de su viabilidad las circunstancias políticas hoy, cuando el ambiente y el clima están más enrarecidos que enantes, lo descartan. 

De otra parte, hay que tener en consideración el impase que representa no contar hasta la fecha con la infraestructura requerida para el transporte de gas entre los dos países.

El gasoducto Antonio Ricaurte, inactivo desde 2015, está totalmente averiado, y recuperarlo requiere mucho tiempo y dinero, el que no tiene la quebrada PDVSA. 

Además, el mayor yacimiento de gas de Venezuela, Perla, en el bloque offshore Cardón IV, no cuenta con el gasoducto que empalme con el Antonio Ricaurte para transportar el gas desde el golfo de Coquivacoa, lo cual demanda tiempo y cuantiosas inversiones.

Además, la calidad de ese gas no cumple con las especificaciones del que se consume en Colombia, lo cual conllevaría la necesidad de montar una planta de tratamiento que también demandaría inversiones importantes.

En plata blanca, es cuantiosa la inversión requerida para contar con la disponibilidad de gas natural desde Venezuela y ni PDVSA ni ECOPETROL cuentan con el músculo financiero para asumirla.

Importar gas desde Venezuela, entonces, no es algo que se parezca a soplar y hacer botellas. Esta noticia, que ha dado lugar a tanto alboroto, no pasa de ser un embeleco más, una idea descabellada.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La perspectiva en materia de hidrocarburos es sombría y demanda una pronta rectificación de la política de marchitamiento prematuro de los mismos, como no lo ha hecho ningún otro país, excepto Colombia.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicó su informe anual sobre el Balance de Reservas/Producción de los Hidrocarburos, el cual era esperado con mucha expectativa, sobre todo después de que desde diciembre de 2024, por primera vez en 45 años, Colombia se vio precisado a importar gas natural para cubrir la demanda esencial, esto es, la requerida por las estaciones de compresión de la red de gasoductos, los usuarios residenciales, pequeños usuarios comerciales y el gas natural vehicular.

Analicemos el vientre de las cifras que nos trae este último reporte para desentrañarlas e interpretarlas desde la perspectiva de la dinámica de la actividad exploratoria, sus hallazgos, el comportamiento de las reservas, de su reposición y de la extracción de las mismas, así como su proyección hacia el futuro.

En materia de petróleo simplemente se detuvo la caída, pero las reservas probadas (pasaron de 2.020 millones de barriles a 2035 millones) siguen sin levantar cabeza. Pasar de una relación R/P de 7,1 años a 7,2 años es casi imperceptible.

Además, cabe advertir que si se produce menos duran más las reservas, que parece ser el caso (777.016 barriles/día en 2023 vs 772.7 barriles/día en 2024). Dicho de otra manera, en este “quebrado” de la aritmética en lugar de aumentar el numerador, que es lo deseable, disminuye el denominador y de allí el resultado que se pretende mostrar como “un aumento de las reservas probadas”, que es sólo aparente y sólo atribuible a “reevaluaciones” de los cálculos, no a descubrimientos nuevos.

Por ello, comparto el pronunciamiento de la Contraloría General cuando afirma que “aunque estas reevaluaciones ayudan a gestionar mejor lo ya encontrado y a retrasar la caída en autosuficiencia, no son una solución sostenible a largo plazo… Al cabo de unos años se agote esta opción y el país se vea abocado a importar permanentemente petróleo y gas”.

Y concluyó diciendo: “No actuar ahora implicaría poner en riesgo la autosuficiencia energética del país, justo cuando las metas de transición energética aún enfrentan serias limitaciones técnicas y financieras”.

La perspectiva en materia de hidrocarburos es sombría y demanda una pronta rectificación de la política de marchitamiento prematuro de los mismos, como no lo ha hecho ningún otro país, el cual se ha traducido en un desaliento de la actividad exploratoria y prueba de ello es la dramática reducción del número de taladros activos en el país, que están migrando a países como Guyana, Argentina y Brasil.

En cuanto al gas natural, las reservas probadas siguen en caída libre, nada que hacer. Cayeron 13%, al pasar de 2,37 terapiés cúbicos (TPC) a 2,06 TPC, y la relación R/P pasó de 6,1 años a solo 5,9 años.

