Categoría: Opinión

En materia de combustibles líquidos algunos distribuidores mayoristas que se destacan son: Terpel, Primax, Chevron, Biomax, Petromil, Petrobras, Puma, Zeuss, EcoPetroleo (ECOS), Plus Mas, Discom, Petrodecol y Proxxon; quienes pueden, o no, resultar impactadas con el cambio que se propone en materia regulatoria.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

A través de la resolución CREG 704 003 de 2022 se proponen cambios a la metodología de remuneración del margen mayorista para la gasolina y el ACPM-Diésel. Curiosamente, no se propone disminución en el margen para el Jet Fuel, el más utilizado por los aviones comerciales.

En materia de combustibles líquidos algunas marcas que se destacan como distribuidores mayoristas son: Terpel, Primax, Chevron, Biomax, Petromil, Petrobras, Puma, Zeuss, EcoPetroleo (ECOS), Plus Mas, Discom, Petrodecol y Proxxon; quienes pueden, o no, resultar impactadas con el cambio que se propone en materia regulatoria.

La razón por la cual se presenta el cambio en la metodología es que existen características geográficas, limitaciones logísticas y disposiciones regulatorias que impiden que en algunas zonas del país la distribución mayorista se desarrolle en condiciones competitivas.

Y, por otro lado, otro problema que motiva el cambio es la existencia potencial de posición de dominio por parte de algunos actores del mercado de combustibles líquidos, y posibles niveles altos de concentración.

Una vez que tenemos identificados los problemas la pregunta que surge es: ¿Reconocer un margen máximo corrige los problemas de integración? Y la respuesta es que no necesariamente.

Y no lo corrige porque en el mercado los distribuidores mayoristas no se encuentran en situaciones homogéneas, de manera que, aunque el cambio esté dirigido a unos participantes de la cadena de los combustibles líquidos, en ese mismo punto de la cadena se mantendrían los problemas que motivan el cambio que se propone en la Resolución CREG 704 003 de 2022. Con lo cual, el cambio no surtiría el efecto deseado.

Pero como la solución no está en dejar de tomar medidas, sino en tomarlas. Lo que se debe considerar es que las medidas a implementar sean neutrales y acordes con la realidad que enfrenta cada distribuidor mayorista.

Lo anterior significa que conviene cuantificar todos los costos en que realmente incurre un distribuidor mayorista, tanto los operacionales como los no operacionales, e incluso los financieros.

En ese sentido, a pesar de que se reduzca el margen a los mayoristas, en el mercado existen distribuidores mayoristas que pueden “sacrificar” margen porque su estructura les permite subsistir cruzando ingresos. Incluso, algunos pueden compensar “pérdidas” a través de sus actividades integradas.

*Socio fundador de OGE Legal Services

En 1971 los estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) acordaron celebrar el 21 de marzo de cada año el Día Mundial Forestal.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Se trata de destacar y ponderar la importancia de los recursos forestales, los cuales contribuyen a la reproducción y desarrollo sostenible de todas las especies que habitan el globo terráqueo, incluido el ser humano. Tienen la virtud de capturar el CO2 que flota en el medioambiente y libera oxígeno a través de sus estomas, un proceso inverso al de los humanos que inhalan oxígeno y exhalan CO2.

La FAO estima que cada año más de 130.000 km2 de bosques se pierden debido a la deforestación. El caso de Colombia es dramático: entre 2015 y 2016, cuando alcanzó las 179.000 hectáreas, se incrementó la deforestación el 44%, en el 2017 se deforestaron 219.973 hectáreas, incrementándose el 23% con respecto al año anterior. En 2018, según el IDEAM, se registraron 280.000 hectáreas deforestadas, un 27.2% más con respecto al 2017, alcanzando su máximo histórico.

Luego se reduciría la deforestación, registrando en 2019 la cifra de 158.894 hectáreas, tendencia que se revirtió el año siguiente, alcanzando un registro de 171.894 hectáreas 2020 y 174.103 hectáreas en 2021, una extensión mayor que todo el territorio del Distrito Capital de Bogotá en un solo año.

La peor parte de esta depredación, de este ecocidio, la ha llevado la Amazonía colombiana, el daño infligido es de tal magnitud que, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en dos décadas, entre 2001 y 2021 de las 3 ́182.876 hectáreas devastadas 1 ́858.285 hectáreas (58%) corresponden a la que es considerada el pulmón del planeta.

