Agencia Nacional de Seguridad Nuclear: gran paso para Colombia

Colombia no se puede quedar atrás frente a este reto. En la región, países como Argentina, México, Perú, Bolivia y Venezuela le apuestan a este tipo de proyectos.

Por: JUAN ESPINAL*

El 16 de diciembre se radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley para la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear en el país. Sin duda alguna, un gran paso porque se abre un importante debate que no había sido abordado, quizás por temor o falta de audacia, ya que expertos locales hay y muchos.

Este proyecto recoge la firma de varios sectores políticos, lo que demuestra que este tipo de iniciativas no deben tener color ni mucho menos ideología, pues se enfoca en la consolidación y expansión de sus aplicaciones en materia de salud, ambiente e industria.

El sector nuclear en Colombia genera cerca de 45.000 empleos y representa actualmente el 0,25% del PIB, lo que equivale a aproximadamente 3,6 billones de pesos anuales.

Con este proyecto de ley gana la economía y el desarrollo del país de manera significativa en los próximos cinco años, fortaleciendo las capacidades productivas en áreas como la medicina nuclear, la industria y la investigación ambiental, aumentando la competitividad del país.

Seguramente se dará un debate álgido, pues es evidente que la Energía Nuclear está estigmatizada como el fracking. Lo que se debe buscar es que sea un debate con responsabilidad técnica, alejado del debate ideológico que tanto daño hace.

Este proyecto busca regular de manera integral el uso seguro y pacífico de las tecnologías nucleares, con estándares internacionales y sentar las bases para el desarrollo de capacidades técnicas y científicas nacionales en sectores estratégicos.

La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN) es el primer paso regulatorio para aprovechar el uso de esta herramienta, garantizando un control eficiente con enfoque en la seguridad, así como en la promoción de la cooperación internacional, posicionando a Colombia como líder regional en la utilización de tecnologías nucleares.

Son muchos los beneficios: En materia de salud se benefician más de 30.000 pacientes al año de la medicina nuclear, especialmente para tratamientos de cáncer, y la producción de radiofármacos; en materia ambiental, se contribuirá a la investigación en el uso de técnicas nucleares como la hidrología isotópica, que permite monitorear fuentes de agua dulce, detectar contaminantes y garantizar su uso sostenible.

La industria, por su parte, tendrá una gran oportunidad con las tecnologías nucleares que son clave para su modernización. Aplicaciones como el control de calidad en procesos de manufactura, el uso de radiaciones en la esterilización de productos y la investigación de materiales, impulsarán la productividad y competitividad de empresas en sectores como el de alimentos, textiles y químicos.

La agricultura sería otro de los sectores con mayor potencial, por medio del mejoramiento de los procesos de conservación de los alimentos y el desarrollo de nuevos cultivos que contribuirían a garantizar la seguridad alimentaria y, de esta manera, aumentar las exportaciones; además, se podrían aportar técnicas eficientes para el control de plagas, así como para garantizar la salud del suelo y el agua en zonas de cultivo.

Finalmente, esta ley establece bases sólidas para preparar al país frente a un eventual desarrollo de la núcleo-electricidad. Si bien el Plan Energético Nacional de la UPME, contempla explorar esta alternativa a partir de 2035, la ley define la estructura institucional necesaria para garantizar que, si se llega a tomar la decisión de incluir energía nuclear en la matriz energética, el país cuente con un marco normativo robusto, una autoridad reguladora independiente y se garantice una planeación energética a largo plazo.

¡Llegó el momento para que Colombia le diga sí a la energía nuclear!

*Representante de la Cámara por el Centro Democrático.

Tarifas de energía eléctrica: ¿señales de crisis?

El tema de las tarifas de energía eléctrica se viene convirtiendo en una problemática sin resolver para autoridades, empresas y usuarios.

Por: DANIEL ENRIQUE MEDINA*

Institucionalidad, viabilidad financiera, cartera morosa, cultura del no pago, falta de mantenimiento de redes; ausencia de inversiones en reposición de activos y retrasos en los proyectos de generación y transmisión, entre otros factores, son parte de las aristas estudiadas, sin que se haya identificado una hoja de ruta clara para desenredar una situación que cada día adquiere visos más críticos.

Vale la pena recordar que las Leyes 142 y 143 de 1994 definieron el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible, el cual quedó bajó la responsabilidad de la Comisión de Regulaciónde Energía y Gas (CREG).

Desde entonces, la CREG ha fijado las tarifas de energía teniendo en cuenta aspectos como el régimen de regulación o de libertad; el sistema de subsidios, que se otorgan para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios; las reglas relativas a las prácticas tarifarias restrictivas de la libre competencia, y que implican abuso de posición dominante y aspectos concernientes con procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.

Aunque el país ha logrado importantes avances en el sistema tarifario durante estos 30 años, también es evidente que el mismo, en especial en la Costa Caribe, no ha logrado superar las barreras propias de las condiciones económicas y sociales de la región, lo cual ha llevado a diferentes gobiernos a acciones que se deben acometer para encontrar una senda en beneficio del sector y de los usuarios.

El Gobierno ha expresado su voluntad de disminuir las tarifas de energía eléctrica y las empresas del sector han explicado que los precios resultan de la aplicación de una fórmula que refleja fielmente los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización.

Sin embargo, la realidad es que los precios de la energía se han mantenido altos y, en algunos casos como en la Costa Caribe, se han disparado en temporadas de déficit hídrico como el fenómeno de El Niño.

Corficolombiana analizó que entre 2021 y 2024 las tarifas de energía en Colombia se incrementaron, en promedio, un 15,3% anual, siendo el precio más alto de los últimos 23 años; de hecho, en 2022 se registró el repunte más alto de la historia: 28,5% anual.

Aunque el Gobierno ha trazado distintas estrategias para frenar el aumento, es evidente que Colombia, en comparación con otros países latinoamericanos como México, Ecuador y Brasil, tiene tarifas más altas.

En el caso de la Costa Caribe, las tarifas de energía son 18% más altas que en el interior del país, debido al mayor costo de los componentes de pérdidas y de la opción tarifaria.

Con la intervención de Air-e, el Gobierno apuntaba a partir de octubre a reducir las tarifas de la Costa Caribe entre un 20% y un 25%, lo cual se esperaba que representara un alivio económico para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, quienes enfrentaron altos costos de electricidad.

A lo anterior se suma que a las empresas de distribución del sector se les adeuda cerca de $7 billones representados en $3,4 billones por la opción tarifaria; $2,4 billones por subsidios; $0,2 billones por precio y exposición a bolsa y $1 billón por deuda oficial.

Asimismo, las empresas comercializadoras han tenido problemas de flujo de caja, es decir que, al no tener los ingresos suficientes, les ha limitado para pagar sus costos de operación y mantenimiento.

