Un paso en falso

El primer impacto del veto a las exportaciones de carbón a Israel se sentirá en la balanza de comercio y el ingreso de divisas al país, que se verán menoscabadas en 500 millones de dólares.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El presidente Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas de Colombia con el Estado de Israel el pasado 2 de mayo. Lo que precipitó esta medida fue el desacato por parte del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pidió un cese del fuego. “Vamos a suspender las exportaciones de carbón a Israel hasta que detenga el genocidio”, espetó Petro el 8 de junio a través de su cuenta de X.

A renglón seguido expidió el proyecto de Decreto para comentarios “por el cual se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel”, el cual cobró vigencia el pasado 14 de agosto con el número 1047.

Entre las consideraciones se aducen como razones justificativas que “la República de Colombia considera que las operaciones militares en contra del pueblo palestino representan un quebrantamiento a la paz y seguridad internacional».

Se advierte que esta medida se mantendrá en vigor “hasta que se cumplan a cabalidad las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia, en el proceso de aplicación de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio en la franja de Gaza”.

El presidente Petro expidió este Decreto sin modificación alguna, pese a las observaciones que le hizo el Procurador delegado con funciones para asuntos ambientales, minero-energéticos y agrarios Gustavo Adolfo Guerrero el 17 de junio, las cuales fueron desoídas y desestimadas. Advierte él “sobre la posible configuración de un riesgo de daño antijurídico, por adolecer el acto administrativo que se pretende expedir de posible ausencia o falsa motivación. Los argumentos expuestos no están acordes con la realidad fáctica y probatoria”, acotó.

Por su parte el Contralor General arguyó que, según lo dispone el Código Minero, “el concesionario dispondrá libremente el destino de los minerales explotados y establecerá las condiciones de su enajenación y comercialización”. Y enfatizó en que “el proyecto de Decreto causa inseguridad jurídica y un desincentivo a la inversión extranjera”.

Obviamente, el primer impacto de este veto a las exportaciones a Israel se sentirá en la balanza de comercio y el ingreso de divisas al país, que se verán menoscabadas en 500 millones de dólares.

Pero también se verán afectados los ingresos del Estado, pues se dejarán de recibir $650.000 millones/año, entre impuesto a la renta recaudado por la Nación y las regalías que reciben los departamentos de Cesar y La Guajira, que verán reducidos sus ingresos en $100.000 millones por concepto de regalías.

Y ello se da en momentos en los que las afugias fiscales del Gobierno son mayores, debiendo recortar el Presupuesto en $20 billones y se apresta a presentar un proyecto de ley de financiamiento por valor de $12 billones. Cabe aquí la expresión bíblica, cuando Cristo reprendió a Pedro: como estamos y tú cortando orejas.

Es preciso aclarar que el carbón colombiano que se exporta a Israel es solo térmico, el cual es usado para la generación de energía, no es metalúrgico, que es el que se utiliza en la industria militar. Por tanto, está fuera de lugar afirmar, para justificar esta absurda medida, como lo hizo el presidente Petro, que con el carbón extraído de las entrañas del territorio colombiano “se hacen bombas para matar los niños de Palestina”. 

No es el caso del petróleo, que sirve de combustible para alimentar la agresión israelí al pueblo palestino y por ello esta vez, como ocurrió en 1973, a raíz de la guerra del Yom Kipur, cuando la OPEP decretó un embargo petrolero como arma de guerra, con magros resultados, varios países que le proveen petróleo a Israel están contemplando apelar a ello para boicotearlo. 

De otra parte, es de anotar que tanto GLENCOR como DRUMOND son multinacionales que operan no solo en Colombia y son ellas las que le proveen el carbón a Israel, no Colombia como Estado, de manera que si se les impide suministrarlo desde Colombia lo harán desde los otros países en donde operan (Australia, India, Indonesia, incluso los EEUU), que son nuestros competidores.

Israel no se va a ver afectada, no va a dejar de recibir el carbón que requiere, no se va a apagar por cuenta de la decisión del presidente Petro. Esta medida, en suma, resulta inane frente a los intereses de Israel.

Esta decisión es abiertamente violatoria del TLC firmado entre Colombia e Israel, que entró en vigor en 2020, del TLC suscrito en 2006 con EEUU, domicilio principal de DRUMOND, así como del Acuerdo de Protección a la Inversión, firmado en 2009 entre Colombia y Suiza, domicilio de GLENCOR.

Con ello se ha sentado un pésimo precedente, pues los tratados y los acuerdos son para cumplirlos y su incumplimiento acarrea consecuencias. Colombia puede ser objeto de sanciones comerciales y retaliaciones por parte de los países afectados por su transgresión y de contera con ello se afecta la seguridad jurídica y la confianza inversionista, en momentos en los que el país más los requiere para el impulso y la reactivación de la economía colombiana. Huelga decir que la política exterior debe responder a una política de Estado y no a una política de gobierno.

Colombia, entonces, con este dislate, se está haciendo el harakiri, pues pierde por punta y punta, con cara y con sello, se queda con el pecado y sin la gracia con esta decisión desafortunada y contraproducente, que muy seguramente derivará en controversias jurídicas en el país y en instancias internacionales de las cuales el Estado puede salir mal librado.

De hecho, ya se han anunciado demandas de nulidad ante la Corte Constitucional por la presunta violación de la Constitución Política. Este Decreto se le puede convertir al Gobierno en un búmeran.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Hidrógeno: replanteando la estrategia de financiación de proyectos

El hidrógeno es una opción a la que varios sectores de la economía pueden optar para disminuir su huella de carbono, pero este mercado se enfrenta a retos que requieren replantear su enfoque.

Por: MÓNICA TORRES SIERRA*

El hidrógeno ha sido considerado una alternativa para el logro de los objetivos de descarbonización porque su uso final no genera dióxido de carbono. Sin embargo, el mercado del hidrógeno enfrenta múltiples retos técnicos, jurídicos y financieros que ponen en riesgo el despliegue de su desarrollo y que obligan a replantear la estrategia.

