Categoría: Opinión

Colombia enfrenta una grave situación en materia energética, generada por el mismo Gobierno.

Por: JUAN ESPINAL*

El gas es un recurso energético estratégico para la vida cotidiana de los colombianos que se está agotando. El presidente Petro tomó la errónea decisión de no apostarle a la producción de los hidrocarburos y la no firma de más contratos de exploración frente al aumento de la demanda. Sumada la inseguridad jurídica para el sector, prenden las alertas en el país frente al grave desabastecimiento del energético.

Hace unos días se conoció el reporte del Gestor del Mercado de Gas Natural sobre la oferta de cantidades disponibles de gas natural para la venta en firme (PTDVF), en el que indicaron que la cantidad para la venta del recurso para 2025 será de 43.5 GBTUD frente a una necesidad de contratación de 120 GBTUD y para 2026 será de 160.5 GBTUD frente a una necesidad de contratación de 350 GBTUD.

Es evidente la preocupación que genera el informe. Estamos ante un déficit de oferta de gas local de 77 GBTUD equivalente al 7,5% del total de la demanda nacional para el 2025, y para 2026 el déficit será de 190 GBTUD equivalente al 16% del total de la demanda nacional.

Lo complejo ante la situación es que no existe voluntad del Gobierno para solucionar la crisis, se requiere la firma de más contratos de explotación, ponerle el acelerador a los proyectos costa afuera y levantar la suspensión de los Proyectos Pilotos de Investigación Científica (PPIC). De lo contrario, tendríamos que importar gas, lo que generaría un aumento del 28% en la factura, afectando el bolsillo de los colombianos y evidenciando aún más el desinterés del gobierno para reactivar la economía.

El gas ha dignificado la vida de las familias más vulnerables. Actualmente, 36 millones de colombianos tienen gas en sus hogares y el 85% son de estratos 1,2,y 3. Según cifras del DNP, el gas natural es un servicio público que representa solo el 0.8% del costo total de la canasta de consumo de los hogares más vulnerables.

El gas natural es el energético más utilizado por la industria del país, representando el 32% del total de los energéticos utilizados por este sector; en el sector transporte, más de 180.000 vehículos convertidos a gas están activos, el 100% de la flota del Sistema de Transporte Público de Cartagena y Valledupar funcionan con gas natural, así como el 30% del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá.

¿Será que el presidente Petro no conoce estas cifras y la importancia del energético en la economía del país? El negocio entre PDVSA y Ecopetrol para importar gas desde Venezuela a Colombia persiste, aunque el choque de posiciones entre el presidente de Ecopetrol y el ministro de Minas es claro. En la moción de censura, el ministro manifestó ante la Cámara de Representantes: “Ni política ni financiera o técnicamente vamos a poder importar gas”, ¿a quién le creemos?

Lo único cierto es que estamos ante una grave situación, y mientras el gas se agota, el Gobierno sigue dando cifras que no se ajustan a la realidad de los datos publicados por el sector y los expertos.

*Representante de la Cámara.

La política minera del Gobierno Petro se debate entre la coherencia y el dogmatismo, pero alejada del realismo y el pragmatismo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

En el programa de gobierno del presidente Petro se planteó el “desescalamiento gradual del modelo extractivista. Emprenderemos un desescalamiento de la dependencia del petróleo y el carbón”. Y fue enfático al afirmar que “en nuestro gobierno se prohibirán la exploración y explotación de yacimientos no convencionales (YNC), se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”. Estábamos, entonces notificados lo que se nos vendría pierna arriba.

Sin proponérselo, sólo porque por fuerza de las circunstancias le quedó servida la ocasión para poner en práctica el “desescalamiento” del denostado modelo “extractivista” e impedir la gran minería a cielo abierto, en este caso de carbón, el departamento del Cesar se convirtió en el escenario perfecto para implementarlo.

En efecto, el 4 de febrero de 2021 PRODECO, empresa carbonera subsidiaria de la multinacional GLENCOR, le devolvió al Estado colombiano dos títulos mineros, de las minas de Calenturitas y La Jagua, a la Agencia Nacional Minera (ANM).

La Agencia decidió no reabrirlas ni reasignar tales títulos, con el firme propósito, como lo dijo su presidente Luis Álvaro Pardo, de pasar del “extractivismo a una economía productiva”.

Ello se ha traducido en más de 5.000 trabajadores cesantes y la perdida de cuantiosos ingresos para la Nación, para el Departamento y los municipios, al tiempo que se están dejando de exportar 15 millones de toneladas.

El único rastro que ha dejado en el territorio el fementido paso hacia una “economía productiva” es el publicitado piloto Distrito Minero Especial para la diversificación productiva, que nada les dice a los damnificados por este cierre intempestivo de la actividad minera en ese corredor.

Si bien el Gobierno, pensando con el deseo, puede mostrar este caso como su contribución a la descarbonización y al cumplimiento de la meta de Colombia de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lejos de ello, la demanda por carbón en el mundo alcanzó sus máximos históricos en los años 2022 y 2023, consumiendo 8.300 millones y 8.500 millones de toneladas, respectivamente. Bien dijo Keynes que toda demanda crea su propia oferta, de modo que mientras se siga demandando carbón, como se está demandando, algún país, distinto a Colombia, lo va a producir y exportar, quedándose Colombia con el pecado y sin la gracia.

Lo propio puede afirmarse con respecto a la absurda decisión del Gobierno de prohibir las exportaciones de carbón a Israel, por motivaciones políticas. De darse este paso, Colombia dejaría de exportar 2,45 millones de toneladas/año por un valor aproximado a los US $500 millones, además de $650 mil millones que se dejarían de recibir por concepto de regalías, impuestos y contribuciones. Solamente los departamentos de Cesar y La Guajira verían diezmados sus ingresos por concepto de regalías en más de $100 mil millones.