El objetivo de las fórmulas de la CREG, plasmadas en las resoluciones, ha sido reflejar los costos que implican la generación, transmisión y comercialización de la energía eléctrica para cada mercado y estos costos pueden variar de acuerdo a diversas circunstancias, como la disponibilidad de agua; costo de los combustibles de origen fósil como gas natural o carbón; costos de insumos para las líneas de transmisión y distribución como cobre o aluminio, y características del mercado, en el caso de los costos de comercialización, entre otras características.

Una mirada desde ACIEM

Desde 2022 en ACIEM hemos planteado la necesidad urgente de reformar el modelo tarifario del sector eléctrico del país, más allá de la coyuntura de reducir los precios.

Desde nuestra perspectiva, en calidad de Cuerpo Técnico Consultivo del Gobierno Nacional, se deben revisar los aspectos positivos y negativos del modelo, y fijar un nuevo marco institucional y regulatorio, con el fin de orientar adecuadamente el futuro del mercado, garantizando siempre la institucionalidad, la seguridad, la confiabilidad energética y la continuidad del servicio.

A nivel de subsidios, ACIEM ha señalado que se debe dar una mirada distinta al tema y plantear un mínimo vital a través de las energías renovables para instalar paneles solares en los estratos 1, 2 y 3, especialmente.

En relación con el rol de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), ACIEM ha destacado que es importante trabajar en fortalecer los mecanismos de vigilancia, control y sanción a las centrales hidroeléctricas en su gestión del agua, para generar posibles distorsiones de mercado, lo cual llevaría a un aumento de los precios; establecer una especial vigilancia y control para evitar que las empresas generadores utilicen su poder de mercado, puesto que al fijar límites de participación adecuados, se logrará un mayor equilibro del mercado y una mayor competencia entre agentes.

Desde ACIEM consideramos que se debería crear una sala paralela a la del Mercado de Energía Mayorista (MEM) para monitorear en tiempo real, tal como sucede en otros países, el comportamiento de los agentes y de las transacciones en bolsa, lo cual ayudaría a evidenciar posibles abusos de posición dominante y/o competencia desleal, que permita tomar inmediatamente las acciones correctivas del caso y las sanciones a que haya lugar a los agentes.

De otra parte, es importante realizar una vigilancia especial al componente de las inversiones, las pérdidas técnicas y no técnicas, y su peso en la fórmula tarifaria, con el fin de reducir su impacto en la tarifa.

De no tomar medidas sobre el modelo tarifario en distintos frentes, es innegable que el sector eléctrico seguirá deteriorándose en contra de los usuarios y de las empresas.

A comienzos de diciembre, el ministro de Minas y Energía explicó que la Resolución CREG 101-066 de 2024, definió un ‘tope tarifario’ al componente de generación (G) en la bolsa de energía, la cual aplicará solamente a las plantas de energía renovable, (incluidas las hidroeléctricas) y carbón, medida novedosa que, según el Gobierno, podría tener un impacto de hasta el 30% sobre la factura de energía.

En ACIEM consideramos que estas medidas pueden incidir favorablemente en los precios a los usuarios y ayudar a evitar especulaciones en el mercado, estableciendo un techo en el precio máximo para las ofertas del MWh en el MEM para energía con costos operativos muy bajos como las energías renovables y las hidroeléctricas. Sin embargo, debe considerarse que el porcentaje de energía negociada en bolsa es bajo y aquella sujeta a contratos es mayoritaria.

Las acciones anteriores requieren también agilizar la entrada de los proyectos de generación y transmisión que tienen importantes atrasos, lo cual permitirá un incremento en la oferta de energía, más aún cuando a partir de 2027 se presentará el riesgo de déficit de energía, que pondría nuevamente en el ambiente los escenarios de ‘riesgo de racionamiento o ‘riesgo de apagón’, que es lo que menos necesita el país en su reactivación económica. Todos en conjunto debemos actuar.

*Presidente de ACIEM.

Cuesta abajo

Colombia pasó de producir un millón de barriles/día en 2014 a los 750.000 barriles/día actualmente.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Se repite la historia en viceversa: Hace 10 años, cuando la producción de crudo de Colombia alcanzó el millón de barriles al día, se hizo popular el gracejo como acertijo tratando de establecer cuánto tiempo haría falta para que se cruzara la curva de producción de Colombia en ascenso con la de Venezuela en declive. 

Efectivamente, la producción de Colombia alcanzó su clímax con la producción de un millón de barriles/día, mientras Venezuela, después de producir 4 millones de barriles/día, bajó hasta los 2´370.000 ese mismo año.

Ahora es la llamada Guyana Dubái, con reservas recién descubiertas hace apenas 10 años que superan los 11.000 millones de barriles, el que ha venido escalando su producción desde los 1.200 barriles/día en 2019 hasta los 645.000 actualmente.

Y de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2025 la producción de Guyana sobrepasará a la de Colombia con un volumen de 850.000 barriles/día, contra los 750.000 barriles/día de Colombia. En la última década se ha desplomado en el país andino la producción promedio/día el 21%, y sería iluso esperar que repunte mientras las precarias reservas remanentes caen.

La diferencia es que mientras en Guyana están atrayendo la inversión y firmando a la lata nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo, el Gobierno de Colombia decidió descartarlos, como su mayor y mejor contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático.

Sin lograrlo, porque el consumo de petróleo en el mundo sigue en ascenso, ya que, según la AIE, en 2023 alcanzó un récord de 101 millones de barriles/día y su previsión es en 2024 alcanzará otro récord con 2 millones de barriles más. 

Es decir que el petróleo que deja de producir Colombia lo provén otros países, entre ellos Guyana y Brasil, donde el presidente Luiz Inacio Lula da Silva proyecta pasar de los actuales de 3,5 millones de barriles/día a 5,4 millones en 2028, hasta convertir a PETROBRAS en la tercera empresa petrolera más grande del mundo y a Brasil en el quinto productor mundial de crudo.

Se cumple así la Ley de Keynes según la cual toda demanda crea su propia oferta. En conclusión, Colombia se está quedando con el pecado y sin la gracia con tan absurda como desatinada decisión. 

En este contexto, no sabe uno cómo interpretar la sibilina declaración del presidente Petro a propósito de la caída de las exportaciones de Colombia en lo que va corrido del 2024.

Esto dijo: “No es una buena noticia que caigan las exportaciones, pero no había un análisis del porqué y resulta que el 60% de las exportaciones del país son fósiles, es decir, carbón y petróleo”. 

Lo que no advierte Petro es que al tiempo que caen las exportaciones está cayendo también la Inversión Extranjera Directa (IED). Según registros del Banco de la República, entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024 pasó de US $7.524 millones a US $6.304 millones, para una caída del 16.2% anual, siendo más pronunciada la IED en hidrocarburos y minería, que fue del 30,3%.

