Categoría: Opinión

El pago de la deuda de la Opción Tarifaria nunca debió recaer sobre los usuarios del servicio de energía.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

La Opción Tarifaria nunca se ha debido cobrar a los usuarios del servicio de energía y paso a explicar por qué. Si bien su aplicación era una posibilidad para sortear la dificultad por parte de ellos de asumir las alzas en las tarifas en momentos en que la pandemia de la COVID – 19 los agobiaba, ellos han debido recibir el mismo trato que se les dio por las mismas circunstancias a las empresas y a los empresarios. El Gobierno Duque aplicó un doble rasero, favoreciendo a estos y clavando, inexplicablemente, con la clavija de la Opción Tarifaria a aquellos.

Veamos. El 6 de febrero de 2020 se expidió la Resolución CREG 012, mediante la cual se dispuso que la Opción Tarifaria, que no era cosa distinta que se suspendía transitoriamente el cobro de las alzas tarifarias y por lo tanto se aplazaba su pago por parte de los usuarios. Estos deberían pagarla posteriormente en “módicas cuotas” hasta saldar la deuda, sobre la cual además deberían pagar todos los usuarios del servicio que recibieron este “beneficio”, que a la postre no lo fue. Esta deuda fue in crescendo hasta superar los $5 billones. 

A lo usuarios nunca se les explicó este mecanismo y asumieron que se habían congelado las tarifas de energía, no sabiendo que se les estaba suspendiendo y no condonando el pago. Y así les quedó allí esa deuda no declarada con las empresas prestadoras del servicio. Y como no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague, cuando estas empezaron a cobrarla en las facturas vino el crujir de dientes.

En contraste, el presidente Iván Duque, mediante el Decreto 417 de 2020, ordenó girarle a las empresas la suma de $10.38 billones, dos veces el monto de la deuda por la Opción Tarifaria, como “apoyo del pago de la nómina” y el “pago de la prima de servicios”.

Esa medida tuvo un objetivo loable y justificado, como fue “la protección del empleo y a la actividad económica”. No hay que negarlo. Pero a nadie en el Gobierno se le ocurrió que las empresas, una vez superada la crisis que dio lugar a esta ayuda por parte del Estado, les reintegraran dichos recursos.

Por qué, en cambio, no se le dio el mismo tratamiento a los usuarios del servicio de energía. El pago de la deuda de la Opción Tarifaria nunca debió recaer sobre los usuarios del servicio, los recursos para su pago a las empresas comercializadoras han debido salir de donde salieron los que el Estado les transfirió a las empresas, del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). No hay derecho.

Este giro se hizo “con cargo a los recursos del FOME”, que son recursos públicos, creado mediante el Decreto Legislativo 444 de 2020 y cuya principal fuente de financiación ($14,8 billones) fue el Sistema General de Regalías (SGR).

Aquí hago una digresión para llamar la atención de los gobernadores y alcaldes, porque en el artículo 332 de la Ley 2294 del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026”, se dejó en claro que “los derechos y obligaciones a cargo del FOME que sean exigibles a la fecha de su liquidación serán asumidas por la Nación”. De manera que allí están los “derechos y obligaciones a cargo del FOME… asumidas por la Nación”, que son exigibles por parte de ellos, a quienes bastante falta le hacen estos recursos para su inversión.

Ahora que se anunció por parte del gestor interventor de AIR – E la suspensión del cobro de la deuda por concepto de la Opción Tarifaria, en momentos en los que los usuarios han pagado las dos terceras partes de la misma, bueno es aclarar que, al igual que sucedió en 2020 con esa medida, no se está exonerando al usuario del pago de la Opción Tarifaria ni se la están condonando. Esa deuda es como si fuera un nudo corredizo, que le sigue apretando el cuello al usuario, que la tendrá que pagar más temprano que tarde, porque, como dice el adagio popular, no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague.

Es de anotar que a los $265 menos por KWh en la factura de octubre a diciembre, por cuenta de la suspensión del cobro de la Opción tarifaria, hay que añadir los $105 menos por KWh que, desde abril se redujo en el cargo por pérdidas reconocidas (PR) en la fórmula tarifaria, dejando de cobrar las pérdidas no técnicas, por una disposición regulatoria que aplica ante el incumplimiento de las inversiones a las que estaba obligada la empresa Air – e. Ello no lo ha notado el usuario porque al tiempo que se le redujo a la mitad el cargo por pérdidas reconocidas se hacía sentir la carga de la Opción Tarifaria.

Ahora que el presidente Petro acaba de anunciar que terminará la “cláusula que traslada pérdidas por falta de pago a usuarios que sí pagan”, esa determinación sólo cobijaría a los 1,7 millones de usuarios de AFINIA, porque como ya quedó dicho se dejó de aplicar a los de AIR – E.

De todos modos, les toca esperar porque, como viene sucediendo con el compromiso contraído desde mayo por parte del presidente Petro de asumir la deuda por concepto de la Opción Tarifaria de los estratos 1, 2 y 3, ello todavía está en veremos. Dicho de otra manera, del dicho al hecho hay mucho trecho

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El caso de Air–e es apenas la punta del iceberg, porque su insolvencia y la falta de flujo de caja que la llevaron a esta medida extrema, es la misma que, en mayor o menos medida, afecta a las restantes empresas prestadoras del servicio.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

XM, que administra el mercado mayorista de energía, alertó, a través de un comunicado emitido el 4 de octubre de 2023, sobre el riesgo financiero en el que estaban incursas 12 empresas operadoras de red, sobre todo aquellas con mayor exposición en Bolsa, que podía extenderse a 15 agentes más.

