Análisis del economista y exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta sobre el fenómeno devaluacionista de las monedas frente al dólar.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

16 de julio de 2022.   Primerofue la inflación galopante, que sobrevino en la cresta de la ola de la reactivación de la economía global, a consecuencia de la debilidad de la oferta frente a la mayor demanda y a la interrupción de las cadenas de suministros, en momentos en que el mundo no se terminaba de recuperar de la crisis pandémica de 2020.

A ello contribuyeron la escalada alcista de los precios de los commodities, especialmente de los energéticos. La invasión a Ucrania por parte de Rusia le sirvió de catalizador. La inflación en los EEUU en mayo alcanzó el 8,6% y en la Unión Europea el 8%, las más altas en más de 40 años. Entre tanto en Colombia el aumento anualizado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) al cierre de junio fue de 9,7%, el más alto en 20 años, con el agravante que para los estratos más bajos de la población dicho índice fue de 11,14%, casi dos puntos porcentuales más.

En el afán de frenar la inflación, los bancos centrales dieron un viraje pasando de una política monetaria expansiva a otra contraccionista, utilizando el incremento de las tasas de interés de intervención. Todos ellos se han visto compelidos a actuar con la rapidez del rayo y contundencia.

La Reserva Federal (FED) de los EEUU marcó la pauta con sucesivos aumentos de sus tasas, siendo el de junio de 75 puntos básicos el mayor en 28 años, hasta alcanzar el 8,6%, la más alta tasa en 41 años.

Por su parte, el Banco de la República elevó su tasa de interés de intervención desde el 4% en enero de este año hasta el 7,5% en junio, después de que por unanimidad la Junta del Emisor, con el propósito de “reanclar” las expectativas de inflación, decidió incrementarla en 150 puntos básicos.

Las medidas tomadas por la banca central aquí, allá y acullá le pusieron el freno de mano a la economía ralentizando su crecimiento y empujándola hacia una recesión.

La expectativa de un menor crecimiento de la economía ha terminado por destorcer los precios de los commodities debido a que se espera una menor demanda por los mismos. De hecho, el petróleo, que había alcanzado precios superiores a los US $120 el barril, en estos momentos fluctúa alrededor de los US $100, que sigue siendo alto pero su tendencia es a la baja.

Cuando apenas se empezaban a ver los primeros retoños de la reactivación, cada vez es más inminente un estancamiento de la economía con inflación (estanflación), que sería el peor escenario a nivel global.

La economía de los EEUU se contrajo -1,6 % en el primer trimestre de 2022, después de un robusto crecimiento de 6,9% en el último trimestre del año anterior. Ahora es la Reserva Federal de Atlanta la que, mediante su indicador GDPNow, que pronostica el comportamiento del PIB estadounidense en tiempo real, prevé una nueva contracción en el segundo trimestre de -2,1%. De darse esta proyección se cumpliría con la definición técnica de recesión, al decrecer la economía dos trimestres consecutivos.

Por lo demás, la multinacional financiera estadounidense Morgan Stanley le augura una recesión a la Zona Euro a finales de 2022, al tiempo que el Gobierno chino se ha fijado un objetivo de crecimiento para este año “en torno al 5,5%”, el más bajo en tres décadas.

Las altas tasas de interés decretadas por la FED, que se trasladan al rendimiento que ofrecen los bonos del Tesoro, torna estos más atractivos para los fondos de inversión, cuyos capitales como las golondrinas alzan vuelo desde los países emergentes hacia los Estados Unidos.

A ello se añade que, ante la inminencia de una recesión, dichos capitales buscan refugiarse en la divisa norteamericana, que es considerada moneda reserva. Ambos factores han influido en la apreciación del dólar frente a las demás monedas del resto mundo. Es de destacar que por primera vez desde que el Euro se estrenó como moneda de curso en la Unión Europea, el dólar llegó a superar la cotización del Euro.