El sector minero en general se ha visto sacudido por anuncios y decisiones que ha venido tomando el Gobierno que son atentatorios contra la confianza inversionista, tales como el proyecto de ley minera, que pretende reformar el Código de Minas, al tiempo que inaplica las normas vigentes y decreta “distritos mineros” a su libre albedrío y la ANM se distrae con el embeleco de crear un nido burocrático con el rimbombante nombre de ECOMINERALES, con la pretensión de competir con la empresa privada, a la que en lugar de estimularla se le pretende arrinconar. No es un secreto para nadie que esta es una mala hora para la minería.

Tanto más en cuanto que se está satanizando esta actividad, de la cual dijo refiriéndose a DRUMOND, una de las multinacionales más importantes, que está desarrollando su actividad en el Cesar y la portuaria en el Magdalena, el presidente de la ANM Luis Álvaro Pardo, “el tren de esta compañía que transporta carbón desde sus minas en el Cesar hacia el Puerto en Ciénaga para ser exportado “lleva el veneno no sólo a Europa sino a toda la humanidad. Hoy podríamos decir que este tren, en realidad, está transportando cadáveres, no están ahí, los van a producir sólo porque unas empresas tienen codicia de ganar antes de permitir que la vida sea en el planeta”. ¡Qué tal esto!

La hostilidad hacia la actividad extractiva se pone de manifiesto en el esperpento jurídico de un Decreto del Ministerio de Ambiente 044 de 2024, a través del cual se arroga unas competencias desmedidas y se lleva de calle el principio constitucional de la autonomía territorial, así como sucedió con la delegación de la autoridad minera al departamento de Antioquia, que se revirtió.

Según la norma cuestionada, al declarar un área como “reservas temporales” y so pretexto de protegerlas, puede iniciarse un proceso que puede “culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería”, aun tratándose de aquella amparada por la Ley. Con señales como estas se está espantando a la inversión y a los inversionistas del sector.

La política minera de este Gobierno, entonces, se debate entre la coherencia y el dogmatismo, pero alejada del realismo y el pragmatismo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Este sombrío panorama debería llevar al Gobierno a recapacitar sobre la inconveniencia de persistir con terquedad aragonesa en su decisión de no firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pues lo que está en juego es la seguridad y la soberanía energética del país.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

La estrechez actual entre la demanda de gas natural (1.019 GBTUD) y la oferta (1.028 GBTUD), coincide con la caída, por segundo año consecutivo, de las reservas del 15,7% el último año, registrando un aforo de 2,37 terapies cúbicos (TPC) a diciembre 31 de 2023, para una relación de reservas/producción de sólo 6.1 años.

Estos polvos tenían que traer esos lodos. De acuerdo con el más reciente reporte de la Bolsa Mercantil de Colombia, para este año el potencial de producción doméstica de gas natural en Colombia caerá alrededor del 7,3%. Pero será mayor la declinación en los años venideros, estimándose en un 11,6% para el 2025 y el 9.3% para el 2026, para un acumulado entre los años 2024 – 2026 del 19.8% .

Entre tanto la demanda de gas natural aumentó el 3,9% entre 2022 y 2023, por debajo del incremento del 4,6% entre 2021 y 2022, lo cual se explica por la baja en la demanda del sector industrial a consecuencia de la desaceleración del crecimiento de la economía.

La proyección de la demanda para este año y los próximos años será mucho más elevada, habida consideración de que el gas natural está llamado a ser el combustible puente de la Transición Energética. Ello significa que el país pasará de un déficit en el suministro de gas natural del 7,5% el año entrante a un déficit de 16% en 2026.

Al estrés que acusa el sector eléctrico, debido a la estrechez entre la oferta (265 GWHD) y la demanda (248 GWHD), que presiona al alza los precios de la energía tiende a repetirse ahora con el gas natural, ante la imperiosa necesidad de suplir parte de la demanda el año entrante con gas importado, impactando al consumidor final (industrial, automotor, comercial y residencial).

El gas importado tiende a ser más caro, hasta el doble, del precio del gas doméstico. Y, como es apenas obvio, al ser más alto precio del gas natural, ello se traducirá en incrementos de las facturas de los 12 millones de usuarios domiciliarios, alzas que pueden llegar a superar el 24%, dispara los costos de operación de los 650.000 vehículos convertidos a gas y desde luego ello implica mayores costos para la industria, afectando su competitividad y desde luego también impacta los costos de generación térmica, mayor el precio y en últimas más altas las tarifas. 

Ante esta encrucijada y abocados a la necesidad de importar gas natural para garantizar el normal abastecimiento, la discusión que está al orden del día es cuál sería la fuente de suministro. El Gobierno ha insistido una y otra vez en la posibilidad de importar gas desde Venezuela como primera alternativa. Esta la veo cada vez más remota y más en las actuales circunstancias de inestabilidad política.

La alternativa que se tiene al alcance de la mano y la más realista es la ampliación de la capacidad de la regasificadora que opera la Sociedad Portuaria El Cayao, ubicada en Cartagena, que hoy está en 450 millones de pies cúbicos (MMPCD). Ello, sin descartar el montaje de una planta bidireccional en La Guajira, que permita importar en el corto plazo y exportar cuando lleguemos a tener excedentes.

Este sombrío panorama debería llevar al Gobierno a recapacitar y a repensar sobre la inconveniencia para el país de persistir con terquedad aragonesa en su decisión de no firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pues lo que está en juego es nada más ni nada menos que la seguridad y la soberanía energética del país.