Si bien el uso del hidrógeno como fuente de energía térmica en procesos industriales, energía eléctrica, combustible, vector energético para almacenar y transportar energía y como agente reductor no es nuevo, el mercado del hidrógeno está todavía por desarrollarse a nivel global y local.

La asignación de fondos es fundamental para facilitar inversiones en proyectos en toda la cadena de valor del hidrógeno que permitan la creación de un mercado líquido y competitivo, y garanticen su sostenibilidad financiera, pero dichos fondos deben focalizarse estratégicamente.

La Agencia Internacional de Energía afirma que, si bien hay un aumento en el consumo de hidrógeno, este se debe a las tendencias de consumo de los sectores tradicionales como la industria petrolera para la actividad de refinación, la industria química para la producción de fertilizantes y, en menor proporción, la industria metalúrgica para la producción de acero.

Así, las políticas que se han creado en los últimos años para promover el hidrógeno para descarbonización todavía no generan cambios ni aumentos en el consumo de la molécula.

Además, la Agencia afirma que el interés en el desarrollo de proyectos de hidrógeno y sus derivados en toda la cadena de valor ha aumentado, pero todavía hay un rezago en su financiación.

Pese a que cada año aumenta el anuncio de proyectos a nivel global, aproximadamente solo el 4% de los proyectos toman una decisión final de inversión, y de estos solo entre el 10% y el 12% logran ser puestos en operación.

La dificultad para lograr el cierre financiero de los proyectos se debe, entre otros, a la falta de certeza que tienen los inversionistas sobre las bondades del hidrógeno.

Si bien el hidrógeno al ser usado no es contaminante, la intensidad de las emisiones durante su producción varía de manera importante dependiendo de la ruta de producción, así como se ve influenciada por el método de transporte utilizado, por lo que es necesario cuantificar sus efectos en las emisiones.

Esta tarea se dificulta por la falta de estandarización en los esquemas de certificación de origen que permitan identificar la trazabilidad de la reducción de emisiones del hidrógeno.

Por otro lado, aun cuando el hidrógeno es versátil, la tendencia en la promoción en su uso se focaliza en sectores en los que los sustitutos energéticos provienen de fósiles y la electrificación no es una opción. Esto ocurre porque, entre otros, la producción de hidrógeno implica el uso de otros recursos de vital importancia, como la energía eléctrica y el agua.

Recuérdese que la actividad de producción de hidrógeno es electro-intensiva. El hidrógeno usualmente está combinado con otros elementos como metano, oxígeno, carbono y otros hidrocarburos y minerales. El proceso de separación para disponer de la molécula requiere de altas cantidades de energía eléctrica. Además, el agua se requiere para el proceso de electrólisis, así como para la generación de vapor para producir hidrógeno con gas natural.

Así, el consumo de hidrógeno y sus derivados requiere la planeación del uso de los recursos necesarios para producirlo.

La Agencia Internacional de Energía Renovable afirma que en el escenario que busca limitar el aumento de la temperatura media mundial en 1,5°C por encima de niveles preindustriales en el 2050, el uso de hidrógeno bajo en carbono y sus derivados, incluyendo combustibles sintéticos y fertilizantes, aportaría a la reducción del 12% de las emisiones, frente a un 25% de la generación de energía renovable, el 25% de medidas de eficiencia energética, y un 19% de la electrificación de varios sectores de uso final.

Así, el hidrógeno no es el salvador, pero sin duda alguna aporta a la descarbonización, siempre y cuando se incentive la creación de demanda, particularmente, para nuevos usos.

En consecuencia, el despliegue del mercado del hidrógeno nos obliga a priorizar el destino de los recursos para viabilizar más proyectos en sectores de alto consumo energético y difícil electrificación.

Esto requiere la creación de políticas que incentiven y promuevan inversiones que son necesarias para hacer cambios tecnológicos que viabilicen el consumo del hidrógeno y sus derivados.

La discusión actual alrededor de esta molécula ya no se centra en su versatilidad o en su clasificación por colores, sino en promover su producción y uso en sectores estratégicos, implementando mecanismos para calcular la huella de carbono durante el proceso de producción y transporte del hidrógeno y sus derivados.

*Abogada con más de 12 años de experiencia en el sector energético. Actualmente desempeña su práctica como Counsel del área de Energía & Cambio Climático.

La suerte está echada

El sector de los hidrocarburos no pasa por su mejor momento. Tanto la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez como el actual ministro Andrés Camacho han seguido a pie juntillas la directriz del presidente Petro de no abrir nuevas rondas para la asignación de áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Sin fórmula de juicio y desatendiendo las recomendaciones de la Comisión de Expertos integrada por el anterior Gobierno, tomaron la determinación de apagar los dos pilotos en marcha, los cuales tenían por finalidad establecer la viabilidad o no de utilizar la técnica del fracking en Colombia.

El país se quedó sin saberlo, a sabiendas del enorme potencial de recursos que posee en yacimientos no convencionales, cuyo desarrollo podría llegar a duplicar las actuales reservas de hidrocarburos.

Y la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible Susana Muhamad fue más lejos al radicar el proyecto de ley que lo prohibía, el cual fue archivado por tercera vez. Pero, no da su brazo a torcer y, según ha anunciado, por cuarta vez lo radicará nuevamente.

Estos pasos en falso han terminado por desalentar la inversión y la actividad en el sector, lo cual ha repercutido en la caída de las reservas tanto de petróleo, cuya relación reservas/producción cayó hasta 7,1 años, como del gas, que tuvo una mayor caída, hasta 6,1 años.

No obstante, aunque a regañadientes, se ha mantenido la inversión con la que se asoció ECOPETROL y OXY para explotar un yacimiento no convencional (YNC), el PERMIAN, en los EEUU, utilizando la técnica del fracking, que hoy por hoy es el negocio más rentable con que cuenta la estatal petrolera. Su producción es de 90 mil barriles/día, de los cuales 49% corresponden a ECOPETROL.