Adicionalmente, la cotización del dólar y el precio del petróleo, que por décadas habían mantenido una correlación inversa, de tal suerte que si subía la cotización del uno bajaba la del otro, se divorciaron, pero nuevamente se ha vuelto a dar. Así que con la reciente caída del precio del crudo concomitantemente se ha dado también la apreciación del dólar, especialmente en países exportadores como Colombia, que ven menguados sus ingresos de divisas por este concepto. Huelga decir que todos los commodities ven afectados sus precios habida cuenta que están denominados en dólares.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La historia se repite. La crisis energética global que se precipitó con la invasión rusa a Ucrania y la respuesta de los países que integran la OTAN, encabezada por EEUU, guarda mucha similitud con la crisis energética en 1973, la cual tuvo como detonante la guerra del Yom Kipur.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

4 de julio de 2022.   Entonces como hoy se puso en riesgo la seguridad energética global y para conjurarla las grandes potencias y las multinacionales petroleras se vieron forzadas las primeras a diversificar su matriz energética y las segundas a diversificar su portafolio de inversiones para no poner todos los huevos en una sola cesta.

En efecto, se integró a la matriz energética el gas natural, que hasta entonces era visto en la industria petrolera como un estorbo, y el carbón, que había sido desplazado por el petróleo, ganó participación en la misma.

Por su parte, las empresas petroleras incursionaron en la extracción y comercialización de gas y carbón. Ello explica que los primeros desarrollos a escala industrial de explotación de gas natural y carbón en Colombia, a mediados de los años 70, se dieron de la mano de la Texas Petroleum Company, que se asoció para tal efecto con Ecopetrol e Intercor, filial de la EXXON, socia de la estatal Carbocol. Ambos en el departamento de La Guajira.

Ahora que estamos en modo Transición Energética, desde las energías de origen fósil hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), que pasa por la integración de estas a la matriz energética, por la electrificación de la economía y por la eficiencia energética, una vez más la industria petrolera ha entendido que esta reconversión no tiene reversa y por ello han venido incorporando a su portafolio de inversiones las FNCER.

Multinacionales como Shell, Repsol, Statoil, Pemex, BP, Petrobras, Total, Gazprom, Chevron y ExxonMobil, entre otras, están apostándole con cuantiosas inversiones para promover y desarrollar proyectos basados en FNCER. Ellas han entendido que no les es dable nadar contra la corriente, luchando contra esta nueva realidad que terminará por imponerse. Presionadas por el Acuerdo de París todas ellas están adquiriendo compromisos frente a sus accionistas y frente a la comunidad internacional de reducir su huella de carbono y el impacto de esta industria en el medioambiente y están empeñadas en acelerar su reconversión a las energías renovables.

La semiestatal Ecopetrol no se ha quedado atrás de esta tendencia de la industria y se ha fijado la meta de alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono hacia el 2050, alineándose con el objetivo que se trazó la COP26. Con tal fin puso en marcha su estrategia Energía que transforma.

Después de 65 años dedicada a la exploración, explotación, transporte, refinación y comercialización de crudos y sus derivados, Ecopetrol inició la transición energética hace unos 5 años y hoy es un grupo de energía integrado, con posiciones en renovables, hidrógeno, infraestructura y electricidad. Ecopetrol ha venido avanzando con paso firme en renovables y espera incorporar 400 MW en su matriz de suministro al 2023.

Según el presidente de Ecopetrol Felipe Bayón, “la Transición se observa en el camino que se trazó para ser carbono neutral en 2050, siendo la primera empresa del sector en Latinoamérica en adquirir ese compromiso. En los últimos dos años ya logró reducir 490 mil toneladas de C02. Además, ya vendió el primer cargamento de un millón de barriles de crudo pesado ´carbono compensado´ a China. Tres de las empresas del Grupo empresarial son carbono neutral (Cenit, ODL y Bicentenario)”.

Según la misma fuente, los negocios de bajas emisiones representarán entre el 30% y el 50% del Ebitda del Grupo Ecopetrol en 2040. De allí que en su plan de inversiones 2022-2024, que será por cerca de 70 billones de pesos, ya se contempla que casi el 20% se destine a la diversificación.

Otra contribución de Ecopetrol para alcanzar la meta de reducir el 51% de las emisiones de GEI hacia el 2030 a que se comprometió Colombia con la comunidad internacional y para la reducción de la contaminación del medioambiente, especialmente en los centros urbanos, ha sido la mejora de la calidad de los combustibles, a lo cual ha contribuido también la mezcla de los biocombustibles.

Ecopetrol ha cumplido con creces los requerimientos en este sentido del Documento CONPES 3943 de 2018, la Ley 1972 de 2019 y la Resolución 40103 de 2021, al entregar en sus refinerías gasolina con sólo 13 partes por millón (PPM) de contenido de azufre y ACPM con sólo 13 PPM.

