Categoría: Opinión

Tan importante para un país como la seguridad energética es la soberanía energética. Ello es lo que está en juego.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En el período 2007 – 2022 las reservas de gas natural en el país han caído 50%, situándose en los 2,3 terapiés cúbicos (TPC), y con ellas ha caído también la producción el 9% entre junio de 2023 y junio de este año, pasando de 1.170 MMPCD hasta los 900 MMPCD.

Según el Gestor del Mercado de Gas Natural, se prevé que el potencial de producción caerá el 19,8% entre los años 2024 y 2026. Y como la demanda crecerá hacia el futuro, como sustituto del carbón y de los combustibles líquidos, según el Gestor. para 2025 se estima un déficit del 12% (120 MMPCD) y para el 2026 de un 30% (350 MMPCD). Déficit que tendrá que cubrirse con importaciones.

En ello coincide el presidente de ECOPETROL, Ricardo Roa: “Va a haber unos faltantes el año entrante cercanos a los 160 de Giga BTU, luego va a subir a 180, y de ahí en adelante a 300 y hasta 500, si no incorporamos reservas”. 

No obstante, el negacionismo del ministro de Minas y Energía Andrés Camacho lo llevó a decir que “no es cierto que vayamos a tener escasez de gas los próximos años, no hay ninguna crisis energética y no estamos ante un riesgo inminente de desabastecimiento razón por la cual no hay ningún traslado de costos adicionales a los usuarios”.

Por su parte Roa se ratifica en lo ya dicho y afirma no sólo que “sí vamos a depender de la importación de aquí a 2029”, sino que advierte que “eso va a hacer que se tenga un incremento significativo de la tarifa”. Más claro sólo el agua.

Bien dijo la presidente de NATURGAS, Luz Stella Murgas, que “el déficit del gas natural no es una alerta, es una realidad, no es una narrativa”, como aduce el Gobierno.

Según había asegurado el ministro Camacho, “nunca ha estado en nuestros planes opciones de importación desde otros países… No hemos visto ningún problema de abastecimiento porque estamos tomando medidas… No es cierto que vayamos a tener escasez el próximo año”.

Tal vez estaba imbuido de la idea de su antecesora, la ex ministra Irene Vélez, cuando vaticinó irresponsablemente que “según los cálculos, las reservas probadas, probables y posibles garantizarían un suministro de gas hasta el 2037, es decir de 15 años más”.  

Contra todos los pronósticos y previsiones del Gobierno nacional, desde el primero de diciembre de 2024 Colombia, por primera vez en 45 años, inició las importaciones de gas natural para atender el consumo esencial.

En efecto, a través de un comunicado público, la distribuidora de gas importado TLP Gas informó que a través de la regasificadora SPEC recibe 40 MMPCD desde el pasado 29 de noviembre, requeridos por 8 empresas distribuidoras. Los hechos son tozudos.

Entre tanto el ministro Camacho se obstina en negar, contra toda evidencia, las importaciones y sostiene que se cuenta con “excedentes” de gas extraído en el país, que no se traducen en oferta firme en el mercado. Y no explica por qué.

El ministro Camacho se niega a dar su brazo a torcer e insiste con terquedad aragonesa que no hay necesidad de importar, que “las cifras revisadas muestran que las declaraciones de producción y disponibilidad de gas en los campos nacionales son adecuadas para atender la totalidad de los requerimientos del mercado”. Para él, este es un axioma que como tal no necesita demostración. Al parecer el ministro hizo suya la truculenta frase atribuida al ex presidente de EEUU Harry Truman: “Cuando no puedes convencerlos, confúndelos”.

Ello lo ha llevado a poner en pausa la expedición del Decreto 2024 de 2024 que se publicó para comentarios en noviembre, que los agentes llevan meses requiriendo para habilitar las importaciones y dar vía libre para que la CREG expida la Resolución para homologar las condiciones contractuales para comprometer gas en firme proveniente del exterior y establecer el indexador de precios, los cuales, dicho sea de paso, serán mucho más altos.

El gas barato, al que hemos estado acostumbrado, se acabó por fuerza de las circunstancias, porque hasta el gas producido en el país terminará por nivelarse con los precios internacionales.

 Es de anotar que esta primera importación es solo la cuota inicial, ya que, de acuerdo con el Gestor del Mercado, que maneja las cifras oficiales, se estima un déficit del orden del 8,2% de la demanda total en 2025 y un 20,6% en 2026.

Sin fundamento alguno, el ministro Camacho se aventuró a afirmar que el uso del gas importado no será inmediato. Según él, dicha importación sólo busca “cubrirse en caso de ser necesario”, pues “la producción nacional de gas será suficiente para cubrir la demanda de diciembre”.

En estas circunstancias en las que estamos se está incurriendo en el mismo error en el que cayó la Unión Europea al precipitarse a abandonar prematuramente a las energías de origen fósil, a las que tuvo que volver apresuradamente ante el riesgo del colapso de su economía.

De ese trance, del que todavía no termina de reponerse, le quedó una lección aprendida de la cual debemos tomar nota: La Transición Energética no debe poner en riesgo la seguridad energética.

La otra lección que se sigue de la anterior es que tan importante para un país como la seguridad energética es la soberanía energética. Ello es lo que está en juego.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El impacto de la reforma del Sistema General de Participaciones debe ser neutral, y para asegurarse que así sea la Ley de competencias debe prever que se cumpla con la Regla Fiscal y con los parámetros del MFMP.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El Congreso de la República está en deuda con las regiones. Debieron transcurrir 20 años para que por fin tramitara la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), mediante la Ley 1454 de 2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 288 de la Constitución Política, que le encomendó establecer “la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales”, que han estado reducidos a un capitis diminutio, tratados como menores de edad. Pero todo fue un fiasco.

La Ley que se expidió no lo hizo. Resultó un remedo de LOOT, dando pábulo a la descentralización disfuncional, consistente en delegarle funciones y competencias a las entidades territoriales, pero sin asignarle los recursos para que las pudieran asumir, contrariando lo dispuesto en el artículo 356 de la misma.

Ese Estado centralista denominado por el Nobel de economía y conocedor de la pungente realidad de Colombia, James Robinson, como el “Leviatán de Papel”, es el mismo que según él se caracteriza por “la ineficiencia en el cumplimiento de sus funciones”. Y ello, pese a concentrar y de qué manera los ingresos públicos.

