Suspenden las desviaciones significativas en servicios de gas y energía

El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de una norma que autorizaba a las empresas de servicios públicos definir los porcentajes para determinar las desviaciones significativas.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

La regla general en materia de medición de consumo de servicios públicos domiciliarios es que esta se realice a través de los dispositivos de medida instalados en cada inmueble.

De forma excepcional, los prestadores de servicios públicos podrán efectuar el cobro del consumo, empleando los mecanismos contemplados por el legislador, como lo es investigaciones por desviaciones significativas.

Las desviaciones significativas se entienden como los aumentos o reducciones en los consumos en un periodo de facturación, que, comparados con promedios de consumos, resulten mayores a determinados porcentajes.

Respecto de las desviaciones significativas, el 18 de abril se conoció una decisión donde el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de una norma que autorizaba a las empresas de servicios públicos definir los porcentajes para determinar las desviaciones significativas a través de las condiciones uniformes del contrato de servicios públicos.

En la decisión, el Consejo de Estado indicó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es el organismo que deberá establecer los términos en que debe entenderse que existió una variación significativa del consumo.

Según el Consejo de Estado, el aparte “los porcentajes que fijen las empresas en las condiciones uniformes del contrato” permite a las empresas fijar los porcentajes de variación de consumo que constituyen desviaciones significativas, es contrario a la Ley 142 de 1994 que fija los derechos de los usuarios.

Lo anterior permite concluir el espíritu proteccionista del Consejo de Estado que, con esta medida, protegerá el derecho del usuario a que el servicio sea medido adecuadamente y garantizará que las empresas prestadoras del servicio público no tengan discrecionalidad en la fijación de los porcentajes de variación de consumo que constituyen desviaciones significativas, siempre con miras a proteger los derechos de los usuarios y garantizar un servicio público de energía justo y equitativo.

Algo que queda para la decisión final tiene que ver con los efectos de la decisión del Consejo de Estado. ¿Será una decisión retroactiva? ¿O tendrá efectos a partir de su publicación?

En el primer caso, si la decisión tiene efectos retroactivos, lo que sigue es la devolución de los dineros cobrados por desviación significativa por parte de las empresas a los usuarios.

Para finalizar, y una vez se de a conocer la decisión final, las empresas prestadoras del servicio de gas natural, gas licuado del petróleo y energía eléctrica tendrán que ajustar sus contratos de condiciones uniformes y, seguido a ello, deberán socializar estos ajustes, bien a través de sesiones pedagógicas o boletines informativos.

*Socio fundador de OGE Legal Services.

Comentarios al proyecto de decreto sobre el servicio de energía

El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios un borrador de Decreto mediante el cual “se establecen políticas y lineamientos para promover la eficiencia y la competitividad del servicio público domiciliario de energía eléctrica”. Análisis de su pertinencia, conveniencia, alcance y legalidad.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Aunque en el borrador de Decreto no se aducen las razones que motivan al Gobierno para expedirlo, se intuye que está inspirado en la concepción que propende por una tarifa “justa” de la energía que consumen los usuarios del mercado regulado, dejando de lado la preocupación manifestada de manera reiterada por los no regulados por la afectación a la competitividad de las empresas de los mayores costos relativos del servicio de energía, cuando se comparan con los países con los que compiten.

Por ello, las propuestas contenidas en el mismo se circunscriben  al “servicio público domiciliario de energía eléctrica”.

Se plantea el rol a cumplir por parte del prestador de última instancia (PUI), que busca asegurar la universalización de la prestación del servicio, de la cual es garante el Estado, así el responsable del mismo sea un operador privado.

Ello está bien, aunque subyace el riesgo de que usuarios con capacidad de pago opten por ser atendidos por el PUI, beneficiándose de los subsidios  cruzados, de usuarios no regulados a regulados, implícito  en la tarifa aplicable. Desde luego el PUI debe hacer parte de la metodología de remuneración de la actividad de comercialización, reglada por la CREG.

Nos parece de la mayor importancia que se avance, como se propone en este borrador de Decreto, en la incorporación del agregador de demanda, como nuevo agente de la cadena, lo mismo que la autogeneración y la generación distribuida, los cuales contribuyen a empoderar al usuario, mediante la respuesta de la demanda, dejando de ser un sujeto pasivo de la prestación del servicio, definido por la Ley 142 de 1994 como esencial.

En ello juegan un rol fundamental para activar los mecanismos que permitan las reducciones o desconexiones de demanda en el mercado de energía mayorista. Para posibilitarlo es menester impulsar la digitalización, mediante la instalación masiva de la infraestructura de medición inteligente (AMI, por su sigla en inglés), la desconcentración y la democratización del Sistema, bases fundamentales para la promoción e implementación de las llamadas comunidades energéticas.

Y hablando de autogeneración, se proponen reglas adicionales a las ya existentes en esta materia en el Decreto 1073 de 2015, referida a las denominadas áreas especiales, por la cuales se entiende aquellas donde no están dadas las condiciones apropiadas desde el punto de vista técnico para atender la prestación “normal” del servicio de electricidad.

