¿Gas venezolano? No, por ahora

El Gobierno Nacional sigue sin ponerse de acuerdo sobre la necesidad y la conveniencia de importar gas natural de Venezuela.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Una declaración del Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo citada fuera de contexto, en el sentido de que “en el mediano futuro sí hay posibilidades interesantes de que Venezuela exporte gas a Colombia” revivió el debate que suscitó la declaración de la ministra de Minas y Energía Irene Vélez al descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, y planteó que ante la insuficiencia en las reservas de gas el país lo importaría desde Venezuela.

En su lugar, «si necesitáramos llenar nuestra matriz energética se podría hacer la conexión de transporte de gas con Venezuela», sentenció la ministra.

La reiteración de la ministra en Davos (Suiza) de que “no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo” se basó en el cuestionado documento ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa’ originado en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el cual difiere de su último reporte fechado en mayo del año pasado.

Según el informe, las reservas probadas remanentes de gas natural con las que contaba el país eran de 3,16 terapiés cúbicos (TPC), las cuales al ritmo de producción y consumo promedio alcanzarían para entre 7,7 y 8 años.

Por lo demás, ante un posible déficit de suministro, en momentos en los que la generación térmica lo demanda, se ha contado y se seguirá contando con las facilidades para la importación de gas por parte de la regasificadora de la Sociedad Portuaria El Cayao (Spec), con capacidad de 400 millones de pies cíbicos diarios (MPCD), localizada en Cartagena.

Sólo hasta mayo de 2023 se conocerá el nuevo informe actualizado de reservas, y lo que reporta la ANH está basado en el informe que le rinden las empresas responsables de la operación de los campos en producción, y ello aún no se ha dado. En las cuentas alegres de la ministra, para justificar su aserto, incurre en la desmesura de sumar las reservas probadas + reservas posibles + reservas probables + reservas contingentes + reservas prospectivas, para concluir que las mismas podrían garantizar el autoabastecimiento hasta el 2037-2042. Pero las únicas reservas con las que a la fecha podemos contar son las probadas.

Los mensajes de la ministra Vélez son erráticos y contradictorios, pues al tiempo que se afirma que tenemos suficientes reservas como para garantizar autoabastecimiento hasta 2042, para descartar nuevos contratos de exploración y explotación de gas natural, se plantea la inminente necesidad de la importación de gas desde Venezuela.

 Mi percepción es que, como dice el adagio popular, hay quienes están ensillando sin traer las bestias, toda vez que para ser viable importar gas desde Venezuela esta debe contar con excedentes exportables así como con las facilidades de transporte. Y ni lo uno ni lo otro se podrá dar en el corto plazo.

En cuanto a excedentes exportables, es muy dudoso, toda vez que las reservas y la producción de gas natural, en una altísima proporción están asociadas a la producción de petróleo, no se trata de gas libre y por lo tanto con la caída de la producción de petróleo desde los cerca de 4 millones de barriles/día de enantes a menos de 750 mil barriles actualmente, la producción de gas ha caído en la misma proporción.

Y en cuanto a las facilidades para la entrega de gas a Colombia, las mismas demandarán tiempo e inversiones. Tocaría esperar la reconstrucción del estragado gasoducto Antonio Ricaurte, con capacidad de transporte hasta los 450 MPCD, que une la Estación de Ballena en La Guajira con la Planta de Ramón Laguna en el estado Zulia y construir la infraestructura que permita traer el gas desde el oriente de Venezuela hasta empalmar con el Antonio Ricaurte. Uno y otro demandan ingentes recursos de inversión y tardarían en estar disponibles no menos de dos años. Así de claro.

Desde luego, en el largo plazo no se puede descartar la integración energética entre los dos países, como se intentó sin éxito por parte de los ex presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez en 2004, debido a su incumplimiento. En dado caso serviría sólo de respaldo pero no para depender del suministro desde Venezuela.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo Germán Umaña fue enfático al precisar que “tenemos un vecino que tiene reservas inmensas de gas y como lo dijo el ministro Ocampo puede haber una complementariedad” hacia el futuro. Pero, no por ahora.

Dos de las lecciones aprendidas de la crisis energética de la Unión Europea es que la Transición Energética no debe poner en riesgo la seguridad energética y tan importante como ésta es la soberanía energética. Colombia, sobre todo después de este nefasto antecedente, no puede exponerse a un desabastecimiento dependiendo de Venezuela, tanto más en cuanto que, más allá de los 8 años de autoabastecimiento que tenemos asegurados, a la vuelta de 4 o 5 años se espera que los nuevos descubrimientos de gas natural en el off shore colombiano (pozos Uchuva y Gorgon) estén en producción.*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE

Más vale pájaro en mano…

Si Colombia renuncia prematuramente y en solitario a los hidrocarburos como una “señal  clara de nuestro compromiso en la lucha  contra el cambio climático”, como lo anunció la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez en Davos, con qué vamos a suplir las divisas que dejarían de percibirse y los ingresos que dejarían de recibir los departamentos y municipios.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Ninguno de los países petroleros en el mundo se está planteando dejar de firmar nuevos contratos de exploración y producción (E&P). Por el contrario, Noruega, principal productor y exportador de petróleo y gas de la Unión Europea está ofertando 92 nuevos bloques para la exploración. Y ello, no obstante contar con un Fondo soberano, que no tiene Colombia, de US$1,4 trillones, alimentado por la explotación de los hidrocarburos. El Reino Unido, por su parte, hace apenas unas semanas abrió el proceso para adjudicar un centenar de nuevos contratos de E&P.

Cabe preguntarse también cómo asegurar los 350.000 barriles/día que demandan las dos refinerías para garantizar el abastecimiento de combustibles. Bien dijo Aldoux Huxley que “los hechos no dejan de existir porque se ignoren”.

La única forma de mantener y/o incrementar la producción de crudo es acrecentando las reservas probadas, que son las únicas con las que se puede contar a ciencia cierta y ello no será posible si se frena la exploración. En ese sentido, como dice el adagio popular, vale más un pájaro en mano que cien volando.

Desde luego que el país no se puede resignar a seguir dependiendo de la actividad extractiva del petróleo y el carbón, a sabiendas de que en el largo plazo la demanda se va a contraer y para entonces sobrevivirán para entonces los productores con menores costos, entre los cuales no está Colombia.

Se impone, entonces, la necesidad de acompasar la Transición Energética con una estrategia de transformación productiva, con el propósito de diversificar la economía y la canasta exportadora. En ello coincido con la ministra cuando afirma que “no sólo se trata de una transformación en la matriz energética, sino de generar otras economías a escala nacional y a escala local”.

Pero, ello toma su tiempo y demanda ingentes inversiones. Según estudio de Fedesarrollo, liderado por el experto Juan Benavides, el costo anual de la Transición Energética hacia el año 2035 sería del orden de los US $38.000 millones y la única fuente de financiamiento con la que cuenta actualmente el país es justamente la que se tiene en la actividad extractiva, por más que se le abomine. Como suele decirse entre los economistas, no hay almuerzo gratis.

A Chile, por ejemplo, le tomó 25 años para convertirse en uno de los mayores exportadores de frutas a nivel mundial, para no depender sólo de las exportaciones de cobre, que son del orden de los US $53.424 millones, que representan el 40,5% de sus exportaciones totales,  mientras sus ingresos por cuenta del mercado de las frutas ronda a lo sumo los US $4.800 millones, el 25% de lo que le ingresa a Colombia por concepto de sus exportaciones de petróleo.

Una actividad a promover, dentro de ese esfuerzo de diversificación, es el turismo, pero el reto es enorme, si tenemos en cuenta que hoy los ingresos que genera esta actividad le significan a la Nación $4,94 billones, el 17,2% de los dividendos que le gira ECOPETROL a la Nación, que son del orden de los $28,56 billones, sin tomar en consideración lo que le reportan las exportaciones de carbón.

El esfuerzo para que el turismo logre posicionarse como el gran generador de empleo e ingresos es gigantesco y en ello tanto el gobierno central como las entidades territoriales deben emplearse a fondo para lograrlo.

Lo que no se puede es dar un salto al vacío dándole la espalda a los hidrocarburos cuando aún no tenemos a la mano otro sector, otra fuente de crecimiento, empleo e ingresos que lo sustituya. No podemos dejar lo cierto por lo dudoso.

Colombia se tiene que cuidar de no incurrir en el mismo error de Alemania, que se apresuró a apagar las plantas térmicas de generación de electricidad y los reactores nucleares sin contar con la capacidad de generación suficiente a partir de FNCER, para después tener que volver a encenderlas. Y ese error lo está pagando caro. Nada nos ganamos con acelerar en neutro.

Otra lección de la crisis energética que afronta Alemania y en general los países de la Unión Europea es que tanto o más importante que la seguridad energética es la soberanía energética, para no estar a expensas de otros países.

Finalmente, digamos que así como es de importante que la Transición Energética sea justa, única manera de que sea sostenible, también debe ser responsable.

Así lo aconsejó el presidente Luis Inacio Lula da Silva: “Mientras no tengas energías alternativas seguirás usando la energía que tienes”. Esta es una verdad de Perogrullo. Como lo advirtió, con mucha antelación a la actual crisis energética global, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, se requiere “una transición tranquila y eficiente”, a riesgo de enfrentar “una transición caótica” y, añadiría yo, traumática.

Para evitarlo sólo basta tener una buena dosis de sensatez, realismo y pragmatismo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Colombia, ni polizón ni Atlas climático

Para que Colombia cumpla su compromiso de reducir sus emisiones en un 51% hacia el 2030, la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En 2015 se firmó el Acuerdo de París en el marco de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), en el cual se fijaron tres objetivos básicos: limitar el incremento promedio de la temperatura a 2 grados centígrados respecto a los niveles anteriores a la primera revolución industrial; segundo, redoblar los esfuerzos tendientes a impedir que el mismo sobrepase el umbral de 1,5 grados a finales del siglo XXI y, tercero, alcanzar la carbono neutralidad en 2050, siendo este último, el de la descarbonización de la economía, la clave para alcanzar los otros dos objetivos.

De la Transición Energética se empezó a hablar desde las postrimerías del siglo pasado, cuando los movimientos ambientalistas reaccionaron en Alemania contra el avance de las instalaciones de reactores nucleares para generar electricidad, derivando posteriormente en el propósito manifiesto de descarbonizar el sector eléctrico migrando hacia fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), sobre todo después del Acuerdo de París.

Este énfasis en la descarbonización del sector eléctrico se explica porque en los países desarrollados, que son los mayores responsables del acumulado en la atmósfera de los gases de efecto invernadero (GEI) y de sus emisiones, tienen en el mismo la mayor fuente de emisiones con el 73,5%.

No es el caso de Colombia donde, a lo sumo, contribuye con el 34% de las mismas, habida cuenta de que el 68% de su capacidad instalada de generación de electricidad es de origen hídrico.

Huelga decir que las emisiones de GEI de Colombia son ínfimas en comparación con otros países, pues apenas representan el 0,55% del total global.

Las emisiones per cápita de Colombia, alrededor de 1,6 toneladas de CO2 equivalente por persona al año, está muy por debajo del promedio mundial que oscila en torno a 4,5 toneladas, e incluso del promedio de Latinoamérica, que tiene un registro de 2,6 toneladas.

Dicho sea de paso, en Colombia la mayor fuente de emisiones de GEI está constituida por el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y sobre todo por alarmante deforestación, factores que sumados representan más del 55% de las emisiones de GEI.

Por ello, coincidimos con el experto ambientalista Juan Pablo Ruiz cuando afirma que para que Colombia cumpla su compromiso de reducir sus emisiones en un 51% hacia el 2030, “la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos”.

Además de las particularidades anteriores de Colombia, hay una diferencia fundamental a la hora de definir la hoja de ruta de la Transición Energética entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón y Colombia, que también depende, pero de la producción y exportación de petróleo y carbón, sus dos principales renglones de exportación, superando el 50% de las mismas, así como de la generación de divisas, que supera el 20% de los ingresos corrientes de la Nación. Y de contera, en promedio, más del 35% de la inversión extranjera directa (IED) es atraída por el sector petrolero. Por todo ello planteamos la necesidad de una transición energética a la colombiana, que se ajuste a sus particularidades y prioridades.

Las bajas emisiones de GEI por parte de Colombia y la reducida contribución a las mismas del sector eléctrico no la puede llevar a convertirse en el llamado peyorativamente polizón climático, cruzándose de brazos a la espera de que sean otros quienes hagan el esfuerzo tendiente a la descarbonización de la economía, pero tampoco debe asumir el papel de Atlas, cargando a cuestas con el resto del mundo.

Como bien lo dejó establecido la COP26, el mandato del Acuerdo de París y los compromisos adquiridos por los países que lo suscribieron, entre ellos Colombia, conllevan una “responsabilidad común pero diferenciada”, no se puede prorratear.

La encrucijada para Colombia es doble, está ante el riesgo de perder la autosuficiencia en materia de hidrocarburos, lo cual la obligaría a importar, afectando la balanza comercial, porque no sólo dejaría de percibir divisas por la exportación de crudo, provocando una hiperdevaluación del peso, sino que deberá gastar sus escasas reservas de dólares para importar el crudo requerido para cargar las dos refinerías y evitar poner en riesgo el abastecimiento de combustibles.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Sumando peras con manzanas

Las cifras de la ministra son cuentas alegres como las de la lechera de Samaniego, que nos enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, declaró en el Foro Económico Mundial en Davos que en Colombia “no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo… es una señal de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”. Sin embargo, según expertos y conocedores del tema, las declaraciones de la ministra están fuera de lugar.

La ministra Vélez se apoya en un controvertido estudio, hecho en volandas y con notoria falta de rigor técnico, en el cual llegan a la conclusión de no conceder nuevos contratos.

El estudio, titulado Balance de contratos de hidrocarburos para la transición energética justa está avalado por el Ministerio de Minas y Energía y por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), pero a la vista resalta que toda la argumentación está basada en cifras sesgadas, imprecisas y con mucha falta de rigor técnico.

Es de anotar que la exviceministra Belizza Ruíz, quien aparece firmándolo, manifestó que su “nombre fue puesto allí para legitimar esas cifras y ese texto. Una vez leído, estoy en completo desacuerdo con ese documento”.

La realidad es que el documento no plantea que no se firmen nuevos contratos como lo quiere hacer ver la ministra. De acuerdo con Vélez, si se suman las reservas probadas, probables y posibles y, además, se les agrega el desarrollo de los recientes descubrimientos de Uchuva y el bloque integrado de evaluación hechos por Ecopetrol se garantizará el suministro de gas más allá del 2037. Y va más lejos al asegurar que, si se le adicionan los recursos prospectivos actuales, se extenderá el suministro hasta el 2042.

Las cifras de la ministra son cuentas alegres como las de la lechera de Samaniego, que nos enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro.

Según el presidente de la Asociación de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, Flover Rodriguez, no se pueden confundir los recursos probados, probables y posibles con los contingentes y prospectivos. Él dice que los prospectivos “están aún lejos de ser reservas, ya que estos deben ser descubiertos y ellos no lo son”. Dicho de otra manera, no se pueden sumar peras con manzanas.

Por lo demás, una de las mayores limitaciones del estudio es que no va más allá del mero balance de los contratos, cuando la decisión sobre si se firman o no nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos tiene unas implicaciones que van desde el impacto en la balanza comercial del país, el impacto fiscal, cambiario y también en la afluencia de inversión extranjera, entre otros.

Es evidente que los platos rotos de una decisión tan desatinada como la de marchitar la actividad hidrocarburífera en el país la pagarán los próximos gobiernos. Es irónico porque, debido al efecto inercial y a la actual coyuntura internacional, el cuatrienio de Petro será el de mayores exportaciones de petróleo y carbón, al alcanzar cifras récord en producción de volúmenes y en ingresos de divisas.

Es entendible la posición del director de Crédito Público y del Tesoro Nacional, José Roberto Acosta, al salirle al paso a la ministra Vélez y advertir que “no se ha tomado la decisión sobre la suscripción de nuevos contratos de exploración. No es una decisión de gobierno. Lo dicen las cifras, necesitamos más contratos de exploración”. Él la tiene clara, sabe que lo que está en juego es la estabilidad macroeconómica del país.

La ministra ha repetido hasta la saciedad que no cancelará los contratos vigentes. Pero de ello no es de lo que se trata, eso no está en discusión. Ni más faltaba que frenera en seco la actividad de la industria cuando hay de por medio unos contratos firmados. Se trata, según ella, de “un plan para aumentar las reservas de hidrocarburos, que consta de tres partes: potenciar contratos vigentes, destrabar los suspendidos y la utilización de técnicas como la del recobro mejorado”. El plan es plausible pero no es suficiente para la seguridad energética del país.

El recobro mejorado es una técnica que permite un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos petroleros en los campos maduros, aquellos que ya están en etapa de declinación.

Para la ministra, “si hoy Colombia aumentara su factor de recobro a promedios internacionales, podríamos contar con un aumento de cerca del 15 % en nuestros recursos de petróleo”.

No obstante, aumentar el factor de recobro demanda cuantiosas inversiones y el uso de técnicas sofisticadas de última generación, lo cual implicaría mayores costos de extracción del petróleo, que sólo se justificarían cuando las señales de precio y la regulación ambiental lo favorezcan. Entonces hay que superar muchas barreras para pasar del dicho al hecho. Eso no es como soplar y hacer botellas.

Cabe preguntarse, si Colombia renuncia prematuramente a los hidrocarburos, ¿con qué vamos a suplir las divisas que dejarán de ingresar y los ingresos que dejarán de percibir departamentos y municipios? Cómo asegurar los 350.000 barriles diarios que demandan las dos refinerías para garantizar el abastecimiento de combustibles.

Bien dijo Aldoux Huxley que “los hechos no dejan de existir porque se ignoren”. La única forma de mantener y/o aumentar la producción de petróleo es acrecentando las reservas probadas, que son las únicas con las que se puede contar a ciencia cierta.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El cambio climático

Nos quedan pocos años para tomar medidas urgentes para evitar el desastre y salvar nuestro planeta.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El Grupo Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (IPCC), integrado por más de 200 científicos de multiplicidad de países, de distintas ideologías y religiones, han llegado al consenso de que a mayores concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI), especialmente del dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera más alta es la temperatura global y mayor el efecto invernadero.

De hecho, la temperatura global ha subido 1,1 grados Celsius con respecto a la era preindustrial (alrededor de 1780). Una segunda conclusión a la que arribaron es que el mayor responsable de las mismas es la actividad humana y por ello hablan de causas antropogénicas.

Hablemos de las características del cambio climático, el cual, en rigor, es mejor denominarlo como variabilidad climática. En primer lugar, se caracteriza por fenómenos extremos de alta pluviosidad (la Niña) o sequía (el Niño); en segundo término, estos fenómenos no son cíclicos o estacionales, de serlo serían previsibles y pronosticables, en cambio, son recurrentes.

Además, dichos fenómenos extremos son cada vez más frecuentes, más intensos y de mayor durabilidad y por lo tanto sus estragos son mayores.

Hay un antes y un después de 2015 en la lucha de la comunidad internacional contra el cambio climático. A finales de ese año tuvo lugar la 21ª Conferencia de las Naciones sobre el cambio climático (COP21), en la cual se aprobó el Acuerdo de París, el cual ha sido firmado por 193 partes (192 países más la Unión Europea).

Dicho Acuerdo contempla como estrategia fundamental la descarbonización de la economía, con el propósito de reducir las emisiones de GEI y de esta manera contener el aumento de la temperatura global.  

El Acuerdo de París se fijó como objetivo impedir que el aumento de la temperatura global con respecto a la era preindustrial supere los 2 grados Celsius. Dicho umbral se redujo en una Conferencia posterior de las Naciones Unidas (COP26) a 1,5 grados.

Según los estudios del IPCC, de superar este umbral, estaríamos en presencia de la más alta temperatura experimentada en los 10.000 años de historia de la civilización y, de darse, el planeta tierra se tornará mucho más peligroso e inhabitable. Y, por lo pronto, no tenemos otro planeta habitable, no disponemos de Plan B.

El secretario de las Naciones Unidas Antonio Guterres ha sido enfático en que “nos acercamos al borde del abismo… Si no cambiamos la dirección corremos el riesgo de cruzar el umbral en el que podemos evitar el cambio climático desbocado”.

Nos quedan pocos años para tomar medidas urgentes para evitar el desastre y salvar nuestro planeta. Como lo afirmó el último líder de la URSS y premio Nobel de paz Mijail Gorbachov, “el futuro dependerá de si somos capaces de encontrar una síntesis de los valores ecológicos, liberales y sociales, lo que yo llamo ´los valores perennes”.

No hay duda de que los mayores responsables de la acumulación en la atmósfera de los GEI, de sus emisiones y del cambio climático son las grandes potencias, encabezadas por China, EEUU, la Unión Europea e India.

A nivel global es el sector energético el de las mayores emisiones de GEI con el 73%, le sigue el sector agropecuario y la deforestación con el 19%. En este punto es bueno recalcar que en Colombia, a diferencia del resto del mundo, las mayores emisiones provienen de este último sector, con el 59% y no del sector energético, que a lo sumo contribuye con el 38%.

Las bajas emisiones de GEI del sector energético del país se explican en gran medida porque mientras en el resto del mundo el 68% de la generación de energía es de origen térmico, en Colombia ese mismo porcentaje corresponde a generación hídrica.                                     

Por ello, la Transición Energética en marcha, que tiene por finalidad contribuir a la descarbonización de la economía, difiere de país a país y por ello su hoja de ruta y las acciones a seguir no pueden ser las mismas en todos los países.

Colombia no puede calcar la hoja de ruta de otros países con otras realidades diferentes a la suya.

No puede ser igual la hoja de ruta de la Transición Energética de países que dependen de la importación de petróleo y carbón a otro, llamado Colombia, que depende de su producción y exportación. Por ello, hablamos de la ‘transición energética a la colombiana’.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La apuesta por la RAP del Caribe

Las RAP están llamadas a contribuir a la integración regional, a promover una mayor y mejor artículación entre los departamentos que las integran y entre estos y las instancias nacionales de gobierno.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

El pasado 26 de diciembre la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, que funge como presidente del Consejo Regional Administrativo de Planeación, y los demás gobernadores de los ocho departamentos que integran la Región Administrativa y de Planificación (RAP) del Caribe, resolvieron ponerla en marcha.

Me ha cabido en suerte, por generosidad y expresa voluntad de ellos, la responsabilidad de conducir dicho proceso hasta llevarlo a puerto seguro. Con esta ya son siete RAP que operan en el país, cada una de ellas en la región de su jurisdicción.

Este primero de febrero, con su puesta en funcionamiento, es una fecha memorable para el Caribe colombiano y constituye un hito histórico en la denodada y perseverante lucha por reivindicar la autonomía y el desarrollo regional. Bien se ha dicho que la historia trabaja para nosotros a condición de que nosotros trabajemos para ella y este es el caso.

Como antecedente más remoto tuvimos la Ley 76 de 1985, mediante la cual se crearon las regiones de planificación, más conocidas como CORPES, las cuales dejaron de operar desde el 2000. Luego la Asamblea Nacional Constituyente, gracias a la intervención de los delegados de la región (Eduardo Verano, Carlos Rodado, Eduardo Espinoza, Juan B. Fernández, Raimundo Emiliani y Orlando Fals Borda), al expedir la nueva Constitución de 1991, no sólo consagró el principio de la autonomía (artículos 1 y 287), sino que le dio vía libre a las regiones para que se pudieran constituir como RAP primero y como entidades territoriales (RET) después, de conformidad con los artículos 306 y 307.

Luego, mediante el voto directo del constituyente primario, 2,5 millones de ciudadanos despositaron en las urnas en las elecciones al Congreso de la República en mayo de 2010 el Voto Caribe con el mandato de constituir la región Caribe como entidad territorial como meta a alcanzar, “para que promueva un desarrollo económico y social en nuestro territorio, dentro del Estado y la Constitución colombiana”.

En respuesta a este hecho político se aprobó por parte del Congreso de la República la Ley 1454 de 2011 de ordenamiento territorial (LOOT), la cual, según lo prevé la Carta, es requisito sine qua non para la aprobación de la RAP y de la RET. Pero dicha Ley, lejos de viabilizar la constitución de las mismas la obstruyó poniéndole barreras y cortapisas, emasculádolas además al dejarlas sin fuentes de ingresos para su funcionamiento.

Fue necesaria la expedición de la Ley 1961 de 2019, de fortalecimiento de las RAP, para destrabarla, la cual fue reglamentada mediante el Decreto 900 de 2020. Tuvimos que esperar 20 años para que las RAP vinieran a llenar el vacío dejado por los CORPES.

Las RAP constituyen una especie de escala técnica, de meta volante, para alcanzar la meta final que son las RET. Bien dijo el gran alemán Max Weber, “toda experiencia histórica confirma la verdad de que no se hubiera obtenido lo posible sino se hubiese pugnado, una y otra vez, por alcanzar lo imposible”.

Las RAP están llamadas a contribuir a la integración regional, a promover una mayor y mejor artículación entre los departamentos que las integran y entre estos y las instancias nacionales de gobierno. Con ellas las regiones se empoderan aún más y ganan en capacidad de interlocución frente al Gobierno central, para dejar de ser alfil sin albedrío del agobiante y esterilizante centralismo.

Son muchos los retos que tenemos por delante y no podemos ser inferiores a ellos. Bien sabemos que, como dice Karl Popper, “el futuro no está predeterminado, todos nosotros contribuimos a determinarlo”. Y para ello tenemos que concitar todas las energías de todos.

Son ocho los departamentos que integran la RAP del Caribe, pero juntos y unidos somos más y más fuertes. Vivimos un momento excepcional, pues por tercera vez en nuestra vida republicana, después de Juan José Nieto y Rafael Núñez, un hombre del Caribe, Gustavo Petro, ocupa el solio de Bolívar.*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE

¡Oh paradoja!

Los proyectos de energía renovable de las tres subastas, la primera de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por confiabilidad y las dos últimas convergentes, que comprometen 2.400 Megavatios (MW) de potencia, están empantanados lo mismo que su entrada en operación al Sistema Interconectado Nacional (SIN)

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

No puede ser más paradójico. Mientras Colombia está en el radar de la Transición energética a nivel global y se convierte en un polo de atracción de las inversiones en proyectos para generar energía a partir de fuentes no convencionales y renovables (FNCER), la ejecución de los proyectos que fueron asignados en las tres subastas que tuvieron lugar entre 2019 y 2020 se atrasa y pospone debido a obstáculos que lo han impedido.

En efecto, Bloomberg NEF, un servicio de Bloomberg Professional, considerada como una de las plataformas más prestigiosas y consultadas del mundo financiero, en su más reciente reporte del climatescope, fechado el 18 de noviembre, mediante el cual mide los avances en materia de transición energética y descarbonización del sector energético, ubicó a Colombia entre los primeros cinco países que más y mejor están desarrollando e impulsando la generación y uso de las energías renovables, particularmente la eólica y la solar – fotovoltaica, aprovechando el potencial que ofrece el Caribe colombiano, en especial el departamento de La Guajira.

Destaca el Informe que “por primera vez en la historia, Colombia se ubica entre las cinco primeras naciones. Las políticas estables de energía limpia y los incentivos transparentes han impulsado al país al cuarto lugar este año desde el puesto 13 en el estudio del año pasado”.

En la región es superado sólo por Chile, que ocupó el primer lugar en el escalafón. La verdad sea dicha, el mérito de Colombia para dar ese salto en el ranking en esta métrica radica fundamentalmente en la expedición de la Ley 1715 de mayo de 2014, que estimula e incentiva las FNCER primero, a las subastas para asignar los proyectos, y finalmente la entrada en vigencia de la Ley 2099 de 2021, que vino a reforzar y a ampliar el espectro de los beneficios a las energías renovables.

Además, el reporte pone de relieve que “Chile, Colombia, Brasil, Perú y República Dominicana son los países más atractivos para la inversión en energías renovables en América Latina, según la encuesta . De hecho, las cuatro naciones principales de la región se encuentran entre los 20 mercados más atractivos para la inversión en energía limpia en general. Un factor común es que todos ellos tienen políticas bien establecidas y efectivas, además de sectores de energíaestructurados abiertos a inversores privados”.

En el caso de Colombia, particularmente, la inversión en FNCER alcanzó un máximo histórico en 2021, cercana a los US $952 millones, desglosándose en US $678 millones en parques eólicos, para una participación del 71%, y US $274 millones en granjas solares – fotovoltaicas, que representa el 29% restante. La inversión en estas últimas experimentó un crecimiento exponencial de más de 18 veces entre 2017 y 2021.

No obstante, concomitantemente con este gran posicionamiento de Colombia, que se debe, como ya lo dijimos, a su desarrollo normativo y regulatorio y al gran apetito que han despertado en los inversionistas para ejecutar los proyectos, estos han tropezado con el nudo gordiano del desencuentro entre las empresas desarrolladoras y las comunidades indígenas, que ha impedido superar con éxito las consultas previas que, por ministerio de la Ley, se deben tramitar.

Y mientras este paso no se surta, el Grupo Energía Bogotá, que tiene a su cargo la instalación de la Estación Colectora en el municipio de Uribia, al norte de La Guajira, la energía que generen los parques eólicos quedará confinada in situ sin poder transportarse hasta La Loma y Bosconia (Cesar), donde empalmarán con las líneas de transmisión con el SIN.

De la misma manera que la ministra de Minas y Energía Irene Vélez ha anunciado y se ha propuesto destrabar los contratos firmados entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y las empresas petroleras con el fin de activar la búsqueda y hallazgo de mayores reservas de crudo y gas para conjurar el fantasma de las importaciones, debería también dar los pasos conducentes para desatascar estos proyectos que el Sistema energético requiriere a gritos y sin los cuales la aceleración de la Transición energética justa que pregona el gobierno se va a quedar en anuncios.

Por lo pronto, marcha a paso de tortuga y al paso que van su operación no se va a dar antes del 2024. A ello no deben ser ajenos ni el gobernador de La Guajira José Jaime Vega ni el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez. Para luego es tarde.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Los retos de la economía colombiana

Le tocará maniobrar con mucha habilidad al ministro de Hacienda José Antonio Ocampo para que la economía colombiana evite a toda costa un aterrizaje forzoso.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La economía colombiana cierra el 2022 con un crecimiento del PIB que supera el 7%, producto del efecto rebote y comienza el 2023 con una marcada tendencia a la desaceleración del ritmo de crecimiento, entrando en barrena.

Después de haber alcanzado un pico de crecimiento del 17.2% en mayo del año pasado, el mismo ha venido perdiendo fuerza e impulso y termina el año en su cuarto menguante. Es así como el crecimiento del PIB en el tercer trimestre de 2022 con respecto al trimestre anterior fue escasamente del 1.6%.

De acuerdo con la previsión del Banco de la República, se espera un crecimiento anémico de la economía, reduciéndose a un exiguo 0,5%, lo cual repercutiría en una sensible reducción del PIB per cápita, toda vez que dicho crecimiento estaría por debajo del crecimiento vegetativo de la población, lo cual sólo se ha dado en Colombia dos veces en los últimos 23 años: durante la recesión económica en 1999 y en 2020 a consecuencia de la crisis pandémica. Y, lógicamente, ello también incidirá en una merma del ingreso y la capacidad adquisitiva de los colombianos en 2023.

Ello será otro lastre con el que tendrá que cargar el crecimiento de la economía, ya que en el último tramo del año anterior el consumo de los hogares ha sido uno de los mayores impulsores del crecimiento del PIB, tanto más en cuanto que se ha visto impactado y de qué manera por la inflación galopante, que en lo corrido del año anterior hasta noviembre se trepó al 12,54%, superando en más de 7 puntos porcentuales la del mismo período del 2021. Esta inflación, que tiene un gran componente importado, sólo se compara con la que se registró hace 23 años. 

La Junta del Banco de la República, en su afán de contener esta escalada alcista de los precios y de paso responder a la seguidilla de aumentos en la tasa de intervención decretada por la Reserva Federal, que ha provocado un éxodo de capitales desde los demás países, incluido Colombia, hacia EEUU, ha venido incrementando la tasa de interés de intervención desde el 3% de un año atrás al 12% con el que cerró el 2022.

Como es obvio, ello se ha traducido en una restricción y encarecimiento del crédito, sin lograr su cometido de contener la inflación. El comportamiento de la Junta del Banco emisor es lo más parecido al perro que da vueltas sobre su propio eje tratando en vano de morderse la cola. En consecuencia, el costo del crédito es el más alto desde 2001.

Con las medidas tomadas el Banco de la República espera que para finales de 2023 la inflación se reduzca hasta el 7% y regrese a su meta de inflación objetivo de 3% en 2024. Lo ha dicho en forma rotunda el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, para el 2023 “en vez de más inflación y tasas de interés, esperamos menos inflación y bajas en las tasas de interés”.

El sector externo se ha visto favorecido por el aumento sin precedentes de los precios de sus dos principales productos de exportación, el carbón y el petróleo, aupados por la crisis energética global que se desató a raíz de la confrontación de los países que integran la OTAN, encabezados por EEUU y Rusia. Y muy seguramente esta tendencia se va a mantener en el curso de este año por el doble efecto de la inercia, de los mayores volúmenes y mejores precios ya negociados de sus exportaciones y de contera por la prolongación del conflicto en Ucrania.

En el caso del petróleo habrá de contribuir a mantener sus precios al alza el anuncio de Putin de no venderle petróleo a los países rivales.

En medio de los vientos cruzados que soplan a nivel internacional y de la incertidumbre que generaron los primeros anuncios de la ministra de Minas y Energía Irene Vélez, de parar en seco la firma de nuevos contratos petroleros y del director de la Agencia Nacional Minera (ANM) de hacer lo propio en minería, llama poderosamente la atención el comportamiento de la inversión extranjera directa (IED) en el sector minero-energético.

Al cierre de octubre pasado el total de la IED creció el 62,8% con respecto al mismo período del año anterior, ascendiendo a la suma nada despreciable de USD 9.491 millones. Según el Banco de la República desde 2015 no se registraba una cifra tan alta como esta. Se destaca el hecho que entre petróleo y minería acaparan el 72% del total de la IED, con USD 6.866 millones, para un incremento del 77,7% con respecto a los primeros diez meses de 2021.

El mayor reto que tiene la economía colombiana para 2023 es sortear los factores desestabilizadores que vienen desde el exterior, que no favorecen la reactivación, largamente aplazada, los cuales se transmiten a través de los vasos comunicantes de la balanza de comercio exterior, en momentos en los que el déficit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos supera el -7%.

Le tocará maniobrar con mucha habilidad al ministro Ocampo para que la economía colombiana evite a toda costa un aterrizaje forzoso.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Perspectivas de la economía global

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La tendencia, tanto de la economía global como de la economía latinoamericana, es de una ralentización del crecimiento en 2023, con todas sus consecuencias en materia de empleo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Después de la recesión económica global, de la que no escapó la economía colombiana, se esperaba que 2022 fuera el año de transición, en el curso del cual la economía se repondría, se recuperaría y se reactivaría.

Pero no fue así, porque con los primeros retoños, cuando la economía mundial apenas empezaba a levantar cabeza, su impulso se vio truncado por los tropiezos que tuvo que enfrentar la cadena de valor y de suministros, que se originó con la crisis de los contenedores en China, como secuela de las medidas extremas que se tomaron para combatir la Covid-19. La consecuencia no se hizo esperar, el ritmo de crecimiento de la economía global se ralentizó, tanto más en cuanto que China se ha convertido en la última década en su remolcador.

Luego sobrevendría otro hecho aún más inesperado. Razón tuvo José Manuel Marroquín cuando en su hermosa poesía La perrilla dijo que “es flaca sobre manera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera”. Nadie esperaba, pues no era previsible, que un delirante Putin se atreviera, contra todo pronóstico, ensoberbecido por su ambición expansionista, a invadir a Ucrania.

Y como lo pudo establecer Isaac Newton en su tercera Ley, “para cada acción hay una reacción igual y en el sentido opuesto”. La OTAN, encabezada por EEUU, reaccionó con drásticas sanciones contra Rusia. Y así se desató una turbulencia que está lejos de amainar.

Y como la política y la economía están inextricablemente correlacionadas, este conflicto frenó el crecimiento, al punto que se ha venido incubando una recesión global que, según el Banco Mundial, podría estallar en 2023, con el agravante de una incontenible espiral inflacionaria, configurándose de esta manera el peor escenario al que el mundo podría verse abocado de una recesión con inflación (estanflación), que no se veía desde 1970.

En su intento por contener este brote inflacionario, los bancos centrales del mundo, empezando por la Reserva Federal de EEUU, han elevado sus tasas de intervención, atizando la inflación y frenando aún más el crecimiento de la economía.

Uno de los factores que más ha contribuido a la inflación es la escalada alcista de los precios de los energéticos, particularmente del petróleo, el carbón y el gas natural y de contera la electricidad, hasta alcanzar niveles históricos.

La crisis ha terminado por fragmentar y compartimentar la globalización, obligando a las grandes potencias a concertar acciones en aras de garantizar su seguridad y soberanía energéticas en riesgo.

Después de crecer su PIB por décadas por encima del 10%, luego de una caída hasta el -2,2% en 2020, China registró un crecimiento de 8,1% en 2021 y hasta el tercer trimestre de 2022 la tasa de crecimiento interanual ha sido de sólo el 3,9%.

Por su parte, la economía de EEUU tuvo un decrecimiento del -3,4% en 2020, el crecimiento del PIB en 2021 fue del 5,7% y para el tercer trimestre de 2022 el crecimiento interanual registrado fue de un anémico 1,9%.

No obstante los nubarrones que presagian una estanflación para 2023, las proyecciones de las Naciones Unidas estiman que después del bajonazo de la economía mundial en 2020 de -3,5%, esta se repuso, pero no con la velocidad esperada, en el 2021, registrando un crecimiento del PIB del 5,5%, pero la perspectiva para 2023 es de un magro crecimiento del 3,5%.

Entre tanto, Latinoamérica, después de una contracción de su economía del orden del – 6,8% en 2020, viéndose compensada con un crecimiento del PIB del 6,9% en 2021, según las previsiones del Banco Mundial, se ve venir una desaceleración del ritmo de crecimiento en 2023, limitándolo, según se espera al 2,5%.

Se puede concluir, entonces, que la tendencia, tanto de la economía global como de la economía latinoamericana, es de una ralentización del crecimiento en 2023, con todas sus consecuencias en materia de empleo.

El gran reto, de cara al 2023, es revertir dicha tendencia, lo cual será asaz difícil mientras el viento que sopla no cambie de dirección.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Cuáles son los puntos clave de la Reforma Tributaria

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El pasado 17 de noviembre, el Congreso aprobó la Reforma Tributaria 2022. Medidas respecto del impuesto sobre la renta (incluidos los dividendos y las ganancias ocasionales), zonas francas, industrias extractivas, tributación de personas naturales, impuestos a plásticos de un solo uso, impuestos saludables, son algunos de los aspectos tratados en la Reforma aprobada.

Por: LUIS ORLANDO SÁNCHEZ*

28 de diciembre de 2022.   El Congreso de la República aprobó la Reforma Tributaria, con la cual se espera recaudar aproximadamente 20 billones de pesos. La reforma aprobada incluye varias normas que traerán retos en su implementación, tanto para los contribuyentes como para la misma DIAN. Adicionalmente, hay varias normas controversiales que pueden considerarse una tributación excesiva en ciertos sectores, las cuales posiblemente serán objeto de demandas de constitucionalidad.

A continuación, algunas de las medidas establecidas en la Reforma Tributaria del gobierno Petro:

Personas naturales:

  • Se establece que los ingresos asociados a rentas de trabajo, de capital, no laborales, de pensiones y dividendos y participaciones, se graven conjuntamente a las tarifas progresivas propias de las personas naturales (entre 0% a 39%). Dentro de tal sumatoria de ingresos no se incluirán las ganancias ocasionales.
  • El límite de la exención del 25% aplicable a rentas de trabajo se reduce a 790 UVT anuales ($34 millones aproximados), hoy el límite es de 2.880 UVT ($109 millones). El límite de rentas exentas y deducciones especiales de la cédula general continúa siendo el 40% de los ingresos brutos, menos los ingresos no constitutivos de renta, sin que pueda exceder un valor anual equivalente a 1.340 UVT anuales ($57 millones aproximados), hoy el límite es de 5.040 UVT ($192 millones).
  • Pensiones: La exención sobre pensiones se mantiene en 12.000 UVT anuales (aproximadamente $509 millones). Se hace extensivo este beneficio a las pensiones obtenidas en el exterior por parte de contribuyentes residentes en el país.
  • Impuesto al patrimonio: Será restablecido y con carácter permanente. Afectará principalmente a personas naturales, pero también repercutiría en algunas sociedades y entidades no residentes que tengan diversos bienes en el país. Las sociedades o entidades no residentes no estarán gravadas sobre las acciones, cuentas por cobrar e inversiones en portafolio que posean en Colombia, ni tampoco serán contribuyentes respecto de los contratos de arrendamiento financiero que suscriban con residentes en Colombia.

El impuesto se generaría por la posesión de patrimonio líquido igual o superior a 72.000 UVT ($ 3.054 millones aproximados).  Para la determinación de la base gravable del impuesto procede la exclusión de las primeras 12.000 UVT ($ 509 millones aproximados) de la vivienda de habitación del contribuyente.

Ganancias ocasionales:

  • La tarifa de ganancias ocasionales tanto para personas naturales como para entidades jurídicas (residentes y no residentes fiscales) se incrementará al 15% (hoy 10%). Lo anterior con excepción de las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares que se mantendrán en el 20%. Las indemnizaciones por seguros de vida estarán gravadas sobre el monto que supere las 3.250 UVT (COP $138 millones aproximados). Actualmente el gravamen aplica sobre el exceso de 12.500 UVT (COP $475 millones).

Personas jurídicas:

  • Impuesto sobre la renta: Para las instituciones financieras, entidades aseguradoras y reaseguradoras, las comisionistas de bolsa y agropecuarias, las bolsas de bienes y proveedores de infraestructura del mercado de valores, entre otras, que tengan una renta gravable a partir de 120.000 UVT, se establece una sobretasa de 5 puntos adicionales (tarifa total del 40%) a ser aplicable durante los años 2023 a 2027, inclusive.

Para los contribuyentes cuya actividad económica principal sea la generación de energía a través de recursos hídricos, que tengan una renta líquida a partir de 30.000 UVT (considerando la renta líquida de entidades vinculadas), les será aplicable una sobretasa de 3 puntos adicionales (tarifa total del 38%). Esta aplica para los años 2023 a 2026, inclusive. La sobretasa no será aplicable a centrales eléctricas con capacidad instalada inferior a 1.000 kw.

Adicionalmente, se aplicará una tarifa reducida del 15% para la prestación de servicios hoteleros, parques temáticos de ecoturismo y/o de agroturismo, por un término de 10 años, en municipios de menos de 200.000 habitantes o municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET).

  • Zonas francas: A partir de 2024 los usuarios industriales de zonas francas aplicarán una tarifa del 20% para las actividades de exportación de bienes y servicios, y la tarifa general de renta (35%) para las demás actividades. La renta líquida sujeta a cada tarifa se determinará con base en una proporción entre los ingresos fiscales por cada actividad frente a los ingresos fiscales totales (excluyendo a las ganancias ocasionales). Sin embargo, para los usuarios industriales que hayan tenido un crecimiento de sus ingresos brutos del 60% en el 2022 respecto del 2019, podrán seguir aplicando la tarifa del 20% para todos sus ingresos hasta el 2025, inclusive.

Para aplicar la tarifa del 20% se considerarán como exportación de bienes y servicios, entre otros, los ingresos por la prestación de servicios de salud a pacientes sin residencia en Colombia, así como los ingresos de las zonas francas dedicadas al desarrollo de infraestructuras relacionadas con aeropuertos. 

  • Sector extractivo: Frente a la sobretasa permanente, las entidades jurídicas que perciban ingresos por alguna(s) de las actividades de extracción de hulla, carbón lignito y petróleo crudo, además de que tengan renta líquida gravable a partir de 50.000 UVT (considerando la renta líquida de entidades vinculadas) se establecerán sobretasas permanentes, cuyas tarifas dependerán de un cálculo que incorpora los precios promedio del mineral/petróleo durante los 10 años anteriores al año en que se realiza el cálculo, y el precio promedio del producto en el año en que se realiza el cálculo.
  • No deducibilidad de regalías: La contribución económica a título de regalías por la explotación de recursos no renovables no será deducible del impuesto sobre la renta. Lo anterior se dará independientemente del registro contable o de la denominación o forma del pago de dichas regalías. Para el contribuyente del sector de hidrocarburos que pague las regalías en especie, el valor no deducible será el costo total de producción del volumen pagado a dicho título. Para determinar el mencionado costo se deberá tomar el volumen del hidrocarburo que se paga a título de regalías en especie por cada pozo y multiplicarlo por el costo unitario de producción de cada pozo.
  • Eliminación de tratamientos especiales: Varios tratamientos especiales son derogados. Se destacan los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional por ciertas capitalizaciones; las exenciones de economía naranja, de desarrollo del campo, las asociadas con la venta de predios para proyectos de renovación urbana e intereses en titularización de cartera hipotecaria, la renta exenta por transporte fluvial, y la renta exenta para plantaciones forestales. También se deroga el régimen de mega inversiones.

Otros impuestos:

  • Retención en la fuente: No estarán sujetos a dicho impuesto los pagos o abonos en cuenta a personas naturales no responsables de IVA por actividades provenientes de transferencias a través de proveedores de servicios de pago, agregadores, entidades adquirientes o pagadoras.
  • Plásticos de un solo uso: Se gravará la venta, el retiro para consumo propio y la importación de productos plásticos de un solo uso para envasar, embalar o empacar bienes. La tarifa sería del 0,00005 UVT por cada gramo del envase, embalaje o empaque. Los responsables y sujetos pasivos del impuesto serán los productores y los importadores de los productos finales.
  • Impuestos saludables: Abarcan la producción, la venta, el retiro de inventarios o los actos que impliquen la transferencia de dominio a título gratuito u oneroso (con excepción de donaciones a los bancos de alimentos) o la importación de bebidas y alimentos ultra procesados. Los responsables serán los productores o importadores de las bebidas o alimentos ultra procesados y se deberán discriminar en la factura de venta. Para el comprador, estos podrían constituir un costo deducible en el impuesto sobre la renta, como mayor valor del bien. No serán responsables de estos impuestos los productores y personas naturales con ingresos brutos por actividades gravadas menores a 10.000 UVT (que habrá que medir respecto de cada impuesto).  
  • Impuesto sobre las ventas (IVA): Se mantiene la no causación de IVA para las importaciones de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida de menos de USD 200. Sin embargo, ya no bastaría que los bienes sean procedentes de un país con el que se tenga un TLC, en donde se haya acordado el no cobro de este impuesto, sino que también se requerirá el cumplimiento de lo establecido en cada TLC para optar por el beneficio.

Dentro de las exclusiones del IVA se incluyen los incentivos de premio inmediato de juegos de suerte y azar territoriales, y la comercialización de productos que se elaboren, preparen, confeccionen y produzcan al interior de los establecimientos de reclusión. Por otro lado, se elimina de las actividades excluidas del IVA (y por lo tanto comienzan a ser gravadas) la comercialización de animales domésticos de compañía y las boletas para espectáculos de toros, hípicos y caninos. Desde 2023 se eliminarán los “Días sin IVA”.

*Socio de Impuestos Internacionales y Transacciones en EY Colombia.

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