Categoría: Opinión

Con el propósito de alejar el fantasma del racionamiento de energía, sugiero se reactive y convoque a la mayor brevedad la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del país (CACSSE).

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

A riesgo de asumir el papel de Casandra, me atrevo a plantear que si bien es cierto no hay razones objetivas para afirmar que estamos ad portas de un riesgo inminente de racionamiento del servicio de energía, como aconteció hace 30 años, si estamos en presencia de un riesgo sistémico inmanente de racionamiento.

Es indubitable que en las últimas tres décadas se ha construido un sistema eléctrico sólido, que ha ganado en eficiencia, que cuenta con una matriz mucho más robusta y diversificada, amén de una regulación avanzada y moderna, producto de las lecciones aprendidas que quedaron compendiadas en las leyes 142 y 143 de 1994.

Ello le ha permitido al sistema eléctrico nacional sortear con éxito recurrentes fenómenos de El Niño, que, como el de 2016, llevó al límite la capacidad de las hidroeléctricas del país, sin que este se apagara. Le ha valido, además, el reconocimiento a su matriz energética del Consejo Mundial de Energía y al desempeño de su arquitectura por parte del Foro Económico Mundial.

Colombia se ufana de tener una matriz limpia, dado que su capacidad instalada de generación (18.851.84 MW) es predominantemente hídrica (66%), pero esta, que es un atributo que se pondera en su justa dimensión, se constituye a su vez en el talón de Aquiles del sistema eléctrico, tornándolo muy vulnerable frente a los embates del cambio climático, tanto más en cuanto que su fenómeno extremo de El Niño, con su sequía y baja pluviosidad, es cada vez más frecuente, intenso y duradero.

La exposición es mayor habida cuenta que entre los embalses que sirven a las hidroeléctricas en el país sólo uno de ellos, El Peñol, tiene capacidad de regulación anual, mientras que el 80% de ellos no supera los tres meses.

Venimos de un fenómeno de La Niña que ha durado tres años, por ello resulta aventurado vaticinar la intensidad y duración de El Niño que se avecina.

A esta circunstancia, ya de por sí preocupante, se le añade el atraso de la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Expansión Eléctrica. Como lo afirma Camilo Marulanda, “el mercado colombiano de energía esperaba en el período 2018 – 2021 el ingreso de más de 4.000 MW de capacidad, representados en Hidroituango (2.400 MW) y los proyectos eólicos de La Guajira (2.000 MW). De esa capacidad sólo han entrado en funcionamiento 600 MW de Hidroituango”. A estos atrasos de la expansión de la capacidad de generación se suman los atrasos en varios proyectos clave de trasmisión.

La ministra de Minas y Energía le da un parte de tranquilidad al país afirmando que “las reservas hídricas del país están por encima de los últimos 20 años”, cuando al corte del 16 de mayo reportaron un nivel de sólo 58,25% (10.621 GWH) y los aportes hídricos de 54,83% (283.80 GWH).

Bajo esa falsa premisa arguye la ministra que “no tenemos en este momento una alerta de racionamiento… Quien esté mandando ese mensaje está generando pánico”. Contra toda evidencia, le apuesta a la hidrología y sostiene que “Colombia tiene unas reservas hídricas suficientes para afrontar un eventual fenómeno de El Niño en la segunda mitad del año”.

Alejandro Lucio, gerente de Óptima Consultores y ex presidente de Derivex, experto en el tema, conceptúa que “las cuentas están muy apretadas. Si me pregunta hoy y El Niño fuera en el segundo semestre y durara un par de meses, pues tenemos con qué aguantar porque el embalse tiene un buen nivel a pesar de que ha venido disminuyendo rápidamente. Pero si hablamos de un Niño que se prolonga, las cuentas están muy justas y yo no descartaría un racionamiento.”

Esta estrechez de la oferta de energía ya le está pasando la cuenta de cobro a los usuarios. Como lo afirma Sandra Fonseca, directora Ejecutiva de Asoenergía, “la señal de precios muestra claramente que en la actualidad hay una escasez inminente y creciente en el balance eléctrico”.

Este descalce entre la oferta limitada y una demanda de energía creciente, que pasó de un crecimiento del 3,34% en 2022 al 5,24% actual, viene presionando al alza los precios de la energía en Bolsa y estos, a su vez, presionan al alza también las tarifas que paga el usuario final.

Es de anotar que el precio de la energía, ya sea en Bolsa o en los contratos bilaterales entre comercializadores y generadores, impacta el cargo por generación de la fórmula tarifaria. Ahora bien, cuanto mayor exposición en Bolsa tiene el comercializador mayor es la volatilidad del precio.

Finalmente, sin alarmismos, pero consciente del riesgo inmanente del Sistema y del sentido de la oportunidad para actuar diligentemente con miras a minimizarlo, me permito sugerir al Ministerio de Minas y Energía que, con el propósito de alejar el fantasma del racionamiento de energía, reactive y convoque a la mayor brevedad la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del país (CACSSE), integrado, además del Ministerio que lo preside, por ISA, la CREG, la UPME y el Consejo Nacional de Operaciones (CNO), una especie de puesto de mando unificado (PMU) del sector energético. La situación actual lo amerita.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Ha resurgido con fuerza una corriente ideológica y política, así como en la órbita académica que propende por el federalismo en Colombia.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La conmemoración de los 160 años de la Constitución de 1863, más conocida como la Constitución de Rionegro, de corte federalista y que perduró hasta 1886, cuando Rafael Núñez, al alimón con Miguel Antonio Caro, la derogaron y prohijaron otra eminentemente centralista, es la ocasión propicia para repensar la arquitectura institucional actual de Colombia, cuya armazón corresponde a lo establecido en la Constitución Política de 1991, que le puso término a la centenaria Constitución de 1886.