Adicionalmente la gasolina que se expende en las estaciones de servicio contiene 84 octanos, que sube hasta los 88 gracias a la mezcla del 10% de etanol, que para el caso de la extra pasa de 95  y 98 octanos.

Además Ecopetrol está a la vanguardia, junto con Promigas, en el propósito de producir hidrógeno verde y azul con su proyecto en Cartagena en donde cuenta con el primer electrolizador, energético este en el cual proyecta invertir cerca de US $2.500 millones de aquí al 2040, en cumplimiento de la Hoja de Ruta del Hidrógeno trazada por el Ministerio de Minas y Energía.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Una oportunidad de negocio para los productores de crudo y gas es la generación de energía eléctrica, porque esta actividad se puede realizar sin limitación regulatoria a través de la autogeneración e incluso, dependiendo la fuente de producción, sin ningún límite regulatorio se puede realizar generación de energía térmica a partir de gas natural y desde otras fuentes primarias de energía.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

4 de julio de 2022.   La generación de energía eléctrica es la actividad que se puede realizar con diferentes fuentes primarias. Para el caso del petrolero lo ideal es que sea con gas natural por su cercanía con este energético, y si bien es cierto que cuando se realiza generación con gas natural existe una restricción para el productor de gas y petróleo, la misma regulación señala una excepción para la generación con gas. De manera que sí existe posibilidad de que un productor participe sin restricción alguna en la generación de energía térmica.

La generación de energía desde el punto de vista económico es una actividad de competencia, que ocurre entre las empresas generadoras por las ventas de energía eléctrica participando en el despacho económico en el mercado mayorista; pero no es el único ingreso que puede percibir porque puede participar en subastas del cargo por confiabilidad, obtener ingresos por prestar servicios complementarios, puede participar en el mercado secundario y también puede obtener ingresos a través de la comercialización de energía, por mencionar algunos de los esquenas de ingresos más destacados.

Ahora bien, debido a que nuestra regulación de energía es neutra en cuanto a la tecnología de generación, es viable participar en la actividad de generación con diferentes fuentes, me refiero a gas natural nacional o importado, gas licuado del petróleo nacional o importado y fuentes no convencionales de energía renovable.

Una de las oportunidades de monetizar el gas natural es la figura del cargo por confiabilidad, en donde vendrán reglas para que las plantas y/o unidades de generación existentes adquieren ingresos fijos por respaldo de más de un año. Para algunos casos será de 5 años y para otros de 10 años. Ahora bien, si la planta es nueva el ingreso puede ser de 20 años. Me refiero a un ingreso fijo mensual que se recibe aparte de la generación de energía.

Por esta razón, algunas de las plantas y/o unidades que hoy están en operación al interior de los campos productores se pueden optimizar y alistar para participar en las subastas.

No podemos perder de vista que para aprovechar los ingresos que provienen de la generación de energía la planta debe cumplir un atributo, y es estar conectada al sistema interconectado nacional, de lo contrario seguirá siendo un activo pasivo sin mayor aporte que el autoconsumo.

Para cumplir ese atributo existe un procedimiento de asignación de capacidad de transporte que tiene obligaciones exigentes pero que son objetivas, públicas y transparentes, de manera que si el activo tiene merito tendrá acceso a los ingresos que reporta la actividad de generación de energía eléctrica.

*Abogado en OGE Legal Services

El programa de gobierno del presidente electo Gustavo Petro desea acelerar la transición energética que necesitamos para lograr el objetivo de reducir en 51% las emisiones GEI a 2030 y la carbono neutralidad en 2050.

Por: DARÍO HIDALGO

1 de julio de 2022.   El transporte bogotano juega un papel muy importante en los objetivos de reducir emisiones y la carbono neutralidad. Bogotá ya inició la incorporación de flotas eléctricas en el transporte público y construye la primera línea del metro y las troncales de la Avenida 68 y la Avenida Cali, que serán de buses eléctricos (la capital solo puede licitar esa tecnología por decisión del Concejo). La Gobernación de Cundinamarca, por su parte, acaba de iniciar las obras del primer tren de cercanías, el Regiotram de Occidente.