Cuando no se conoce todavía el consolidado de 2022, sólo en el primer semestre de ese año se perdieron más de 52.000 hectáreas de sus bosques.

Debemos destacar que la deforestación en Colombia en la principal fuente generadora de gases de efecto invernadero causante del cambio climático, con el 33% de ellas.

Con toda razón, sostiene el experto ambientalista Pablo Ruíz que para honrar el compromiso de reducir en un 51% sus emisiones hacia 2030, “la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos”, así como mejorar la calidad de los mismos.

Bien dijo el director de la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques Andrés Dahl – Jorgensen, “no podemos resolver el problema del clima sin abordar la deforestación… y no cumpliremos los Objetivos del Desarrollo Sostenible si seguimos talando bosques en todo el mundo”.

Ello se torna más urgente después de conocido el más reciente Informe del Panel de Expertos de las Naciones Unidas (IPCC), el cual asegura que “incluso si todos los países del mundo cumplen sus compromisos climáticos actuales, eso probablemente no sea suficiente para mantener el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, un umbral que los científicos creen necesarios para evitar los peores impactos del cambio climático”.

Se sigue de lo anterior que necesitamos compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de captura de los mismos, acumulados en la atmósfera, más ambiciosos, para lo cual se requieren acciones más audaces por parte de los países.

Claro está que, como lo dejó establecido la COP26, el compromiso de los países en esta ímproba tarea aunque es solidaria, porque ninguno de ellos está en capacidad de encarar sólo los desafíos del cambio climático y sus consecuencias, es diferencial y el compromiso de cada uno de ellos debe ser proporcional al grado de responsabilidad con respecto tanto de los GEI acumulados en la atmósfera como de sus emisiones.

Colombia, particularmente, cuenta con más del cincuenta por ciento de su superficie continental e insular cubierta por bosque natural; condición que le da el rol de país forestal por excelencia.

Ello da la medida de la magnitud de la responsabilidad que le incumbe en cuanto se refiere a la protección de sus bosques, tal y como lo prevén la Declaración de Bosques de Nueva York, la Declaración de Bosques y Uso de la Tierra de Glasgow y el recientemente adoptado Marco Mundial Kunming-Montreal de Diversidad Biológica, todos ellos vinculantes para Colombia. Pero esta no puede convertirse en el Atlas climático, asumiendo toda la carga y el costo que ello implica, para salvar a la humanidad de los horrores del cambio climático.

En ese sentido, es de la mayor pertinencia la exhortación que hiciera el presidente Gustavo Petro en la COP27, cuando aseveró: “Hay que salvar los pilares del clima del planeta, antes que nada. La selva amazónica es uno. Colombia otorgará 200 millones de dólares anualmente durante 20 años para salvar la Selva Amazónica. Esperamos el aporte mundial” para recuperarla y ponerla a salvo de sus depredadores.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Se cumplieron más de 40 años (Santa Marta, marzo de 1981) del primero de una serie de foros costeños itinerantes y participativos con la autonomía, la integración y el desarrollo regional como sus ejes.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

“Sólo se alcanza lo posible intentando lo imposible una y otra vez”: Max Weber

Fruto de los foros costeños fueron el primero y único Plan Regional de Desarrollo de la Región Caribe y del país ‘Un viaje hacia el futuro’ y la Ley 76 de 1985. que le dio vida a las regiones de planificación más conocidas como CORPES.

Gracias a ellos, la región Caribe ganó en capacidad de interlocución frente al Gobierno central, la regionalización de las partidas del Presupuesto General de la Nación y que la participación de la región en este pasara del 8,3% al 23,2%, entre otros logros.

Luego, la Constituyente de 1991, gracias a los delegados de la región Caribe Eduardo Verano, Orlando Fals Borda, Carlos Rodado, Eduardo Espinoza y Raimundo Emiliani, se logró, por fin, consagrar en la Constitución Política como principio fundamental la autonomía territorial (artículos 1 y 287), en lugar de la fórmula dicotómica de la Constitución de 1886 de la “centralización política y la descentralización administrativa”, que le sirvió de coraza centenaria al agobiante centralismo.

También se hizo posible que las regiones se pudieran constituir como regiones administrativas y de planificación (RAP) y a la postre como entidades territoriales (artículos 306 y 307), lo que era impensable hasta entonces. Este primer paso, que se dio en las postrimerías del siglo XX, significó un cambio de paradigma para la gobernanza en Colombia y desbrozó el camino para un mayor empoderamiento hacia por parte de las regiones.