En este contexto ha resurgido con fuerza y vigor una corriente ideológica y política, así como en la órbita académica que propende por el federalismo en Colombia. Esta es una cita que tenemos con el futuro para la cual las regiones deben darse una hoja de ruta.

Desde luego que las circunstancias de hoy no son las mismas de la era decimonónica, pero son muchas las lecciones que nos dejó la vigencia del federalismo, que se prolongó desde 1853 hasta 1886, durante 33 años. La primera de ellas es que, contrariamente a la narrativa que ha propalado la especie de que el federalismo fue una etapa caótica de nuestra historia, marcada por el desorden, el relajo y la falta de sindéresis, autores muy serios como el ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el profesor Salomón Kalmanowitz coinciden en que en la misma primó la responsabilidad fiscal y la dinámica de la incipiente economía post colonial.

La fórmula dicotómica de la centralización política y la descentralización administrativa, paradigma de la Constitución de 1886, fue reemplazada en la Constitución de 1991 por la declaratoria de Colombia como República unitaria, en lo cual coincide con la de 1886, pero, además de descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, las que ahora, además de los departamentos, municipios y distritos, las regiones como tales también se pueden constituir como entidades territoriales, lo que era impensable antes.

No es dable pensar con el deseo que Colombia está preparada para dar el salto hacia el federalismo, este es un punto de llegada a la tierra prometida y no un punto de partida, se deberá dar un proceso que nos conduzca hasta llegar a dicha meta.

Hay que empezar por demandar el cumplimiento del mandato de la Constitución de 1991, que avanzó al trascender el concepto de descentralización, limitado, como afirmó el ex presidente del Consejo de Estado Javier Henao Hidrón, a la “capacidad de gestión administrativa” por parte de las entidades territoriales, al de la autonomía, entendida como la “capacidad de decisión política”.

Desafortunadamente, durante los 32 años de vigencia no solo no se ha reivindicado la autonomía territorial sino que se ha dado una recentralización que la ha tornado nugatoria.

Cito dos ejemplos patéticos de la recentralización: a contrapelo de la descentralización y de la autonomía, al tiempo que se le han venido trasladando funciones y competencias por parte de la Nación a las entidades territoriales, pero sin recursos, violando el artículo 356 de la Constitución que advierte que ello no debe darse sin asegurarles los recursos necesarios y suficientes para asumirlos, los recursos se han venido concentrando, cada vez más, en manos de la Nación.

Es el caso del recorte de los recursos de la Bolsa del Sistema General de Participaciones (SGP) mediante los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. De otra parte, entre los años 2000 – 2022 se han aprobado 14 reformas tributarias, todas ellas para arbitrarle recursos a la Nación, ninguna para el fortalecimiento de las finanzas territoriales.

De modo que para enrutarnos por la vía del federalismo tenemos que empezar por que la Misión de Descentralización creada por el Gobierno anterior revise la fórmula del SGP, consultando y volviendo sobre la fórmula primigenia aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Solo de esta manera se puede reparar y resarcir el zarpazo dado por el centralismo a la capacidad de gestión de los departamentos, municipios y distritos.

Adicionalmente, debe tramitarse por parte del Congreso de la República la largamente aplazada reforma tributaria territorial, para lo cual ya se cuenta con la base de las recomendaciones contenidas y compendiadas en el informe final entregado en julio de 2020 por parte de la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial y engavetado por el gobierno. 

Y un aspecto clave, sin el cual no se podrá avanzar hacia un esquema de estados regionales, sin pretender calcar el de la Constitución de 1863, es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), llamada por el reputado ex constituyente Orlando Fals Borda la Ley madre, que tiene que ver con el reparto de los recursos y competencias entre los varios niveles de la Administración, que sigue siendo una asignatura pendiente, porque la Ley 1454 de 2011 no pasa de ser un remedo de la LOOT.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El Siglo XIX fue escenario de dos grandes tensiones que provocaron una lucha feral entre dos fuerzas políticas contendientes: en política económica el proteccionismo vs el librecambismo, y en cuanto a la gobernanza del país, el centralismo vs el federalismo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En los albores de la República se hizo manifiesta la polarización política en torno a la arquitectura del Estado. Mientras el Libertador Simón Bolívar defendió a capa y espada una estructura centralista, Francisco de Paula Santander tomó partido por el federalismo.

No había término medio, así se gestaron dos corrientes ideológicas irreconciliables, los unos defendiendo el centralismo y los otros, en la orilla opuesta, defendiendo el federalismo. Entre estos últimos se destacó una de las figuras más descollantes de la afrocolombianidad, amigo y correligionario de Santander, Caribe él y que ocupó la Presidencia de la República, Juan José Nieto.