En portafolio están el Corredor Verde de la Carrera Séptima (con e-buses), la segunda línea del metro, que eventualmente logrará la decisión definitiva de inversión en el actual gobierno nacional, así como el corredor Calle 13 que también tendrá corredor de transporte masivo (e-buses).

Un poco más atrás van la planeación del Regiotram del Norte y el Cable de San Cristóbal, en estudios de factibilidad, y a nivel de idea las líneas 3, 4 y 5 del metro, 14 corredores verdes y otros 5 cables, todo parte del Conpes de Movilidad Bogotá-Región. El nuevo gobierno será clave en el seguimiento de lo que ya está en marcha y la culminación de la planeación de lo que está avanzado.

Durante la campaña se plantearon dudas sobre la primera línea del metro y seguramente existirá alguna revisión, pero se esperaría que continuará sin contratiempos, así como las troncales y el corredor verde de la Carrera Séptima que hacen parte del paquete existente de recursos para transporte masivo en Bogotá.

Lo interesante será ver nuevas propuestas, más allá de la confirmación de la financiación para la Línea 2 y la Calle 13. Por ejemplo, apoyo al Regiotram del Norte y avance con otras líneas de metro y corredores verdes. En Chile, cada presidente suma proyectos, ese ejemplo es útil para nosotros acostumbrados a discutir lo que ya está en marcha.

El componente de transporte público debe complementarse con aceleración de la electrificación de flota del SITP. Los contratistas de 2010 tienen que reemplazar su flota, y de acuerdo con los contratos que dejó la administración de Samuel Moreno y Clara López, lo pueden hacer con vehículos convencionales. Para poder hacerlo con flota eléctrica requerirían apoyo financiero adicional. 

Además, están las flotas para las troncales y corredores verdes en proceso. Allí el Gobierno Nacional puede darle una mano a la ciudad y contribuir con el diferencial de costo total de propiedad (capital más operación) de forma que se siga avanzando en la electrificación del transporte público de la capital.

Ahora bien, la transición energética también debe cubrir el transporte de carga y los vehículos particulares (carros y sobre todo motos). Allí hay varias posibles líneas de apoyo desde el Gobierno Nacional: recursos para la chatarrización de flotas de camiones y volquetas para reemplazo de vehículos eléctricos en el componente de logística urbana (un poco más complejo en carga regional y nacional por problemas de autonomía de los camiones); continuidad y profundización de esquemas tributarios para la adquisición de motos y carros eléctricos; apoyo en el fortalecimiento de las redes eléctricas para que puedan atender la carga adicional, y puesta en marcha de sitios de carga rápida. También temas regulatorios para facilitar la implantación de redes y tarificación inteligentes. Puede ser interesante que Colombia ponga fecha final a la venta de vehículos de combustible fósil en nuestro país, por ejemplo 2035.

Otro lado de la transición está en el cambio modal: a nivel urbano pasa por infraestructura peatonal y de bicicletas segura al tiempo que se mejoran los servicios de transporte público (con apoyo financiero a la población más pobre para hacerlos asequibles). A nivel nacional la intermodalidad con redes férreas y fluviales (allí hay planes maestros y propuestas desde las regiones).

Por último, pero lo más urgente: el apoyo al déficit financiero del SITP que drena actualmente las finanzas distritales. El programa de gobierno habla de apoyo a cobro por congestión; eso está bien, pero se requieren fuentes nuevas, por ejemplo, un cambio en los impuestos de propiedad para que los vehículos más contaminantes paguen más. Ahora sólo se paga con base en el valor del vehículo, y no por su impacto ni en congestión, ni en uso del espacio público, ni en contaminación, ni accidentalidad.

Los principios indicados por personas cercanas al Pacto Histórico, como el exdirector del IDU William Camargo, muestran que esta agenda es cercana a las intenciones del nuevo gobierno.

Publicado originalmente en eltiempo.com

Las palabras de Fabio Valencia Cossio cuando se posesionó como presidente del Congreso de la República fueron premonitorias: “O cambiamos o nos cambian”. Y como no cambiaron, los cambiaron.

Por: AMILKAR D. ACOSTA*

25 de junio de 2022.   Los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial mandaron un mensaje contundente: el cambio es ahora. El resultado fue arrasador. El 68,5% de los ciudadanos votaron por el cambio, en contra del continuismo, contra la corrupción y las falsas promesas.

