Categoría: Opinión

Aunque la mitad de los municipios objetivo aún no ha ejecutado ningún proyecto, la violencia y la desigualdad social no se limitan a los territorios definidos en 2016. Hay centenares de municipios de categorías 3 a 6 que podrían beneficiarse del buen uso de este instrumento.

Por: FRANK PEARL*

El mecanismo de ‘Obras por Impuestos’ fue creado por el Artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 y reglamentado posteriormente, para que los contribuyentes de renta (personas jurídicas) con ingresos brutos superiores a 33.610 UVT puedan invertir hasta el 50% de su impuesto en proyectos de bienes públicos con alto impacto económico y social en las zonas más afectadas por el conflicto.

Se definió a 170 municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y 344 ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado), y a los municipios amazónicos con población inferior a los 85 mil habitantes, como únicos receptores potenciales de estos proyectos. Por su parte, el Ministerio de Hacienda define el cupo total disponible para cada vigencia presupuestal.

Existen 11 líneas de inversión: energía, infraestructura (transporte, cultural, productiva rural y deportiva), educación, salud, seguridad alimentaria, adaptación al cambio climático, agua y saneamiento básico, y tecnología de comunicaciones. Los recursos pueden ejecutarse por dos vías: fiducia o convenio.

El mecanismo, concebido dentro del marco de la Reforma Rural Integral (que nunca llegó al Congreso), ha funcionado, pero resulta insuficiente y está subutilizado. Aunque permite transferir capacidades del sector privado para obtener beneficios públicos, algunas alcaldías y gobernaciones prefieren manejar los recursos directamente por razones políticas y, en algunos casos, las obras no se hacen por falta de capacidad o voluntad.

El cupo aprobado ha aumentado de $250 mil millones en 2018 a $1,1 billones en 2025. Aun así, representa solo una quinta parte del 1% del Presupuesto General de la Nación (PGN) una cifra insignificante frente al tamaño de la economía.

Según la Agencia de Renovación del Territorio, entre 2018 y 2024, 210 empresas ejecutaron 410 proyectos por más de $2,9 billones en 264 municipios: $2,03 billones en municipios PDET y $932 mil millones en ZOMAC. Por tipo de mecanismo: $1,4 billones vía fiducia y $ 593 mil millones por convenio. Hay proyectos en infraestructura de transporte por más de $600 mil millones, y el sector de hidrocarburos (Ecopetrol y las operadoras privadas) lidera la ejecución con el 51% del total.

La situación precaria de la ruralidad en Colombia es una oportunidad para fortalecer este instrumento y complementarlo con otros elementos de política pública que impulsen la competitividad y la formalización de las economías regionales.

Un proyecto de ley en este sentido podría reunir mayorías en el Congreso si incluye:

1) Convertir el mecanismo en permanente, incentivando la planeación más allá de los ciclos electorales y dentro de agendas regionales de largo plazo. Esto es lo indispensable.

2) Aumentar el cupo fiscal de manera significativa, gradual y sostenida. Perú, por ejemplo, destina el 1,75% de su PGN, ocho veces más que en Colombia en proporción.

3) Permitir que las 11 líneas de inversión se financien indistintamente por fiducia o convenio. La fiducia ha sido más confiable para muchas empresas, y su uso más amplio facilitaría una ejecución más eficiente. Además, mediante una adecuada coordinación entre el sector empresarial y el Estado, se fomentaría una visión integrada de desarrollo territorial, y Colombia podría definir una mejor agenda de competitividad regional y financiar parcialmente las iniciativas surgidas del Sistema Nacional de Competitividad.

Finalmente, es necesario debatir la ampliación del mecanismo a municipios no PDET y ZOMAC, pero igualmente con profundas problemáticas sociales.

Aunque la mitad de los municipios objetivo aún no ha ejecutado ningún proyecto, la violencia y la desigualdad social no se limitan a los territorios definidos en 2016. Hay centenares de municipios de categorías 3 a 6 que podrían beneficiarse del buen uso de este instrumento. El 86% de los municipios colombianos son de categoría 6, lo que evidencia el rezago territorial y la oportunidad de ampliar el alcance de Obras por Impuestos. Soluciones sí hay.

*Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas.

Air-e sigue sin con qué pagarles a sus proveedores y es la única empresa comercializadora que a estas alturas no ha contratado todavía la compra de energía para 2026.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Según la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), el nombramiento del agente interventor Nelson Javier Vásquez Torres “no ha venido acompañado de un plan claro y estructural que permita resolver una problemática que continúa agravándose y que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los generadores de energía, en especial del sector térmico, fundamental para el respaldo del sistema eléctrico nacional en momentos de baja hidrología”.

Por su parte, en un pronunciamiento conjunto por parte del Procurador General de la Nación Gregorio Eljah y el Contralor General de la República Carlos Hernán Rodríguez, alertaron al Gobierno sobre el riesgo de un apagón financiero de las empresas comercializadoras de energía por cuenta de la deuda de la opción tarifaria, la deuda oficial por prestación del servicio y la morosidad por parte de la Nación en el reintegro del valor de los subsidios del consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3, que sumados bordean $10 billones. Y lo más grave es que el apagón financiero puede derivar en un efecto dominó que puede comprometer la prestación del servicio de energía.

El Contralor Rodríguez fue enfático y reiterativo al plantear al Gobierno Nacional “la necesidad de tomar las acciones necesarias para prevenir un posible racionamiento de energía” al tiempo que “la estabilidad del sistema eléctrico es un asunto prioritario para la Nación”.

Tanto la Procuraduría como la Contraloría coinciden en que la delicada situación financiera que afronta la empresa Air-e y que llevó a su intervención no es un caso aislado, es sólo la punta del iceberg, pues las demás empresas comercializadoras afrontan una situación similar.

Y, como lo afirma el Procurador Eljah, “se interviene cuando no está funcionando algo para salvarla, para sacarla adelante, y eso es lo que buscamos entre todos. La intervención de Air-e supera ya los dos años y no ha revertido la situación crítica.La falta de recursos y la continuidad de problemas financieros ponen en duda la efectividad de la medida”. 

Y va más lejos al advertir que “la intervención es una decisión extrema, no puede ser la regla general y tiene un objetivo, además de unas causales, y el objetivo es la recuperación cuanto antes de la capacidad de funcionamiento de la empresa o entidad intervenida. No puede suceder que las intervenciones lleven a la liquidación de las empresas porque ese es el mayor contrasentidoy esa es la mayor contradicción con lo que ordena la Constitución”, destacó Eljach en el periódico regional El Heraldo.

