Categoría: Opinión

A la deuda contraída por la Nación por concepto de los subsidios con las empresas que prestan el servicio de energía se viene a sumar lo que les debe a las que prestan el servicio de gas natural y GLP domiciliario.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

A partir de la Constitución de 1991, la prestación de los servicios públicos dejó de ser una función que le estaba reservada al Estado y se abrió la posibilidad de que también las empresas privadas y comunidades organizadas pudieran prestarlos, tal como las tan mentadas como fementidas comunidades energéticas, así quedó prescrito en su artículo 365.

No obstante, dejó establecido que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado”. De ello se sigue que es el Estado el llamado a garantizar la prestación de los servicios públicos, tal como lo establece la Ley 142 de 1994, con eficiencia, calidad, continuidad y equidad.

Este es el sentido y la razón de los subsidios a los usuarios de los servicios públicos más vulnerables, los estratos 1, 2 y 3, los cuales quedaron reglamentados en el artículo 99.3 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, como “un descuento en el valor de la factura”.

Ello dio lugar a la creación del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso (FSSRI), mediante la Ley 286 de 1996. Con el cumplimiento de esta norma, Colombia honra su compromiso con el 6º y el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS), que tienen que ver con el acceso al servicio de agua potable y a las energías renovables.

Y claro, para cumplir con estos dos objetivos se tienen que dar dos premisas. La primera es la disponibilidad, porque nadie puede acceder a lo que no está disponible y la segunda tiene que ver con el poder adquisitivo, que tiene que ver con el ingreso de los usuarios, que dependen a su vez de la tarifa por el disfrute de tales servicios.

Según la más reciente Encuesta de Calidad de Vida y el Informe sobre pobreza multidimensional del DANE, el 47% de los hogares (8´460.000 familias) tenían carencias en cinco dimensiones, entre las que se destaca “no tener acceso a fuente de agua tratada”. 

Y según el más reciente estudio de la empresa PROMIGAS sobre la pobreza energética multidimensional en Colombia, se estableció que el 16,1% de la población, 8,4 millones de habitantes, están en esa condición.

Ahora bien, los subsidios se aplican directamente a los usuarios mediante sus facturas y luego el Gobierno debe realizar los reembolsos. No es como afirmó irresponsablemente el saliente ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, en el curso de una asamblea de usuarios del servicio de energía en Santa Marta, convocada por él, al espetar, sin pestañear, que “los subsidios por ley se asignan a los estratos 1, 2 y 3 y no se les entrega a la gente directamente, se les entregan a través de las empresas. Como la mayoría de las empresas son privadas, entonces se quedan con los subsidios y los administran. La transición debe garantizar que los subsidios lleguen a la gente” directamente.

La realidad es otra, quien se queda con los subsidios es el Estado, que tiene la obligación de reintegrárselos a las empresas prestadoras del servicio, que terminan financiándolos al descontárselo a los usuarios en sus facturas quedando a la espera de que el Ministerio de Hacienda les gire el valor causado.

Y es lo que no se viene haciendo de manera cumplida y diligente abocando a las empresas a dificultades de liquidez, solvencia y de flujo de caja para garantizar el cumplimiento de sus propias obligaciones con sus proveedores, entre ellos, en el caso de la energía, los generadores, que son los que se la despachan a través de contratos que deben honrar y con la banca.

Entre marzo del año anterior y enero de este año se acumuló una deuda de la Nación con las empresas comercializadoras de energía del orden de $2,8 billones, de los cuales el Ministerio de Minas y Energía sólo ha realizado la liquidación y conciliación por $1,3 billones. Con el gravante de que esta liquidación y conciliación por parte del Ministerio, mientras el Ministerio de Hacienda no gire, no les da liquidez a las empresas.

Sólo a comienzos de febrero de 2025, ante el fuerte requerimiento que le hicieron conjuntamente la Contraloría General y la Procuraduría, advirtiéndole sobre la inminencia de un apagón financiero que podría derivar en un racionamiento en la prestación del servicio, se comprometió el ministro de Hacienda Diego Guevara a hacer abonos mensuales, a cuenta gotas, que sumarían para el 30 de abril $1 billón. Pero, como cada mes se causan $300.000, que deben ser asumidos por las empresas, para entonces, la deuda en lugar de saldarse o por lo menos amortizarse se elevará hasta los $3 billones.

A la deuda contraída por la Nación por concepto de los subsidios con las empresas que prestan el servicio de energía se viene a sumar lo que les debe a las que prestan el servicio de gas natural y GLP domiciliario, del orden de los $628.000 millones y $68.000 millones, respectivamente, con el agravante que dichas empresas no están obligadas, como si lo están las que prestan el servicio de energía, a descontar en las facturas el valor del subsidio en el evento de que el Ministerio de Hacienda deje de girarlo.

Dicho de otra manera, ellas, ante la estrechez de caja podrían dejar de aplicarle dichos subsidios a los usuarios, con lo cual la tarifa prácticamente se les duplicaría, atentándose contra el acceso a estos servicios esenciales. Este es uno de los mayores retos que debe asumir el novel ministro Edwin Palma, con la seriedad y el compromiso que no tuvo su antecesor en el cargo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Según el DANE, el sector energético fue el de peor desempeño en 2024, con una caída del 5,2%, restándole 0,3 puntos porcentuales al magro crecimiento del 1,7% del PIB.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Ahora que el presidente Gustavo Petro, en la recta final de su mandato y con el sol a sus espaldas, resolvió recomponer su gabinete ministerial y luego de la renuncia del titular del Ministerio de Minas y Energía Andrés Camacho y la designación en su reemplazo de Edwin Palma, es propicia la oportunidad para que este último le dé un timonazo a la política del sector minero – energético y trate de recuperar el tiempo perdido para el mismo por sus dos antecesores y le imprima la dinámica requerida para sortear la gran crisis en que se debate el sistema eléctrico y el abastecimiento de gas natural.