Una de las empresas afectadas era Air-e, la cual le comunicó el 10 de octubre a los generadores con los que contrataba la energía su imposibilidad de cumplir con sus pagos debido a su insolvencia, situación que la habría llevado a que se aplicara la normativa de la limitación de suministro.

A solicitud de la empresa Air–e, que presta el servicio de energía en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, la Superintendencia de Servicios Públicos la intervino, procediendo a tomar posesión de la misma y nombrando el agente interventor que a partir de la fecha asumió su administración.

Esta intervención se veía venir, lo había advertido el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, al encender las alarmas ante el riesgo que representa para la continuidad de la prestación del servicio de energía, el “retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda”.

Según ASOCODIS, la deuda pendiente por concepto de la opción tarifaria, que se aproxima a los $5 billones, y las dificultades para cubrirla, pese al compromiso contraído por el presidente Gustavo Petro de asumir la que corresponde a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, aproximadamente $2,8 billones, pues su concreción está dependiendo de la aprobación por parte del Congreso del controvertido proyecto de ley de financiamiento.

De otra parte, el Gobierno les adeuda a las empresas distribuidoras $1,5 billones correspondientes al reintegro de los subsidios ya aplicados, con el agravante que no se cuenta en el Presupuesto General de la Nación con la apropiación que permita el pago de los subsidios causados en los últimos 4 meses del año, por un valor de $1,2 billones más.

El caso de Air–e es apenas la punta del iceberg, porque su insolvencia y la falta de flujo de caja que la llevaron a esta medida extrema, es la misma que, en mayor o menos medida, afecta a las restantes empresas prestadoras del servicio.

De hecho, el dueño de AFINIA, la otra empresa que presta el servicio en la región Caribe a los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, que son las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez le están pidiendo pista al Gobierno.

Según la afirmación del alcalde, “hay que encontrar una salida, inclusive si la salida es decirle al gobierno Nacional que adquiera 100% de las acciones que tiene EPM en AFINIA”.

Lo advierte el Intergremial del sector, del cual hacen parte ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS y SER COLOMBIA, en un comunicado: “Es fundamental mitigar el riesgo de un efecto en cadena que pueda generar una crisis sistémica en el sector”.

Queda en manos del Gobierno y será su responsabilidad la de garantizar la prestación del servicio con eficiencia, calidad, continuidad y solidaridad, tal como lo mandan las denostadas Ley de servicios públicos y la Ley eléctrica.

El primer reto que tendrá el agente interventor será solventar la empresa para que esta tenga la liquidez necesaria y suficiente para comprar la energía que Air-e distribuye, para lo cual el Ministerio de Hacienda deberá garantizarle el flujo de caja.

Y para ello es fundamental que la Superintendencia, a través del Fondo Empresarial, le gire lo que le adeuda por concepto del reintegro del valor de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, así como la concreción del crédito puente de FINDETER para fondear la empresa y así evitar que la empresa incurra en limitación de suministro, afectando la calidad y continuidad en la prestación del servicio.

No obstante, mientras la asunción por parte del Gobierno Nacional sigue en veremos, el ministro Camacho declaró ante los medios que “hemos liquidado todos los subsidios para que los hogares cuenten con ellos”, pero a reglón seguido manifestó que “estamos a la espera de que el Ministerio de Hacienda realice el giro correspondiente”.

Pero resulta que la liquidación de los subsidios, a que hace alusión el ministro, no le da liquidez a las empresas sino el giro de parte del Ministerio de Hacienda que aún no lo hace.

A propósito de los subsidios, Camacho afirmó en forma contundente que, “además de garantizar los subsidios convencionales, nuestra intención es que estos recursos sirvan como una palanca para la transición energética. Así como existen subsidios en vivienda, también existen en energía y la idea es que los hogares puedan utilizarlos, por ejemplo, en la instalación de paneles solares y sistemas fotovoltaicos”.

Huelga decir que para que ello fuere posible tendría que reformarse la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, que a la letra dice en su artículo 99.3 que el subsidio al servicio de energía consiste en un “descuento en el valor de la factura” y no una transferencia monetaria, como si lo es la Renta ciudadana implementada por el actual Gobierno

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

A los líos de las altas tarifas de la energía eléctrica, el alza inmoderada de las mismas y la incapacidad del gobierno para dar respuesta al clamor de los usuarios para contenerla, se suman el estrés al que está sometido el Sistema eléctrico del país debido al atraso y al abandono de importantes proyectos tanto de generación como de transmisión, y el amago de un eventual racionamiento y/o limitación de suministro por un inminente apagón financiero de las empresas prestadoras del servicio.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Ya había alertado el año pasado la empresa XM, que es la encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional y de administrar el mercado mayorista, del riesgo de un efecto dominó debido a la insolvencia a la que estaban abocadas las empresas comercializadoras debido al efecto combinado de la deuda contraída por los usuarios por cuenta de la opción tarifaria, que ya bordeaba los $5 billones, y los atrasos del Gobierno nacional en girarle el valor de los subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3.