Hasta el propio ministro de Minas y Energía Edwin Palma puso el grito en el cielo y en una Carta abierta dirigida al Superintendente de Servicios Públicos le manifestó que “urge, por lo tanto, no solo la inyección de capital que permita cumplir con los compromisos adquiridos con las generadoras y demás actores del sistema, sino que la Superintendencia defina, a la mayor brevedad, una solución de fondo que garantice la prestación eficiente y continua del servicio de energía eléctrica.” Señaló, además, que“el Estado no puede permitir que se consumeun riesgo sistémico”.

Mientras tanto, por fin, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios rompió su largo silencio ante tales requerimientos y a través de un comunicado que hizo público el pasado 28 de julio dice que le “ha solicitado a la empresa comercializadora Air-e”, por ella intervenida, “el desarrollo de procedimientos internos transparentes para la contratación y el funcionamiento empresarial”.

Ello en respuesta a los cuestionamientos que han trascendido a través de los medios y de los cuales ha sido objeto la administración de la empresa a cargo del agente interventor Nelson Javier Vásquez Torres.

También se afirma que Air-e “se compromete a desarrollar, en el corto plazo acciones concretas, que incluyen la optimización del proceso de compra de energía para 2026, la implementación de un robusto plan de mantenimiento, refuerzo y expansión de las redes y la ejecución del plan de inversión de obras a nivel del sistema de transmisión regional para garantizar la prestación del servicio de manera confiable”.

No obstante, el agente interventor de Air-e no puede cumplir este compromiso si la superintendencia no se compromete y cumple con su obligación de solventarla, darle liquidez y caja. Hasta ahora el saliente superintendente Yanod Márquez se ha limitado a decir que el fondo empresarial que administra, que es el llamado a hacerlo está desfinanciado.

Según el ex superintendente Márquez, “en relación con la intervención de Air-e, se informa que el Fondo Empresarial destinado a estas acciones contaba, a marzo de 2025, con $416.500 millones, pero que actualmente solo dispone de $167.000 millones, mientras enfrenta deudas por $234.000 millones asociadas a ocho empresas intervenidas y pasivos por $2,2 billones correspondientes a tres empresas en liquidación, incluida Electricaribe”.

Y mientras tanto Air-e sigue sin con qué pagarles a sus proveedores y es la única empresa comercializadora que a estas alturas no ha contratado todavía la compra de energía para 2026, poniendo en riesgo “la prestación del servicio de manera confiable” a sus 1,3 millones de usuarios regulados y 692 no regulados de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Según el DNP, el sector minero-energético ha decrecido. En efecto, en 2024, según cifras del DANE, el sector de minas y canteras cayó -5.2%, lastrando el magro crecimiento del PIB de 0.7% y esa tendencia se mantiene en 2025, arrancando con un repliegue de -5%, restándole 0.3 puntos porcentuales al crecimiento total del PIB, que fue de 2.7%. 

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La extracción de carbón cayó -13% en 2024 y -7% en el primer trimestre de 2025, la producción de crudo cayó en 2024 el -0.6% y siguió a la baja este año, pues al cierre del mes de mayo experimentó una disminución del -4.8%. Ello se explica, especialmente, por el declive reciente de los volúmenes y del valor de sus exportaciones.

Veamos: las exportaciones de carbón, de petróleo y sus derivados bajaron de US $29.349 millones en el curso del año que concluyó en agosto de 2022 a US $20.507 millones en el año terminado en abril de este año. El desplome de dichas exportaciones es significativo, US $8.841 millones, más del -30%, haciendo la salvedad que en el caso del carbón, aunque aumentaron las exportaciones el 7.7%, el precio bajó el 28%.

Por su parte las llamadas exportaciones no tradicionales, antes exportaciones menores, experimentaron un importante crecimiento, pasando de US $25.657 millones en agosto de 2022 a US $29.357 millones anuales para el mes de abril de 2025, para un crecimiento de $3.700 millones, el 14%, para esos casi 3 años, lo cual representa un importante repunte.

La concomitancia de la caída del crecimiento y de las exportaciones de carbón y petróleo, además del auge exportador de otros sectores, como el agrícola, la industria y el turismo, llevó al presidente Gustavo Petro a expresar que “estamos ante un cambio del modelo de desarrollo exitoso, que la sociedad debe sostener para los siguientes años y no volver atrás, hacia las rentas fósiles y cocaineras” y añadió: “verificamos que entre más cae el extractivismo fósil, más crece la actividad productiva en agricultura con un enorme 7.1% e industria no ligada al petróleo y con un portentoso 7% de crecimiento en textiles y confecciones”.

El pírrico triunfo del presidente Petro no pasa de ser un falso positivo y explico por qué. En primer lugar, no existe ninguna correlación entre la caída del sector minero-energético, que obedece a la caída de los precios del petróleo y el carbón, así como a la caída de la producción, que el mundo sigue consumiendo cada vez más, y el repunte del sector agrícola, el cual responde fundamentalmente a la bonanza cafetera, gracias a los altos precios, que superan los US $3 la libra.

Es más, no obstante el crecimiento de las demás exportaciones distintas al carbón y al petróleo, que no hay que negar es un hecho positivo, el mismo no alcanza a contrarrestar y menos a compensar el bajonazo en las exportaciones de los mismos.

En efecto, por cada dólar adicional que se recibe por las mayores exportaciones de productos agrícolas e industriales se están dejando de recibir por concepto de las menores exportaciones de carbón y de petróleo 2.4 dólares.

Para compensar la entrada de divisas que se dejan de recibir por las exportaciones de carbón y petróleo se necesitaría aumentar las provenientes del resto de exportaciones registradas en un 138%. Y ello, no para aumentar el valor de las exportaciones sino para mantener el valor de las mismas.

Ello explica que, a pesar del buen comportamiento de las exportaciones no tradicionales en los últimos dos años, las exportaciones totales han venido cayendo, -0.4% en 2024 y en mayo de este año registraron una caída del 2.1% en comparación con el mismo mes del año anterior, y el déficit en la cuenta corriente de la Balanza de pagos se mantiene.

En efecto, el valor de las exportaciones totales arroja como resultado US $5.141 millones anual menos que hace tres años, toda vez que la estrepitosa caída de las exportaciones de carbón y petróleo, debido a la pérdida de competitividad en el primer caso y a la baja inducida de la producción en el segundo, duplican el crecimiento de las otras exportaciones.

La cuenta que debería hacer el Gobierno es otra bien diferente. En primer lugar, si creciera la producción de petróleo y carbón, en lugar de estar frenando el crecimiento del PIB, estarían contribuyendo a un mayor crecimiento de la economía, porque no nos podemos resignar a que el crecimiento del PIB no llegue siquiera al 3%.