Bueno es advertir que, como lo sostiene el jurista Ricardo Zuluaga, “de las 25 funciones básicas del Estado, las fundamentales le corresponden en exclusiva al Gobierno central y otras 10 las ejerce de forma compartida con las entidades territoriales; mientras que las entidades territoriales no tienen ninguna que sea suya de manera exclusiva, y en las 10 sobre las que puede tener alguna incidencia, lo hacen de forma compartida con la Nación. Todo lo cual se traduce en que no hay un solo aspecto de la vida estatal que no sea intervenible por el Gobierno central”.

Llama la atención el hecho de que no obstante concentrar los ingresos mientras desconcentra funciones y competencias, muchas de las cuales han pasado a las entidades regionales, la Nación ha seguido acusando, como lastre inveterado, un déficit crónico de sus finanzas, el cual entre 2021 y 2024 registró un promedio de -5.5%, y ello a pesar de la vigencia de la Ley 1473 de 2011 de la Regla Fiscal y de disponer periódicamente del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

Aún, durante el más largo ciclo de precios altos de los commodities (2003 – 2011, para los productos mineros y 2003 – 2014 para el petróleo), no se pudo corregir dicho déficit, como sí lo lograron otros países de la región.

Han sido más juiciosos los departamentos y municipios, sometidos como lo han estado a la Ley 617 de 2000, los cuales no obstante la precariedad de sus recursos, han venido registrando un superávit fiscal. 

De manera que si Colombia perdió la calificación inversionista de su deuda soberana no ha sido propiamente por cuenta de las transferencias del Sistema General de Participaciones, sino por la glotonería del Gobierno central.

Por esta razón, y en respuesta al clamor y a la presión de parte de los 32 gobernadores, el Congreso de la República se animó a aprobar la Ley 2200 de 2022, la cual dispuso en el parágrafo transitorio del artículo 5 que “el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda, en pleno consenso con los departamentos representados en la Federación Nacional de Departamentos, hará una identificación de las competencias que han sido descentralizadas a los departamentos sin asignación de recursos para su ejecución y procederá a nivelar y destinar las asignaciones presupuestales que garanticen suficiencia fiscal a los departamentos para cada competencia identificada en un plazo de 8 meses a partir de la vigencia de la presente Ley”. Transcurridos 33 meses no se le ha dado cumplimiento. 

Es en este contexto que emerge la iniciativa de enmendar la plana de las dos reformas a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de los cuales fueron objeto en los años 2001 y 2007, en detrimento de los ingresos de los departamentos, distritos y municipios, mediante el proyecto de acto legislativo que está a un solo debate de ser aprobado por el Congreso de la República.

Con ello se busca su resarcimiento, pues, como bien dijo nuestro premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, a las regiones sólo llega desde el Gobierno central el óxido del poder. Pues llegó la hora de sacudirse de toda esa herrumbre por parte de las regiones, para dejar de ser alfil sin albedrío del agobiante centralismo. Y ello justamente es lo que se busca con la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP). 

Cuando comenzó su trámite, el mayor reparo al proyecto fue que al transferirle mayores recursos a las entidades territoriales sin garantizar que con estos asumieran nuevas y mayores competencias se llevaría de calle la Regla Fiscal, incumpliéndola, atentando contra la sostenibilidad fiscal y poniendo al borde de la debacle fiscal al Estado colombiano, lo cual constituiría un acto de soberana irresponsabilidad por parte del Congreso de la República.

Empero, en la ponencia aprobada en su séptimo de ocho debates, en respuesta a este reparo, se estableció claramente que el Acto legislativo que se apruebe solo entrará en vigor una vez que sea expedida la Ley de competencias, en la cual se deberá dar un nuevo reparto de las mismas, descargando al Gobierno central de la responsabilidad de aquellas funciones y competencias que asuman las entidades territoriales, concomitantemente con la reducción de su presupuesto.

Los detractores de esta iniciativa sólo suman las mayores transferencias en el minuendo, pero no restan en el sustraendo las competencias que la Nación dejará de asumir.  Se trata, entonces, de barajar para volver a repartir.

Se trata de un juego de suma cero fiscalmente, en el que los recursos que demandarán las mayores transferencias estarán atadas a mayores responsabilidades por parte de las entidades territoriales.

Hay que pasar de Bruño a Baldor para que la suma algebraica disipe los temores de un desbordamiento del gasto atribuible a la duplicidad en el ejercicio de las mismas funciones y competencias por parte de la Nación y las entidades territoriales. Dicho de otra manera, el impacto de esta reforma del SGP debe ser neutral y para asegurarse que así sea la Ley de competencias debe prever que se cumpla con la Regla Fiscal y con los parámetros del MFMP.

No se puede seguir insistiendo en que con este paso se estaría descuadernando las finanzas del Estado, al pasar el monto de las transferencias del SGP del 23,8% al 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) durante los próximos 12 años, contados a partir de 2027, cuando, como se sabe, sin la reforma in comento dichas transferencias subirán del 22,2% en 2024 hasta alcanzar el 31.3% de los ICN en 2026, para un incremento “inercial” de 9,1 puntos porcentuales en un lapso mucho menor, sin que nadie haya salido a desgarrarse las vestiduras por ello.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Aunque desde inicio de este siglo se advirtió de la declinación de los campos de gas que desde los años 80 permitieron la masificación del abastecimiento de gas natural en Colombia, el país enfrenta un desabastecimiento que todavía no encuentra salida.

Por: MÓNICA TORRES SIERRA*

La evidencia de la declinación de los campos mayores como Ballena, Chuchupa, Cusiana y Cupiagua se conoce desde la primera década de este siglo.

A raíz de un posible desabastecimiento, la política pública del sector minero-energético en 2011 tendió, entre otros, hacia:

• La intervención del mercado de gas, creando reglas de comercialización de gas y capacidad de transporte.
• La liberación del precio del gas para aumentar la competencia.
• Creación de un agente (el Gestor del Mercado) para contar con información de las transacciones de suministro y compra de capacidad de transporte que permitiera tomar decisiones a los participantes del mercado.
• Promoción de las importaciones de gas.
• Creación de la figura del plan indicativo de abastecimiento (PAGN).

Sobre las importaciones, en la época se consideró que el desabastecimiento de gas ocurriría en el corto plazo para un solo sector de la demanda: el térmico.