Más preocupante aún que el petróleo, pero la versión oficial es que “se advierte un cambio positivo en la tendencia de los últimos años”, cuando, la verdad sea dicha, la tendencia en los últimos años ha sido la declinación de las reservas probadas y el 2024 no es la excepción sino que confirma la regla.

Para tratar de dorar la píldora y maquillar las cifras, que no mienten, se le da mucha relevancia al dato de las reservas posibles y contingentes cuando la verdad es que solo se puede contar con las reservas probadas. Cómo dice el adagio popular, más vale pájaro en mano que cien volando. 

La advertencia del contralor General Carlos Hernán Rodríguez es clara: “La limitada incorporación de nuevas reservas conlleva un riesgo inminente, al cabo de unos años se agote esta opción y el país se vea abocado a importar permanentemente petróleo y gas”.

Cabe destacar que en el afán de justificar la absurda e inconveniente decisión de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y de explotación de hidrocarburos, no obstante nuestras precarias reservas y la limitada producción, se concluye lo obvio: que, en el caso del petróleo “entre 2018 y 2024 la incorporación de nuevas reservas por proyectos exploratorios fue de 2,8% (50 millones de barriles), mientras que la incorporación a partir de la gestión de volúmenes conocidos fue de 94% (1.693 millones de barriles). Esto muestra que resulta más eficiente gestionar sobre los volúmenes ya descubiertos, en los contratos vigentes”. 

En el caso del gas natural, igualmente “la incorporación de nuevas reservas por proyectos exploratorios fue del 35% (201 GPC), mientras que la incorporación a partir de la gestión de volúmenes conocidos fue de 66% (385 GPC). Esto muestra que resulta más eficiente gestionar sobre los volúmenes ya descubiertos, en los contratos vigentes”. Esta treta es bien conocida: cuando no puedas convencer, confunde.

Mientras tanto, el Gobierno sigue con su cantinela de que aquí no hay escasez de gas ni necesidad de importarlo, y que el alza en los precios y tarifas no obedece a la diferencia entre el precio del gas importado (US $15 – US $18 el MMPC) y el del gas extraído en el país (US $5 – US $7 el MMPC), sino a la especulación por parte de las empresas y azuzando a la Superintendencia para que sancione a las empresas, sin fórmula de juicio, llevándose de calle principios tan caros al Estado de derecho como la presunción de inocencia y el debido proceso, los cuales están mediados por una investigación previa y al hallazgo y disposición de un acervo probatorio.

*Exministro de Minas y Energía miembro de Número de la ACCE.

Se suele hablar de la Transición Energética en singular, cuando la realidad es que estamos registrando la tercera transición.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La primera transición tuvo lugar cuando gracias al invento del motor de combustión interna, el petróleo y sus derivados desplazaron al carbón como combustible. Esto ocurrió a mediados del siglo XIX (1863 – 1893).

La segunda transición tuvo como detonante la guerra del Yom Kipur, en octubre de 1973, cuando por primera vez en la historia se utilizó el petróleo como arma de guerra, al decretarle los países árabes un embargo petrolero a los países de Occidente aliados de Israel, encabezados por EEUU.

Notificados de que dicho embargo podía llegar a repetirse y conscientes de que las mayores reservas de crudo se concentraban en el golfo Pérsico, las grandes potencias se propusieron blindar su seguridad energética diversificando su matriz energética. Y fue así como el carbón, que había sido desplazado por el petróleo, volvió a vivir su segunda juventud al integrarlo a la misma, y el gas natural, que hasta entonces sólo había sido un estorbo en la industria petrolera, también se integró a ella.

Por su parte, las grandes multinacionales petroleras, conocidas como las siete hermanas, entendieron también la inconveniencia de poner todos los huevos en la misma sesta y diversificaron el portafolio de sus inversiones. Y así se encontró el hambre con la comida.

En efecto, dos petroleras estadounidenses aterrizaron en Colombia, más exactamente en La Guajira, venían tras del carbón y el gas natural, una de ellas, TEXAS, se asoció con ECOPETROL (mayo 3 de 1974) para explorar y explotar el yacimiento de gas con las mayores reservas offshore, Chuchupa., Ballena y Riohacha, y otra de ellas, EXXON se asoció con la estatal CARBOCOL (diciembre 17 de 1976), a través de su filial INTERCOR para explotar a cielo abierto el mayor yacimiento de carbón de Latinoamérica (El Cerrejón).