De la misma manera, si no estuvieran cayendo las exportaciones de carbón y petróleo, ello posibilitaría la reducción del déficit de la balanza comercial, que para el mes de mayo de este año alcanzó los US $6.160 millones y por qué no pensar en que esta, por fin, llegue a ser superavitaria. Pero la miopía y la carga ideológica del Gobierno lo lleva a que los árboles le impidan ver el bosque.

Desde luego que se requiere el cambio del actual modelo económico imperante en Colombia, porque no puede reputarse como exitoso un modelo en el que el crecimiento del PIB esté atado y a merced del comportamiento de los mercados y de la volatilidad de los precios internacionales de los commodities.

Recordemos que durante el más largo ciclo de precios altos de los mismos, entre los años 2003 – 2014, el crecimiento potencial de la economía fue de 4.8%, para luego de la destorcida de los precios, hacia 2016, se redujo a sólo 3.5%. Con el agravante de que el crecimiento del PIB en la última década ha estado por debajo de este.

Como lo planteó la CEPAL, “así nos será muy difícil dar sostenibilidad a nuestro crecimiento… Hay que procurar que las exportaciones vayan más allá de las materias primas”.

Por ello, compartimos lo planteado en el Plan de Desarrollo, de darle impulso a la agricultura, al turismo y a la reindustrialización, entre otras cosas porque la Transición Energética sólo es viable y sostenible si va acompasada de una estrategia de transformación productiva. Sólo que el fundamentalismo y el dogmatismo en su implementación, la está condenando al fracaso.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Durante los 34 años de vigencia de la Constitución, no solamente no han avanzado en autonomía las entidades territoriales, sino que se ha retrocedido.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Uno de los mayores logros de las regiones en Colombia con la expedición de la Constitución de 1991 fue dar el paso de la descentralización, contemplada en la Constitución de 1886, a la autonomía territorial (artículos 1 y 287).

Cabe preguntarse, cuál es la diferencia entre una y otra. Dejemos que sea el ex presidente del Consejo de Estado Javier Henao Hidrón quien nos despeje esta diferencia conceptual. “Se entiende por descentralización la capacidad de gestión administrativa de parte de las entidades territoriales, mientras que la autonomía conlleva una capacidad de decisión política de parte de las mismas”.

Desafortunadamente, durante los 34 años de vigencia de la Constitución, no solamente no han avanzado en autonomía las entidades territoriales, sino que se ha retrocedido.

En su lugar, se ha venido dando una recentralización, que yo denomino descentralización disfuncional, consistente en delegar funciones y competencias por parte de la Nación a las entidades territoriales, pero sin recursos. Y lo que es peor, se le recortaron sus recursos, para concentrarlos la Nación, a través de dos actos legislativos, el 01 de 2001 y el 04 de 2007, reduciendo el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) que se les transfieren a las entidades territoriales a través del Sistema General de Participaciones (SGP).

Y de contera, en los últimos 32 años se han expedido 18 reformas tributarias, todas para arbitrarle recursos a la Nación, ninguna para las entidades territoriales. Por ello, el Gobierno y el Congreso de la República están en mora de pausar sus reformas tributarias, que ahora llaman leyes de financiamiento, para dar espacio a la reforma tributaria territorial largamente aplazada.

De hecho, existe un estudio, elaborado por una Comisión de expertos, que luego de analizar las finanzas territoriales hizo unas recomendaciones para su fortalecimiento. Su Informe final, fue entregado en julio de 2020 y desde entonces permanece engavetado. Llegó, entonces, la hora desengavetarlo para la bienandanza de las mismas.

Ahora bien, el presidencialismo ha exacerbado el centralismo en Colombia. Desafortunadamente el acendrado presidencialismo de la Constitución de 1886 pasó por la Constituyente a la nueva Constitución Política, como pasa un rayo de luz por un cristal, sin romperlo ni mancharlo y salió fortificado.

Según la Carta Magna, el Presidente de la República es, además, Jefe de Estado, que no del Estado, como algunos creen, Jefe de Gobierno y suprema Autoridad administrativa, amén de que ahora se les ha dado a algunos por motejarlo como Primer magistrado de la Nación.

Su poder es inmenso, casi que omnímodo, avasallador y el único que manifestó no saber para qué es el poder, cuando el mismo se lo preguntó, fue el ex presidente Darío Echandía.

De allí el gran desequilibrio entre las ramas del poder, entre las que impera el poder del ejecutivo. Y de no ser por la vigencia de los frenos y contrapesos (checks and balances), que han servido de muro de contención, en Colombia no tendríamos una República sino una monarquía. No obstante, en Colombia, al paso que vamos si no nos avispamos, vamos camino hacia un absolutismo presidencial.

En este contexto, no deja de ser esperanzador la aprobación, mediante el Acto Legislativo 03 de 2024, mediante el cual se incrementarán los recursos que se transfieren desde la Nación a las entidades territoriales con la bolsa de recursos del SGP, elevándolos hasta el 39,5 de los ICN, muy superior a lo proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2023 para el 2024 – 2027, que fluctuaría entre el 30% y el 31% de los ICN. Ello, en el lapso de 12 años, contados a partir del 2027.

No obstante, su entrada en vigor está supeditada a la aprobación de la Ley de Competencias, la cual deberá establecer cuáles funciones y competencias que hoy ejerce la Nación deberán trasladarse a las entidades territoriales para que las asuma con cargo a los nuevos y mayores recursos que se le transferirán.

En abril pasado la Federación Nacional de Departamentos (FND) le hizo entrega al Gobierno Nacional de un primer borrador del proyecto, para su consideración y concertación.

Es tanta la importancia y la trascendencia de la aprobación de esta Ley para las regiones y para el país, porque al tiempo que aquellas ganan en autonomía y autodeterminación, para dejar de ser alfiles sin albedrío del agobiante centralismo, el país también gana en equidad, cohesión e inclusión.

Un estudio de la FND y la Universidad EAFIT “demuestra que la reforma al SGP, con una apropiada asignación de competencias a las entidades territoriales, traerá consigo una reacción positiva del PIB”.

Da cuenta, además, del impulso que le habrá de imprimir al crecimiento de la economía regional y nacional, que puede llegar a representar 0,2 puntos porcentuales adicionales.

Como dice el director Ejecutivo de la FND, Didier Tavera: “En la FND estamos firmemente convencidos de que el camino para abordar y cerrar las brechas sociales que persisten en las comunidades para por la autonomía y la descentralización”.

La aprobación de esta Ley debería ser la primera prioridad en la agenda del Gobierno y del Congreso de la República en la última legislatura de este cuatrienio.