En 2011 se pronosticaba que el desabastecimiento ocurriría en 2015 y por ello la CREG emitió un cúmulo de resoluciones que viabilizaron la puesta en operación en 2016 de la única infraestructura de importación, almacenamiento y regasificación de gas que tiene el país en el Caribe. Infraestructura que es de utilización exclusiva para tres generadores térmicos, quienes garantizan el suministro eléctrico en épocas de escasez hídrica.

Sobre el PAGN, este tiene el propósito de orientar las decisiones de los participantes del mercado sobre las inversiones y los proyectos que son necesarios para garantizar el abastecimiento de gas y la confiabilidad del servicio.

En 2016 la UPME emitió un plan transitorio y solo hasta enero de 2020 emitió el estudio técnico del PAGN definitivo. Recomendó al MME los proyectos para los siguientes 5 a 10 años que garantizarían la confiabilidad y el abastecimiento del servicio de gas a través de ocho proyectos para ampliar el Sistema Nacional de Transporte (SNT), los llamados IPAT, y para el abastecimiento del gas natural incluyó la regasificadora del Pacífico. Estos fueron adoptados por resolución por el MME.

Los análisis que se realizaron en 2016 por la UPME indicaban que la infraestructura de importación del Pacífico resultaba necesaria porque:

• Persistía la incertidumbre sobre la oferta y la demanda, por lo que era necesario anticipar decisiones sobre las inversiones en proyectos que garantizaran el abastecimiento.
• Si bien para la época había gran expectativa en el off shore del Caribe o en el Valle Inferior del Magdalena, se creía que entre 2024 y 2028 se tendría disponibilidad de los recursos.
• La variación negativa en la oferta de los 5 años anteriores era evidente debido al decaimiento de la actividad exploratoria en el país.
• En consecuencia, desde 2024 el país podría enfrentar un desabastecimiento de la demanda no térmica, por lo que el costo de arrepentimiento sería mayor si no se construía la infraestructura de importación en el Pacífico.

Los análisis que se realizaron en 2020 por la UPME coincidieron con lo expuesto anteriormente, y concluyó:

• La información sobre el potencial de producción de gas natural, incluyendo las capacidades de gas importado y las nuevas fuentes, aumentaría en el mediano plazo la oferta, lo que requeriría aumentar la capacidad en el SNT.
• En consecuencia, el desabastecimiento ya no ocurriría en 2024, sino en 2026.

En 2023 la UPME emitió el último estudio técnico del PAGN en el que propone, además, tres terminales de regasificación: en La Guajira, Cartagena y el Pacífico.

¿Qué ocurrió?

• La intervención del mercado en 2013 sigue sin generar los efectos esperados sobre aumento de la competencia del lado de la oferta y aportar suficiente información sobre reservas y transacciones del mercado, por lo que las reglas han tenido que adaptarse de tiempo en tiempo con innumerables modificaciones.
• Desde 2023 la CREG ha emitido resoluciones con señales de corto plazo que tienden a adaptar un mercado regulado con base en la creencia del superávit de gas, para un mercado que ahora es deficitario y escaso.
• Los IPAT no se hicieron en tiempo porque la CREG se demoró muchos años evaluando y autorizando las inversiones.
• Pese a que la CREG emitió la regulación para viabilizar la infraestructura de importación del Pacífico y su integración al mercado de gas, el proceso de selección del inversionista en la UPME se declaró desierto debido a que no logró promover el interés de inversionistas.
• El off shore no se espera para antes del 2030.
• La política para aumentar el abastecimiento con oferta local a través de yacimientos convencionales ha sido inestable. Y los no convencionales, pese a que Colombia podría tener grandes reservas de gas en el Magdalena Medio, su exploración no se ha podido hacer por el freno a los proyectos por detractores y opositores a la técnica del fracking. Esto, a pesar de que el campo con mayor producción de petróleo de la estatal petrolera colombiana se desarrolla con dicha técnica en Estados Unidos.
• Las autoridades competentes no están de acuerdo con el sector hidrocarburífero en que no hay gas.

Y así es como nos pasamos más de 15 años sabiendo que habría desabastecimiento, no hicimos nada en tiempo por aumentar la oferta local ni por viabilizar la infraestructura de importación, por lo que en vez de discutir los cambios estructurales que requiere el sector, hoy estamos emitiendo regulación para hacer frente a la urgencia del desabastecimiento.

*Abogada con más de 12 años de experiencia en el sector energético. Actualmente desempeña su práctica como Counsel del área de Energía & Cambio Climático en CMS Rodríguez-Azuero.

Con la declinación de los campos de gas de La Guajira y del pie de monte llanero pasamos de un mercado de abundancia a otro de escasez. En los últimos 15 años (2007–2022) las reservas de gas han caído 50%, situándose en los 2,3 TPC, que a duras penas alcanzarían para 6 años.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El gas natural irrumpe en la escena energética mundial con la segunda transición energética que tuvo su detonante en la Guerra del Yom Kipur (octubre de 1973), cuando el embargo petrolero de los países árabes en contra de los aliados de Israel, llevó a estos a diversificar la matriz energética incorporando a la misma tanto al gas como el carbón, que desde entonces empezó a vivir su segunda juventud.

Y ello al tiempo que las 7 hermanas, que era como se conocían las mayores empresas petroleras en el mundo convinieron también en diversificar su portafolio de inversiones, apostándole a la industria del gas y del carbón.

Ello explica la asociación de la multinacional petrolera Texas con Ecopetrol (1974), para explorar y explotar el gas natural en Colombia, que derivó en el hallazgo del más importante yacimiento de gas en La Guajira, al tiempo que otra petrolera, la EXXON, a través de su filial INTERCOR, se asoció con Carbocol (1976) para explorar y explotar el mayor yacimiento de carbón a cielo abierto en el país, El Cerrejón.

El descubrimiento de gas natural offshore en La Guajira se dio en el momento que el país más lo necesitaba, dado que en 1975 Colombia había perdido la autosuficiencia petrolera y había pasado de ser exportador a importador neto de crudo, a precios exorbitantes cuando se les compara con los precios a los que exportó.

Juan Francisco Villarreal, por aquellas calendas presidente de Ecopetrol, acuñó la frase de que Colombia no tenía naranjas (petróleo) pero tenía limones (gas) e inspiró la estrategia de reemplazar por gas natural como combustible de las centrales térmicas de generación en la región Caribe al fueloil y las cantidades de este que se liberaron se exportó, con tanto éxito que se convirtió en el segundo renglón de exportación después del café.