Cabe preguntarse si será bueno para Colombia que las exportaciones caigan si es por cuenta de que “el precio internacional del carbón cayó a la mitad entre el año pasado y hoy, por eso caen las exportaciones. También cayó la demanda del carbón colombiano y esa caída internacional tiene que ver con que el mundo está haciendo una transición energética”. 

Eso es pensar con el deseo, pues las cifras no vienen en auxilio de los augurios del presidente porque, de acuerdo con el más reciente reporte de la AIE, el año pasado la demanda por carbón batió récord con 8.530 millones de toneladas y prevé que en 2024 alcanzará otro récord.

Al igual que ocurre con el petróleo, carbón que no extraiga y exporte Colombia lo extraerá y exportará alguno de los países que compiten con Colombia. 

La ingenuidad y el desatino del Gobierno de Colombia, que firmó recientemente el Tratado de no Proliferación de los Combustibles Fósiles, comprometiéndose a proscribirlos, contrasta con el realismo y el pragmatismo de Guyana y Brasil, que, sin renunciar a la transición energética ni dejar de trabajar por el cumplimiento a su meta de reducir sus emisiones de GEI, están atrayendo más inversiones al sector de los hidrocarburos, su principal fuente generadora de ingresos, divisas y financiamiento de la misma transición.

En concepto del vicepresidente de Guyana, “el petróleo no sólo permite aumentar los ingresos y emplear estos recursos en políticas sociales, sino que, además, resulta la principal fuente para financiar una sólida transición energética hacia energías renovables”. Y remató diciendo que “necesitamos dinero del sector del petróleo y el gas para hacer nuestro país a prueba del clima y adaptarnos al cambio climático”.

Por su parte, el presidente Lula, reconocido defensor de la agenda verde, explica que la inversión en petróleo tiene como objetivo primordial disponer de más ingresos para consolidar la transición energética, bandera de su Gobierno.

Además, destaca cómo PETROBRAS pasó de la explotación de petróleo onshore a hacerlo offshore, “ahora puede pasar a las renovables”. Y deja claro que no incurre en ninguna contradicción, pues “el petróleo seguirá ocupando un lugar importante en la matriz energética junto a las renovables. Queremos hacerlo juntos”.

Bien ha dicho el presidente de la CAF, Sergio Díaz Granados, que “cada país deberá elegir su velocidad, intensidad y estrategia de acuerdo con sus características” y Colombia, al igual que el resto de Latinoamérica, tiene las suyas. 

Recientemente, la comidilla en los medios es la noticia proveniente de Argentina, donde se registra un inusitado boom de los hidrocarburos gracias al enorme potencial del yacimiento no convencional de Vaca Muerta y a la utilización intensiva de la técnica del fracking en su explotación. Esta explica y responde por el 56,6% de la totalidad de la producción petrolera y del 54,8% de la de gas natural.

Según el más reciente reporte, en los últimos 10 años Argentina pasó de producir 500.000 barriles de crudo por día hasta alcanzar los 700.000 actualmente, en contraste con Colombia que pasó de producir un millón de barriles/día en 2014 a los 750.000 barriles/día actualmente.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Lo que está en juego

Tan importante para un país como la seguridad energética es la soberanía energética. Ello es lo que está en juego.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En el período 2007 – 2022 las reservas de gas natural en el país han caído 50%, situándose en los 2,3 terapiés cúbicos (TPC), y con ellas ha caído también la producción el 9% entre junio de 2023 y junio de este año, pasando de 1.170 MMPCD hasta los 900 MMPCD.

Según el Gestor del Mercado de Gas Natural, se prevé que el potencial de producción caerá el 19,8% entre los años 2024 y 2026. Y como la demanda crecerá hacia el futuro, como sustituto del carbón y de los combustibles líquidos, según el Gestor. para 2025 se estima un déficit del 12% (120 MMPCD) y para el 2026 de un 30% (350 MMPCD). Déficit que tendrá que cubrirse con importaciones.

En ello coincide el presidente de ECOPETROL, Ricardo Roa: “Va a haber unos faltantes el año entrante cercanos a los 160 de Giga BTU, luego va a subir a 180, y de ahí en adelante a 300 y hasta 500, si no incorporamos reservas”. 

No obstante, el negacionismo del ministro de Minas y Energía Andrés Camacho lo llevó a decir que “no es cierto que vayamos a tener escasez de gas los próximos años, no hay ninguna crisis energética y no estamos ante un riesgo inminente de desabastecimiento razón por la cual no hay ningún traslado de costos adicionales a los usuarios”.

Por su parte Roa se ratifica en lo ya dicho y afirma no sólo que “sí vamos a depender de la importación de aquí a 2029”, sino que advierte que “eso va a hacer que se tenga un incremento significativo de la tarifa”. Más claro sólo el agua.

Bien dijo la presidente de NATURGAS, Luz Stella Murgas, que “el déficit del gas natural no es una alerta, es una realidad, no es una narrativa”, como aduce el Gobierno.

Según había asegurado el ministro Camacho, “nunca ha estado en nuestros planes opciones de importación desde otros países… No hemos visto ningún problema de abastecimiento porque estamos tomando medidas… No es cierto que vayamos a tener escasez el próximo año”.

Tal vez estaba imbuido de la idea de su antecesora, la ex ministra Irene Vélez, cuando vaticinó irresponsablemente que “según los cálculos, las reservas probadas, probables y posibles garantizarían un suministro de gas hasta el 2037, es decir de 15 años más”.  

Contra todos los pronósticos y previsiones del Gobierno nacional, desde el primero de diciembre de 2024 Colombia, por primera vez en 45 años, inició las importaciones de gas natural para atender el consumo esencial.

En efecto, a través de un comunicado público, la distribuidora de gas importado TLP Gas informó que a través de la regasificadora SPEC recibe 40 MMPCD desde el pasado 29 de noviembre, requeridos por 8 empresas distribuidoras. Los hechos son tozudos.

Entre tanto el ministro Camacho se obstina en negar, contra toda evidencia, las importaciones y sostiene que se cuenta con “excedentes” de gas extraído en el país, que no se traducen en oferta firme en el mercado. Y no explica por qué.

El ministro Camacho se niega a dar su brazo a torcer e insiste con terquedad aragonesa que no hay necesidad de importar, que “las cifras revisadas muestran que las declaraciones de producción y disponibilidad de gas en los campos nacionales son adecuadas para atender la totalidad de los requerimientos del mercado”. Para él, este es un axioma que como tal no necesita demostración. Al parecer el ministro hizo suya la truculenta frase atribuida al ex presidente de EEUU Harry Truman: “Cuando no puedes convencerlos, confúndelos”.