Ello es tanto más razonable si se tiene en cuenta que Colombia posee un enorme potencial de gas natural, tanto en onshore como en offshore, que puede superar perfectamente los 70 TPC.

La provincia gasífera costa afuera del Bloque Tayrona es muy promisoria y los proyectos exploratorios en los campos de Uchuva y Gorgon en La Guajira son prometedores. Allí Ecopetrol, de la mano de Petrobras, avanza en la perforación de pozos con miras a dimensionar el tamaño del yacimiento. Y este tiene la ventaja de su proximidad a las facilidades que ofrecen las dos plataformas de Chuchupa. 

Mientras tanto, es menester, como lo ha urgido el gremio del sector, NATURGAS, se deben implementar medidas regulatorias que flexibilicen y habiliten la comercialización de gas importado y el proveniente de costa afuera.

Se impone también ajustar la normatividad que rige la comercialización  de gas local e importado en lo atinente a la duración de los contratos, que posibilite las negociaciones y renegociaciones en cualquier época del año, evitando rigideces.

También se impone la necesidad de aprobar las inversiones asociadas a la ampliación de la capacidad de transporte del gasoducto Ballena – Barranquilla y de esta manera permitir que los excedentes de gas de la región Caribe puedan compensar los déficits en el interior del país y viceversa. Para ello se precisa, además, resolver las solicitudes de cargos y agregación de tramos de transporte con el fin de optimizar la capacidad de transporte y el empalme entre los gasoductos de PROMIGAS y TGI.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.  

Desde el 2022, no solo en Colombia sino en el resto del mundo se dispararon los precios y las tarifas de energía, debido a un brote inflacionario global en el que el servicio de energía llevó la peor parte.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El alza afecta más a los usuarios de la región Caribe porque sus tarifas son más altas. Mientras en el resto del país las tarifas oscilan alrededor de $850 el KWH en la región Caribe superan los $1.200 el KWH.

La tarifa de energía (costo unitario) tiene 6 componentes, a saber CU = G + T + C + D + PR + R. Lo que hace la diferencia entre la tarifa en la región Caribe, Mercado servido por Air-e y AFINIA, con respecto a los del resto del país es el cargo correspondiente a las pérdidas reconocidas (PR). Mientras en el resto del país dicho cargo es en promedio del 8,5%, en la región Caribe es del 24%, dado que no solo se reconocen las pérdidas técnicas sino las no técnicas o sea la energía que se roban, de tal suerte qué terminan pagando justos por pecadores.

Ello se explica por el “régimen especial” para el Caribe previsto en la Ley 1955 de 2019 del PND de la administración Duque. Este cobro aunque es legal, porque se sustenta en la Resolución 010 de 2020 de la CREG, no por ello deja de ser injusto. 

Un factor que venía contribuyendo a las elevadas tarifas en todo el país era la aplicación de un Índice del Precio al Productor (IPP) a varios de los cargos de la tarifa, que no consultaba para nada los costos en los que incurren los agentes de la cadena. Por fortuna se replanteó su cálculo y la CREG deberá modificarlo y establecer un deflactor más apropiado. 

Otra clavija que incluye la fórmula tarifaria es el cargo por restricciones (R), atribuidas especialmente al atraso en la ejecución de los proyectos de generación y transmisión, el cual desde el 2000 se le viene cargando el 100% a los usuarios, cuando quienes deberían asumirlas son los responsables de las mismas. Pero así lo dispuso la CREG mediante la Resolución 063.

Mención aparte merece la opción tarifaria (OT). A finales de 2022, en el Pacto por la “Justicia tarifaria” anunciado por la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez se acordó suspender temporalmente el cobro y pago de la OT. Al reanudarse su cobro en enero de 2024, la OT se convirtió en el cargo 7 de la fórmula tarifaria (CU = G + T + C + D + PR + R + OT), exacerbando las alzas.

Después de tres cumbres infructuosas (en el Palacio de Nariño, la primera, en Sincelejo la segunda y en Cartagena la tercera), sin que se alcanzaran acuerdos para bajar las tarifas, el presidente Petro anunció desde Barranquilla que el Gobierno Nacional asumiría el pago de la Opción Tarifaria, lo cual se traduciría en una baja entre el 4% y el 20% en la factura.

A poco andar, el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho aclaró que solo se asumiría la deuda por concepto de la OT de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 ($2,8 billones). Y, para rematar, adujo que la Nación solo podía asumir dicha deuda si el Congreso de la República faculta al Gobierno para hacerlo mediante una Ley, la que se tramitará en esta legislatura que empieza.

Entre tanto, el ministro Camacho expidió el 2 de julio la Resolución 40225, ordenándole a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) la adopción de las “medidas para reducción de tarifas a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica”. No obstante la CREG, por falta de quorum, no está en capacidad de tomar decisiones. Ya han transcurrido 25 de los 30 días calendarios que le dio el ministro para bajar las tarifas y hasta ahora nada de nada.

Y hablando de soluciones, a propósito de las cuales hemos presentado propuestas concretas y razonables, además de la revisión del cargo por pérdidas reconocidas (PR) y del indexador (IPP) y de la supresión del cargo por restricciones (R), amén del pago de la Opción Tarifaria por parte del Gobierno Nacional, las empresas generadoras deberían hacer un esfuerzo en esta coyuntura crítica para los usuarios, disponiendo un descuento temporal en el precio de la energía pactado en los contratos bilaterales entre ellas y las empresas distribuidoras, disminuyendo de esta manera el cargo por generación (G).

Por su parte, las distribuidoras deben hacer un mayor esfuerzo para disminuir su exposición en Bolsa, con el fin de amainar el impacto del precio spot en el componente G de la tarifa (CU) y reducir el cargo por comercialización (C).