Con gran visión de futuro, el ex ministro de Minas y Energía Guillermo Perry Rubio (1986–1988), planteó su política de ‘Gas para el cambio’, tendiente a masificar el consumo del gas en Colombia para distintos usos (domiciliario, vehicular, generación de energía e industrial), sustituyendo energéticos más escasos, costosos y contaminantes. De esta manera, Colombia se adelantó a la Transición Energética, hoy en boga, que contempla al gas natural como el energético de la Transición. Lo demás es historia.

Colombia recobró su autosuficiencia petrolera diez años después, con el hallazgo de petrolero y con él gas asociado en Caño Limón primero y posteriormente con Cusiana, Cupiagua, Pautó y Volcaneras en el pie de monte llanero, que sirvieron de nuevas fuentes de gas.

Pero, como dice el adagio popular, todo lo que comienza como chorro termina goteando, máxime cuando se trata de un recurso natural no renovable, expuesto a su agotamiento.

Con la declinación de los campos de gas de La Guajira y el pie de monte llanero pasamos de un mercado de abundancia a otro de escasez y en esas estamos. En los últimos 15 años (2007–2022) las reservas de gas han caído 50%, situándose en los 2,3 TPC, que a duras penas alcanzarían para 6 años, y con ellas ha caído también la producción el 9% entre junio de 2023 y junio de este año, pasando de 1.170 MMPCD a 900 MMPCD.

Según la directora del Gestor del Mercado de Gas Natural de la Bolsa Mercantil de Colombia, se prevé que el potencial de producción caerá el 19,8% entre 2024 y 2026. Y como la demanda crecerá hacia el futuro, como sustituto del carbón y de los combustibles líquidos, para 2025 se estima un déficit del 12% (120 MMPCD) y para 2026 de 35% (350 MMPCD). Déficit que tendrá que cubrirse con importaciones.

No obstante, el negacionismo del ministro de Minas y Energía Andrés Camacho lo llevó a decir que “no es cierto que vayamos a tener escasez de gas los próximos años, no hay ninguna crisis energética y no estamos ante un riesgo inminente de desabastecimiento, razón por la cual no hay ningún traslado de costos adicionales a los usuarios”.

Por su parte, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Orlando Velandia afirmó sin pestañear que “estamos viendo es que algunos agentes están contratando más del gas que realmente necesitan. Esto deja a otros sectores, como el residencial o el parque térmico, sin posibilidad de acceder al recurso”. Es decir, que para ellos se trataba de un caso de acaparamiento y no de escasez.

Pero a poco andar se convencieron de que, como lo afirmó la presidente de Naturgas Luz Stella Murgas, “el déficit del gas natural es una realidad, no es una narrativa”, y terminaron retractándose y dando su brazo a torcer, expidiendo, a instancia del ministro, el decreto que habilita y hace posible las importaciones.

Ahora el Gobierno se ha ido al otro extremo. El presidente Gustavo Petro ha considerado como estratégico contar con otra u otras regasificadoras que convertirán “el gas natural licuado en gas listo para su distribución reduciendo la dependencia de importaciones y estabilizando el precio interno”.

Por Dios, pero de donde va a salir el gas licuado si no es de importación, para transformarlo en “gas listo para su distribución”. Y, además, será que importando gas licuado vamos a reducir la dependencia del mismo, considerado como estratégico para el sector energético y para la economía nacional.

Definitivamente, este Gobierno es tan errático como despistado, a toda hora dando señales equívocas y equivocadas al mercado.

A propósito de los mensajes oficiales, viene como anillo al dedo una frase atribuida al ex presidente de Estados Unidos Harry Truman: ¡Si no puedes convencerlos, confúndelos!

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Ecuador padece diariamente hasta diez horas de racionamiento del servicio de energía. Esa película ya la vimos, se rodó en Colombia hace 32 años, cuando sufrimos los rigores de un racionamiento que se extendió por 14 meses entre los años 1992 y 1993 (343 días, entre 9 y 10 horas de racionamiento, 15% de la demanda).

Por: AMYLKAR D. ACOSTA^*

La causa raíz de cuanto acontece en Ecuador es muy similar al caso colombiano:

1) Dependencia en 79% de la generación hídrica. (Colombia 80%).

2) Atraso en la ejecución de los proyectos de generación y transmisión debido a la estatización del sector y a la falta de espacio fiscal. (En Colombia absorbía el 45% de la deuda pública) para las inversiones requeridas.

3) De 3.000 MW de capacidad instalada de generación térmica, solo 700 MW están operativos por obsolescencia y falta de mantenimiento por falta de recursos. 

4) Las tarifas las fija el ejecutivo, sujeta a consideraciones políticas y no técnicas.

5) Entonces como ahora, la sequía sirvió de detonante del apagón ya que, parodiando a Warren Buffet, podemos decir que cuando el nivel del agua en los embalses baja es que se sabe quién venía nadando desnudo.

Como antecedente de la calamidad que significó para Colombia el apagón, es importante destacar que entre 1990 y 1991 se adelantaron varios congresos internacionales sobre la energía, en los cuales se empezó a ventilar la necesidad de una reforma del sistema eléctrico, constituyéndose el apagón en el catalizador que la hizo posible.

De allí que la expedición de las leyes de servicios públicos (142 de 1994) y eléctrica (143 de 1994), que son siameses y no se puede entender la una sin la otra, fueran su respuesta, asimilando las lecciones aprendidas del apagón.

El paso más importante ya lo había dado la Constituyente de 1991, al establecer en el artículo 365 de la nueva Constitución Política que, aunque es el Estado quien debe garantizar la prestación de los servicios públicos, que son esenciales y en consecuencia, como lo ha reiterado la Corte es un derecho fundamental para los ciudadanos, también lo pueden prestar las “comunidades organizadas o los particulares”.

Ello se tradujo en una inversión por parte de los privados de cerca de $140 billones en los últimos 30 años, aupada especialmente por los contratos de Oferta de Energía en Firme (OEF), correspondiente al Cargo por Confiabilidad.

Así fue como la capacidad instalada de generación pasó de 8 GW en 1995 a 21,3 GW en 2024, para un incremento del 266%. La cobertura pasó del 70,9% en 1990 a 98.72% en 2023. Y el número de usuarios pasó 4,4 millones 1990 a 17.7 millones en 2023.

El Estado se reservó su función reguladora, prevista en el mismo artículo 365, y la vigilancia a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la única de rango constitucional, llamada a proteger al usuario.