Ello lo ha llevado a poner en pausa la expedición del Decreto 2024 de 2024 que se publicó para comentarios en noviembre, que los agentes llevan meses requiriendo para habilitar las importaciones y dar vía libre para que la CREG expida la Resolución para homologar las condiciones contractuales para comprometer gas en firme proveniente del exterior y establecer el indexador de precios, los cuales, dicho sea de paso, serán mucho más altos.

El gas barato, al que hemos estado acostumbrado, se acabó por fuerza de las circunstancias, porque hasta el gas producido en el país terminará por nivelarse con los precios internacionales.

 Es de anotar que esta primera importación es solo la cuota inicial, ya que, de acuerdo con el Gestor del Mercado, que maneja las cifras oficiales, se estima un déficit del orden del 8,2% de la demanda total en 2025 y un 20,6% en 2026.

Sin fundamento alguno, el ministro Camacho se aventuró a afirmar que el uso del gas importado no será inmediato. Según él, dicha importación sólo busca “cubrirse en caso de ser necesario”, pues “la producción nacional de gas será suficiente para cubrir la demanda de diciembre”.

En estas circunstancias en las que estamos se está incurriendo en el mismo error en el que cayó la Unión Europea al precipitarse a abandonar prematuramente a las energías de origen fósil, a las que tuvo que volver apresuradamente ante el riesgo del colapso de su economía.

De ese trance, del que todavía no termina de reponerse, le quedó una lección aprendida de la cual debemos tomar nota: La Transición Energética no debe poner en riesgo la seguridad energética.

La otra lección que se sigue de la anterior es que tan importante para un país como la seguridad energética es la soberanía energética. Ello es lo que está en juego.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Barajar y volver a repartir

El impacto de la reforma del Sistema General de Participaciones debe ser neutral, y para asegurarse que así sea la Ley de competencias debe prever que se cumpla con la Regla Fiscal y con los parámetros del MFMP.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El Congreso de la República está en deuda con las regiones. Debieron transcurrir 20 años para que por fin tramitara la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), mediante la Ley 1454 de 2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 288 de la Constitución Política, que le encomendó establecer “la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales”, que han estado reducidos a un capitis diminutio, tratados como menores de edad. Pero todo fue un fiasco.

La Ley que se expidió no lo hizo. Resultó un remedo de LOOT, dando pábulo a la descentralización disfuncional, consistente en delegarle funciones y competencias a las entidades territoriales, pero sin asignarle los recursos para que las pudieran asumir, contrariando lo dispuesto en el artículo 356 de la misma.

Ese Estado centralista denominado por el Nobel de economía y conocedor de la pungente realidad de Colombia, James Robinson, como el “Leviatán de Papel”, es el mismo que según él se caracteriza por “la ineficiencia en el cumplimiento de sus funciones”. Y ello, pese a concentrar y de qué manera los ingresos públicos.

Bueno es advertir que, como lo sostiene el jurista Ricardo Zuluaga, “de las 25 funciones básicas del Estado, las fundamentales le corresponden en exclusiva al Gobierno central y otras 10 las ejerce de forma compartida con las entidades territoriales; mientras que las entidades territoriales no tienen ninguna que sea suya de manera exclusiva, y en las 10 sobre las que puede tener alguna incidencia, lo hacen de forma compartida con la Nación. Todo lo cual se traduce en que no hay un solo aspecto de la vida estatal que no sea intervenible por el Gobierno central”.

Llama la atención el hecho de que no obstante concentrar los ingresos mientras desconcentra funciones y competencias, muchas de las cuales han pasado a las entidades regionales, la Nación ha seguido acusando, como lastre inveterado, un déficit crónico de sus finanzas, el cual entre 2021 y 2024 registró un promedio de -5.5%, y ello a pesar de la vigencia de la Ley 1473 de 2011 de la Regla Fiscal y de disponer periódicamente del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

Aún, durante el más largo ciclo de precios altos de los commodities (2003 – 2011, para los productos mineros y 2003 – 2014 para el petróleo), no se pudo corregir dicho déficit, como sí lo lograron otros países de la región.

Han sido más juiciosos los departamentos y municipios, sometidos como lo han estado a la Ley 617 de 2000, los cuales no obstante la precariedad de sus recursos, han venido registrando un superávit fiscal. 

De manera que si Colombia perdió la calificación inversionista de su deuda soberana no ha sido propiamente por cuenta de las transferencias del Sistema General de Participaciones, sino por la glotonería del Gobierno central.

Por esta razón, y en respuesta al clamor y a la presión de parte de los 32 gobernadores, el Congreso de la República se animó a aprobar la Ley 2200 de 2022, la cual dispuso en el parágrafo transitorio del artículo 5 que “el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda, en pleno consenso con los departamentos representados en la Federación Nacional de Departamentos, hará una identificación de las competencias que han sido descentralizadas a los departamentos sin asignación de recursos para su ejecución y procederá a nivelar y destinar las asignaciones presupuestales que garanticen suficiencia fiscal a los departamentos para cada competencia identificada en un plazo de 8 meses a partir de la vigencia de la presente Ley”. Transcurridos 33 meses no se le ha dado cumplimiento. 

Es en este contexto que emerge la iniciativa de enmendar la plana de las dos reformas a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de los cuales fueron objeto en los años 2001 y 2007, en detrimento de los ingresos de los departamentos, distritos y municipios, mediante el proyecto de acto legislativo que está a un solo debate de ser aprobado por el Congreso de la República.

Con ello se busca su resarcimiento, pues, como bien dijo nuestro premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, a las regiones sólo llega desde el Gobierno central el óxido del poder. Pues llegó la hora de sacudirse de toda esa herrumbre por parte de las regiones, para dejar de ser alfil sin albedrío del agobiante centralismo. Y ello justamente es lo que se busca con la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP). 

Cuando comenzó su trámite, el mayor reparo al proyecto fue que al transferirle mayores recursos a las entidades territoriales sin garantizar que con estos asumieran nuevas y mayores competencias se llevaría de calle la Regla Fiscal, incumpliéndola, atentando contra la sostenibilidad fiscal y poniendo al borde de la debacle fiscal al Estado colombiano, lo cual constituiría un acto de soberana irresponsabilidad por parte del Congreso de la República.

Empero, en la ponencia aprobada en su séptimo de ocho debates, en respuesta a este reparo, se estableció claramente que el Acto legislativo que se apruebe solo entrará en vigor una vez que sea expedida la Ley de competencias, en la cual se deberá dar un nuevo reparto de las mismas, descargando al Gobierno central de la responsabilidad de aquellas funciones y competencias que asuman las entidades territoriales, concomitantemente con la reducción de su presupuesto.

Los detractores de esta iniciativa sólo suman las mayores transferencias en el minuendo, pero no restan en el sustraendo las competencias que la Nación dejará de asumir.  Se trata, entonces, de barajar para volver a repartir.