La Ley 152 de 1994, en su artículo 51, al establecer la transición de las regiones de planificación a las regiones administrativas y de planificación, dispuso que “mientras se constituyen las RAP, las funciones y atribuciones que le son asignadas en esta Ley, serán ejercidas por los actuales CORPES”. Con tal fin les extendió la vigencia de estos por dos años más, los cuales se ampliaron hasta el 1º de enero del 2000 mediante la Ley 290 de 1997, cumplido este plazo y al no prorrogarse desaparecieron los CORPES sin que se les hubiera dado vida a las RAP. Ello debido a que después de 18 intentos frustráneos en el Congreso de la República no había sido posible aprobar la Ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT), requisito sine qua non para su creación, lo cual se convirtió en una talanquera.

Entre tanto, los centros de pensamiento de la región, entre ellos el Centro de Estudios Regionales del Banco de la República, el Observatorio del Caribe y la Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fundesarrollo), a través de encuentros y coloquios académicos animaron el debate en torno a las estrategias para el desarrollo económico y social de la región, los cuales confluyeron en un taller final que se realizó en el teatro Amira de la Rosa en Barranquilla en agosto de 2007, con motivo de los 10 años de la creación de los mismos.

De ese ejercicio surgieron dos iniciativas de la mayor importancia: la propuesta de crear un Fondo de Compensación Regional, con miras a la canalización de recursos del presupuesto nacional con destinación al cierre de la brecha entre el centro y la región y el Compromiso Caribe, suscrito por los gobernadores, que identificó y priorizó los proyectos claves para sacar la región del letargo y el estancamiento de su desarrollo económico y social.

Ante la reticencia del Gobierno Nacional en darle desarrollo al precepto constitucional, los gobernadores y los parlamentarios de la región Caribe, secundados por las organizaciones sociales, liderados por el ex constituyente y a la sazón Gobernador del Atlántico Eduardo Verano, apelaron al constituyente primario.

Se le propuso al Consejo Nacional Electoral que se permitiera incluir en la elección del legislativo del 14 de marzo de 2010 un tarjetón adicional al de los candidatos al Congreso de la República para consultarle a los ciudadanos sobre su apoyo a “la constitución de la Región Caribe como una entidad territorial de derecho público, con autonomía, para promover un desarrollo económico y social en nuestro territorio, dentro del Estado y la Constitución colombiana”.

Por unanimidad, el Consejo Electoral autorizó el sufragio por el Voto Caribe y 2,5 millones de personas refrendaron la voluntad y la decisión del Caribe de encaminarse hacia su constitución como entidad territorial.

Aunque para el Magistrado del Consejo Nacional Electoral Marco Emilio Hincapié el mismo no pasaba de ser un ejercicio pedagógico “sin consecuencias jurídicas ni vinculantes”, fue un hecho político contundente que no se podía desconocer ni soslayar.

Uno de sus efectos fue forzar al presidente Juan Manuel Santos para que se intentara, una vez más, el trámite de la LOOT, esta vez con el apoyo del Gobierno. En efecto, se presentó el proyecto, con tan mala suerte que lo aprobado (Ley 1454 de 2011) fue sólo un saludo a la bandera, que llevó a afirmar a Eduardo Verano que con ella “prácticamente se burlaron del espíritu del Voto Caribe”.

Tuvimos que esperar hasta el 2019 para que se expidiera la Ley 1962, que le dio vida a las RAP y de paso le allanó el camino, que había bloqueado la Ley anterior, para que, transcurridas las primeras dos décadas del siglo XXI, las regiones se pudieran constituir como entidades territoriales.

Increíble pero cierto, hemos tenido que esperar 20 años para que el Congreso de la República expidiera un remedo de LOOT y 28 años para que las regiones se pudieran constituir como RAP, en el entendido de que esta es la escala técnica para llegar  a nuestro destino que es la región como entidad territorial.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Frente al alza desmesurada de las tarifas de energía, ya es tiempo de que pasemos de las protestas a las propuestas. Me atrevo a plantear algunas para su discusión.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Primero, titularizar los recursos esperados en los próximos cinco años del Fondenergia, creado por la Ley 2099 de 2021, que pueden superar los $280.000 millones al año, y constituir un capital autónomo con esos recursos y con ellos financiar programas de formalización que contribuyan a la reducción del fraude y el no pago de la factura de energía.