Este sería el mejor homenaje al padre de la sociología en Colombia, inspirador del autonomismo de las regiones y ex constituyente Orlando Fals Borda en el centenario de su natalicio.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Colombia históricamente se ha caracterizado por arrastrar el lastre de los llamados déficits gemelos: déficit fiscal y déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Ni siquiera durante el largo ciclo, sin precedentes, de precios altos de los commodities, de los que tanto dependen las finanzas del Estado, entre 2003 y 2011, para los productos mineros, que se prolongó hasta el año 2014 para el petróleo, se corrigieron estos déficits, como si lo lograron los demás países de Latinoamérica. Definitivamente, el déficit que acusan las finanzas del Gobierno Central es estructural.

La glotonería de la Nación ha sido tal que, no obstante, el recorte de las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) a las entidades territoriales, que le significaron a estas, según estudio del Banco de la República, $387.953.907 millones de pesos constantes de 2018, recursos que dejaron de recibir entre los años 2002 y 2023.

Ello, a consecuencias de dos lesivos actos legislativos, el 01 de 2001 y el 04 de 2007. Y de contera, en los últimos 32 años, el Congreso de la República aprobó, por iniciativa del ejecutivo, 18 reformas tributarias, una cada 18 meses, todas ellas para arbitrarle recursos a la Nación.

Antes de meter en cintura el gasto público, del cual es responsable la Nación, se dio el primer paso con el de las entidades territoriales, expidiéndose con tal fin la Ley 617 de 2000, de “racionalización del gasto público nacional”, pero que sólo le es aplicable a ellas, no a la Nación.

Tuvimos que esperar más de once años, hasta que se expidió la Ley 1473 de 2011, mediante la cual se procura garantizar “la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas”, cuyas disposiciones son aplicables “a las cuentas fiscales del Gobierno Nacional Central”.

Posteriormente se aprobó la Ley 819 de 2003, a través de la cual “se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal”, y se estableció el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el cual debe presentar el Gobierno Nacional al Congreso de la República “antes del 15 de junio de cada vigencia fiscal”. El mismo le habrá de servir de derrotero al Ministerio de Hacienda y crédito público y deberá dar cuenta del Plan financiero, así como el programa macroeconómico plurianual.

Luego se aprobaría la Ley 1473 de 2011, la cual “tiene por objeto expedir normas que garanticen la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuyan a la estabilidad macroeconómica del país”, aplicable “a las cuentas fiscales del Gobierno Nacional Central”.

Con tal fin se establece la Regla fiscal, con la cual se “buscará asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de tal forma que no se supere el límite de deuda” programado. Esta es una especie de camisa de fuerza para cuerdos, con la cual se busca imponer la disciplina fiscal y evitar el desbordamiento del gasto público.

Ese mismo año se aprobó el Acto Legislativo 03 dándole rango constitucional al criterio de la sostenibilidad fiscal, el cual quedó consagrado en el artículo 334 de la Carta. Este reza que el “marco de sostenibilidad fiscal… deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho”. Se reitera en los artículos 339 y 346.

Con el fin de velar por el cumplimiento de la Regla fiscal y el criterio de la sostenibilidad fiscal se creó el Comité Autónomo de la Regla fiscal (CARF), por medio de Ley 2155 de 2021, en la cual se modificó el artículo 1473 de 2011 que la creó.

Este es órgano de carácter técnico, integrado por expertos, permanente e independiente, aunque está adscrito al Ministerio de Hacienda. Entre sus principales funciones se destacan pronunciarse y emitir concepto formal sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y desde luego monitorear el cumplimiento de la Regla fiscal. También se ocupa de las proyecciones del DNP en lo concerniente a la política macroeconómica y fiscal, sobre todo en lo tocante a la sostenibilidad fiscal en el largo plazo. Es de advertir que sus conceptos no son vinculantes para el Gobierno, este lo toma o lo deja.

Todo este andamiaje tiene por objeto propender por la responsabilidad, el control y la austeridad fiscal por parte del Gobierno Central, aunque la verdad sea dicha, en no pocas ocasiones se ha eludido y soslayado el cumplimiento de la Regla fiscal, que es su espina dorsal.

Como lo planteó el ex ministro de Hacienda e integrante del CARF Guillermo Perry “utilizando formas de contabilización heterodoxas, que pueden poner en cuestión la tradicional seriedad de Colombia en el manejo de sus cifras fiscales… El recurso a la contabilidad creativa genera incertidumbre y desconfianza y pueden conducir a rebajas en la calificación de riesgo del país”.

Un ejemplo de ello lo tuvimos recientemente en la administración Duque Márquez, cuando las prácticas alejadas de la ortodoxia de su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla llevó a una de las revistas de negocios más serias y consultadas, como lo es Bloomberg, a titular en uno de sus despachos de prensa que “Colombia es acusada de marrullerías (shenanigans) contables para lograr metas fiscales”.

Y no era para menos, puesto que en concepto del ex director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda Luis Eduardo Arango, “se está rompiendo la ecuación de que el déficit es el que determina el comportamiento de la deuda y lo que hacen es que están emitiendo gastos que no están afectando el déficit”, sino mimetizándolo. Y añadió, “las cuentas pendientes se deben pagar en efectivo o con deuda, pero hay que llevar las cuentas fiscales como se debe”.

El caso más patético fue el manejo que se le dio al déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), que alcanzó para el 2022, según el CARF, los $38 billones, que heredó la administración Petro. Déficit que no se tuvo en cuenta, porque no se contabilizó, a la hora de establecer el déficit fiscal, el cual, a pesar de esta omisión, cerró en 2021 en el 7,1% del PIB, insuflado por el coletazo de la crisis pandémica.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Le han terminado dando la razón al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, inmolado en el Holocausto del Palacio de Justicia, Manuel Gaona Cruz, cuando dijo premonitoriamente que abrigaba el temor de que la Constitución Política se tornara en una Carta a la carta.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El pasado 4 de julio se cumplieron 34 años de la promulgación de la Constitución Política de 1991, de corte democrático, la cual vino a reemplazar la centenaria Constitución de 1886, de corte confesional.

Estas dos constituciones han sido las únicas, de las tantas que han regido en Colombia desde los albores de su independencia, hace doscientos años, cuya vigencia ha perdurado más de veinte años.

La Constituyente que le dio vida a la nueva Carta tuvo como antecedentes los frustráneos intentos de reformar la Constitución por el ex presidente Alfonso López Michelsen primero, quien propuso en 1976 integrar para tal efecto una “pequeña constituyente”, luego sería el ex presidente Virgilio Barco Vargas quien propuso en 1988 la convocatoria de una consulta popular con el fin de derogar el artículo 13 del Plebiscito de 1957, consagrado en el artículo 218 de la Constitución de 1886, que reservaba la facultad de reformar la Constitución al Congreso de la República como constituyente derivado. 