Si bien parte de la deuda por concepto de la opción tarifaria está en vía de solución, la que corresponde a los estratos 1, 2 y 3, cuyo monto está alrededor de $2,8 billones, al tomar la decisión el presidente Gustavo Petro de asumirla la Nación, la cual está dependiendo ahora de su aprobación por parte del Congreso de la República. Mientras tanto y con el fin de trasladarle de manera inmediata ese beneficio a los usuarios, la CREG expidió para comentarios la Resolución 701 063 del 29 de agosto, al tiempo que amplió el cupo para un crédito puente en FINDETER a las empresas con el fin de que estas no se ven abocadas a dificultades de flujo de caja.

Pero ahora, una vez más, las empresas prestadoras del servicio de energía y el gremio que las representa, ASOCODIS, han puesto el grito en el cielo por el flagrante incumplimiento con el reintegro del valor de los subsidios que las empresas vienen aplicando a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Ello está poniendo en riesgo la estabilidad financiera de las mismas.

Históricamente, siempre se ha presentado un rezago en los giros por parte del Ministerio de Hacienda. En promedio, el monto de los subsidios anualmente es del orden de los $6,8 billones, de los cuales $2,8 billones corresponden a la contribución del 20% que se aplica a la factura de los estratos 5 y 6. Es decir, se trata de una suma de $600.000 millones mensuales, de los cuales debe girar la Nación $340.000 millones.

Aunque no está en riesgo el reconocimiento del subsidio que reciben los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, sí está en riesgo la solvencia de las empresas, enfrentadas en este momento a un estrés financiero, ya que al corte de agosto están pendientes del pago por parte del Gobierno Nacional $1,3 billones por subsidios ya otorgados por ellas.

Según el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (ASOCODIS). José Camilo Manzur, “adicionalmente el presupuesto del 2024 y del 2025 estaría deficitarios en subsidios por $2 billones”.

ASOCODIS dejó claro que “las empresas comercializadoras no pueden seguir financiando esos saldos pendientes que tienen con ellas, incluyendo los subsidios. De hacerlo no tendrán cómo financiar las labores y trabajos necesarios para seguir prestando un buen servicio a los colombianos e inclusono tendrán cómo pagar sus obligaciones con la compra de energía”, lo que podría llevar a un riesgo sistémico.

Ello podría repercutir próximamente en una limitación de suministro por parte de las empresas generadoras.

Aunque está vigente la Resolución 40359 del 30 de agosto, que expidió el Ministerio de Minas y Energía, que tiene por objeto prorrogar la duración de la aplicación de la Resolución 40307 de 2024, que tiene efectos suspensivos del procedimiento de limitación de suministro, sólo rige hasta el 30 de septiembre o hasta “cuando la CREG expida la regulación que permita prevenir los efectos” de su aplicación.

Según ASOCODIS, en las empresas más pequeñas, los flujos positivos que tienen a nivel anual a veces son menores que las cifras del déficit de subsidio. Tienen que hacer un esfuerzo enorme e, incluso, muchas de esas empresas son estatales”.

Tal situación llevó al Contralor General Carlos Hernán Rodríguez a encender las alarmas ante el riesgo que representa para la continuidad de la prestación del servicio de energía, el “retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda”.

Y advierte, además, que “esta situación puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada)”. Tanto más en cuanto que “la sostenibilidad del servicio depende de la solución a estos aspectos críticos”.

Así mismo, se advirtió que la falta de disponibilidad y pago de subsidios por parte de los Fondos puede poner gravemente en riesgo la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Y fue más lejos el Contralor cuando aseveró en su comunicado, que “contribuye a ese estado de cosas la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de la opción tarifaria, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos. Otro factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía.

El riesgo, entonces, es inminente, ello se colige del pronunciamiento del Contralor General.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Resulta inexplicable e insólito que teniendo a la CREG con su poder regulatorio, hayamos tenido que esperar dos años para que actúe, debido a su inoperancia e interinidad, a la falta de quorum, por el empecinamiento del Gobierno de no nombrar en propiedad a los expertos comisionados.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Despertó gran expectativa el anuncio del presidente Gustavo Petro, desde San Basilio del Palenque, el pasado 23 de agosto, sobre “lo que va a suceder con las tarifas de energía eléctrica”.

Pero, cuál sería nuestra sorpresa cuando pudimos constatar que en su intervención no fue más allá de lo que ha venido manifestando, atribuyéndole las altas tarifas y las desproporcionadas alzas de las mismas al hecho de que “unas pocas empresas en manos de unos pocos pueden fijar precios que benefician sus propios intereses y no los de la gente”.

Sin mencionar la fuente, arremetió contra las empresas generadoras de energía y afirmó que a los generadores les cuesta el kilovatio $1.000 y lo “puede vender, digamos a $5.000, entonces se gana $4.000”. Con razón en días pasados, espetó en una declaración a los medios que “Pablo Escobar palidecería de la rentabilidad de ese negocio”. Nos quedamos sin saber “lo que va a suceder con las tarifas de energía eléctrica”.

Pero lo que causó más asombro entre los entendidos fue su afirmación, en medio de su confusión entre los costos, los precios y las tarifas de la energía, en el sentido que “Colombia es el único país de Latinoamérica en donde el Estado no regula el costo de la energía”.