La Ley de servicios públicos le dio vida a las comisiones de regulación, entre ellas la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Ello le ha valido al Sistema energético colombiano una buena calificación por parte del Foro Económico Mundial (FEM) y del Consejo Mundial de Energía (WEC, por su sigla en inglés). Para el primero, Colombia ocupa el 10º lugar entre 126 países considerados por el desempeño de su arquitectura energética, y, de acuerdo con el Trilema de la WEC (seguridad, sostenibilidad y equidad), Colombia se sitúa en el puesto 35 entre 130 países evaluados.

De allí que podamos afirmar que se equivoca el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho cuando afirma que “este gobierno ha venido a enfrentar problemas estructurales de un modelo económico neoliberal. Treinta años después de este modelo de servicios públicos las empresas no le han garantizado los derechos a la gente”.

Y menos con que dizque “las empresas de servicios públicos están prácticamente expropiando los bolsillos de los colombianos”, cuando en materia tarifaria, contrariamente a los sostenido por el presidente Gustavo Petro, en el sentido de que “Colombia es el único país en América Latina que no tiene su sistema de tarifas regulado por el Estado”, es la CREG quien fija las tarifas del servicio de energía, partiendo de dos principios fundamentales: el de la suficiencia financiera de las empresas y los costos eficientes de estas (artículo 87 de la Ley 142 de 1994); es decir, las empresas no le pueden trasladar sus ineficiencias al usuario.

De modo que está fuera de lugar la declaración del ministro Camacho en el sentido de declararse “un ministro del lado de los usuarios”, al tiempo que manifestó enfáticamente que “no vamos a permitir que las tarifas sigan subiendo”, sin decir cómo ni cuándo, al tiempo que amenazó con tomar “medidas regulatorias y económicas para que no se cargue el costo del mercado a los usuarios, que es lo que viene pasando históricamente”. Se equivoca de medio a medio.

Gracias a la institucionalidad, Colombia ha podido soportar y resistir los embates del fenómeno de El Niño y se muestra como el único país en Latinoamérica que no ha tenido racionamiento en los últimos 30 años.

No obstante, hoy estamos enfrentados a un riesgo de racionamiento, pero por razones diferentes a las de antaño: la crisis financiera de las empresas comercializadoras de la energía, a causa de lo que le debe la Nación por concepto de los subsidios de energía ($2,5 billones) y por cuenta de opción tarifaria ($5 billones), la escasez de gas natural, pero sobre todo por la estrechez de la oferta de energía que le resta margen de maniobra al Sistema (no supera el 10%), en momentos en los que los embalses siguen sin recuperarse satisfactoriamente, situación que puede llegar a ser el detonante de un posible racionamiento del servicio de energía.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El sistema energético del país ha logrado resistir más de 30 años y evitar apagones por su diseño institucional y jurídico, además por ser un sector mixto que ha garantizado la prestación de la energía y el gas.

Por: JUAN ESPINAL*

El peor problema de un gobierno es no reconocer el error o la crisis. Lo que atraviesa Colombia en materia energética es una situación crítica que combina la improvisación con la ideología de extrema izquierda, generando una explosión controlada por el presidente Petro en materia energética, que está llevando al país a la pobreza energética y generando el riesgo de enfrentar en los próximos meses un posible apagón que sería fatal para la vida cotidiana de los colombianos, la competitividad, la productividad, la economía y el medio ambiente.

El sistema energético del país ha logrado resistir más de 30 años y evitar apagones por su diseño institucional y jurídico, además por ser un sector mixto que ha garantizado la prestación de la electricidad y el gas, energéticos fundamentales para los 52 millones de colombianos, la industria, el comercio y el transporte.

No se puede jugar a ser el Capitán Planeta, presidente Petro, Colombia requiere fortalecer la matriz energética con responsabilidad y decisiones técnicas.

Es vergonzoso lo que ocurrió la semana pasada, liderado por el Ministro de Minas y Energía, quien había emitido la Resolución 40444 que decretaba un racionamiento de gas natural entre el 31 de octubre al 4 de noviembre, la cual fue revocada por una circular.

Sin embargo, esta leguleyada no termina siendo el problema de fondo. Lo difícil es que algunas térmicas e industrias para evitar el racionamiento van a usar combustibles más contaminantes como el diésel y el GLP.

Es lamentable que en plena COP16 el país aumente las emisiones de gases efecto invernadero por las mezquinas decisiones del gobierno de no apostarle a la exploración y producción de gas natural. Aplaudimos que no hubo racionamiento, pero a costa de aumentar las emisiones durante esos cinco días.

No impulsar la exploración y producción de gas natural está creando un incentivo perverso para que las industrias regresen a combustibles más contaminantes y para que los colombianos quemen más leña.

Se ha demostrado que el gas natural es un energético limpio e indispensable para la vida del país. Llevar a Colombia a depender energéticamente de otro Estado es llevarnos a la pobreza energética. Solo basta analizar la situación de Ecuador, que depende de la energía que le vendemos y actualmente enfrenta apagones por la suspensión del suministro para poder garantizar la energía del consumo interno en Colombia.

De manera temporal, el acuerdo entre térmicas e industriales evitó un racionamiento en otros usuarios, pero esta no es la solución para el déficit que se avecina a partir del 1 de diciembre.

La alerta está encendida, tendremos faltante de gas natural a partir del 1 de diciembre, para el 2025 y el 2026 un déficit del 12% y el 30%, las reservas cayeron de 2.817 GPC en 2022 a 2.373 GPC en 2023, lo que representa una reducción de 17,75%.

Se avecina la pobreza energética en Colombia. Importar gas natural aumentaría el costo de la factura hasta en un 30%, el suministro para 37 millones de colombianos estaría en riesgo, en la Costa Caribe crece la incertidumbre ante la falta de acciones claras para solucionar la tarifa de energía, la intervención de Air-e es un caos, terminó siendo peor el remedio que la enfermedad, y la CREG sigue desmantelada.

Finalmente, queda demostrado una vez más que las termoeléctricas y las hidroeléctricas son fundamentales para la generación de energía, hasta hoy nos han salvado de un apagón. Y cómo no mencionar el carbón, que es indispensable para que funcionen las térmicas.

Se debe insistir en la protección de la Seguridad Energética, de las malas decisiones del presidente Petro, y evitar que nuestro país caiga en el decrecimiento económico llevándonos a la pobreza energética.

*Representante de la Cámara.