Al respecto manifestó el presidente de ECOPETROL Ricardo Roa que “es satisfactorio reportar estos logros operativos en el marco de actividades seguras, apoyada en procesos innovadores, con tecnologías confiables, tanto técnico como ambiental y dentro de los más altos estándares”. Cabe preguntarse, si ello es posible en territorio estadounidense por qué no lo es el colombiano.

Llama la atención que mientras el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla proyecta llevar la producción de petróleo hasta un millón de barriles al día, cuando cada día que pasa Colombia se aleja más y más de dicha meta, la que alcanzó en los años 2014 y 2015. El tope de la producción de crudo sigue sin superar los 800.000 barriles/día.

Y no es para menos, porque no se puede pretender aumentar la producción de manera sostenible si al mismo tiempo no se incorporan barriles a las reservas y ello sólo será posible cuando se desactive el freno de mano por parte del Gobierno.

Estamos en presencia de una dicotomía, pues al tiempo que se descarta la firma de nuevos contratos de exploración y producción, el ministro, desesperado por el desfinanciamiento del presupuesto, presiona para aumentar la producción de crudo, su principal fuente de financiamiento.

Siempre se ha dicho por parte de los dos titulares de la cartera de Minas y Energía, para justificar la posición del Gobierno, que con los contratos ya firmados se garantizaba el autoabastecimiento del país, que no se requería más. Sin embargo, el presidente Petro en el marco de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP28, fue más lejos y firmó el Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, mediante el cual comprometió a Colombia a frenar en seco la actividad exploratoria y de producción de hidrocarburos en el país.

Y más recientemente el ministro Camacho, frente a la opción de retomar la firma de nuevos contratos, manifestó, como disculpa, que hay “espacio suficiente para explorar en los contratos vigentes y por tanto, hacer más eficiente la exploración y explotación, por lo que contemplar extender la frontera exploratoria no es necesario”.

Con estas señales, no es de extrañar la desaceleración de la actividad exploratoria en el país. Como afirmó el vicepresidente de Estrategia y Asuntos Regulatorios de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) Andrés Bitar, “muchos de los inversionistas son internacionales y es difícil explicarles que todo está transcurriendo como venía transcurriendo en los años anteriores, cuando cada vez que puede, el presidente Petro vuelve y replica el mensaje de que no quiere hidrocarburos”.

Las cifras son elocuentes: según la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (CAMPETROL) venimos con una actividad de taladros baja, tanto es así que desde noviembre de 2022 hasta abril de este año cayó 30,3%.

En julio había 110 equipos de perforación operativos, una caída de 45 equipos frente a noviembre de 2022. De allí que, como afirma Andrés Bitar, “si la baja actividad de perforación persiste, es probable que la producción de petróleo caiga a mediano y largo plazo, incluso mayor que el reportado tras la pandemia, del cual el país no se ha recuperado”.

Ello explica también el mediocre desempeño del sector de minas y canteras, el cual, según el más reciente reporte del DANE cayó –3,3% en el segundo trimestre de este año, el peor de todos. Definitivamente, en este Gobierno la suerte está echada.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Se agota el gas

Colombia enfrenta una grave situación en materia energética, generada por el mismo Gobierno.

Por: JUAN ESPINAL*

El gas es un recurso energético estratégico para la vida cotidiana de los colombianos que se está agotando. El presidente Petro tomó la errónea decisión de no apostarle a la producción de los hidrocarburos y la no firma de más contratos de exploración frente al aumento de la demanda. Sumada la inseguridad jurídica para el sector, prenden las alertas en el país frente al grave desabastecimiento del energético.

Hace unos días se conoció el reporte del Gestor del Mercado de Gas Natural sobre la oferta de cantidades disponibles de gas natural para la venta en firme (PTDVF), en el que indicaron que la cantidad para la venta del recurso para 2025 será de 43.5 GBTUD frente a una necesidad de contratación de 120 GBTUD y para 2026 será de 160.5 GBTUD frente a una necesidad de contratación de 350 GBTUD.

Es evidente la preocupación que genera el informe. Estamos ante un déficit de oferta de gas local de 77 GBTUD equivalente al 7,5% del total de la demanda nacional para el 2025, y para 2026 el déficit será de 190 GBTUD equivalente al 16% del total de la demanda nacional.

Lo complejo ante la situación es que no existe voluntad del Gobierno para solucionar la crisis, se requiere la firma de más contratos de explotación, ponerle el acelerador a los proyectos costa afuera y levantar la suspensión de los Proyectos Pilotos de Investigación Científica (PPIC). De lo contrario, tendríamos que importar gas, lo que generaría un aumento del 28% en la factura, afectando el bolsillo de los colombianos y evidenciando aún más el desinterés del gobierno para reactivar la economía.

El gas ha dignificado la vida de las familias más vulnerables. Actualmente, 36 millones de colombianos tienen gas en sus hogares y el 85% son de estratos 1,2,y 3. Según cifras del DNP, el gas natural es un servicio público que representa solo el 0.8% del costo total de la canasta de consumo de los hogares más vulnerables.

El gas natural es el energético más utilizado por la industria del país, representando el 32% del total de los energéticos utilizados por este sector; en el sector transporte, más de 180.000 vehículos convertidos a gas están activos, el 100% de la flota del Sistema de Transporte Público de Cartagena y Valledupar funcionan con gas natural, así como el 30% del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá.

¿Será que el presidente Petro no conoce estas cifras y la importancia del energético en la economía del país? El negocio entre PDVSA y Ecopetrol para importar gas desde Venezuela a Colombia persiste, aunque el choque de posiciones entre el presidente de Ecopetrol y el ministro de Minas es claro. En la moción de censura, el ministro manifestó ante la Cámara de Representantes: “Ni política ni financiera o técnicamente vamos a poder importar gas”, ¿a quién le creemos?

