Categoría: Opinión

Las tecnologías de captura, almacenamiento y uso de carbono (CCUS por su sigla en inglés) son una opción para lograr las metas de estabilización del clima.

Por: RICARDO DELGADO*

28 de septiembre de 2021.   La idea general es relativamente sencilla: se trata de separar el carbono producido durante los procesos de combustión (o durante las reacciones químicas), transportarlo hasta su destino final y almacenarlo con el fin de disminuir la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto último, y aunque suene obvio, debe ser resaltado: el CCUS se propone como una solución para el cumplimiento de metas climáticas. 

Sin metas ambiciosas de mitigación de gases de efecto invernadero no hay ningún motivo, descartando tal vez la filantropía, para considerar grandes instalaciones de CCUS. Esta característica hace diferente al CCUS de las otras opciones para mitigar gases de efecto invernadero en el sector energético.

Algunos proyectos de generación eléctrica con energías renovables, de electrificación de una flota de buses urbana o de construcción de un tren de cercanías pueden ser la mejor opción desde el punto de vista económico, sin tener en cuenta ninguna externalidad positiva frente al cambio climático. El CCUS es diferente, siempre que se use CCUS se incurre en mayores costos con el mismo, o incluso menor, producto a la salida.

El primer paso en un proceso de CCUS es la captura del carbono. Este proceso consiste en la separación del dióxido de carbono de los otros gases producidos durante la quema de combustibles o como resultado de reacciones químicas en algunos procesos productivos. Esto se hace porque la mayor parte de los gases de combustión es nitrógeno y es deseable transportar y almacenar solamente el dióxido de carbono tanto para disminuir costos de transporte como para alargar la vida útil del reservorio.

Hay tres opciones principales para realizar la captura de carbono. En primer lugar, está la pre-combustión. En este proceso se trata el combustible para convertirlo en dos flujos separados de dióxido de carbono y de hidrógeno. Así, al quemar el hidrógeno no se producen emisiones de dióxido de carbono. La producción de hidrógeno a partir de gas natural es un ejemplo de este tipo de procesos.

La segunda alternativa es la separación del CO₂ después de la combustión y consiste básicamente en el uso de solventes y membranas para absorber este gas.

Finalmente, la quema de combustible en presencia de oxígeno puro (en lugar de aire) garantiza que los gases de escape sean un flujo altamente concentrado de vapor de agua y dióxido de carbono fácilmente separables. 

En cualquiera de los procesos de separación se hace uso de energía y de otros materiales. Este consumo de energía se traduce en menores eficiencias de proceso en la generación eléctrica. Además, nunca se logra la captura del 100% del carbono producido. Típicamente se captura hasta el 90% del CO₂ liberado. Esto hace que sea preferible utilizar combustibles con menor contenido de carbono para lograr la menor emisión posible.

Una vez separado el flujo de dióxido de carbono concentrado hace falta transportarlo hasta el lugar de su disposición final. El dióxido de carbono puede comprimirse hasta que pasa a estado líquido y de esta manera puede ser transportado por tuberías o en camiones.

Estos procesos de compresión y transporte también consumen energía reduciendo aún más la eficiencia energética. Si se opta por transportar el carbono por tuberías, se demanda una producción centralizada de este contaminante para disminuir los requerimientos de instalación de infraestructura de transporte. En ocasiones, las mismas tuberías que transportan los combustibles pueden ser utilizadas para transportar el carbono. Esta posibilidad es lo que hace que los primeros candidatos para usar el CCUS sean las plantas de generación eléctrica, las refinerías y las instalaciones industriales de gran porte. La cercanía geográfica entre la fuente de emisiones y el sitio de disposición final es deseable para disminuir los costos asociados al transporte.

Finalmente, el carbono se secuestra de manera permanente en una formación geológica o se utiliza como materia prima. Si se opta por la primera opción, se hace necesario inyectar el carbono en formaciones subterráneas, típicamente yacimientos agotados de gas, carbón o petróleo. Se puede utilizar el CO₂ en procesos de recobro mejorado de hidrocarburos y, de esta manera, percibir un beneficio económico. También se puede valorizar el carbono al utilizarlo como materia prima para la producción, por ejemplo, de materiales de construcción, combustibles sintéticos y productos químicos. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, el planeta tiene un potencial teórico de espacio de almacenamiento geológico estimado entre 8.000 y 55.000 gigatoneladas de carbono. Para dar un contexto, las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta en 2016 ascendieron a 50 gigatoneladas.

El CCS tendría el potencial para ser una de las soluciones al problema de emisión de gases de efecto invernadero, pero su papel está limitado por su competitividad frente a otras opciones de mitigación. Sin incluir los costos de transporte, capturar y secuestrar una tonelada de CO₂ en una planta de generación eléctrica podría llegar a costar entre 10 y 140 dólares.

Pese a que estas tecnologías ya se han usado ampliamente en el mundo (particularmente la separación del CO₂ en el proceso de producción de hidrógeno gris y el secuestro en procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos), los proyectos integrados de CCUS no alcanzan aún la centena. De hecho, el flujo de inversiones y el número de proyectos de este tipo decreció entre 2012 y 2017, aunque a partir de 2018 se recuperó la cantidad de proyectos existentes (operativos, en construcción o planeados).

En 2020 hubo solamente 21 proyectos de CCUS operando en el planeta y 3 más estaban en construcción. Si se construyeran y entraran en operación los demás proyectos planeados, la capacidad global de secuestro sería de 130 millones de toneladas de carbono al año, un poco menos de la mitad de las emisiones colombianas en 2014.

Colombia debe estar atento al desarrollo de esta tecnología, ya que en el largo plazo podría ser un medio para proveer el respaldo térmico a la generación renovable intermitente aprovechando las reservas de fósiles del país.

El CCUS podría hacer parte de la mezcla tecnológica que permita al país satisfacer sus necesidades energéticas y honrar los compromisos climáticos que ha venido adquiriendo.

El país no debería descartar ninguna opción tecnológica de manera directa o indirecta. Sabemos que la adopción de estas nuevas tecnologías es lenta y, así como se está haciendo con el hidrógeno, es necesario comenzar con suficiente anticipación el estudio y análisis de la viabilidad del CCUS en el contexto nacional.

La falta de estudios y análisis podría resultar en el descarte temprano de una alternativa que puede ser una opción perfectamente viable.

*Investigador del Centro Regional de Estudios de Energía.

Como dijo Joseph A. Schumpeter, “la innovación implica, por virtud de su naturaleza, una gran paso y un gran cambio… y difícilmente se mantiene alguna de las formas de hacer las cosas que fueron óptimas antes”.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

26 de septiembre de 2021.   Es propio de la innovación y la tecnología su evolución disruptiva, a saltos. Así se explica que la primera revolución industrial (1784) fue posible gracias a la invención de la máquina a vapor; la segunda (1870) se caracterizó por la generación eléctrica a gran escala y la invención del motor de combustión interna; la tercera (1969) por la electrónica y las tecnologías de la información, y la cuarta, la actual, por los sistemas cibernéticos: Big Data, IoT, Smart Cities y la inteligencia artificial.

Nada ni nadie escapa a esta realidad incontrastable, pues, como lo afirma Martín Merino Eiró, “la transformación digital deja de ser un objetivo para crecer y se convierte en una urgencia para sobrevivir”.

Y continúa diciendo que con la pandemia sobrevino un salto tecnológico abrupto, en el cual el gran protagonista ha sido la virtualidad. Y esta llegó para quedarse, ahora “hay que hacer las cosas de manera distinta” y en un escenario en el que la gestión de la información y la calidad de la misma se tornan críticas en la toma de decisiones.