Obviamente, su implementación se haría con el apoyo y acompañamiento de gobernadores y alcaldes. Otra fuente de financiación de este programa está en los recursos que por $14,8 billones, que tomó el Gobierno Nacional para financiar el Fondo de emergencia durante la pandemia del Sistema de Regalías y que deberá reintegrar a las regiones. Huelga decir que las inversiones que se hagan con estos recursos no irían a la tarifa que paga el usuario final.

Segundo, a medida que mejore el recaudo y la calidad de la cartera, gracias a las acciones anteriores, ello se debe reflejar en una baja en las tarifas en lugar de ir a mejorar el P&G de las empresas prestadoras del servicio. Este sería un gana-gana, para las empresas y para los usuarios.

Tercero, debería emprenderse ya un plan de choque que comprometa a los gobiernos nacional, departamentales y municipales, para la instalación de paneles solares en los techos de las viviendas de los estratos 1, 2 y 3, con lo cual se podrá reducir el valor de sus facturas de energía en un 30%, aproximadamente.

Cuarto, el Congreso de la República debería revisar y reajustar los kilovatios correspondientes al consumo de subsistencia, que sirve de base para la asignación del subsidio al consumo, subvencionado vía presupuesto nacional, dado que lo que se reconoce actualmente (173 KWH mes) no consulta la realidad de la región Caribe, cuyas condiciones climáticas obligan a los usuarios a un mayor consumo básico de energía, el cual supera los 200 KWH mes .

Finalmente, un aspecto primordial que debe contemplarse en estos ajustes es el que tiene que ver con el cargo por restricciones contemplado en la fórmula tarifaria, toda vez que, después del indexador y de las pérdidas reconocidas, en el caso de la región Caribe, es el otro factor que viene presionando el alza de las tarifas de energía.

Como es sabido, las restricciones son causadas por atrasos en la ejecución de los proyectos, ya sea de generación o de transmisión. Deberían asumirlas los responsables de las mismas y no los usuarios.

La Resolución CREG 035 de 1995 dejó establecido que el costo total de las restricciones la asumieran por partes iguales los generadores y los comercializadores. Pero, posteriormente, mediante la Resolución 063 del 2000, modificatoria de la anterior, le cargó la totalidad de las restricciones a los comercializadores y por ende a los usuarios que desde entonces la vienen asumiendo íntegramente como uno de los componentes de la fórmula tarifaria. De manera que está en manos de la CREG su desmonte.

Pari pasu con estas medidas, se debe avanzar tanto en materia regulatoria como en el diseño y operación del mercado mayorista, ambos deben ser repensados y ser objeto de una reingeniería para responder a los nuevos retos y aplicar las lecciones aprendidas después de casi 30 años de su concepción y puesta en marcha.

De hecho, la CREG es consciente de ello y ha venido proponiendo ajustes estructurales en procura de que se cuente con señales mucho más eficientes en la formación de precios en el mercado mayorista, lo cual deberá redundar en beneficio de los usuarios.

Ello tiene que ver tanto con la manera como se transa la energía en Bolsa como en lo que respecta al despacho diario, al mercado intradiario, concomitantemente con el mercado en tiempo real, así como la tarifa – horaria y de contera ganar en eficiencia en toda la cadena.

Ello le daría una mayor flexibilidad y dinamismo a cada día de operación. También hay que meterle mano a los servicios complementarios que permitan el acoplamiento  y la integración de las fuentes no convencionales de energía renovables (FNCER), de tal suerte que estas le sirvan de respaldo a las fuentes convencionales (hídricas y térmicas) y estas a aquellas.

Como lo afirma el experto Comisionado de la CREG José Fernando Prada, se trata de “una revisión total de las reglas de funcionamiento con más oportunidades de transacciones, con despachos vinculantes para que se hagan operaciones comerciales en firme en las que se tenga más certeza de los precios de la energía y que tengan más oportunidades para que se puedan ir ajustando las ofertas y que esto refleje las características de todas las plantas”.