Lo único cierto es que estamos ante una grave situación, y mientras el gas se agota, el Gobierno sigue dando cifras que no se ajustan a la realidad de los datos publicados por el sector y los expertos.

*Representante de la Cámara.

La mala hora de la minería

La política minera del Gobierno Petro se debate entre la coherencia y el dogmatismo, pero alejada del realismo y el pragmatismo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

En el programa de gobierno del presidente Petro se planteó el “desescalamiento gradual del modelo extractivista. Emprenderemos un desescalamiento de la dependencia del petróleo y el carbón”. Y fue enfático al afirmar que “en nuestro gobierno se prohibirán la exploración y explotación de yacimientos no convencionales (YNC), se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”. Estábamos, entonces notificados lo que se nos vendría pierna arriba.

Sin proponérselo, sólo porque por fuerza de las circunstancias le quedó servida la ocasión para poner en práctica el “desescalamiento” del denostado modelo “extractivista” e impedir la gran minería a cielo abierto, en este caso de carbón, el departamento del Cesar se convirtió en el escenario perfecto para implementarlo.

En efecto, el 4 de febrero de 2021 PRODECO, empresa carbonera subsidiaria de la multinacional GLENCOR, le devolvió al Estado colombiano dos títulos mineros, de las minas de Calenturitas y La Jagua, a la Agencia Nacional Minera (ANM).

La Agencia decidió no reabrirlas ni reasignar tales títulos, con el firme propósito, como lo dijo su presidente Luis Álvaro Pardo, de pasar del “extractivismo a una economía productiva”.

Ello se ha traducido en más de 5.000 trabajadores cesantes y la perdida de cuantiosos ingresos para la Nación, para el Departamento y los municipios, al tiempo que se están dejando de exportar 15 millones de toneladas.

El único rastro que ha dejado en el territorio el fementido paso hacia una “economía productiva” es el publicitado piloto Distrito Minero Especial para la diversificación productiva, que nada les dice a los damnificados por este cierre intempestivo de la actividad minera en ese corredor.

Si bien el Gobierno, pensando con el deseo, puede mostrar este caso como su contribución a la descarbonización y al cumplimiento de la meta de Colombia de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lejos de ello, la demanda por carbón en el mundo alcanzó sus máximos históricos en los años 2022 y 2023, consumiendo 8.300 millones y 8.500 millones de toneladas, respectivamente. Bien dijo Keynes que toda demanda crea su propia oferta, de modo que mientras se siga demandando carbón, como se está demandando, algún país, distinto a Colombia, lo va a producir y exportar, quedándose Colombia con el pecado y sin la gracia.

Lo propio puede afirmarse con respecto a la absurda decisión del Gobierno de prohibir las exportaciones de carbón a Israel, por motivaciones políticas. De darse este paso, Colombia dejaría de exportar 2,45 millones de toneladas/año por un valor aproximado a los US $500 millones, además de $650 mil millones que se dejarían de recibir por concepto de regalías, impuestos y contribuciones. Solamente los departamentos de Cesar y La Guajira verían diezmados sus ingresos por concepto de regalías en más de $100 mil millones.

El sector minero en general se ha visto sacudido por anuncios y decisiones que ha venido tomando el Gobierno que son atentatorios contra la confianza inversionista, tales como el proyecto de ley minera, que pretende reformar el Código de Minas, al tiempo que inaplica las normas vigentes y decreta “distritos mineros” a su libre albedrío y la ANM se distrae con el embeleco de crear un nido burocrático con el rimbombante nombre de ECOMINERALES, con la pretensión de competir con la empresa privada, a la que en lugar de estimularla se le pretende arrinconar. No es un secreto para nadie que esta es una mala hora para la minería.

Tanto más en cuanto que se está satanizando esta actividad, de la cual dijo refiriéndose a DRUMOND, una de las multinacionales más importantes, que está desarrollando su actividad en el Cesar y la portuaria en el Magdalena, el presidente de la ANM Luis Álvaro Pardo, “el tren de esta compañía que transporta carbón desde sus minas en el Cesar hacia el Puerto en Ciénaga para ser exportado “lleva el veneno no sólo a Europa sino a toda la humanidad. Hoy podríamos decir que este tren, en realidad, está transportando cadáveres, no están ahí, los van a producir sólo porque unas empresas tienen codicia de ganar antes de permitir que la vida sea en el planeta”. ¡Qué tal esto!

La hostilidad hacia la actividad extractiva se pone de manifiesto en el esperpento jurídico de un Decreto del Ministerio de Ambiente 044 de 2024, a través del cual se arroga unas competencias desmedidas y se lleva de calle el principio constitucional de la autonomía territorial, así como sucedió con la delegación de la autoridad minera al departamento de Antioquia, que se revirtió.

Según la norma cuestionada, al declarar un área como “reservas temporales” y so pretexto de protegerlas, puede iniciarse un proceso que puede “culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería”, aun tratándose de aquella amparada por la Ley. Con señales como estas se está espantando a la inversión y a los inversionistas del sector.

La política minera de este Gobierno, entonces, se debate entre la coherencia y el dogmatismo, pero alejada del realismo y el pragmatismo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La autosuficiencia de gas natural llega a su fin

Este sombrío panorama debería llevar al Gobierno a recapacitar sobre la inconveniencia de persistir con terquedad aragonesa en su decisión de no firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pues lo que está en juego es la seguridad y la soberanía energética del país.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

La estrechez actual entre la demanda de gas natural (1.019 GBTUD) y la oferta (1.028 GBTUD), coincide con la caída, por segundo año consecutivo, de las reservas del 15,7% el último año, registrando un aforo de 2,37 terapies cúbicos (TPC) a diciembre 31 de 2023, para una relación de reservas/producción de sólo 6.1 años.

Estos polvos tenían que traer esos lodos. De acuerdo con el más reciente reporte de la Bolsa Mercantil de Colombia, para este año el potencial de producción doméstica de gas natural en Colombia caerá alrededor del 7,3%. Pero será mayor la declinación en los años venideros, estimándose en un 11,6% para el 2025 y el 9.3% para el 2026, para un acumulado entre los años 2024 – 2026 del 19.8% .