La analítica digital es la clave para sacar provecho del cúmulo de información del que ahora se dispone en la nube, con una capacidad de almacenamiento infinita y del procesamiento de la misma, ahora al alcance en el computador o en el smartphone.

No cabe duda de que la Transición Energética es tecnológica y que la automatización de sus actividades y procesos van de la mano con la Transformación Digital. Como lo afirma el gerente de Desarrollo de Negocio en el área de Utilities en Minsait Colombia Cesar Piñeros, “la digitalizaciónen la transición energética es una realidad que poco a poco va ganando terreno en Colombia y en el mundo. Contar con las herramientas digitales adecuadas será la clave para que las compañías gestionen sus activos y la información que estos generan para integrarse al nuevo modelo en construcción”. Ello dará lugar a una reconfiguración de la cadena de valor que va desde las fuentes de generación, la generación misma, el transporte de la energía, su comercialización y distribución, hasta llegar al último eslabón de la cadena, el consumidor.

Como lo afirma el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (AsocodiS) José Camilo Manzur, la innovación, la tecnología y el ecosistema digital cuentan con un amplio campo de aplicación en este sector de cara a la Transición.

Como ejemplo cita que “la inteligencia artificial en microrredes se ha convertido en una estrategia para el ahorro de energía, la independencia energética, la eficiencia y la protección durante una contingencia que requiere mejoras en la operación y una adaptación continua”.

La adopción de estos nuevos desarrollos tecnológicos, así como la adaptación  y modernización de los mismos en las actividades y los procesos inherentes a este sector agregan valor y contribuyen al ahorro, a la reducción de costos y a la eficiencia energética.

Manzur trae a colación la experiencia al respecto en los EEUU. Se pudo determinar, según él, que “el impacto económico, sectorial y laboral de las inversiones realizadas en redes inteligentes y digitalizacióndel sector eléctrico puede resultar en beneficios más allá de las empresas de servicios públicos. Por ejemplo, se encontró que por cada millón de dólares de gasto directo, el PIB se expandió entre 2,5 a 2,6 millones de dólares”.

Así entendida la Transición Energética, que pasa por la modernización del sector, abre espacio para la incursión de nuevos agentes en la cadena, destacándose entre ellos el agregador de la demanda, el cual propende por la gestión activa de la demanda, la cual ahora, con el nuevo marco legal y regulatorio, adquiere gran relievancia y empoderamiento del consumidor, el cual dejará de ser un agente pasivo para adquirir su doble carácter de productor y consumidor (prosumidor).

El agregador de la demanda está llamado a ser el gran articulador de distintos agentes de la cadena, participando en el mercado eléctrico, tanto mayorista como minorista, e incluso prestando sus servicios al administrador y operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

La convergencia de la digitalización, la electrificación y la descentralización facilitará el surgimiento de nuevos y múltiples negocios en torno a esta actividad, tales como las plantas virtuales de potencia(vvp, por su acrónimo en inglés). Se trata de un software remoto que sirve para regular el consumo particular de la energía, conectando o desconectando, coordinando y monitoreando a los generadores, a la generación distribuida, a los autogeneradores de energías descentralizados, así como los almacenamientos de energía y los de carga controlada.

A la utilidad y a los beneficios de esta armazón, se suman que permite la portabilidad de la energía, la facturación de la energía prepago, corrige la asimetría de la información entre el usuario y el prestador del servicio, utilizando para ello plataformas y aplicaciones tecnológicas.

Y de contera, facilita la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables(FNCER) a la matriz energética, cuya intermitencia en la generación de energía dan lugar a incertidumbres en el cumplimiento de la entrega de la energía contratada y comprometida. 

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

En la lucha contra el cambio climático no podemos quedarnos con soluciones unidimensionales. Las balas de plata no existen porque no hay un combustible perfecto. La generación eólica y solar son parte fundamental de la solución, pero no son toda la solución.

Por: TOMÁS GONZÁLEZ*

21 de septiembre de 2021.   El principal camino que ha escogido el mundo para combatir el cambio climático parece ser la sustitución de generación eléctrica con fuentes de altas emisiones como el carbón o el gas natural por fuentes de bajas emisiones como el viento o el sol. Sin embargo, su baja penetración frente a otras fuentes obligan a preguntarse por qué no hay más generación con renovables y por qué es tan fuerte la dependencia de los combustibles fósiles.

Tradicionalmente la respuesta se ha centrado en los mayores costos de generar con FRENCs. Esta explicación, sin embargo, ha perdido validez ante la rápida y sostenida caída en los costos de la energía solar y eólica en la última década —más de 90% la primera y más de 70% la segunda— al punto de ser hoy más barata la nueva generación con sol y viento que con carbón o gas, según diversas fuentes.  

¿Por qué, entonces, no ha habido una más rápida penetración de las renovables no convencionales? Cuatro razones fundamentales ayudan a responder esta pregunta.

1. Lo nuevo no es igual a lo existente. Una cosa es instalar una planta nueva donde los costos de las fuentes renovables de energía no convencionales pueden ser menores, y otra competir con plantas térmicas ya establecidas que tienen ventajas por las inversiones ya hechas, la logística probada de operación, los contratos de suministro existentes y la estructura regulatoria. En general, es más barato añadir capacidad a la infraestructura existente que construir una nueva planta de generación así sea renovable.

Lo anterior puede estar cambiando. El reporte de costos de energía de la banca de inversión Lazard para 2020 —una fuente de referencia en la industria— muestra que a lo largo de la vida útil de una planta los costos de generación a gran escala en dólares por KWh para solar son del orden de 0,32 frente a 0,28 para el gas y 0,41 para carbón.

Este punto tiene, sin embargo, un corolario importante. Desmontar la infraestructura de generación fósil existente antes de qué haya terminado su ciclo de vida requiere de inversiones masivas que inevitablemente subirían las tarifas a los consumidores o los impuestos a los contribuyentes.

Los costos asociados a dar de baja los activos anticipadamente, sumados a los de sustitución de ingresos de quiénes dependen de los combustibles fósiles y a los de perder la tributación que ellos aportan, son quizá la principal razón por la que la transición energética es tan difícil de acelerar. 

• Los fósiles tienen grandes ventajas. Los combustibles fósiles han estado en el corazón del progreso económico y social de la humanidad en los últimos dos siglos por las múltiples ventajas que tienen como energético.

Primero, porque por unidad de peso los fósiles tienen más energía que otros combustibles (densidad de energía). El diésel y la gasolina, por ejemplo, tienen cerca de dos veces y media más energía por kilogramo que la leña, y el carbón 50% más. En comparación, una batería de litio tiene 100 veces menos densidad energética que el gas natural. 

Esto le ha dado una enorme ventaja a los fósiles en sectores como el transporte, donde los vehículos deben cargar su combustible y, al menos por ahora, hace inviable la electricidad por el sobrepeso que supondrían las baterías para el movimiento de cargas o personas en grandes distancias.

En el caso de la generación eléctrica, el carbón ha sido el más competitivo no sólo por su densidad energética sino por lo fácil que es su manejo logístico y lo confiable que es su cadena de suministro. No en vano el mundo genera hoy dos terceras partes de energía con carbón.

El punto de fondo es que las transiciones energéticas no son caprichosas: han sido el resultado de la búsqueda permanente para encontrar combustibles más densos y fáciles de manejar. El sistema que tenemos hoy refleja 150 años de esfuerzo por encontrar combustibles más confiables, eficientes y de bajo costo. Superar estás ventajas no es una tarea fácil.

• El viento y el sol tienen desventajas considerables. La principal desventaja de la generación eólica y solar es su intermitencia. No siempre sale el sol y no siempre sopla el viento.