Se plantea que los operadores de red se puedan acoger a dicha disposición, contrariando lo dispuesto por la Ley 1715 de 2014. Ello terminaría distorsionando el mercado mayorista, pues daría lugar a prácticas oportunistas, pues cualquier generador, sin importar su capacidad de generación, podría vender sus excedentes de energía en condiciones privilegiadas escudándose en su ubicación en un área especial. 

De los términos en que está concebido el texto se sigue que los autogeneradores a gran escala (> 1 MW) recibirían el mismo tratamiento que está reservado por la Ley a los autogeneradores a pequeña escala. Ello puede dar pie a que sean los operadores de red los que le saquen ventaja a esta modalidad montando sus propios “autogeneradores” y, de este modo, inversiones ineficientes terminarían lastrando sus costos y propiciando alzas tarifarias atribuibles a las mismas.

Además, si no se corrige el texto conforme está redactado puede derivar en aumentos no deseados de la tarifa al usuario final, dada la cantidad de excedentes comercializados que tocaría remunerar, de acuerdo con la regla vigente.

Huelga decir que la entrega de energía reactiva por este medio, sin control y sin estudios previos de evaluación, entraña riesgos en la calidad de la prestación del servicio por deficiencias en las redes, los altibajos de voltaje e ineficiencias que van a contrapelo de las condiciones en las que le debe llegar al usuario el fluido eléctrico, según lo dispuesto en la Ley 143 de 1994.

Consideramos como algo positivo la propuesta que busca mitigar los riesgos de exposición a precios de bolsa por parte de los usuarios, más aun teniendo en cuenta que hay varios agentes comercializadores que hoy presentan un alto grado de exposición y que, en teoría, en el segundo semestre de este año comenzaría a fortalecerse la probabilidad de El Niño, lo que posiblemente llevaría a mayores precios de bolsa. 

Sin embargo, como es bien sabido, la CREG, además de su Resolución 130 de 2019, que promueve los principios de transparencia, eficiencia, fiabilidad y neutralidad, también viene trabajando en el tema con una resolución que el mes anterior cerró su proceso de comentarios. Desde luego, todo cuanto se haga por reducir la presión al alza de los precios y las tarifas de energía es plausible.  

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La inflación galopante

La pandemia de la Covid 19 en 2020 y las medidas que tomaron los gobiernos para su prevención primero, contención después y por último para su mitigación, condujeron a la peor crisis económica a nivel mundial desde la gran depresión desatada en 1929.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

A causa de la pandemia, la economía global se hundió un -4,3%. Aunque el efecto rebote se tradujo en un crecimiento de la economía mundial del 6,1%, la reactivación se vio ralentizada por la afectación de las cadenas de suministro y la logística, con el consiguiente aumento de los fletes y de los precios de las materias primas, provocados por la crisis de los contenedores.

Cuando apenas brotaban los primeros retoños verdes de la recuperación de la economía se produjo la invasión rusa a Ucrania y esta derivó en una confrontación de los países que integran la OTAN contra el Kremlin.

A raíz de las sanciones impuestas contra el expansionismo de Vladímir Putin, entre las cuales se destaca el embargo de sus ventas de petróleo y gas a la Unión Europea, repercutieron en un alza desmesurada de sus precios, así como los de su sucedáneo, el carbón.

Los altos precios de los energéticos, que alcanzaron niveles históricos, afectaron la cadena alimentaria en sus fases de producción y distribución, debido al encarecimiento de los insumos agrícolas de los cuales Rusia y Ucrania han sido tradicionalmente la gran despensa. Y no era para menos, habida cuenta que este sector absorbe el 30% de la demanda total de energía en el mundo. Ello explica en gran medida la escalada alcista de los precios.

El 2022 estuvo marcado por una inflación galopante a nivel mundial, alcanzando niveles no vistos en los últimos 40 años. En los EEUU alcanzó en diciembre pasado el 7% interanual, cifra récord desde 1982. Entre tanto en la Zona Euro se registró una inflación del 5,1% en enero de este año, la más alta desde que se llevan estadísticas armonizadas (1997).

Como es apenas obvio, Colombia no se podía sustraer de esta megatendencia, dados los vasos comunicantes con la economía global, de la que no se puede desacoplar. Manes de la globalización. De ello se sigue que la inflación en Colombia tiene un gran componente importado, vía precios de los insumos y materias primas y, de contera, la devaluación del peso frente al dólar la atiza.

El Banco de la República, al igual que los demás bancos centrales del mundo, ha venido elevando la tasa de interés de intervención, desde el 3,75% en marzo de 2020 hasta el 13% en marzo de 2023, sin lograr contener la espiral inflacionaria. Esta medida, contraccionista por excelencia, le pone el freno de mano al crecimiento de la economía, al punto que llegó a temerse por una recesión este año.