Entre tanto la demanda de gas natural aumentó el 3,9% entre 2022 y 2023, por debajo del incremento del 4,6% entre 2021 y 2022, lo cual se explica por la baja en la demanda del sector industrial a consecuencia de la desaceleración del crecimiento de la economía.

La proyección de la demanda para este año y los próximos años será mucho más elevada, habida consideración de que el gas natural está llamado a ser el combustible puente de la Transición Energética. Ello significa que el país pasará de un déficit en el suministro de gas natural del 7,5% el año entrante a un déficit de 16% en 2026.

Al estrés que acusa el sector eléctrico, debido a la estrechez entre la oferta (265 GWHD) y la demanda (248 GWHD), que presiona al alza los precios de la energía tiende a repetirse ahora con el gas natural, ante la imperiosa necesidad de suplir parte de la demanda el año entrante con gas importado, impactando al consumidor final (industrial, automotor, comercial y residencial).

El gas importado tiende a ser más caro, hasta el doble, del precio del gas doméstico. Y, como es apenas obvio, al ser más alto precio del gas natural, ello se traducirá en incrementos de las facturas de los 12 millones de usuarios domiciliarios, alzas que pueden llegar a superar el 24%, dispara los costos de operación de los 650.000 vehículos convertidos a gas y desde luego ello implica mayores costos para la industria, afectando su competitividad y desde luego también impacta los costos de generación térmica, mayor el precio y en últimas más altas las tarifas. 

Ante esta encrucijada y abocados a la necesidad de importar gas natural para garantizar el normal abastecimiento, la discusión que está al orden del día es cuál sería la fuente de suministro. El Gobierno ha insistido una y otra vez en la posibilidad de importar gas desde Venezuela como primera alternativa. Esta la veo cada vez más remota y más en las actuales circunstancias de inestabilidad política.

La alternativa que se tiene al alcance de la mano y la más realista es la ampliación de la capacidad de la regasificadora que opera la Sociedad Portuaria El Cayao, ubicada en Cartagena, que hoy está en 450 millones de pies cúbicos (MMPCD). Ello, sin descartar el montaje de una planta bidireccional en La Guajira, que permita importar en el corto plazo y exportar cuando lleguemos a tener excedentes.

Este sombrío panorama debería llevar al Gobierno a recapacitar y a repensar sobre la inconveniencia para el país de persistir con terquedad aragonesa en su decisión de no firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pues lo que está en juego es nada más ni nada menos que la seguridad y la soberanía energética del país.

Ello es tanto más razonable si se tiene en cuenta que Colombia posee un enorme potencial de gas natural, tanto en onshore como en offshore, que puede superar perfectamente los 70 TPC.

La provincia gasífera costa afuera del Bloque Tayrona es muy promisoria y los proyectos exploratorios en los campos de Uchuva y Gorgon en La Guajira son prometedores. Allí Ecopetrol, de la mano de Petrobras, avanza en la perforación de pozos con miras a dimensionar el tamaño del yacimiento. Y este tiene la ventaja de su proximidad a las facilidades que ofrecen las dos plataformas de Chuchupa. 

Mientras tanto, es menester, como lo ha urgido el gremio del sector, NATURGAS, se deben implementar medidas regulatorias que flexibilicen y habiliten la comercialización de gas importado y el proveniente de costa afuera.

Se impone también ajustar la normatividad que rige la comercialización  de gas local e importado en lo atinente a la duración de los contratos, que posibilite las negociaciones y renegociaciones en cualquier época del año, evitando rigideces.

También se impone la necesidad de aprobar las inversiones asociadas a la ampliación de la capacidad de transporte del gasoducto Ballena – Barranquilla y de esta manera permitir que los excedentes de gas de la región Caribe puedan compensar los déficits en el interior del país y viceversa. Para ello se precisa, además, resolver las solicitudes de cargos y agregación de tramos de transporte con el fin de optimizar la capacidad de transporte y el empalme entre los gasoductos de PROMIGAS y TGI.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.  

El embrollo de la opción tarifaria

Desde el 2022, no solo en Colombia sino en el resto del mundo se dispararon los precios y las tarifas de energía, debido a un brote inflacionario global en el que el servicio de energía llevó la peor parte.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El alza afecta más a los usuarios de la región Caribe porque sus tarifas son más altas. Mientras en el resto del país las tarifas oscilan alrededor de $850 el KWH en la región Caribe superan los $1.200 el KWH.

La tarifa de energía (costo unitario) tiene 6 componentes, a saber CU = G + T + C + D + PR + R. Lo que hace la diferencia entre la tarifa en la región Caribe, Mercado servido por Air-e y AFINIA, con respecto a los del resto del país es el cargo correspondiente a las pérdidas reconocidas (PR). Mientras en el resto del país dicho cargo es en promedio del 8,5%, en la región Caribe es del 24%, dado que no solo se reconocen las pérdidas técnicas sino las no técnicas o sea la energía que se roban, de tal suerte qué terminan pagando justos por pecadores.

Ello se explica por el “régimen especial” para el Caribe previsto en la Ley 1955 de 2019 del PND de la administración Duque. Este cobro aunque es legal, porque se sustenta en la Resolución 010 de 2020 de la CREG, no por ello deja de ser injusto. 

Un factor que venía contribuyendo a las elevadas tarifas en todo el país era la aplicación de un Índice del Precio al Productor (IPP) a varios de los cargos de la tarifa, que no consultaba para nada los costos en los que incurren los agentes de la cadena. Por fortuna se replanteó su cálculo y la CREG deberá modificarlo y establecer un deflactor más apropiado. 

Otra clavija que incluye la fórmula tarifaria es el cargo por restricciones (R), atribuidas especialmente al atraso en la ejecución de los proyectos de generación y transmisión, el cual desde el 2000 se le viene cargando el 100% a los usuarios, cuando quienes deberían asumirlas son los responsables de las mismas. Pero así lo dispuso la CREG mediante la Resolución 063.