Lo cierto es que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos lo pueden prestar “el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares” y enfatiza en que “el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia”. Este precepto fue desarrollado por la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, creando las comisiones de regulación para tal efecto.

De no existir la regulación en Colombia, no se entendería la Resolución 701 063 que acaba de expedir la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), fechada el 29 de agosto, “por la cual se adoptan ajustes regulatorios para la reducción de las tarifas de energía eléctrica para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del SIN”. Y la expidió “en ejercicio de las atribuciones legales” conferidas por la Ley.

La Resolución tiene como objetivo fundamental regular el traslado de los beneficios a los usuarios, resultantes de la financiación para el pago de los saldos de opción tarifaria e incentivar la renegociación de los contratos bilaterales de energía con destino al mercado regulado.

De esta manera, se habilita el acceso de las empresas comercializadoras a recursos de crédito con tasa de interés compensada dispuesta por FINDETER. Se trata de que se ajuste la fórmula tarifaria de tal suerte que esta refleje tal beneficio y se ajusta también la tasa de interés para aplicable.

Pero, como la Nación debe honrar su compromiso de asumir la deuda de la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3, que asciende a los $2,8 billones aproximadamente, se deberán dar los pasos conducentes al reintegro de dicho monto a las comercializadoras, para que estas dejen de cobrársela al usuario.

Como lo ha anunciado el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el Gobierno presentará próximamente al Congreso para su aprobación el proyecto que lo faculte para que disponiendo del recurso apropiado se le pueda condonar la deuda con FINDETER que están contrayendo las comercializadoras.

Con respecto a la renegociación de los contratos bilaterales de energía, esta es de carácter voluntario ya que se “buscará” su modificación en procura de una rebaja del precio pactado y hasta ahora solo 3 generadores (EEPPP, ISAGEN y CELCIA) han mostrado su disposición a un descuento temporal del 10%, el cual deberá aplicársele  el 35% que representa el cargo por generación (G) en la fórmula tarifaria (CU = G+T+D+C+PR+R), razón por la cual su impacto en la tarifa al usuario final será muy limitado.

Esta medida reedita la que dio lugar en 2022 al decepcionante Pacto por la Justicia Tarifaria, el cual se tradujo en una pírrica baja del 2,8% frente a un alza promedio a nivel nacional del 24%, y en la región Caribe por encima del 40%.

Otro aspecto que contempla esta Resolución es el atinente al indexador que se aplica en los contratos entre generadores y comercializadores, que en el pasado contribuyó y de qué manera a la espiral alcista de las tarifas, toda vez que el Índice de Precios al Productor (IPP), que era el utilizado, se disparó pasando de 4,7% entre 2018 y 2019 al 33,25% en 2022. Se trata, entonces, de llegar a una fórmula intermedia para su redefinición, la cual, según reza la Resolución “podrá” ser usada en lo sucesivo.

En plata blanca, con esta Resolución lo único seguro sería la rebaja atribuible a lo que paga el usuario por concepto de la deuda de la opción tarifaria, que oscila entre el 5% y el 20%. Ello, frente a un incremento del 32% de la tarifa entre junio de 2023 y junio de 2024. Lo demás está condicionado al “podrá” del indexador y el acuerdo entre las partes (distribuidoras y generadoras), que es voluntario. 

Finalmente, resulta inexplicable e insólito que teniendo a la CREG con su poder regulatorio, hayamos tenido que esperar dos años para que ella actúe, debido a su inoperancia e interinidad, a la falta de quorum, por el empecinamiento del Gobierno de no nombrar en propiedad a los seis expertos comisionados, a pesar de los requerimientos de la Procuraduría y la orden impartida por el Consejo de Estado y el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, en donde cursa en este momento un incidente de desacato contra el presidente de la República y el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho.  

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El primer impacto del veto a las exportaciones de carbón a Israel se sentirá en la balanza de comercio y el ingreso de divisas al país, que se verán menoscabadas en 500 millones de dólares.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El presidente Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas de Colombia con el Estado de Israel el pasado 2 de mayo. Lo que precipitó esta medida fue el desacato por parte del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pidió un cese del fuego. “Vamos a suspender las exportaciones de carbón a Israel hasta que detenga el genocidio”, espetó Petro el 8 de junio a través de su cuenta de X.

A renglón seguido expidió el proyecto de Decreto para comentarios “por el cual se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel”, el cual cobró vigencia el pasado 14 de agosto con el número 1047.

Entre las consideraciones se aducen como razones justificativas que “la República de Colombia considera que las operaciones militares en contra del pueblo palestino representan un quebrantamiento a la paz y seguridad internacional».

Se advierte que esta medida se mantendrá en vigor “hasta que se cumplan a cabalidad las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia, en el proceso de aplicación de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio en la franja de Gaza”.

El presidente Petro expidió este Decreto sin modificación alguna, pese a las observaciones que le hizo el Procurador delegado con funciones para asuntos ambientales, minero-energéticos y agrarios Gustavo Adolfo Guerrero el 17 de junio, las cuales fueron desoídas y desestimadas. Advierte él “sobre la posible configuración de un riesgo de daño antijurídico, por adolecer el acto administrativo que se pretende expedir de posible ausencia o falsa motivación. Los argumentos expuestos no están acordes con la realidad fáctica y probatoria”, acotó.