El Siglo XIX fue escenario de dos grandes tensiones que provocaron una lucha feral entre dos fuerzas políticas contendientes: en política económica el proteccionismo vs el librecambismo, y en cuanto a la gobernanza del país, el centralismo vs el federalismo.

La década 1821 – 1831 llevó la impronta del centralismo bolivariano, la cual fue seguida por el regionalismo neogranadino entre los años 1832 – 1842, cuando tuvo lugar la guerra de los Supremos, para dar paso al más acendrado centralismo que se extendió hasta 1852. Huelga decir que el conservadurismo propendió y abogó por el proteccionismo y el centralismo hirsuto, mientras que el Radicalismo liberal asumió la causa de librecambismo.

En 1853 se establece la Confederación granadina, que sirvió de piedra angular del régimen federal que se constituiría posteriormente, el 8 de mayo de 1863, cuando se promulgó la nueva Constitución, aprobada el 3 de febrero del mismo año, de los Estados Unidos de Colombia por parte de la Convención de Rionegro, convocada y liderada por Tomás Cipriano de Mosquera.

Ya para entonces, el Radicalismo liberal, bajo la presidencia de Mosquera (1845- 1849), secundado por el presidente José Hilario López (1849 – 1853), le habían desbrozado el camino al desmontar las caducas estructuras de la economía colonial, abrazando la causa del librecambismo.

Como afirma el destacado economista del siglo XIX Aníbal Galindo, se trataba de “sacar al país del marasmo del centralismo y remover toda su actividad con el estímulo del gobierno propio”.

Es de destacar que, como lo acota el ex ministro Antonio Ocampo, “en términos fiscales, el federalismo fue un éxito rotundo”. La disciplina fiscal fue la nota predominante durante el período que estuvo vigente el régimen federal, en el curso del cual las regiones alcanzaron a tener un gran empoderamiento.

Rafael Núñez, quien a mediados del siglo XIX había abrazado la causa del Radicalismo liberal, se declaró partidario del federalismo, que él no dudó en considerar como “la tierra prometida”, pues “la historia administrativa de la Nueva Granada, casi desde su fundación, es la historia del desarrollo de los fueros seccionales, a despecho de la más obstinada resistencia del poder nivelador, o sea del centralismo” (1855).

Posteriormente, Núñez da un viraje de 180 grados, imbuido de las ideas del positivismo spenceriano en boga en Europa, en donde conoció y disfrutó los alamares de la diplomacia. A su regreso al país se aparta de las tesis del Radicalismo liberal, declarándose liberal independiente y con su lema “regeneración administrativa fundamental o catástrofe”, planteó que la regeneración “es la política del orden y la libertad, fundada en la justicia”. Así nació el regeneracionismo que fusionó ideológicamente el conservadurismo representado por Miguel Antonio Caro y el independentismo de Núñez.

Triunfal en un discurso caracterizado por su sectarismo y beligerancia, investido como estaba como presidente de la República, desde el balcón del Palacio presidencial, el 10 de septiembre de 1885, espetó en tono airado: “La Constitución de Rionegro ha dejado de existir, sus páginas manchadas han sido quemadas entre las llamas de la Humareda”.

En efecto, la Constitución de 1886 vino a ocupar su lugar, la cual junto con la de 1863 y la de 1991 han sido las únicas tres cuya vigencia ha superado los veinte años.

Luego convocó una Asamblea Nacional Constituyente amañada y excluyente, para expedir una nueva Constitución política al alimón con el líder conservador Miguel Antonio Caro, dándole entierro de tercera a la Constitución de Rionegro.

En la Constitución de 1886, al tiempo que se hizo tabula rasa de la anterior se entronizó la fórmula dicotómica de la “centralización política y la descentralización administrativa”. Pero, en la práctica, siempre tuvo más de centralización política que de descentralización administrativa.

Los estados soberanos de enantes fueron suprimidos, no sin antes despojarlos de lo que les pertenecía, expropiándolos sin fórmula de juicio de cuanto poseían.
Así quedó consagrado en el artículo 202 de la Carta: los bienes que pertenecían a los estados soberanos, ahora “pertenecen a la República de Colombia. Los bienes, rentas, valores, derechos y acciones que pertenecían a la Unión colombiana (léase estados soberanos) el 15 de abril de 1886, los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los estados (soberanos), cuyo dominio recobra la Nación”.

Este fue un duro y artero golpe asestado contra las regiones de Colombia.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución A/Res/47/193 se consagró el 22 de marzo de cada año como el ‘Día mundial del agua’.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Con la celebración se busca sensibilizar a las autoridades y a la sociedad civil sobre la importancia de la gestión integral del recurso hídrico y su conservación. La misma Asamblea de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 64/292 del 2010, reconoció el derecho humano al gua. Además, el objetivo 6 de los ODS se ocupa del agua limpia y el saneamiento.

Este 2023 el lema escogido por las Naciones Unidas es “la importancia del agua”, con lo cual se busca recordar la importancia del acceso al agua potable, en momentos en que 2.200 millones de habitantes ven vulnerados este derecho fundamental. Se trata, además, de propender por la gestión sostenible de los recursos hídricos.