Se trata de un juego de suma cero fiscalmente, en el que los recursos que demandarán las mayores transferencias estarán atadas a mayores responsabilidades por parte de las entidades territoriales.

Hay que pasar de Bruño a Baldor para que la suma algebraica disipe los temores de un desbordamiento del gasto atribuible a la duplicidad en el ejercicio de las mismas funciones y competencias por parte de la Nación y las entidades territoriales. Dicho de otra manera, el impacto de esta reforma del SGP debe ser neutral y para asegurarse que así sea la Ley de competencias debe prever que se cumpla con la Regla Fiscal y con los parámetros del MFMP.

No se puede seguir insistiendo en que con este paso se estaría descuadernando las finanzas del Estado, al pasar el monto de las transferencias del SGP del 23,8% al 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) durante los próximos 12 años, contados a partir de 2027, cuando, como se sabe, sin la reforma in comento dichas transferencias subirán del 22,2% en 2024 hasta alcanzar el 31.3% de los ICN en 2026, para un incremento “inercial” de 9,1 puntos porcentuales en un lapso mucho menor, sin que nadie haya salido a desgarrarse las vestiduras por ello.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Crónica de un desabastecimiento anunciado

Aunque desde inicio de este siglo se advirtió de la declinación de los campos de gas que desde los años 80 permitieron la masificación del abastecimiento de gas natural en Colombia, el país enfrenta un desabastecimiento que todavía no encuentra salida.

Por: MÓNICA TORRES SIERRA*

La evidencia de la declinación de los campos mayores como Ballena, Chuchupa, Cusiana y Cupiagua se conoce desde la primera década de este siglo.

A raíz de un posible desabastecimiento, la política pública del sector minero-energético en 2011 tendió, entre otros, hacia:

  • La intervención del mercado de gas, creando reglas de comercialización de gas y capacidad de transporte.
  • La liberación del precio del gas para aumentar la competencia.
  • Creación de un agente (el Gestor del Mercado) para contar con información de las transacciones de suministro y compra de capacidad de transporte que permitiera tomar decisiones a los participantes del mercado.
  • Promoción de las importaciones de gas.
  • Creación de la figura del plan indicativo de abastecimiento (PAGN).

Sobre las importaciones, en la época se consideró que el desabastecimiento de gas ocurriría en el corto plazo para un solo sector de la demanda: el térmico.

En 2011 se pronosticaba que el desabastecimiento ocurriría en 2015 y por ello la CREG emitió un cúmulo de resoluciones que viabilizaron la puesta en operación en 2016 de la única infraestructura de importación, almacenamiento y regasificación de gas que tiene el país en el Caribe. Infraestructura que es de utilización exclusiva para tres generadores térmicos, quienes garantizan el suministro eléctrico en épocas de escasez hídrica.

Sobre el PAGN, este tiene el propósito de orientar las decisiones de los participantes del mercado sobre las inversiones y los proyectos que son necesarios para garantizar el abastecimiento de gas y la confiabilidad del servicio.

En 2016 la UPME emitió un plan transitorio y solo hasta enero de 2020 emitió el estudio técnico del PAGN definitivo. Recomendó al MME los proyectos para los siguientes 5 a 10 años que garantizarían la confiabilidad y el abastecimiento del servicio de gas a través de ocho proyectos para ampliar el Sistema Nacional de Transporte (SNT), los llamados IPAT, y para el abastecimiento del gas natural incluyó la regasificadora del Pacífico. Estos fueron adoptados por resolución por el MME.

Los análisis que se realizaron en 2016 por la UPME indicaban que la infraestructura de importación del Pacífico resultaba necesaria porque:

  • Persistía la incertidumbre sobre la oferta y la demanda, por lo que era necesario anticipar decisiones sobre las inversiones en proyectos que garantizaran el abastecimiento.
  • Si bien para la época había gran expectativa en el off shore del Caribe o en el Valle Inferior del Magdalena, se creía que entre 2024 y 2028 se tendría disponibilidad de los recursos.
  • La variación negativa en la oferta de los 5 años anteriores era evidente debido al decaimiento de la actividad exploratoria en el país.
  • En consecuencia, desde 2024 el país podría enfrentar un desabastecimiento de la demanda no térmica, por lo que el costo de arrepentimiento sería mayor si no se construía la infraestructura de importación en el Pacífico.

Los análisis que se realizaron en 2020 por la UPME coincidieron con lo expuesto anteriormente, y concluyó:

  • La información sobre el potencial de producción de gas natural, incluyendo las capacidades de gas importado y las nuevas fuentes, aumentaría en el mediano plazo la oferta, lo que requeriría aumentar la capacidad en el SNT.
  • En consecuencia, el desabastecimiento ya no ocurriría en 2024, sino en 2026.

En 2023 la UPME emitió el último estudio técnico del PAGN en el que propone, además, tres terminales de regasificación: en La Guajira, Cartagena y el Pacífico.

¿Qué ocurrió?

  • La intervención del mercado en 2013 sigue sin generar los efectos esperados sobre aumento de la competencia del lado de la oferta y aportar suficiente información sobre reservas y transacciones del mercado, por lo que las reglas han tenido que adaptarse de tiempo en tiempo con innumerables modificaciones.
  • Desde 2023 la CREG ha emitido resoluciones con señales de corto plazo que tienden a adaptar un mercado regulado con base en la creencia del superávit de gas, para un mercado que ahora es deficitario y escaso.
  • Los IPAT no se hicieron en tiempo porque la CREG se demoró muchos años evaluando y autorizando las inversiones.
  • Pese a que la CREG emitió la regulación para viabilizar la infraestructura de importación del Pacífico y su integración al mercado de gas, el proceso de selección del inversionista en la UPME se declaró desierto debido a que no logró promover el interés de inversionistas.
  • El off shore no se espera para antes del 2030.
  • La política para aumentar el abastecimiento con oferta local a través de yacimientos convencionales ha sido inestable. Y los no convencionales, pese a que Colombia podría tener grandes reservas de gas en el Magdalena Medio, su exploración no se ha podido hacer por el freno a los proyectos por detractores y opositores a la técnica del fracking. Esto, a pesar de que el campo con mayor producción de petróleo de la estatal petrolera colombiana se desarrolla con dicha técnica en Estados Unidos.
  • Las autoridades competentes no están de acuerdo con el sector hidrocarburífero en que no hay gas.

Y así es como nos pasamos más de 15 años sabiendo que habría desabastecimiento, no hicimos nada en tiempo por aumentar la oferta local ni por viabilizar la infraestructura de importación, por lo que en vez de discutir los cambios estructurales que requiere el sector, hoy estamos emitiendo regulación para hacer frente a la urgencia del desabastecimiento.

*Abogada con más de 12 años de experiencia en el sector energético. Actualmente desempeña su práctica como Counsel del área de Energía & Cambio Climático en CMS Rodríguez-Azuero.