El año anterior el IPC registró un incremento del 13,12%, la cifra más alta en 21 años, superior en 7,5 puntos porcentuales que la que reportó el DANE para 2021, que fue del 5,62%. Ello, entre otras razones, llevó a la unanimidad entre las centrales obreras, gremios de la producción y el Gobierno Nacional, que integran la Mesa de Concertación Salarial, al reajuste del 16% del salario mínimo para el 2023.

El mayor impacto de la inflación ha sido en los alimentos y en los servicios públicos, especialmente en el de energía, lo cual se explica por las razones anteriormente expuestas.

Llama la atención que las tarifas de los servicios públicos han aumentado por encima de la inflación total. Uno de los factores que lo explican es el rezago tarifario que venían arrastrando las empresas de servicios públicos debido a las medidas de emergencia tomadas durante la pandemia por el gobierno nacional, en virtud de las cuales se congelaron o difirieron las alzas, represándolas, haciéndolas ahora efectivas.

También han influido el incremento en los costos operativos de las empresas trasladándose estos mayores costos en los que incurren a sus usuarios vía tarifas.

Se auguraba que marzo de este año iba a ser el punto de inflexión a partir del cual la inflación iba a empezar a ceder, pero no fue así, se resiste a ceder. Los resultados han sido desalentadores: en marzo el IPC subió 1,05%, superior al 1% en marzo de 2022. La tasa interanual del IPC en marzo de este año se situó en 13,34%, el más alto desde 1999 cuando se registró el 13,51%, que contrasta con el 8,53% a marzo de 2022, 4,81 puntos porcentuales por encima de este.

Por fortuna, aunque los alimentos y los servicios públicos siguen siendo los que más han jalonado  la inflación en los últimos 12 meses, como lo advierte la directora del DANE Piedad Urdinola, en cuanto a los alimentos y bebidas no alcohólicas que “desde enero de 2021 se venía con un crecimiento constante en la inflación, en marzo se registró un cambio de tendencia” y empezó a ceder terreno, amortiguándose su carestía. Ello es tanto más importante en la medida que el incremento del costo de la canasta familiar afecta especialmente a los más vulnerables, pues, debido a su menguado poder adquisitivo, son quienes gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en dichos renglones.

Por su parte, el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, después de celebrar que la tendencia alcista de inflación de alimentos esté revirtiéndose, exhortó a los empresarios a través de su cuenta de Twitter para que “ayuden a moderar la inflación de productos industriales y de servicios”.

Este llamado es pertinente, si se tiene en cuenta que mientras los precios de los rubros de alimentos y bebidas no alcohólicas subieron el 0,91% en marzo, por debajo de la variación mensual del IPC, el servicio de electricidad, en cambio, subió 1,62%, por encima del mismo. No obstante, el primero sigue punteando el IPC con una tasa interanual del 21,81% seguido de cerca por el segundo con el 19,77%.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Cuál es la vigencia del concepto de conexión expedido por la UPME

La validez que tiene el concepto de asignación de capacidad expedido por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) inicia desde el momento en que la entidad emite el concepto con asignación de capacidad, hasta el momento en el que se ha verificado y aceptado que el desarrollador del proyecto ha cumplido con documentos y acciones tendientes a mantener su vigencia.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

Los documentos y acciones del proceso son las siguientes:

  • Aprobación de la garantía: Que el interesado haya constituido la(s) garantía(s) o haya hecho entrega de la(s) debida(s) copia(s) de la aprobación de la(s) garantía(s) ajustada(s) respecto a su prorroga o actualización del valor de la cobertura, según lo establecido por la CREG.
  • Curva S: Que el interesado haya presentado la Curva S y sus debidos ajustes (si fuere necesario).
  • Contrato de conexión: En caso que se haya suscrito contrato, el interesado deberá cargar en la Ventanilla Única la copia firmada del contrato de conexión perfeccionado, donde se incluya la información respectiva que coincida con lo dispuesto en el concepto de conexión.
  • Informes de Seguimiento: El interesado deberá entregar los Informes de Seguimiento (por cumplimiento de la fecha de los hitos de la Curva S e Intermedio de seguimiento de la Curva S) de la ejecución del proyecto en los plazos previstos, donde se evidencia el estado de avance del proyecto, su comparación con la Curva S de referencia, así como las explicaciones respectivas.

Cuando el desarrollador del proyecto de generación no entregue y/o cargue los anteriores documentos en la Ventanilla Única, ni ejecute las actuaciones descritas anteriormente, se expone a la pérdida de la vigencia del concepto de conexión.

De igual manera, perderá la capacidad asignada, si el ASIC informa a la UPME que una planta de generación que se haya retirado temporalmente o renovado sus instalaciones no reingresa oportunamente al mercado mayorista en la fecha prevista en la autorización respectiva.

Finalmente, según la Resolución CREG 075 de 2021, la asignación de capacidad de transporte, tendrá plenos efectos a partir del momento de puesta en operación del proyecto, y hará parte inherente de él, mientras se encuentre en operación.