A diferencia de la generación hidroeléctrica, en la que el agua puede almacenarse en embalses que son el equivalente de enormes baterías de agua, la tecnología actual no permite almacenar de una forma costo-eficiente grandes cantidades de electricidad para periodos de tiempo significativos. La energía de las FRENC hay que usarla cuando se genera, lo que sistemáticamente lleva a problemas de excedentes o faltantes cuando la demanda no coincide con la generación.

Estas dificultades pueden mejorarse hasta cierto punto con soluciones económicas y de ingeniería: redes más grandes con más puntos de generación permiten balancear mejor la oferta y la demanda cuando hay intermitencia de las FRENC; con los excedentes de oferta se puede producir hidrógeno —un combustible limpio y almacenable para su uso posterior— o bombear agua de vuelta a los embalses para generar nuevamente; pueden introducir regulación que permita una desconexión de aquella demanda que no necesita un suministro continuo, y cabría esperar que la tecnología resuelva el problema de almacenamiento con baterías a gran escala.

• No todo es electrificable. Aún si el avance de las FRENC sigue su curso actual y logran de la mano del cambio tecnológico cerrar las brechas de competitividad y confiabilidad que todavía mantienen, no se resolvería la totalidad del problema de emisiones. Sencillamente porque hay procesos que no son electrificables. Esto es particularmente relevante para los sectores que requieren combustibles con una alta densidad de energía o combustibles que produzcan temperaturas muy elevadas. 

El primero de ellos es el transporte que, como se mencionó, requiere combustibles con una fluidez y densidad energética comparable a la de los combustibles líquidos fósiles. Los motores eléctricos son más eficientes que los de combustión interna, pero las diferencias en densidad energética penalizan la electricidad para largas distancias.

La producción de acero y cemento son otro ejemplo al requerir hornos con temperaturas superiores a los 1.000 °C que son difíciles de alcanzar sin quemar combustibles.

Para estos sectores existen opciones que todavía están en desarrollo. La primera es el hidrógeno que, sí se produce con FRENCs, es un combustible limpio con el potencial de atender el transporte marítimo, aéreo y terrestre de carga pesada. Los biocombustibles son otra área de desarrollo que podría ser un sustituto de bajas emisiones para los fósiles líquidos si mejora su eficiencia y logra descarbonizar su cadena productiva.

Y finalmente, la captura y almacenamiento de carbono (CSS, por su acrónimo en inglés), que permite extraer el carbono en sus puntos de emisión y almacenarlo evitando que sea liberado en la atmósfera. De hecho la semana pasada se inauguró en Islandia la planta más grande de CSS en operación del mundo que da cuenta del avance de esta tecnología y se espera que, de mantenerse la experimentación, las economías de escala y la estructura de incentivos, alcance viabilidad comercial en un futuro ojalá no muy lejano.

Todas estas son razones de fondo que muestran que el dominio de los fósiles no es arbitrario. En la lucha contra el cambio climático no podemos quedarnos con soluciones unidimensionales. Las balas de plata no existen porque no hay un combustible perfecto. La generación eólica y solar son parte fundamental de la solución, pero no son toda la solución.

No podemos olvidar que el problema son las emisiones y no los combustibles fósiles. El camino es el pragmatismo, la persistencia y la interdisciplinariedad; y las soluciones van a depender de nuestra capacidad de innovar tecnológica, financiera y regulatoriamente. Quien trate de vender otra cosa simplemente nos está tratando de engañar.

*Director del Centro Regional de Estudios de Energía.

Para reducir significativamente las emisiones de carbono existen grandes desafíos y también el peligro de precipitarnos sin planear e implementar de forma rigurosa este proceso de transición que el mercado no está reconociendo.

Por: LUIS GUILLERMO ACOSTA*

21 de aeptiembre de 2021.   El cambio climático es una amenaza real para nuestro planeta, y si la humanidad no cambia el apetito por el crecimiento industrial, deberíamos entonces reducir significativamente las emisiones de carbono para evitar resultados potencialmente dañinos.

El proceso de transformación hacia la descarbonización no debe hacerse de forma súbita, es un asunto que debe estar plenamente definido en todas sus dimensiones e impactos en la sostenibilidad del planeta y sus pilares humano, ambiental y económico.

Para reducir significativamente las emisiones de carbono, existen grandes desafíos y también el peligro de precipitarnos sin planear e implementar de forma rigurosa este proceso de transición que el mercado no está reconociendo, y podríamos llegar a un punto en el que la potencial medicina perfecta sea peor que la enfermedad. Particularmente, cuando el mercado apunta a soluciones de energía renovable falsamente instantáneas.

Recientemente, el estado de California (EUA), la quinta economía del mundo, luego de haber tomado la decisión con bombos y platillos de suplir la demanda energética estatal mediante energía solar, se ha visto forzado a abrir cinco plantas de gas natural para abolir el riesgo potencial de apagones, que tendrían consecuencias negativas para el Estado y su población.  Así pues, de materializarse estos peligros tendrían efectos críticos al no tener una canasta energética confiable.

Hablar de transición energética sostenible va más allá de un cambio en la fuente de energía y dejar, en el corto plazo, de usar los recursos fósiles.  La razón por la cual el mundo aún necesita del petróleo y el gas, donde no se puede pretender el abandono total en el uso de estos recursos, es que de acuerdo con la Universidad de Oxford, para el año 2019 el consumo de petróleo y gas representó el 30.93% y 22.67% respectivamente en el total de la energía primaria consumida, mientras que las energías solar, eólica e hidroeléctrica generaron el 9.1%. 

En lo que respecta al futuro de la industria de hidrocarburos, mientras Goldman Sachs señala que la demanda de petróleo crecerá hasta al menos el 2030, el Fondo Monetario Internacional asegura que alcanzará su punto máximo alrededor del 2040.  Desde esta perspectiva, se estima un período de transición de combustibles líquidos a sólo gas, que podría durar muchos años mientras las energías renovables maduran en sus dimensiones técnica, ambientale y económica.

Habiendo dicho esto, sorprende mucho la cita de la Administración de Información de Energía de EUA, que afirma que los combustibles líquidos representarán aproximadamente el 35% del consumo total de energía de EUA en 2050, en comparación con el 37% en 2019.  Una disminución marginal.

La transición a las energías renovables requerirá de una intensificación muy crítica en la extracción de metales y minerales de tierras raras, con costos ambientales y sociales reales que podrían impactar el planeta en forma más letal que los actuales niveles de emisiones de CO₂.  Es por esto que es de vital importancia pensar en la sostenibilidad energética para el mundo y para Colombia en particular, desde la coexistencia entre los hidrocarburos y las fuentes de energías renovables, y no desde la eliminación de una de estas. 

Cada país tiene circunstancias muy particulares en su canasta energética, tipos de industria, retos, riesgos, emisiones y en sus economías en general. Por lo tanto, aplicar un mismo modelo de metodología y cronograma para la transición energética en todos los países puede ser tan errado como no reconocer que la transición energética ya inició con todas las implicaciones que esta conlleva.

Existe una correlación clara entre crecimiento económico, consumo de energía primaria y aumento de emisiones C0₂. En la medida que nuestro país continúe su desarrollo económico es de esperar que aumente el consumo de energía primaria y aumenten las emisiones.

Colombia ya cuenta con una matriz energética muy limpia, pues el 25% del consumo de energía primaria viene de fuentes renovables como la hidroelectricidad. En el mundo, el punto de llegada para muchos países es tener una canasta energética tan limpia como la nuestra. 

De acuerdo con la EIA, Colombia produce el 0,25% de emisiones de energía primaria en el mundo, con 0,6% de la población mundial. Así que, reducir este monto a la mitad, como muchos proclaman, poco podría mover la aguja de este KPI Global, pero sí restringiría sustancialmente la capacidad del país de crecer y desarrollarse.

