Categoría: Opinión

Hay un antes y un después del año 2015, cuando tuvo lugar la 21ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), que concluyó con la firma del Acuerdo de París, al tiempo que la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 compendiada en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

9 de octubre de 2022.   La descarbonización de la economía para contrarrestar el cambio climático y conjurar sus estragos, por una parte, y propender por la universalización del acceso de la población a energías limpias por la otra, son dos compromisos inaplazables de la comunidad internacional y la Transición Energética la estrategia para lograrlo.

Entre otras razones porque, de acuerdo con el principio establecido en la COP26 de “responsabilidad común pero diferenciada”, reconoce que no todos los países tienen las mismas responsabilidades y compromisos, así como las capacidades para enfrentar el reto del cambio climático. De ello se sigue que cada país debe adoptar su propio ritmo a efectos de cumplir con los suyos, consultando sus potencialidades y limitaciones.

Cada país se da su propia hoja de ruta de la Transición Energética, consultando sus especificidades y peculiaridades. La estrategia a seguir, por tanto, difiere de un país a otro. La línea de base de la que parten cada uno de ellos es determinante.

Hay una enorme diferencia, por ejemplo, entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón y otros que, como Colombia, dependen de la producción y exportaciónde los mismos.

En Colombia, a diferencia del resto del mundo, en donde la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es el sector energético con el 73,5%, este sólo contribuye con el 14%.

Entre tanto, el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y la deforestación participan con el 59%. Ello se explica en gran medida porque mientras en el resto del mundo, en promedio, la participación de la generación de electricidad con base en el parque térmico es del 64,9%, en Colombia a duras penas llega al 30%.

Dicho de otra manera, entre Colombia y el resto del mundo, especialmente con respecto a los países desarrollados, existen grandes asimetrías, las cuales hay que tener en cuenta a la hora de definir nuestra propia hoja de ruta de la Transición Energética.

De ello se sigue que el pareto del costo-efectividad para la reducción de la huella de carbono en el caso de Colombia invita a poner el énfasis en la política que contrarreste el inadecuado uso del suelo, las malas prácticas en la agricultura y la ganadería y, sobre todo, detener el ecocidio de la devastadora deforestación, que supera las 170.000 hectáreas anuales. Sólo así Colombia podrá cumplir con su compromiso con la comunidad internacional de reducir sus emisiones de GEI en el 51% hacia el 2030. Ello, sin perjuicio de la necesidad de imprimirle celeridad al impulso de la generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER).

Esta, además, es la oportunidad de ampliar la cobertura del servicio de energía a los 431.117 hogares que aún no cuentan con el mismo. Sobretodo, a los 207.449 hogares ubicados en sitios remotos, de difícil acceso y baja densidad poblacional, lo que dificulta conectarlos a la red del Sistema Interconectado Nacional (SIN), dada la flexibilidad que ofrecen las soluciones modulares solar-fotovoltaicas. A ello concurre también la generación distribuida o embebida, cuya energía se consume in situ, prevista en la nueva arquitectura del sistema eléctrico.

De esta manera, además, se estaría cumpliendo con el 7º de los 17 ODS para garantizar la universalización del acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, y de paso sustituir el consumo de leña por parte de 1,2 millones de familias campesinas que no tienen otra opción distinta para la cocción de sus alimentos.

Ello se justifica con creces, no sólo por razones de conveniencia sino por los altos costos en los que incurre el Gobierno a través del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas (IPSE).

En efecto, el costo de los subsidios a los combustibles, según cifras para el 2018, es del orden de los $288.514.728. Lo más insólito es que cuesta más el transporte del combustible hasta los poblados que el combustible mismo.

El Gobierno Nacional, los departamentos y municipios se deberían comprometer en un ambicioso programa de masificación de la instalación y el uso de los paneles solares, con lo cual, al tiempo que se aliviaría el bolsillo de los usuarios del servicio de electricidad, se promovería la cultura del ahorro y el uso eficiente de la energía. Por lo demás, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio debería asegurarse de que en la ejecución de sus planes y programas de vivienda de interés social (VIS) se contemple la dotación de paneles solares en los techos. 