Gas natural, el energético estratégico

Con la declinación de los campos de gas de La Guajira y del pie de monte llanero pasamos de un mercado de abundancia a otro de escasez. En los últimos 15 años (2007–2022) las reservas de gas han caído 50%, situándose en los 2,3 TPC, que a duras penas alcanzarían para 6 años.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El gas natural irrumpe en la escena energética mundial con la segunda transición energética que tuvo su detonante en la Guerra del Yom Kipur (octubre de 1973), cuando el embargo petrolero de los países árabes en contra de los aliados de Israel, llevó a estos a diversificar la matriz energética incorporando a la misma tanto al gas como el carbón, que desde entonces empezó a vivir su segunda juventud.

Y ello al tiempo que las 7 hermanas, que era como se conocían las mayores empresas petroleras en el mundo convinieron también en diversificar su portafolio de inversiones, apostándole a la industria del gas y del carbón.

Ello explica la asociación de la multinacional petrolera Texas con Ecopetrol (1974), para explorar y explotar el gas natural en Colombia, que derivó en el hallazgo del más importante yacimiento de gas en La Guajira, al tiempo que otra petrolera, la EXXON, a través de su filial INTERCOR, se asoció con Carbocol (1976) para explorar y explotar el mayor yacimiento de carbón a cielo abierto en el país, El Cerrejón.

El descubrimiento de gas natural offshore en La Guajira se dio en el momento que el país más lo necesitaba, dado que en 1975 Colombia había perdido la autosuficiencia petrolera y había pasado de ser exportador a importador neto de crudo, a precios exorbitantes cuando se les compara con los precios a los que exportó.

Juan Francisco Villarreal, por aquellas calendas presidente de Ecopetrol, acuñó la frase de que Colombia no tenía naranjas (petróleo) pero tenía limones (gas) e inspiró la estrategia de reemplazar por gas natural como combustible de las centrales térmicas de generación en la región Caribe al fueloil y las cantidades de este que se liberaron se exportó, con tanto éxito que se convirtió en el segundo renglón de exportación después del café.

Con gran visión de futuro, el ex ministro de Minas y Energía Guillermo Perry Rubio (1986–1988), planteó su política de ‘Gas para el cambio’, tendiente a masificar el consumo del gas en Colombia para distintos usos (domiciliario, vehicular, generación de energía e industrial), sustituyendo energéticos más escasos, costosos y contaminantes. De esta manera, Colombia se adelantó a la Transición Energética, hoy en boga, que contempla al gas natural como el energético de la Transición. Lo demás es historia.

Colombia recobró su autosuficiencia petrolera diez años después, con el hallazgo de petrolero y con él gas asociado en Caño Limón primero y posteriormente con Cusiana, Cupiagua, Pautó y Volcaneras en el pie de monte llanero, que sirvieron de nuevas fuentes de gas.

Pero, como dice el adagio popular, todo lo que comienza como chorro termina goteando, máxime cuando se trata de un recurso natural no renovable, expuesto a su agotamiento.

Con la declinación de los campos de gas de La Guajira y el pie de monte llanero pasamos de un mercado de abundancia a otro de escasez y en esas estamos. En los últimos 15 años (2007–2022) las reservas de gas han caído 50%, situándose en los 2,3 TPC, que a duras penas alcanzarían para 6 años, y con ellas ha caído también la producción el 9% entre junio de 2023 y junio de este año, pasando de 1.170 MMPCD a 900 MMPCD.

Según la directora del Gestor del Mercado de Gas Natural de la Bolsa Mercantil de Colombia, se prevé que el potencial de producción caerá el 19,8% entre 2024 y 2026. Y como la demanda crecerá hacia el futuro, como sustituto del carbón y de los combustibles líquidos, para 2025 se estima un déficit del 12% (120 MMPCD) y para 2026 de 35% (350 MMPCD). Déficit que tendrá que cubrirse con importaciones.

No obstante, el negacionismo del ministro de Minas y Energía Andrés Camacho lo llevó a decir que “no es cierto que vayamos a tener escasez de gas los próximos años, no hay ninguna crisis energética y no estamos ante un riesgo inminente de desabastecimiento, razón por la cual no hay ningún traslado de costos adicionales a los usuarios”.

Por su parte, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Orlando Velandia afirmó sin pestañear que “estamos viendo es que algunos agentes están contratando más del gas que realmente necesitan. Esto deja a otros sectores, como el residencial o el parque térmico, sin posibilidad de acceder al recurso”. Es decir, que para ellos se trataba de un caso de acaparamiento y no de escasez.

Pero a poco andar se convencieron de que, como lo afirmó la presidente de Naturgas Luz Stella Murgas, “el déficit del gas natural es una realidad, no es una narrativa”, y terminaron retractándose y dando su brazo a torcer, expidiendo, a instancia del ministro, el decreto que habilita y hace posible las importaciones.

Ahora el Gobierno se ha ido al otro extremo. El presidente Gustavo Petro ha considerado como estratégico contar con otra u otras regasificadoras que convertirán “el gas natural licuado en gas listo para su distribución reduciendo la dependencia de importaciones y estabilizando el precio interno”.

Por Dios, pero de donde va a salir el gas licuado si no es de importación, para transformarlo en “gas listo para su distribución”. Y, además, será que importando gas licuado vamos a reducir la dependencia del mismo, considerado como estratégico para el sector energético y para la economía nacional.

Definitivamente, este Gobierno es tan errático como despistado, a toda hora dando señales equívocas y equivocadas al mercado.

A propósito de los mensajes oficiales, viene como anillo al dedo una frase atribuida al ex presidente de Estados Unidos Harry Truman: ¡Si no puedes convencerlos, confúndelos!

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Esa película ya la vimos

Ecuador padece diariamente hasta diez horas de racionamiento del servicio de energía. Esa película ya la vimos, se rodó en Colombia hace 32 años, cuando sufrimos los rigores de un racionamiento que se extendió por 14 meses entre los años 1992 y 1993 (343 días, entre 9 y 10 horas de racionamiento, 15% de la demanda).

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La causa raíz de cuanto acontece en Ecuador es muy similar al caso colombiano:

1) Dependencia en 79% de la generación hídrica. (Colombia 80%).

2) Atraso en la ejecución de los proyectos de generación y transmisión debido a la estatización del sector y a la falta de espacio fiscal. (En Colombia absorbía el 45% de la deuda pública) para las inversiones requeridas.

3) De 3.000 MW de capacidad instalada de generación térmica, solo 700 MW están operativos por obsolescencia y falta de mantenimiento por falta de recursos. 

4) Las tarifas las fija el ejecutivo, sujeta a consideraciones políticas y no técnicas.