Por su parte el Contralor General arguyó que, según lo dispone el Código Minero, “el concesionario dispondrá libremente el destino de los minerales explotados y establecerá las condiciones de su enajenación y comercialización”. Y enfatizó en que “el proyecto de Decreto causa inseguridad jurídica y un desincentivo a la inversión extranjera”.

Obviamente, el primer impacto de este veto a las exportaciones a Israel se sentirá en la balanza de comercio y el ingreso de divisas al país, que se verán menoscabadas en 500 millones de dólares.

Pero también se verán afectados los ingresos del Estado, pues se dejarán de recibir $650.000 millones/año, entre impuesto a la renta recaudado por la Nación y las regalías que reciben los departamentos de Cesar y La Guajira, que verán reducidos sus ingresos en $100.000 millones por concepto de regalías.

Y ello se da en momentos en los que las afugias fiscales del Gobierno son mayores, debiendo recortar el Presupuesto en $20 billones y se apresta a presentar un proyecto de ley de financiamiento por valor de $12 billones. Cabe aquí la expresión bíblica, cuando Cristo reprendió a Pedro: como estamos y tú cortando orejas.

Es preciso aclarar que el carbón colombiano que se exporta a Israel es solo térmico, el cual es usado para la generación de energía, no es metalúrgico, que es el que se utiliza en la industria militar. Por tanto, está fuera de lugar afirmar, para justificar esta absurda medida, como lo hizo el presidente Petro, que con el carbón extraído de las entrañas del territorio colombiano “se hacen bombas para matar los niños de Palestina”. 

No es el caso del petróleo, que sirve de combustible para alimentar la agresión israelí al pueblo palestino y por ello esta vez, como ocurrió en 1973, a raíz de la guerra del Yom Kipur, cuando la OPEP decretó un embargo petrolero como arma de guerra, con magros resultados, varios países que le proveen petróleo a Israel están contemplando apelar a ello para boicotearlo. 

De otra parte, es de anotar que tanto GLENCOR como DRUMOND son multinacionales que operan no solo en Colombia y son ellas las que le proveen el carbón a Israel, no Colombia como Estado, de manera que si se les impide suministrarlo desde Colombia lo harán desde los otros países en donde operan (Australia, India, Indonesia, incluso los EEUU), que son nuestros competidores.

Israel no se va a ver afectada, no va a dejar de recibir el carbón que requiere, no se va a apagar por cuenta de la decisión del presidente Petro. Esta medida, en suma, resulta inane frente a los intereses de Israel.

Esta decisión es abiertamente violatoria del TLC firmado entre Colombia e Israel, que entró en vigor en 2020, del TLC suscrito en 2006 con EEUU, domicilio principal de DRUMOND, así como del Acuerdo de Protección a la Inversión, firmado en 2009 entre Colombia y Suiza, domicilio de GLENCOR.

Con ello se ha sentado un pésimo precedente, pues los tratados y los acuerdos son para cumplirlos y su incumplimiento acarrea consecuencias. Colombia puede ser objeto de sanciones comerciales y retaliaciones por parte de los países afectados por su transgresión y de contera con ello se afecta la seguridad jurídica y la confianza inversionista, en momentos en los que el país más los requiere para el impulso y la reactivación de la economía colombiana. Huelga decir que la política exterior debe responder a una política de Estado y no a una política de gobierno.

Colombia, entonces, con este dislate, se está haciendo el harakiri, pues pierde por punta y punta, con cara y con sello, se queda con el pecado y sin la gracia con esta decisión desafortunada y contraproducente, que muy seguramente derivará en controversias jurídicas en el país y en instancias internacionales de las cuales el Estado puede salir mal librado.

De hecho, ya se han anunciado demandas de nulidad ante la Corte Constitucional por la presunta violación de la Constitución Política. Este Decreto se le puede convertir al Gobierno en un búmeran.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El sector de los hidrocarburos no pasa por su mejor momento. Tanto la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez como el actual ministro Andrés Camacho han seguido a pie juntillas la directriz del presidente Petro de no abrir nuevas rondas para la asignación de áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Sin fórmula de juicio y desatendiendo las recomendaciones de la Comisión de Expertos integrada por el anterior Gobierno, tomaron la determinación de apagar los dos pilotos en marcha, los cuales tenían por finalidad establecer la viabilidad o no de utilizar la técnica del fracking en Colombia.

El país se quedó sin saberlo, a sabiendas del enorme potencial de recursos que posee en yacimientos no convencionales, cuyo desarrollo podría llegar a duplicar las actuales reservas de hidrocarburos.

Y la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible Susana Muhamad fue más lejos al radicar el proyecto de ley que lo prohibía, el cual fue archivado por tercera vez. Pero, no da su brazo a torcer y, según ha anunciado, por cuarta vez lo radicará nuevamente.

Estos pasos en falso han terminado por desalentar la inversión y la actividad en el sector, lo cual ha repercutido en la caída de las reservas tanto de petróleo, cuya relación reservas/producción cayó hasta 7,1 años, como del gas, que tuvo una mayor caída, hasta 6,1 años.

No obstante, aunque a regañadientes, se ha mantenido la inversión con la que se asoció ECOPETROL y OXY para explotar un yacimiento no convencional (YNC), el PERMIAN, en los EEUU, utilizando la técnica del fracking, que hoy por hoy es el negocio más rentable con que cuenta la estatal petrolera. Su producción es de 90 mil barriles/día, de los cuales 49% corresponden a ECOPETROL.

Al respecto manifestó el presidente de ECOPETROL Ricardo Roa que “es satisfactorio reportar estos logros operativos en el marco de actividades seguras, apoyada en procesos innovadores, con tecnologías confiables, tanto técnico como ambiental y dentro de los más altos estándares”. Cabe preguntarse, si ello es posible en territorio estadounidense por qué no lo es el colombiano.

Llama la atención que mientras el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla proyecta llevar la producción de petróleo hasta un millón de barriles al día, cuando cada día que pasa Colombia se aleja más y más de dicha meta, la que alcanzó en los años 2014 y 2015. El tope de la producción de crudo sigue sin superar los 800.000 barriles/día.

Y no es para menos, porque no se puede pretender aumentar la producción de manera sostenible si al mismo tiempo no se incorporan barriles a las reservas y ello sólo será posible cuando se desactive el freno de mano por parte del Gobierno.

Estamos en presencia de una dicotomía, pues al tiempo que se descarta la firma de nuevos contratos de exploración y producción, el ministro, desesperado por el desfinanciamiento del presupuesto, presiona para aumentar la producción de crudo, su principal fuente de financiamiento.

Siempre se ha dicho por parte de los dos titulares de la cartera de Minas y Energía, para justificar la posición del Gobierno, que con los contratos ya firmados se garantizaba el autoabastecimiento del país, que no se requería más. Sin embargo, el presidente Petro en el marco de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP28, fue más lejos y firmó el Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, mediante el cual comprometió a Colombia a frenar en seco la actividad exploratoria y de producción de hidrocarburos en el país.

Y más recientemente el ministro Camacho, frente a la opción de retomar la firma de nuevos contratos, manifestó, como disculpa, que hay “espacio suficiente para explorar en los contratos vigentes y por tanto, hacer más eficiente la exploración y explotación, por lo que contemplar extender la frontera exploratoria no es necesario”.

Con estas señales, no es de extrañar la desaceleración de la actividad exploratoria en el país. Como afirmó el vicepresidente de Estrategia y Asuntos Regulatorios de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) Andrés Bitar, “muchos de los inversionistas son internacionales y es difícil explicarles que todo está transcurriendo como venía transcurriendo en los años anteriores, cuando cada vez que puede, el presidente Petro vuelve y replica el mensaje de que no quiere hidrocarburos”.

Las cifras son elocuentes: según la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (CAMPETROL) venimos con una actividad de taladros baja, tanto es así que desde noviembre de 2022 hasta abril de este año cayó 30,3%.

En julio había 110 equipos de perforación operativos, una caída de 45 equipos frente a noviembre de 2022. De allí que, como afirma Andrés Bitar, “si la baja actividad de perforación persiste, es probable que la producción de petróleo caiga a mediano y largo plazo, incluso mayor que el reportado tras la pandemia, del cual el país no se ha recuperado”.

Ello explica también el mediocre desempeño del sector de minas y canteras, el cual, según el más reciente reporte del DANE cayó –3,3% en el segundo trimestre de este año, el peor de todos. Definitivamente, en este Gobierno la suerte está echada.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Colombia enfrenta una grave situación en materia energética, generada por el mismo Gobierno.

Por: JUAN ESPINAL*

El gas es un recurso energético estratégico para la vida cotidiana de los colombianos que se está agotando. El presidente Petro tomó la errónea decisión de no apostarle a la producción de los hidrocarburos y la no firma de más contratos de exploración frente al aumento de la demanda. Sumada la inseguridad jurídica para el sector, prenden las alertas en el país frente al grave desabastecimiento del energético.

Hace unos días se conoció el reporte del Gestor del Mercado de Gas Natural sobre la oferta de cantidades disponibles de gas natural para la venta en firme (PTDVF), en el que indicaron que la cantidad para la venta del recurso para 2025 será de 43.5 GBTUD frente a una necesidad de contratación de 120 GBTUD y para 2026 será de 160.5 GBTUD frente a una necesidad de contratación de 350 GBTUD.

Es evidente la preocupación que genera el informe. Estamos ante un déficit de oferta de gas local de 77 GBTUD equivalente al 7,5% del total de la demanda nacional para el 2025, y para 2026 el déficit será de 190 GBTUD equivalente al 16% del total de la demanda nacional.

Lo complejo ante la situación es que no existe voluntad del Gobierno para solucionar la crisis, se requiere la firma de más contratos de explotación, ponerle el acelerador a los proyectos costa afuera y levantar la suspensión de los Proyectos Pilotos de Investigación Científica (PPIC). De lo contrario, tendríamos que importar gas, lo que generaría un aumento del 28% en la factura, afectando el bolsillo de los colombianos y evidenciando aún más el desinterés del gobierno para reactivar la economía.

El gas ha dignificado la vida de las familias más vulnerables. Actualmente, 36 millones de colombianos tienen gas en sus hogares y el 85% son de estratos 1,2,y 3. Según cifras del DNP, el gas natural es un servicio público que representa solo el 0.8% del costo total de la canasta de consumo de los hogares más vulnerables.

El gas natural es el energético más utilizado por la industria del país, representando el 32% del total de los energéticos utilizados por este sector; en el sector transporte, más de 180.000 vehículos convertidos a gas están activos, el 100% de la flota del Sistema de Transporte Público de Cartagena y Valledupar funcionan con gas natural, así como el 30% del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá.