Feliz coincidencia, porque justamente en 1975 Colombia pasó de ser exportador, por décadas, de petróleo, a tener que importarlo por la súbita declinación de sus reservas. Las reservas de carbón y gas se convirtieron en el paño de lágrimas para la Nación, convirtiéndose la región Caribe en la despensa minero – energética del país.

De no haber sido por ello, las afugias fiscales del Estado y su balanza de comercio exterior habrían sido mayores de lo que fueron.

Pues, ahora, cuando estamos en la tercera Transición Energética, que tuvo su largada con el Acuerdo de París (1975), y que tiene como propósito la descarbonización de la economía, nuevamente la región Caribe le tiende la mano a Colombia, toda vez que el mayor potencial de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), especialmente eólica, solar – fotovoltaica y la biomasa están allí.

Sobre todo, en momentos en los que en Colombia, según lo que revela el más reciente Informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas probadas de gas natural siguen cayendo, esta vez (2023 – 2024) el 13%, debido a la acelerada declinación de los mayores campos productores situados en La Guajira y en Casanare.

Concomitantemente con la caída de las reservas probadas, que pasaron de 2,37 TPC a 2,06 TPC, ha venido cayendo también la producción. La relación R/P pasó de 6,1 a 5,9 años, al tiempo que la producción bajó desde 1.170 MMPCD en 2023 a 970 MMPCD en 2024, y en 2025 ya vamos en 824 MMPCD.

Ello se ha traducido en un déficit de oferta de gas, que el Gobierno Nacional, con terquedad aragonesa se ha negado a aceptar, pues para él no se trata de una escasez sino de maniobras especulativas por parte de las empresas comercializadoras de gas natural.

Lo cierto es que, desde el 4 de diciembre de 2024, Colombia se ha visto en la necesidad de importar gas por primera vez en 45 años, para cubrir la demanda esencial, esto es, las estaciones de compresión, la domiciliaria, pequeño comercio, industria, el gas para los vehículos y las refinerías.

Por lo pronto se están importando 40 MMPCD (4% de la demanda), pero hacia el futuro el déficit y los volúmenes de gas importados serán mayores.

Se estima por parte de NATURGAS que este año el déficit de la oferta de gas se acrecentará hasta llegar al 7% y para los próximos años la cantidad de gas importado será del orden de los 190 MMPCD en 2026, 286 MMPCD en 2027 y 405 MMPCD en 2028.

Ello, desde luego, ya está teniendo un duro impacto en el bolsillo de los usuarios, toda vez que el precio del gas importado es mucho mayor que el del gas extraído en el territorio nacional.

En tales circunstancias, en las que tanto la seguridad como la soberanía energética están en tan grave predicamento, una vez más el Caribe colombiano, y La Guajira en particular, le tienden de nuevo la mano al resto del país, pues, hoy por hoy, la mayor apuesta de Colombia para recobrarlas está en Sirius, un enorme descubrimiento de gas costa afuera, cuyas reservas se comparan con las del campo Chuchupa en su momento y duplican las actuales reservas remanentes.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El Sistema Interconectado Nacional (SIN) se encuentra en máximo grado de estrés debido a la estrechez de la Oferta de Energía Firme (OEF), a causa del atraso en la ejecución de los proyectos tanto de generación como de transmisión.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Entre los proyectos de generación se destacan las 4 unidades de Hidroituango y 16 parques eólicos en La Guajira; en transmisión, la Línea Colectora, de la cual depende la inyección de la energía generada en los parques eólicos al SIN, cuya ejecución ya tiene 3 años de atraso.

La capacidad instalada de generación, según XM, que es la empresa que opera el SIN, es de 21.420 GW y, según un estudio reciente de Fedesarrollo, para 2028 se requiere contar con una capacidad de 29 GW. Pero al paso que vamos ello es imposible, no obstante la subasta de expansión que tuvo lugar en febrero del año pasado y las de reconfiguración recientes, así como la de expansión en curso. El atraso en la ejecución de proyectos de generación se estima en 3.500 MW, el 30% de la demanda nacional

Lo dijo con todo el énfasis que la situación amerita la presidente de XM, Nohemí Arboleda: “El 55% de los proyectos de expansión relacionados con las redes del STN y STR representan retrasos frente a su fecha de entrada en operación, y digamos la materialización de esos planes de expansión es clave para ese futuro que esperamos”.