Colombia no es ajena a este drama. 3,2 millones de personas no cuentan con ningún tipo de servicio de agua potable, es decir, el 6,4% de los colombianos. Es más, al menos 6,2 millones de colombianos consumen agua no apta para el consumo humano.

Resulta dramático que, por lo menos, 368.000 conciudadanos están expuestos a que el agua que consumen contenga altas concentraciones de bacterias coliformes fecales, virus, parásitos y elementos no biológicos, como minerales y sustancias químicas, todas ellas nocivas para la salud.

Increíble, pero cierto, sólo uno de cada tres municipios en Colombia suministra agua de buena calidad. Por ello, no es extraño que el 71,6% de las muertes sea por enfermedad diarreica aguda, que afecta sobre todo a la primera infancia y a los adultos mayores, y que tiene como factor desencadenante la pésima calidad del agua que ingieren.

Vale la pena destacar que, por fin, después de muchas idas y venidas, en 2015 se creó en Colombia el Consejo Nacional del Agua (artículo 250 de la Ley 1753), después de 22 años de haberse expedido la Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Hubo que esperar hasta junio de 2018 para que empezara a operar, pero desde entonces no hemos vuelto a tener noticias de su existencia. Esta es una asignatura pendiente.

La mejor forma de conmemorar esta fecha es que el Gobierno actual, en línea con su programa de gobierno que preside Gustavo Petro le dé la importancia que se merece y lo convoque a la mayor brevedad.

En concepto del director del DNP Jorge Iván González, en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia potencia mundial por la vida, que se tramita actualmente en el Congreso de la República, se “plantea, por primera vez, la importancia del ordenamiento territorial, del espacio y la geografía alrededor del agua, para transformar el campo e incrementar la productividad del país con justicia social y ambiental”.

En este sentido, vale la pena resaltar lo planteado en los artículos 21 y 22 de dicho proyecto. En el primero de ellos se hace hincapié en la prevalencia del agua como determinante del ordenamiento del territorio y el segundo en la necesidad de “fortalecer la gobernanza multinivel, diferencial, inclusiva y justa del agua y el ordenamiento del territorio en torno al agua”. 

Definitivamente, como lo acota el director del DNP, «si no se ordena el territorio alrededor del agua, la actividad humana no será sostenible». Así de claro, como el agua.

Entre la deforestación y el estrés hídrico hay una relación de causalidad evidente. Como lo explica el jefe de la Unidad Forestal de la FAO Jorge Meza, “cuando la deforestación es elevada, se genera erosión del suelo y se altera la calidad del agua. Los bosques regulan el régimen hídrico, y cuanto más natural sea el ecosistema, más efectiva será esta función… Cuidar los bosques de la región es también cuidar el agua”.

Destaca Meza que “el agua y los bosques están íntimamente ligados, ya que los árboles filtran el agua, aumentan los niveles de humedad en el aire y la incorporan más profundamente en la tierra, evitando su evaporación”.

Además, la tala de árboles impide que estos sigan cumpliendo con su doble función de liberar oxígeno y capturar el dióxido de carbono (CO2) a través de las estomas y de contera provoca la erosión, cuyos sedimentos terminan acumulándose en el lecho de los ríos, formando barras y causando desbordamiento e inundaciones de las poblaciones rivereñas.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Los contratos de compra de energía que celebran los comercializadores de energía que atienden usuarios en Zonas No Interconectadas (ZNI) deben ser el resultado de convocatorias públicas, así lo estableció la CREG a través de su Resolución 101 021 de 2022.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

En la actualidad, tanto los comercializadores que atienden usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN), como aquellos que atienden usuarios en Zonas No Interconectadas (ZNI) deben adelantar convocatorias públicas para comprar la energía con la que prestarán el servicio a sus usuarios.

Para el comercializador que atiende usuarios conectados al SIN existe una plataforma donde se centralizan las convocatorias públicas, el SICEP.

Y para el comercializador que atiende usuarios en ZNI también existe la obligación de adelantar convocatorias públicas, pero, de momento, estas convocatorias no se hacen por el SICEP, pues está pendiente el desarrollo de una plataforma tecnológica o lo que se podría llamar el SICEP de las ZNI.

Recientemente, la CREG, mediante la Resolución CREG 101 009 de 2023, modificó la Resolución 101 021 de 2022, e incluyó la definición de “Energia Adicional” como aquella energía disponible de una unidad de generación que no está comprometida en contratos.

Esto lo hizo con el fin de permitir un mayor aprovechamiento de la energía generada destinada para atender usuarios en las ZNI.

Otro cambio que llegó con esta última resolución es que se incluyó la posibilidad de que en el contrato de suministro que resulte de la convocatoria pública, el comercializador podrá incluir una cláusula de entrega adicional de energía en el contrato producto de la convocatoria convocada para comprar energía y atender usuarios en ZNI.

En cualquier caso, el precio máximo de esta energía adicional no podrá ser superior al precio acordado en el contrato producto de la convocatoria.

Algo que se debe considerar es que el procedimiento de la convocatoria pública para atender en ZNI debe tener al menos nueve etapas que son: período de planeación; aviso de convocatoria pública; publicación de pliegos y condiciones; entrega y verificación de requisitos habilitantes y entrega de ofertas; evaluación de ofertas; formalización de resultados de la convocatoria indicando si fue adjudicada o desierta; almacenamiento y publicación sobre los resultados de la convocatoria, y liquidación y facturación.

*Socio Fundador de OGE Legal Services

Pese a los intentos del Gobierno Nacional por lograr una disminución en el precio del kilovatio del servicio de energía en el país, las tarifas continúan sus registros al alza.

Por: JOSÉ DAVID NAME*

La preocupación radica en que las nuevas políticas que promueve el Ejecutivo podrían convertirse en otro fracaso, que agravaría la economía de los colombianos, especialmente de los usuarios de la Costa Caribe.

Tras los malos resultados obtenidos en el “Pacto por la Justicia Tarifaria”, y la posterior derrota por la suspensión, por parte del Consejo de Estado, del Decreto 227 de 2023, que otorgaba al presidente Gustavo Petro funciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el Gobierno intenta, una vez más, bajar las tarifas del servicio a través de un decreto.

Sin embargo, son muchos los cuestionamientos que han surgido al proyecto borrador, por no atacar de manera directa el problema de la carestía de la energía en Colombia.

Entre las críticas al proyecto de decreto, destaca el hecho de que no atiende las pérdidas de energía y el costo de generación, los principales causantes de los altos precios en la Región Caribe.

El castigo que se le impuso a los usuarios de las empresas Afinia y Air-e, con la autorización del cobro retroactivo por pérdida de energía, un atentado directo contra el desarrollo económico y el bienestar social de la región, es ignorado en La resolución.

Aunque el Gobierno ha reconocido lo injustificable que resulta que los usuarios de la Costa Caribe tengan que pagar por el robo de energía y por la deteriorada infraestructura del sistema de distribución, en el decreto no se da una solución a este régimen especial transitorio.

Por otro lado, no se establecen decisiones de fondo frente a las generadoras hidráulicas. Se necesitan reglas claras y un precio techo en bolsa para que aquellas distribuidoras que están expuestas no compren a los precios altos que finalmente terminan trasladando a los usuarios.

Si tenemos en cuenta que entre 15% y 25% de la tarifa de la mayoría de los colombianos se encuentra expuesta a bolsa, y que en el caso de la región Caribe, es cercano a 30%, estamos hablando de un tema clave en la reducción de los precios.

Al dejar por fuera estos puntos es imposible que se logre una reducción real de las tarifas de energía. Con un Plan Nacional de Desarrollo (PND) que no incluye ningún artículo para resolver las alzas en las facturas, estamos destinados a un nuevo fracaso.

Es necesario que en la próxima adición presupuestal el Gobierno destine una partida para cubrir las pérdidas de energía y la opción tarifaria. La única solución a esta problemática es que se realice una inversión directa.

Si no se ataca el problema de raíz, los esfuerzos seguirán diezmados y los colombianos pagando los platos rotos con un servicio de energía altamente costoso y en algunos casos deficiente. Hay que incluir en el PND un artículo que le garantice a los usuarios contar con un servicio de energía justo, eficiente, confiable y seguro.

*Senador de la República.

Casi 30 años después de la vigencia de las leyes gemelas 142 y 143 de 1994, ameritan una evaluación rigurosa y una actualización a la luz de sus resultados y lecciones aprendidas en estas tres décadas.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Un aspecto primordial del cual se ocupa el proyecto de Decreto del Ministerio de Minas y Energía al que nos hemos venido refiriendo, es el que hace relación al reglamento que rige el despacho de las plantas de generación por orden de mérito, con base en precios de oferta marginal, de menor a mayor hasta colmar la demanda, en el cual los costos de la última en entrar determina el precio de la energía en el mercado mayorista.

Y aunque, en promedio, sólo el 20% de la energía que distribuyen los operadores de red se rige por este precio, el mismo sirve de referencia a la hora de renovar los contratos bilaterales de mediano y largo plazo entre ellos y los generadores.

Se trata de ajustes normativos y regulatorios que se pueden y se deben introducir al Sistema, sin que ello se pueda interpretar como un atentado contra la institucionalidad, que no se puede confundir con el statu quo.

Casi 30 años después de la vigencia de las leyes gemelas 142 y 143 de 1994, ameritan una evaluación rigurosa y una actualización a la luz de sus resultados y lecciones aprendidas en estas tres décadas.

Pero cabe preguntarse si la implementación de todas estas medidas lograrán su cometido de alcanzar el objetivo que se ha impuesto la ministra de Minas y Energía Irene Vélez con su anunciado Pacto por la Justicia Tarifaria.

En mi concepto varias de ellas, como la autogeneración y la generación distribuida, van en la dirección correcta y las creo necesarias, pero no son suficientes para contener la espiral alcista de las tarifas. Como es bien sabido, la tarifa que paga el usuario final está compuesta por varios cargos: CU = G + T + D + C + PR + R, y cada uno de ellos tiene su peso relativo en la factura.

Según el reporte del DANE, en marzo pasado, contrariamente a lo esperado, la inflación siguió su curso y el incremento interanual de las tarifas de energía (19.77%) apenas fue superado por el de los alimentos (21.81%).

Claro está que en la región Caribe dicho incremento en las tarifas de energía fue mucho más pronunciado, desfasado con respecto al resto del país. A guisa de ejemplo, Montería registró una tasa de crecimiento interanual de la tarifa de energía para marzo de este año del 30,94%, Sincelejo del 30,67%, Valledupar del 30,53% y Cartagena del 29,85%, todas ellas servidas por Afinia.

Esta gran diferencia se explica fundamentalmente por el peso relativo de las pérdidas reconocidas (PR) entre ambos mercados, pues mientras el promedio en el resto del país representan el 8,8% del CU, en la región Caribe supera el 20%.

El MME la atribuye a “las circunstancias propias de las redes de su sistema de distribución local”, que no es otra distinta al cobro en las facturas como PR las pérdidas “no técnicas”, que es como se denominan las que se atribuyen al robo de energías y a las instalaciones fraudulentas. Este aspecto se pasa por alto en la propuesta del borrador de Decreto.

Un factor que sigue gravitando y presionando al alza tanto los precios de la energía en Bolsa como las tarifas que paga el usuario final es el atraso de la ejecución de los proyectos, tanto de generación como de transmisión.

En efecto, según cifras del Operador del mercado mayorista, en los últimos tres años se esperaba que se incorporaran al Sistema Interconectado Nacional (SIN) 7,8 GW y sólo entraron efectivamente 1,5 GW, el 19% de lo planeado.

Fue así cómo en 2020 entró en operación el 16%, en 2021 el 7% y en 2022 el 28% de la nueva capacidad de generación programada. Para 2023 se espera que entren 136 proyectos  de generación, cerca de 4,8 GW, de los cuales 1,6 GW corresponden a Oferta de Energía Firme (OEF) bajo la modalidad de cargo por confiabilidad, que están en veremos.

Y claro, este atraso en la ejecución de los proyectos, además de estresar el SIN y de presionar al alza los precios y las tarifas de energía, se traducen en otro componente del CU, el cargo por restricciones (R), que paga el usuario final vía tarifas, cuando debería asumirlo el responsable del atraso.

Dicho sea de paso, si algo contribuiría a reducir los precios y las tarifas de la energía sería el cumplimiento del cronograma de los proyectos contemplados en los planes de expansión que formula la UPME.

Tal como lo considera el Ministerio de Minas y Energía, “la mayor oferta aumenta la competencia, impide que puedan ofertar precios por encima de sus costos marginales en períodos horarios del día, negar disponibilidad para aumentar los precios sin afectar sus ventas” por parte de los generadores.

Debe advertirse que varios de los artículos del borrador de Decreto van a contrapelo de las leyes 142 y 143 de 1994, 1715 de 2014 y 2099 de 2021, transgrediéndolas, llevándose de calle, además, la facultad regulatoria que por ministerio de la Ley 143 de 1994 está reservada a la CREG.

Otro tanto puede decirse con respecto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en lo atinente al “régimen de regulación de la prestación de los servicios públicos”. De manera que este Decreto puede correr la misma suerte del que expidió el Gobierno para asumir las funciones de la CREG (Decreto 227 de febrero de 2023).

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de una norma que autorizaba a las empresas de servicios públicos definir los porcentajes para determinar las desviaciones significativas.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

La regla general en materia de medición de consumo de servicios públicos domiciliarios es que esta se realice a través de los dispositivos de medida instalados en cada inmueble.

De forma excepcional, los prestadores de servicios públicos podrán efectuar el cobro del consumo, empleando los mecanismos contemplados por el legislador, como lo es investigaciones por desviaciones significativas.

Las desviaciones significativas se entienden como los aumentos o reducciones en los consumos en un periodo de facturación, que, comparados con promedios de consumos, resulten mayores a determinados porcentajes.

Respecto de las desviaciones significativas, el 18 de abril se conoció una decisión donde el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de una norma que autorizaba a las empresas de servicios públicos definir los porcentajes para determinar las desviaciones significativas a través de las condiciones uniformes del contrato de servicios públicos.

En la decisión, el Consejo de Estado indicó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es el organismo que deberá establecer los términos en que debe entenderse que existió una variación significativa del consumo.

Según el Consejo de Estado, el aparte “los porcentajes que fijen las empresas en las condiciones uniformes del contrato” permite a las empresas fijar los porcentajes de variación de consumo que constituyen desviaciones significativas, es contrario a la Ley 142 de 1994 que fija los derechos de los usuarios.

Lo anterior permite concluir el espíritu proteccionista del Consejo de Estado que, con esta medida, protegerá el derecho del usuario a que el servicio sea medido adecuadamente y garantizará que las empresas prestadoras del servicio público no tengan discrecionalidad en la fijación de los porcentajes de variación de consumo que constituyen desviaciones significativas, siempre con miras a proteger los derechos de los usuarios y garantizar un servicio público de energía justo y equitativo.

Algo que queda para la decisión final tiene que ver con los efectos de la decisión del Consejo de Estado. ¿Será una decisión retroactiva? ¿O tendrá efectos a partir de su publicación?

En el primer caso, si la decisión tiene efectos retroactivos, lo que sigue es la devolución de los dineros cobrados por desviación significativa por parte de las empresas a los usuarios.