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La CREG publicó para comentarios la resolución 702 008 de 2022 a través de la cual propone adicionar las resoluciones CREG 185 y 186 de 2020. Estas últimas regulan la comercialización de capacidad de transporte y suministro de gas natural.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

6 de octubre de 2022.   Los eventos que causan interrupción en la fuente de suministro de gas eximen de responsabilidad en los contratos de transporte. Y viceversa, los eventos que causan interrupción en la infraestructura de transporte eximen de responsabilidad en los contratos de suministro de gas natural. En tal sentido, para fines operacionales y comerciales, los contratos de gas y transporte no son independientes.

La CREG publicó para comentarios la resolución 702 008 de 2022 a través de la cual propone adicionar las resoluciones CREG 185 y 186 de 2020. Estas últimas regulan la comercialización de capacidad de transporte y suministro de gas natural. El principal cambio es que se adiciona un evento eximente.

Lo interesante es que, por un lado, el evento eximente que se adiciona para los contratos de suministro de gas natural se activa si ocurre algo en la actividad de transporte.

Por otro lado, lo interesante es que el evento que se adiciona para los contratos de transporte de gas se activa si ocurre algo en la entrega del suministro de gas.

Lo anterior demuestra la integridad que existe entre el mercado de gas y la venta de capacidad de transporte, al menos desde la parte operacional y comercial.

Este cambio regulatorio desvirtúa un argumento que algunas voces autorizadas sostenían. Y era que la actividad de transporte es independiente y por ello lo que ocurría en el suministro no se reflejaba ni impactaba en el transporte. Argumento que, en mi opinión, podía ser regulatorio, pero no jurídico.

A partir de esta adición todos los contratos de suministro de gas y de capacidad de transporte deberán ser ajustados para incluir el nuevo evento eximente.

Aunque los contratos tengan la cláusula de ajuste regulatorio, incluir el nuevo evento eximente puede evitar futuras controversias, como es que el contrato se rige por las normas vigentes al momento de su celebración y no le aplican los cambios regulatorios posteriores a su suscripción.

*Socio fundador de OGE Legal Services

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) fue creado en 2007 mediante el artículo 69 de la Ley 1151, y empezó a operar en 2009.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

2 de octubre de 2022.   El FEPC tenía por finalidad contrarrestar la volatilidad propia de los precios del petróleo y de sus derivados (gasolina y diésel) y evitar alzas bruscas en el precio de referencia de los mismos, que fija mensualmente el Ministerio de Minas y Energía y es el que paga el consumidor en la estación de servicio.

Con tal fin, se estableció una banda de precios, de tal suerte que los reajustes de precios hacia arriba y hacia abajo no debían sobrepasar el 3% para la gasolina y el 2,8% para el diésel.

Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley 1739 del 2014, estableciendo el diferencial de participación y el diferencial de compensación, “como contribución parafiscal del FEPC para atenuar las fluctuaciones de los precios de los combustibles, de conformidad con las leyes 1151 de 2007 y 1450 de 2011”.

Los diferenciales operaban de la manera siguiente: en el primer caso, cuando el precio de referencia superaba el precio al productor (IP en la fórmula), ECOPETROL, se generaba un ahorro que alimentaba el FEPC y viceversa, en el segundo, cuando el precio de referencia estaba por debajo del IP había que “desahorrar” para impedir que el aumento de precios fuera mayor. Es de anotar que el neto, casi siempre ha sido negativo, lo cual obedece a la tendencia de los precios en los últimos años.

Pero, a finales de 2015, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-526, tumbó el diferencial compensación, con lo cual el FCPC perdió el ahorro como su fuente de financiación, tornándolo inoperante para el fin propuesto.

Después de este fallo, el FEPC quedó reducido a un registro de los saldos entre uno y otro diferencial entre los precios de referencia y el IP. En consecuencia, el déficit del FEPC ha sido cada vez mayor y se ha venido cubriendo por parte de la Nación. En su momento el ministro Alberto Carrasquilla lo solventó emitiendo títulos de Tesorería (TES).

A marzo de 2022, el déficit acumulado (deuda con ECOPETROL) era de $7,8 billones, el cual canceló el anterior gobierno del presidente Iván Duque. Ese es el costo de mantener los precios de los combustibles en Colombia como el tercero más bajo en Latinoamérica, después de Venezuela y Bolivia.

Pero, el “taxímetro” siguió marcando, sobre todo debido a que, como lo acota el experto Mauricio Cabrera, “el problema se agudizó en el último año, pues mientras que con la devaluación y el precio internacional el barril de petróleo pasó de $270.000 a $480.000, para un incremento del 185%, el galón de gasolina sólo llegó a $9.500, menor que antes de la pandemia” y un incremento a duras penas del 8%.

Además, el gobierno Duque dispuso el congelamiento de los precios de los combustibles desde marzo de 2022 y solo decretó un alza de $200 en la gasolina y $100 en diésel a finales de junio, cuando ya estaba con un pie en el estribo para dejar la Presidencia. Y ello, no obstante que, a su juicio “existe el espacio suficiente para generar los ajustes requeridos para la convergencia entre los precios locales e internacionales”.

En concepto del ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, “la política de precios de los combustibles balancea entre la estabilización del precio para el consumidor final y el costo fiscal para el gobierno. Todo esto deberá hacerse de manera concertada con el próximo gobierno”.

El desfase, entonces, entre el precio de referencia y el precio paridad importación se acrecienta y con él el déficit del FEPC. El estimativo del Comité Autónomo de la Regla Fiscal para 2022 es un déficit de $33,7 billones, monto superior a los $25 billones que aspira a recaudar el Gobierno con la reforma tributaria que se tramita en el Congreso, suficiente además para erradicar la pobreza en Colombia. Solo en el primer trimestre de este año el saldo en rojo llegó a los $6,3 billones.

Así las cosas, el FEPC se convirtió en un barril sin fondo.

Como este déficit debe ser cubierto, son tres puntos más del PIB que se vienen a sumar al déficit fiscal para 2022 proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que del 5,6% se eleva al 8,6% del PIB. Una barbaridad.

El FEPC y su déficit es una verdadera bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento.

Por ello, el presidente Petro dispuso reajustar el precio de la gasolina, al tiempo que mantiene congelado el del diésel, tal vez porque este, por ser el combustible que más usa el transporte de carga y pasajeros, es el que más presión ejercería en la inflación que ya supera el 10%.

En todo caso, dicho reajuste que se viene a sumar a las excesivas alzas en las tarifas de energía,  se tendrá que hacer de manera gradual y progresiva, no vaya a ser que cause una explosión social, como ocurrió recientemente en Ecuador, obligando al gobierno de Guillermo Lasso a recular y derogar el alza decretada.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La UPME le consultó a la CREG sobre algunos puntos relevantes para el proceso de selección del inversionista que desarrollará la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico. Esto fue lo que le respondió el regulador al planeador:

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

27 de septiembre de 2022.   Primero: Que la regulación atiende los eventuales cambios de los parámetros que se pueden presentar en los usuarios que asumirán los costos por el proyecto, antes de la entrada en operación y durante la misma operación de tales proyectos.

Esta opinión de la CREG surgió porque la UPME le hizo ver que el estudio de disponibilidad a pagar por parte de los usuarios no solo debe contemplar los usuarios actuales de gas natural, sino también considerar eventuales escenarios, como es el caso de los usuarios que opten por desconectarse de la red para utilizar combustibles sustitutos más competitivos.

Segundo: Que la identificación de los usuarios que se tomarán como beneficiarios y que asumirán los costos por el proyecto será aquella que se encuentre más actualizada publicada por la UPME seis meses antes de la fecha de puesta en operación o la fecha anticipada de entrada en operación total o parcial.

Tercero: Que el sector termoeléctrico puede contratar parte de los servicios asociados a los proyectos del Plan de Abastecimiento de Gas Natural (PAGN), con lo que adicionalmente asumen mayores pagos que los demás beneficiarios que no contratan los servicios asociados de los proyectos o que los contratan en menores cantidades. Lo anterior, en particular ante el esquema de Cargo por Confiabilidad del sector eléctrico.

Esta respuesta exalta la importancia que tiene la demanda térmica para la viabilidad de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico.

Cuarto: Que la validez de las propuestas que se presenten en los procesos de selección que adelante la UPME estará condicionada a que sus ofertas económicas estén dentro de un valor máximo de adjudicación. Este valor será determinado por la CREG para cada proceso de selección y que la regulación no establece un plazo máximo específico para la aprobación y publicación de la resolución CREG de la oficialización de ingresos del adjudicatario.

Esto significa que no tenemos fecha en la que se conocerá el ingreso que la CREG aprobará a quien resulte adjudicado para la infraestructura del Pacífico. ¿No será que esto riñe con los principios de publicidad y transparencia que debe caracterizar el actuar de una entidad administrativa?

*Socio fundador de OGE Legal Services

A propósito del Índice de Precios del Productor (IPP), indexador aplicable a los cargos de la tarifa de energía, cabe preguntarse si este refleja los costos en los que incurren los agentes de la cadena del servicio de energía.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

26 de septiembre de 2022.   Si tenemos en cuenta que en el cálculo del IPP se incorpora la variación de otras actividades ajenas a la operación del sector eléctrico, tales como la industria, la minería, la agricultura y la pesca, las cuales, por lo demás, se han visto afectadas en sus costos por factores exógenos tales como la interrupción de las cadenas de suministro, los mayores fletes internacionales, el desbordado incremento de los insumos agrícolas, mientras que las erogaciones del sector energético se reducen a los costos de las licencias por el uso del recurso hídrico, el mantenimiento de los equipos y la mano de obra.

También incide en la espiral alcista de la tarifa de energía el cargo por restricciones (R), la cual se debe al atrapamiento de la energía generada ante la imposibilidad de transportarla a través del Sistema Interconectado Nacional (SIN) hasta los centros de consumo, debido a limitaciones de las redes de transporte y distribución de la energía, las cuales imposibilitan el fluido de la energía eléctrica de más bajo costo, como la hídrica. En ello influye mucho el atraso, a causa de diferentes eventos, de la ejecución de los proyectos de transmisión. Así, por fuerza de las circunstancias, el centro de despacho se ve obligado a recurrir a plantas más costosas que aumentan el precio de la energía.

Una de las regiones en donde el cargo por restricciones es más alto es la región Caribe, dado que la capacidad instalada de potencia es insuficiente para suplir la energía demandada en tales eventos, requiriéndose las llamadas generaciones de seguridad.

El cargo que se paga por concepto de restricción (R) es calculado con base en análisis eléctricos que hace XM, el administrador y operador del mercado, y es distribuido a toda la demanda del país, de acuerdo con la oferta que realicen los generadores.

En lo corrido del año se han presentado costos elevados de restricciones, debido al incremento del costo del gas en Europa que ha golpeado las ofertas de los generadores térmicos, pues la realizan con los precios del mercado internacional, llamando la atención que en Colombia actualmente hay disponibilidad de gas por aproximadamente US $7 el MMBTU.

Este mayor costo del gas incide, afectado además por la apreciación del dólar, en los precios de oferta de energía del parque térmico, los cuales pasaron de los $351 el KWH en enero de 2021 a $732 el KWH en julio de 2022, el doble.

Pero, el caso más crítico de las alzas de las tarifas de energía se da en la región Caribe, servida por dos nuevos operadores de red, Air´e y Afinia desde el 1º de octubre de 2020, después de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios decretara la liquidación de Electricaribe, que representó para sus 2,7 millones de usuarios una verdadera pesadilla.

Lo que hace la diferencia entre las alzas de las tarifas en la región Caribe y las alzas en el resto del país es el cargo por concepto de las pérdidas reconocidas (PR), cuyo costo pasó de $41.49 por KWH a $247, en contraste con el promedio nacional de $50 por KWH.

Y ello se explica porque en la Resolución 10 de 2020 de la CREG se estableció que para la aplicación de la metodología establecida en la Resolución CREG 015 de 2018 para el régimen transitorio especial, previsto en el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022, las pérdidas reconocidas (PR) en la fórmula tarifaria y las cuales debe asumir el usuario vía tarifas es del 29% para Air´e y 27,2% para Afinia, muy superior al 12,5% que se le reconoce a los demás operadores diferentes al Caribe.

Es de anotar que, dado el ciclo tarifario, que es quinquenal, esta norma regulatoria, pactada entre la Superintendencia y los operadores de red, permancerá invariable hasta el 2025.

Los usuarios que pagan cumplidamente sus facturas se quejan, con razón, de que con este recargo en la tarifa terminan pagando justos por pecadores, dado que las PR incluyen aquellas atribuidas al robo de energía y las conexiones fraudulentas.

El corrientazo que están recibiendo los usuarios, especialmente en el Caribe colombiano, con esta exagerada alza de las tarifas, estaba cantada, como lo advertimos en su debida oportunidad, era sólo cuestión de tiempo.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El fuerte impacto que tendrá en la canasta familiar los anunciados incrementos de los precios de la gasolina, revive la discusión sobre la alta dependencia que tiene el país hacia este combustible y la necesidad de acelerar la transición energética.

Por: JOSÉ DAVID NAME*

20 de septiembre de 2022.   Las consecuencias que se avecinan reafirman la urgencia que tenemos de contar con otros vectores energéticos cómo el hidrógeno verde, que puedan reemplazar los combustibles tradicionales, además de conducirnos a una producción más limpia y sostenible.

Entre las múltiples bondades del hidrógeno verde encontramos que al producirlo a partir de fuentes de energías renovables se genera sin emitir dióxido de carbono, también que puede ser almacenado durante largos períodos de tiempo y para su transporte es posible utilizar los mismos canales e infraestructuras del gas, además puede destinarse al consumo doméstico, comercial, industriales o de movilidad.

En resumen, el hidrógeno de cero emisiones es un combustible fundamental en la descarbonización, que por sus beneficios será obligatorio en la construcción de un futuro energético seguro y amigable con el medio ambiente.

Aunque en el último año Colombia ha registrado importantes progresos en la emergente industria del hidrógeno de bajas emisiones, pasando del quinto al segundo lugar de los países con más avances en la región en cuanto a su implementación, según New Energy e Hinicio, todavía nos encontramos a mucha distancia de lograr su integración a la matriz energética.

Por nuestros vientos, radiación solar, recursos hídricos y ubicación geográfica, tenemos todo el potencial para lograr una producción competitiva que nos permita ingresar a la economía global del hidrógeno, pero antes se deben superar importantes desafíos como: concretar nuevas inversiones destinadas al desarrollo de tecnología, construir infraestructura, desarrollar nuevos procesos de industrialización, lograr la implementación en los distintos sectores de la economía y multiplicar los proyectos renovables, entre otros.

Gracias a la Ley de Transición Energética (2099 de 2021) en la que establecimos las primeras bases para el despliegue del hidrógeno azul y verde como vector energético sostenible; la Hoja de Ruta del Hidrógeno en Colombia, fijada por el Gobierno anterior, con metas de inversión y producción a 2030 – 2050; y el decreto 1476 de 2022, que reglamentó algunas disposiciones contenidas en la mencionada ley, el país hoy cuenta con dos proyectos de hidrógeno en operación y nueve en desarrollo, que están liderando la modernización y transformación del sector.

El interés manifestado por varias empresas alrededor de este combustible, los acuerdos internacionales que se han firmado para generar sinergias en la defensa del sector, así como las inversiones que se proyectan en el corto plazo, marcan un buen inicio para esta innovadora industria, que necesita todo el apoyo del Gobierno Nacional.

Para lograr una transición energética sólida es clave seguir trabajando en los planes de expansión del hidrógeno de cero y de bajas emisiones, a través de lineamientos de políticas públicas que garanticen los beneficios establecidos, así como también impulsar su desarrollo, producción, investigación, almacenamiento, distribución y uso.

Tenemos que persistir en abrirle paso a esta emergente industria en Colombia, si queremos un futuro energético limpio, seguro y sostenible.

*Senador de la República.

De la intervención el sector energético debe salir fortalecido, para garantizar tanto la seguridad como la soberanía energética del país, fundamentales para el buen suceso de la economía y el bienestar de los usuarios del servicio.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

12 de septiembre de 2022.  El presidente Gustavo Petro anunció en la clausura del XXIV Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (ANDESCO) que tuvo lugar en Cartagena, que el Gobierno Nacional va a asumir las funciones que hoy ejerce la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en virtud de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos que la creó.

El presidente Petro manifestó que apelará al parágrafo 3º del artículo 290 de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual dispuso que “las competencias establecidas en este artículo podrán ser asumidas por el Presidente de la República o por el Ministerio de Minas y Energía, según a quien corresponda la función delegadaen la CREG”, en el artículo 68 de la Ley de Servicios Públicos.

El presidente de ANDESCO Camilo Sánchez manifestó su desacuerdo con la decisión anunciada por el Presidente y la consideró improcedente, aduciendo que la Ley del Plan de Desarrollo del anterior gobierno, por haber concluido su cuatrienio, perdió vigencia y no resistiría una demanda ante el Consejo de Estado.

Pero, de ser cierto, también quedaría sin efecto el paquete de medidas contempladas en el mismo atinentes a la expedición de un régimen regulatorio especial para la prestación del servicio de energía en la región Caribe, especialmente en los artículos 318 y 289 de la misma. De prosperar dicha demanda quedarían sin piso también los decretos que lo reglamentan y las resoluciones de la CREG que fijan las tarifas a Air-e y Afinia.

Manifestó el presidente Petro que antes de proceder en consecuencia abrirá “primero un espacio de diálogo” con el objeto de revisar el marco regulatorio vigente puesto a prueba por las alzas desmesuradas de las tarifas de la energía, sobre todo en la región Caribe y explorar salidas a la actual encrucijada. El diálogo propuesto por Petro debe ser incluyente y soportado en criterios técnicos para evitar un salto al vacío.

La verdad sea dicha, cuando el presidente anuncia la intervención de la CREG, en rigor de lo que se trata es de un cambio de interventor, porque de hecho ya fue intervenida por el anterior gobierno, al hacerse al control de la misma, habida cuenta que a la fecha la totalidad de los seis integrantes de la misma fueron nombrados por el presidente Duque. Es más, de ellos sólo dos podrán ser reemplazados al término de sus períodos, que son de cuatro años, uno en noviembre de este año y otro en junio del año entrante, los otros cuatro, como fueron nombrados recientemente, permanecerán en sus cargos durante todo el período del actual presidente de la República. Ello deja mucho qué desear de la autonomía y del carácter técnico atribuido a la CREG.

En mi concepto, la intervención de la CREG no debería conducir a la supresión de la misma, puesto que el papel regulador que se reserva el Estado, según lo dispuesto en la Constitución Política de 1991, es inmanente al funcionamiento apropiado del mercado, máxime en tratándose del sistema energético, en el que varios de los agentes operan un monopolio natural, como lo es el transporte y la distribución de la energía.

Al mercado no se le puede dejar al garete. Para ello, aquí y en cafarnaúm, se requiere contar con un órgano regulador que “raye la cancha”, establezca las reglas de funcionamiento y vele por el cumplimiento de las mismas.

Es entendible y justificado que, si las circunstancias así lo ameritan, el Ministerio de Minas y Energía reasuma las funciones y competencias delegadas en la CREG, así como ha venido ocurriendo en los países que integran la Unión Europea (UE), pero ello debe tener un carácter excepcional y temporal.