Mención aparte merece la opción tarifaria (OT). A finales de 2022, en el Pacto por la “Justicia tarifaria” anunciado por la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez se acordó suspender temporalmente el cobro y pago de la OT. Al reanudarse su cobro en enero de 2024, la OT se convirtió en el cargo 7 de la fórmula tarifaria (CU = G + T + C + D + PR + R + OT), exacerbando las alzas.

Después de tres cumbres infructuosas (en el Palacio de Nariño, la primera, en Sincelejo la segunda y en Cartagena la tercera), sin que se alcanzaran acuerdos para bajar las tarifas, el presidente Petro anunció desde Barranquilla que el Gobierno Nacional asumiría el pago de la Opción Tarifaria, lo cual se traduciría en una baja entre el 4% y el 20% en la factura.

A poco andar, el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho aclaró que solo se asumiría la deuda por concepto de la OT de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 ($2,8 billones). Y, para rematar, adujo que la Nación solo podía asumir dicha deuda si el Congreso de la República faculta al Gobierno para hacerlo mediante una Ley, la que se tramitará en esta legislatura que empieza.

Entre tanto, el ministro Camacho expidió el 2 de julio la Resolución 40225, ordenándole a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) la adopción de las “medidas para reducción de tarifas a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica”. No obstante la CREG, por falta de quorum, no está en capacidad de tomar decisiones. Ya han transcurrido 25 de los 30 días calendarios que le dio el ministro para bajar las tarifas y hasta ahora nada de nada.

Y hablando de soluciones, a propósito de las cuales hemos presentado propuestas concretas y razonables, además de la revisión del cargo por pérdidas reconocidas (PR) y del indexador (IPP) y de la supresión del cargo por restricciones (R), amén del pago de la Opción Tarifaria por parte del Gobierno Nacional, las empresas generadoras deberían hacer un esfuerzo en esta coyuntura crítica para los usuarios, disponiendo un descuento temporal en el precio de la energía pactado en los contratos bilaterales entre ellas y las empresas distribuidoras, disminuyendo de esta manera el cargo por generación (G).

Por su parte, las distribuidoras deben hacer un mayor esfuerzo para disminuir su exposición en Bolsa, con el fin de amainar el impacto del precio spot en el componente G de la tarifa (CU) y reducir el cargo por comercialización (C).

Como lo hemos señalado, para aliviar el bolsillo de los usuarios reduciendo el valor de la factura del servicio de energía son varias las acciones que se pueden acometer ya y pasan por la superación del impase de la CREG, convertida en el nudo gordiano de la actual crisis.

No hay que esperar la reforma de la Ley de servicios públicos para lograrlo, como se ha planteado sutilmente. Quienes como el ministro y el Superintendente de Servicios Dagoberto Quiroga sostienen esta tesis, tratan de tender una cortina de humo, al tiempo que tratan con ello de impulsar el anunciado proyecto de reforma. Ello no pasa de ser una falacia y un espejismo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Ecominerales: bienvenidos al siglo XX

Dentro de las iniciativas insulsas, improcedentes y descabelladas que mes a mes presenta el gobierno nacional por cuenta propia o a través de los congresistas del Pacto Histórico, actualmente cursa un proyecto de Ley bajo el radicado de 344/2023 de la Cámara de Representantes, el cual no es otra que la retardataria idea de crear una empresa estatal minera, llamada Ecominerales.

Por: SANTIAGO SOTO*

En resumidas cuentas, esta empresa tiene como objeto realizar actividades de exploración, explotación, comercialización de minerales, actividades de investigación, así como celebrar contratos de diferentes naturaleza con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Sí, tendrá como objeto todas esas actividades que el mismo gobierno lleva dos años entorpeciendo y atacando, pero esta vez, convenientemente ejecutadas por ellos.

Además de lo arcaico que es pensar en la estatización para la ejecución de una actividad económica, cuando es bien sabido que lo público es desde cierta perspectiva ineficiente, está también más que demostrado que la fórmula que funciona es la inversión privada para desarrollar proyectos de alto impacto, generar empleo, inversión social, contratación y pago oportuno de bienes y servicios entre otras bondades. Es por esto que no se entiende el propósito de meter al país en esta empresa que, además de lo expuesto, tiene aún muchos vacíos acerca de su funcionamiento.

Basta con mirar el sector hidrocarburos en la historia del país, donde pasó de promediar entre 500.000 y 600.000 barriles diarios cuando el país operaba bajo el modelo de contrato de concesión, a alcanzar los 900.000 y 1’000.000 de barriles diarios de crudo, después de la escisión de Ecopetrol y la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos mediante la Ley 1760 de 2003, donde se incentivó la inversión privada y extranjera, dinamizando la actividad petrolera en diversas zonas del país, trayendo desarrollo, inversión, mayor recaudo por concepto de regalías e impuestos, así como entrada de divisas.

Las dudas acerca de esta turbia iniciativa comienzan con los apartes del articulado que hablan sobre su financiación. Como primera fuente estará la reversión de títulos mineros, lo cual explicaría la persecución contra el sector minero los últimos dos años, desincentivando nuevas inversiones y ocasionando devoluciones de títulos y requerimientos por parte de la Agencia de la competencia, y de este modo, contar con alternativas prospectivas para financiar este proyecto estatal.

De igual forma, otra de las principales fuentes de financiación serán las dos agencias administradoras de los contratos mineros y petroleros, Agencia Nacional de Minería y Agencia Nacional de Hidrocarburos, las cuales deberán hacer aportes a la naciente empresa.

También llama la atención que el texto precisa que, para el capital inicial de la empresa del estado, no será necesario el traslado de recursos financieros provenientes del presupuesto general de la Nación ni demandará esfuerzo fiscal, sin embargo, en el párrafo subsiguiente deja a discrecionalidad del gobierno nacional disponer de aportes vía presupuesto o traslado presupuestal para la capitalización de la empresa.