Para finalizar, y una vez se de a conocer la decisión final, las empresas prestadoras del servicio de gas natural, gas licuado del petróleo y energía eléctrica tendrán que ajustar sus contratos de condiciones uniformes y, seguido a ello, deberán socializar estos ajustes, bien a través de sesiones pedagógicas o boletines informativos.

*Socio fundador de OGE Legal Services.

El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios un borrador de Decreto mediante el cual “se establecen políticas y lineamientos para promover la eficiencia y la competitividad del servicio público domiciliario de energía eléctrica”. Análisis de su pertinencia, conveniencia, alcance y legalidad.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Aunque en el borrador de Decreto no se aducen las razones que motivan al Gobierno para expedirlo, se intuye que está inspirado en la concepción que propende por una tarifa “justa” de la energía que consumen los usuarios del mercado regulado, dejando de lado la preocupación manifestada de manera reiterada por los no regulados por la afectación a la competitividad de las empresas de los mayores costos relativos del servicio de energía, cuando se comparan con los países con los que compiten.

Por ello, las propuestas contenidas en el mismo se circunscriben  al “servicio público domiciliario de energía eléctrica”.

Se plantea el rol a cumplir por parte del prestador de última instancia (PUI), que busca asegurar la universalización de la prestación del servicio, de la cual es garante el Estado, así el responsable del mismo sea un operador privado.

Ello está bien, aunque subyace el riesgo de que usuarios con capacidad de pago opten por ser atendidos por el PUI, beneficiándose de los subsidios  cruzados, de usuarios no regulados a regulados, implícito  en la tarifa aplicable. Desde luego el PUI debe hacer parte de la metodología de remuneración de la actividad de comercialización, reglada por la CREG.

Nos parece de la mayor importancia que se avance, como se propone en este borrador de Decreto, en la incorporación del agregador de demanda, como nuevo agente de la cadena, lo mismo que la autogeneración y la generación distribuida, los cuales contribuyen a empoderar al usuario, mediante la respuesta de la demanda, dejando de ser un sujeto pasivo de la prestación del servicio, definido por la Ley 142 de 1994 como esencial.

En ello juegan un rol fundamental para activar los mecanismos que permitan las reducciones o desconexiones de demanda en el mercado de energía mayorista. Para posibilitarlo es menester impulsar la digitalización, mediante la instalación masiva de la infraestructura de medición inteligente (AMI, por su sigla en inglés), la desconcentración y la democratización del Sistema, bases fundamentales para la promoción e implementación de las llamadas comunidades energéticas.

Y hablando de autogeneración, se proponen reglas adicionales a las ya existentes en esta materia en el Decreto 1073 de 2015, referida a las denominadas áreas especiales, por la cuales se entiende aquellas donde no están dadas las condiciones apropiadas desde el punto de vista técnico para atender la prestación “normal” del servicio de electricidad.

Se plantea que los operadores de red se puedan acoger a dicha disposición, contrariando lo dispuesto por la Ley 1715 de 2014. Ello terminaría distorsionando el mercado mayorista, pues daría lugar a prácticas oportunistas, pues cualquier generador, sin importar su capacidad de generación, podría vender sus excedentes de energía en condiciones privilegiadas escudándose en su ubicación en un área especial. 

De los términos en que está concebido el texto se sigue que los autogeneradores a gran escala (> 1 MW) recibirían el mismo tratamiento que está reservado por la Ley a los autogeneradores a pequeña escala. Ello puede dar pie a que sean los operadores de red los que le saquen ventaja a esta modalidad montando sus propios “autogeneradores” y, de este modo, inversiones ineficientes terminarían lastrando sus costos y propiciando alzas tarifarias atribuibles a las mismas.

Además, si no se corrige el texto conforme está redactado puede derivar en aumentos no deseados de la tarifa al usuario final, dada la cantidad de excedentes comercializados que tocaría remunerar, de acuerdo con la regla vigente.

Huelga decir que la entrega de energía reactiva por este medio, sin control y sin estudios previos de evaluación, entraña riesgos en la calidad de la prestación del servicio por deficiencias en las redes, los altibajos de voltaje e ineficiencias que van a contrapelo de las condiciones en las que le debe llegar al usuario el fluido eléctrico, según lo dispuesto en la Ley 143 de 1994.

Consideramos como algo positivo la propuesta que busca mitigar los riesgos de exposición a precios de bolsa por parte de los usuarios, más aun teniendo en cuenta que hay varios agentes comercializadores que hoy presentan un alto grado de exposición y que, en teoría, en el segundo semestre de este año comenzaría a fortalecerse la probabilidad de El Niño, lo que posiblemente llevaría a mayores precios de bolsa. 

Sin embargo, como es bien sabido, la CREG, además de su Resolución 130 de 2019, que promueve los principios de transparencia, eficiencia, fiabilidad y neutralidad, también viene trabajando en el tema con una resolución que el mes anterior cerró su proceso de comentarios. Desde luego, todo cuanto se haga por reducir la presión al alza de los precios y las tarifas de energía es plausible.  