Vencedor en la primera vuelta presidencial y victorioso en el balotaje de la segunda, Gustavo Petro Urrego se erige en el cuarto presidente de la República oriundo del Caribe colombiano. Es también la primera vez que resulta electa como fórmula vicepresidencial una mujer afro, de la Colombia profunda, símbolo de la resistencia y auténtica representante de los nadie del escritor uruguayo Eduardo Galeano.

Ya en la primera vuelta el electorado se había pronunciado a favor del cambio y optó por el que propuso el Pacto Histórico. El primero en reconocer su triunfo fue su contendor Rodolfo Hernández, quien en una declaración que lo enaltece llamó al presidente electo “para felicitarlo por el triunfo y ofrecerle mi apoyo para cumplir las promesas de cambio por la que Colombia votó”.

Por su parte, el ex presidente Álvaro Uribe se pronunció y manifestó con una gran dosis de sindéresis y realismo que “para defender la democracia es menester acatarla. Gustavo Petro es el nuevo presidente. Que nos guíe un sentimiento: Primero Colombia”. De hecho, el presidente Petro invitó al expresidente Uribe y este aceptó reunirse para dialogar en torno al que podría ser un Acuerdo sobre lo fundamental, como lo planteó en su momento el inmolado dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. Ello es un buen presagio, así como la consolidación de la coalición de gobierno en el Congreso, que ya supera las mayorías necesarias para su gobernabilidad.

Petro, en su primer discurso después de los resultados que arrojó el preconteo, le tendió la mano a sus adversarios y reiteró su propuesta de un Acuerdo Nacional, con el objeto de restañar las heridas dejadas por la contienda e hizo un generoso llamado a la unión en la diferencia. Ello, además de plausible, resulta de la mayor conveniencia para el país y para el buen suceso de la gestión de gobierno en el próximo cuatrienio (2022–2026).

Bien dijo el ex presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy que “se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la mitad en contra”. Además de que, como lo afirmó el ex canciller chileno Gabriel Valdés, “en el sistema democrático el que ganó no puede destruir al que perdió, ni el que perdió puede hacer invivible la Nación tratando de destruir al que ganó”, sin llevarse de calle las instituciones democráticas del país.

En su primer discurso después de su elección, Gustavo Petro, para despejar y disipar dudas sobre sus reales intenciones y marcar distancia con el execrado Socialismo del siglo XXI, fue categórico en afirmar que “vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque se trata primero de superar la premodernidad en Colombia”. Y fue más lejos al afirmar que “no se puede redistribuir sin producir”.

Si lo interpretamos bien, su apuesta es por el Capitalismo progresista, denominado así por el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, “sustentado en una comprensión clara de los elementos que fomentan el crecimiento y el bienestar de la sociedad, que nos ofrece una opción para salir del lodazal y mejorar la calidad de vida de la población”.

A este respecto, vale la pena traer a colación la acotación del historiador Eduardo Posada a la obra el Liberalismo y sus descontentos de Francis Fukuyama. Resalta que, aunque en concepto de Fukuyama la democracia liberal y la economía de mercado siguen siendo “las mejores alternativas disponibles para organizar las sociedades humanas”, hoy, más que antes, defiende la intervención gubernamental, que no se puede confundir ni estigmatizar tildándola de intervencionista, dada la necesidad de “mayores regulaciones del sistema capitalista y mayor protección social”. Concluye Posada diciendo que “esa sería parte del destino de las democracias liberales que logren funcionar debidamente”. Con ello Fukuyama le corrige la plana al fracasado modelo neoliberal que relega al Estado al puesto trasero, propicia y promueve el capitalismo salvaje,  que tantos estragos sociales ha causado.

El mensaje del Presidente electo al país nacional fue, además de conciliador, tranquilizador y se comprometió a dejar atrás las estériles confrontaciones y la polarización, para abrirle paso al diálogo y la concertación, con respeto y garantías para la oposición. Y ello está muy bien, porque el nuestro es un país en donde rige un régimen presidencialista, en el que el presidente de la República está investido además como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa.

Este súper poder del ejecutivo sólo puede ser balanceado con el cabal respecto del sistema de los frenos y contrapesos, inspirados en la obra cumbre del Barón de Montesquieu El espíritu de las leyes (1748), en la cual hizo tanto énfasis en la importancia de que el poder debe ser controlado por el poder, para que evitar el autoritarismo.