Después de haberse aprobado por el Senado de la República el Proyecto de Acto Legislativo No. 18 Senado y 437 Cámara de 2024, por medio del cual se modifican los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, atinentes al Sistema General de Participaciones (SGP), se suscitó una encendida controversia en la que ha habido más calor que luz.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Como se recordará, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 reforzó el Situado Fiscal que había creado el ex presidente Carlos Lleras Restrepo en su reforma a la Constitución en 1968, consistente en una bolsa de recursos a transferir por parte de la Nación a las entidades territoriales, con destinación específica al financiamiento de la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico.

Conscientes de que las necesidades en las regiones son crecientes y de las enormes brechas interregionales existentes, decidieron establecer una senda de crecimiento de sus recursos hasta alcanzar el 46,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN). Pero ello se vio frustrado porque se le interpusieron en el camino dos actos legislativos (el 01 de 2001 y el 04 de 2007) que reformaron la Carta, sustrayéndole a las regiones una suma cifrada en $387.953.907 millones entre los años 2002 y el 2023.

La situación se tornó más difícil para las regiones en la medida que, durante los 33 años de vigencia de la Constitución de 1991, no sólo no se ha reconocido y respetado el principio de la autonomía territorial consagrado en la Carta (artículo 287), que va más allá de la descentralización, sino que esta se ha revertido y lo que ha vivido el país durante este intervalo de tiempo ha sido una descentralización disfuncional, consistente en trasladarle funciones y competencias a las entidades territoriales, pero sin recursos, contrariando lo establecido en el artículo 356 de la misma, que dice que no se pueden delegar funciones y competencias, si al mismo tiempo no se le transfieren los recursos necesarios y suficientes para asumirlos.

Y lo que es peor, durante el período 1990 – 2022, 32 años y 8 períodos presidenciales, se aprobaron por parte del Congreso de la República, por iniciativa del ejecutivo, 18 reformas tributarias, 1 cada 18 meses, todas ellas para arbitrarle recursos a la Nación, ninguna de ellas para fortalecer los fiscos municipales y departamentales.

Ello explica que en Colombia de cada $100 que se recaudan por concepto de impuestos la Nación se queda con $89 y los restantes $11 se reparten $7 a los 1.103 municipios y distritos y sólo $4 para los 32 departamentos del país.

De manera que esta reforma del SGP que se tramita en este momento en el Congreso, además de consultar el espíritu del Constituyente de 1991, busca hacerles justicia a las regiones, se propone re-equilibrar las cargas.

Muchas de las críticas y de la oposición a este proyecto que han tenido un efecto mediático en los últimos días son infundadas. El Proyecto se propone lograr que en el transcurso de 10 años, contados a partir de 2027 hasta el 2036, las transferencias pasen desde el 23.8% de los ICN en 2023 hasta arribar al 39.5%.

Muchos han sido los reparos que se le han hecho a este proyecto, desde distintos flancos. El primero en reaccionar fue el presidente de ANIF, José Ignacio López, para quien “la propuesta actual podría comprometer la sostenibilidad fiscal y afectar el crecimiento económico del país».

Para el presidente de FEDESARROLLO, Luis Fernando Mejía, “esto implica que, incluso eliminado por completo la inversión del Gobierno Nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud”.

Y hasta la presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Astrid Martínez, le salió al paso con el argumento que “generaría una presión de gasto insostenible para el Gobierno Nacional Central… La reforma pondría en riesgo el cumplimiento de la Regla Fiscal, que es un instrumento central para la generación de confianza y estabilidad macroeconómica.”

Tales aseveraciones son tremendistas e inexactas, pues la aprobación de este proyecto per sé no tiene por qué, como lo afirma ANIF, “comprometer la sostenibilidad fiscal” ni “afectar el crecimiento económico del país”, que hoy por hoy, es anémico, sin que se pueda atribuir como un efecto anticipado de la recomposición del gasto público al que se aspira, el cual está llamado a dinamizar la economía regional y por consiguiente la economía nacional, porque Colombia jamás podrá ser competitiva hasta tanto sus regiones no lo sean.

Tampoco es cierto que de aprobarse este proyecto “no sería posible financiar un aumento de esta magnitud” como lo sostiene FEDESARROLLO; como tampoco se puede asegurar que el mismo “generaría una presión de gasto insostenible para el Gobierno Central”, como lo advierte la CARF, pues parte de la premisa que el gasto público se estaría duplicando como si con la aprobación de este proyecto la Nación siguiera asumiendo las competencias que asumirían las entidades territoriales, tal como lo prevé el texto final aprobado en su sexto debate de ocho.

Le asiste la razón al ex director del DNP, Jorge Iván González, cuando afirma que se debe “aclarar que las nuevas competencias que asumirán municipios, distritos y departamentos se reflejarán en una disminución sustantiva de las responsabilidades fiscales de la Nación.”

La definición de las nuevas competencias no se discute en el proyecto, sino que se deja para que sea la Ley la que las defina y, tal y como quedó establecido en el texto aprobado, el Acto Legislativo no entra a regir hasta tanto no sea expedida esta Ley.

Yo he sostenido que, antes de cuantificar cuáles funciones asumirían estos con los mayores recursos que percibirán, es absolutamente indispensable hacer un ejercicio consistente en cuantificar el costo para las entidades territoriales que ya le han sido trasladadas pero, como lo señalé, sin recursos, para que sea tenido en cuenta a la hora de hacer las sumas y las restas.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Tres factores adversos están gravitando sobre el sector energético, tornando cada vez más inminente el riesgo de un racionamiento de energía.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

El negacionismo de la crisis energética por parte del ministro de Minas y Energía Andrés Camacho lo ha llevado a incurrir en contradicciones, bandazos e incoherencias que lejos de contribuir a disipar el riesgo de un inminente racionamiento de energía, como lo han alertado el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, la firma XM, que es la que opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y los gremios que representan tanto a los generadores como a los operadores de red, lo está exacerbando.

Errado y errático, mientras afirma que “en este momento no tenemos ningún riesgo de ese tipo”, participó de la decisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) el 28 de septiembre cuando cambió el “estado del Sistema Nacional de Despacho y el Consejo Nacional de Operación de vigilancia a riesgo”, previendo una condición de mayor riesgo futuro del suministro del fluido eléctrico.