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La pandemia de la Covid 19 en 2020 y las medidas que tomaron los gobiernos para su prevención primero, contención después y por último para su mitigación, condujeron a la peor crisis económica a nivel mundial desde la gran depresión desatada en 1929.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

A causa de la pandemia, la economía global se hundió un -4,3%. Aunque el efecto rebote se tradujo en un crecimiento de la economía mundial del 6,1%, la reactivación se vio ralentizada por la afectación de las cadenas de suministro y la logística, con el consiguiente aumento de los fletes y de los precios de las materias primas, provocados por la crisis de los contenedores.

Cuando apenas brotaban los primeros retoños verdes de la recuperación de la economía se produjo la invasión rusa a Ucrania y esta derivó en una confrontación de los países que integran la OTAN contra el Kremlin.

A raíz de las sanciones impuestas contra el expansionismo de Vladímir Putin, entre las cuales se destaca el embargo de sus ventas de petróleo y gas a la Unión Europea, repercutieron en un alza desmesurada de sus precios, así como los de su sucedáneo, el carbón.

Los altos precios de los energéticos, que alcanzaron niveles históricos, afectaron la cadena alimentaria en sus fases de producción y distribución, debido al encarecimiento de los insumos agrícolas de los cuales Rusia y Ucrania han sido tradicionalmente la gran despensa. Y no era para menos, habida cuenta que este sector absorbe el 30% de la demanda total de energía en el mundo. Ello explica en gran medida la escalada alcista de los precios.

El 2022 estuvo marcado por una inflación galopante a nivel mundial, alcanzando niveles no vistos en los últimos 40 años. En los EEUU alcanzó en diciembre pasado el 7% interanual, cifra récord desde 1982. Entre tanto en la Zona Euro se registró una inflación del 5,1% en enero de este año, la más alta desde que se llevan estadísticas armonizadas (1997).

Como es apenas obvio, Colombia no se podía sustraer de esta megatendencia, dados los vasos comunicantes con la economía global, de la que no se puede desacoplar. Manes de la globalización. De ello se sigue que la inflación en Colombia tiene un gran componente importado, vía precios de los insumos y materias primas y, de contera, la devaluación del peso frente al dólar la atiza.

El Banco de la República, al igual que los demás bancos centrales del mundo, ha venido elevando la tasa de interés de intervención, desde el 3,75% en marzo de 2020 hasta el 13% en marzo de 2023, sin lograr contener la espiral inflacionaria. Esta medida, contraccionista por excelencia, le pone el freno de mano al crecimiento de la economía, al punto que llegó a temerse por una recesión este año.

El año anterior el IPC registró un incremento del 13,12%, la cifra más alta en 21 años, superior en 7,5 puntos porcentuales que la que reportó el DANE para 2021, que fue del 5,62%. Ello, entre otras razones, llevó a la unanimidad entre las centrales obreras, gremios de la producción y el Gobierno Nacional, que integran la Mesa de Concertación Salarial, al reajuste del 16% del salario mínimo para el 2023.

El mayor impacto de la inflación ha sido en los alimentos y en los servicios públicos, especialmente en el de energía, lo cual se explica por las razones anteriormente expuestas.

Llama la atención que las tarifas de los servicios públicos han aumentado por encima de la inflación total. Uno de los factores que lo explican es el rezago tarifario que venían arrastrando las empresas de servicios públicos debido a las medidas de emergencia tomadas durante la pandemia por el gobierno nacional, en virtud de las cuales se congelaron o difirieron las alzas, represándolas, haciéndolas ahora efectivas.

También han influido el incremento en los costos operativos de las empresas trasladándose estos mayores costos en los que incurren a sus usuarios vía tarifas.

Se auguraba que marzo de este año iba a ser el punto de inflexión a partir del cual la inflación iba a empezar a ceder, pero no fue así, se resiste a ceder. Los resultados han sido desalentadores: en marzo el IPC subió 1,05%, superior al 1% en marzo de 2022. La tasa interanual del IPC en marzo de este año se situó en 13,34%, el más alto desde 1999 cuando se registró el 13,51%, que contrasta con el 8,53% a marzo de 2022, 4,81 puntos porcentuales por encima de este.

Por fortuna, aunque los alimentos y los servicios públicos siguen siendo los que más han jalonado  la inflación en los últimos 12 meses, como lo advierte la directora del DANE Piedad Urdinola, en cuanto a los alimentos y bebidas no alcohólicas que “desde enero de 2021 se venía con un crecimiento constante en la inflación, en marzo se registró un cambio de tendencia” y empezó a ceder terreno, amortiguándose su carestía. Ello es tanto más importante en la medida que el incremento del costo de la canasta familiar afecta especialmente a los más vulnerables, pues, debido a su menguado poder adquisitivo, son quienes gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en dichos renglones.

Por su parte, el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, después de celebrar que la tendencia alcista de inflación de alimentos esté revirtiéndose, exhortó a los empresarios a través de su cuenta de Twitter para que “ayuden a moderar la inflación de productos industriales y de servicios”.

Este llamado es pertinente, si se tiene en cuenta que mientras los precios de los rubros de alimentos y bebidas no alcohólicas subieron el 0,91% en marzo, por debajo de la variación mensual del IPC, el servicio de electricidad, en cambio, subió 1,62%, por encima del mismo. No obstante, el primero sigue punteando el IPC con una tasa interanual del 21,81% seguido de cerca por el segundo con el 19,77%.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.