Categoría: Opinión

Frente al alza desmesurada de las tarifas de energía, ya es tiempo de que pasemos de las protestas a las propuestas. Me atrevo a plantear algunas para su discusión.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Primero, titularizar los recursos esperados en los próximos cinco años del Fondenergia, creado por la Ley 2099 de 2021, que pueden superar los $280.000 millones al año, y constituir un capital autónomo con esos recursos y con ellos financiar programas de formalización que contribuyan a la reducción del fraude y el no pago de la factura de energía.

Obviamente, su implementación se haría con el apoyo y acompañamiento de gobernadores y alcaldes. Otra fuente de financiación de este programa está en los recursos que por $14,8 billones, que tomó el Gobierno Nacional para financiar el Fondo de emergencia durante la pandemia del Sistema de Regalías y que deberá reintegrar a las regiones. Huelga decir que las inversiones que se hagan con estos recursos no irían a la tarifa que paga el usuario final.

Segundo, a medida que mejore el recaudo y la calidad de la cartera, gracias a las acciones anteriores, ello se debe reflejar en una baja en las tarifas en lugar de ir a mejorar el P&G de las empresas prestadoras del servicio. Este sería un gana-gana, para las empresas y para los usuarios.

Tercero, debería emprenderse ya un plan de choque que comprometa a los gobiernos nacional, departamentales y municipales, para la instalación de paneles solares en los techos de las viviendas de los estratos 1, 2 y 3, con lo cual se podrá reducir el valor de sus facturas de energía en un 30%, aproximadamente.

Cuarto, el Congreso de la República debería revisar y reajustar los kilovatios correspondientes al consumo de subsistencia, que sirve de base para la asignación del subsidio al consumo, subvencionado vía presupuesto nacional, dado que lo que se reconoce actualmente (173 KWH mes) no consulta la realidad de la región Caribe, cuyas condiciones climáticas obligan a los usuarios a un mayor consumo básico de energía, el cual supera los 200 KWH mes .

Finalmente, un aspecto primordial que debe contemplarse en estos ajustes es el que tiene que ver con el cargo por restricciones contemplado en la fórmula tarifaria, toda vez que, después del indexador y de las pérdidas reconocidas, en el caso de la región Caribe, es el otro factor que viene presionando el alza de las tarifas de energía.

Como es sabido, las restricciones son causadas por atrasos en la ejecución de los proyectos, ya sea de generación o de transmisión. Deberían asumirlas los responsables de las mismas y no los usuarios.

La Resolución CREG 035 de 1995 dejó establecido que el costo total de las restricciones la asumieran por partes iguales los generadores y los comercializadores. Pero, posteriormente, mediante la Resolución 063 del 2000, modificatoria de la anterior, le cargó la totalidad de las restricciones a los comercializadores y por ende a los usuarios que desde entonces la vienen asumiendo íntegramente como uno de los componentes de la fórmula tarifaria. De manera que está en manos de la CREG su desmonte.

Pari pasu con estas medidas, se debe avanzar tanto en materia regulatoria como en el diseño y operación del mercado mayorista, ambos deben ser repensados y ser objeto de una reingeniería para responder a los nuevos retos y aplicar las lecciones aprendidas después de casi 30 años de su concepción y puesta en marcha.

De hecho, la CREG es consciente de ello y ha venido proponiendo ajustes estructurales en procura de que se cuente con señales mucho más eficientes en la formación de precios en el mercado mayorista, lo cual deberá redundar en beneficio de los usuarios.

Ello tiene que ver tanto con la manera como se transa la energía en Bolsa como en lo que respecta al despacho diario, al mercado intradiario, concomitantemente con el mercado en tiempo real, así como la tarifa – horaria y de contera ganar en eficiencia en toda la cadena.

Ello le daría una mayor flexibilidad y dinamismo a cada día de operación. También hay que meterle mano a los servicios complementarios que permitan el acoplamiento  y la integración de las fuentes no convencionales de energía renovables (FNCER), de tal suerte que estas le sirvan de respaldo a las fuentes convencionales (hídricas y térmicas) y estas a aquellas.

Como lo afirma el experto Comisionado de la CREG José Fernando Prada, se trata de “una revisión total de las reglas de funcionamiento con más oportunidades de transacciones, con despachos vinculantes para que se hagan operaciones comerciales en firme en las que se tenga más certeza de los precios de la energía y que tengan más oportunidades para que se puedan ir ajustando las ofertas y que esto refleje las características de todas las plantas”.