5) Entonces como ahora, la sequía sirvió de detonante del apagón ya que, parodiando a Warren Buffet, podemos decir que cuando el nivel del agua en los embalses baja es que se sabe quién venía nadando desnudo.

Como antecedente de la calamidad que significó para Colombia el apagón, es importante destacar que entre 1990 y 1991 se adelantaron varios congresos internacionales sobre la energía, en los cuales se empezó a ventilar la necesidad de una reforma del sistema eléctrico, constituyéndose el apagón en el catalizador que la hizo posible.

De allí que la expedición de las leyes de servicios públicos (142 de 1994) y eléctrica (143 de 1994), que son siameses y no se puede entender la una sin la otra, fueran su respuesta, asimilando las lecciones aprendidas del apagón.

El paso más importante ya lo había dado la Constituyente de 1991, al establecer en el artículo 365 de la nueva Constitución Política que, aunque es el Estado quien debe garantizar la prestación de los servicios públicos, que son esenciales y en consecuencia, como lo ha reiterado la Corte es un derecho fundamental para los ciudadanos, también lo pueden prestar las “comunidades organizadas o los particulares”.

Ello se tradujo en una inversión por parte de los privados de cerca de $140 billones en los últimos 30 años, aupada especialmente por los contratos de Oferta de Energía en Firme (OEF), correspondiente al Cargo por Confiabilidad.

Así fue como la capacidad instalada de generación pasó de 8 GW en 1995 a 21,3 GW en 2024, para un incremento del 266%. La cobertura pasó del 70,9% en 1990 a 98.72% en 2023. Y el número de usuarios pasó 4,4 millones 1990 a 17.7 millones en 2023.

El Estado se reservó su función reguladora, prevista en el mismo artículo 365, y la vigilancia a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la única de rango constitucional, llamada a proteger al usuario.

La Ley de servicios públicos le dio vida a las comisiones de regulación, entre ellas la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Ello le ha valido al Sistema energético colombiano una buena calificación por parte del Foro Económico Mundial (FEM) y del Consejo Mundial de Energía (WEC, por su sigla en inglés). Para el primero, Colombia ocupa el 10º lugar entre 126 países considerados por el desempeño de su arquitectura energética, y, de acuerdo con el Trilema de la WEC (seguridad, sostenibilidad y equidad), Colombia se sitúa en el puesto 35 entre 130 países evaluados.

De allí que podamos afirmar que se equivoca el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho cuando afirma que “este gobierno ha venido a enfrentar problemas estructurales de un modelo económico neoliberal. Treinta años después de este modelo de servicios públicos las empresas no le han garantizado los derechos a la gente”.

Y menos con que dizque “las empresas de servicios públicos están prácticamente expropiando los bolsillos de los colombianos”, cuando en materia tarifaria, contrariamente a los sostenido por el presidente Gustavo Petro, en el sentido de que “Colombia es el único país en América Latina que no tiene su sistema de tarifas regulado por el Estado”, es la CREG quien fija las tarifas del servicio de energía, partiendo de dos principios fundamentales: el de la suficiencia financiera de las empresas y los costos eficientes de estas (artículo 87 de la Ley 142 de 1994); es decir, las empresas no le pueden trasladar sus ineficiencias al usuario.

De modo que está fuera de lugar la declaración del ministro Camacho en el sentido de declararse “un ministro del lado de los usuarios”, al tiempo que manifestó enfáticamente que “no vamos a permitir que las tarifas sigan subiendo”, sin decir cómo ni cuándo, al tiempo que amenazó con tomar “medidas regulatorias y económicas para que no se cargue el costo del mercado a los usuarios, que es lo que viene pasando históricamente”. Se equivoca de medio a medio.

Gracias a la institucionalidad, Colombia ha podido soportar y resistir los embates del fenómeno de El Niño y se muestra como el único país en Latinoamérica que no ha tenido racionamiento en los últimos 30 años.

No obstante, hoy estamos enfrentados a un riesgo de racionamiento, pero por razones diferentes a las de antaño: la crisis financiera de las empresas comercializadoras de la energía, a causa de lo que le debe la Nación por concepto de los subsidios de energía ($2,5 billones) y por cuenta de opción tarifaria ($5 billones), la escasez de gas natural, pero sobre todo por la estrechez de la oferta de energía que le resta margen de maniobra al Sistema (no supera el 10%), en momentos en los que los embalses siguen sin recuperarse satisfactoriamente, situación que puede llegar a ser el detonante de un posible racionamiento del servicio de energía.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El país rumbo a la pobreza energética

El sistema energético del país ha logrado resistir más de 30 años y evitar apagones por su diseño institucional y jurídico, además por ser un sector mixto que ha garantizado la prestación de la energía y el gas.

Por: JUAN ESPINAL*

El peor problema de un gobierno es no reconocer el error o la crisis. Lo que atraviesa Colombia en materia energética es una situación crítica que combina la improvisación con la ideología de extrema izquierda, generando una explosión controlada por el presidente Petro en materia energética, que está llevando al país a la pobreza energética y generando el riesgo de enfrentar en los próximos meses un posible apagón que sería fatal para la vida cotidiana de los colombianos, la competitividad, la productividad, la economía y el medio ambiente.

El sistema energético del país ha logrado resistir más de 30 años y evitar apagones por su diseño institucional y jurídico, además por ser un sector mixto que ha garantizado la prestación de la electricidad y el gas, energéticos fundamentales para los 52 millones de colombianos, la industria, el comercio y el transporte.

No se puede jugar a ser el Capitán Planeta, presidente Petro, Colombia requiere fortalecer la matriz energética con responsabilidad y decisiones técnicas.

Es vergonzoso lo que ocurrió la semana pasada, liderado por el Ministro de Minas y Energía, quien había emitido la Resolución 40444 que decretaba un racionamiento de gas natural entre el 31 de octubre al 4 de noviembre, la cual fue revocada por una circular.

Sin embargo, esta leguleyada no termina siendo el problema de fondo. Lo difícil es que algunas térmicas e industrias para evitar el racionamiento van a usar combustibles más contaminantes como el diésel y el GLP.

Es lamentable que en plena COP16 el país aumente las emisiones de gases efecto invernadero por las mezquinas decisiones del gobierno de no apostarle a la exploración y producción de gas natural. Aplaudimos que no hubo racionamiento, pero a costa de aumentar las emisiones durante esos cinco días.

No impulsar la exploración y producción de gas natural está creando un incentivo perverso para que las industrias regresen a combustibles más contaminantes y para que los colombianos quemen más leña.

Se ha demostrado que el gas natural es un energético limpio e indispensable para la vida del país. Llevar a Colombia a depender energéticamente de otro Estado es llevarnos a la pobreza energética. Solo basta analizar la situación de Ecuador, que depende de la energía que le vendemos y actualmente enfrenta apagones por la suspensión del suministro para poder garantizar la energía del consumo interno en Colombia.