Colombia produce 290 millones de toneladas equivalentes (M Teq) de CO2 anuales, de este monto, el 30% proviene del sector energético y el 70% de otros sectores como la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros usos del suelo.

Ecopetrol, en su reciente reporte sobre transición energética y descarbonización, afirma que entre 2010 y 2020 ha logrado disminuir las emisiones en 8,4 M Teq de CO₂.  El Gobierno se comprometió a disminuir 170 M Teq anuales de CO₂ para el 2030, frente a casi 291  M Teq de CO₂ anuales en 2020, pero no establece claramente cómo se va a llegar allá. 

Las preguntas serían: ¿De qué manera creceremos como país con respecto al 2020? ¿Cuáles serán los impactos en la sostenibilidad nacional para lograrlo? ¿Aplicaremos el mismo tipo de medidas de reducción de emisiones que se piensan aplicar en la industria de hidrocarburos colombiana en los otros sectores del país?  

Es crítico que la industria energética participe en esta discusión, debido a que este sector es un pilar fundamental para el crecimiento de la economía nacional y, además, es el protagonista principal de la coexistencia energética sostenible hacia un mejor futuro para Colombia. Por lo tanto, debemos salvaguardar y acompañar de manera consciente y responsable la transición energética.

Está claro que, por muchos años, los hidrocarburos serán parte de la canasta energética mundial, que el sector es y será protagonista de la transición energética y que el gas será el hidrocarburo más longevo en esta transición, no solo por sus características actuales, sino por ser también la materia prima de un combustible limpio y de mucha capacidad energética como el hidrógeno. 

En el mundo, las reservas probadas de gas natural son de 6,642 trillones de pies cúbicos (TPC), siendo el Medio Oriente, conformado por Irán, Iraq, Israel, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen, la región que tiene la mayor cantidad de reservas, aproximadamente 2,677 TPC, el 40% de las reservas totales del planeta.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, el gas natural mantendrá su rol en el futuro de la energía sostenible. Su participación en la matriz energética aumentará a un 25% para 2040 y crecerá a una tasa de 1,2% anualmente entre 2030 y 2040. Lo anterior coincide con las tendencias en Colombia, donde el gas natural llegará a un 22% para 2050 en la matriz energética.

Para el caso de Colombia, las reservas 1P (probadas) de gas natural son casi tres TPC y con una autosuficiencia de 7,7 años. Además, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Minas y Energía, la producción comercializada de gas en Colombia em junio fue de 1.122 millones de pies cúbicos por día (mpcd), cifra que se traduce en una recuperación de 20,3% frente a lo registrado en el mismo mes de 2020 (932 mpcpd).

El gas natural cumple hoy un papel clave en la transición hacia las energías renovables y en la superación de la pobreza energética. Colombia cuenta con un potencial de 54 TPC de reservas de gas, de los cuales 30 provendrían de proyectos costa afuera y 24 de yacimientos no convencionales, que actualmente están ubicados en su mayoría en el Valle Medio del Magdalena.

El papel del hidrógeno

Además, el gas propiciará la transición hacia el hidrógeno, un energético que motiva las estrategias de descarbonización, debido a que es un combustible limpio y además produce mayor energía por kilo que cualquier otro.

El hidrógeno es muy poderoso: tiene tres veces más energía que la gasolina. Pero, a diferencia de esta, es una fuente de energía limpia, ya que solo libera agua en forma de vapor, y no produce dióxido de carbono.

El hidrógeno se ha clasificado en tres colores basándose en cómo se ha generado y, por tanto, en cuántas emisiones provoca su producción:

• El hidrógeno gris es el que se genera a partir de la reforma del gas natural. Actualmente es el más abundante y el más económico, pero el coste se incrementará debido a los derechos de emisiones de CO₂. Y es que, para producir una tonelada de H₂ gris se emiten de 9 a 12 toneladas de CO₂.
• El hidrógeno azul es el que se genera como el gris, pero capturando y almacenando el CO₂ resultante de la reforma. Es más caro que el gris, pero se van igualando. El hidrógeno azul es una apuesta importante hasta 2030 por parte de los países con producción de gas natural.
• El hidrógeno verde es el que se obtiene por la electrólisis del agua, empleando energías renovables o la reforma del biogás.  Es el más caro, pero para 2030 se prevé una disminución de sus costos en un 60% debido a la baja en los precios de los electrolizadores y de la energía renovable.

Producir hidrógeno a partir del biogás permitiría aprovechar los residuos de la ganadería, purines y de la agricultura, así como los de los lodos de las depuradoras de aguas residuales y los de la fracción orgánica de los residuos domésticos. Se podrían resolver dos problemas al mismo tiempo: reducción de emisiones y gestión sostenible de residuos orgánicos.

El hidrógeno está presente en 75% del universo, pero no existe por sí solo, está combinado con otros elementos como el oxígeno o el carbono, por consiguiente hay que separarlo. Además, es un vector energético, porque es capaz de almacenar energía. Un kilogramo de hidrógeno puede liberar más energía que un kilogramo de cualquier otro combustible, casi el triple que la gasolina o el gas natural.

Además, el hidrógeno tiene una alta densidad energética, lo que es una ventaja pero también un obstáculo, ya que ocupa mucho volumen. Sin embargo, hay diferentes formas de almacenamiento: gas comprimido, hidrógeno líquido y estructuras de carbono, entre otros. Desde el punto de vista ZEO (cero emisiones), esta cualidad lo dota de un gran potencial, ya que permite producir hidrógeno cero emisiones cuando hay excedentes de energías renovables y almacenarlo para su uso cuando las fuentes de energías renovables no estén disponibles.

El hidrógeno ofrece soluciones en zonas alejadas, debido a que se puede producir localmente, ya sea en grandes instalaciones centrales o bien en pequeñas unidades. Esto permite que incluso en territorios de difícil acceso se pueda producir esta fuente de energía.

Como han demostrado acontecimientos recientes, la industria del gas está acostumbrada a afrontar incertidumbres y sufrir grandes conmociones. Se podría decir, con base en el panorama actual, que es durante períodos desafiantes cuando la capacidad de la industria del gas se vuelve más evidente para responder de manera rápida y eficiente a las dinámicas cambiantes a y las fluctuaciones del mercado. 

El modelo energético actual envía un mensaje claro: es demasiado pronto para cancelar los hidrocarburos. Seguirán siendo la fuente dominante en la combinación energética global en el futuro previsible. El gas natural será el único recurso de hidrocarburos que aumentará su participación del 23% actual al 28% en 2050, ya que es uno de los facilitadores mundiales para reducir las emisiones de manera rápida, rentable y constante, al reemplazar los combustibles intensivos en carbono y respaldar a las energías renovables intermitentes.

La única forma en que el sector de hidrocarburos del país y la economía en general pueden sobrevivir en el futuro, es entender en forma clara cómo encaja el perfil país en la transición energética a nivel mundial y cómo hacerlo en forma  responsable, racional y sostenible.  El punto de partida debe ser la realidad económica y energética actual de Colombia.

Somos un país con importantes recursos de carbón, petróleo y gas, que representan del 5% al 7% del PIB, del 30% al 40% de exportaciones y entre el 20% y el 25% de los ingresos fiscales, lo que permite financiar el gasto público. Por ende, el plan actual de reducción de emisiones podría ser un disparo en el pie.

En particular, el gas debe jugar un papel importante en la transición. El Gobierno debería incentivar y no desincentivar el uso del gas natural como se está proponiendo en algunos casos.