Ante el bloqueo, que impedía la reforma a la Constitución y la urgencia de sintonizarla con las nuevas realidades, surgió un movimiento espontáneo de la sociedad civil tendiente a remover dicho obstáculo, el cual se encarnó en la “séptima papeleta”, promovida desde la Universidad del Rosario y acaudillada por el ex Procurador General de la Nación Fernando Carrillo.

Se trataba de sumar una “papeleta” más en las urnas habilitadas para las llamadas elecciones de “mitaca”, además del Senado, la Cámara de Representantes, la Asamblea departamental, los concejos municipales, las juntas administradoras locales y alcaldes.

La “séptima papeleta” decía textualmente: “Voto por Colombia. Sí a una Asamblea constituyente…con el fin de reformar la Constitución Nacional”.

Ni corto ni perezoso, el presidente Barco, apelando al artículo 121 de la Constitución, mediante el cual se podía declarar turbado el orden público y declarar el Estado de Sitio, y al amparo del mismo expedir decretos con fuerza de Ley, dispuso a través del Decreto Legislativo 927 del 3 de mayo de 1990 ordenar “contabilizar los votos depositados en las urnas de convocatoria a una Asamblea Constitucional”.

La Registraduría Nacional del Estado Civil se abstuvo de escrutar y contabilizar la “séptima papeleta”; empero, se estima que se depositaron 4´991.887 votos de los 5´218.338 sufragados. Huelga decir que la Corte Suprema de Justicia avaló dicho procedimiento al declarar exequible el 9 de junio dicho Decreto y en consecuencia, de esta manera validó la convocatoria de la Asamblea Constitucional, la cual derivó en Constituyente.

A propósito de la ventolera de pretender embarcar al país en otro proceso constituyente, bueno es advertir que en aquel entonces se apeló a la llamada “séptima papeleta” en razón del bloqueo constitucional existente para su convocatoria, pero con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, esta estableció y regló el procedimiento para su convocatoria mediante el artículo 376, el cual dispone que “mediante Ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo decida en votación popular si convoca una Asamblea Constituyente”.

Como lo afirmó Eloy García López, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, “hay un procedimiento de cambio establecido por la constitución y todo lo que no respete ese procedimiento de convocatoria de una Asamblea Constituyente es inconstitucional”.

El atajo de “convocar a una Asamblea Constituyente de iniciativa popular”, alegándose un supuesto “bloqueo institucional” por parte del ministro de Justicia Eduardo Montealegre, no es legal y mucho menos constitucional.

El ex fiscal y ex ministro Alfonso Gómez Méndez es categórico al afirmar que el presidente Gustavo Petro está “mal asesorado” y llama la atención, a propósito del remedo de la “octava papeleta” planteada desatentadamente por el ministro del Interior Armando Benedetti, dizque para que “el pueblo exprese el malestar que hay en la sociedad colombiana”, que “los de las papeletas ya no existen” como en el año 90, en su lugar lo que el sufragante deposita en la urna es un tarjetón.

Aterrado, advierte el doctor Gómez Méndez: “yo no sé quién le pudo decir al señor presidente que hoy, en el 2025, puede un presidente por decreto desencadenar un proceso constitucional (…) No hay ninguna posibilidad de hacerlo con una introducción, en este caso habría que decir no una papeleta, digamos, un tarjetón adicional, hoy no es posible. Tiene que ser una ley del Congreso.” No existe otra alternativa distinta, a no ser que pretendan saltarse a la torera la Constitución Política y la Ley.

Es de advertir que en materia de estabilidad jurídica hay un marcado contraste entre la Constitución de 1886 y la de 1991, mientras aquella fue objeto de 70 reformas en sus 104 años de vigencia, esta última, en lo corrido desde su entrada en vigor, ha experimentado ya 56 enmiendas, batiendo récord los años 2011 y 2019 con 6 y 5 reformas a la Carta Magna, respectivamente.

El contraste es mayor cuando se hace la comparación con otros países, empezando por EEUU, cuya Constitución data desde 1787 y 230 años después, sólo había registrado 27 enmiendas hasta 2017.

Le han terminado dando la razón al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, inmolado en el Holocausto del Palacio de Justicia, Manuel Gaona Cruz, cuando dijo premonitoriamente que abrigaba el temor de que la Constitución Política se tornara en una Carta a la carta.

De manera que, aunque se sigue hablando y se conmemora un año más de la vigencia de la Constitución de 1991, su texto actual ya no es el mismo que tuvo su origen primigenio en la Asamblea Constituyente que le dio vida.  

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Desde el inicio del gobierno Petro se ha hablado de una reforma a la Ley de Servicios Públicos, así como de la creación de una integración vertical del sector eléctrico y del gas, lo cual sería una decisión perversa, que daría paso a un monopolio estatal.

Por: JUAN ESPINAL*

El empeño del gobierno Petro en exterminar el sector minero-energético del país es evidente. Las declaratorias de áreas de reserva natural sin argumentos técnicos, el invento de las zonas ZAPPA y APPA, el no pago de la deuda a las distribuidoras por la prestación del servicio eléctrico subsidiado, la negativa a firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y la intervención en la empresa Air-e, están llevando a Colombia a una situación de pobreza energética.

Cada vez más colombianos deben quemar leña para sobrevivir, y el impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos más vulnerables se evidencia en el aumento de las tarifas de gas y energía.

Desde el inicio del gobierno Petro se ha hablado de una reforma a la Ley de Servicios Públicos, así como de la creación de una integración vertical del sector eléctrico y del gas, lo cual sería una decisión perversa, que daría paso a un monopolio estatal.

Sin embargo, el ministro Edwin Palma, más ejecutivo que sus predecesores y, además, audaz y sin límites, anunció que el 20 de julio presentará la “Ley de Reducción de Tarifas”, vendiéndola como un acto de justicia social, cuando en realidad esconde modificaciones normativas críticas para los ciudadanos.

Esta reforma pretende imponer a los estratos 4, 5 y 6, así como al comercio, el pago de la deuda de los subsidios acumulados por la opción tarifaria (más de 2.9 billones de pesos), sin debate tributario. Es, en esencia, un impuesto disfrazado. Además, elimina el subsidio a los hogares más pobres si consumen “demasiada” energía. ¿La razón? Superan el consumo promedio, sin considerar si se trata de familias numerosas, si viven en zonas cálidas, o si simplemente poseen una nevera o un pequeño negocio.

Retirarles el subsidio por “consumir mucho” es incrementar la pobreza energética en el país. Lo que propone el gobierno no es solidaridad, es redistribución improvisada: sin estudios, sin control fiscal y sin reglas claras.

A esto se suma la intención de modificar la composición de la CREG y sus funciones para incluir representantes de los usuarios, académicos y trabajadores. Será un debate interesante y tenso en el Congreso.