De esta manera se optimizaría el despacho y la operación del Sistema en beneficio de los usuarios, que deberán estar en el centro de esta reforma que se ha venido “cocinando” a fuego lento.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El Gobierno Nacional sigue sin ponerse de acuerdo sobre la necesidad y la conveniencia de importar gas natural de Venezuela.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Una declaración del Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo citada fuera de contexto, en el sentido de que “en el mediano futuro sí hay posibilidades interesantes de que Venezuela exporte gas a Colombia” revivió el debate que suscitó la declaración de la ministra de Minas y Energía Irene Vélez al descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, y planteó que ante la insuficiencia en las reservas de gas el país lo importaría desde Venezuela.

En su lugar, «si necesitáramos llenar nuestra matriz energética se podría hacer la conexión de transporte de gas con Venezuela», sentenció la ministra.

La reiteración de la ministra en Davos (Suiza) de que “no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo” se basó en el cuestionado documento ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa’ originado en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el cual difiere de su último reporte fechado en mayo del año pasado.

Según el informe, las reservas probadas remanentes de gas natural con las que contaba el país eran de 3,16 terapiés cúbicos (TPC), las cuales al ritmo de producción y consumo promedio alcanzarían para entre 7,7 y 8 años.

Por lo demás, ante un posible déficit de suministro, en momentos en los que la generación térmica lo demanda, se ha contado y se seguirá contando con las facilidades para la importación de gas por parte de la regasificadora de la Sociedad Portuaria El Cayao (Spec), con capacidad de 400 millones de pies cíbicos diarios (MPCD), localizada en Cartagena.

Sólo hasta mayo de 2023 se conocerá el nuevo informe actualizado de reservas, y lo que reporta la ANH está basado en el informe que le rinden las empresas responsables de la operación de los campos en producción, y ello aún no se ha dado. En las cuentas alegres de la ministra, para justificar su aserto, incurre en la desmesura de sumar las reservas probadas + reservas posibles + reservas probables + reservas contingentes + reservas prospectivas, para concluir que las mismas podrían garantizar el autoabastecimiento hasta el 2037-2042. Pero las únicas reservas con las que a la fecha podemos contar son las probadas.

Los mensajes de la ministra Vélez son erráticos y contradictorios, pues al tiempo que se afirma que tenemos suficientes reservas como para garantizar autoabastecimiento hasta 2042, para descartar nuevos contratos de exploración y explotación de gas natural, se plantea la inminente necesidad de la importación de gas desde Venezuela.

 Mi percepción es que, como dice el adagio popular, hay quienes están ensillando sin traer las bestias, toda vez que para ser viable importar gas desde Venezuela esta debe contar con excedentes exportables así como con las facilidades de transporte. Y ni lo uno ni lo otro se podrá dar en el corto plazo.

En cuanto a excedentes exportables, es muy dudoso, toda vez que las reservas y la producción de gas natural, en una altísima proporción están asociadas a la producción de petróleo, no se trata de gas libre y por lo tanto con la caída de la producción de petróleo desde los cerca de 4 millones de barriles/día de enantes a menos de 750 mil barriles actualmente, la producción de gas ha caído en la misma proporción.

Y en cuanto a las facilidades para la entrega de gas a Colombia, las mismas demandarán tiempo e inversiones. Tocaría esperar la reconstrucción del estragado gasoducto Antonio Ricaurte, con capacidad de transporte hasta los 450 MPCD, que une la Estación de Ballena en La Guajira con la Planta de Ramón Laguna en el estado Zulia y construir la infraestructura que permita traer el gas desde el oriente de Venezuela hasta empalmar con el Antonio Ricaurte. Uno y otro demandan ingentes recursos de inversión y tardarían en estar disponibles no menos de dos años. Así de claro.

Desde luego, en el largo plazo no se puede descartar la integración energética entre los dos países, como se intentó sin éxito por parte de los ex presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez en 2004, debido a su incumplimiento. En dado caso serviría sólo de respaldo pero no para depender del suministro desde Venezuela.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo Germán Umaña fue enfático al precisar que “tenemos un vecino que tiene reservas inmensas de gas y como lo dijo el ministro Ocampo puede haber una complementariedad” hacia el futuro. Pero, no por ahora.