Hay mucho que la industria puede hacer para la transición energética y disminuir su huella de carbono. Por ejemplo, programas de eficiencia energética a lo largo de la cadena de valor, que implementan una economía circular alrededor de las emisiones del CO₂ utilizando tecnología de punta en la Industria de hidrocarburos.

Hay que comenzar por medir las emisiones, sustituir generación de energía de crudo a gas o electricidad de la red en forma paulatina, en fin desarrollar ideas que tengan sentido para disminuir el impacto de emisiones. Teniendo un liderazgo humanista y sostenible, siendo apasionados por la tecnología, siendo ágiles y trabajando entre todos en forma  integrada, lograremos evolucionar en la transición energética y obtener lo mejor para el bien colectivo en nuestro país y forjar un futuro sostenible.

*Director Ejecutivo de Acipet

En todo problema se identifican oportunidades, y es aquí en donde la migración hacia energías con menor impacto en la huella de carbono es una meta estratégica en las compañías del sector de hidrocarburos.

Por: ÓSCAR DÍAZ MARTÍNEZ*

15 de septiembre de 2021.   El calentamiento global es una realidad de nuestro presente, y de manera responsable estamos saludando el futuro con las acciones correspondientes para mitigar este impacto.

En todo problema se identifican oportunidades, y es aquí donde la migración hacia energías con menor impacto en la huella de carbono es una meta estratégica del sector de hidrocarburos. Quienes no consideren acciones que redunden en la descarbonización de su industria, poco a poco irán perdiendo espacio y mercado importante.

Para dar un ejemplo, China es quizás hoy en día quien cuenta con la mayor cantidad de autos eléctricos en circulación a nivel mundial. En 2019 vendieron 1,2 millones, más unidades que en el resto del mundo, donde se registraron 1,05 millones; y es a la vez un gran exportador de paneles solares. Sin embargo, esto no significa que sus minas de carbón, fuente de generación de energía, vayan a ser cerradas. El desafío es cómo se logra la adaptación a un nuevo entorno, sin dejar de ser un jugador importante y supliendo sus necesidades internas.

China, como gran importador de petróleo y experto en transformar materia prima en productos de exportación, es consciente de que el no estar comprometido con la huella de carbono le cerrará muchas puertas, y es que representan el 30% de todas las emisiones mundiales, con más de 10.065 millones de toneladas de CO2 emitidos y con el ostentoso compromiso de cero emisiones al 2060.

Esto mismo aplica a cualquier país en vía de desarrollo, donde el impacto en el calentamiento global es muy bajo, pero que, si no se demuestran compromisos y acciones concretas, vendrán bastantes problemas para mantener o consolidar los negocios internacionales que soportan las economías. Tal es el caso de Colombia, que de acuerdo con la EIA, produce el 0,25% de emisiones de energía primaria en el mundo, con 0,6% de la población mundial.  Así que reducir este monto a la mitad poco podría mover la aguja del KPI Global.

La tecnología jugará un rol muy importante en todas las iniciativas para alcanzar la descarbonización. Como lo indica Daniel Yergin en su libro “The New Map”, la industria automotriz está sometida a un gran reto: vehículos a gasolina mejorada versus vehículos eléctricos.

Hay que vivir el presente y afrontar los retos que este nos depara, premisa que deben entender aquellos que culpan a los combustibles fósiles de todos los males y que reclaman acciones inmediatas.

Todo proceso de transformación requiere de un plan estructurado en donde todas las variables sean consideradas, valoradas y se cuente con planes de mitigación, en donde aplique.

La tecnología seguirá dando grandes saltos, pero la invitación es a vivir el presente. Los carros eléctricos requieren de energía y esta proviene de los combustibles fósiles, de las hidroeléctricas y ahora de otras fuentes renovables. Estas últimas requieren de perfeccionamiento, surtir su curva de aprendizaje y garantizar la confiabilidad, a su vez la canasta energética requiere ser balanceada y para esto hay que invertir en investigación y desarrollo, y estos recursos se obtendrán en buena medida de los combustibles fósiles. Al final, es todo un ciclo que combina tecnología con modelos de negocio y cuyo objetivo es capturar mercado.

*Presidente de la Junta Directiva de Acipet.

Flaco favor le hace el gobierno nacional al inefable Guaidó con el disparatado dictamen de la Superintendencia de Sociedades, poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa, abocándola a una virtual parálisis y a una eventual quiebra.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

13 de septiembre de 2021.   Se ha armado un lío de padre y señor mío a raíz de la decisión de la Superintendencia de Sociedades de asumir el control de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A. para, supuestamente, “subsanar una situación crítica” de la misma, la cual podría llevarla a la iliquidez, a la insolvencia y a la imposibilidad de “seguir desarrollando su operación normal” y “se presume que entraría a incumplir con los pagos de sus obligaciones”.

En un editorial del rotativo El Heraldo se registró el hecho que en 2005 la empresa había alcanzado “uno de los mejores balances. Sus ganancias registraron un récord en toda su historia”. Y justamente, después de conocerse semejante balance, el gobierno colombiano, decidió vender su participación accionaria en la empresa. Como se dice coloquialmente, ya que esta fiesta está tan buena, vámonos para otra.

En efecto, en el afán privatizador de los activos y participaciones en empresas del Estado, inspirado en el credo neoliberal, se le ofreció al entonces presidente Hugo Chávez, cuando todavía la relación entre los dos países estaba en los gozosos, que ejerciera el derecho de preferencia para la adquisición de las acciones de Ecopetrol y del IFI, a través de la estatal venezolana Pequiven, ya que era su decisión venderlas, proceso que se finiquitó en 2006.

La intervención por parte de la Superintendencia a Monómeros estuvo antecedida de varios hechos que la tornan más compleja e impredecible en las consecuencias que se pueden derivar de la misma.

Como se recordará, el 23 de febrero de 2019 Nicolás Maduro rompió sus relaciones con el Estado colombiano. En tales circunstancias y amparado en el reconocimiento que le dispensó el gobierno colombiano y protegido por el mismo, Juan Guaidó, en desarrollo de su estrategia “Plan país” para “recuperar activos venezolanos”, tomó por asalto la Junta Directiva de Monómeros, destituyeron al gerente general Pedro Lugo y pusieron en su lugar a Guillermo Rodríguez, quien actualmente funge como tal.

Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca el escenario es otro y la estrategia para poner fin al régimen dictatorial de Maduro por parte de la oposición venezolana también es otro, ya que, como lo sostiene el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, “la estrategia del cerco diplomático y el gobierno de transición falló”.

La oposición venezolana al gobierno de Maduro pasó de la confrontación al diálogo y están sentados frente a frente en Ciudad de México desde el 13 de agosto, cuando fue instalada la mesa de negociación. Y justamente cuando uno de los puntos acordados es el de la “necesidad” del “rescate” de los activos congelados en el exterior, se apresuró la Superintendencia a dar este paso en falso que compromete seriamente la tan cacareada “confianza inversionista”, al sentar un funesto precedente de cara hacia el futuro. Este dislate no tiene antecedentes en el país, pero sí puede tener serias consecuencias para su reputación.

Este tropel, que involucra a los dos países pone de manifiesto los errores del pasado, cuando en el afán de salir de las empresas del Estado con el socorrido argumento de que es un mal administrador y los privados lo pueden hacer mejor, no se midieron las consecuencias de vender la participación de la Nación en un activo tan estratégico como lo era y lo sigue siendo Monómeros. Un error histórico garrafal que le puede salir caro al país.

Flaco favor le hace el gobierno nacional al inefable Guaidó con el disparatado dictamen de la Superintendencia de Sociedades, poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa, abocándola a una virtual parálisis y a una eventual quiebra, pues las entidades de crédito, sus proveedores y clientes tomarán distancia de ella en previsión de que puedan llegar a materializarse los malos augurios de la Superintendencia. Este puede llegar a ser un caso de una profecía autocumplida.