De esta manera se optimizaría el despacho y la operación del Sistema en beneficio de los usuarios, que deberán estar en el centro de esta reforma que se ha venido “cocinando” a fuego lento.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El Gobierno Nacional sigue sin ponerse de acuerdo sobre la necesidad y la conveniencia de importar gas natural de Venezuela.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Una declaración del Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo citada fuera de contexto, en el sentido de que “en el mediano futuro sí hay posibilidades interesantes de que Venezuela exporte gas a Colombia” revivió el debate que suscitó la declaración de la ministra de Minas y Energía Irene Vélez al descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, y planteó que ante la insuficiencia en las reservas de gas el país lo importaría desde Venezuela.

En su lugar, «si necesitáramos llenar nuestra matriz energética se podría hacer la conexión de transporte de gas con Venezuela», sentenció la ministra.

La reiteración de la ministra en Davos (Suiza) de que “no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo” se basó en el cuestionado documento ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa’ originado en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el cual difiere de su último reporte fechado en mayo del año pasado.

Según el informe, las reservas probadas remanentes de gas natural con las que contaba el país eran de 3,16 terapiés cúbicos (TPC), las cuales al ritmo de producción y consumo promedio alcanzarían para entre 7,7 y 8 años.

Por lo demás, ante un posible déficit de suministro, en momentos en los que la generación térmica lo demanda, se ha contado y se seguirá contando con las facilidades para la importación de gas por parte de la regasificadora de la Sociedad Portuaria El Cayao (Spec), con capacidad de 400 millones de pies cíbicos diarios (MPCD), localizada en Cartagena.

Sólo hasta mayo de 2023 se conocerá el nuevo informe actualizado de reservas, y lo que reporta la ANH está basado en el informe que le rinden las empresas responsables de la operación de los campos en producción, y ello aún no se ha dado. En las cuentas alegres de la ministra, para justificar su aserto, incurre en la desmesura de sumar las reservas probadas + reservas posibles + reservas probables + reservas contingentes + reservas prospectivas, para concluir que las mismas podrían garantizar el autoabastecimiento hasta el 2037-2042. Pero las únicas reservas con las que a la fecha podemos contar son las probadas.

Los mensajes de la ministra Vélez son erráticos y contradictorios, pues al tiempo que se afirma que tenemos suficientes reservas como para garantizar autoabastecimiento hasta 2042, para descartar nuevos contratos de exploración y explotación de gas natural, se plantea la inminente necesidad de la importación de gas desde Venezuela.

 Mi percepción es que, como dice el adagio popular, hay quienes están ensillando sin traer las bestias, toda vez que para ser viable importar gas desde Venezuela esta debe contar con excedentes exportables así como con las facilidades de transporte. Y ni lo uno ni lo otro se podrá dar en el corto plazo.

En cuanto a excedentes exportables, es muy dudoso, toda vez que las reservas y la producción de gas natural, en una altísima proporción están asociadas a la producción de petróleo, no se trata de gas libre y por lo tanto con la caída de la producción de petróleo desde los cerca de 4 millones de barriles/día de enantes a menos de 750 mil barriles actualmente, la producción de gas ha caído en la misma proporción.

Y en cuanto a las facilidades para la entrega de gas a Colombia, las mismas demandarán tiempo e inversiones. Tocaría esperar la reconstrucción del estragado gasoducto Antonio Ricaurte, con capacidad de transporte hasta los 450 MPCD, que une la Estación de Ballena en La Guajira con la Planta de Ramón Laguna en el estado Zulia y construir la infraestructura que permita traer el gas desde el oriente de Venezuela hasta empalmar con el Antonio Ricaurte. Uno y otro demandan ingentes recursos de inversión y tardarían en estar disponibles no menos de dos años. Así de claro.

Desde luego, en el largo plazo no se puede descartar la integración energética entre los dos países, como se intentó sin éxito por parte de los ex presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez en 2004, debido a su incumplimiento. En dado caso serviría sólo de respaldo pero no para depender del suministro desde Venezuela.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo Germán Umaña fue enfático al precisar que “tenemos un vecino que tiene reservas inmensas de gas y como lo dijo el ministro Ocampo puede haber una complementariedad” hacia el futuro. Pero, no por ahora.

Dos de las lecciones aprendidas de la crisis energética de la Unión Europea es que la Transición Energética no debe poner en riesgo la seguridad energética y tan importante como ésta es la soberanía energética. Colombia, sobre todo después de este nefasto antecedente, no puede exponerse a un desabastecimiento dependiendo de Venezuela, tanto más en cuanto que, más allá de los 8 años de autoabastecimiento que tenemos asegurados, a la vuelta de 4 o 5 años se espera que los nuevos descubrimientos de gas natural en el off shore colombiano (pozos Uchuva y Gorgon) estén en producción.*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE

Si Colombia renuncia prematuramente y en solitario a los hidrocarburos como una “señal  clara de nuestro compromiso en la lucha  contra el cambio climático”, como lo anunció la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez en Davos, con qué vamos a suplir las divisas que dejarían de percibirse y los ingresos que dejarían de recibir los departamentos y municipios.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Ninguno de los países petroleros en el mundo se está planteando dejar de firmar nuevos contratos de exploración y producción (E&P). Por el contrario, Noruega, principal productor y exportador de petróleo y gas de la Unión Europea está ofertando 92 nuevos bloques para la exploración. Y ello, no obstante contar con un Fondo soberano, que no tiene Colombia, de US$1,4 trillones, alimentado por la explotación de los hidrocarburos. El Reino Unido, por su parte, hace apenas unas semanas abrió el proceso para adjudicar un centenar de nuevos contratos de E&P.

Cabe preguntarse también cómo asegurar los 350.000 barriles/día que demandan las dos refinerías para garantizar el abastecimiento de combustibles. Bien dijo Aldoux Huxley que “los hechos no dejan de existir porque se ignoren”.

La única forma de mantener y/o incrementar la producción de crudo es acrecentando las reservas probadas, que son las únicas con las que se puede contar a ciencia cierta y ello no será posible si se frena la exploración. En ese sentido, como dice el adagio popular, vale más un pájaro en mano que cien volando.

Desde luego que el país no se puede resignar a seguir dependiendo de la actividad extractiva del petróleo y el carbón, a sabiendas de que en el largo plazo la demanda se va a contraer y para entonces sobrevivirán para entonces los productores con menores costos, entre los cuales no está Colombia.

Se impone, entonces, la necesidad de acompasar la Transición Energética con una estrategia de transformación productiva, con el propósito de diversificar la economía y la canasta exportadora. En ello coincido con la ministra cuando afirma que “no sólo se trata de una transformación en la matriz energética, sino de generar otras economías a escala nacional y a escala local”.

Pero, ello toma su tiempo y demanda ingentes inversiones. Según estudio de Fedesarrollo, liderado por el experto Juan Benavides, el costo anual de la Transición Energética hacia el año 2035 sería del orden de los US $38.000 millones y la única fuente de financiamiento con la que cuenta actualmente el país es justamente la que se tiene en la actividad extractiva, por más que se le abomine. Como suele decirse entre los economistas, no hay almuerzo gratis.

A Chile, por ejemplo, le tomó 25 años para convertirse en uno de los mayores exportadores de frutas a nivel mundial, para no depender sólo de las exportaciones de cobre, que son del orden de los US $53.424 millones, que representan el 40,5% de sus exportaciones totales,  mientras sus ingresos por cuenta del mercado de las frutas ronda a lo sumo los US $4.800 millones, el 25% de lo que le ingresa a Colombia por concepto de sus exportaciones de petróleo.

Una actividad a promover, dentro de ese esfuerzo de diversificación, es el turismo, pero el reto es enorme, si tenemos en cuenta que hoy los ingresos que genera esta actividad le significan a la Nación $4,94 billones, el 17,2% de los dividendos que le gira ECOPETROL a la Nación, que son del orden de los $28,56 billones, sin tomar en consideración lo que le reportan las exportaciones de carbón.

El esfuerzo para que el turismo logre posicionarse como el gran generador de empleo e ingresos es gigantesco y en ello tanto el gobierno central como las entidades territoriales deben emplearse a fondo para lograrlo.

Lo que no se puede es dar un salto al vacío dándole la espalda a los hidrocarburos cuando aún no tenemos a la mano otro sector, otra fuente de crecimiento, empleo e ingresos que lo sustituya. No podemos dejar lo cierto por lo dudoso.

Colombia se tiene que cuidar de no incurrir en el mismo error de Alemania, que se apresuró a apagar las plantas térmicas de generación de electricidad y los reactores nucleares sin contar con la capacidad de generación suficiente a partir de FNCER, para después tener que volver a encenderlas. Y ese error lo está pagando caro. Nada nos ganamos con acelerar en neutro.

Otra lección de la crisis energética que afronta Alemania y en general los países de la Unión Europea es que tanto o más importante que la seguridad energética es la soberanía energética, para no estar a expensas de otros países.

Finalmente, digamos que así como es de importante que la Transición Energética sea justa, única manera de que sea sostenible, también debe ser responsable.

Así lo aconsejó el presidente Luis Inacio Lula da Silva: “Mientras no tengas energías alternativas seguirás usando la energía que tienes”. Esta es una verdad de Perogrullo. Como lo advirtió, con mucha antelación a la actual crisis energética global, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, se requiere “una transición tranquila y eficiente”, a riesgo de enfrentar “una transición caótica” y, añadiría yo, traumática.

Para evitarlo sólo basta tener una buena dosis de sensatez, realismo y pragmatismo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Para que Colombia cumpla su compromiso de reducir sus emisiones en un 51% hacia el 2030, la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En 2015 se firmó el Acuerdo de París en el marco de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), en el cual se fijaron tres objetivos básicos: limitar el incremento promedio de la temperatura a 2 grados centígrados respecto a los niveles anteriores a la primera revolución industrial; segundo, redoblar los esfuerzos tendientes a impedir que el mismo sobrepase el umbral de 1,5 grados a finales del siglo XXI y, tercero, alcanzar la carbono neutralidad en 2050, siendo este último, el de la descarbonización de la economía, la clave para alcanzar los otros dos objetivos.

De la Transición Energética se empezó a hablar desde las postrimerías del siglo pasado, cuando los movimientos ambientalistas reaccionaron en Alemania contra el avance de las instalaciones de reactores nucleares para generar electricidad, derivando posteriormente en el propósito manifiesto de descarbonizar el sector eléctrico migrando hacia fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), sobre todo después del Acuerdo de París.

Este énfasis en la descarbonización del sector eléctrico se explica porque en los países desarrollados, que son los mayores responsables del acumulado en la atmósfera de los gases de efecto invernadero (GEI) y de sus emisiones, tienen en el mismo la mayor fuente de emisiones con el 73,5%.

No es el caso de Colombia donde, a lo sumo, contribuye con el 34% de las mismas, habida cuenta de que el 68% de su capacidad instalada de generación de electricidad es de origen hídrico.

Huelga decir que las emisiones de GEI de Colombia son ínfimas en comparación con otros países, pues apenas representan el 0,55% del total global.

Las emisiones per cápita de Colombia, alrededor de 1,6 toneladas de CO2 equivalente por persona al año, está muy por debajo del promedio mundial que oscila en torno a 4,5 toneladas, e incluso del promedio de Latinoamérica, que tiene un registro de 2,6 toneladas.

Dicho sea de paso, en Colombia la mayor fuente de emisiones de GEI está constituida por el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y sobre todo por alarmante deforestación, factores que sumados representan más del 55% de las emisiones de GEI.

Por ello, coincidimos con el experto ambientalista Juan Pablo Ruiz cuando afirma que para que Colombia cumpla su compromiso de reducir sus emisiones en un 51% hacia el 2030, “la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos”.

Además de las particularidades anteriores de Colombia, hay una diferencia fundamental a la hora de definir la hoja de ruta de la Transición Energética entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón y Colombia, que también depende, pero de la producción y exportación de petróleo y carbón, sus dos principales renglones de exportación, superando el 50% de las mismas, así como de la generación de divisas, que supera el 20% de los ingresos corrientes de la Nación. Y de contera, en promedio, más del 35% de la inversión extranjera directa (IED) es atraída por el sector petrolero. Por todo ello planteamos la necesidad de una transición energética a la colombiana, que se ajuste a sus particularidades y prioridades.

Las bajas emisiones de GEI por parte de Colombia y la reducida contribución a las mismas del sector eléctrico no la puede llevar a convertirse en el llamado peyorativamente polizón climático, cruzándose de brazos a la espera de que sean otros quienes hagan el esfuerzo tendiente a la descarbonización de la economía, pero tampoco debe asumir el papel de Atlas, cargando a cuestas con el resto del mundo.

Como bien lo dejó establecido la COP26, el mandato del Acuerdo de París y los compromisos adquiridos por los países que lo suscribieron, entre ellos Colombia, conllevan una “responsabilidad común pero diferenciada”, no se puede prorratear.

La encrucijada para Colombia es doble, está ante el riesgo de perder la autosuficiencia en materia de hidrocarburos, lo cual la obligaría a importar, afectando la balanza comercial, porque no sólo dejaría de percibir divisas por la exportación de crudo, provocando una hiperdevaluación del peso, sino que deberá gastar sus escasas reservas de dólares para importar el crudo requerido para cargar las dos refinerías y evitar poner en riesgo el abastecimiento de combustibles.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Las RAP están llamadas a contribuir a la integración regional, a promover una mayor y mejor artículación entre los departamentos que las integran y entre estos y las instancias nacionales de gobierno.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

El pasado 26 de diciembre la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, que funge como presidente del Consejo Regional Administrativo de Planeación, y los demás gobernadores de los ocho departamentos que integran la Región Administrativa y de Planificación (RAP) del Caribe, resolvieron ponerla en marcha.

Me ha cabido en suerte, por generosidad y expresa voluntad de ellos, la responsabilidad de conducir dicho proceso hasta llevarlo a puerto seguro. Con esta ya son siete RAP que operan en el país, cada una de ellas en la región de su jurisdicción.

Este primero de febrero, con su puesta en funcionamiento, es una fecha memorable para el Caribe colombiano y constituye un hito histórico en la denodada y perseverante lucha por reivindicar la autonomía y el desarrollo regional. Bien se ha dicho que la historia trabaja para nosotros a condición de que nosotros trabajemos para ella y este es el caso.

Como antecedente más remoto tuvimos la Ley 76 de 1985, mediante la cual se crearon las regiones de planificación, más conocidas como CORPES, las cuales dejaron de operar desde el 2000. Luego la Asamblea Nacional Constituyente, gracias a la intervención de los delegados de la región (Eduardo Verano, Carlos Rodado, Eduardo Espinoza, Juan B. Fernández, Raimundo Emiliani y Orlando Fals Borda), al expedir la nueva Constitución de 1991, no sólo consagró el principio de la autonomía (artículos 1 y 287), sino que le dio vía libre a las regiones para que se pudieran constituir como RAP primero y como entidades territoriales (RET) después, de conformidad con los artículos 306 y 307.

Luego, mediante el voto directo del constituyente primario, 2,5 millones de ciudadanos despositaron en las urnas en las elecciones al Congreso de la República en mayo de 2010 el Voto Caribe con el mandato de constituir la región Caribe como entidad territorial como meta a alcanzar, “para que promueva un desarrollo económico y social en nuestro territorio, dentro del Estado y la Constitución colombiana”.

En respuesta a este hecho político se aprobó por parte del Congreso de la República la Ley 1454 de 2011 de ordenamiento territorial (LOOT), la cual, según lo prevé la Carta, es requisito sine qua non para la aprobación de la RAP y de la RET. Pero dicha Ley, lejos de viabilizar la constitución de las mismas la obstruyó poniéndole barreras y cortapisas, emasculádolas además al dejarlas sin fuentes de ingresos para su funcionamiento.

Fue necesaria la expedición de la Ley 1961 de 2019, de fortalecimiento de las RAP, para destrabarla, la cual fue reglamentada mediante el Decreto 900 de 2020. Tuvimos que esperar 20 años para que las RAP vinieran a llenar el vacío dejado por los CORPES.

Las RAP constituyen una especie de escala técnica, de meta volante, para alcanzar la meta final que son las RET. Bien dijo el gran alemán Max Weber, “toda experiencia histórica confirma la verdad de que no se hubiera obtenido lo posible sino se hubiese pugnado, una y otra vez, por alcanzar lo imposible”.

Las RAP están llamadas a contribuir a la integración regional, a promover una mayor y mejor artículación entre los departamentos que las integran y entre estos y las instancias nacionales de gobierno. Con ellas las regiones se empoderan aún más y ganan en capacidad de interlocución frente al Gobierno central, para dejar de ser alfil sin albedrío del agobiante y esterilizante centralismo.

Son muchos los retos que tenemos por delante y no podemos ser inferiores a ellos. Bien sabemos que, como dice Karl Popper, “el futuro no está predeterminado, todos nosotros contribuimos a determinarlo”. Y para ello tenemos que concitar todas las energías de todos.

Son ocho los departamentos que integran la RAP del Caribe, pero juntos y unidos somos más y más fuertes. Vivimos un momento excepcional, pues por tercera vez en nuestra vida republicana, después de Juan José Nieto y Rafael Núñez, un hombre del Caribe, Gustavo Petro, ocupa el solio de Bolívar.*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE

Los proyectos de energía renovable de las tres subastas, la primera de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por confiabilidad y las dos últimas convergentes, que comprometen 2.400 Megavatios (MW) de potencia, están empantanados lo mismo que su entrada en operación al Sistema Interconectado Nacional (SIN)

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

No puede ser más paradójico. Mientras Colombia está en el radar de la Transición energética a nivel global y se convierte en un polo de atracción de las inversiones en proyectos para generar energía a partir de fuentes no convencionales y renovables (FNCER), la ejecución de los proyectos que fueron asignados en las tres subastas que tuvieron lugar entre 2019 y 2020 se atrasa y pospone debido a obstáculos que lo han impedido.

En efecto, Bloomberg NEF, un servicio de Bloomberg Professional, considerada como una de las plataformas más prestigiosas y consultadas del mundo financiero, en su más reciente reporte del climatescope, fechado el 18 de noviembre, mediante el cual mide los avances en materia de transición energética y descarbonización del sector energético, ubicó a Colombia entre los primeros cinco países que más y mejor están desarrollando e impulsando la generación y uso de las energías renovables, particularmente la eólica y la solar – fotovoltaica, aprovechando el potencial que ofrece el Caribe colombiano, en especial el departamento de La Guajira.

Destaca el Informe que “por primera vez en la historia, Colombia se ubica entre las cinco primeras naciones. Las políticas estables de energía limpia y los incentivos transparentes han impulsado al país al cuarto lugar este año desde el puesto 13 en el estudio del año pasado”.

En la región es superado sólo por Chile, que ocupó el primer lugar en el escalafón. La verdad sea dicha, el mérito de Colombia para dar ese salto en el ranking en esta métrica radica fundamentalmente en la expedición de la Ley 1715 de mayo de 2014, que estimula e incentiva las FNCER primero, a las subastas para asignar los proyectos, y finalmente la entrada en vigencia de la Ley 2099 de 2021, que vino a reforzar y a ampliar el espectro de los beneficios a las energías renovables.

Además, el reporte pone de relieve que “Chile, Colombia, Brasil, Perú y República Dominicana son los países más atractivos para la inversión en energías renovables en América Latina, según la encuesta . De hecho, las cuatro naciones principales de la región se encuentran entre los 20 mercados más atractivos para la inversión en energía limpia en general. Un factor común es que todos ellos tienen políticas bien establecidas y efectivas, además de sectores de energíaestructurados abiertos a inversores privados”.

En el caso de Colombia, particularmente, la inversión en FNCER alcanzó un máximo histórico en 2021, cercana a los US $952 millones, desglosándose en US $678 millones en parques eólicos, para una participación del 71%, y US $274 millones en granjas solares – fotovoltaicas, que representa el 29% restante. La inversión en estas últimas experimentó un crecimiento exponencial de más de 18 veces entre 2017 y 2021.

No obstante, concomitantemente con este gran posicionamiento de Colombia, que se debe, como ya lo dijimos, a su desarrollo normativo y regulatorio y al gran apetito que han despertado en los inversionistas para ejecutar los proyectos, estos han tropezado con el nudo gordiano del desencuentro entre las empresas desarrolladoras y las comunidades indígenas, que ha impedido superar con éxito las consultas previas que, por ministerio de la Ley, se deben tramitar.

Y mientras este paso no se surta, el Grupo Energía Bogotá, que tiene a su cargo la instalación de la Estación Colectora en el municipio de Uribia, al norte de La Guajira, la energía que generen los parques eólicos quedará confinada in situ sin poder transportarse hasta La Loma y Bosconia (Cesar), donde empalmarán con las líneas de transmisión con el SIN.

De la misma manera que la ministra de Minas y Energía Irene Vélez ha anunciado y se ha propuesto destrabar los contratos firmados entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y las empresas petroleras con el fin de activar la búsqueda y hallazgo de mayores reservas de crudo y gas para conjurar el fantasma de las importaciones, debería también dar los pasos conducentes para desatascar estos proyectos que el Sistema energético requiriere a gritos y sin los cuales la aceleración de la Transición energética justa que pregona el gobierno se va a quedar en anuncios.

Por lo pronto, marcha a paso de tortuga y al paso que van su operación no se va a dar antes del 2024. A ello no deben ser ajenos ni el gobernador de La Guajira José Jaime Vega ni el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez. Para luego es tarde.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Le tocará maniobrar con mucha habilidad al ministro de Hacienda José Antonio Ocampo para que la economía colombiana evite a toda costa un aterrizaje forzoso.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La economía colombiana cierra el 2022 con un crecimiento del PIB que supera el 7%, producto del efecto rebote y comienza el 2023 con una marcada tendencia a la desaceleración del ritmo de crecimiento, entrando en barrena.

Después de haber alcanzado un pico de crecimiento del 17.2% en mayo del año pasado, el mismo ha venido perdiendo fuerza e impulso y termina el año en su cuarto menguante. Es así como el crecimiento del PIB en el tercer trimestre de 2022 con respecto al trimestre anterior fue escasamente del 1.6%.

De acuerdo con la previsión del Banco de la República, se espera un crecimiento anémico de la economía, reduciéndose a un exiguo 0,5%, lo cual repercutiría en una sensible reducción del PIB per cápita, toda vez que dicho crecimiento estaría por debajo del crecimiento vegetativo de la población, lo cual sólo se ha dado en Colombia dos veces en los últimos 23 años: durante la recesión económica en 1999 y en 2020 a consecuencia de la crisis pandémica. Y, lógicamente, ello también incidirá en una merma del ingreso y la capacidad adquisitiva de los colombianos en 2023.

Ello será otro lastre con el que tendrá que cargar el crecimiento de la economía, ya que en el último tramo del año anterior el consumo de los hogares ha sido uno de los mayores impulsores del crecimiento del PIB, tanto más en cuanto que se ha visto impactado y de qué manera por la inflación galopante, que en lo corrido del año anterior hasta noviembre se trepó al 12,54%, superando en más de 7 puntos porcentuales la del mismo período del 2021. Esta inflación, que tiene un gran componente importado, sólo se compara con la que se registró hace 23 años. 

La Junta del Banco de la República, en su afán de contener esta escalada alcista de los precios y de paso responder a la seguidilla de aumentos en la tasa de intervención decretada por la Reserva Federal, que ha provocado un éxodo de capitales desde los demás países, incluido Colombia, hacia EEUU, ha venido incrementando la tasa de interés de intervención desde el 3% de un año atrás al 12% con el que cerró el 2022.

Como es obvio, ello se ha traducido en una restricción y encarecimiento del crédito, sin lograr su cometido de contener la inflación. El comportamiento de la Junta del Banco emisor es lo más parecido al perro que da vueltas sobre su propio eje tratando en vano de morderse la cola. En consecuencia, el costo del crédito es el más alto desde 2001.

Con las medidas tomadas el Banco de la República espera que para finales de 2023 la inflación se reduzca hasta el 7% y regrese a su meta de inflación objetivo de 3% en 2024. Lo ha dicho en forma rotunda el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, para el 2023 “en vez de más inflación y tasas de interés, esperamos menos inflación y bajas en las tasas de interés”.

El sector externo se ha visto favorecido por el aumento sin precedentes de los precios de sus dos principales productos de exportación, el carbón y el petróleo, aupados por la crisis energética global que se desató a raíz de la confrontación de los países que integran la OTAN, encabezados por EEUU y Rusia. Y muy seguramente esta tendencia se va a mantener en el curso de este año por el doble efecto de la inercia, de los mayores volúmenes y mejores precios ya negociados de sus exportaciones y de contera por la prolongación del conflicto en Ucrania.

En el caso del petróleo habrá de contribuir a mantener sus precios al alza el anuncio de Putin de no venderle petróleo a los países rivales.

En medio de los vientos cruzados que soplan a nivel internacional y de la incertidumbre que generaron los primeros anuncios de la ministra de Minas y Energía Irene Vélez, de parar en seco la firma de nuevos contratos petroleros y del director de la Agencia Nacional Minera (ANM) de hacer lo propio en minería, llama poderosamente la atención el comportamiento de la inversión extranjera directa (IED) en el sector minero-energético.

Al cierre de octubre pasado el total de la IED creció el 62,8% con respecto al mismo período del año anterior, ascendiendo a la suma nada despreciable de USD 9.491 millones. Según el Banco de la República desde 2015 no se registraba una cifra tan alta como esta. Se destaca el hecho que entre petróleo y minería acaparan el 72% del total de la IED, con USD 6.866 millones, para un incremento del 77,7% con respecto a los primeros diez meses de 2021.

El mayor reto que tiene la economía colombiana para 2023 es sortear los factores desestabilizadores que vienen desde el exterior, que no favorecen la reactivación, largamente aplazada, los cuales se transmiten a través de los vasos comunicantes de la balanza de comercio exterior, en momentos en los que el déficit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos supera el -7%.

Le tocará maniobrar con mucha habilidad al ministro Ocampo para que la economía colombiana evite a toda costa un aterrizaje forzoso.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La tendencia, tanto de la economía global como de la economía latinoamericana, es de una ralentización del crecimiento en 2023, con todas sus consecuencias en materia de empleo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Después de la recesión económica global, de la que no escapó la economía colombiana, se esperaba que 2022 fuera el año de transición, en el curso del cual la economía se repondría, se recuperaría y se reactivaría.

Pero no fue así, porque con los primeros retoños, cuando la economía mundial apenas empezaba a levantar cabeza, su impulso se vio truncado por los tropiezos que tuvo que enfrentar la cadena de valor y de suministros, que se originó con la crisis de los contenedores en China, como secuela de las medidas extremas que se tomaron para combatir la Covid-19. La consecuencia no se hizo esperar, el ritmo de crecimiento de la economía global se ralentizó, tanto más en cuanto que China se ha convertido en la última década en su remolcador.

Luego sobrevendría otro hecho aún más inesperado. Razón tuvo José Manuel Marroquín cuando en su hermosa poesía La perrilla dijo que “es flaca sobre manera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera”. Nadie esperaba, pues no era previsible, que un delirante Putin se atreviera, contra todo pronóstico, ensoberbecido por su ambición expansionista, a invadir a Ucrania.

Y como lo pudo establecer Isaac Newton en su tercera Ley, “para cada acción hay una reacción igual y en el sentido opuesto”. La OTAN, encabezada por EEUU, reaccionó con drásticas sanciones contra Rusia. Y así se desató una turbulencia que está lejos de amainar.

Y como la política y la economía están inextricablemente correlacionadas, este conflicto frenó el crecimiento, al punto que se ha venido incubando una recesión global que, según el Banco Mundial, podría estallar en 2023, con el agravante de una incontenible espiral inflacionaria, configurándose de esta manera el peor escenario al que el mundo podría verse abocado de una recesión con inflación (estanflación), que no se veía desde 1970.

En su intento por contener este brote inflacionario, los bancos centrales del mundo, empezando por la Reserva Federal de EEUU, han elevado sus tasas de intervención, atizando la inflación y frenando aún más el crecimiento de la economía.

Uno de los factores que más ha contribuido a la inflación es la escalada alcista de los precios de los energéticos, particularmente del petróleo, el carbón y el gas natural y de contera la electricidad, hasta alcanzar niveles históricos.

La crisis ha terminado por fragmentar y compartimentar la globalización, obligando a las grandes potencias a concertar acciones en aras de garantizar su seguridad y soberanía energéticas en riesgo.

Después de crecer su PIB por décadas por encima del 10%, luego de una caída hasta el -2,2% en 2020, China registró un crecimiento de 8,1% en 2021 y hasta el tercer trimestre de 2022 la tasa de crecimiento interanual ha sido de sólo el 3,9%.

Por su parte, la economía de EEUU tuvo un decrecimiento del -3,4% en 2020, el crecimiento del PIB en 2021 fue del 5,7% y para el tercer trimestre de 2022 el crecimiento interanual registrado fue de un anémico 1,9%.

No obstante los nubarrones que presagian una estanflación para 2023, las proyecciones de las Naciones Unidas estiman que después del bajonazo de la economía mundial en 2020 de -3,5%, esta se repuso, pero no con la velocidad esperada, en el 2021, registrando un crecimiento del PIB del 5,5%, pero la perspectiva para 2023 es de un magro crecimiento del 3,5%.

Entre tanto, Latinoamérica, después de una contracción de su economía del orden del – 6,8% en 2020, viéndose compensada con un crecimiento del PIB del 6,9% en 2021, según las previsiones del Banco Mundial, se ve venir una desaceleración del ritmo de crecimiento en 2023, limitándolo, según se espera al 2,5%.

Se puede concluir, entonces, que la tendencia, tanto de la economía global como de la economía latinoamericana, es de una ralentización del crecimiento en 2023, con todas sus consecuencias en materia de empleo.

El gran reto, de cara al 2023, es revertir dicha tendencia, lo cual será asaz difícil mientras el viento que sopla no cambie de dirección.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.