Como lo hemos señalado, para aliviar el bolsillo de los usuarios reduciendo el valor de la factura del servicio de energía son varias las acciones que se pueden acometer ya y pasan por la superación del impase de la CREG, convertida en el nudo gordiano de la actual crisis.

No hay que esperar la reforma de la Ley de servicios públicos para lograrlo, como se ha planteado sutilmente. Quienes como el ministro y el Superintendente de Servicios Dagoberto Quiroga sostienen esta tesis, tratan de tender una cortina de humo, al tiempo que tratan con ello de impulsar el anunciado proyecto de reforma. Ello no pasa de ser una falacia y un espejismo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Dentro de las iniciativas insulsas, improcedentes y descabelladas que mes a mes presenta el gobierno nacional por cuenta propia o a través de los congresistas del Pacto Histórico, actualmente cursa un proyecto de Ley bajo el radicado de 344/2023 de la Cámara de Representantes, el cual no es otra que la retardataria idea de crear una empresa estatal minera, llamada Ecominerales.

Por: SANTIAGO SOTO*

En resumidas cuentas, esta empresa tiene como objeto realizar actividades de exploración, explotación, comercialización de minerales, actividades de investigación, así como celebrar contratos de diferentes naturaleza con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Sí, tendrá como objeto todas esas actividades que el mismo gobierno lleva dos años entorpeciendo y atacando, pero esta vez, convenientemente ejecutadas por ellos.

Además de lo arcaico que es pensar en la estatización para la ejecución de una actividad económica, cuando es bien sabido que lo público es desde cierta perspectiva ineficiente, está también más que demostrado que la fórmula que funciona es la inversión privada para desarrollar proyectos de alto impacto, generar empleo, inversión social, contratación y pago oportuno de bienes y servicios entre otras bondades. Es por esto que no se entiende el propósito de meter al país en esta empresa que, además de lo expuesto, tiene aún muchos vacíos acerca de su funcionamiento.

Basta con mirar el sector hidrocarburos en la historia del país, donde pasó de promediar entre 500.000 y 600.000 barriles diarios cuando el país operaba bajo el modelo de contrato de concesión, a alcanzar los 900.000 y 1’000.000 de barriles diarios de crudo, después de la escisión de Ecopetrol y la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos mediante la Ley 1760 de 2003, donde se incentivó la inversión privada y extranjera, dinamizando la actividad petrolera en diversas zonas del país, trayendo desarrollo, inversión, mayor recaudo por concepto de regalías e impuestos, así como entrada de divisas.

Las dudas acerca de esta turbia iniciativa comienzan con los apartes del articulado que hablan sobre su financiación. Como primera fuente estará la reversión de títulos mineros, lo cual explicaría la persecución contra el sector minero los últimos dos años, desincentivando nuevas inversiones y ocasionando devoluciones de títulos y requerimientos por parte de la Agencia de la competencia, y de este modo, contar con alternativas prospectivas para financiar este proyecto estatal.

De igual forma, otra de las principales fuentes de financiación serán las dos agencias administradoras de los contratos mineros y petroleros, Agencia Nacional de Minería y Agencia Nacional de Hidrocarburos, las cuales deberán hacer aportes a la naciente empresa.

También llama la atención que el texto precisa que, para el capital inicial de la empresa del estado, no será necesario el traslado de recursos financieros provenientes del presupuesto general de la Nación ni demandará esfuerzo fiscal, sin embargo, en el párrafo subsiguiente deja a discrecionalidad del gobierno nacional disponer de aportes vía presupuesto o traslado presupuestal para la capitalización de la empresa.

Tampoco menciona en ningún aparte las condiciones en que la empresa pagará al Estado la contraprestación por explotar recursos naturales no renovables.

Ahora bien, de acuerdo con el texto aprobado en comisión de la Cámara, las relaciones laborales se regirán por el contrato de trabajo, convención colectiva y pactos colectivos, lo cual es lo normal en entidades del sector público, no obstante, puede percibirse la innecesaria creación de esta empresa como un caramelo a los sindicatos del sector minero y petrolero, quienes vieron sus mejores días, en el caso del sector hidrocarburos, cuando Ecopetrol era empresa con capital 100% público, y que podrían robustecer nuevamente su poder con una estatal del sector minero.

Respecto al controvertido proyecto de ley, la Contraloría General de la Nación manifestó preocupación, pues una iniciativa de este corte no es nueva en nuestro país. Contrario sensu, se asemeja a otros intentos fallidos como lo fueron en la década de los 90 Ecominas, Mineralcol, Ecocarbón, las cuales terminaron en liquidación y transfiriendo sus funciones a Ingeominas. Continua el contralor indicando que es imposible pensar la creación y funcionamiento de Ecominerales sin esforzar el presupuesto público, lo cual es más preocupante aún por el hecho de no tener total claridad de las inversiones que la empresa realizará.

En conclusión, habrá que ver el término de esta iniciativa retardataria del país que nos devuelve al siglo pasado, concentrando los sectores económicos en el Estado, lesionando la iniciativa privada, de lo cual no percibiremos las consecuencias sino hasta recibir la embestida económica, cuando empiecen a salir del país multinacionales mineras, petroleras y en general de energía, llevándose consigo divisas, regalías, impuestos, inversión social, contratación de mano de obra, bienes y servicios. Una vez perdida la confianza inversionista, no será fácil recuperarla.

*Abogado de la Universidad Libre de Colombia, con especialización en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado.

Las fuentes renovables son clave para la diversificación de la matriz energética, pero su escalabilidad tiene un camino largo que recorrer. En Colombia, su viabilidad enfrenta importantes retos, por lo que el gas natural juega un rol relevante en la transición y en la soberanía energética, razón por la cual el desabastecimiento que hoy enfrenta el país requiere de medidas urgentes.