Contrasta la actitud del gobierno con respecto a Monómeros con la política de mano tendida para salvar a las empresas y de paso proteger el empleo y sobre todo va a contrapelo de su apuesta por la reactivación de la economía. El gobierno, con esta medida, se está disparando un tiro en el pie.

Lo que está en juego no es asunto de poca monta. Monómeros, hoy por hoy, esta listada entre las 100 empresas más grandes en Colombia, es considerada la octava empresa más grande en el Caribe colombiano en términos de ingresos, diecisiete en ventas y la dieciocho por sus utilidades. Genera 700 empleos directos, mil indirectos y de su operación dependen más de 15.000 empleos de toda su cadena de valor. Abastece el 46% del mercado nacional de fertilizantes y exporta unas 300.000 toneladas a países del Caribe y Centroamérica.

Entre fertilizantes, fosfatos de calcio para la alimentación animal y productos químicos, está llegando a un conglomerado de más de tres millones de agricultores del país.

Lo más preocupante es que con estos desvaríos la seguridad y la soberanía agroalimentaria del país queda en un grave predicamento. Este no es un asunto de poca monta y se le debe prestar la mayor atención.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

La carbono neutralidad implica transformaciones profundas de todas las actividades en el país. Es cierto que el sector energético no es la principal fuente de gases de efecto invernadero en Colombia. Pero, también es cierto que lograr la carbono neutralidad exige que cada sector la alcance por su cuenta.

Por: RICARDO DELGADO^*

8 de septiembre de 2021.   El término “transición” se encuentra entre los más usados en cualquier conversación reciente sobre energía. El concepto de carbono neutralidad también está, aunque con menos frecuencia, en la lista corta de los términos más usados en las discusiones energéticas actuales.

Parece que tanto la “transición” como la “carbono neutralidad” hacen parte de la misma conversación y el primero implica al segundo. Sin embargo, la combinación de estos dos conceptos en una misma conversación puede llevar a silencios incómodos.

Uno de estos silencios es la duración de la transición. Otro es el punto de llegada del proceso de transición. ¿La transición energética va a ser un proceso continuo? o, por el contrario, ¿hay una fecha objetivo para lograr los cambios relacionados con la transición? ¿Cuál es el punto de llegada del proceso de transición energética? Invito al lector a que se responda estas preguntas.

Un proceso de transición implica que un sistema en un estado A llegue a un estado B. El estado A del sector energético en Colombia es la situación actual. Un sistema relativamente con pocas emisiones, que ha aumentado la cobertura y el acceso a la energía y que ha soportado el desarrollo económico del país. El sistema en la situación actual funciona bien. Podríamos seguir entregando energía a bajo costo utilizando los energéticos con los que contamos. Sin embargo, por alguna razón como país hemos identificado la necesidad de realizar un proceso de transición energética. ¿Cuál es el estado B al que el sistema debe llegar luego de surtir su proceso de transición?

Es posible que el lector responda que la ruta de transición debe llevar a tener un sector energético descarbonizado o carbono neutral (más todos los atributos del estado inicial). Esa respuesta implica que la principal razón para llevar a cabo la transición energética del país es la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para lo cual hace falta diversificar el suministro y utilizar nuevas fuentes y tecnologías. Por lo tanto, el éxito o fracaso de la transición energética se mide por qué tan efectiva fue para cortar las emisiones de gases de efecto invernadero mientras se mantienen los demás atributos del estado actual.

Hablando de cambio climático, hoy en día sabemos que el éxito de la mitigación se mide en carbono neutralidad. Si el objetivo de la mitigación es detener el aumento de la temperatura global y este aumento se da por la acumulación de gases de efecto invernadero, ya sabemos que la única manera de ser exitosos es alcanzar la carbono neutralidad global.

El agua de un estanque lleno se va a seguir derramando mientras haya un flujo de agua a la entrada, así este sea pequeño. Ya la ciencia nos ha confirmado que, para detener el aumento de la temperatura del planeta, debemos (como planeta) alcanzar la carbono neutralidad. De nada vale que sólo una parte del planeta la consiga si otra parte nunca la alcanza (habrá siempre un chorro pequeño de agua entrando al estanque).

La carbono neutralidad, sin que entremos a discutir sobre la necesidad o conveniencia de fijarla como objetivo nacional, implica transformaciones profundas de todas las actividades en el país. Es cierto que el sector energético no es la principal fuente de gases de efecto invernadero en Colombia. Pero, también es cierto que lograr la carbono neutralidad a nivel país exige que cada uno de los sectores la alcance por su cuenta.

Supongamos que el sector agropecuario, forestal y de cambios de uso del suelo (AFOLU, por su acrónimo en inglés) lograra llevar sus emisiones netas a cero. Para lograrlo ese sector deberá disminuir sus propias emisiones y hacer uso de potencial de captura para compensar las emisiones remanentes que no pueden ser mitigadas.

Aunque en el sector AFOLU colombiano la mayoría de las emisiones se dan por la deforestación, también hay un gran aporte de las actividades como ganadería y agricultura. Es imposible, desde el punto de vista técnico, tener una producción ganadera sin emisiones de metano asociadas.

Del mismo modo, no hay manera de realizar fertilización de suelos sin que se produzcan emisiones. De esta manera, el suponer un sector AFOLU carbono neutral implica que se logren cambios técnicos en las actividades agropecuarias, se detenga la deforestación y se logren procesos de reforestación y restauración. Como resultado, es posible que en algunas décadas el sector AFOLU logre mitigar más de lo que emite dando espacio para compensar emisiones de otros sectores como el energético, por ejemplo.

Aún así, de nada valdría el esfuerzo de lograr la carbono neutralidad del sector AFOLU sin lograr la del sector energético, la del sector de manejo de residuos y la de los procesos industriales y uso de productos. Estos últimos tres sectores tienen en la mira el potencial de compensación del sector AFOLU para sus propias estrategias de carbono neutralidad. Pero AFOLU no tiene la capacidad de compensar sus propias emisiones y las emisiones de los otros tres sectores al mismo tiempo.

Cada sector debe realizar su propio proceso de transición hacia la descarbonización. En el caso del sector energético, este es el proceso de transición. Y esto implica que las ya de por si bajas emisiones del sector energético deberían ser mucho más bajas luego de la transición. Y la única manera de tener menos emisiones en el futuro que las que tenemos hoy es disminuyendo el consumo de combustibles fósiles. Esto por supuesto no es sencillo y nadie sensato espera que la transición se dé en uno o dos años (o en un solo gobierno presidencial).

Pero, ¿para cuándo estamos esperando lograr la carbono neutralidad del sector energético? De acuerdo con los anuncios del gobierno, la meta nacional es alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Para ese momento el sector AFOLU ya debería haber alcanzado la carbono neutralidad y estar generando absorciones netas.

Sabemos con certeza que el consumo de energía en 2050 en el país va a ser mayor que el de hoy en día. Por lo tanto, resulta sensato pensar que si en ese año el sector energético no ha alcanzado el objetivo de su proceso de transición, no hay más alternativa que el incumplimiento de objetivo del gobierno, que será un compromiso (no vinculante) del estado una vez se comunique formalmente al IPCC.

El cumplimiento del compromiso de carbono neutralidad sólo es posible si en 2050 el uso de combustibles fósiles es muy inferior (90%-100%) al consumo actual.

Así las cosas, ¿encajan la transición energética colombiana con la carbono neutralidad en la misma conversación?

*Investigador del Centro Regional de Estudios Energéticos

En el gobierno del presidente Iván Duque se han nombrado a todos los miembros actuales de la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Está en riesgo la independencia del Emisor?