Finalmente, digamos como colofón que lo que está en juego en este momento es la vigencia y el fortalecimiento de la democracia, y esta no se reduce a los ritos de elegir al primer mandatario del país y al legislativo cada cuatro años, se trata de preservar el equilibrio de los poderes públicos y sobre todo de ejercer democráticamente el poder.

El gran juisconsulto austríaco Hans Kelsen supo distinguir muy bien entre la legitimidad de origen de la legitimidad del ejercicio del poder, la cual se refrenda cotidianamente con los actos de gobierno. Es claro, además, que el ejercicio democrático de la ciudadanía no termina con el voto.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

En los últimos meses, y como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, el mundo ha vuelto a pensar sobre la seguridad energética. Adicionalmente, se ha observado un aumento en los precios de la energía y el consecuente aumento de los ingresos de los países exportadores y de los costos para los consumidores.

Por: RICARDO DELGADO*

3 de junio de 2022.   Ante la contingencia y el posible desabastecimiento de gas natural en Europa al cesar las importaciones desde Rusia, el carbón mineral ha suministrado parte de la energía que antes proveía el gas. Esto, sumado a la necesidad de sustitución del petróleo ruso, ha llevado a un incremento generalizado del precio internacional de los energéticos y al aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente en los países europeos.

Europa logró pasar el invierno 2021-2022 sin que la crisis del desabastecimiento energético la alcanzara, en gran medida porque las sanciones a Rusia no se ejecutaron en ese periodo y porque Rusia no cesó el suministro de energía. Pero ese equilibrio inestable no va a durar para siempre.

Esta coyuntura ha llevado al planteamiento de diferentes opciones de respuesta y a la visualización de impactos permanentes que podrían llevar a la modificación de los escenarios energéticos futuros. Una de las primeras discusiones tiene que ver con el aspecto de seguridad del abastecimiento y el eventual conflicto con el cumplimiento de las restricciones ambientales y de los objetivos climáticos de los diferentes países.

Alternativas de suministro energético

Respecto al caso europeo, una de las estrategias podría ser la de hacer permanente el uso de “emergencia” que se ha hecho del carbón como alternativa energética. Esto reñiría con el cumplimiento de los objetivos climáticos planteados, pero tendría beneficios en cuanto al aprovechamiento de las reservas locales y de las múltiples fuentes disponibles para la importación de carbón.

Un segundo escenario contempla la construcción de nuevas instalaciones para la importación de gas natural licuado (GNL) que podría comprarse a diferentes países en el mercado internacional, disminuyendo el riesgo de depender de una única fuente.

La tercera alternativa podría ser la sustitución del gas natural ruso con el desarrollo de las potenciales reservas de yacimientos no convencionales. Esta opción no es tan de corto plazo ya que depende del éxito en la identificación y desarrollo de esos yacimientos, pero de ser exitosa garantizaría la autonomía energética de la región.

Como cuarta alternativa está la construcción de gasoductos adicionales que permitan llevar gas natural importado desde puertos españoles y portugueses hacia el resto del continente. De esta manera, se podría utilizar la capacidad de regasificación de España y Portugal, además de su posición geográfica para importar GNL sin construir nuevas terminales.

Las cuatro alternativas pueden llegar a ser exitosas a la hora de garantizar la sustitución del gas natural ruso por gas de otro origen o por carbón mineral. El cambio en el origen del gas natural importado no es una solución de mínimo costo, de haberlo sido no se habría llegado a la dependencia del gas ruso como la fuente más económica.

La búsqueda de gas barato llevó a que Rusia fuera el proveedor principal de Europa. No es claro si en las cuentas que llevaron a definir que esa era la mejor opción, se incluyó el costo de la confiabilidad por depender de una única fuente.

El gas de yacimientos no convencionales europeo tiene un costo de producción que es alto si se compara con la alternativa de importación desde Rusia, lo mismo pasa con la importación de GNL. Sin embargo, es fácil ser profeta del pasado y concluir que de haber ponderado apropiadamente el costo de la dependencia de Rusia, las opciones de los yacimientos no convencionales locales y la importación de GNL podrían haber sido más favorecidas.

Una lógica similar se podría aplicar a la hora de ponderar las opciones de sustitución planteadas anteriormente. Disminuir la dependencia del gas ruso mediante la diversificación de fuentes de suministro de gas y el uso de carbón puede parecer la solución de mínimo costo si no se incluye el riesgo climático.