Al fin y al cabo, la misión del Ministerio debe estar centrada en la identificación y caracterización del sector, la formulación, seguimiento, implementación y evaluación de las políticas públicas. No cuenta ni con la estructura ni las competencias para asumir las de la CREG en forma permanente.

De dicha intervención el sector energético debe salir fortalecido, para garantizar tanto la seguridad como la soberanía energética del país, fundamentales para el buen suceso de la economía y el bienestar de los usuarios del servicio.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Después del hallazgo de gas natural en La Guajira y en el pie de monte llanero, las dos principales fuentes de suministro del gas del país, que ya están en franca declinación, no ha habido otro descubrimiento de su importancia.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

5 de septiembre de 2022.   Las reservas de gas natural con que se cuenta el país de 3,1 giga pies cúbicos (GPC), a duras penas alcanzan para 8 años, de allí la urgencia de explorar aún más para recuperarlas, ya que desde hace una década pasamos de la abundancia a la escasez de gas, poniendo en riesgo el autoabastecimiento.

Por fortuna, en los últimos días se ha anunciado por parte de Ecopetrol descubrimientos muy importantes y esperanzadores que pueden alejar el fantasma de las importaciones de este energético. De todos modos se cuenta con una planta regasificadora de la Sociedad Portuaria El Cayao, localizada en Cartagena, para importarlo cuando el parque de generación térmica así lo requiera.

Este es el escenario que enfrenta Colombia en medio de la crisis energética a nivel global que ha exacerbado la invasión rusa a Ucrania y las sanciones impuestas por EEUU y sus aliados de la Unión Europea a Vladimir Putin, que ha elevado sensiblemente la cotización del gas, superando los US$8 el MMBTU, incrementando exorbitantemente los precios y las tarifas de energía, atizando de paso la inflación global.

Ello ha venido a interferir la marcha de la Transición Energética en dichos países, obligándolos a dar marcha atrás en su avance, en pos de garantizar la seguridad y sobre todo la soberanía energética.

Es en este contexto en el que tendrá que avanzar la administración Petro en la hoja de ruta de la Transición Energética en el país, que tiene sus propias peculiaridades. Empezando porque mientras en los EEUU y en la UE el 73.2% de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provienen del sector energético, en Colombia este sólo contribuye a ellas con el 30%. Adicionalmente, al tiempo que en el resto del mundo el sector eléctrico genera el 35% de dichas emisiones, en Colombia sólo el 5%.

En Colombia, a diferencia de los demás países, la principal fuente de emisiones de GEI, con el 45%, es el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y sobre todo la deforestación, que el año pasado registró la alarmante cifra de 174.103 hectáreas, creciendo el área devastada por segundo año consecutivo.

En Colombia, como en el resto del mundo, el gas natural está llamado a servir de combustible puente de la Transición Energética y así lo catalogó el parlamento europeo, integrándolo a su matriz energética con el sello verde, dándole el mismo tratamiento de las energías renovables.

Colombia requiere del gas natural para avanzar en una transición gradual, como tiene que ser y responsable. Y dado que nuestras reservas de gas son tan precarias es imperativo continuar con la exploración del mismo, pues sólo se encuentra si se busca, para así garantizar una transición tranquila. Una de las lecciones aprendidas de la tragedia que vive la UE es que la Transición Energética no debe poner en riesgo la seguridad y la soberanía energética.

Quienes desestiman la importancia del gas natural en la fase en la que estamos de la Transición Energética, como Jésica Arias, del equipo de energía de Transforma y Ph.D en Transición Energética, afirman que “en la generación eléctrica tenemos todo el potencial para suplir nuestra demanda a mediano plazo con fuentes renovables”. Ello es absolutamente falso, tanto más en cuanto que los principales proyectos de energía eólica que se están instalando en La Guajira sólo entrarían al sistema interconectado nacional (SIN), si no se presentan más demoras, el 1º de abril de 2024, después del aplazamiento dispuesto por el Ministerio de Minas y Energía en su Resolución 40181 de mayo 23 de este año.

Además, las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), dada su intermitencia, requieren contar con el respaldo de la energía firme que sólo puede garantizar el parque térmico, que cuenta con 5.400 MW de potencia instalada y este requiere para operar del gas natural. No podemos cometer la misma insensatez de los europeos de apagarlas asumiendo el riesgo sistémico subsiguiente.

Del gas natural, al igual que del petróleo, podemos decir que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, y peor aún depender de sus importaciones. Ello fue lo que llevó al Congreso de la República a expedir la Ley 2128 de 2021, tendiente a promover “el abastecimiento, continuidad, confiabilidad y cobertura del gas combustible en el país”, y la masificación de su uso, “se declara de interés nacional y estratégico para el desarrollo económico, social y ambiental”.

Exponer al país a tener que importar gas natural contraviene esta Ley. Ello sería impensable. *Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE

El de las tarifas de energía no es un tema nuevo en el país, pero cada vez deja en mayor evidencia la falta de control que existe y el negocio redondo que tienen las generadoras hidráulicas, quienes se benefician de la coyuntura que exista, llámese fenómeno de El Niño, de La Niña o inflación.

Por: JOSÉ DAVID NAME*

27 de agosto de 2022.   Aunque en columnas anteriores he profundizado acerca de las causas de los incrementos en los recibos de energía, especialmente en la costa Caribe, en esta ocasión quiero referirme específicamente al papel despiadado que están jugando las generadoras hidráulicas en la ecuación energética, que está maltratando el bolsillo de los colombianos.

El mayor impacto en los precios de la energía eléctrica lo está produciendo la Generación (G), con un peso de 60% en el valor de la factura que pagan los usuarios, debido a que su remuneración se realiza a través de tres componentes: El componente de generación aporta aproximadamente 34% del valor total, el asociado a los hurtos de energía 16% adicional (pérdidas de energía), y el componente de restricciones se asocia con otro 10%.

Ahora, los contratos de compra a los generadores, al actualizarse con el Índice de Precios al Productor (IPP), que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en julio de este añ, presentó una variación anual de 32,85 % comparado con julio de 2021, han impactado de manera dramática las tarifas que pagan los colombianos.

Hasta 2020 el IPP se ajustaba en promedio entre 2% y 3%, pero debido a la coyuntura internacional su aumento ha sido escandaloso, trasladándose directamente al bolsillo de los usuarios, mientras que los costos reales de la generación hidráulica han aumentado por debajo del IPC, es decir, que la diferencia entre el 32,85% y un 6,6% (que aproximadamente es el aumento de los costos de los generadores hidráulicos, que no utilizan gasolina ni gas ni ningún otro insumo asociado al IPP), es la utilidad adicional que reciben. Un negociazo.

Así es como de manera desvergonzada los generadores hidráulicos se están enriqueciendo a costa del padecimiento de los colombianos. Los estados financieros de las generadoras hidráulicas del país, publicados por las mismas empresas y en el Sistema Único de Información de Servicios Públicos, dan cuenta de los exorbitantes incrementos de hasta 42% que registraron en 2021. Cifras millonarias que están generando altas utilidades a las hidroeléctricas, sin ningún gasto adicional, ya que el costo del agua, su combustible, es cero.

Los desproporcionados incrementos en el servicio de energía y la indolencia de las empresas de generación constatan una vergonzosa realidad que veníamos denunciando frente a los abusos de los hidráulicos y la falta de control por parte del Ministerio de Minas y Energía y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Es momento que las empresas generadoras se reivindiquen con el país y contribuyan de manera honesta para aliviar la situación tarifaria de los usuarios finales. Por ejemplo, podrían aportar recursos para un fondo de estabilización de tarifas de energía o impuestos a la hidroelectricidad y así contribuir a los subsidios de los colombianos con menores ingresos. El país merece que estas medidas sean analizadas y adoptadas rápidamente para mitigar un poco el impacto de la inflación.

*Senador de la República.