¿Será que el presidente Petro no conoce estas cifras y la importancia del energético en la economía del país? El negocio entre PDVSA y Ecopetrol para importar gas desde Venezuela a Colombia persiste, aunque el choque de posiciones entre el presidente de Ecopetrol y el ministro de Minas es claro. En la moción de censura, el ministro manifestó ante la Cámara de Representantes: “Ni política ni financiera o técnicamente vamos a poder importar gas”, ¿a quién le creemos?

Lo único cierto es que estamos ante una grave situación, y mientras el gas se agota, el Gobierno sigue dando cifras que no se ajustan a la realidad de los datos publicados por el sector y los expertos.

*Representante de la Cámara.

La política minera del Gobierno Petro se debate entre la coherencia y el dogmatismo, pero alejada del realismo y el pragmatismo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

En el programa de gobierno del presidente Petro se planteó el “desescalamiento gradual del modelo extractivista. Emprenderemos un desescalamiento de la dependencia del petróleo y el carbón”. Y fue enfático al afirmar que “en nuestro gobierno se prohibirán la exploración y explotación de yacimientos no convencionales (YNC), se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”. Estábamos, entonces notificados lo que se nos vendría pierna arriba.

Sin proponérselo, sólo porque por fuerza de las circunstancias le quedó servida la ocasión para poner en práctica el “desescalamiento” del denostado modelo “extractivista” e impedir la gran minería a cielo abierto, en este caso de carbón, el departamento del Cesar se convirtió en el escenario perfecto para implementarlo.

En efecto, el 4 de febrero de 2021 PRODECO, empresa carbonera subsidiaria de la multinacional GLENCOR, le devolvió al Estado colombiano dos títulos mineros, de las minas de Calenturitas y La Jagua, a la Agencia Nacional Minera (ANM).

La Agencia decidió no reabrirlas ni reasignar tales títulos, con el firme propósito, como lo dijo su presidente Luis Álvaro Pardo, de pasar del “extractivismo a una economía productiva”.

Ello se ha traducido en más de 5.000 trabajadores cesantes y la perdida de cuantiosos ingresos para la Nación, para el Departamento y los municipios, al tiempo que se están dejando de exportar 15 millones de toneladas.

El único rastro que ha dejado en el territorio el fementido paso hacia una “economía productiva” es el publicitado piloto Distrito Minero Especial para la diversificación productiva, que nada les dice a los damnificados por este cierre intempestivo de la actividad minera en ese corredor.

Si bien el Gobierno, pensando con el deseo, puede mostrar este caso como su contribución a la descarbonización y al cumplimiento de la meta de Colombia de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lejos de ello, la demanda por carbón en el mundo alcanzó sus máximos históricos en los años 2022 y 2023, consumiendo 8.300 millones y 8.500 millones de toneladas, respectivamente. Bien dijo Keynes que toda demanda crea su propia oferta, de modo que mientras se siga demandando carbón, como se está demandando, algún país, distinto a Colombia, lo va a producir y exportar, quedándose Colombia con el pecado y sin la gracia.

Lo propio puede afirmarse con respecto a la absurda decisión del Gobierno de prohibir las exportaciones de carbón a Israel, por motivaciones políticas. De darse este paso, Colombia dejaría de exportar 2,45 millones de toneladas/año por un valor aproximado a los US $500 millones, además de $650 mil millones que se dejarían de recibir por concepto de regalías, impuestos y contribuciones. Solamente los departamentos de Cesar y La Guajira verían diezmados sus ingresos por concepto de regalías en más de $100 mil millones.

El sector minero en general se ha visto sacudido por anuncios y decisiones que ha venido tomando el Gobierno que son atentatorios contra la confianza inversionista, tales como el proyecto de ley minera, que pretende reformar el Código de Minas, al tiempo que inaplica las normas vigentes y decreta “distritos mineros” a su libre albedrío y la ANM se distrae con el embeleco de crear un nido burocrático con el rimbombante nombre de ECOMINERALES, con la pretensión de competir con la empresa privada, a la que en lugar de estimularla se le pretende arrinconar. No es un secreto para nadie que esta es una mala hora para la minería.

Tanto más en cuanto que se está satanizando esta actividad, de la cual dijo refiriéndose a DRUMOND, una de las multinacionales más importantes, que está desarrollando su actividad en el Cesar y la portuaria en el Magdalena, el presidente de la ANM Luis Álvaro Pardo, “el tren de esta compañía que transporta carbón desde sus minas en el Cesar hacia el Puerto en Ciénaga para ser exportado “lleva el veneno no sólo a Europa sino a toda la humanidad. Hoy podríamos decir que este tren, en realidad, está transportando cadáveres, no están ahí, los van a producir sólo porque unas empresas tienen codicia de ganar antes de permitir que la vida sea en el planeta”. ¡Qué tal esto!

La hostilidad hacia la actividad extractiva se pone de manifiesto en el esperpento jurídico de un Decreto del Ministerio de Ambiente 044 de 2024, a través del cual se arroga unas competencias desmedidas y se lleva de calle el principio constitucional de la autonomía territorial, así como sucedió con la delegación de la autoridad minera al departamento de Antioquia, que se revirtió.