Ojalá logremos frenar este despropósito, y que gremios, empresarios, sindicatos y usuarios se involucren en la discusión y no se aíslen, como ha ocurrido antes.

La historia del lamento se repite: vemos a los sectores protestando después de haber permanecido en silencio, como ocurrió con la reforma laboral, que parecía enterrada, pero terminó reviviendo gracias a los mismos gremios que hoy lamentan su propio error.

Y cómo no mencionar la nueva alerta del Gestor del Mercado, que advierte un déficit de gas firme del 20% para 2026. El déficit ascenderá a 206 GBTUD, afectando tanto a los colombianos como a la industria.

En medio de este desabastecimiento, el gobierno promueve un proyecto de ley para reducir tarifas eléctricas, sin resolver el verdadero problema: la falta de gas y de generación firme que sostiene el sistema. La iniciativa del ministro Palma promete alivios tarifarios, pero no garantiza sostenibilidad ni abastecimiento.

La salida de Shell del país no es un simple titular: es una señal de alarma. Colombia deja de ser un destino atractivo para la inversión energética, justo cuando el gas natural es clave para una transición ordenada, justa y sostenible. La falta de seguridad jurídica y la negativa a nuevos contratos de exploración agravan la situación.

Este gobierno, que presume de sumar derechos, en realidad se dedica a restar desarrollo. No es solo una empresa la que se va: son empleos, desarrollo regional y futuro energético los que también se esfuman.

Felicitaciones a Gustavo Petro, quien ha logrado espantar a los empresarios que, desde su llegada a la presidencia, no ha hecho sino atacar y señalar.

La única bandera del gobierno Petro en materia energética, lamentablemente, es la pobreza energética.

*Representante de la Cámara por el Centro Democrático.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en lugar de ser parte de la solución, se ha convertido en el problema.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Air-e fue intervenida en septiembre de 2024, a solicitud de la propia empresa, motivada en su insolvencia, iliquidez y falta de flujo de caja. El objetivo, entonces, de la intervención era darle a Air-e la solvencia, liquidez y flujo de caja requeridas, que le permitiera operar y prestar el servicio de energía a sus 1,2 millones de usuarios en las condiciones establecidas en la Ley Eléctrica (143 de 1994). Pero ello no se ha dado.

El solo hecho de que en nueve meses hayan desfilado por la gerencia de Air-e cuatro agentes interventores nombrados por la Superintendencia de Servicios Públicos es una pésima señal, porque no se garantiza ni estabilidad ni continuidad en la gestión administrativa. 

La deuda de Air-e con las generadoras de energía, desde la intervención, al corte de mayo, por energía contratada es de $2., billones. El Ministerio de Hacienda, gracias a la presión ejercida por los organismos de control (CGR y PGN), accedió a girar recientemente $1,5 billones para abonarle a las empresas comercializadoras lo correspondiente a la deuda de los subsidios al consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3 con corte a diciembre 31 del año anterior. De esa suma le ingresaron solo $233.100 millones a Air-e. Huelga decir que sigue pendiente la deuda por concepto de la Opción Tarifaria, cuyo saldo a la fecha es de $3,3 billones.

Tanto el ministro de Minas y Energía Edwin Palma y ex agente interventor como la saliente agente interventora Diana Bustamante, le urgieron al Superintendente Yanod Márquez la inyección de recursos para evitar que la empresa colapse. “Un ‘salvavidas financiero’ para poder cumplir con las obligaciones con las generadoras y proveedores”, le pidió Bustamante e insistió en que “esperamos la urgente intervención de la Superservicios para que se garanticen los dineros que se requieren para las generadoras y proveedores. Por un lado, está la energía que requerimos para distribuir y por otro los materiales para la operación de la empresa.”

Por su parte, el ministro Palma le planteó, a comienzos de mayo, que “sin un respaldo económico podría haber un apagón. Según el documento, si el fondo empresarial de la Superintendencia no respalda financieramente a Air-e, la operación de la compañía se volvería inviable, lo que podría provocar un apagón en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

También señaló que “las medidas administrativas actuales no son suficientes”, por lo que solicitó a la Superintendencia tomar “los correctivos necesarios que permitan el cumplimiento por parte de Air-e de sus obligaciones”, especialmente con los generadores de energía, a quienes la empresa ya les debe 1,3 billones de pesos

La respuesta del Superintendente ha sido que el Fondo Empresarial, que es el conducto para darle solvencia, liquidez y caja a las empresas intervenidas, estaba desfinanciado. Según él “la mayor responsabilidad mía no es conseguirle plata a Air-e, eso no es cierto”.

Y añadió: “Este gobierno no tiene recursos y si los dueños de la empresa tampoco tienen recursos estamos en problemas bastante serios, porque a la Superintendencia nadie le ha asignado unos recursos, tampoco le han asignado una forma de conseguirlos”.

Y fue más lejos al advertir que a marzo de 2025, el Fondo Empresarial contaba con $416.500 millones, pero su saldo disponible es de apenas $167.000 millones. Estos recursos deben cubrir deudas por $234.000 millones asociadas a ocho empresas intervenidas y pasivos por $2,2 billones de tres compañías en liquidación, incluida Electricaribe.

Dicho de otra manera, la Superintendencia se declara insolvente y, ante la imposibilidad de inyectarle a Air-e los recursos que requiere, su propuesta para salir de este embrollo es “la creación de una nueva renta parafiscal, una de las medidas que viene analizando para contar con recursos a través del Fondo Empresarial para hacer frente al proceso de intervención de la empresa Air-e”.

Es de anotar que la creación de esta “nueva renta parafiscal” es competencia del Congreso de la República y su aprobación en las actuales circunstancias políticas es muy remota.

Pero lo más preocupante es que lo peor está por venir, porque a la amenaza en ciernes del anunciado por los organismos de control de un apagón financiero, que puede dar lugar a un efecto dominó que comprometa a toda la cadena, se viene a sumar ahora el riesgo inminente operativo por falta de mantenimiento preventivo de los equipos, las redes y los transformadores.

Razón para pensar que estamos ante la posibilidad de que los apagones se vuelvan recurrentes en los tres departamentos en los que Air-e presta el servicio: Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Y, lo que es peor, la perspectiva para este año en lo atinente a los subsidios es más sombría habida cuenta que en el Presupuesto General de la Nación (Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024) sólo se apropió en el rubro de subsidios de energía el monto correspondiente al primer trimestre.

En síntesis, la Superintendencia de Servicios Públicos, en lugar de ser parte de la solución, se ha convertido en el problema.