El sector energético, según el DANE, fue el de peor desempeño en 2024, con una caída del 5,2%, restándole 0,3 puntos porcentuales al magro crecimiento del 1,7% del PIB. Salta a la vista que en el incumplimiento delatado por el propio presidente Petro “de 146 de sus 195 compromisos”, la cartera de Minas y Energía tiene un lugar protuberante.

Al final de su pésima gestión frente al Ministerio este queda maltrecho con la barrida de la tecnocracia que inició Irene Vélez y continuó Camacho. Nos dejó una de las dos empresas que presta el servicio de energía en el Caribe (Air-e) intervenida y con serios problemas, y la otra (Afinia) a punto de tirar la toalla, y todas las empresas comercializadoras de energía a punto de un apagón financiero y el riesgo de un racionamiento, como lo han denunciado ellas y lo advirtieron en un pronunciamiento conjunto recientemente la Contraloría General y la Procuraduría, que puede llegar a comprometer la continuidad de la prestación del servicio. 

Deja a las empresas comercializadoras de energía con una deuda por concepto de los subsidios por valor de $2,7 billones, suma esta que, si se cumple por parte del Ministerio de Hacienda con los prometidos abonos, se incrementará, en lugar de disminuir, escalando a finales de abril hasta $3 billones. 

Además, se va debiéndole a las comercializadoras de gas natural y de gas propano (GLP), por concepto de subsidios, $628.000 millones y $68.000 millones, respectivamente. 

Incumplió, además, con la orden que le impartió el presidente Petro en mayo del año pasado para que titularizara la deuda de los estratos 1, 2 y 3 por concepto de la opción tarifaria ($2,8 billones) y de esta manera asumirla por parte de la Nación, la cual han seguido pagando los resignados usuarios. De cumplirse esta promesa presidencial, ipso facto se reduciría el valor de la factura de energía un 24%.

El ministro Palma viene de desempeñarse como agente interventor de la empresa Air-e, así que conoce de primera mano las afugias de las empresas comercializadoras y es sabedor de la necesidad de que el Ministerio de Hacienda les desembolse la suma adeudada a las empresas prestadoras de los servicios públicos.

Camacho se comprometió a que se tomarían medidas para bajar las tarifas de energía, sin embargo, las medidas tomadas desde su despacho y/o desde la CREG no lo han logrado, sólo han servido de espejismo.

Y ante su fracaso en su fementido propósito terminó por convencer al presidente Petro de que las altas tarifas que estamos pagando los usuarios son “ilegales” pues las atribuyen a la especulación por parte de los generadores, contra quienes la han emprendido. Pese a su alarde para embaucar incautos, de estar como ministro “del lado de los usuarios”, también con ellos quedó en deuda.

Su negacionismo lo llevó a negar la escasez de gas, pues para él se trataba de un caso de “acaparamiento” y al descartar la escasez no vio necesaria las importaciones para cubrir la demanda esencial (residencial, comercio e industria), la que se viene dando desde el 1 de diciembre y a consecuencia de ello se elevó la tarifa que pagan los usuarios de gas del interior del país entre el 20 y el 36%, la cual considera “injustificada” y lo atribuye a la especulación de parte de las empresas, lo cual derivó en el atropello por parte de la Superintendencias de Industria y de Servicios Públicos, desatando una cacería de brujas contra las empresas y, lo más grave, contra NATURGAS, que es el gremio que las representa. 

Camacho fue incapaz de poner en marcha los parques eólicos en La Guajira, le dijo al país que “no hay proyectos suspendidos”, cuando todos saben que la mayoría de ellos han sido abandonados por las empresas desarrolladoras. Ello es muy grave porque su entrada en operación habría contribuido a la confiabilidad, a la firmeza en la prestación del servicio y, desde luego, a que los usuarios pudieran sentir un alivio en las tarifas que tanto los agobia.

Lo más preocupante para el sector es que a lo errático de la gestión ministerial, se sumaron los mensajes y señalamientos temerarios inculpando a los generadores de energía y últimamente a las empresas distribuidoras de gas como especuladores y responsabilizándolos de las altas tarifas, al extremo de llevar al presidente Petro a afirmar temerariamente que las tarifas de energía que se cobran a los usuarios son “ilegales”, mientras el ministro afirma que el alza en las de gas son “injustificadas”, amén de la actuación de las Superintendencias de Servicios Públicos y la de Industria, han creado un clima de hostilidad hacia las empresas y hacia el empresariado del sector. Con el agravante que varias medidas que se han tomado desde el Ministerio, mediante decretos y resoluciones y/o resoluciones de la CREG, atentan contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista. 

Entre las decisiones que deberá acometer sin tardanza el novel ministro Palma están, entre otras: con carácter urgente, además de destrabar la ejecución de los proyectos en curso, abrir dos subastas, una de reconfiguración y otra de expansión de la capacidad de generación para evitar el déficit de oferta de energía en firme (OEF) que, según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) se tendrá el próximo año.

Además, la pronta ampliación de la capacidad de regasificación, para responder al creciente volumen de gas importado, dado que la planta de SPEC se tornará insuficiente a muy corto plazo.

Finalmente, con el ministro Camacho se perdió la interlocución entre el sector privado y el gobierno, ni siquiera acudió a las convocatorias que le hicieron los organismos de control.

Con la llegada de Edwin Palma como ministro se augura que el diálogo y la concertación se restablezcan para bien del sector. En ello, él, que ha sido un curtido luchador sindical, tiene una amplia experiencia y le ayuda su talante proclive a llegar a acuerdos, partiendo del reconocimiento, rindiéndose ante la evidencia de la existencia de los problemas en lugar de soslayarlos y mimetizarlos, que fue lo hizo el exministro Camacho.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El Gobierno no ha hecho más que recetar placebos para aparentar que está gestionando la crisis energética que niega el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho. Son varias las dosis de ellos las que se han prescrito por parte de sus más altos funcionarios. Veamos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, siguiendo instrucciones del ministerio, expidió una Circular eliminando “el cobro de conceptos no asociados a la prestación directa de los servicios públicos domiciliarios y el cobro del impuesto de alumbrado público en la factura de servicios públicos”. 

En mi concepto, este es un sofisma de distracción, pues se trata de simular una rebaja de la tarifa, tratando de eliminar el cobro a través de la factura de energía de otros conceptos que no hacen parte de la tarifa pero sí de la factura.

Y digo que es un sofisma porque por el hecho de que no se cobren y paguen el impuesto al alumbrado público o la tasa de aseo o la tasa de seguridad con la factura de energía, el usuario lo tiene que pagar por separado.

Es más, el impuesto al alumbrado público es la Ley 352 de 2016, que establece que en su artículo 352 que se debe cobrar con el servicio de energía por ser un servicio anejo al mismo.

Además, si no se cobra a través de la factura de energía se afecta el recaudo, poniendo en aprietos a los municipios o distritos que tercerizan la prestación de dicho servicio mediante contratos que obligan a las partes, de tal suerte que tienen que responder garantizando el pago a la empresa a cargo del mismo. Y de paso, ello repercutirá en la calidad y cobertura de la prestación del servicio de alumbrado público, tan indispensable en las ciudades.

Peor que la Circular anterior de la Super es la otra que dispone que no se aplique la llamada “limitación de suministro” a las empresas que lleguen a ser intervenidas, que consiste en que cuando la empresa que comercializa la energía no le paga al generador que se la vende, este queda facultado para suspender el despacho de la misma. Por consiguiente ello puede abocar a las empresas generadoras a la iliquidez y a tener problemas de flujo de caja para atender sus propios compromisos que conlleva la administración, operación, la compra de combustibles en el caso de las centrales térmicas y el pago a proveedores. Ello puede dar lugar al tan temido efecto dominó, que puede conducir a un efecto sistémico, poniendo en riesgo el suministro de energía a los usuarios.

Medidas como estas son la peor forma de “defender” al usuario, como aduce el ministro Camacho, cuando sostiene que él está “del lado de los usuarios”. Y lo decimos porque, definitivamente, la energía más costosa es aquella con la que no se cuenta justo en el momento en que se requiere.

Esta es la peor señal para los agentes del mercado, pues atenta contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista. Además, la Superservicios se está extralimitando en sus funciones, porque ello le compete a la CREG en lo regulatorio y a XM, que es la encargada de administrar el mercado mayorista y la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Y mientras tanto, el Gobierno se las apaña para comprar tiempo y dilatar la respuesta al llamado desesperado de parte de los gremios que representan a las empresas comercializadoras y a las generadoras de energía para que les gire los subsidios que les deben.

No ha valido tampoco el requerimiento que le hicieron mediante un pronunciamiento conjunto la Contraloría General y la Procuraduría, advirtiéndole del riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio.

Esa deuda, que asciende a $2,8 billones a diciembre 31 de 2024, tiene a las empresas en serios aprietos.

Varios meses después que el ministro Camacho manifestó que ya su despacho había hecho la liquidación de los subsidios y que era del resorte del Ministerio de Hacienda girarlos, el anterior ministro de Hacienda Ricardo Bonilla adujo que tenía “restricciones de caja” y que ello se lo impedía.

Más recientemente, ante la insistencia de los organismos de control, el actual ministro de Hacienda Diego Guevara se comprometió a cancelarles a las empresas la suma de $1 billón, en cómodas cuotas mensuales, entre los meses de enero y abril de este año.

Pero las empresas quedarán en las mismas, pues cada mes se causan $300.000 millones por concepto de subsidios al consumo de los estratos 1, 2 y 3, de tal suerte que de llegar a cumplir lo prometido por parte del ministro para el mes de abril la deuda acumulada con las empresas comercializadoras de energía no sólo no se habrá saldado sino que será mayor. Pasará de $2,8 billones a $3 billones.

Mientras tanto, sobre la deuda de los estratos 1, 2 y 3 con las empresas comercializadoras por concepto de la Opción Tarifaria, que asciende aproximadamente a $2,5 billones y que el propio presidente Gustavo Petro se comprometió en mayo del año pasado a que la asumiría la Nación no se ha vuelto a hablar.

Y este es el otro lastre que viene afectando la liquidez, la solvencia y el flujo de caja de las empresas comercializadoras, que amenaza con extenderse a las generadoras, causando un efecto dominó con graves repercusiones.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.  

Mucho se ha dicho en las últimas semanas sobre el alza al precio del gas natural anunciado por varios comercializadores en el país. Sin embargo, ¿Por qué subirán las tarifas? ¿Los prestadores del servicio pueden subir las tarifas?

Por: MÓNICA TORRES SIERRA*

Las tarifas del servicio de gas natural subirán en Colombia por la escasez que afronta el país.

Naturalmente, no contar con las cantidades demandadas de un producto en particular que, además, no cuenta con un sustituto inmediato, puede generar un aumento en su precio, debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda, que conlleva a que haya una estrechez en la compra y venta del producto.

Colombia siempre ha tenido recursos gasíferos suficientes para atender la demanda y para promover un mayor consumo en los sectores residencial, industrial, y transporte. Pero, como lo mencionamos en una entrega previa (ver https://guiadelgas.com/cronica-de-un-desabastecimiento-anunciado/), desde el inicio de este siglo se ha advertido la declinación de los campos mayores que abastecen al país, por lo que la escasez actual no es una sorpresa.

Ahora, si el posible desabastecimiento no debe sorprendernos, ¿a qué se debe la disponibilidad limitada de gas natural en el país? Entre otras, a las siguientes causas:

• Decisiones de Política Pública que desincentivan la inversión en actividades para explotación y exploración

La actividad exploratoria, además de requerir altos montos de capital, puede tomar entre 2 y 8 años para extraer el hidrocarburo y viabilizar su suministro a precios de mercado.

Por ello, la asignación de áreas a inversionistas que exploren nuestros suelos requiere reglas claras que se sostengan en el tiempo, debe ser planificada y obedecer a una política de largo plazo.

La suspensión de asignaciones de áreas en el gobierno Santos aumentó y materializó el riesgo de desabastecimiento. La suspensión del gobierno Petro agravó el riesgo de escasez en el corto plazo. Esto produjo la salida de inversionistas clave para el sector en los últimos tres años.

• Acciones judiciales y posiciones políticas sobre actividades económicas determinadas

Los Yacimientos No Convencionales, en los que los hidrocarburos se extraen a través del método de perforación conocido como fracturación hidráulica o fracking, podrían multiplicar entre 2 y 4 veces las reservas actuales del país. Incluso, existen bloques que cuentan con permisos para su desarrollo inmediato, que podrían tener gas comercializable a precios competitivos en dos años.

Pese a que desde 2013 se definió el régimen legal y técnico para el desarrollo de estos yacimientos en el país, en 2016 se presentó una demanda para solicitar la nulidad de este régimen, lo que conllevó a que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente tal régimen mientras lo analizaba. El Consejo de Estado negó la nulidad en 2022.

Si bien ese régimen hoy está vigente, los seis años en el Consejo de Estado sumados a las posiciones políticas en las redes sociales de los gobernantes de este país, le han ocasionado a la industria un gran daño por el aumento del riesgo país y de inseguridad jurídica.

Nuestra falta de seriedad y enfoque como país ha afectado la toma de decisiones de inversión que son fundamentales para garantizar el autoabastecimiento de gas.

• Resistencia a la tecnocracia e incumplimiento de obligaciones legales

No contar con equipos técnicos, preparados y con experiencia en las entidades que dirigen y ejecutan la política energética del país, que conozcan y entiendan los pormenores de la industria energética colombiana, le ha costado al país retrocesos.

La falta de nombramientos de profesionales con experiencia e independientes en la CREG, además de constituir un incumplimiento a una obligación constitucional y legal del presidente de la República, como lo advertimos en el pasado (ver https://guiadelgas.com/la-sensacion-de-escasez-de-energeticos-en-colombia/), ha ocasionado un retraso en la adaptación de la regulación del sector.

Además, el cambio en las reglas de juego para la emisión de las licencias ambientales para el desarrollo de la exploración costa afuera (como con Komodo 1) generó, entre otras cosas, una afectación en el cronograma de perforación que hizo perder la oportunidad de producir cantidades de gas relevantes para garantizar el autoabastecimiento.

• La creencia de la abundancia de gas y la demora en tomar decisiones cruciales

Un mercado como el colombiano, que se ha estructurado con base en la creencia de la abundancia de gas, le cuesta adaptarse a la nueva realidad. La discusión sobre la incorporación de nuevas cantidades de gas importadas lleva años y seguimos sin ponernos de acuerdo.

Esto ha llevado a que la CREG tome medidas transitorias de urgencia, sin resolver temas cruciales, estructurales y de fondo.

Entonces, ¿la tarifa de gas puede o no puede subir?

Sí. Si puede.

Las tarifas de los servicios públicos se estructuran conforme a los componentes de su cadena de valor: producción, transporte, distribución y comercialización. Cada componente puede ser sometido a un régimen de libertad vigilada o libertad regulada.

En el primero las empresas fijan libremente sus taifas y en el segundo las comisiones de regulación (como la CREG) fijan la metodología para que las empresas determinen los precios. Se establece una fórmula que define la manera en la que el prestador del servicio debe calcular la tarifa, así como los aumentos permitidos y los indexadores.

Para el sector residencial, el componente de producción (G) corresponde a las compras de gas natural que hacen los comercializadores para atender mes a mes a este tipo de usuarios.

Si el gas que compra el comercializador para un mes en particular es importado, porque no consigue gas local para atender la demanda, entonces el valor del gas comprado en el exterior se traslada a la tarifa final que pagan los colombianos.

En conclusión, el aumento de las tarifas de gas son un reflejo y efecto del mercado que viene comportándose en concordancia con las señales regulatorias y políticas que recibe. Esos efectos se ven reflejados en los aumentos de la tarifa, que no están prohibidas por la regulación aplicable.

*Abogada con más de 13 años de experiencia en el sector energético. Actualmente desempeña su práctica como Counsel del área de Energía & Cambio Climático en CMS Rodríguez-Azuero.

Desde 1949 se conmemora el Día mundial de la energía el 14 de febrero de cada año, iniciativa que tiene por objeto relievar su importancia e imprescindibilidad para el desenvolvimiento de todas las actividades humanas, desde las más simples hasta las más complejas.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

La energía hace parte de nuestra cotidianidad. Se trata de despertar la conciencia sobre la necesidad del uso racional y eficiente de la misma, lo cual conlleva también la preservación y conservación de sus fuentes primarias. Sea propicia esta oportunidad para hilvanar y pergeñar algunas disquisiciones al respecto.

Con la energía suele pasar lo que ocurre con las marcas registradas, que terminan confundiéndose con el producto mismo.

Recuerdo que por muchos años la única cuchilla de afeitar que se expendía en Colombia era Gillette y alcanzó tal grado de posicionamiento en el mercado que cuando aparecieron otras marcas que le competían, no faltaba quien iba a la tienda y pedía que le vendieran una Gillette pero marca Minora.

Aunque el concepto de energía es genérico, se tiende a confundir con la electricidad, que es con la que más se familiariza el usuario de la misma. Es importante, entonces, dejar establecido que son muy variadas las fuentes primarias de energía, las que se clasifican entre renovables y no renovables. Aunque se predica de las energías renovables como aquellas que no contaminan a contrario sensu de las no renovables que sí contaminan. Podemos constatar que la leña y el carbón vegetal, proviniendo de una fuente renovable, son altamente contaminantes.