Según la norma cuestionada, al declarar un área como “reservas temporales” y so pretexto de protegerlas, puede iniciarse un proceso que puede “culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería”, aun tratándose de aquella amparada por la Ley. Con señales como estas se está espantando a la inversión y a los inversionistas del sector.

La política minera de este Gobierno, entonces, se debate entre la coherencia y el dogmatismo, pero alejada del realismo y el pragmatismo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Este sombrío panorama debería llevar al Gobierno a recapacitar sobre la inconveniencia de persistir con terquedad aragonesa en su decisión de no firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pues lo que está en juego es la seguridad y la soberanía energética del país.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

La estrechez actual entre la demanda de gas natural (1.019 GBTUD) y la oferta (1.028 GBTUD), coincide con la caída, por segundo año consecutivo, de las reservas del 15,7% el último año, registrando un aforo de 2,37 terapies cúbicos (TPC) a diciembre 31 de 2023, para una relación de reservas/producción de sólo 6.1 años.

Estos polvos tenían que traer esos lodos. De acuerdo con el más reciente reporte de la Bolsa Mercantil de Colombia, para este año el potencial de producción doméstica de gas natural en Colombia caerá alrededor del 7,3%. Pero será mayor la declinación en los años venideros, estimándose en un 11,6% para el 2025 y el 9.3% para el 2026, para un acumulado entre los años 2024 – 2026 del 19.8% .

Entre tanto la demanda de gas natural aumentó el 3,9% entre 2022 y 2023, por debajo del incremento del 4,6% entre 2021 y 2022, lo cual se explica por la baja en la demanda del sector industrial a consecuencia de la desaceleración del crecimiento de la economía.

La proyección de la demanda para este año y los próximos años será mucho más elevada, habida consideración de que el gas natural está llamado a ser el combustible puente de la Transición Energética. Ello significa que el país pasará de un déficit en el suministro de gas natural del 7,5% el año entrante a un déficit de 16% en 2026.

Al estrés que acusa el sector eléctrico, debido a la estrechez entre la oferta (265 GWHD) y la demanda (248 GWHD), que presiona al alza los precios de la energía tiende a repetirse ahora con el gas natural, ante la imperiosa necesidad de suplir parte de la demanda el año entrante con gas importado, impactando al consumidor final (industrial, automotor, comercial y residencial).

El gas importado tiende a ser más caro, hasta el doble, del precio del gas doméstico. Y, como es apenas obvio, al ser más alto precio del gas natural, ello se traducirá en incrementos de las facturas de los 12 millones de usuarios domiciliarios, alzas que pueden llegar a superar el 24%, dispara los costos de operación de los 650.000 vehículos convertidos a gas y desde luego ello implica mayores costos para la industria, afectando su competitividad y desde luego también impacta los costos de generación térmica, mayor el precio y en últimas más altas las tarifas. 

Ante esta encrucijada y abocados a la necesidad de importar gas natural para garantizar el normal abastecimiento, la discusión que está al orden del día es cuál sería la fuente de suministro. El Gobierno ha insistido una y otra vez en la posibilidad de importar gas desde Venezuela como primera alternativa. Esta la veo cada vez más remota y más en las actuales circunstancias de inestabilidad política.

La alternativa que se tiene al alcance de la mano y la más realista es la ampliación de la capacidad de la regasificadora que opera la Sociedad Portuaria El Cayao, ubicada en Cartagena, que hoy está en 450 millones de pies cúbicos (MMPCD). Ello, sin descartar el montaje de una planta bidireccional en La Guajira, que permita importar en el corto plazo y exportar cuando lleguemos a tener excedentes.

Este sombrío panorama debería llevar al Gobierno a recapacitar y a repensar sobre la inconveniencia para el país de persistir con terquedad aragonesa en su decisión de no firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pues lo que está en juego es nada más ni nada menos que la seguridad y la soberanía energética del país.

Ello es tanto más razonable si se tiene en cuenta que Colombia posee un enorme potencial de gas natural, tanto en onshore como en offshore, que puede superar perfectamente los 70 TPC.

La provincia gasífera costa afuera del Bloque Tayrona es muy promisoria y los proyectos exploratorios en los campos de Uchuva y Gorgon en La Guajira son prometedores. Allí Ecopetrol, de la mano de Petrobras, avanza en la perforación de pozos con miras a dimensionar el tamaño del yacimiento. Y este tiene la ventaja de su proximidad a las facilidades que ofrecen las dos plataformas de Chuchupa. 

Mientras tanto, es menester, como lo ha urgido el gremio del sector, NATURGAS, se deben implementar medidas regulatorias que flexibilicen y habiliten la comercialización de gas importado y el proveniente de costa afuera.

Se impone también ajustar la normatividad que rige la comercialización  de gas local e importado en lo atinente a la duración de los contratos, que posibilite las negociaciones y renegociaciones en cualquier época del año, evitando rigideces.

También se impone la necesidad de aprobar las inversiones asociadas a la ampliación de la capacidad de transporte del gasoducto Ballena – Barranquilla y de esta manera permitir que los excedentes de gas de la región Caribe puedan compensar los déficits en el interior del país y viceversa. Para ello se precisa, además, resolver las solicitudes de cargos y agregación de tramos de transporte con el fin de optimizar la capacidad de transporte y el empalme entre los gasoductos de PROMIGAS y TGI.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.