Por: MÓNICA TORRES SIERRA*

Siempre se ha afirmado que Colombia cuenta con gran potencial en las reservas de gas natural; sin embargo, su materialización todavía tiene muchos desafíos.

El país se ha enfocado en masificar el consumo de gas natural en los sectores residencial, industrial y comercial. Esto ha permitido que el gas natural sea fundamental en la vida y la economía nacional, en tanto que:

1. Ha aportado a los objetivos para la sustitución de leña,
2. Ha sido esencial para limpiar el parque automotor,
3. Permite garantizar la confiabilidad del servicio de energía eléctrica,
4. Más de 218 mil usuarios comerciales e industriales utilizan este energético, y
5. El 65% de la población usa gas en sus hogares.

En la primera década de este siglo se evidenció que las reservas no serían suficientes para atender la creciente demanda en el mediano plazo. Así, en el 2010 Colombia promovió la producción nacional de gas natural, y la importación del energético en estado líquido (GNL). Esto llevó a adjudicar nuevas áreas para buscar y extraer hidrocarburos, y a la puesta en operación de la única terminal de importación de gas en Cartagena.

Adicionalmente, el plan de abastecimiento de gas natural concluyó que, para garantizar el abastecimiento y la confiabilidad en el suministro, también se requería ampliar la capacidad del Sistema Nacional de Transporte a través de varios proyectos de expansión (los IPAT) y la infraestructura de importación y regasificación en el Pacífico.

Pese a lo anterior, las medidas tomadas no han sido suficientes, y el riesgo de desabastecimiento es inminente. A la fecha: (i) el proceso de selección del inversionista a cargo del proyecto del Pacífico se declaró desierto, (ii) los proyectos IPAT no avanzan, (iii) las señales de política energética niegan la posibilidad de explorar el potencial gasista del país en tierra y costa afuera, y (iv) la terminal de Cartagena seguirá atendiento exclusivamente a tres generadores térmicos hasta el 2031.

En mayo pasado la Agencia Nacional de Hidrocarburos publicó el Informe de Reservas y Recursos Contingentes de Hidrocarburos con corte a 31 de diciembre de 2023, indicando que las reservas probadas de gas natural son de 2.373 Gpc, equivalentes a 6,1 años de abastecimiento.

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía presentó la declaración de producción de gas natural 2024-2033 evidenciando que hay una reducción en el potencial de producción total en comparación con lo declarado el año pasado. Esto prendió las alarmas porque la disponibilidad de gas natural para atender la demanda está en duda, pues desde 2025 habrá faltantes de gas natural.

Recordemos que la importancia del gas natural para Colombia no solo se debe a los más de 11,5 millones de hogares colombianos a quienes deben garantizárseles el suministro, sino que aporta respaldo al servicio de energía eléctrica cuando las hidroeléctricas se enfrentan a la sequía, y a la confiabilidad de las renovables en los periodos en las que estas no están disponibles, como en la noche o durante periodos climáticos determinados.

En consecuencia, el diagnóstico es claro: el país no requiere de más discursos, estudios, paneles y grupos de discusión. Se necesitan señales de mercado y regulatorias de largo plazo serias, que permita a los inversionistas apostarle al sector.

Para ello será necesario recuperar la institucionalidad de la CREG realizando los nombramientos en propiedad de personas con experiencia técnica para que tomen decisiones tendientes, entre otros, a:

1. Flexibilizar los mecanismos de comercialización de gas, permitiendo la contratación directa, en cualquier momento del año, y de corto plazo,
2. Aprobar los cargos de los proyectos de expansión de transporte,
3. Fortalecer y promover la actividad de transporte virtual que permita acercar las fuentes no conectadas al sistema de transporte a los centros de consumo, y
4. Habilitar a más agentes para que realicen la actividad de regasificación e inviertan en infraestructura de importación.

Además, se requiere retomar la discusión sobre los proyectos piloto en yacimientos no convencionales, para identificar los verdaderos riesgos de la actividad y decidir objetivamente si se habilita esta actividad.

Finalmente, se debe adjudicar áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.

El gas natural es un energético clave en la transición energética y en la vida de los colombianos, por eso requiere de atención nacional.

*Abogada con más de 12 años de experiencia en el sector energético, en los subsectores gas y energía eléctrica. Actualmente se desempeña como Counsel de Energía & Cambio Climático.

Antes de adentrarnos en el análisis del anteproyecto de ley de reforma de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos que el Gobierno ha dado a conocer y que radicará próximamente en el Congreso, exponemos lo que podríamos llamar el prolegómeno a propósito del mismo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En primer lugar, es bueno dejar establecido que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 le dio un revolcón al régimen de los servicios públicos, al dejar establecido en el artículo 365 de la Constitución Política que su prestación es inherente a la finalidad social del Estado. Que este es el responsable de garantizar “su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”, no obstante deja abierta la opción de que pueda darse “directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares”, alternativa esta que era impensable enantes.

Eso sí, La Carta le reserva al Estado “la regulación y la vigilancia de dichos servicios”, para lo cual se creó la Superintendencia de los Servicios públicos domiciliarios, la única de rengo constitucional.

Las leyes 142 y 143 de 1994 desarrollaron este precepto, la primera la de servicios públicos y la segunda la eléctrica, nacieron el mismo 11 de julio y son siameses. No es dable pensar en una reforma de la primera sin tocar la segunda.