De manera temporal, el acuerdo entre térmicas e industriales evitó un racionamiento en otros usuarios, pero esta no es la solución para el déficit que se avecina a partir del 1 de diciembre.

La alerta está encendida, tendremos faltante de gas natural a partir del 1 de diciembre, para el 2025 y el 2026 un déficit del 12% y el 30%, las reservas cayeron de 2.817 GPC en 2022 a 2.373 GPC en 2023, lo que representa una reducción de 17,75%.

Se avecina la pobreza energética en Colombia. Importar gas natural aumentaría el costo de la factura hasta en un 30%, el suministro para 37 millones de colombianos estaría en riesgo, en la Costa Caribe crece la incertidumbre ante la falta de acciones claras para solucionar la tarifa de energía, la intervención de Air-e es un caos, terminó siendo peor el remedio que la enfermedad, y la CREG sigue desmantelada.

Finalmente, queda demostrado una vez más que las termoeléctricas y las hidroeléctricas son fundamentales para la generación de energía, hasta hoy nos han salvado de un apagón. Y cómo no mencionar el carbón, que es indispensable para que funcionen las térmicas.

Se debe insistir en la protección de la Seguridad Energética, de las malas decisiones del presidente Petro, y evitar que nuestro país caiga en el decrecimiento económico llevándonos a la pobreza energética.

*Representante de la Cámara.

Diatriba contra el centralismo

Después de haberse aprobado por el Senado de la República el Proyecto de Acto Legislativo No. 18 Senado y 437 Cámara de 2024, por medio del cual se modifican los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, atinentes al Sistema General de Participaciones (SGP), se suscitó una encendida controversia en la que ha habido más calor que luz.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Como se recordará, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 reforzó el Situado Fiscal que había creado el ex presidente Carlos Lleras Restrepo en su reforma a la Constitución en 1968, consistente en una bolsa de recursos a transferir por parte de la Nación a las entidades territoriales, con destinación específica al financiamiento de la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico.

Conscientes de que las necesidades en las regiones son crecientes y de las enormes brechas interregionales existentes, decidieron establecer una senda de crecimiento de sus recursos hasta alcanzar el 46,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN). Pero ello se vio frustrado porque se le interpusieron en el camino dos actos legislativos (el 01 de 2001 y el 04 de 2007) que reformaron la Carta, sustrayéndole a las regiones una suma cifrada en $387.953.907 millones entre los años 2002 y el 2023.

La situación se tornó más difícil para las regiones en la medida que, durante los 33 años de vigencia de la Constitución de 1991, no sólo no se ha reconocido y respetado el principio de la autonomía territorial consagrado en la Carta (artículo 287), que va más allá de la descentralización, sino que esta se ha revertido y lo que ha vivido el país durante este intervalo de tiempo ha sido una descentralización disfuncional, consistente en trasladarle funciones y competencias a las entidades territoriales, pero sin recursos, contrariando lo establecido en el artículo 356 de la misma, que dice que no se pueden delegar funciones y competencias, si al mismo tiempo no se le transfieren los recursos necesarios y suficientes para asumirlos.

Y lo que es peor, durante el período 1990 – 2022, 32 años y 8 períodos presidenciales, se aprobaron por parte del Congreso de la República, por iniciativa del ejecutivo, 18 reformas tributarias, 1 cada 18 meses, todas ellas para arbitrarle recursos a la Nación, ninguna de ellas para fortalecer los fiscos municipales y departamentales.

Ello explica que en Colombia de cada $100 que se recaudan por concepto de impuestos la Nación se queda con $89 y los restantes $11 se reparten $7 a los 1.103 municipios y distritos y sólo $4 para los 32 departamentos del país.

De manera que esta reforma del SGP que se tramita en este momento en el Congreso, además de consultar el espíritu del Constituyente de 1991, busca hacerles justicia a las regiones, se propone re-equilibrar las cargas.

Muchas de las críticas y de la oposición a este proyecto que han tenido un efecto mediático en los últimos días son infundadas. El Proyecto se propone lograr que en el transcurso de 10 años, contados a partir de 2027 hasta el 2036, las transferencias pasen desde el 23.8% de los ICN en 2023 hasta arribar al 39.5%.

Muchos han sido los reparos que se le han hecho a este proyecto, desde distintos flancos. El primero en reaccionar fue el presidente de ANIF, José Ignacio López, para quien “la propuesta actual podría comprometer la sostenibilidad fiscal y afectar el crecimiento económico del país».

Para el presidente de FEDESARROLLO, Luis Fernando Mejía, “esto implica que, incluso eliminado por completo la inversión del Gobierno Nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud”.

Y hasta la presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Astrid Martínez, le salió al paso con el argumento que “generaría una presión de gasto insostenible para el Gobierno Nacional Central… La reforma pondría en riesgo el cumplimiento de la Regla Fiscal, que es un instrumento central para la generación de confianza y estabilidad macroeconómica.”

Tales aseveraciones son tremendistas e inexactas, pues la aprobación de este proyecto per sé no tiene por qué, como lo afirma ANIF, “comprometer la sostenibilidad fiscal” ni “afectar el crecimiento económico del país”, que hoy por hoy, es anémico, sin que se pueda atribuir como un efecto anticipado de la recomposición del gasto público al que se aspira, el cual está llamado a dinamizar la economía regional y por consiguiente la economía nacional, porque Colombia jamás podrá ser competitiva hasta tanto sus regiones no lo sean.

Tampoco es cierto que de aprobarse este proyecto “no sería posible financiar un aumento de esta magnitud” como lo sostiene FEDESARROLLO; como tampoco se puede asegurar que el mismo “generaría una presión de gasto insostenible para el Gobierno Central”, como lo advierte la CARF, pues parte de la premisa que el gasto público se estaría duplicando como si con la aprobación de este proyecto la Nación siguiera asumiendo las competencias que asumirían las entidades territoriales, tal como lo prevé el texto final aprobado en su sexto debate de ocho.

Le asiste la razón al ex director del DNP, Jorge Iván González, cuando afirma que se debe “aclarar que las nuevas competencias que asumirán municipios, distritos y departamentos se reflejarán en una disminución sustantiva de las responsabilidades fiscales de la Nación.”

La definición de las nuevas competencias no se discute en el proyecto, sino que se deja para que sea la Ley la que las defina y, tal y como quedó establecido en el texto aprobado, el Acto Legislativo no entra a regir hasta tanto no sea expedida esta Ley.

Yo he sostenido que, antes de cuantificar cuáles funciones asumirían estos con los mayores recursos que percibirán, es absolutamente indispensable hacer un ejercicio consistente en cuantificar el costo para las entidades territoriales que ya le han sido trasladadas pero, como lo señalé, sin recursos, para que sea tenido en cuenta a la hora de hacer las sumas y las restas.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

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