Adicionalmente, al acercarse el agregado del nivel de los 24 embalses que le sirven a la hidroeléctricas a la senda de referencia establecido por la CREG, se activó el Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento definido mediante la Resolución CREG 026 de 2014, en un desesperado intento de conjurarlo.

Ambas medidas demandan, como ya lo había recomendado XM al prender las alarmas, “mayor generación térmica o un menor consumo de energía, de forma tal que los embalses alcancen la senda de referencia”.

Y aquí saltó la liebre, pues el país se enfrenta a una escasez de gas, también negada por el ministro Camacho, quien no dudó en afirmar que ”no es cierto que vayamos a tener escasez de gas los próximo años, no hay ninguna crisis energética y no estamos ante un riesgo inminente de desabastecimiento, razón por la cual no hay ningún traslado de costos adicionales a los usuarios”.

Lo secundó el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos Orlando Velandia, quien sostuvo sin inmutarse que lo que “estamos viendo es que algunos agentes están contratando más del gas que realmente necesitan. Esto deja a otros sectores, como el residencial o el parque térmico, sin posibilidad de acceder al recurso”.

Para ellos, entonces, no hay tal escasez de gas natural, pues lo que se viene dando es un fenómeno de acaparamiento, por ello se atrevió a decir que la misma se puede sortear apelando a una “vaca de gas” entre los diferentes agentes para suplir las importaciones de gas para las térmicas.

Pero los hechos son tozudos. El parque térmico de generación se ha visto precisado a ampliar su operación hasta los 90 gigavatios por día, para suplir la energía que están dejando de generar las hidroeléctricas, Ecopetrol comunicó que “debido a la intensa sequía que vienen afrontando algunas regiones del país, se vio en la necesidad de suspender el suministro de gas natural a un grupo de empresas, para destinarlo a la generación de energía eléctrica a través de plantas térmicas”, que ya participan con más del 35% de la demanda atendida por el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Y fue más lejos en sus declaraciones el presidente de Ecopetrol, quien a través de un comunicado emitido el 23 de agosto planteó que “ante el déficit de gas debemos contemplar la posibilidad de sustituir el gas natural por combustibles líquidos”, que son derivados del petróleo, que tanto abomina el Gobierno Nacional, al punto de pedirle el presidente Petro al presidente de Ecopetrol que se olvide de él y añadió además que “el gas podría subir entre un 10% y 12%”.

A todas esas, sigue sin encontrar respuesta por parte del Gobierno Nacional la gran crisis financiera que afrontan las empresas, por cuenta de la deuda que tiene con ellas que supera los $2,5 billones correspondiente a los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 que ya han sido otorgados hasta el cierre de septiembre.

Y, como afirma el presidente de ANDESCO, Camilo Sánchez, “esto se suma a los saldos de la opción tarifaria de cerca de $4 billones”. Esta difícil y compleja situación, que afecta la liquidez y el flujo de caja de las empresas fue la que llevó al Contralor General Carlos Hernán Rodríguez a alertar sobre el riesgo de un racionamiento de la prestación del servicio de energía.

Por su parte el ministro Camacho, bien orondo, se limita a decir que “hemos cumplido como cartera con nuestras responsabilidades frente a los subsidios emitiendo las resoluciones para que el Ministerio de Hacienda gire los recursos”, mientras el titular de esta cartera, que es parte del mismo Gobierno, en respuesta a los gremios del sector que lanzaron un S.O.S, requiriéndole urgentemente el giro de los subsidios, se pronunció en el sentido que “hay un problema de restricción de caja” para hacerlo.

En síntesis, tres factores adversos están gravitando sobre el sector energético, tornando cada vez más inminente el riesgo de un racionamiento de energía: la reducción de la generación hídrica de energía debido al crítico nivel de los embalses, la consecuente mayor generación de energía térmica para suplirla en momentos en los que el gas natural escasea y, de remate, las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía afrontan una gran estrechez de los recursos para operar.

Mientras tanto, el ministro Camacho lo atribuye todo a una “narrativa” tendiente a subir aún más las tarifas de energía y así “garantizar mejores rentas y un comportamiento del mercado que asegure mayores ganancias para algunos agentes”.

Así las cosas, la inacción y la negligencia del ministro nos puede conducir, como inexorable desenlace, a un racionamiento de energía.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La seguridad física de un Estado es esencial para garantizar el orden público y la protección de los ciudadanos. Pero igual de crucial es asegurar la estabilidad energética, que brinda tranquilidad a los hogares colombianos y sustenta la economía.

Por: JUAN ESPINAL*

Hace treinta y dos años nuestro país sufrió un apagón que trajo consigo enormes pérdidas económicas. Millones de ciudadanos no tienen idea de lo que significó enfrentar aquel caos: restricciones en la educación, fallas en los servicios de salud y serios obstáculos para la producción industrial.

En Bogotá el apagón llegó a durar 9 horas diarias; en la costa Caribe, 10, y en San Andrés, hasta 18 horas. Fue un golpe devastador al progreso y bienestar de la sociedad.

Hoy, enfrentamos una nueva crisis energética, esta vez fruto de las pésimas decisiones del gobierno de Gustavo Petro.

El debilitamiento de nuestra matriz energética podría pasarnos factura en los próximos dos o tres años. La inseguridad jurídica, producto de la inestabilidad institucional de la CREG, la suspensión de 32 contratos, y la falta de nuevos acuerdos de hidrocarburos han reducido la oferta de gas y petróleo, de los cuales solo tenemos reservas probadas para los próximos 6,2 y 7 años, respectivamente.

Además, el ataque directo a los generadores de energía agrava la situación. Es lamentable que, cuando ya éramos un modelo de estabilidad energética en la región y a nivel global, estemos retrocediendo.

A pesar de todo, esta semana se anunció una buena noticia: el descubrimiento de la reserva de gas Sirius (antes Uchuva), que podría abastecernos durante 20 años. Este proyecto costa afuera fue impulsado en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, cuando en 2003 se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y en 2006 se adjudicó el Bloque Tayrona a Exxon. El campo ha sido desarrollado en alianza con Ecopetrol y otras compañías privadas.

En 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se perforó el pozo exploratorio de Uchuva-1, y en el de Iván Duque se confirmó la existencia de esta gran reserva, que ahora anuncia el gobierno de Petro. Sin embargo, en lugar de celebrar este logro, Petro lo condenó, sugiriendo que Ecopetrol debería enfocarse en la inteligencia artificial, aunque hace unos meses decía que debía concentrarse en proyectos solares y eólicos.