Dos de las lecciones aprendidas de la crisis energética de la Unión Europea es que la Transición Energética no debe poner en riesgo la seguridad energética y tan importante como ésta es la soberanía energética. Colombia, sobre todo después de este nefasto antecedente, no puede exponerse a un desabastecimiento dependiendo de Venezuela, tanto más en cuanto que, más allá de los 8 años de autoabastecimiento que tenemos asegurados, a la vuelta de 4 o 5 años se espera que los nuevos descubrimientos de gas natural en el off shore colombiano (pozos Uchuva y Gorgon) estén en producción.*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE

Si Colombia renuncia prematuramente y en solitario a los hidrocarburos como una “señal  clara de nuestro compromiso en la lucha  contra el cambio climático”, como lo anunció la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez en Davos, con qué vamos a suplir las divisas que dejarían de percibirse y los ingresos que dejarían de recibir los departamentos y municipios.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Ninguno de los países petroleros en el mundo se está planteando dejar de firmar nuevos contratos de exploración y producción (E&P). Por el contrario, Noruega, principal productor y exportador de petróleo y gas de la Unión Europea está ofertando 92 nuevos bloques para la exploración. Y ello, no obstante contar con un Fondo soberano, que no tiene Colombia, de US$1,4 trillones, alimentado por la explotación de los hidrocarburos. El Reino Unido, por su parte, hace apenas unas semanas abrió el proceso para adjudicar un centenar de nuevos contratos de E&P.

Cabe preguntarse también cómo asegurar los 350.000 barriles/día que demandan las dos refinerías para garantizar el abastecimiento de combustibles. Bien dijo Aldoux Huxley que “los hechos no dejan de existir porque se ignoren”.

La única forma de mantener y/o incrementar la producción de crudo es acrecentando las reservas probadas, que son las únicas con las que se puede contar a ciencia cierta y ello no será posible si se frena la exploración. En ese sentido, como dice el adagio popular, vale más un pájaro en mano que cien volando.

Desde luego que el país no se puede resignar a seguir dependiendo de la actividad extractiva del petróleo y el carbón, a sabiendas de que en el largo plazo la demanda se va a contraer y para entonces sobrevivirán para entonces los productores con menores costos, entre los cuales no está Colombia.

Se impone, entonces, la necesidad de acompasar la Transición Energética con una estrategia de transformación productiva, con el propósito de diversificar la economía y la canasta exportadora. En ello coincido con la ministra cuando afirma que “no sólo se trata de una transformación en la matriz energética, sino de generar otras economías a escala nacional y a escala local”.

Pero, ello toma su tiempo y demanda ingentes inversiones. Según estudio de Fedesarrollo, liderado por el experto Juan Benavides, el costo anual de la Transición Energética hacia el año 2035 sería del orden de los US $38.000 millones y la única fuente de financiamiento con la que cuenta actualmente el país es justamente la que se tiene en la actividad extractiva, por más que se le abomine. Como suele decirse entre los economistas, no hay almuerzo gratis.

A Chile, por ejemplo, le tomó 25 años para convertirse en uno de los mayores exportadores de frutas a nivel mundial, para no depender sólo de las exportaciones de cobre, que son del orden de los US $53.424 millones, que representan el 40,5% de sus exportaciones totales,  mientras sus ingresos por cuenta del mercado de las frutas ronda a lo sumo los US $4.800 millones, el 25% de lo que le ingresa a Colombia por concepto de sus exportaciones de petróleo.

Una actividad a promover, dentro de ese esfuerzo de diversificación, es el turismo, pero el reto es enorme, si tenemos en cuenta que hoy los ingresos que genera esta actividad le significan a la Nación $4,94 billones, el 17,2% de los dividendos que le gira ECOPETROL a la Nación, que son del orden de los $28,56 billones, sin tomar en consideración lo que le reportan las exportaciones de carbón.

El esfuerzo para que el turismo logre posicionarse como el gran generador de empleo e ingresos es gigantesco y en ello tanto el gobierno central como las entidades territoriales deben emplearse a fondo para lograrlo.

Lo que no se puede es dar un salto al vacío dándole la espalda a los hidrocarburos cuando aún no tenemos a la mano otro sector, otra fuente de crecimiento, empleo e ingresos que lo sustituya. No podemos dejar lo cierto por lo dudoso.

Colombia se tiene que cuidar de no incurrir en el mismo error de Alemania, que se apresuró a apagar las plantas térmicas de generación de electricidad y los reactores nucleares sin contar con la capacidad de generación suficiente a partir de FNCER, para después tener que volver a encenderlas. Y ese error lo está pagando caro. Nada nos ganamos con acelerar en neutro.

Otra lección de la crisis energética que afronta Alemania y en general los países de la Unión Europea es que tanto o más importante que la seguridad energética es la soberanía energética, para no estar a expensas de otros países.