Tampoco menciona en ningún aparte las condiciones en que la empresa pagará al Estado la contraprestación por explotar recursos naturales no renovables.

Ahora bien, de acuerdo con el texto aprobado en comisión de la Cámara, las relaciones laborales se regirán por el contrato de trabajo, convención colectiva y pactos colectivos, lo cual es lo normal en entidades del sector público, no obstante, puede percibirse la innecesaria creación de esta empresa como un caramelo a los sindicatos del sector minero y petrolero, quienes vieron sus mejores días, en el caso del sector hidrocarburos, cuando Ecopetrol era empresa con capital 100% público, y que podrían robustecer nuevamente su poder con una estatal del sector minero.

Respecto al controvertido proyecto de ley, la Contraloría General de la Nación manifestó preocupación, pues una iniciativa de este corte no es nueva en nuestro país. Contrario sensu, se asemeja a otros intentos fallidos como lo fueron en la década de los 90 Ecominas, Mineralcol, Ecocarbón, las cuales terminaron en liquidación y transfiriendo sus funciones a Ingeominas. Continua el contralor indicando que es imposible pensar la creación y funcionamiento de Ecominerales sin esforzar el presupuesto público, lo cual es más preocupante aún por el hecho de no tener total claridad de las inversiones que la empresa realizará.

En conclusión, habrá que ver el término de esta iniciativa retardataria del país que nos devuelve al siglo pasado, concentrando los sectores económicos en el Estado, lesionando la iniciativa privada, de lo cual no percibiremos las consecuencias sino hasta recibir la embestida económica, cuando empiecen a salir del país multinacionales mineras, petroleras y en general de energía, llevándose consigo divisas, regalías, impuestos, inversión social, contratación de mano de obra, bienes y servicios. Una vez perdida la confianza inversionista, no será fácil recuperarla.

*Abogado de la Universidad Libre de Colombia, con especialización en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado.

¿La soberanía energética colombiana está en duda?

Las fuentes renovables son clave para la diversificación de la matriz energética, pero su escalabilidad tiene un camino largo que recorrer. En Colombia, su viabilidad enfrenta importantes retos, por lo que el gas natural juega un rol relevante en la transición y en la soberanía energética, razón por la cual el desabastecimiento que hoy enfrenta el país requiere de medidas urgentes.

Por: MÓNICA TORRES SIERRA*

Siempre se ha afirmado que Colombia cuenta con gran potencial en las reservas de gas natural; sin embargo, su materialización todavía tiene muchos desafíos.

El país se ha enfocado en masificar el consumo de gas natural en los sectores residencial, industrial y comercial. Esto ha permitido que el gas natural sea fundamental en la vida y la economía nacional, en tanto que:

  1. Ha aportado a los objetivos para la sustitución de leña,
  2. Ha sido esencial para limpiar el parque automotor,
  3. Permite garantizar la confiabilidad del servicio de energía eléctrica,
  4. Más de 218 mil usuarios comerciales e industriales utilizan este energético, y
  5. El 65% de la población usa gas en sus hogares.

En la primera década de este siglo se evidenció que las reservas no serían suficientes para atender la creciente demanda en el mediano plazo. Así, en el 2010 Colombia promovió la producción nacional de gas natural, y la importación del energético en estado líquido (GNL). Esto llevó a adjudicar nuevas áreas para buscar y extraer hidrocarburos, y a la puesta en operación de la única terminal de importación de gas en Cartagena.

Adicionalmente, el plan de abastecimiento de gas natural concluyó que, para garantizar el abastecimiento y la confiabilidad en el suministro, también se requería ampliar la capacidad del Sistema Nacional de Transporte a través de varios proyectos de expansión (los IPAT) y la infraestructura de importación y regasificación en el Pacífico.

Pese a lo anterior, las medidas tomadas no han sido suficientes, y el riesgo de desabastecimiento es inminente. A la fecha: (i) el proceso de selección del inversionista a cargo del proyecto del Pacífico se declaró desierto, (ii) los proyectos IPAT no avanzan, (iii) las señales de política energética niegan la posibilidad de explorar el potencial gasista del país en tierra y costa afuera, y (iv) la terminal de Cartagena seguirá atendiento exclusivamente a tres generadores térmicos hasta el 2031.

En mayo pasado la Agencia Nacional de Hidrocarburos publicó el Informe de Reservas y Recursos Contingentes de Hidrocarburos con corte a 31 de diciembre de 2023, indicando que las reservas probadas de gas natural son de 2.373 Gpc, equivalentes a 6,1 años de abastecimiento.

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía presentó la declaración de producción de gas natural 2024-2033 evidenciando que hay una reducción en el potencial de producción total en comparación con lo declarado el año pasado. Esto prendió las alarmas porque la disponibilidad de gas natural para atender la demanda está en duda, pues desde 2025 habrá faltantes de gas natural.

Recordemos que la importancia del gas natural para Colombia no solo se debe a los más de 11,5 millones de hogares colombianos a quienes deben garantizárseles el suministro, sino que aporta respaldo al servicio de energía eléctrica cuando las hidroeléctricas se enfrentan a la sequía, y a la confiabilidad de las renovables en los periodos en las que estas no están disponibles, como en la noche o durante periodos climáticos determinados.

En consecuencia, el diagnóstico es claro: el país no requiere de más discursos, estudios, paneles y grupos de discusión. Se necesitan señales de mercado y regulatorias de largo plazo serias, que permita a los inversionistas apostarle al sector.

Para ello será necesario recuperar la institucionalidad de la CREG realizando los nombramientos en propiedad de personas con experiencia técnica para que tomen decisiones tendientes, entre otros, a:

  1. Flexibilizar los mecanismos de comercialización de gas, permitiendo la contratación directa, en cualquier momento del año, y de corto plazo,
  2. Aprobar los cargos de los proyectos de expansión de transporte,
  3. Fortalecer y promover la actividad de transporte virtual que permita acercar las fuentes no conectadas al sistema de transporte a los centros de consumo, y
  4. Habilitar a más agentes para que realicen la actividad de regasificación e inviertan en infraestructura de importación.