*Socio fundador de OGE Legal Services

La inseguridad alimentaria

En concepto de la FAO, la seguridad alimentaria es lo más fundamental de las necesidades y de los derechos humanos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se entiende por seguridad alimentaria “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa”.

La seguridad alimentaria consta de tres elementos esenciales: el primero es la disponibilidad de los alimentos, el segundo el acceso a los mismos y tercero la estabilidad o sustentabilidad, entendida esta como la garantía del primero y el segundo a lo largo del tiempo.

Como lo veremos, la seguridad alimentaria, más que un problema de disponibilidad de alimentos es un problema de acceso a los mismos y este está determinado por el nivel de ingresos, el cual a su vez está correlacionado con el empleo.

Al contrario, la inseguridad alimentaria en los hogares es una condición en la que sus integrantes no tienen acceso satisfactorio a la comida, que está fuera de su alcance, lo cual deriva en la malnutrición, la desnutrición y el hambre.

En casos extremos, se considera severa cuando para paliar la falta de ingesta alimentaria se recurre al rebusque, vendiendo enseres para procurársela.

Entre las principales causas de este drama humano se distinguen aquellas de carácter estructural, entre las que se destacan la pobreza monetaria, el desempleo, la informalidad y la violencia, las cuales en no pocos casos se padece la sumatoria de ellas.

En cuanto a las causas coyunturales merecen mencionarse el cambio climático, la inflación, pandemias como la Covid 19 y eventos geopolíticos como el conflicto en Ucrania, que provocó la escasez de alimentos e insumos agrícolas (úrea, fertilizantes, abonos nitrogenados, etc), con la consiguiente especulación y la espiral alcista de sus precios.

Como lo anotó el ex director de investigaciones del FMI Pierre Gourichas, “los precios de la energía y de los alimentos están muy relacionados”, tanto más cuanto la mecanización de la agricultura torna esta cada vez más intensiva en consumo de energía y advirtió que “la situación crítica de estos aspectos no constituye un problema transitorio”.

Y la pavorosa crisis alimentaria actual ha terminado por darle la razón. De ello se sigue la gran sensibilidad de los precios de los alimentos a cualquier cambio, generalmente al alza, de los energéticos, exacerbada por la afectación de las cadenas de suministros y el transporte a consecuencia de la crisis pandémica.

Así ha ocurrido históricamente, y no es para menos, pues se estima que cerca del 30% de la demanda total mundial de energía se relaciona con los sistemas alimentarios en las fases de producción, distribución y acceso.

De modo que las fallas en el sector energético, como la que se ha presentado recientemente en la Unión Europea, repercute en la cadena alimentaria, afectando no sólo la seguridad sino también la soberanía alimentaria.

Los avances en las técnicas de control de la natalidad y la tecnología aplicada a la agricultura y a la producción de alimentos obligaron a replantear la hipótesis catastrofista del demógrafo británico Thomas Malthus, según la cual mientras la población crecía de manera exponencial la producción de alimentos crecía en una progresión aritmética, lo cual abocaría a la humanidad a una hambruna sin remedio.

Si bien es cierto que el crecimiento de la población venía acelerándose, en las últimas décadas se ralentizó.

Tomando como referencia el primer año de nuestra Era, cuando la población mundial era de sólo 250 millones de habitantes, sólo hacia el 1650 se duplicó para alcanzar los 500 millones, 150 años después se duplicó para alcanzar la cifra que alarmó a Malthus. Y así sucesivamente hasta alcanzar su punto de inflexión en el año 2000 cuando se triplicó la población, registrando la cifra de los 6.144 millones de habitantes.

No obstante, después del crecimiento de la población a un ritmo del 2% anual hasta las postrimerías de los años sesenta, dicha tasa de crecimiento ha disminuido sensiblemente hasta situarse en 1,35%. Y las proyecciones para el período 2025 a 2030 vaticinan un crecimiento de la población del 0,8% anual.

Por ello, la presión poblacional y su demanda por alimentos se viene relajando con el paso de los años, mientras la capacidad, así como la productividad y el potencial de producción de alimentos avanza vertiginosamente gracias a la creciente mecanización y tecnificación de la agricultura, cubriendo la demanda de mercados globales.

Lamentablemente, 349 millones de personas en 79 países enfrentan una inseguridad alimentaria aguda, frente a los 287 millones en 2021 y 200 millones más con respecto a los niveles previos a la pandemia de la Covid – 19.  Pero, al establecer la causa de ello, se concluye fácilmente que el problema más que en la disponibilidad de los alimentos está en el acceso a los mismos, que tiene que ver, como ya lo vimos, en el desempleo, la falta de ingresos y el bajo poder adquisitivo, la pobreza y la desigualdad, que son lacras sociales que laceran a los más vulnerables.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La consulta previa en Colombia: regulación y marco jurídico

La consulta previa en Colombia es un proceso mediante el cual los pueblos, las comunidades indígenas, afrocolombianos y roms son consultados y tienen derecho a participar en la toma de decisiones y planificación de proyectos que afecten sus territorios, vida, cultura y derechos humanos.