Finalmente, digamos que así como es de importante que la Transición Energética sea justa, única manera de que sea sostenible, también debe ser responsable.

Así lo aconsejó el presidente Luis Inacio Lula da Silva: “Mientras no tengas energías alternativas seguirás usando la energía que tienes”. Esta es una verdad de Perogrullo. Como lo advirtió, con mucha antelación a la actual crisis energética global, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, se requiere “una transición tranquila y eficiente”, a riesgo de enfrentar “una transición caótica” y, añadiría yo, traumática.

Para evitarlo sólo basta tener una buena dosis de sensatez, realismo y pragmatismo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Para que Colombia cumpla su compromiso de reducir sus emisiones en un 51% hacia el 2030, la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En 2015 se firmó el Acuerdo de París en el marco de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), en el cual se fijaron tres objetivos básicos: limitar el incremento promedio de la temperatura a 2 grados centígrados respecto a los niveles anteriores a la primera revolución industrial; segundo, redoblar los esfuerzos tendientes a impedir que el mismo sobrepase el umbral de 1,5 grados a finales del siglo XXI y, tercero, alcanzar la carbono neutralidad en 2050, siendo este último, el de la descarbonización de la economía, la clave para alcanzar los otros dos objetivos.

De la Transición Energética se empezó a hablar desde las postrimerías del siglo pasado, cuando los movimientos ambientalistas reaccionaron en Alemania contra el avance de las instalaciones de reactores nucleares para generar electricidad, derivando posteriormente en el propósito manifiesto de descarbonizar el sector eléctrico migrando hacia fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), sobre todo después del Acuerdo de París.

Este énfasis en la descarbonización del sector eléctrico se explica porque en los países desarrollados, que son los mayores responsables del acumulado en la atmósfera de los gases de efecto invernadero (GEI) y de sus emisiones, tienen en el mismo la mayor fuente de emisiones con el 73,5%.

No es el caso de Colombia donde, a lo sumo, contribuye con el 34% de las mismas, habida cuenta de que el 68% de su capacidad instalada de generación de electricidad es de origen hídrico.

Huelga decir que las emisiones de GEI de Colombia son ínfimas en comparación con otros países, pues apenas representan el 0,55% del total global.

Las emisiones per cápita de Colombia, alrededor de 1,6 toneladas de CO2 equivalente por persona al año, está muy por debajo del promedio mundial que oscila en torno a 4,5 toneladas, e incluso del promedio de Latinoamérica, que tiene un registro de 2,6 toneladas.

Dicho sea de paso, en Colombia la mayor fuente de emisiones de GEI está constituida por el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y sobre todo por alarmante deforestación, factores que sumados representan más del 55% de las emisiones de GEI.

Por ello, coincidimos con el experto ambientalista Juan Pablo Ruiz cuando afirma que para que Colombia cumpla su compromiso de reducir sus emisiones en un 51% hacia el 2030, “la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos”.

Además de las particularidades anteriores de Colombia, hay una diferencia fundamental a la hora de definir la hoja de ruta de la Transición Energética entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón y Colombia, que también depende, pero de la producción y exportación de petróleo y carbón, sus dos principales renglones de exportación, superando el 50% de las mismas, así como de la generación de divisas, que supera el 20% de los ingresos corrientes de la Nación. Y de contera, en promedio, más del 35% de la inversión extranjera directa (IED) es atraída por el sector petrolero. Por todo ello planteamos la necesidad de una transición energética a la colombiana, que se ajuste a sus particularidades y prioridades.

Las bajas emisiones de GEI por parte de Colombia y la reducida contribución a las mismas del sector eléctrico no la puede llevar a convertirse en el llamado peyorativamente polizón climático, cruzándose de brazos a la espera de que sean otros quienes hagan el esfuerzo tendiente a la descarbonización de la economía, pero tampoco debe asumir el papel de Atlas, cargando a cuestas con el resto del mundo.

Como bien lo dejó establecido la COP26, el mandato del Acuerdo de París y los compromisos adquiridos por los países que lo suscribieron, entre ellos Colombia, conllevan una “responsabilidad común pero diferenciada”, no se puede prorratear.