Gracias a la vigencia de estas dos leyes se logró ampliar la cobertura en la prestación del servicio de energía, la cual pasó de 70,9% en 1990 a 98,72% en 2023, y el número de usuarios pasó de 4,4 millones en 1990 a 17,7 millones en 2023. Ello fue posible merced a la inmensa inversión en el sector, que alcanzó los $140 billones en el decurso de los 30 años de vigencia de estas leyes, primando, de lejos, la inversión privada sobre la del sector público.

Ello le ha valido a la arquitectura del sistema energético colombiano y a su desempeño una buena calificación tanto por parte del Foro Económico Mundial (octavo puesto a nivel global en 2016 y el décimo en el reporte de 2020, entre 126 países analizados), como uno de los mejores sistemas energéticos del mundo; como del Consejo Mundial de Energía (WEC, por sus siglas en inglés). Colombia logró escalar 12 puestos en el ranking del trilema (sostenibilidad, seguridad y equidad), ubicándose en el puesto 35 entre 130 países evaluados. 

No puede decirse lo mismo con respecto a la Transición Energética. Colombia ha retrocedido en los últimos dos años. Después de ocupar el puesto 29 a nivel global y tercero en Latinoamérica en el Informe del FEM en 2021, gracias a la expedición por parte Congreso de la República de las leyes 1715 de 2014 y la 2099 de 2021, amén de la asignación mediante subastas entre 2019 y 2021 de 2.400 MW de capacidad de energía eólica, la demora en el tendido de Colectora, para inyectar la energía generada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), que solo estará operativa en 2026 y el atraso de la entrada en operación de los parques eólicos en La Guajira (los primeros han debido entrar en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno), le valió a Colombia perder 10 posiciones a nivel mundial, pasando del puesto 29 al 39 y en Latinoamérica pasó del tercer puesto al sexto.

 Este retroceso se explica también por el inmovilismo y la procrastinación por parte del Gobierno, pues después de casi año y medio desde que la ex ministra de Minas y Energía se comprometió en noviembre de 2022 en el marco de la 27 Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), a la fecha no se cuenta todavía con la Hoja de ruta de la transición energética justa, un mandato de la Ley 2294 de 2023 del plan Nacional de Desarrollo (PND 2022 -2026).

Ahora bien, el hecho de que este Gobierno no haya revelado su Hoja de Ruta de la Transición Energética no quiere decir que no exista, pues en el anterior Gobierno de Duque se expidió el Documento CONPES 4075 de marzo 29 de 2022, contentivo de los lineamientos de la Política de Transición Energética, el cual se basó en un informe y las recomendaciones de 20 expertos, que por mandato del Congreso de la República (Ley 1955 de 2019 del PND 2018 – 2012) integró el presidente Duque y rindió su informe el 28 de enero de 2020. 

Entre las recomendaciones de la Misión, que contó con el apoyo del BID y el Banco Mundial, centradas en 5 focos estructurales del mercado, se destaca el marco institucional y regulatorio. Se ocupa también de la formación de precios y de la necesidad de mejorarla, la participación de los agentes de la cadena y de las transacciones al por mayor, eso sí, “sin poner en riesgo la confiabilidad y firmeza” del sistema energético.

Con base en este Informe, la administración Duque publicó la Hoja de Ruta “para modernizar y transformar el sector eléctrico en el corto y mediano plazo, implementando las acciones de los actores en toda la cadena de generación, producción y comercialización de energías”. De manera que el actual Gobierno, mientras no se de su propia Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa, por respeto a la institucionalidad, debe cumplir y hacer cumplir lo avanzado en el anterior Gobierno. 

Si bien es cierto, después de 30 años de vigencia de ambas leyes ameritan hacerles los ajustes y enmiendas que demandan la reconfiguración del mercado energético con la introducción de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), no hay que pasar por alto que en ello se avanzó con la expedición de las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021.

Sería un error garrafal pensar que con la reforma propuesta se haría borrón y cuenta nueva, lo más aconsejable para evitar un serio traumatismo en la prestación de los servicios públicos con calidad, eficiencia y continuidad, como manda la Ley, es construir sobre lo construido, sin demoler sus bases.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La CREG se ha constituido en el nudo gordiano de la crisis energética, que el ministro Andrés Camacho se niega a reconocer y que tiene la Transición Energética Justa en pausa.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Según el presidente Gustavo Petro, “el Gobierno nacional cuenta con la voluntad de modificar el esquema tarifario de la energía en el país. sin embargo, decisiones judiciales y políticas lo han impedido…no he podido en dos años, porque una y otra vez se atraviesa algún tipo de decisión judicial o política para defender los intereses de seis grandes pulpos de la generación eléctrica, que están ordeñando a toda la sociedad colombiana, ordeñando a la industria, ordeñando a la agricultura y ordeñando al poder productivo de Colombia”.

En un duro cuestionamiento a los mandatarios del Caribe les endilgó parte de la responsabilidad, insinuando su supuesta connivencia con las empresas. Pero, veamos los hechos.

En el 2022 el presidente Petro responsabilizó de las excesivas alzas tarifarias a la CREG y se propuso asumir sus funciones y competencias para bajarlas, pero después de fracasar en el intento de asumirlas, la CREG quedó en sus manos y desde entonces no hay sabido qué hacer con ella, pues hasta la fecha se ha negado sistemáticamente a nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados, como lo manda la ley y lo ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Ante su incumplimiento, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a dicho tribunal iniciar una acción de desacato contra el Presidente y contra el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho. Ello ha sumido a la CREG en una interinidad permanente, hasta su desintegración actual, luego de que el Consejo de Estado anulara el nombramiento de su director.

La ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció en octubre de 2022 un pacto por la justicia tarifaria que reduciría las tarifas en un 4%, el cual terminó en sólo 2,82%, cuando el aumento acumulado era del 40% en la región Caribe.

Ahora se anuncia nuevamente una baja de las tarifas en el Caribe del 4%, cuando el aumento de enero de 2023 a enero de 2024 fue del 31%, para ello el Gobierno Nacional asumirá la deuda contraída por parte de los usuarios con las empresas distribuidoras de energía por cuenta de la opción tarifaria.

Pero, para que las empresas Air-e y Afinia, que prestan el servicio, le trasladen este beneficio a sus usuarios no basta con el anuncio por parte del Gobierno. Para que este anuncio pueda materializarse, como lo dispone la Resolución 40225 del Ministerio de Minas y Energía expedida el 2 de julio, es la CREG quien lo debe decidir.

Del dicho al hecho hay mucho trecho. En efecto, en dicha Resolución se esbozan unos lineamientos tendientes a introducir unos cambios regulatorios, que sólo la CREG puede determinar, tendientes, según su texto a la adopción de “medidas para reducción de tarifas a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica”.

En la misma, incluso, se deja abierta la posibilidad de que el beneficio de la supresión del pago de la opción tarifaria se extienda a los estratos 4, 5 y 6. Pero, la verdad sea dicha, esta es una Resolución bien intencionada, pero ineficaz, pues varias de sus disposiciones principales dependen para su aplicación de acuerdos voluntarios entre generadores, comercializadores y distribuidores de la energía, que permitan la renegociación de los contratos bilaterales vigentes.

No obstante, como es bien sabido, una de las leyes de Murphy es aquella según la cual todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar. Ahora resulta que el pasado 2 de julio se venció el encargo de uno de los expertos comisionadosencargados, el de Orlando Velandia, director de la ANH y para rematar, el Consejo de Estado anuló el nombramiento del otro, Omar Fredy Prías, quien además era el Director Ejecutivo, por no reunir los requisitos legales, con lo cual la CREG queda con sólo 2 de los 6 expertos comisionados y se requiere un mínimo de 4 de ellos para configurar quorum, y sin este no se podrán tomar decisiones.

Decisiones como las que se plantearon en la Resolución, de que establezca y viabilice “mecanismos de financiación, adicionales a los mecanismos viabilizados por el Gobierno Nacional, que de manera temporal permitan aliviar la situación financiera de las empresas distribuidoras y/o comercializadoras que posean saldos acumulados de opción tarifaria”.

Y qué decir del plazo de 30 días calendarios a la CREG para que expida, nada menos, que “los ajustes regulatorios que considere necesarios, para el cálculo y reducción del Costo Unitario de prestación del servicio (CU), y la reducción de las tarifas para los usuarios de estratos 1, 2 y 3”.

Esperar que la CREG pueda proceder, como se lo solicita el Ministerio de Minas y Energía a través de esta Resolución, a expedir la resolución o las resoluciones requeridas, cuando la misma no cuenta con el quorum para la toma de decisiones es tanto como cortarle las alas a una paloma y esperar que la misma emprenda vuelo.

Ello nos lleva a afirmar que la CREG se ha constituido en el nudo gordiano de la crisis energética, que el ministro Andrés Camacho se niega a reconocer, que tiene la Transición Energética Justa en pausa, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo (2022 – 2026), pese a que la misma se ha convertido en el mantra de este Gobierno. Sólo este puede desatarlo, pero para ello tiene que superar la propensión a la procrastinación que lo ha caracterizado.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La CREG se ha constituido en el nudo gordiano de la crisis energética, que el ministro Andrés Camacho se niega a reconocer.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En mi concepto, el Gobierno Nacional persiste en incumplir las leyes 142 y 143 de 1994, las cuales disponen que el presidente de la República debe nombrar en propiedad y con período fijo de 4 años, con dedicación exclusiva a los 6 expertos comisionados que hacen parte de la CREG, la cual, aunque adscrita al Ministerio de Minas y Energía, goza de independencia administrativa.

La sentencia de la Corte Constitucional que lo reiteró, así como la orden impartida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca el 25 de enero para nombrarlos, fijó un plazo perentorio de 30 días hábiles, apelada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) pero confirmada por el Consejo de Estado el 2 de mayo.

En vista de su incumplimiento, la Procuraduría General de la Nación, que de manera reiterada le había requerido al Gobierno proceder a hacerlo, vencido el plazo que le dio (26 de junio) para la remisión de los actos administrativos de nombramiento de los 6 expertos comisionados, le solicitó al Tribunal administrativo de Cundinamarca ordenar la apertura de un incidente de desacato contra el presidente de la República Gustavo Petro y el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho.

Entre tanto, el Ministerio de Minas y Energía expidió el 2 de julio la Resolución 40225 en la que esbozan unos lineamientos tendientes a introducir unos cambios regulatorios, que sólo la CREG puede determinar, tendientes, según su texto a la adopción de “medidas para reducción de tarifas a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica”.

La verdad sea dicha, esta es una Resolución bien intencionada, pero ineficaz, pues varias de sus disposiciones principales dependen para su aplicación de acuerdos voluntarios entre generadores, comercializadores y distribuidores de la energía, que permitan la renegociación de los contratos bilaterales vigentes.

Una de las leyes de Murphy es aquella según la cual todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar. Ahora resulta que el pasado 2 de julio se venció el encargo de uno de los expertos comisionadosencargados, el de Orlando Velandia, director de la ANH y, para rematar, el Consejo de Estado acaba de anular el nombramiento del otro, Omar Fredy Prías, quien además es el director Ejecutivo, por no reunir los requisitos legales, con lo cual la CREG queda con sólo 2 de los 6 expertos comisionados y se requiere un mínimo de 4 de ellos para configurar quorum y sin este no se podrán tomar decisiones.