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

4 de septiembre de 2021.   Con el nombramiento del ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en la Junta Directiva del Banco de la República, después de su fallido intento de nombrarlo como su Gerente y de ser defenestrado del Gabinete por su fracaso en hacer pasar por el Congreso su nefasta reforma tributaria, hoy en día todos, absolutamente todos, los codirectores designados le deben su nombramiento, por distintas circunstancias, al presidente Iván Duque.

Muy desafortunado este nuevo episodio de la tan criticada puerta giratoria, que tanto daño le ha hecho al país.

Con ello, el Banco pierde su autonomía, la que le dio la Constituyente de 1991, disponiendo un mecanismo de rotación de suerte que nunca, ningún presidente llegara a nombrar más de dos de los cinco codirectores de dedicación exclusiva, todos ellos con periodos de cuatro años prorrogables dos periodos más.

Con la llegada de Carrasquilla a la Junta del Emisor, además de la pérdida de su autonomía y de quedar como apéndice del Ministerio de Hacienda, contrariando el sano principio democrático de los pesos y contrapesos, se concentra aún más el poder en el Ejecutivo.

Pésimo mensaje que se ha dado para el mercado, en momentos en los que Colombia acaba de perder la calificación inversionista de la deuda soberana. Las calificadoras de riesgo tomarán atenta nota de este paso en falso.

Uno puede no estar de acuerdo con el antipático poder que ellas se han arrogado, como cancerberos de los fondos de inversión privados, de calificar o descalificar la deuda pública de los países, pero el hecho cierto es que el  “mercado” le cree más a ellas que a las promesas del alto gobierno en su periplo reciente por Washington y Nueva York, para comparecer ante los inversionistas y miembros del American Society/Council of the Americas para convencerlos de que Colombia es buena paga.

Ya se sabe que la aprobación del proyecto de reforma tributaria que se tramita en el Congreso, al no contribuir a reducir el déficit estructural que acusan las finanzas del Gobierno nacional, limitándose sólo a cuadrar caja para asegurar el financiamiento de los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, así como la protección del empleo, ampliados para enfrentar los estragos de la pandemia, no satisface las expectativas de las calificadoras de riesgo.

Como lo ha sostenido el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, “los esfuerzos adicionales serían responsabilidad del siguiente Gobierno”. Con la aprobación del proyecto de reforma tributaria 2.0, entonces, el Congreso de la República y el gobierno simple y llanamente están pateando la pelota para adelante. Como suele decir el campesino en aprietos después de ponerse a salvo, quien venga detrás que arree.

Una de las calificadoras, Fitch, cree que será necesario un aumento permanente de los ingresos fiscales para estabilizar y comenzar a reducir la carga de la deuda pública. “Una reforma tributaria creíble también anclaría las expectativas fiscales a mediano plazo, respaldando la credibilidad de las políticas y reduciendo la vulnerabilidad a los shocks”. Y eso es justamente lo que no es dable esperar de la reforma que se tramita. La experiencia de 1999, cuando se perdió la calificación inversionista y sólo se recobró doce años después, en 2011, no llama al optimismo de su pronta recuperación y menos con embarradas como esta que motiva esta nota.

En fin, volvimos a los tiempos que creíamos superados de la Junta Monetaria, que dependía del Ministerio de Hacienda, justo cuando estamos conmemorando los 30 años de vigencia de la Constitución del 91, desandando sus pasos.

Qué diría El Cófrade, Alfonso Palacio Rudas, quien como se sabe no tragaba entero y como delegado de la Constituyente no disimuló su satisfacción de sólo pensar que “por fin en la Constitución se va a enterrar el leviatán, se va a enterrar ese monstruo que es la Junta Monetaria”, ahora que por cuenta de la dinámica de la política se vuelve a las andadas.

Como es bien sabido, la Constituyente elevó a rango constitucional la existencia y el funcionamiento del Banco de la República, a diferencia de la Junta Monetaria que estaba amparada en la Ley. Mediante el artículo 371 de la Carta se consagró su autonomía administrativa y le asignó como objetivo fundamental en su artículo 373 velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, sin dejar de lado, como lo determinó la Corte Constitucional a través de su Sentencia C – 481 de 1999, el crecimiento de la economía y la generación de empleo.

Todo este andamiaje y la institución misma del Banco es lo que está en grave predicamento en este momento con el curso que han tomado los acontecimientos.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Nuevamente se presentó al Congreso colombiano un proyecto de ley —firmado por más de 50 representantes— que busca prohibir la explotación de yacimientos no convencionales en el país.

Por: TOMÁS GONZÁLEZ*

30 de agosto de 2021.   El proyecto seguramente va a profundizar un debate necesario pero que mucho me temo va a descender rápidamente al mundo de las acusaciones, descalificaciones y señalamientos personales, justo lo contrario de lo que necesitamos para acertar en una discusión tan importante para todos.

Sin haber terminado todavía el estudio detallado del proyecto, es evidente que la exposición de motivos discute detalladamente los potenciales impactos negativos de esta práctica. Sin embargo, deja por fuera al menos tres temas que es indispensable estén presentes en la discusión sobre la conveniencia o no de prohibirlo. Veamos:

El principio de precaución

El primero tiene que ver con la motivación para prohibir el fracking. La razón en la que se basa el proyecto es el principio de precaución (PP) que define como “cuando haya peligro de daño grave o irreversible al ambiente y la salud pública, la falta de certeza científica absoluta sobre la relación causal entre la actividad y el daño y su probabilidad de ocurrencia o magnitud no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedirlo”.

En otras palabras, que ante un potencial daño grave al ambiente, la falta de certeza sobre si una actividad lo causa no puede ser razón para no adoptar medidas eficaces que lo eviten.

Cabe entonces preguntarse si más allá de la ausencia de criterios claramente definidos para evitar una aplicación arbitraria del PP, la prohibición es la mejor medida para mitigar un potencial daño al ambiente. ¿Hay otras medidas como estándares de perforación o guías de manejo ambiental que pudieran tener el mismo efecto, pero eviten los costos de no realizar la actividad?

Supongamos que —a pesar de los más de dos millones de pozos que se han perforado en el mundo con la tecnología de fracturamiento hidráulico, de la revisión de la literatura científica que hizo la comisión interdisciplinaria de expertos conformada por el gobierno y del conocimiento ambiental acumulado en el país en más de un siglo de operación petrolera— efectivamente no es posible establecer una relación causal entre el fracking y el daño ambiental. ¿No tendría entonces más sentido hacer un estudio científico sobre esta relación para establecer si existe o no y, en caso de que se compruebe, evaluar si hay medidas eficaces para evitar los posibles daños? ¿No es este precisamente el propósito de los programas piloto de investigación que está llevando a cabo el gobierno?

Renunciar al fracking sin antes haberlo estudiado equivale a renunciar a las vacunas contra la Covid antes de haber hecho los estudios clínicos para determinar su efectividad y potenciales efectos adversos. Lo que está en juego al prohibir el fracking sin haberlo estudiado en condiciones reales no es la seguridad energética: es algo mucho más profundo que tiene que ver con la forma como tomamos decisiones como sociedad.

Si renunciamos a tomar las grandes decisiones sobre lo que nos afecta con base en la ciencia, nos espera un futuro oscuro, lleno de atropellos y equivocaciones por las que terminaremos pagando un muy alto precio.

Costos

El segundo punto tiene que ver con los costos. Las proyecciones del gobierno muestran que en los diferentes escenarios habría una pérdida de autosuficiencia de gas natural en la segunda mitad de esta década. La pérdida de capacidad para satisfacer la demanda con nuestros propios recursos debería preocuparnos por varias razones.