Por: AURA VARGAS CENDALES* 

El marco jurídico de la consulta previa en Colombia se encuentra regulado en diversas normas, incluyendo la Constitución Política de 1991, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Ley 70 de 1993, el Decreto Legislativo 1069 de 2015, la Ley 1753 de 2015 y la Directiva Presidencial No. 8 de 2020.

La Constitución Política de Colombia reconoce la diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas y afrocolombianas y establece la obligación de garantizar su participación en la toma de decisiones que afecten sus derechos y vida.

El Convenio 169 de la OIT establece que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados y participar en la planificación de proyectos que afecten sus territorios y vida.

La Ley 70 de 1993 establece el derecho de las comunidades a ser consultadas antes de la implementación de cualquier proyecto o actividad que afecte sus territorios, vida y derechos.

El Decreto Legislativo 1069 de 2015 establece las normas para la consulta previa y la participación de las comunidades en proyectos de inversión y desarrollo.

La Ley 1753 de 2015 regula el derecho de consulta previa y la participación de las comunidades en proyectos que afecten sus territorios y derechos.

En Colombia, la jurisprudencia sobre la consulta previa se ha desarrollado en torno al derecho de los pueblos indígenas y afrocolombianos a ser consultados antes de la implementación de proyectos o actividades que puedan afectar sus comunidades o territorios.

La Corte Constitucional estableció que la consulta previa es un derecho fundamental y que debe ser realizada de manera libre, informada y previa a la toma de decisiones.

Además, la jurisprudencia ha establecido que la consulta previa debe ser un proceso participativo en el que las comunidades indígenas y afrocolombianas tengan la oportunidad de expresar sus opiniones y preocupaciones, y que las decisiones tomadas deben ser consideradas en la planificación y ejecución de proyectos.

La jurisprudencia colombiana sobre la consulta previa fortalece los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos y les garantiza una participación efectiva en la toma de decisiones que afectan sus comunidades y territorios.

En resumen, la consulta previa en Colombia está regulada por un marco jurídico que requiere mayor atención y reglamentación, especialmente en lo que respecta a los términos del trámite y del adecuado seguimiento a los acuerdos, a fin de garantizar, no solo la participación de las comunidades indígenas, afrocolombianas y otros grupos étnicos en la toma de decisiones y planificación de proyectos que afecten sus territorios, vida, cultura y derechos humanos, sino también el derecho al debido proceso entre otros.

*Abogada Estudio Legal Hernández

Cambios en el margen del distribuidor mayorista de combustibles líquidos

En materia de combustibles líquidos algunos distribuidores mayoristas que se destacan son: Terpel, Primax, Chevron, Biomax, Petromil, Petrobras, Puma, Zeuss, EcoPetroleo (ECOS), Plus Mas, Discom, Petrodecol y Proxxon; quienes pueden, o no, resultar impactadas con el cambio que se propone en materia regulatoria.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

A través de la resolución CREG 704 003 de 2022 se proponen cambios a la metodología de remuneración del margen mayorista para la gasolina y el ACPM-Diésel. Curiosamente, no se propone disminución en el margen para el Jet Fuel, el más utilizado por los aviones comerciales.

En materia de combustibles líquidos algunas marcas que se destacan como distribuidores mayoristas son: Terpel, Primax, Chevron, Biomax, Petromil, Petrobras, Puma, Zeuss, EcoPetroleo (ECOS), Plus Mas, Discom, Petrodecol y Proxxon; quienes pueden, o no, resultar impactadas con el cambio que se propone en materia regulatoria.

La razón por la cual se presenta el cambio en la metodología es que existen características geográficas, limitaciones logísticas y disposiciones regulatorias que impiden que en algunas zonas del país la distribución mayorista se desarrolle en condiciones competitivas.

Y, por otro lado, otro problema que motiva el cambio es la existencia potencial de posición de dominio por parte de algunos actores del mercado de combustibles líquidos, y posibles niveles altos de concentración.

Una vez que tenemos identificados los problemas la pregunta que surge es: ¿Reconocer un margen máximo corrige los problemas de integración? Y la respuesta es que no necesariamente.

Y no lo corrige porque en el mercado los distribuidores mayoristas no se encuentran en situaciones homogéneas, de manera que, aunque el cambio esté dirigido a unos participantes de la cadena de los combustibles líquidos, en ese mismo punto de la cadena se mantendrían los problemas que motivan el cambio que se propone en la Resolución CREG 704 003 de 2022. Con lo cual, el cambio no surtiría el efecto deseado.

Pero como la solución no está en dejar de tomar medidas, sino en tomarlas. Lo que se debe considerar es que las medidas a implementar sean neutrales y acordes con la realidad que enfrenta cada distribuidor mayorista.

Lo anterior significa que conviene cuantificar todos los costos en que realmente incurre un distribuidor mayorista, tanto los operacionales como los no operacionales, e incluso los financieros.