Y lo más grave es que la situación por la que atraviesa Air-e es solo la punta del iceberg y puede llegar a convertirse en la primera ficha en caer de un efecto dominó que nos conduzca a una crisis sistémica, que arrastre consigo a los demás eslabones de la cadena, ahora en la cuerda floja.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Ahora que la largamente anunciada escasez de gas natural es una realidad y las importaciones del hidrocarburo siguen aumentando, nos asomamos a la certeza de que las tarifas de gas van a incrementarse de manera dramática en los próximos meses.

Por: JAIME CHECA JIMÉNEZ*

Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Disfrutamos de gas barato y abundante por muchos años y pocos hemos experimentado lo que es tener que pensarlo dos veces antes de encender la estufa o el calentador.

De acuerdo con el Gestor del Mercado de Gas, en 2026 el déficit del combustible será de 171 millones de pies cúbicos (20% de nuestra producción), en un escenario con fenómeno de La Niña y podría ser mayor si se presenta el fenómeno de El Niño con su sequía característica y prolongada.

La ironía de todo esto es que tenemos gas probado en el Caribe Offshore (Proyecto Sirius) y un enorme potencial de Recursos No Convencionales en el Valle Medio del Magdalena que hubieran evitado esta crisis y que, inclusive, nos hubieran podido situar en superávit exportable con todo lo que ello significa para los ingresos fiscales del país y su aplicación a la reducción de la pobreza y el anhelado desarrollo territorial sostenible.

Como era de esperarse, la proximidad de las elecciones presidenciales ha vuelto a traer a la mesa el tema de nuestra soberanía energética, con el gas en el centro de la discusión.

Ahora vuelven las voces de apoyo al desarrollo de los Recursos No Convencionales mediante la técnica del fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal (Fracking) y se abren paso los que prometen un decidido impulso a la industria de los hidrocarburos, reconociendo que se trata del elemento apalancador de la transición energética.

Una visita reciente a la provincia de Neuquén en Argentina me permitió conocer de cerca el impresionante desarrollo de los Yacimientos No Convencionales en la Formación Vaca Muerta, un proyecto que comenzó apenas en 2013 y hoy ha transformado la economía de ese país, proyectándose como exportador neto de gas después de 20 años de importaciones.

Quiero desde estas líneas dirigirme a los candidatos presidenciales que hoy apoyan el desarrollo de nuestros recursos de gas natural, para explicarles que la materialización de este objetivo va mucho más allá de los anuncios y las buenas intenciones.

Para que el gas natural sea el agente transformador, necesitamos transformar el país entero desde lo regional hacia lo nacional. La buena noticia es que, si lo logramos, estaremos más cerca que nunca del país que soñamos. Lo que voy a proponer es posible. Yo lo vi.

Cinco pactos esenciales

Se trata de avanzar decididamente en la materialización de nuestros dos proyectos más importantes de gas, a través de la consideración de cinco pactos esenciales. Deben ocurrir los cinco. Si uno falla, el resultado se compromete.

1. Pacto por la eficiencia

Un primer elemento, es reconocer que la industria de hidrocarburos es una actividad de altísima complejidad e intensiva en capital. Su éxito depende en buena medida de la eficiencia de todos sus procesos. Los tiempos no productivos destruyen la viabilidad de los proyectos. La planificación operativa se elabora con el máximo detalle y cuenta con que cada parte del engranaje ejecuta su parte en el momento preciso. Si todos los actores:  industria, comunidad y autoridades están en la misma página, se puede avanzar hacia el logro simultáneo de los objetivos, donde todos ganan.

La eficiencia incluye también el uso de tecnología limpia que permita avanzar en la descarbonización a la vez que se impulsan las fuentes alternativas de energía.

2. Pacto por la confianza

Les garantizo que la industria no está intentando operar por debajo de estándares internacionales. A nadie le sirve hacer las cosas mal porque ello mina la confianza y conspira contra la necesidad de implementar modelos sostenibles de trabajo.

Si logramos crear ambientes colaborativos entre industria y autoridades ambientales colocando los proyectos en el centro, podremos lograr operaciones eficientes de las más altas especificaciones y construiremos instituciones fuertes de alto nivel técnico.

Hablo de licenciamientos exigentes pero ágiles, requisitos previsibles, flexibilidad para discutir opciones operacionales con espacios de discusión y acuerdo. Estoy hablando de trabajo en equipo con criterios técnicos, trazables, despojados de especulación y con confianza en las organizaciones técnicas poseedoras de la experticia necesaria.

3. Pacto por la legalidad y la transparencia

La ilegalidad se ha afincado en buena parte de nuestros procesos y ha permeado todos nuestros estamentos democráticos. Nuestro edificio democrático aún es fuerte, pero está seriamente averiado. Sin resolver este elemento será difícil que cualquier iniciativa progrese.

Se requiere generar una atmósfera de transparencia basada en justicia confiable y eficiente. Este es un elemento crítico porque hemos perdido demasiado terreno. Podemos crecer desde lo local hacia lo nacional generando procesos sanos de contratación de mano de obra y de bienes y servicios.

Necesitamos hombres y mujeres que hablen con la verdad, sin temor de las consecuencias. Necesitamos empresas con valores genuinos materializados en el terreno por funcionarios que viven y trabajan éticamente. Necesitamos diálogos sinceros, públicos y constructivos. La institucionalidad de orden local juega el papel estelar en este pacto.

4. Pacto por el desarrollo local

Si nos aseguramos de que los frutos de la actividad se vean claramente reflejados en el beneficio inmediato de las comunidades locales, estaremos obrando con un gran propósito superior. Aquí es donde requerimos romper patrones de corrupción históricamente arraigados.

Se necesita visión de desarrollo de mediano y largo plazo, rigor en la planeación y por supuesto, también se necesita la voz de las comunidades locales en la toma de decisiones de inversión y en las instancias de participación. Si somos capaces de pensar como COMUNIDAD y no como individuos, habremos dado un paso gigante y la sanción social volverá a ser un juez efectivo.

El fortalecimiento de la industria local es deseable y necesaria. La formación de mano de obra calificada, técnica y profesional debe ser una prioridad compartida por todos los actores. Construiremos en las localidades las fortalezas que necesitaremos cuando el gas vaya perdiendo protagonismo y no lo extrañaremos cuando no esté.

Los acuerdos entre industria y gobierno son un instrumento poderoso si los acompañamos de eficiencia, transparencia y confianza.

5. Pacto por la estabilidad jurídica

Los proyectos de gas como el Offshore y los No Convencionales requieren muchos años para desarrollarse y alcanzar sus puntos de equilibrio. Necesitan un marco jurídico estable que ayude a que se cumplan los supuestos iniciales que motivaron la inversión. La inversión extranjera, esencial para acometer estos proyectos, necesita un terreno jurídico firme con reconocimiento internacional. Es nuestra carta de presentación.