La energía se rige por los principios básicos de la termodinámica. El primero de ellos es el de su conservación, según el cual la energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma una forma o modalidad de energía en otra. Como ejemplo tenemos lo que ocurre con el gas natural, que es energía química, es una molécula, que se transforma en energía calórica en los hogares cuando se enciende una estufa que lo usa como combustible, como también se transforma en electricidad cuando una planta térmica lo utiliza para generarla.

El segundo principio es el de la degradación de la energía, más conocida por la entropía, según el cual a través de distintos procesos parte de ella se “pierde”, se disipa, dando lugar a la energía útil, que es aquella que se aprovecha para el fin que se usa y la inútil. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con el transporte o transmisión de la electricidad desde el centro de generación hasta los centros de consumo, pues en dicho trayecto parte de la energía despachada no llega hasta su destino final. Ello explica el reconocimiento que se hace en la fórmula de la tarifa de energía que paga el usuario final de las pérdidas técnicas a que da lugar (PR).

Desde luego, la electricidad tiene gran relevancia y representa el 20% del consumo final de la energía a nivel global, y se estima, según la Agencia Internacional de Energía, que representará el 27% hacia el 2030, con tendencia a ganar participación en la matriz energética merced a la Transición Energética en curso, pues está llamada a sustituir el consumo de combustibles de origen fósil, altamente contaminantes, pues son la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático. Claro está, asumiendo que la generación de electricidad sea a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

Bien dijo Robert Gordon, profesor de Historia Económica de The University of Sydney, que “la electricidad (1600) y el motor de combustión interna (1863) comparten la medalla de oro de las invenciones más importantes de todos los tiempos”.

Tan importante es la electricidad que ningún conglomerado humano resistiría más de 5 días sin contar con el servicio de energía, si esta llegara a fallar: en una hora morirían todos los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en 15 horas se agotaría la insulina para inyectar a los pacientes que la requieren, en 20 horas dejaría de llegar el agua por la red de acueductos, en el primer día se descompondría la comida que se conserva en las neveras, en 2 días fallecerían los bebes que estén en unidades de neonatos, en 3 días el agua que permanece almacenada dejaría de ser potable y a partir del 5º  día morirían los pacientes que requieren diálisis.

Volviendo a la energía, no le falta razón al economista Robert Bradles Jr cuando afirma que “la energía es el recurso dominante sobre cualquier otro”. De allí que los países velen celosamente por la seguridad energética, y desde tiempos más recientes hacen lo propio con la soberanía energética, pues es bien sabido que la economía, la seguridad y la soberanía energética, así como el medioambiente son variables de una misma ecuación.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Colombia atraviesa una crisis energética provocada por la incompetencia del presidente Gustavo Petro y sus ministros de Minas y Energía.

Por: JUAN ESPINAL*

En los recorridos por distintas regiones del país, la inseguridad ciudadana sigue siendo la mayor preocupación, pero ahora se suma un nuevo temor: la inseguridad energética.

Las decisiones erráticas del llamado “gobierno del cambio” han puesto en jaque la soberanía energética del país. Todos los avances de administraciones anteriores en energías renovables, pilotos de fracking y aumento de la producción de hidrocarburos han sido frenados o están en riesgo de desaparecer.

En sus 31 meses de mandato, Petro solo ha tomado una decisión en materia de hidrocarburos: no firmar más contratos de exploración. Este bloqueo ha paralizado el crecimiento de las reservas probadas de gas natural, un recurso fundamental no solo para la “transición energética”, sino también para la vida cotidiana de 12 millones de hogares, así como para la industria, el comercio y el transporte.

Desde el Congreso, los gremios y la academia se ha advertido insistentemente que esta política llevaría a una crisis de desabastecimiento que nos obligaría a depender energéticamente de otro país.

La historia reciente de Europa, afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania, es un claro ejemplo del desastre que supone depender del suministro externo de gas.

Hoy esa advertencia es una realidad. La factura del gas aumentará hasta un 36%, golpeando especialmente a los habitantes de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Manizales y Pereira. Este incremento se debe a la necesidad de importar gas y a que las nuevas fuentes de suministro están en la costa Caribe, lo que encarece aún más los costos de transporte. Mientras la oferta nacional siga siendo insuficiente, los precios seguirán subiendo, como lo confirman los reportes de la UPME y el Ministerio de Minas y Energía.

El petrismo está diseñando el apagón perfecto. Los años 2026, 2027, 2028 y 2029 serán críticos. La ineficiencia de la UPME en la aprobación de puntos de conexión, la parálisis en los pagos a las distribuidoras —que ya acumulan deudas por 7 billones de pesos— y los decretos que frenan el sector están llevando a un colapso inminente. A esto se suman las consultas previas, convertidas en un obstáculo para más de 20.000 proyectos en el país.

Si llegamos a un apagón, el costo será de 200.000 millones de pesos por hora, un golpe devastador para la economía colombiana. Además, se pondría en riesgo un sector que genera 500.000 empleos directos y que es clave para los recursos del Sistema General de Regalías.

El gobierno de Petro no solo amenaza la seguridad, la economía y la institucionalidad del país, sino que ahora también nos lleva directo al colapso energético.

Colombia no puede seguir en manos de la improvisación y la negligencia. La energía es progreso, es estabilidad y es calidad de vida. Y el gobierno del cambio solo ha traído retroceso.

*Representante de la Cámara por el Centro Democrático.

Este escenario catastrófico debería llevar al gobierno a reflexionar, a repensar y ojalá a rectificar su decisión de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En 2024 aseguró el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, contra toda evidencia, que no había escasez de gas, porque las cantidades disponibles para la venta en los campos nacionales “son suficientes para atender la totalidad de la demanda».

No obstante, el Gestor del Mercado de Gas, en su Informe Anual de 2023, señalaba que “a partir de 2025 la proyección de la demanda crece por encima del potencial de producción”, estimando un déficit del 12% (120 MMPCD) para 2025 y para el 2026 de un 30% (350 MMPCD). Déficit que tendrá que cubrirse con importaciones.

Al negar la escasez, contrario sensu de lo que mostraban las cifras, lo que pasaba, según el ministro, era que “algunos agentes están contratando más gas del que realmente necesitan”.

Amenazó entonces con sancionar a los presuntos “acaparadores”, pero, como dijera el poeta León de Greiff, todo pasó sin que pasara nada. También descartaba la necesidad de importar gas natural para cubrir la demanda esencial (domiciliaria, comercio, industria y vehicular) y cuando se hicieron efectivas las primeras importaciones el 1 de diciembre de 2024 de 40 MMPCD, el ministro salió a decir que las mismas eran solo para tener “reservas” por parte de las empresas, con el fin de “cubrirse en caso de ser necesario”.

En su momento aseguró también que no había motivos para preocuparse por su impacto en los precios del gas natural, pero ahora los hechos terminan refutándolo. 

En efecto, varias empresas comercializadoras del gas natural, entre ellas VANTI, EPM y EFIGAS han anunciado notorios incrementos en las tarifas del gas natural, alza esta que oscilará entre el 20% y el 36% y se reflejará en las facturas de febrero.

El ministro Camacho reaccionó diciendo que “gas tenemos. Los incrementos en tarifa son injustificados”  porque “tenemos gas disponible, está garantizado el abastecimiento. Con la disponibilidad de gas que está dándose en el país, debe estar totalmente cubierto el suministro con unos costos eficientes”.

De ser cierto el mensaje del ministro, sería absurdo que a las empresas comercializadoras del gas natural se les antoje importarlo a precios exorbitantes cuando está “disponible” en el país a “costos eficientes”.

Llama la atención que mientras el ministro no ve la necesidad de importar gas, expidió el Decreto 1467 de 2024, fechado el 10 de diciembre, mediante el cual se estipularon los lineamientos para importarlo.

Y fue más lejos el ministro al amenazar a dichas empresas con investigaciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos el “comportamiento de agentes”.

El propio presidente de la República Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta X, acusándolas sin fórmula de que “están especulando”. Dijo, además, que ECOPETROL “tiene el gas colombiano barato, pero quieren importar el gas caro, porque eso eleva las tarifas de energía a todos los actores del sistema eléctrico” y acudió a la Superintendencia para que “proceda” en consecuencia.

El gas de ECOPETROL, el mayor productor, que según el ministro Camacho “inició un proceso comercial de venta de gas natural disponible”, alude a un Boletín emitido por la estatal petrolera, acogido y divulgado desde la Presidencia de la República.

Al leer entre líneas, salta a la vista que lo que se plantea por parte de la empresa es su compromiso “con el abastecimiento de gas natural para asegurar el suministro estable en los próximos tres años”, no así en el año que corre, el 2025.

Según el vicepresidente de Grandes Clientes de VANTI, John Jairo Contreras, “estamos experimentando un aumento en la prestación del servicio público básicamente porque los contratos que veníamos usando en años anteriores tuvieron vencimiento en 2024 en el mes de noviembre. Los campos tradicionales del Piedemonte Llanero vienen en un proceso de reducción de su producción y tuvimos que buscar fuentes distintas…Esas fuentes están ubicadas en la costa Caribe, es decir que el precio del gas se aumenta por el cambio de fuente mayoritariamente gas importado, y otra razón es que la señal de transporte de ese gas desde el nuevo punto, pues obviamente es mayor”.

Huelga decir que el gas importado es más costoso que el que se extrae en el país, mientras el precio del primero oscila alrededor de los USD 18 el MMBTU el segundo fluctúa en torno a los USD 5 el MMBTU.

Ojalá no se repita la historia de la investigación anunciada y que se sepa nunca cumplida contra los supuestos “acaparadores”. Esta es una imitación de lo que viene dándose en el sector eléctrico, donde el propio presidente Petro le atribuye a los generadores la responsabilidad del alza de las tarifas, porque supuestamente especulan con los precios de la energía y “han saqueado los bolsillos de la ciudadanía”. No obstante, hasta ahora, que se sepa, no existe ninguna investigación y/o sanción contra ellas por tales motivos.

Estos anuncios altisonantes del ministro Camacho no pasan de ser solo baladronadas, tendiendo de paso una cortina de humo para salir del paso.

Este escenario catastrófico debería llevar al gobierno a reflexionar, a repensar y ojalá a rectificar su decisión de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, porque lo que se deje de hacer en estos años repercutirá en los años venideros, acentuando el riesgo de desabastecimiento y pone en grave predicamento la seguridad y la soberanía energética del país.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El Gobierno de Gustavo Petro ha sido errático en su política energética, que tiene al sector sumido en una crisis inducida.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En septiembre de 2022, el presidente Petro anunció, en respuesta a la inconformidad de los usuarios por las altas tarifas, que intervendría a la CREG para bajarlas, insinuando que esta era la responsable de la espiral alcista de las tarifas.

Ello no le fue posible porque el Consejo de Estado le dejó en claro que él no podía suplantar a la CREG, pues tiene sus propias competencias por ministerio de la Ley.

Pero a poco andar la CREG quedó en sus manos, con la posibilidad de nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados que hacen parte de la misma, como lo manda la Ley 142 de 1994 de servicios públicos. En lugar de ello, contumazmente, insiste en nombrarlos en calidad de encargados y de contera sin que algunos de ellos cumplan con los requisitos, razón por la cual la CREG se ha mantenido en permanente interinidad y lo que es peor sin quorum para tomar sus decisiones, en momentos en los que más se requiere.

Ha afirmado el presidente que las alzas en las tarifas obedecen a la especulación por parte de las empresas generadoras, dando lugar a precios exorbitantes en la Bolsa de Energía o mercado mayorista.

Sin embargo, hasta la fecha no se conoce una sola investigación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, que fue creada para defender al usuario o de la Superintendencia de Industria y Comercio, que está obligada a intervenir cuando se presentan casos de abuso de posiciones dominante.

Incluso, Petro afirmó que Colombia era el único país en donde no era el Estado quien regulaba las tarifas sino las empresas. Lo cual es falso de toda falsedad, esa es función de la CREG. No pasa de ser una falacia.

Más recientemente, en mayo del año anterior el presidente Petro, en respuesta al clamor de los usuarios, sobre todo en la región Caribe, anunció que la Nación asumiría la deuda que por concepto de la Opción Tarifaria tienen los estratos 1, 2 y 3, aproximadamente $2,8 billones de un total del saldo de $4,5 billones.

De asumirse la deuda de la Opción Tarifaria, esa sí sería una forma efectiva de bajar las tarifas a los más vulnerables, que son la inmensa mayoría de los usuarios, porque representan, particularmente en la región Caribe, más del 80% de estos. Con tal medida se podría reducir el costo de la factura de energía en 24%, aproximadamente.

De manera que de poco o nada servirán las marchas para “bajar las tarifas de energía”. Con ello solo se va a botar corriente y es una cortina de humo para ocultar la incompetencia y la negligencia por parte del Gobierno al no encarar este problema con diligencia y seriedad. Bien se ha dicho que es más fácil hacer política con las tarifas que formular una política de tarifas. Y menos anuncios como el del presidente Gustavo Petro de que tiene entre manos “una nueva fórmula tarifaria, que una empresa que se llama XM no está aplicando”. Ello no pasa de ser un espejismo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Según la Agencia Internacional de Energía, la curva de demanda por crudo sólo se estará aplanando más allá del 2030.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El arribo nuevamente a la Casa Blanca del presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha significado un viraje en la política ambiental de la potencia del Norte, tomando distancia de la transición energética emprendida por Obama y secundada por Biden, después del bache que significó la primera administración Trump con respecto al compromiso adquirido derivado del Acuerdo de París de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), al renegar del mismo en 2017.

Trump arremetió contra el legado de su antecesor con una andanada de órdenes ejecutivas mediante las cuales anuló 67 medidas y promulgó 25 de su propia cosecha.

Entre estas, dispuso el retiro, otra vez, del Acuerdo de París, el cual se lo notificó a las Naciones Unidas a través de una misiva que lleva su rúbrica, alegando que EEUU no puede continuar “dilapidando” el dinero de los contribuyentes estadounidenses girándoselo a otros países que “no lo necesitan o no lo merecen”.

En su discurso de posesión, habló de “liberar” al sector energético y con tal fin declaró la emergencia nacional en materia energética, con el firme propósito de relanzar y reactivar los proyectos tanto mineros como hidrocarburíferos en todo el territorio estadounidense, sin excepción.

En el curso de su campaña electoral, Trump fue enfático en plantear en materia de hidrocarburos su consigna de “perforar, perforar y perforar”. Lo reiteró en su discurso de posesión: EEUU tendrá “la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país del planeta y vamos a utilizarlo”. Con ello busca un mayor y mejor posicionamiento de los EEUU en el mercado petrolero haciéndole contrapeso a la OPEP, lo que le permitirá influir mayormente en los precios del crudo, que busca abaratarlos y con ello reducir costos a su industria y de paso meter en cintura la temida inflación.

De ello se sigue que se levantarán todas las medidas expedidas por el ex presidente Biden que limitaba la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas.

Siendo el mayor productor de crudo del mundo, con 13,2 millones de barriles diarios, y uno de los mayores exportadores, con 4 millones de barriles diarios, al soltarle las riendas a la industria petrolera se espera una inundación del mercado petrolero y como consecuencia de ello una caída de la cotización del precio del barril, lo cual tendrá un gran impacto en la economía colombiana, dado que este es, de lejos, el primer renglón de sus exportaciones.

Con la declinación de las reservas, la baja en la producción y la caída del precio de las decrecientes exportaciones por parte de Colombia, caerá también el ingreso de divisas, la Nación recibirá menores dividendos de parte de ECOPETROL, caerá el recaudo de impuestos de renta proveniente de la industria petrolera y las entidades territoriales verán diezmados sus ingresos por regalías.

Además, el marginamiento de los EEUU del Acuerdo de París es un rudo golpe a la acción climática tendiente a la descarbonización de la economía global y significará también un alejamiento de las metas y los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de cara al 2030, para contener la amenaza del cambio climático. Tanto más, en cuanto que los EEUU es el segundo país con mayor responsabilidad de las emisiones de GEI, después de China.

En este contexto, se torna aún más irrelevante la posición del gobierno de Colombia, que decidió descartar la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos y fue más lejos al firmar el presidente Petro, en el marco de la COP 28, el Tratado de no Proliferación de los Combustibles Fósiles, comprometiéndose a no seguir explorando y explotando el petróleo.

Todo ello, supuestamente, como una contribución a la lucha contra el cambio climático, que tiene en Trump uno de sus más reconocidos negacionistas, pues para él no es más que un “fraude”, un cuento chino que se inventaron para que la economía china le saque ventaja a la de EEUU.

Colombia terminará quedándose con el pecado y sin la gracia, pues la caída de su producción y de sus exportaciones de petróleo, igual que ha venido ocurriendo con el carbón que Colombia ha dejado de exportar, serán compensadas con creces por la mayor producción (17,6 veces la de Colombia) y las mayores exportaciones (10 veces las de Colombia) por parte de EEUU, en un mundo que sigue consumiendo con avidez los combustibles de origen fósil.

La Ley de Keynes es implacable: Toda demanda crea su propia oferta, de la cual se sigue que mientras haya quien consuma carbón y petróleo habrá quien los produzca.

De hecho, en los últimos tres años, lejos de aminorar la demanda por ellos, como se piensa con el deseo por parte del actual gobierno, se han registrado récords históricos consecutivos.

Según la Agencia Internacional de Energía, la curva de la demanda por crudo sólo se estará aplanando más allá del 2030.

Como diría el Nobel de la Literatura el mexicano Octavio Paz, quienes así piensan están a las afueras de la realidad.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La ANH se ha convertido en una entidad super poderosa, asumiendo y concentrando múltiples funciones, abandonando las suyas propias: la administración de los recursos hidrocarburíferos de Colombia.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El Gobierno ha dado en la flor de desbarajustar al sector energético. Como se recordará, la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez, violando la Ley que creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), delegando lo indelegable, mediante la Resolución 40234, fechada el 23 de febrero de 2023, le trasladó una serie de funciones y competencias que son ajenas a su misión estipulada en la Ley que la creó, cual es “la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación”.

Esta Resolución es contraria y va a contrapelo de lo dispuesto por el Decreto 1760 de 2003, que ordenó la escisión de la estatal ECOPETROL y creó la ANH y del Decreto ley 4137 de 2011, que cambió su naturaleza,

El ministro Andrés Camacho, quien relevó a Vélez en el cargo, continuó en el empeño de “desguazar” a la ANH, ahora que a ésta la dejaron sin oficio luego de la desafortunada decisión tomada de desembarazarse de los hidrocarburos, marchitándolos prematuramente, al descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación, no obstante la precariedad de las reservas con las que cuenta el país tanto en petróleo como en gas natural. Ya hasta el nombre le cambiaron a la ANH, ahora es la Agencia Nacional de Energía de Colombia. 

En efecto, en 2024 el Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución 40234 en la que, según el presidente de la ANH Orlando Velandia, les “da funciones de conocimiento para algunos recursos no convencionales como son el hidrógeno blanco, la generación geotérmica, la generación eólica”, y un tema que, aunque no es específico de generación de energía, sí tiene que ver con la mitigación de los gases de efecto invernadero que es la captura y almacenamiento del CO2.

De esta manera, la ahora todopoderosa ANH asumirá todo lo concerniente a las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). De hecho, ya la ANH se estrenó saltando a la palestra liderando la Primera Ronda para la asignación de permisos de ocupación temporal sobre áreas marítimas para el desarrollo de proyectos degeneración de energía eólica offshore. 

Esta primera Ronda ya cuenta con una lista preliminar de empresas habilitadas por parte de la ANH para la asignación de permisos de ocupación temporalsobre áreas marítimas del Caribe.

Según el Ministro Camacho, “este es el inicio de la expansión de la transición energética hacia nuestros mares, posicionando a Colombia como un punto de referencia para Latinoamérica y el Caribe en el aprovechamiento sostenible de los recursos, diversificando la matriz energética para el beneficio de los colombianos”. Huelga decir que la ANH tiene cero experiencia y experticia en FNCER. 

Cabe preguntarse cuál será el futuro de este nuevo emprendimiento, porque si el Gobierno no ha sido capaz de sacar avante los proyectos de los parques eólicos onshore, debido fundamentalmente a un entorno hostil, a una ANLA que arrastra los pies para expedir las licencias ambientales y a la inseguridad jurídica, será que se le deparará una mejor perspectiva a los parques eólicos offshore.

Contrario sensu de lo que ocurre en la realidad, afirma el ministro Camacho sin sonrojarse, llevado por su negacionismo, que dizque “los proyectos eólicos de La Guajira siguen en marcha”, en momentos en los que estos siguen empantanados, con pronóstico reservado.

Convertida por arte de birlibirloque la ANH en la Agencia Nacional de Energía, ahora el turno le llegó al Instituto de Soluciones Energéticas para Zonas no interconectadas (IPSE), que atiende las necesidades energéticas de los habitantes que no cuentan con este servicio; identificando, implementando y monitoreando soluciones energéticas sostenibles en las Zonas no Interconectadas (ZNI). El propósito es absorber las funciones y competencias del IPSE, que desaparecerá al fusionarse con la ANH. Así se desprende del proyecto de Decreto del Ministerio de Minas publicado para comentarios y cuyo plazo para estos se venció el 15 de enero.

De esta manera se ha convertido a la ANH en una entidad super poderosa, asumiendo y concentrando múltiples funciones, abandonando las suyas propias. El camino escogido para adelantar este proceso en volandas no es muy ortodoxo y entraña riesgos administrativos impredecibles, amén de los cuestionamientos sobre la legalidad de lo actuado. 

Lo único que está quedando por fuera del radar de la otrora ANH es su función de velar por la administración de los recursos hidrocarburíferos del país que, por ministerio de la Ley, debe ejercer. Con ello se está transgrediendo la ley, violándola flagrantemente, saltándose a la torera las disposiciones legales y de paso se está incurriendo en un prevaricato, porque al funcionario público solo le es dable hacer lo que le manda la Ley, nada más pero tampoco nada menos.

Es evidente que tanto la Resolución expedida por la ex ministra Vélez como el proyecto de Decreto transgreden la Ley, pues esta es una norma de rango superior, que sólo puede ser modificada por otra Ley. De modo que no le auguro un buen destino a estos dos actos administrativos que rayan en la arbitrariedad. El Consejo de Estado tiene la última palabra.

Y a todas esas, cabe preguntarse en dónde está el Piloto. Pues, el actual presidente de la ANH, Orlando Velandia, como si no tuviera suficiente con la enorme responsabilidad que le implica estar al frente de esta super poderosa entidad, funge en este momento como experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en calidad de encargado, contrariando lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la providencia de la Corte Constitucional, el fallo del Consejo de Estado y del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, los cuales han sido enfáticos en que los expertos comisionados de la CREG, además de cumplir con unos requisitos técnicos rigurosos, que demandan la experiencia y experticia de los expertos comisionados, tienen período fijo y son de dedicación exclusiva, no pueden ser encargados y por tal motivo ya el Consejo de Estado ha anulado varios nombramientos, tanto del anterior como del actual gobierno.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.