Ello se traduce en lo que denomina la presidente de Asoenergía, Sandra Fonseca, en un “equilibrio inestable en el balance oferta – demanda existente”, a tal punto que según la presidente de ACOLGEN, Natalia Gutiérrez, “con base en las proyecciones de demanda anual de la UPME y las cifras de OEF publicadas por XM, se mantiene un déficit de energía firme negativo”.

Esta situación, ya de por sí preocupante, tiende a agravarse, toda vez que la controvertida Resolución de la CREG 101 066 de 2024, que cambia el mecanismo y establece dos techos para el precio de escasez, que por lo pronto es optativa, se tornará obligatoria a partir de los años 2028/2029, tienen un efecto perverso y disuasivo hacia las empresas que operan a carbón, las hidráulicas y las renovables y, en última instancia, en lugar de contribuir a bajar las tarifas de energía eléctrica las presionaría al alza ya que si entran deberán cobrar entre US$30 o US$35 frente a los US$18 que está actualmente el cargo por confiabilidad. Eso, al final del día, es más costoso para los usuarios, que son quienes terminarán pagando los platos rotos.

En cuanto a la transmisión, un comunicado de la empresa XM, responsable de la operación del SIN, fechado el 17 de julio de 2023, advirtió sobre “la existencia de condiciones de riesgo para la atención segura de la demanda en algunas partes del país: Guajira – Cesar – Magdalena, Córdoba – Sucre y Bolívar por sobrecargas de la infraestructura, dando lugar a desconexiones continuas de demanda”.

Y lo acaba de ratificar la Gerente General de la empresa Transelca, encargada de transportar la energía desde el interior a la región Caribe, Brenda Rodríguez: “Toda la costa Caribe está declarada en emergencia por agotamiento de las redes eléctricas. Esto lo estamos atendiendo con especial cuidado”.

La alerta no debería pasar desapercibida, porque de ella se sigue que está en riesgo la firmeza y confiabilidad de la prestación del servicio en toda la región Caribe.

Este racionamiento ha pasado inadvertido y con muy bajo perfil en los medios, debido a que este país es tan centralista que mientras no llueva en Bogotá, no se reconoce que hay invierno en el territorio nacional. Pero, ahora amenaza con extenderse a Bogotá, Cundinamarca y a toda la Sabana, debido también a la restricción en la oferta de energía a consecuencia del atraso de dos proyectos fundamentales que se requieren para transportar la energía desde Hidrosogamoso y Chivor. Y ello por no contar con la licencia ambiental para la instalación de las torres y el tendido de las redes de conducción. 

Dicho por el propio presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, “ya es un hecho que negocios importantes en la Sabana de Bogotá no logran tener acceso al servicio porque no hay suficiente energía”.

Es el caso de Falabella, que ante la negativa de la empresa ENEL Colombia de suministrarle la energía requerida para su Centro de Distribución (CEDI) inaugurado en Cota, Cundinamarca, uno de los más grandes en Latinoamérica, le tocó instalar plantas que operan con diésel. 

Según Mónica Cataldo, gerente de la red de distribución de ENEL, “tenemos unos retrasos básicamente por tema de licenciamiento o por oposiciones. Se tienen estudios por el crecimiento de la demanda para ver cuándo podría tenerse este momento crítico. Se estima pueda ocurrir desde 2026”.

Según ha trascendido, hay varios proyectos de vivienda en la Sabana aplazados por falta de disponibilidad del servicio de energía eléctrica. Si Bogotá, Cundinamarca y la Sabana, hasta ahora no han sido sometidas a racionamiento, como sí lo está desde 2023 la región Caribe, es porque el Sistema ha contado con Termozipa, térmica que opera con carbón.

Es una ironía que no se cuente con energía hídrica limpia proveniente de Chivor e Hidrosogamoso, a falta de licencia ambiental, y se tenga que suplir con energía térmica, altamente contaminante.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE. 

Colombia debe apostar decididamente por la energía firme, sin abandonar el avance ordenado hacia las fuentes renovables.

Por: JUAN ESPINAL*

El pasado 15 de mayo se llevó a cabo en Bogotá el 17º Congreso Anual de Energía, un espacio donde empresarios y expertos del sector sostuvieron un diálogo técnico y sincero sobre los retos que enfrenta actualmente el sistema eléctrico colombiano.