Entonces, señor candidato o candidata, si usted quiere realmente promover el desarrollo del gas en Sirius y en los No Convencionales del Valle Medio del Magdalena, tiene la maravillosa oportunidad de hacerlos una realidad y de paso transformar la realidad de este país. Estará generando los recursos que nos devuelvan la estabilidad fiscal, habrá garantizado seguridad y soberanía energéticas, nos llevará a consolidar una transición justa y lo más importante de todo: habrá reinstalado el reinado de los valores fundamentales que perdimos hace tantos años y que el mundo entero tiene refundidos.

Es decir que no basta con decir que le gusta el gas. Hace falta que entienda la enorme dimensión del gas y el propósito nacional que este representa. Si usted logra comprender las implicaciones y está dispuesto a gerenciar este proyecto, cuente conmigo pa´ las que sea.

Deje que el gas sea el vehículo de la transformación que necesitamos.

*Geofísico de Exploración y presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP).

El presidente Petro arrió la bandera de la Consulta popular, para enarbolar ahora la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la que va a suscitar igual o mayor controversia que la que provocó la convocatoria de la Consulta.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La manida frase atribuida a Otto Von Bismarck, el célebre estadista prusiano del siglo XIX, de que la política es el arte de lo posible tiene mucho de cierto y asertivo.

La traigo a colación a propósito del desenlace final de la puja en el Congreso de la República en torno al tortuoso trámite y aprobación del proyecto de ley que reforma el Código Laboral, a iniciativa del ejecutivo.

Inicialmente había sido aprobado en la Cámara de Representantes en sus dos primeros debates reglamentarios, pero posteriormente se truncó en la Comisión 7ª del Senado de la República, en donde se aprobó una ponencia de archivo, siendo apelada esta decisión ante la plenaria de esta corporación, tal y como lo prevé la Ley 5ª de 1992, que reglamenta el funcionamiento del Congreso de la República. 

No obstante, la lectura que le dio el ejecutivo al “hundimiento” del proyecto, fue la misma reacción frente a otros proyectos tan controvertidos como el de la reforma a la salud, calificándolo como un “bloqueo institucional”.

Aunque, como le recordó al recién posesionado ministro de Justicia Eduardo Montealegre el destacado jurista Mauricio Gaona, “el bloqueo institucional que usted llama, la ciencia política y constitucional en el mundo le llama oposición, y la oposición es el precio a pagar por la democracia”.

Se trata, nada más y nada menos que de la vigencia del sistema de los frenos y contrapesos (Checks and Balances), inspirado en la obra cumbre del Barón de Montesquieu El espíritu de la leye (1748), en la cual hizo tanto énfasis en la importancia de que el poder debe ser controlado por el poder, para así evitar el autoritarismo.

La respuesta del presidente Gustavo Petro fue tirar por la calle del medio, decretando la convocatoria de una Consulta popular para el 7 de agosto, para que fuera el voto ciudadano el que dijera la última palabra sobre la suerte de la reforma laboral.

Como lo dispone la Constitución Política, dicha convocatoria tenía que pasar por el cedazo del Senado de la República para su visto bueno, negándolo por un estrecho margen en la votación de la misma, cuyo resultado fue cuestionado por el ejecutivo, al punto de convocar dicha Consulta recurriendo al que denominó el hoy ministro de Justicia como el “decretazo” (0639 de 2025). A este le llovieron múltiples demandas tanto ante la Corte Constitucional como ante el Consejo de Estado. Este último suspendió el Decreto de marras, dejándolo sin efecto.

Concomitantemente con este pulso entre la oposición y el Gobierno, que este último llevó a las calles, el proyecto de ley de la reforma laboral siguió su curso, siendo aprobado en primera instancia en la Comisión IV constitucional y posteriormente en la plenaria del Senado.

Empero, en el transcurso de su debate, el Gobierno, particularmente sus ministros del Interior y del Trabajo Armando Benedetti y Antonio Sanguino, respectivamente, oscilaban entre su apoyo y su aversión al texto de la ponencia y se la pasaron deshojando margaritas.

Entre tanto el presidente Petro trinaba que el Decreto de la convocatoria de la Consulta popular “sólo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente son respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes”, lo cual fue interpretado como una presión indebida por parte del Ejecutivo al Congreso de la República, ignorando la separación y el equilibrio de poderes consagrado en la Constitución Política.

Mucho temió el inmolado en el holocausto del Palacio de Justicia el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Manuel Gaona Cruz, padre de Mauricio, que la Constitución llegara a convertirse en una “Carta a la carta”.

A este respecto, bueno es recordar que el gran jurisconsulto austríaco Hans Kelsen supo distinguir muy bien entre la legitimidad de origen de la legitimidad del ejercicio del poder, la cual se refrenda cotidianamente con los actos de gobierno. Y ello es lo que está en juego, la institucionalidad y la legitimidad en el ejercicio del poder.

El presidente Petro fue más lejos y llegó a plantear que “si el Senado avanza en lo ya aprobado por consenso en la Cámara de Representantes, firmaré la Ley de reforma laboral y se levantará la consulta popular”, pasando por alto el reciente fallo de la Corte Constitucional devolviéndole al Congreso de la República la Ley 2381 de 2024, que reforma el régimen pensional, para que retome su trámite en la Cámara, en la que en su momento se aprobó a pupitrazos, sin que mediara el debate de rigor del proyecto, al acogerse en la plenaria, sin discusión, el texto que venía del Senado de la República y aprobarlo en volandas.

Este novelón tuvo un final feliz: la Cámara de Representantes y el Senado de la República se pusieron de acuerdo, conciliaron el texto que fue aprobado en la Cámara alta y le impartieron su aprobación el mismo día en el que se clausuraban las sesiones de la penúltima legislatura de este Congreso y pasa a sanción presidencial, luego de lo cual el presidente Petro, por sustracción de materia, derogó el Decreto que convocaba la Consulta popular.

Así se pasó de la conciliación a la reconciliación y unos y otros, tirios y troyanos reclaman el triunfo de la aprobación del proyecto de ley de la reforma laboral.

Bien dijo el Libertador Simón Bolívar en carta dirigida a Rafael Urdaneta, el 16 de noviembre de 1830, un mes antes de su partida, que, ciertamente “construir un buen acuerdo es mejor que ganar mil discusiones”.

Según el presidente Petro, la Consulta popular “ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano, que es el pueblo”.

Pero, como en el verso de La Perrilla de Marroquín, en más de una ocasión sale lo que no se espera. En efecto, el presidente Petro arrió la bandera de la Consulta popular, para enarbolar ahora la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la que va a suscitar igual o mayor controversia que la que provocó la convocatoria de la Consulta popular.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.