La encrucijada para Colombia es doble, está ante el riesgo de perder la autosuficiencia en materia de hidrocarburos, lo cual la obligaría a importar, afectando la balanza comercial, porque no sólo dejaría de percibir divisas por la exportación de crudo, provocando una hiperdevaluación del peso, sino que deberá gastar sus escasas reservas de dólares para importar el crudo requerido para cargar las dos refinerías y evitar poner en riesgo el abastecimiento de combustibles.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Las RAP están llamadas a contribuir a la integración regional, a promover una mayor y mejor artículación entre los departamentos que las integran y entre estos y las instancias nacionales de gobierno.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

El pasado 26 de diciembre la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, que funge como presidente del Consejo Regional Administrativo de Planeación, y los demás gobernadores de los ocho departamentos que integran la Región Administrativa y de Planificación (RAP) del Caribe, resolvieron ponerla en marcha.

Me ha cabido en suerte, por generosidad y expresa voluntad de ellos, la responsabilidad de conducir dicho proceso hasta llevarlo a puerto seguro. Con esta ya son siete RAP que operan en el país, cada una de ellas en la región de su jurisdicción.

Este primero de febrero, con su puesta en funcionamiento, es una fecha memorable para el Caribe colombiano y constituye un hito histórico en la denodada y perseverante lucha por reivindicar la autonomía y el desarrollo regional. Bien se ha dicho que la historia trabaja para nosotros a condición de que nosotros trabajemos para ella y este es el caso.

Como antecedente más remoto tuvimos la Ley 76 de 1985, mediante la cual se crearon las regiones de planificación, más conocidas como CORPES, las cuales dejaron de operar desde el 2000. Luego la Asamblea Nacional Constituyente, gracias a la intervención de los delegados de la región (Eduardo Verano, Carlos Rodado, Eduardo Espinoza, Juan B. Fernández, Raimundo Emiliani y Orlando Fals Borda), al expedir la nueva Constitución de 1991, no sólo consagró el principio de la autonomía (artículos 1 y 287), sino que le dio vía libre a las regiones para que se pudieran constituir como RAP primero y como entidades territoriales (RET) después, de conformidad con los artículos 306 y 307.

Luego, mediante el voto directo del constituyente primario, 2,5 millones de ciudadanos despositaron en las urnas en las elecciones al Congreso de la República en mayo de 2010 el Voto Caribe con el mandato de constituir la región Caribe como entidad territorial como meta a alcanzar, “para que promueva un desarrollo económico y social en nuestro territorio, dentro del Estado y la Constitución colombiana”.

En respuesta a este hecho político se aprobó por parte del Congreso de la República la Ley 1454 de 2011 de ordenamiento territorial (LOOT), la cual, según lo prevé la Carta, es requisito sine qua non para la aprobación de la RAP y de la RET. Pero dicha Ley, lejos de viabilizar la constitución de las mismas la obstruyó poniéndole barreras y cortapisas, emasculádolas además al dejarlas sin fuentes de ingresos para su funcionamiento.

Fue necesaria la expedición de la Ley 1961 de 2019, de fortalecimiento de las RAP, para destrabarla, la cual fue reglamentada mediante el Decreto 900 de 2020. Tuvimos que esperar 20 años para que las RAP vinieran a llenar el vacío dejado por los CORPES.

Las RAP constituyen una especie de escala técnica, de meta volante, para alcanzar la meta final que son las RET. Bien dijo el gran alemán Max Weber, “toda experiencia histórica confirma la verdad de que no se hubiera obtenido lo posible sino se hubiese pugnado, una y otra vez, por alcanzar lo imposible”.

Las RAP están llamadas a contribuir a la integración regional, a promover una mayor y mejor artículación entre los departamentos que las integran y entre estos y las instancias nacionales de gobierno. Con ellas las regiones se empoderan aún más y ganan en capacidad de interlocución frente al Gobierno central, para dejar de ser alfil sin albedrío del agobiante y esterilizante centralismo.

Son muchos los retos que tenemos por delante y no podemos ser inferiores a ellos. Bien sabemos que, como dice Karl Popper, “el futuro no está predeterminado, todos nosotros contribuimos a determinarlo”. Y para ello tenemos que concitar todas las energías de todos.

Son ocho los departamentos que integran la RAP del Caribe, pero juntos y unidos somos más y más fuertes. Vivimos un momento excepcional, pues por tercera vez en nuestra vida republicana, después de Juan José Nieto y Rafael Núñez, un hombre del Caribe, Gustavo Petro, ocupa el solio de Bolívar.*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE