Categoría: Opinión

Resulta contraintuitivo que salga más barato importar gas desde la distante Qatar que desde países más próximos a Colombia.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

Primero fue el embeleco de traer gas natural desde Venezuela, en momentos en los que Colombia había pasado de la abundancia a la escasez de este energético. Fueron la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez y después Andrés Camacho, quien la relevó, quienes con terquedad aragonesa quisieron convencer al país de la necesidad y conveniencia de reactivar el convenio firmado por los presidentes Uribe y Chaves el 15 de julio de 2004, el cual entró en pausa desde 2015 por su incumplimiento por parte de Venezuela, para posibilitarlo.

Diecinueve años después, los presidentes Petro y Maduro suscribieron una declaración, que se calificó como “crucial”, considerando este como el “principio de integración energética entre los dos países”.

Después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, y luego de asegurar el ministro Camacho que Ecopetrol estaba “trabajando en todos los temas administrativos y jurídicos necesarios, dado que se realizaría a través de un contrato entre ECOPETROL y PDVSA”, súbitamente dio un giro de 180 grados, afirmando que “no podemos centrar nuestras expectativas ante la escasez de gas actual en una fuente incierta como Venezuela”. 

Y fue más lejos en su intervención al momento de comparecer ante el Congreso de la República al afirmar que “actualmente ni políticamente ni financieramente ni técnicamente, no se podrá importar gas desde Venezuela”. Este fue el primer globo que se lanzó al espacio como distractor de la pungente realidad en ciernes del mercado del gas en Colombia, expuesta a su desabastecimiento.

No obstante, después de reconocer las “expectativas ante la escasez de gas”, el negacionismo que caracterizó su gestión llevó al ministro Camacho a descartarla. Afirmó categóricamente en agosto de 2024 que “no es cierto que vayamos a tener escasez el próximo año”, refiriéndose al 2025.

Y cuando el gas escaseó salió a decir que “no tenemos realmente un déficit, sino un fenómeno de mercado”, debido a que al “acaparamiento” por parte de algunas empresas “que han adquirido más gas del que realmente necesitan”. 

Y claro, al negar la escasez y descartar el déficit de gas para 2025, planteó que importar gas “nunca ha estado en nuestros planes”. Pues, por fuera de sus planes, desde el priomero de diciembre del año anterior se han venido importando 40 MMPCD para atender la demanda esencial (diferente a la térmica).

Hubo que esperar el relevo en el Ministerio de Minas y Energía para que el propio presidente se persuadiera de la necesidad de importar gas natural para poder conjurar un eventual desabastecimiento.

Y ello, a pesar de que desde septiembre de 2024 el presidente de ECOPETROL, una y otra vez, haya señalado que “hemos venido anunciando que hemos detectado unos faltantes importantes de gas para atender el mercado desde la producción nacional”. Advirtió, además, que “la regulación actual nos impide hacer una oferta diferente a la que tenemos en la base firme; hay una limitante de 46 MMPCD” y desde entonces inició el aprestamiento para poder contar con las facilidades para la importación de gas. 

Empero, lo que causó mayor sorpresa en el país y armó un gran alboroto fue el intempestivo anuncio del presidente Gustavo Petro en el sentido de que ECOPETROL “intervendrá en importación de gas para comprarlo a Qatar a precios razonables”.

Adujo el Presidente como explicación y justificación de ello que, lo que según él “existe en el sistema de precios del gas es una especulación pura expresada en revender el gas colombiano a precios del gas importado… El monopolio de la importación de gas, prohibido por la Constitución se acaba”. Y remató diciendo que “nos están robando”.

La verdad sea dicha, ya sea de Qatar o de cualquier otro país desde donde se importe el gas natural, este se cotiza a precios de mercado, que es uno sólo y no a “precios razonables”, como lo plantea el presidente.

Además, resulta contraintuitivo que salga más barato importar gas desde la distante Qatar que desde países más próximos a Colombia, que conlleva un costo de transporte sensiblemente menor. Tanto es así que empresas de Qatar tienen compras y toman posiciones en el mercado del Golfo de México para atender clientes de la región más cercanos a este.

Como lo afirma el experto en hidrocarburos Sergio Cabrales, “más barato que el gas que Colombia consigue del Henry Hub (Estados Unidos) y de Trinidad y Tobago no va a ser. El costo de hacerlo líquido más el transporte desde el otro lado del mundo no saldrá más barato, y tampoco es mejor ambientalmente, pues se está transportando metano por muchos kilómetros de distancia”, dejando tras de sí una enorme huella de carbono, mucho mayor que si se importa desde países vecinos.

Huelga decir que ECOPETROL, como el mayor productor de gas natural en el país (cerca del 85%), lo tendrá que vender a precios de mercado y no necesariamente a “precios razonables”, si es que estos se entienden como más baratos, a no ser que se vaya a incurrir nuevamente en el desaguisado de los precios subsidiados de los combustibles (gasolina y diésel), que le han costado al país un ojo de la cara.

A este respecto cabe advertir que no es bueno crear falsas expectativas para terminar, como en la fábula de Esopo, del zorro que intenta alcanzar y comerse las uvas de un viñedo que están fuera de su alcance y en lugar de admitirlo encubre su frustración aduciendo que son indeseables.

Lo que sí podría contribuir a reducir el precio del gas importado, independientemente de a quien se le compre, es que se contraten mayores volúmenes y además que se pudiera transar a través de contratos a largo plazo (2, 3 o 4 años), con regulación que permita acoplar y armonizar la norma interna con los estándares internacionales, estableciendo el indexador de precios, para trasladar al consumidor final el mayor precio del gas importado.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La Superintendencia de Servicios Públicos viene dando palos de ciego, tomando decisiones que lejos de conjurar los riesgos que afronta la prestación de los servicios públicos, en particular el de energía eléctrica, más bien los está exacerbando. Y lo que es más grave, está extralimitándose en sus funciones.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El pasado 13 de diciembre la entidad emitió una circular mediante la cual se “prohíbe dar inicio o continuar con el procedimiento de limitación de suministro cuando la Superintendencia de Servicios Públicos haya tomado posesión de la empresa morosa”. Dicha disposición tiene nombre propio, la empresa Air–e, que le presta el servicio de energía a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, pero tiene dos problemas, uno legal y otro de inconveniencia.