Además, se requiere retomar la discusión sobre los proyectos piloto en yacimientos no convencionales, para identificar los verdaderos riesgos de la actividad y decidir objetivamente si se habilita esta actividad.

Finalmente, se debe adjudicar áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.

El gas natural es un energético clave en la transición energética y en la vida de los colombianos, por eso requiere de atención nacional.

*Abogada con más de 12 años de experiencia en el sector energético, en los subsectores gas y energía eléctrica. Actualmente se desempeña como Counsel de Energía & Cambio Climático.

Prolegómeno al anteproyecto de reforma de la ley de servicios públicos

Antes de adentrarnos en el análisis del anteproyecto de ley de reforma de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos que el Gobierno ha dado a conocer y que radicará próximamente en el Congreso, exponemos lo que podríamos llamar el prolegómeno a propósito del mismo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En primer lugar, es bueno dejar establecido que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 le dio un revolcón al régimen de los servicios públicos, al dejar establecido en el artículo 365 de la Constitución Política que su prestación es inherente a la finalidad social del Estado. Que este es el responsable de garantizar “su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”, no obstante deja abierta la opción de que pueda darse “directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares”, alternativa esta que era impensable enantes.

Eso sí, La Carta le reserva al Estado “la regulación y la vigilancia de dichos servicios”, para lo cual se creó la Superintendencia de los Servicios públicos domiciliarios, la única de rengo constitucional.

Las leyes 142 y 143 de 1994 desarrollaron este precepto, la primera la de servicios públicos y la segunda la eléctrica, nacieron el mismo 11 de julio y son siameses. No es dable pensar en una reforma de la primera sin tocar la segunda.

Gracias a la vigencia de estas dos leyes se logró ampliar la cobertura en la prestación del servicio de energía, la cual pasó de 70,9% en 1990 a 98,72% en 2023, y el número de usuarios pasó de 4,4 millones en 1990 a 17,7 millones en 2023. Ello fue posible merced a la inmensa inversión en el sector, que alcanzó los $140 billones en el decurso de los 30 años de vigencia de estas leyes, primando, de lejos, la inversión privada sobre la del sector público.

Ello le ha valido a la arquitectura del sistema energético colombiano y a su desempeño una buena calificación tanto por parte del Foro Económico Mundial (octavo puesto a nivel global en 2016 y el décimo en el reporte de 2020, entre 126 países analizados), como uno de los mejores sistemas energéticos del mundo; como del Consejo Mundial de Energía (WEC, por sus siglas en inglés). Colombia logró escalar 12 puestos en el ranking del trilema (sostenibilidad, seguridad y equidad), ubicándose en el puesto 35 entre 130 países evaluados. 

No puede decirse lo mismo con respecto a la Transición Energética. Colombia ha retrocedido en los últimos dos años. Después de ocupar el puesto 29 a nivel global y tercero en Latinoamérica en el Informe del FEM en 2021, gracias a la expedición por parte Congreso de la República de las leyes 1715 de 2014 y la 2099 de 2021, amén de la asignación mediante subastas entre 2019 y 2021 de 2.400 MW de capacidad de energía eólica, la demora en el tendido de Colectora, para inyectar la energía generada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), que solo estará operativa en 2026 y el atraso de la entrada en operación de los parques eólicos en La Guajira (los primeros han debido entrar en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno), le valió a Colombia perder 10 posiciones a nivel mundial, pasando del puesto 29 al 39 y en Latinoamérica pasó del tercer puesto al sexto.

 Este retroceso se explica también por el inmovilismo y la procrastinación por parte del Gobierno, pues después de casi año y medio desde que la ex ministra de Minas y Energía se comprometió en noviembre de 2022 en el marco de la 27 Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), a la fecha no se cuenta todavía con la Hoja de ruta de la transición energética justa, un mandato de la Ley 2294 de 2023 del plan Nacional de Desarrollo (PND 2022 -2026).

Ahora bien, el hecho de que este Gobierno no haya revelado su Hoja de Ruta de la Transición Energética no quiere decir que no exista, pues en el anterior Gobierno de Duque se expidió el Documento CONPES 4075 de marzo 29 de 2022, contentivo de los lineamientos de la Política de Transición Energética, el cual se basó en un informe y las recomendaciones de 20 expertos, que por mandato del Congreso de la República (Ley 1955 de 2019 del PND 2018 – 2012) integró el presidente Duque y rindió su informe el 28 de enero de 2020. 

Entre las recomendaciones de la Misión, que contó con el apoyo del BID y el Banco Mundial, centradas en 5 focos estructurales del mercado, se destaca el marco institucional y regulatorio. Se ocupa también de la formación de precios y de la necesidad de mejorarla, la participación de los agentes de la cadena y de las transacciones al por mayor, eso sí, “sin poner en riesgo la confiabilidad y firmeza” del sistema energético.

Con base en este Informe, la administración Duque publicó la Hoja de Ruta “para modernizar y transformar el sector eléctrico en el corto y mediano plazo, implementando las acciones de los actores en toda la cadena de generación, producción y comercialización de energías”. De manera que el actual Gobierno, mientras no se de su propia Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa, por respeto a la institucionalidad, debe cumplir y hacer cumplir lo avanzado en el anterior Gobierno. 

Si bien es cierto, después de 30 años de vigencia de ambas leyes ameritan hacerles los ajustes y enmiendas que demandan la reconfiguración del mercado energético con la introducción de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), no hay que pasar por alto que en ello se avanzó con la expedición de las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021.

Sería un error garrafal pensar que con la reforma propuesta se haría borrón y cuenta nueva, lo más aconsejable para evitar un serio traumatismo en la prestación de los servicios públicos con calidad, eficiencia y continuidad, como manda la Ley, es construir sobre lo construido, sin demoler sus bases.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

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