Primero, porque es de esperar que el gas importado sea más caro que el nacional. Análisis de la UPME muestran que este gas podría costar el doble que el gas nacional debido a sus costos de licuefacción, transporte marítimo y regasificación. Esto sin contar los incrementos tarifarios que traería financiar la construcción de la infraestructura de importación requerida para que el gas del exterior pueda llegar a los centros de consumo en Colombia.

Bajo esta condiciones, ¿qué implicaciones tendría, por ejemplo, un aumento en los precios del gas para la industria cuya energía depende casi la mitad de este combustible? ¿Cómo podrían afectarse el crecimiento de la economía y la generación de empleo en el país? ¿Cómo se afectarían los hogares —70% de lo cuales tienen acceso al gas— de un aumento en los precios, sobre todo si se tiene en cuenta que los más pobres destinan al pago de energía una mayor proporción de su ingreso? ¿Cuál sería el impacto en las finanzas del gobierno de tener que subsidiar un gas más caro?

Sorprendentemente, el proyecto guarda silencio sobre este punto y sobre el hecho de que los yacimientos no convencionales podrían multiplicar entre 1,5 y 3 veces el nivel de reservas probadas de gas que tenemos hoy.

Tampoco hace mención sobre una diferencia fundamental del gas nacional con el importado: que sólo el primero paga impuesto de renta y regalías. Este punto, que también aplica para el petróleo, no es un punto menor para el país y debe sumarse a los costos por mayores tarifas que traería el gas del exterior.

Finanzas públicas

Finalmente, el proyecto afirma en su exposición de motivos que “son muy bajos los aportes de este sector a las finanzas públicas” como una de las consideraciones para la prohibición.

Si bien es cierto que al compararlo con otras ramas de actividad el sector hidrocarburos no es un generador importante de empleo y que su actividad puede tener impactos importantes en el ambiente, desconocer su contribución a las finanzas públicas es contrario a la evidencia disponible.

Cuando se comparan los sectores de la economía a partir del recaudo fiscal que generan por unidad de PIB producido, puede verse que el de hidrocarburos es el que más contribuye en toda la economía, triplicando a la industria y siendo 37 veces más alto que la agricultura. Gústenos o no, este es un sector indispensable para la financiación de la inversión pública.

Prohibir el acceso a los recursos no convencionales que están en nuestro subsuelo sin un plan concreto para una transición fiscal es irresponsable y pone en riesgo la inversión del gobierno en todos los niveles.

El Congreso es un lugar por excelencia para el debate de las decisiones sobre los temas más importantes que nos afectan a todos. Este proyecto sin lugar a dudas va a motivar un debate difícil pero necesario. El problema es que lo hace mostrando sólo una parte de la realidad y que desconoce que para tomar buenas decisiones es indispensable considerar integralmente sus beneficios y costos.

Lo responsable sería, por lo tanto, asegurarse de que ellos sean tenidos en cuenta en la discusión y tomar una decisión final sólo cuando estén completos los resultados de los programas piloto.

*Centro Regional de Estudios de Energía.

Electricaribe, controlada por la española Gas Natural Fenosa (GNF), hoy Naturgy, durante 22 largos años fue el operador de red y prestador del servicio de energía eléctrica en siete departamentos del Caribe colombiano.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

29 de agosto de 2021.   Electricaribe le jugó sucio a sus 2,7 millones de sufridos usuarios y al Estado colombiano. Durante 22 años se dedicó a explotar inmisericordemente este mercado y se abstuvo de hacer las inversiones a las que estaba obligada, lo que derivó en un progresivo deterioro de la calidad del servicio de energía.

Nunca cumplió con la Ley eléctrica 143 de 1994, que cataloga la energía como servicio público esencial en su artículo 5º y establece los principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad en su artículo 6º.

Pero, lo que precipitó la intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en noviembre de 2016 fue la insolvencia de la empresa, al punto que, además de la abultada deuda en mora con sus proveedores, ya no tenía ni con qué comprar la energía, lo cual ponía en riesgo no sólo la prestación del servicio a sus usuarios, los cuales se verían abocados a un virtual apagón, sino que su efecto dominó podía desencadenar una crisis sistémica.

Con la intervención se destapó la caja de pandora que guardaba celosamente la empresa y su controlante GNF. Al levantarse el velo que la cubría, la Contraloría General de la República dispuso adelantar una auditoría especial a la facturación donde se pudo establecer que entre julio de 2011 hasta octubre de 2016, la empresa se había apropiado ilegalmente de $211.755 millones que se le habían girado por parte del Fondo de Energía Social (FOES) que administra el Ministerio de Minas y Energía, para aplicarlos como subsidio al consumo básico o de subsistencia a los estratos 1 y 2 en las zonas caracterizadas como “especiales”. Se los embolsilló para cuadrar caja, utilizando como truco su asignación al “consumo distribuido comunitario”, en lugar de hacerlo al “consumo individual del usuario que contaba con medidor individualizado”, que debía ser el destinatario de dichos recursos y de esta forma aminorar sus pérdidas.

El hallazgo de esta tropelía por parte de la Contraloría le valió a Electricaribe, ahora en liquidación, y a la multinacional Price Waterhouse que, como revisora fiscal fue permisiva y negligente, la apertura de un juicio de responsabilidad que concluyó compeliéndolos al reintegro de esta suma, la cual se le debe reconocer y resarcir a los usuarios afectados al escamoteárseles este alivio que debían haber recibido en sus facturas por ministerio de la Ley.

Por fortuna, la agente liquidadora Ángela Patricia Rojas tuvo la previsión de constituir una garantía bancaria con el BBVA a favor de la Contraloría General por valor de $187.227 millones, lo cual asegura el pronto reembolso del monto de la defraudación, defendiendo así el patrimonio público. Esta es la buena noticia.

La mala noticia es que Electricaribe ya no está bajo el control de GNF, está en proceso de liquidación y según quedó claramente establecido en la Ley 1955 de 2019 “para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicio público”, que asumieron la operación a partir del 1º de octubre de 2020 (Air-e y Afinia), “la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas”.

De modo que este reintegro deberá hacerse con cargo a la Nación, la cual deberá asumir esta deuda, así como ha asumido los demás pasivos, entre ellos el pensional, por valor de $1,6 billones y los recursos transferidos a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios para su inversión y para garantizar la prestación del servicio, que superan los $4 billones, los cuales se van a fondo perdido.

La verdad, monda y lironda, es que los platos rotos de Electricaribe los terminaremos pagando todos los contribuyentes colombianos. Así, la pesadilla de Electricaribe no termina.

Un comentario final: A propósito de los subsidios al consumo de susbsistencia de energía a los estratos 1, 2 y 3, es de advertir que, de manera recurrente, el monto asignado en el Presupuesto General de la Nación es insuficiente para cubrirlos, lo cual lleva a retrasos y moras en su cancelación a las empresas generadoras, poniéndolas en calzas prietas para operar.

A agosto de 2021 el FOES acusaba un déficit para cubrir los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 de $739.000 millones para el servicio de electricidad y de $262.000 millones para el servicio de gas natural domiciliario.

Y en el proyecto de presupuesto para la vigencia de 2022 sólo se propone apropiar $2,6 billones, incluyendo la suma correspondiente a las zonas no interconectadas, quedando desfinanciados los subsidios el año entrante, según los gremios de las empresas prestadoras de estos servicios, en $2 billones aproximadamente.

Esta es, a mi juicio, una manera de presionar el desmonte de los subsidios, como ya se intentó cuando se tramitó el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, pero que ante el rechazo ciudadano el propio presidente Duque se vio precisado a dar instrucciones al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para que retirara del texto del proyecto tan absurda como inconveniente propuesta.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.