En cuanto a su legalidad, a diferencia de las otras superintendencias, la de industria y comercio, la financiera, la de sociedades, la de puertos y la de economía solidaria, cuyas actuaciones se pueden dar a través de circulares, a la de servicios públicos no le es dable hacerlo.

Además, con esta Circular se ha dado por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos una pésima señal, ya que al prohibir poner en práctica la limitación de suministro, que está reglada por la Resolución CREG 116 de 1998 y se aplica cuando un agente, en este caso la empresa intervenida deja de cumplir con sus obligaciones de pago, particularmente la energía contratada con los generadores. Ello es una flagrante violación a la misma.

El mensaje de la Superintendencia es que así no pague Air–e la energía contratada con los generadores, estos se obligan a seguir despachándosela, poniéndolas en aprietos, pues ellas a su vez tienen sus obligaciones que cumplir con sus proveedores, lo cual puede llevar al temido efecto dominó, comprometiendo la continuidad de la prestación del servicio de energía. Y, de paso, esta medida tan atrabiliaria como desaforrada puede llegar a inducir a un riesgo moral, ya que la intervención de las empresas se torna en el expediente para que las empresas dejen de honrar sus compromisos con sus propios proveedores.

Y claro, en tales condiciones, ninguna empresa generadora se anima a contratar la venta de energía a Air–e a sabiendas de que no le van a pagar. Ahora, en su más reciente pronunciamiento, el 14 de marzo, la Superintendencia conmina a las empresas generadoras a suministrar la energía a la empresa intervenida aduciendo que según el artículo 6 de la Ley 143 de 1994 establece que “el servicio se deberá prestar aún en casos de quiebra, liquidación, intervención, sustitución o terminación de contratos de las empresas responsables del mismo”.

Pero se equivoca, porque “el servicio se deberá prestar” por parte de “las empresas responsables del mismo”, que no son las generadoras sino las operadoras de red, en este caso Air – e y la responsable por su cumplimiento es la Superintendencia que tomó posesión de la misma en septiembre del año anterior y la administra a través de su agente interventora.

Para ello dispone de un Fondo empresarial, del cual debe echar mano para solventarla, darle liquidez y así superar las causales de su intervención. En este contexto, tal requerimiento a las empresas generadoras es un exabrupto que no tiene ni pies ni cabeza.

Adicionalmente, refiriéndose a las empresas generadoras y transportadoras de energía, apela al principio de la solidaridad “estipulado en la Ley 142 de 1994, la que regula los servicios públicos domiciliarios”, para manifestar que “se espera que estas empresas cobren sus servicios de generación y transporte a un precio máximo que no supere la condición de costo-eficiencia”. Y, de esta manera, “garantizar la continuidad del servicio y reducir las tarifas para los usuarios de la región”.

Pero resulta que la Superintendencia está trayendo este principio de los cabellos, porque lo que estipula textualmente dicha Ley en su artículo 87.3 es que “por solidaridad y redistribución  se entiende que al poner en práctica el régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a ´fondos de solidaridad y redistribución´, para que los usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas”.

Este es el fundamento de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 que le adeuda la Nación a las empresas que prestan el servicio, que frisan los $3 billones, sin que la Superintendencia, que fue creada para proteger y defender a los usuarios, sobre todo a los más vulnerables, se inmute.

La Superintendencia, además, les hace un llamado a las empresas generadoras AES Colombia, Celsia Colombia, Enel Colombia, EPM, Isagen e ISA Intercolombia, “a suministrar a precios costo-eficientes la energía y la transmisión de energía que requiere Air-e para reemplazar el suministro de alto costo, hasta tanto la compañía sea estabilizada y pueda desarrollar su objeto social de manera adecuada”.

Lo que dice la Ley de servicios públicos al respecto en su artículo 73 es que es la CREG, no la Superintendencia, la que debe velar y propender porque las operaciones de las empresas sean “económicamente eficientes, ni impliquen abusos de posición dominante y produzcan servicios de calidad”. Así de clara es la norma. Y también advierte en su artículo 87.7 que “las tarifas económicamente eficientes se definirán tomando en cuenta la suficiencia financiera” por parte de las empresas.

De modo que “suministrar a precios costo-eficientes la energía y la transmisión de energía” es una obligación legal por parte de las generadoras, no una “colaboración” dizque “para garantizar la continuidad del servicio y reducir las tarifas para los usuarios de la región”, que es como lo plantea la Superintendencia.

Y si no cumplen con el mandato de la Ley, para eso están tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como la de Servicios Públicos, para que, en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control, les caiga todo el peso de la Ley.

Lo que más preocupa del Comunicado de la Superintendencia es que cuando afirma que con esta medida “busca mitigar el riesgo de una posible interrupción del servicio, mientras Air-e trabaja en su estabilización y en el restablecimiento de su capacidad operativa”, muestra su impotencia ante una realidad que se le sale de sus manos.

Esta es una especie de S.O.S, con el que se trata de descargar la responsabilidad de evitar el temido apagón en la región Caribe en las empresas generadoras, cuando su responsabilidad al intervenirla del “restablecimiento de su capacidad operativa” es suya, de nadie más.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El contraste entre la minería ilegal y la minería formal es abismal, mientras la extracción ilícita genera hasta 20 toneladas de oro al año, con ingresos superiores a 5 billones de pesos, la minería formal apenas produce 3 toneladas anuales.

Por: JUAN ESPINAL*

Las rentas ilegales en Colombia han crecido de manera alarmante, agravando la crisis de inseguridad.

El narcotráfico sigue siendo la mayor amenaza, con el país consolidado como el principal productor mundial de cocaína. En 2023, según el Sistema Integrado de Información y Monitoreo de Antinarcóticos, se registraron más de 253.000 hectáreas de cultivos de coca, con una producción potencial de 2.664 toneladas métricas de cocaína, un aumento del 53% en comparación con 2022.

Sin embargo, una nueva fuente de financiamiento para los grupos armados ilegales ha ganado protagonismo: la minería ilegal. Este negocio paralelo al narcotráfico, no solo destruye ecosistemas estratégicos y contamina ríos con mercurio, sino que también se ha convertido en una fuente clave de violencia.

De hecho, en el 34% de los municipios donde hay cultivos de coca, también se registra explotación ilegal de oro de aluvión. En algunas regiones, la minería ilegal ya ha reemplazado al narcotráfico como principal fuente de ingresos para estas organizaciones criminales, impulsada por el alto valor del oro, que actualmente alcanza los 2.739 dólares por onza.

El control de esta millonaria renta ilícita está en manos de grupos como el ELN y el Clan del Golfo, que utilizan la minería ilegal para lavar dinero y financiar su expansión territorial. Departamentos como Antioquia, Chocó, Sur de Bolívar, Nariño, Cauca, Córdoba, Valle del Cauca, Putumayo, Guainía (con coltán y uranio), Caquetá, Caldas, Tolima y La Guajira están entre los más afectados.

Las cifras son contundentes:

          •         100.000 hectáreas de minería ilegal a cielo abierto.

          •         51% de estas operaciones se encuentran en reservas forestales o parques naturales.

          •         69.123 hectáreas de oro de aluvión están bajo explotación ilícita, lo que representa el 73% del total.

          •         En 2023, Colombia exportó 72 toneladas de oro por un valor de 3.406 millones de dólares, solo superado por el petróleo y el carbón. Sin embargo, al menos el 75% proviene de empresas informales.

          •         La minería ilegal genera aproximadamente 3,5 billones de pesos anuales, mientras evade 550.000 millones de pesos en impuestos.

El contraste entre la minería ilegal y la minería formal es abismal, mientras la extracción ilícita genera hasta 20 toneladas de oro al año, con ingresos superiores a 5 billones de pesos, la minería formal apenas produce 3 toneladas anuales.

Empresas como Mineros S.A. y Operadora Minera S.A.S, junto con unidades formalizadas, sí contribuyen al desarrollo del país a través del pago de impuestos y regalías.

La Procuraduría General de la Nación ha alertado sobre el impacto de la minería ilegal a través de informes como “Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en Colombia”, publicado en diciembre de 2024. Sin embargo, las instituciones encargadas de frenar esta actividad parecen paralizadas.

El gobierno de Gustavo Petro ha demostrado una absoluta falta de interés en enfrentar esta problemática. En lugar de impulsar el desarrollo del sector minero con reglas claras y garantías para la inversión legal, su política se ha basado en imponer trabas jurídicas ideológicas a través del Ministerio de Ambiente.

Mientras tanto, ¿dónde están la Fiscalía y la Fuerza Pública? Esta renta ilegal sigue creciendo sin control, amenazando la economía y devastando el medio ambiente.

Si el Estado no actúa con firmeza, la minería ilegal seguirá consolidándose como un motor del crimen organizado en Colombia, con consecuencias irreversibles para el país.

*Representante de la Cámara por el Centro Democrático.

A la deuda contraída por la Nación por concepto de los subsidios con las empresas que prestan el servicio de energía se viene a sumar lo que les debe a las que prestan el servicio de gas natural y GLP domiciliario.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

A partir de la Constitución de 1991, la prestación de los servicios públicos dejó de ser una función que le estaba reservada al Estado y se abrió la posibilidad de que también las empresas privadas y comunidades organizadas pudieran prestarlos, tal como las tan mentadas como fementidas comunidades energéticas, así quedó prescrito en su artículo 365.

No obstante, dejó establecido que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado”. De ello se sigue que es el Estado el llamado a garantizar la prestación de los servicios públicos, tal como lo establece la Ley 142 de 1994, con eficiencia, calidad, continuidad y equidad.

Este es el sentido y la razón de los subsidios a los usuarios de los servicios públicos más vulnerables, los estratos 1, 2 y 3, los cuales quedaron reglamentados en el artículo 99.3 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, como “un descuento en el valor de la factura”.

Ello dio lugar a la creación del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso (FSSRI), mediante la Ley 286 de 1996. Con el cumplimiento de esta norma, Colombia honra su compromiso con el 6º y el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS), que tienen que ver con el acceso al servicio de agua potable y a las energías renovables.

Y claro, para cumplir con estos dos objetivos se tienen que dar dos premisas. La primera es la disponibilidad, porque nadie puede acceder a lo que no está disponible y la segunda tiene que ver con el poder adquisitivo, que tiene que ver con el ingreso de los usuarios, que dependen a su vez de la tarifa por el disfrute de tales servicios.

Según la más reciente Encuesta de Calidad de Vida y el Informe sobre pobreza multidimensional del DANE, el 47% de los hogares (8´460.000 familias) tenían carencias en cinco dimensiones, entre las que se destaca “no tener acceso a fuente de agua tratada”. 

Y según el más reciente estudio de la empresa PROMIGAS sobre la pobreza energética multidimensional en Colombia, se estableció que el 16,1% de la población, 8,4 millones de habitantes, están en esa condición.

Ahora bien, los subsidios se aplican directamente a los usuarios mediante sus facturas y luego el Gobierno debe realizar los reembolsos. No es como afirmó irresponsablemente el saliente ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, en el curso de una asamblea de usuarios del servicio de energía en Santa Marta, convocada por él, al espetar, sin pestañear, que “los subsidios por ley se asignan a los estratos 1, 2 y 3 y no se les entrega a la gente directamente, se les entregan a través de las empresas. Como la mayoría de las empresas son privadas, entonces se quedan con los subsidios y los administran. La transición debe garantizar que los subsidios lleguen a la gente” directamente.

La realidad es otra, quien se queda con los subsidios es el Estado, que tiene la obligación de reintegrárselos a las empresas prestadoras del servicio, que terminan financiándolos al descontárselo a los usuarios en sus facturas quedando a la espera de que el Ministerio de Hacienda les gire el valor causado.

Y es lo que no se viene haciendo de manera cumplida y diligente abocando a las empresas a dificultades de liquidez, solvencia y de flujo de caja para garantizar el cumplimiento de sus propias obligaciones con sus proveedores, entre ellos, en el caso de la energía, los generadores, que son los que se la despachan a través de contratos que deben honrar y con la banca.

Entre marzo del año anterior y enero de este año se acumuló una deuda de la Nación con las empresas comercializadoras de energía del orden de $2,8 billones, de los cuales el Ministerio de Minas y Energía sólo ha realizado la liquidación y conciliación por $1,3 billones. Con el gravante de que esta liquidación y conciliación por parte del Ministerio, mientras el Ministerio de Hacienda no gire, no les da liquidez a las empresas.

Sólo a comienzos de febrero de 2025, ante el fuerte requerimiento que le hicieron conjuntamente la Contraloría General y la Procuraduría, advirtiéndole sobre la inminencia de un apagón financiero que podría derivar en un racionamiento en la prestación del servicio, se comprometió el ministro de Hacienda Diego Guevara a hacer abonos mensuales, a cuenta gotas, que sumarían para el 30 de abril $1 billón. Pero, como cada mes se causan $300.000, que deben ser asumidos por las empresas, para entonces, la deuda en lugar de saldarse o por lo menos amortizarse se elevará hasta los $3 billones.

A la deuda contraída por la Nación por concepto de los subsidios con las empresas que prestan el servicio de energía se viene a sumar lo que les debe a las que prestan el servicio de gas natural y GLP domiciliario, del orden de los $628.000 millones y $68.000 millones, respectivamente, con el agravante que dichas empresas no están obligadas, como si lo están las que prestan el servicio de energía, a descontar en las facturas el valor del subsidio en el evento de que el Ministerio de Hacienda deje de girarlo.

Dicho de otra manera, ellas, ante la estrechez de caja podrían dejar de aplicarle dichos subsidios a los usuarios, con lo cual la tarifa prácticamente se les duplicaría, atentándose contra el acceso a estos servicios esenciales. Este es uno de los mayores retos que debe asumir el novel ministro Edwin Palma, con la seriedad y el compromiso que no tuvo su antecesor en el cargo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Según el DANE, el sector energético fue el de peor desempeño en 2024, con una caída del 5,2%, restándole 0,3 puntos porcentuales al magro crecimiento del 1,7% del PIB.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Ahora que el presidente Gustavo Petro, en la recta final de su mandato y con el sol a sus espaldas, resolvió recomponer su gabinete ministerial y luego de la renuncia del titular del Ministerio de Minas y Energía Andrés Camacho y la designación en su reemplazo de Edwin Palma, es propicia la oportunidad para que este último le dé un timonazo a la política del sector minero – energético y trate de recuperar el tiempo perdido para el mismo por sus dos antecesores y le imprima la dinámica requerida para sortear la gran crisis en que se debate el sistema eléctrico y el abastecimiento de gas natural.

El sector energético, según el DANE, fue el de peor desempeño en 2024, con una caída del 5,2%, restándole 0,3 puntos porcentuales al magro crecimiento del 1,7% del PIB. Salta a la vista que en el incumplimiento delatado por el propio presidente Petro “de 146 de sus 195 compromisos”, la cartera de Minas y Energía tiene un lugar protuberante.

Al final de su pésima gestión frente al Ministerio este queda maltrecho con la barrida de la tecnocracia que inició Irene Vélez y continuó Camacho. Nos dejó una de las dos empresas que presta el servicio de energía en el Caribe (Air-e) intervenida y con serios problemas, y la otra (Afinia) a punto de tirar la toalla, y todas las empresas comercializadoras de energía a punto de un apagón financiero y el riesgo de un racionamiento, como lo han denunciado ellas y lo advirtieron en un pronunciamiento conjunto recientemente la Contraloría General y la Procuraduría, que puede llegar a comprometer la continuidad de la prestación del servicio. 

Deja a las empresas comercializadoras de energía con una deuda por concepto de los subsidios por valor de $2,7 billones, suma esta que, si se cumple por parte del Ministerio de Hacienda con los prometidos abonos, se incrementará, en lugar de disminuir, escalando a finales de abril hasta $3 billones. 

Además, se va debiéndole a las comercializadoras de gas natural y de gas propano (GLP), por concepto de subsidios, $628.000 millones y $68.000 millones, respectivamente. 

Incumplió, además, con la orden que le impartió el presidente Petro en mayo del año pasado para que titularizara la deuda de los estratos 1, 2 y 3 por concepto de la opción tarifaria ($2,8 billones) y de esta manera asumirla por parte de la Nación, la cual han seguido pagando los resignados usuarios. De cumplirse esta promesa presidencial, ipso facto se reduciría el valor de la factura de energía un 24%.

El ministro Palma viene de desempeñarse como agente interventor de la empresa Air-e, así que conoce de primera mano las afugias de las empresas comercializadoras y es sabedor de la necesidad de que el Ministerio de Hacienda les desembolse la suma adeudada a las empresas prestadoras de los servicios públicos.

Camacho se comprometió a que se tomarían medidas para bajar las tarifas de energía, sin embargo, las medidas tomadas desde su despacho y/o desde la CREG no lo han logrado, sólo han servido de espejismo.

Y ante su fracaso en su fementido propósito terminó por convencer al presidente Petro de que las altas tarifas que estamos pagando los usuarios son “ilegales” pues las atribuyen a la especulación por parte de los generadores, contra quienes la han emprendido. Pese a su alarde para embaucar incautos, de estar como ministro “del lado de los usuarios”, también con ellos quedó en deuda.

Su negacionismo lo llevó a negar la escasez de gas, pues para él se trataba de un caso de “acaparamiento” y al descartar la escasez no vio necesaria las importaciones para cubrir la demanda esencial (residencial, comercio e industria), la que se viene dando desde el 1 de diciembre y a consecuencia de ello se elevó la tarifa que pagan los usuarios de gas del interior del país entre el 20 y el 36%, la cual considera “injustificada” y lo atribuye a la especulación de parte de las empresas, lo cual derivó en el atropello por parte de la Superintendencias de Industria y de Servicios Públicos, desatando una cacería de brujas contra las empresas y, lo más grave, contra NATURGAS, que es el gremio que las representa. 

Camacho fue incapaz de poner en marcha los parques eólicos en La Guajira, le dijo al país que “no hay proyectos suspendidos”, cuando todos saben que la mayoría de ellos han sido abandonados por las empresas desarrolladoras. Ello es muy grave porque su entrada en operación habría contribuido a la confiabilidad, a la firmeza en la prestación del servicio y, desde luego, a que los usuarios pudieran sentir un alivio en las tarifas que tanto los agobia.

Lo más preocupante para el sector es que a lo errático de la gestión ministerial, se sumaron los mensajes y señalamientos temerarios inculpando a los generadores de energía y últimamente a las empresas distribuidoras de gas como especuladores y responsabilizándolos de las altas tarifas, al extremo de llevar al presidente Petro a afirmar temerariamente que las tarifas de energía que se cobran a los usuarios son “ilegales”, mientras el ministro afirma que el alza en las de gas son “injustificadas”, amén de la actuación de las Superintendencias de Servicios Públicos y la de Industria, han creado un clima de hostilidad hacia las empresas y hacia el empresariado del sector. Con el agravante que varias medidas que se han tomado desde el Ministerio, mediante decretos y resoluciones y/o resoluciones de la CREG, atentan contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista. 

Entre las decisiones que deberá acometer sin tardanza el novel ministro Palma están, entre otras: con carácter urgente, además de destrabar la ejecución de los proyectos en curso, abrir dos subastas, una de reconfiguración y otra de expansión de la capacidad de generación para evitar el déficit de oferta de energía en firme (OEF) que, según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) se tendrá el próximo año.

Además, la pronta ampliación de la capacidad de regasificación, para responder al creciente volumen de gas importado, dado que la planta de SPEC se tornará insuficiente a muy corto plazo.

Finalmente, con el ministro Camacho se perdió la interlocución entre el sector privado y el gobierno, ni siquiera acudió a las convocatorias que le hicieron los organismos de control.

Con la llegada de Edwin Palma como ministro se augura que el diálogo y la concertación se restablezcan para bien del sector. En ello, él, que ha sido un curtido luchador sindical, tiene una amplia experiencia y le ayuda su talante proclive a llegar a acuerdos, partiendo del reconocimiento, rindiéndose ante la evidencia de la existencia de los problemas en lugar de soslayarlos y mimetizarlos, que fue lo hizo el exministro Camacho.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El Gobierno no ha hecho más que recetar placebos para aparentar que está gestionando la crisis energética que niega el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho. Son varias las dosis de ellos las que se han prescrito por parte de sus más altos funcionarios. Veamos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, siguiendo instrucciones del ministerio, expidió una Circular eliminando “el cobro de conceptos no asociados a la prestación directa de los servicios públicos domiciliarios y el cobro del impuesto de alumbrado público en la factura de servicios públicos”. 

En mi concepto, este es un sofisma de distracción, pues se trata de simular una rebaja de la tarifa, tratando de eliminar el cobro a través de la factura de energía de otros conceptos que no hacen parte de la tarifa pero sí de la factura.

Y digo que es un sofisma porque por el hecho de que no se cobren y paguen el impuesto al alumbrado público o la tasa de aseo o la tasa de seguridad con la factura de energía, el usuario lo tiene que pagar por separado.

Es más, el impuesto al alumbrado público es la Ley 352 de 2016, que establece que en su artículo 352 que se debe cobrar con el servicio de energía por ser un servicio anejo al mismo.

Además, si no se cobra a través de la factura de energía se afecta el recaudo, poniendo en aprietos a los municipios o distritos que tercerizan la prestación de dicho servicio mediante contratos que obligan a las partes, de tal suerte que tienen que responder garantizando el pago a la empresa a cargo del mismo. Y de paso, ello repercutirá en la calidad y cobertura de la prestación del servicio de alumbrado público, tan indispensable en las ciudades.

Peor que la Circular anterior de la Super es la otra que dispone que no se aplique la llamada “limitación de suministro” a las empresas que lleguen a ser intervenidas, que consiste en que cuando la empresa que comercializa la energía no le paga al generador que se la vende, este queda facultado para suspender el despacho de la misma. Por consiguiente ello puede abocar a las empresas generadoras a la iliquidez y a tener problemas de flujo de caja para atender sus propios compromisos que conlleva la administración, operación, la compra de combustibles en el caso de las centrales térmicas y el pago a proveedores. Ello puede dar lugar al tan temido efecto dominó, que puede conducir a un efecto sistémico, poniendo en riesgo el suministro de energía a los usuarios.

Medidas como estas son la peor forma de “defender” al usuario, como aduce el ministro Camacho, cuando sostiene que él está “del lado de los usuarios”. Y lo decimos porque, definitivamente, la energía más costosa es aquella con la que no se cuenta justo en el momento en que se requiere.

Esta es la peor señal para los agentes del mercado, pues atenta contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista. Además, la Superservicios se está extralimitando en sus funciones, porque ello le compete a la CREG en lo regulatorio y a XM, que es la encargada de administrar el mercado mayorista y la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Y mientras tanto, el Gobierno se las apaña para comprar tiempo y dilatar la respuesta al llamado desesperado de parte de los gremios que representan a las empresas comercializadoras y a las generadoras de energía para que les gire los subsidios que les deben.

No ha valido tampoco el requerimiento que le hicieron mediante un pronunciamiento conjunto la Contraloría General y la Procuraduría, advirtiéndole del riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio.

Esa deuda, que asciende a $2,8 billones a diciembre 31 de 2024, tiene a las empresas en serios aprietos.

Varios meses después que el ministro Camacho manifestó que ya su despacho había hecho la liquidación de los subsidios y que era del resorte del Ministerio de Hacienda girarlos, el anterior ministro de Hacienda Ricardo Bonilla adujo que tenía “restricciones de caja” y que ello se lo impedía.

Más recientemente, ante la insistencia de los organismos de control, el actual ministro de Hacienda Diego Guevara se comprometió a cancelarles a las empresas la suma de $1 billón, en cómodas cuotas mensuales, entre los meses de enero y abril de este año.

Pero las empresas quedarán en las mismas, pues cada mes se causan $300.000 millones por concepto de subsidios al consumo de los estratos 1, 2 y 3, de tal suerte que de llegar a cumplir lo prometido por parte del ministro para el mes de abril la deuda acumulada con las empresas comercializadoras de energía no sólo no se habrá saldado sino que será mayor. Pasará de $2,8 billones a $3 billones.

Mientras tanto, sobre la deuda de los estratos 1, 2 y 3 con las empresas comercializadoras por concepto de la Opción Tarifaria, que asciende aproximadamente a $2,5 billones y que el propio presidente Gustavo Petro se comprometió en mayo del año pasado a que la asumiría la Nación no se ha vuelto a hablar.

Y este es el otro lastre que viene afectando la liquidez, la solvencia y el flujo de caja de las empresas comercializadoras, que amenaza con extenderse a las generadoras, causando un efecto dominó con graves repercusiones.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.  

Mucho se ha dicho en las últimas semanas sobre el alza al precio del gas natural anunciado por varios comercializadores en el país. Sin embargo, ¿Por qué subirán las tarifas? ¿Los prestadores del servicio pueden subir las tarifas?

Por: MÓNICA TORRES SIERRA*

Las tarifas del servicio de gas natural subirán en Colombia por la escasez que afronta el país.

Naturalmente, no contar con las cantidades demandadas de un producto en particular que, además, no cuenta con un sustituto inmediato, puede generar un aumento en su precio, debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda, que conlleva a que haya una estrechez en la compra y venta del producto.

Colombia siempre ha tenido recursos gasíferos suficientes para atender la demanda y para promover un mayor consumo en los sectores residencial, industrial, y transporte. Pero, como lo mencionamos en una entrega previa (ver https://guiadelgas.com/cronica-de-un-desabastecimiento-anunciado/), desde el inicio de este siglo se ha advertido la declinación de los campos mayores que abastecen al país, por lo que la escasez actual no es una sorpresa.

Ahora, si el posible desabastecimiento no debe sorprendernos, ¿a qué se debe la disponibilidad limitada de gas natural en el país? Entre otras, a las siguientes causas:

• Decisiones de Política Pública que desincentivan la inversión en actividades para explotación y exploración

La actividad exploratoria, además de requerir altos montos de capital, puede tomar entre 2 y 8 años para extraer el hidrocarburo y viabilizar su suministro a precios de mercado.

Por ello, la asignación de áreas a inversionistas que exploren nuestros suelos requiere reglas claras que se sostengan en el tiempo, debe ser planificada y obedecer a una política de largo plazo.

La suspensión de asignaciones de áreas en el gobierno Santos aumentó y materializó el riesgo de desabastecimiento. La suspensión del gobierno Petro agravó el riesgo de escasez en el corto plazo. Esto produjo la salida de inversionistas clave para el sector en los últimos tres años.

• Acciones judiciales y posiciones políticas sobre actividades económicas determinadas

Los Yacimientos No Convencionales, en los que los hidrocarburos se extraen a través del método de perforación conocido como fracturación hidráulica o fracking, podrían multiplicar entre 2 y 4 veces las reservas actuales del país. Incluso, existen bloques que cuentan con permisos para su desarrollo inmediato, que podrían tener gas comercializable a precios competitivos en dos años.

Pese a que desde 2013 se definió el régimen legal y técnico para el desarrollo de estos yacimientos en el país, en 2016 se presentó una demanda para solicitar la nulidad de este régimen, lo que conllevó a que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente tal régimen mientras lo analizaba. El Consejo de Estado negó la nulidad en 2022.

Si bien ese régimen hoy está vigente, los seis años en el Consejo de Estado sumados a las posiciones políticas en las redes sociales de los gobernantes de este país, le han ocasionado a la industria un gran daño por el aumento del riesgo país y de inseguridad jurídica.

Nuestra falta de seriedad y enfoque como país ha afectado la toma de decisiones de inversión que son fundamentales para garantizar el autoabastecimiento de gas.

• Resistencia a la tecnocracia e incumplimiento de obligaciones legales

No contar con equipos técnicos, preparados y con experiencia en las entidades que dirigen y ejecutan la política energética del país, que conozcan y entiendan los pormenores de la industria energética colombiana, le ha costado al país retrocesos.

La falta de nombramientos de profesionales con experiencia e independientes en la CREG, además de constituir un incumplimiento a una obligación constitucional y legal del presidente de la República, como lo advertimos en el pasado (ver https://guiadelgas.com/la-sensacion-de-escasez-de-energeticos-en-colombia/), ha ocasionado un retraso en la adaptación de la regulación del sector.

Además, el cambio en las reglas de juego para la emisión de las licencias ambientales para el desarrollo de la exploración costa afuera (como con Komodo 1) generó, entre otras cosas, una afectación en el cronograma de perforación que hizo perder la oportunidad de producir cantidades de gas relevantes para garantizar el autoabastecimiento.

• La creencia de la abundancia de gas y la demora en tomar decisiones cruciales

Un mercado como el colombiano, que se ha estructurado con base en la creencia de la abundancia de gas, le cuesta adaptarse a la nueva realidad. La discusión sobre la incorporación de nuevas cantidades de gas importadas lleva años y seguimos sin ponernos de acuerdo.

Esto ha llevado a que la CREG tome medidas transitorias de urgencia, sin resolver temas cruciales, estructurales y de fondo.

Entonces, ¿la tarifa de gas puede o no puede subir?

Sí. Si puede.

Las tarifas de los servicios públicos se estructuran conforme a los componentes de su cadena de valor: producción, transporte, distribución y comercialización. Cada componente puede ser sometido a un régimen de libertad vigilada o libertad regulada.

En el primero las empresas fijan libremente sus taifas y en el segundo las comisiones de regulación (como la CREG) fijan la metodología para que las empresas determinen los precios. Se establece una fórmula que define la manera en la que el prestador del servicio debe calcular la tarifa, así como los aumentos permitidos y los indexadores.

Para el sector residencial, el componente de producción (G) corresponde a las compras de gas natural que hacen los comercializadores para atender mes a mes a este tipo de usuarios.

Si el gas que compra el comercializador para un mes en particular es importado, porque no consigue gas local para atender la demanda, entonces el valor del gas comprado en el exterior se traslada a la tarifa final que pagan los colombianos.

En conclusión, el aumento de las tarifas de gas son un reflejo y efecto del mercado que viene comportándose en concordancia con las señales regulatorias y políticas que recibe. Esos efectos se ven reflejados en los aumentos de la tarifa, que no están prohibidas por la regulación aplicable.

*Abogada con más de 13 años de experiencia en el sector energético. Actualmente desempeña su práctica como Counsel del área de Energía & Cambio Climático en CMS Rodríguez-Azuero.

Desde 1949 se conmemora el Día mundial de la energía el 14 de febrero de cada año, iniciativa que tiene por objeto relievar su importancia e imprescindibilidad para el desenvolvimiento de todas las actividades humanas, desde las más simples hasta las más complejas.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

La energía hace parte de nuestra cotidianidad. Se trata de despertar la conciencia sobre la necesidad del uso racional y eficiente de la misma, lo cual conlleva también la preservación y conservación de sus fuentes primarias. Sea propicia esta oportunidad para hilvanar y pergeñar algunas disquisiciones al respecto.

Con la energía suele pasar lo que ocurre con las marcas registradas, que terminan confundiéndose con el producto mismo.

Recuerdo que por muchos años la única cuchilla de afeitar que se expendía en Colombia era Gillette y alcanzó tal grado de posicionamiento en el mercado que cuando aparecieron otras marcas que le competían, no faltaba quien iba a la tienda y pedía que le vendieran una Gillette pero marca Minora.

Aunque el concepto de energía es genérico, se tiende a confundir con la electricidad, que es con la que más se familiariza el usuario de la misma. Es importante, entonces, dejar establecido que son muy variadas las fuentes primarias de energía, las que se clasifican entre renovables y no renovables. Aunque se predica de las energías renovables como aquellas que no contaminan a contrario sensu de las no renovables que sí contaminan. Podemos constatar que la leña y el carbón vegetal, proviniendo de una fuente renovable, son altamente contaminantes.

La energía se rige por los principios básicos de la termodinámica. El primero de ellos es el de su conservación, según el cual la energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma una forma o modalidad de energía en otra. Como ejemplo tenemos lo que ocurre con el gas natural, que es energía química, es una molécula, que se transforma en energía calórica en los hogares cuando se enciende una estufa que lo usa como combustible, como también se transforma en electricidad cuando una planta térmica lo utiliza para generarla.

El segundo principio es el de la degradación de la energía, más conocida por la entropía, según el cual a través de distintos procesos parte de ella se “pierde”, se disipa, dando lugar a la energía útil, que es aquella que se aprovecha para el fin que se usa y la inútil. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con el transporte o transmisión de la electricidad desde el centro de generación hasta los centros de consumo, pues en dicho trayecto parte de la energía despachada no llega hasta su destino final. Ello explica el reconocimiento que se hace en la fórmula de la tarifa de energía que paga el usuario final de las pérdidas técnicas a que da lugar (PR).

Desde luego, la electricidad tiene gran relevancia y representa el 20% del consumo final de la energía a nivel global, y se estima, según la Agencia Internacional de Energía, que representará el 27% hacia el 2030, con tendencia a ganar participación en la matriz energética merced a la Transición Energética en curso, pues está llamada a sustituir el consumo de combustibles de origen fósil, altamente contaminantes, pues son la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático. Claro está, asumiendo que la generación de electricidad sea a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

Bien dijo Robert Gordon, profesor de Historia Económica de The University of Sydney, que “la electricidad (1600) y el motor de combustión interna (1863) comparten la medalla de oro de las invenciones más importantes de todos los tiempos”.

Tan importante es la electricidad que ningún conglomerado humano resistiría más de 5 días sin contar con el servicio de energía, si esta llegara a fallar: en una hora morirían todos los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en 15 horas se agotaría la insulina para inyectar a los pacientes que la requieren, en 20 horas dejaría de llegar el agua por la red de acueductos, en el primer día se descompondría la comida que se conserva en las neveras, en 2 días fallecerían los bebes que estén en unidades de neonatos, en 3 días el agua que permanece almacenada dejaría de ser potable y a partir del 5º  día morirían los pacientes que requieren diálisis.

Volviendo a la energía, no le falta razón al economista Robert Bradles Jr cuando afirma que “la energía es el recurso dominante sobre cualquier otro”. De allí que los países velen celosamente por la seguridad energética, y desde tiempos más recientes hacen lo propio con la soberanía energética, pues es bien sabido que la economía, la seguridad y la soberanía energética, así como el medioambiente son variables de una misma ecuación.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Colombia atraviesa una crisis energética provocada por la incompetencia del presidente Gustavo Petro y sus ministros de Minas y Energía.

Por: JUAN ESPINAL*

En los recorridos por distintas regiones del país, la inseguridad ciudadana sigue siendo la mayor preocupación, pero ahora se suma un nuevo temor: la inseguridad energética.

Las decisiones erráticas del llamado “gobierno del cambio” han puesto en jaque la soberanía energética del país. Todos los avances de administraciones anteriores en energías renovables, pilotos de fracking y aumento de la producción de hidrocarburos han sido frenados o están en riesgo de desaparecer.

En sus 31 meses de mandato, Petro solo ha tomado una decisión en materia de hidrocarburos: no firmar más contratos de exploración. Este bloqueo ha paralizado el crecimiento de las reservas probadas de gas natural, un recurso fundamental no solo para la “transición energética”, sino también para la vida cotidiana de 12 millones de hogares, así como para la industria, el comercio y el transporte.

Desde el Congreso, los gremios y la academia se ha advertido insistentemente que esta política llevaría a una crisis de desabastecimiento que nos obligaría a depender energéticamente de otro país.

La historia reciente de Europa, afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania, es un claro ejemplo del desastre que supone depender del suministro externo de gas.

Hoy esa advertencia es una realidad. La factura del gas aumentará hasta un 36%, golpeando especialmente a los habitantes de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Manizales y Pereira. Este incremento se debe a la necesidad de importar gas y a que las nuevas fuentes de suministro están en la costa Caribe, lo que encarece aún más los costos de transporte. Mientras la oferta nacional siga siendo insuficiente, los precios seguirán subiendo, como lo confirman los reportes de la UPME y el Ministerio de Minas y Energía.

El petrismo está diseñando el apagón perfecto. Los años 2026, 2027, 2028 y 2029 serán críticos. La ineficiencia de la UPME en la aprobación de puntos de conexión, la parálisis en los pagos a las distribuidoras —que ya acumulan deudas por 7 billones de pesos— y los decretos que frenan el sector están llevando a un colapso inminente. A esto se suman las consultas previas, convertidas en un obstáculo para más de 20.000 proyectos en el país.

Si llegamos a un apagón, el costo será de 200.000 millones de pesos por hora, un golpe devastador para la economía colombiana. Además, se pondría en riesgo un sector que genera 500.000 empleos directos y que es clave para los recursos del Sistema General de Regalías.

El gobierno de Petro no solo amenaza la seguridad, la economía y la institucionalidad del país, sino que ahora también nos lleva directo al colapso energético.

Colombia no puede seguir en manos de la improvisación y la negligencia. La energía es progreso, es estabilidad y es calidad de vida. Y el gobierno del cambio solo ha traído retroceso.

*Representante de la Cámara por el Centro Democrático.

Este escenario catastrófico debería llevar al gobierno a reflexionar, a repensar y ojalá a rectificar su decisión de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En 2024 aseguró el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, contra toda evidencia, que no había escasez de gas, porque las cantidades disponibles para la venta en los campos nacionales “son suficientes para atender la totalidad de la demanda».

No obstante, el Gestor del Mercado de Gas, en su Informe Anual de 2023, señalaba que “a partir de 2025 la proyección de la demanda crece por encima del potencial de producción”, estimando un déficit del 12% (120 MMPCD) para 2025 y para el 2026 de un 30% (350 MMPCD). Déficit que tendrá que cubrirse con importaciones.

Al negar la escasez, contrario sensu de lo que mostraban las cifras, lo que pasaba, según el ministro, era que “algunos agentes están contratando más gas del que realmente necesitan”.

Amenazó entonces con sancionar a los presuntos “acaparadores”, pero, como dijera el poeta León de Greiff, todo pasó sin que pasara nada. También descartaba la necesidad de importar gas natural para cubrir la demanda esencial (domiciliaria, comercio, industria y vehicular) y cuando se hicieron efectivas las primeras importaciones el 1 de diciembre de 2024 de 40 MMPCD, el ministro salió a decir que las mismas eran solo para tener “reservas” por parte de las empresas, con el fin de “cubrirse en caso de ser necesario”.

En su momento aseguró también que no había motivos para preocuparse por su impacto en los precios del gas natural, pero ahora los hechos terminan refutándolo. 

En efecto, varias empresas comercializadoras del gas natural, entre ellas VANTI, EPM y EFIGAS han anunciado notorios incrementos en las tarifas del gas natural, alza esta que oscilará entre el 20% y el 36% y se reflejará en las facturas de febrero.

El ministro Camacho reaccionó diciendo que “gas tenemos. Los incrementos en tarifa son injustificados”  porque “tenemos gas disponible, está garantizado el abastecimiento. Con la disponibilidad de gas que está dándose en el país, debe estar totalmente cubierto el suministro con unos costos eficientes”.

De ser cierto el mensaje del ministro, sería absurdo que a las empresas comercializadoras del gas natural se les antoje importarlo a precios exorbitantes cuando está “disponible” en el país a “costos eficientes”.

Llama la atención que mientras el ministro no ve la necesidad de importar gas, expidió el Decreto 1467 de 2024, fechado el 10 de diciembre, mediante el cual se estipularon los lineamientos para importarlo.

Y fue más lejos el ministro al amenazar a dichas empresas con investigaciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos el “comportamiento de agentes”.

El propio presidente de la República Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta X, acusándolas sin fórmula de que “están especulando”. Dijo, además, que ECOPETROL “tiene el gas colombiano barato, pero quieren importar el gas caro, porque eso eleva las tarifas de energía a todos los actores del sistema eléctrico” y acudió a la Superintendencia para que “proceda” en consecuencia.

El gas de ECOPETROL, el mayor productor, que según el ministro Camacho “inició un proceso comercial de venta de gas natural disponible”, alude a un Boletín emitido por la estatal petrolera, acogido y divulgado desde la Presidencia de la República.

Al leer entre líneas, salta a la vista que lo que se plantea por parte de la empresa es su compromiso “con el abastecimiento de gas natural para asegurar el suministro estable en los próximos tres años”, no así en el año que corre, el 2025.

Según el vicepresidente de Grandes Clientes de VANTI, John Jairo Contreras, “estamos experimentando un aumento en la prestación del servicio público básicamente porque los contratos que veníamos usando en años anteriores tuvieron vencimiento en 2024 en el mes de noviembre. Los campos tradicionales del Piedemonte Llanero vienen en un proceso de reducción de su producción y tuvimos que buscar fuentes distintas…Esas fuentes están ubicadas en la costa Caribe, es decir que el precio del gas se aumenta por el cambio de fuente mayoritariamente gas importado, y otra razón es que la señal de transporte de ese gas desde el nuevo punto, pues obviamente es mayor”.

Huelga decir que el gas importado es más costoso que el que se extrae en el país, mientras el precio del primero oscila alrededor de los USD 18 el MMBTU el segundo fluctúa en torno a los USD 5 el MMBTU.

Ojalá no se repita la historia de la investigación anunciada y que se sepa nunca cumplida contra los supuestos “acaparadores”. Esta es una imitación de lo que viene dándose en el sector eléctrico, donde el propio presidente Petro le atribuye a los generadores la responsabilidad del alza de las tarifas, porque supuestamente especulan con los precios de la energía y “han saqueado los bolsillos de la ciudadanía”. No obstante, hasta ahora, que se sepa, no existe ninguna investigación y/o sanción contra ellas por tales motivos.

Estos anuncios altisonantes del ministro Camacho no pasan de ser solo baladronadas, tendiendo de paso una cortina de humo para salir del paso.

Este escenario catastrófico debería llevar al gobierno a reflexionar, a repensar y ojalá a rectificar su decisión de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, porque lo que se deje de hacer en estos años repercutirá en los años venideros, acentuando el riesgo de desabastecimiento y pone en grave predicamento la seguridad y la soberanía energética del país.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.