La conclusión es contundente: el Gobierno Petro, con sus decisiones equivocadas, ha generado una profunda inestabilidad e inseguridad jurídica en un sector esencial para la vida diaria de 52 millones de colombianos y para el funcionamiento de nuestra economía.

La doctora Natalia Gutiérrez, presidente de ACOLGEN, informó que la demanda de energía en 2024 ha crecido un 2,6%, lo que evidencia un crecimiento acelerado por encima de la capacidad de oferta actual.

Sin embargo, la ejecución de nuevos proyectos está prácticamente paralizada. ¿La razón? La lentitud en la expedición de licencias ambientales, los interminables procesos de consulta previa y, para agravar aún más la situación, la UPME no está aprobando los puntos de conexión necesarios para que los proyectos ya culminados puedan entrar en operación. En los últimos meses, el 95% de estos trámites han sido negados en la región Caribe. Es un saboteo institucional al desarrollo energético.

Uno de los temas que más preocupa —y con razón— es el abuso del mecanismo de consulta previa, que se ha desnaturalizado, hasta convertirse en una herramienta de chantaje.

Lo he dicho en múltiples escenarios del sector minero energético: la consulta previa, en muchos casos, se ha convertido en un mecanismo para extorsionar empresarios, frenar el desarrollo y espantar la inversión, tanto nacional como extranjera.

El caso de La Guajira es emblemático: allí se han desmontado y suspendido proyectos clave de energía solar y eólica, precisamente por falta de garantías jurídicas. Irónicamente, estos mismos proyectos son los que más necesita el país para avanzar en la Transición Energética.

Pero seamos claros: sin seguridad energética no hay transición energética posible. Necesitamos una matriz energética diversa y robusta. Fue precisamente gracias a la generación de las termoeléctricas y a Hidroituango que evitamos un apagón durante el fenómeno de El Niño en 2024. A pesar del saboteo y los ataques del Gobierno Petro, este gremio ha demostrado compromiso y resiliencia.

Hago un llamado a los jóvenes del país: imaginen por un momento que no puedan cargar sus celulares, consolas de videojuegos o hacer tareas escolares, y tengan que volver a la época de las velas, como ocurrió hace 32 años cuando Colombia literalmente se apagó. Sin energía no hay desarrollo, no hay educación, no hay economía.

Otro grave problema es la abultada deuda del Gobierno con el sector energético, el famoso “shu shu shu” también alcanzó a este gremio. Hoy se adeudan más de 7,5 billones de pesos, una cifra que asfixia a generadoras y comercializadoras. Solo a las termoeléctricas se les deben 900 mil millones y más de la mitad de esa deuda es con EPM y sus filiales. Además, la intervención de Air-e ha agravado la crisis del servicio en la costa Caribe. Cabe recordar que los 750 mil millones que se “ahorraron” con el hundimiento de la consulta de Petro bien podrían haberse usado para abonar esta deuda.

Colombia debe apostar decididamente por la energía firme, sin abandonar el avance ordenado hacia las fuentes renovables. Con este gobierno, simplemente no fue posible. Corresponderá al próximo presidente y al nuevo Congreso tomar decisiones ágiles y valientes que devuelvan la credibilidad y la seguridad jurídica al sector. Solo así recuperaremos la inversión y lograremos el equilibrio urgente entre demanda y oferta, que tanto necesita el país.

*Representante de la Cámara por el Centro Democrático.

La deuda oficial con las empresas comercializadoras de energía y gas, que ya asciende a los $7,6 billones, está en el centro de las preocupaciones del sector energético y también de los usuarios, por sus temores de que ello pueda derivar en un racionamiento.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La causa raíz de la deuda oficial obedece a que, después de que las distribuidoras le descontaron en sus facturas a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 el subsidio al consumo de energía ($2,7 billones) y gas natural ($628 mil millones), la Nación, que debe reintegrárselo se ha abstenido de hacerlo.

Adicionalmente, son muchas las entidades oficiales que están en mora del pago de la factura por la prestación del servicio ($1 billón). Finalmente, está la deuda por concepto de la Opción Tarifaria ($3,3 billones). El presidente Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, pero hasta la fecha es una promesa incumplida. 

Esta deuda, que se incrementa mes a mes, afecta la solvencia, la liquidez y el flujo de caja de las empresas comercializadoras. Ello llevó a la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos a la empresa Air- e, cuyo caso es solo la punta del iceberg, puesto que las demás empresas comercializadoras de energía y gas es similar.

Ello llevó a los organismos de control, Procuraduría y Contraloría General, en un pronunciamiento conjunto, a advertirle al gobierno nacional del riesgo de un apagón financiero y de un efecto dominó, ante la imposibilidad de pagar la energía contratada con las empresas generadoras, lo cual comprometería la prestación del servicio. 

Recordemos que Colombia tuvo un apagón, el cual le significó un racionamiento de hasta 10 horas diarias durante 11 meses, desde el 2 de marzo de 1992 hasta el 7 de febrero de 1993. Esa vez el apagón tuvo como causas la estatización del sector eléctrico, de tal modo que las inversiones estaban condicionadas por el espacio fiscal y presupuestal de la Nación y está a su vez tuvo que endeudarse hasta la coronilla para su financiación, llegando a representar más del 25% de la deuda total.

Otro factor que contribuyó al apagón, consecuencia del anterior, fue la falta de mantenimiento del parque de generación. Y, finalmente, más del 80% de la capacidad de generación era de origen hídrico, tornando muy vulnerable el sistema frente al Fenómeno de El Niño. Esa vez fue muy severo y duró aproximadamente 11 meses, desde marzo de 1992 hasta febrero de 1993. 

Las lecciones aprendidas de ese apagón dieron lugar a la expedición de la Ley eléctrica 143 de 1994: se dio paso a la participación, además del Estado y las comunidades organizadas (léase comunidades energéticas), de la empresa privada en la prestación de este servicio, tal y como quedó establecido en el artículo 365 de la Constitución Política de 1991, se diversificó la matriz eléctrica con la instalación de un parque térmico de generación, el cual representa hoy en día el 35%, se prohibió la integración vertical de las empresas y le dio vida a un órgano técnico independiente y autónomo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que en este gobierno se ha tornado inoperante, encargado de establecer las reglas de juego para el funcionamiento y operación del Sistema y velar por su cumplimiento. Y, concomitantemente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la única con rango constitucional (artículo 370), encargada de proteger a los usuarios. 

Gracias a esta arquitectura del Sistema, la cual ha sido muy bien ponderada por el Foro Económico Mundial (FEM), ubicándola en el top 10 a nivel global, Colombia es el único país en Latinoamérica que no ha tenido racionamiento de la prestación del servicio de energía en los últimos 30 años. Colombia ha enfrentado 5 fenómenos de El Niño sin apagarse.

Empero, estamos ante un riesgo inminente de racionamiento de energía, esta vez, a diferencia de 1992/1993, por el apagón financiero a que han estado expuestas tanto las empresas comercializadoras como las generadoras de energía. Así lo han manifestado ellas y sus gremios y lo han advertido a los organismos de control, pero lo que más preocupa es que de parte del Gobierno no se toman las decisiones pertinentes e inaplazables. 

Acaba de anunciar el director de Energía del MME Víctor Paternina, que “la deuda siempre la hemos reconocido, y por eso la orden del presidente Gustavo Petro es de ponernos al día con el pago de los subsidios en el corto plazo”, y terminó diciendo que antes de finalizar mayo el Gobierno Nacional se pondrá al día con el pago de los subsidios. Pero esta no es la primera vez que se hace este tipo de anuncios que quedan siempre como promesas incumplidas. De allí el escepticismo con el que se reciben. Amanecerá y veremos.

A la preocupación por la desazón que produce entre los usuarios el riesgo latente de verse privado de la prestación de estos servicios básicos, subsiste la que ha provocado la espiral alcista de las tarifas de la energía, que no se detiene, con el agravante del alza de otro energético, el gas natural.

En el interior del país los usuarios se vieron sorprendidos comenzando este año con alzas en las tarifas de gas entre el 20 y el 36%. Y como, según la Ley de Murphy, todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar, ahora resulta que, según un estudio de FEDESARROLLO, “si la mitad de la oferta proviniera de gas importado, el alza tarifaria, esta vez para todo el país, podría alcanzar el 44.6% en Bogotá, 44.9% en Medellín, 45.8% en Bucaramanga, 30.3% en Cali y 11.7% en Barranquilla”.

Y no hay que perder de vista que esta alza en las tarifas se traduce en más pobreza energética, dado que dificulta aún más el acceso a la energía, sobre todo a los más vulnerables.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.