En ese sentido, a pesar de que se reduzca el margen a los mayoristas, en el mercado existen distribuidores mayoristas que pueden “sacrificar” margen porque su estructura les permite subsistir cruzando ingresos. Incluso, algunos pueden compensar “pérdidas” a través de sus actividades integradas.

*Socio fundador de OGE Legal Services

El Día Mundial Forestal

En 1971 los estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) acordaron celebrar el 21 de marzo de cada año el Día Mundial Forestal.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Se trata de destacar y ponderar la importancia de los recursos forestales, los cuales contribuyen a la reproducción y desarrollo sostenible de todas las especies que habitan el globo terráqueo, incluido el ser humano. Tienen la virtud de capturar el CO2 que flota en el medioambiente y libera oxígeno a través de sus estomas, un proceso inverso al de los humanos que inhalan oxígeno y exhalan CO2.

La FAO estima que cada año más de 130.000 km2 de bosques se pierden debido a la deforestación. El caso de Colombia es dramático: entre 2015 y 2016, cuando alcanzó las 179.000 hectáreas, se incrementó la deforestación el 44%, en el 2017 se deforestaron 219.973 hectáreas, incrementándose el 23% con respecto al año anterior. En 2018, según el IDEAM, se registraron 280.000 hectáreas deforestadas, un 27.2% más con respecto al 2017, alcanzando su máximo histórico.

Luego se reduciría la deforestación, registrando en 2019 la cifra de 158.894 hectáreas, tendencia que se revirtió el año siguiente, alcanzando un registro de 171.894 hectáreas 2020 y 174.103 hectáreas en 2021, una extensión mayor que todo el territorio del Distrito Capital de Bogotá en un solo año.

La peor parte de esta depredación, de este ecocidio, la ha llevado la Amazonía colombiana, el daño infligido es de tal magnitud que, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en dos décadas, entre 2001 y 2021 de las 3 ́182.876 hectáreas devastadas 1 ́858.285 hectáreas (58%) corresponden a la que es considerada el pulmón del planeta.

Cuando no se conoce todavía el consolidado de 2022, sólo en el primer semestre de ese año se perdieron más de 52.000 hectáreas de sus bosques.

Debemos destacar que la deforestación en Colombia en la principal fuente generadora de gases de efecto invernadero causante del cambio climático, con el 33% de ellas.

Con toda razón, sostiene el experto ambientalista Pablo Ruíz que para honrar el compromiso de reducir en un 51% sus emisiones hacia 2030, “la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos”, así como mejorar la calidad de los mismos.

Bien dijo el director de la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques Andrés Dahl – Jorgensen, “no podemos resolver el problema del clima sin abordar la deforestación… y no cumpliremos los Objetivos del Desarrollo Sostenible si seguimos talando bosques en todo el mundo”.

Ello se torna más urgente después de conocido el más reciente Informe del Panel de Expertos de las Naciones Unidas (IPCC), el cual asegura que “incluso si todos los países del mundo cumplen sus compromisos climáticos actuales, eso probablemente no sea suficiente para mantener el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, un umbral que los científicos creen necesarios para evitar los peores impactos del cambio climático”.

Se sigue de lo anterior que necesitamos compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de captura de los mismos, acumulados en la atmósfera, más ambiciosos, para lo cual se requieren acciones más audaces por parte de los países.

Claro está que, como lo dejó establecido la COP26, el compromiso de los países en esta ímproba tarea aunque es solidaria, porque ninguno de ellos está en capacidad de encarar sólo los desafíos del cambio climático y sus consecuencias, es diferencial y el compromiso de cada uno de ellos debe ser proporcional al grado de responsabilidad con respecto tanto de los GEI acumulados en la atmósfera como de sus emisiones.

Colombia, particularmente, cuenta con más del cincuenta por ciento de su superficie continental e insular cubierta por bosque natural; condición que le da el rol de país forestal por excelencia.

Ello da la medida de la magnitud de la responsabilidad que le incumbe en cuanto se refiere a la protección de sus bosques, tal y como lo prevén la Declaración de Bosques de Nueva York, la Declaración de Bosques y Uso de la Tierra de Glasgow y el recientemente adoptado Marco Mundial Kunming-Montreal de Diversidad Biológica, todos ellos vinculantes para Colombia. Pero esta no puede convertirse en el Atlas climático, asumiendo toda la carga y el costo que ello implica, para salvar a la humanidad de los horrores del cambio climático.

En ese sentido, es de la mayor pertinencia la exhortación que hiciera el presidente Gustavo Petro en la COP27, cuando aseveró: “Hay que salvar los pilares del clima del planeta, antes que nada. La selva amazónica es uno. Colombia otorgará 200 millones de dólares anualmente durante 20 años para salvar la Selva Amazónica. Esperamos el aporte mundial” para recuperarla y ponerla a salvo de sus depredadores.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El Voto Caribe

Se cumplieron más de 40 años (Santa Marta, marzo de 1981) del primero de una serie de foros costeños itinerantes y participativos con la autonomía, la integración y el desarrollo regional como sus ejes.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

“Sólo se alcanza lo posible intentando lo imposible una y otra vez”: Max Weber

Fruto de los foros costeños fueron el primero y único Plan Regional de Desarrollo de la Región Caribe y del país ‘Un viaje hacia el futuro’ y la Ley 76 de 1985. que le dio vida a las regiones de planificación más conocidas como CORPES.

Gracias a ellos, la región Caribe ganó en capacidad de interlocución frente al Gobierno central, la regionalización de las partidas del Presupuesto General de la Nación y que la participación de la región en este pasara del 8,3% al 23,2%, entre otros logros.

Luego, la Constituyente de 1991, gracias a los delegados de la región Caribe Eduardo Verano, Orlando Fals Borda, Carlos Rodado, Eduardo Espinoza y Raimundo Emiliani, se logró, por fin, consagrar en la Constitución Política como principio fundamental la autonomía territorial (artículos 1 y 287), en lugar de la fórmula dicotómica de la Constitución de 1886 de la “centralización política y la descentralización administrativa”, que le sirvió de coraza centenaria al agobiante centralismo.

También se hizo posible que las regiones se pudieran constituir como regiones administrativas y de planificación (RAP) y a la postre como entidades territoriales (artículos 306 y 307), lo que era impensable hasta entonces. Este primer paso, que se dio en las postrimerías del siglo XX, significó un cambio de paradigma para la gobernanza en Colombia y desbrozó el camino para un mayor empoderamiento hacia por parte de las regiones.

La Ley 152 de 1994, en su artículo 51, al establecer la transición de las regiones de planificación a las regiones administrativas y de planificación, dispuso que “mientras se constituyen las RAP, las funciones y atribuciones que le son asignadas en esta Ley, serán ejercidas por los actuales CORPES”. Con tal fin les extendió la vigencia de estos por dos años más, los cuales se ampliaron hasta el 1º de enero del 2000 mediante la Ley 290 de 1997, cumplido este plazo y al no prorrogarse desaparecieron los CORPES sin que se les hubiera dado vida a las RAP. Ello debido a que después de 18 intentos frustráneos en el Congreso de la República no había sido posible aprobar la Ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT), requisito sine qua non para su creación, lo cual se convirtió en una talanquera.

Entre tanto, los centros de pensamiento de la región, entre ellos el Centro de Estudios Regionales del Banco de la República, el Observatorio del Caribe y la Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fundesarrollo), a través de encuentros y coloquios académicos animaron el debate en torno a las estrategias para el desarrollo económico y social de la región, los cuales confluyeron en un taller final que se realizó en el teatro Amira de la Rosa en Barranquilla en agosto de 2007, con motivo de los 10 años de la creación de los mismos.

De ese ejercicio surgieron dos iniciativas de la mayor importancia: la propuesta de crear un Fondo de Compensación Regional, con miras a la canalización de recursos del presupuesto nacional con destinación al cierre de la brecha entre el centro y la región y el Compromiso Caribe, suscrito por los gobernadores, que identificó y priorizó los proyectos claves para sacar la región del letargo y el estancamiento de su desarrollo económico y social.

Ante la reticencia del Gobierno Nacional en darle desarrollo al precepto constitucional, los gobernadores y los parlamentarios de la región Caribe, secundados por las organizaciones sociales, liderados por el ex constituyente y a la sazón Gobernador del Atlántico Eduardo Verano, apelaron al constituyente primario.

Se le propuso al Consejo Nacional Electoral que se permitiera incluir en la elección del legislativo del 14 de marzo de 2010 un tarjetón adicional al de los candidatos al Congreso de la República para consultarle a los ciudadanos sobre su apoyo a “la constitución de la Región Caribe como una entidad territorial de derecho público, con autonomía, para promover un desarrollo económico y social en nuestro territorio, dentro del Estado y la Constitución colombiana”.

Por unanimidad, el Consejo Electoral autorizó el sufragio por el Voto Caribe y 2,5 millones de personas refrendaron la voluntad y la decisión del Caribe de encaminarse hacia su constitución como entidad territorial.

Aunque para el Magistrado del Consejo Nacional Electoral Marco Emilio Hincapié el mismo no pasaba de ser un ejercicio pedagógico “sin consecuencias jurídicas ni vinculantes”, fue un hecho político contundente que no se podía desconocer ni soslayar.

Uno de sus efectos fue forzar al presidente Juan Manuel Santos para que se intentara, una vez más, el trámite de la LOOT, esta vez con el apoyo del Gobierno. En efecto, se presentó el proyecto, con tan mala suerte que lo aprobado (Ley 1454 de 2011) fue sólo un saludo a la bandera, que llevó a afirmar a Eduardo Verano que con ella “prácticamente se burlaron del espíritu del Voto Caribe”.

Tuvimos que esperar hasta el 2019 para que se expidiera la Ley 1962, que le dio vida a las RAP y de paso le allanó el camino, que había bloqueado la Ley anterior, para que, transcurridas las primeras dos décadas del siglo XXI, las regiones se pudieran constituir como entidades territoriales.

Increíble pero cierto, hemos tenido que esperar 20 años para que el Congreso de la República expidiera un remedo de LOOT y 28 años para que las regiones se pudieran constituir como RAP, en el entendido de que esta es la escala técnica para llegar  a nuestro destino que es la región como entidad territorial.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

De las protestas a las propuestas

Frente al alza desmesurada de las tarifas de energía, ya es tiempo de que pasemos de las protestas a las propuestas. Me atrevo a plantear algunas para su discusión.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Primero, titularizar los recursos esperados en los próximos cinco años del Fondenergia, creado por la Ley 2099 de 2021, que pueden superar los $280.000 millones al año, y constituir un capital autónomo con esos recursos y con ellos financiar programas de formalización que contribuyan a la reducción del fraude y el no pago de la factura de energía.

Obviamente, su implementación se haría con el apoyo y acompañamiento de gobernadores y alcaldes. Otra fuente de financiación de este programa está en los recursos que por $14,8 billones, que tomó el Gobierno Nacional para financiar el Fondo de emergencia durante la pandemia del Sistema de Regalías y que deberá reintegrar a las regiones. Huelga decir que las inversiones que se hagan con estos recursos no irían a la tarifa que paga el usuario final.

Segundo, a medida que mejore el recaudo y la calidad de la cartera, gracias a las acciones anteriores, ello se debe reflejar en una baja en las tarifas en lugar de ir a mejorar el P&G de las empresas prestadoras del servicio. Este sería un gana-gana, para las empresas y para los usuarios.

Tercero, debería emprenderse ya un plan de choque que comprometa a los gobiernos nacional, departamentales y municipales, para la instalación de paneles solares en los techos de las viviendas de los estratos 1, 2 y 3, con lo cual se podrá reducir el valor de sus facturas de energía en un 30%, aproximadamente.

Cuarto, el Congreso de la República debería revisar y reajustar los kilovatios correspondientes al consumo de subsistencia, que sirve de base para la asignación del subsidio al consumo, subvencionado vía presupuesto nacional, dado que lo que se reconoce actualmente (173 KWH mes) no consulta la realidad de la región Caribe, cuyas condiciones climáticas obligan a los usuarios a un mayor consumo básico de energía, el cual supera los 200 KWH mes .

Finalmente, un aspecto primordial que debe contemplarse en estos ajustes es el que tiene que ver con el cargo por restricciones contemplado en la fórmula tarifaria, toda vez que, después del indexador y de las pérdidas reconocidas, en el caso de la región Caribe, es el otro factor que viene presionando el alza de las tarifas de energía.

Como es sabido, las restricciones son causadas por atrasos en la ejecución de los proyectos, ya sea de generación o de transmisión. Deberían asumirlas los responsables de las mismas y no los usuarios.

La Resolución CREG 035 de 1995 dejó establecido que el costo total de las restricciones la asumieran por partes iguales los generadores y los comercializadores. Pero, posteriormente, mediante la Resolución 063 del 2000, modificatoria de la anterior, le cargó la totalidad de las restricciones a los comercializadores y por ende a los usuarios que desde entonces la vienen asumiendo íntegramente como uno de los componentes de la fórmula tarifaria. De manera que está en manos de la CREG su desmonte.

Pari pasu con estas medidas, se debe avanzar tanto en materia regulatoria como en el diseño y operación del mercado mayorista, ambos deben ser repensados y ser objeto de una reingeniería para responder a los nuevos retos y aplicar las lecciones aprendidas después de casi 30 años de su concepción y puesta en marcha.

De hecho, la CREG es consciente de ello y ha venido proponiendo ajustes estructurales en procura de que se cuente con señales mucho más eficientes en la formación de precios en el mercado mayorista, lo cual deberá redundar en beneficio de los usuarios.

Ello tiene que ver tanto con la manera como se transa la energía en Bolsa como en lo que respecta al despacho diario, al mercado intradiario, concomitantemente con el mercado en tiempo real, así como la tarifa – horaria y de contera ganar en eficiencia en toda la cadena.

Ello le daría una mayor flexibilidad y dinamismo a cada día de operación. También hay que meterle mano a los servicios complementarios que permitan el acoplamiento  y la integración de las fuentes no convencionales de energía renovables (FNCER), de tal suerte que estas le sirvan de respaldo a las fuentes convencionales (hídricas y térmicas) y estas a aquellas.

Como lo afirma el experto Comisionado de la CREG José Fernando Prada, se trata de “una revisión total de las reglas de funcionamiento con más oportunidades de transacciones, con despachos vinculantes para que se hagan operaciones comerciales en firme en las que se tenga más certeza de los precios de la energía y que tengan más oportunidades para que se puedan ir ajustando las ofertas y que esto refleje las características de todas las plantas”.

De esta manera se optimizaría el despacho y la operación del Sistema en beneficio de los usuarios, que deberán estar en el centro de esta reforma que se ha venido “cocinando” a fuego lento.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

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