Decisiones como las que se plantearon en la Resolución de la referencia, como la orden de que establezca y viabilice “mecanismos de financiación, adicionales a los mecanismos viabilizados por el Gobierno Nacional, que de manera temporal permitan aliviar la situación financiera de las empresas distribuidoras y/o comercializadoras que posean saldos acumulados de opción tarifaria”.

Lo propio puede predicarse del establecimiento de “áreas especiales” para facilitar la transferencia de beneficios a los usuarios de las mismas, lo mismo la extensión sugerida del beneficio derivado de la asunción de la deuda por concepto de la opción tarifaria a los usuarios de estratos 4, 5 y 6 y a los no regulados.

Y qué decir del plazo de 30 días calendarios a la CREG para que expida, nada menos, que “los ajustes regulatorios que considere necesarios, para el cálculo y reducción del Costo Unitario de prestación del servicio (CU), y la reducción de las tarifas para los usuarios de estratos 1, 2 y 3”.

Esperar, entonces, que la CREG pueda proceder, como se lo solicita el Ministerio de Minas y Energía a través de esta Resolución, a expedir la resolución o las resoluciones requeridas, cuando la misma no cuenta con el quorum para la toma de decisiones es tanto como cortarle las alas a una paloma y esperar que emprenda vuelo.

Ello nos ha llevado a afirmar que la CREG se ha constituido en el nudo gordiano de la crisis energética, que el ministro Andrés Camacho se niega a reconocer. Sólo éste puede desatarlo, pero para ello tiene que superar la propensión a la procrastinación que lo ha caracterizado.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es el alma y nervio de este sector, es la entidad rectora en todo lo concerniente a la regulación, estableciendo las normas a las cuales debe sujetarse y velar por su cumplimiento.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La CREG está integrada por nueve miembros: el ministro de Minas y Energía, quien la preside, el ministro de Hacienda y el director del DNP, por parte del ejecutivo, y seis expertos comisionados designados por la Presidencia de la República.

Durante casi 30 años, desde que se integró merced a la Ley 142 de 1994 había venido funcionando sin mayores tropiezos, pero desde el 2022 hasta la fecha la CREG entró en crisis y ha estado al garete por cuenta de la reticencia del Gobierno Nacional a nombrar en propiedad los expertos comisionados, sumiéndola en la interinidad e inoperancia que la tienen en un verdadero laberinto del cual sólo él la puede sacar, para la bienandanza del sector.

Se ha cumplido el último plazo para que el Gobierno Nacional le dé cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, para que se procediera a nombrar en propiedad a los restantes expertos comisionados de la CREG.

Recapitulemos: El 9 de septiembre de 2022, en su discurso de clausura del XXIV Congreso de ANDESCO el presidente Gustavo Petro amenazó con intervenir la CREG para detener la espiral alcista de las tarifas de energía eléctrica. El 16 de febrero de 2023 el presidente Petro expidió el Decreto 227 asumiendo las funciones y competencias de la CREG. Pero el 2 de marzo de 2023 el Consejo de Estado acoge los argumentos de la demanda contra dicho Decreto y suspende su vigencia como medida cautelar.

El Gobierno Nacional procedió, entonces, a nombrar a varios de los expertos comisionados para suplir la vacancia que se presentó por la nulidad de su nombramiento por parte del presidente Duque, pero en calidad de encargados, contrariando lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 143 de 1994 y el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, en sentido que ellos tienen un periodo fijo de 4 años y son de dedicación exclusiva. La CREG entra así en un largo letargo debido a su interinidad. 

Por su parte, la procuradora General Margarita Cabello, mediante Oficio 678 del 10 de octubre de 2023, le hace el requerimiento al ministro de Minas y Energía Andrés Camacho para que procediera al nombramiento en propiedad de los seis expertos comisionados que integran la CREG. La Procuraduría fue reiterativa en ello, recibiendo la callada por respuesta.

Entre tanto, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-048 del 21 de febrero, deja claramente establecido que los expertos comisionados de la CREG no son subalternos del Gobierno, tienen periodo fijo de cuatro años y son de dedicación exclusiva. Con ello se busca preservar el carácter autónomo e independiente que por Ley debe tener la CREG. En igual sentido se manifestó el Consejo de Estado el 29 de febrero de 2024.

En respuesta a la demanda interpuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca sentenció el 25 de enero de 2024 que “el deber jurídico de integrar la CREG con seis expertos en asuntos energéticos, de dedicación exclusiva y por periodos de cuatro años, fue estipulado por el legislador de forma expresa, y lo asignó al presidente de la República». Le ordenó, en consecuencia, nombrar en propiedad a los seis expertos comisionados de la CREG, dándole un plazo perentorio de 30 días.

Esta decisión fue apelada por el DAPRE ante el Consejo de Estado y este profirió su Sentencia el 2 de mayo de 2024, confirmando y ratificando la orden dada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, dejando en firme su Sentencia.

El alto Tribunal le dio al presidente de la República un nuevo plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación, para cubrir las vacantes de los expertos comisionados de la CREG, nombrándolos en propiedad. Plazo este que ya se cumplió.

Finalmente, en vista de la renuencia del Gobierno Nacional para cumplir los fallos de los altos tribunales y velando por el cumplimiento de las decisiones judiciales, la Procuraduría General le acaba de dar plazo este miércoles 26 de junio para la remisión de los actos administrativos de nombramiento de los seis expertos comisionados. De lo contrario, el ministro Camacho, como delegatorio por parte de la Presidencia del poder nominador de los mismos, estaría incurso en desacato y expuesto a las sanciones que puedan derivarse de dicha conducta. El ministro tiene la palabra.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.