No todo es tan positivo como lo pinta el presidente de Ecopetrol. Aún quedan en el aire temas como la Consulta Previa, asuntos ambientales y el transporte del gas al complejo de Ballena para su distribución en el país.

Además, el gas de Sirius no estará disponible antes de 2029, lo que significa que tendremos que importar gas para asegurar el suministro de los 37 millones de colombianos que dependen de este recurso. Esto, inevitablemente, elevará las tarifas en un 28%, afectando especialmente a los estratos 1, 2 y 3.

Es evidente la ruptura institucional. No hay coordinación entre el Ministerio de Minas, Ecopetrol y la ANH. Pero quien sí está tomando decisiones –aunque erróneas– es la ministra de Ambiente, que detuvo, de manera abrupta y bajo argumentos ideológicos, la licencia ambiental del proyecto Kómodo 1.

La crisis no espera. Si el gobierno no actúa con rapidez y de forma técnica, nos enfrentaremos a un desabastecimiento crítico de gas, sumado a la crisis eléctrica, que nos obliga a depender cada vez más de las termoeléctricas, cuya producción ha pasado de 80 a 100 gigavatios para aliviar la presión sobre las hidroeléctricas.

En resumen, lo único que nos queda es resistir. Han pasado 26 meses desde que inició este gobierno “del cambio”, pero el cambio ha sido en reversa. Quedan 22 meses para que termine esta “horrible noche”.

El 7 de agosto de 2026, el nuevo presidente tendrá que tomar decisiones audaces para recuperar la estabilidad del sector minero-energético y avanzar hacia una transición energética de la mano de la seguridad energética.

*Representante de la Cámara.

Todos los países signatarios del Acuerdo de París contrajeron el compromiso de reducir sus emisiones en un porcentaje, en el caso de Colombia en un 51%, hacia 2030, considerado la meta volante para alcanzar la carbono-neutralidad en 2050.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Luego de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) en 2015 y la firma del Acuerdo de París, el petróleo quedó en el lado equivocado de la historia, dado que su consumo y el de sus derivados constituyen la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del cambio climático.

Con razón, la ex secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Christiana Figueres, sentenció: “hay que agradecerles a los hidrocarburos por lo que han hecho de la economía de Colombia, porque este país no sería lo que es si no fuera por la exportación de carbón y petróleo. Por esta razón no se pueden meter dentro de la cajita de los diablos y satanizarlos. Sin embargo, llegó la hora de reconocer que es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que, prudentemente buscarle alternativas rápidas”. No cabe, entonces, la menor duda de que los hidrocarburos tendrán menos futuro que pasado.

Todos los países signatarios del Acuerdo de París contrajeron el compromiso de reducir sus emisiones en un porcentaje, en el caso de Colombia en un 51%, hacia el 2030, considerado como la meta volante para alcanzar la carbono-neutralidad en 2050.

Pero la COP 26 tuvo el cuidado de establecer que la responsabilidad adquirida por cada país, aunque es común es diferenciada. Y tal como quedó consignado en la Declaración final de la COP 28, que tuvo lugar el año anterior en Dubai, se le pide a las partes que contribuyan “con una lista de acciones climáticas, de acuerdo con sus circunstancias nacionales” y “acelerar la transición energética sostenible, asequible y inclusiva, teniendo en cuenta los diferentes puntos de partida, circunstancias y vías nacionales”. Esto, para significar que cada país se debe dar su propia hoja de ruta para la Transición Energética.

No obstante, el actual gobierno de Gustavo Petro se ha dejado llevar por el voluntarismo renunciando prematuramente a los hidrocarburos, dándole la espalda, cuando el resto del mundo se limita a tomar distancia.

Tanto la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez como el ministro actual Andrés Camacho han sido categóricos y reiterativos al afirmar que durante este cuatrienio no se firmarán nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos.

En la COP 28, el presidente Petro fue más lejos aún, al firmar el Tratado de no Proliferación de Combustibles Fósiles, paso en falso que compromete a Colombia no sólo a no firmar nuevos contratos sino a frenar en seco tanto la actividad exploratoria como la producción de hidrocarburos. El Tratado dispone, según lo remarcó el mismo presidente Petro, “cero exploración nueva y cero proyecto de explotación nueva en el mundo”.

Declaraciones como estas han desalentado la actividad de las empresas petroleras en Colombia. Según la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petrolero, Gas y Energía (CAMPETROL), en 2023 se perforaron sólo 51 pozos exploratorios, representando una caída del 45,2% con relación a los 93 perforados en 2022.

También se vio afectado el número de pozos en desarrollo, los cuales cayeron 9,1%, al alcanzar no más de 597 pozos en 2023. Así mismo se contrajo la actividad sísmica 2D equivalente, limitándose a los 1.367 kilómetros, 28,2% menos que el año anterior. Finalmente, en diciembre de 2023 se reportaron, en todo el territorio nacional, 117 taladros activos en total, para una disminución del 23,5% respecto al mismo mes de 2022.

Mientras tanto, lo que denotan los registros en el resto del mundo es una febril actividad de las empresas petroleras. La Agencia Internacional de Energía (AIE) afirma que en 2022 la producción mundial de crudo se incrementó el 5,4%, superando la tasa de crecimiento de 1,6% en 2021 y la media del intervalo 2010 – 2019 de la prepandemia, de 1,3%, jalonada por la reactivación de la economía global y en un contexto de ajuste progresivo de la oferta de crudo por parte de la OPEP+.

Y según su más reciente pronóstico, la oferta de crudo subirá 1,5 millones de barriles al día hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de 103,5 MMBD en 2024, después de los 102 MMBD en 2023.

A ello contribuirán el récord de producción de EEUU, que supera la de Arabia Saudita, ubicándose en el primer lugar entre los productores; Brasil, que tiene entre sus planes pasar de producir 3,7 MMBD actualmente a 5,4 MMBD en 2028, para convertirse en el cuarto productor mundial de crudo; Canadá, y la revelación en la que se ha convertido Guyana, que ya produce 600.000 barriles y a poco andar, alcanzará la producción de 1 MMBD.

Dicho de otra manera, el petróleo que deje de producir Colombia no le hará falta al mundo y como lo afirmó Sergio Cabrales, experto de la Universidad de Los Andes, “dejar de firmar nuevos contratos de exploración y producción no tiene ningún efecto en la reducción de CO2 a nivel global”, como lo cree el Gobierno pensando con el deseo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.