El inconveniente de las cuatro opciones planteadas anteriormente es que la primera va directamente contra los objetivos climáticos al sustituir un combustible por otro con mayores emisiones. Las otras tres opciones implicarían grandes inversiones en activos que correrían el riesgo de quedar varados si se quisieran cumplir los objetivos climáticos de mitad de siglo. Podrían ser inversiones que llevaran a un bloqueo de carbono en la región.

De hecho, algunos detractores de esas opciones argumentan que, en momentos en que Europa busca alcanzar la carbono neutralidad, la construcción de nueva infraestructura para el uso de combustibles fósiles no sería una buena señal hacia el cumplimiento de la meta. Pero sigue estando en juego la seguridad energética de la región.

Entre tanto, la opción más probable de inmediato plazo para mantener caliente a Europa durante el próximo invierno es el carbón. Invierno que coincidirá con las discusiones climáticas de la COP27.

Una quinta opción considera que la crisis energética causada por el gas natural y petróleo rusos podría acelerar la transición energética hacia la carbono neutralidad.

Finalmente, las fuentes renovables no convencionales de energía como la geotermia (con potencial para calefacción de espacios en Europa mediante bombas de calor geotérmicas), la energía eólica y solar, y el hidrógeno verde son todas locales y cumplirían el objetivo de suministrar la energía sin depender de fuentes extranjeras. Al mismo tiempo, los altos costos de los combustibles podrían acelerar el desarrollo de la electromovilidad y masificarla anticipadamente.

También se ha barajado la posibilidad de construir nuevos gasoductos que tengan la capacidad de transportar hidrógeno de manera que puedan ser reutilizados cuando el gas natural ya sea incompatible con el nivel de emisiones objetivo del futuro. Esta posibilidad surge como alternativa a la cuarta opción descrita y sería complementada con nuevas líneas de transmisión que conecten la península ibérica con el resto de Europa para aprovechar las complementariedades de los recursos solar y eólico en el continente.

El costo del incumplimiento climático podría ser subestimado como en su momento se subestimó el riesgo de depender del gas ruso.

La selección de la alternativa de mínimo costo debería hacerse incluyendo no sólo el costo de los julios de energía, sino también del costo de la seguridad y el potencial costo del incumplimiento climático.

Finalmente, Europa ha liderado al mundo y ha señalado el camino a seguir para estabilizar el clima. El mundo está pendiente de la selección que haga el Viejo Continente en momentos de escasez energética, altos costos de la energía y restricciones climáticas.

Esa misma encrucijada es la que países en vías de desarrollo enfrentan en la selección entre energía barata y confiable junto a la ambición climática. Veremos si el presente se prioriza sobre el futuro y si la restricción ambiental es de opcional cumplimiento cuando las cosas se ponen difíciles.

*Investigador del CREE

El objeto fundamental de la Ley 1715 es desbrozarle el camino a las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), para su integración a la matriz energética del país.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

14 de mayo de 2022.   El 13 de mayo pasado se cumplieron los primeros ocho años de la sanción de la Ley 1715 de 2014 “por medio de la cual regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”.

El proyecto de ley fue concebido y radicado por el senador José David Name Cardozo y como Ministro de Minas y Energía le brindamos todo el respaldo y el apoyo requerido en su trámite en el Congreso de la República.

Uno podría decir que la Transición Energética desde las energías de origen fósil hacia las FNCER tuvo su más importante hito en 2015, gracias al Acuerdo de París (COP21) y a la adopción de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), de los cuales el 7º propende por la “energía asequible y no contaminante”.

El Acuerdo de París fue ratificado por el Congreso y por lo tanto el compromiso de Colombia de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% hacia el 2030 es vinculante.

La CREG tardó casi cuatro años para establecer el marco regulatorio para poner en marcha la Ley y ello retrasó su implementación. Fue menester que el Ministerio de Minas y Energía expidiera el Decreto 570 en marzo de 2018, dándole un plazo perentorio de 12 meses tanto a la CREG como a la UPME para que tomaran las definiciones necesarias para integrar a la operación y medición del Sistema Interconectado Nacional los proyectos de generación de FNCER mediante contratos de largo plazo. Sólo así se pudo desatar el nudo gordiano, posibilitando las primeras dos subastas de renovables en febrero y octubre de 2019, en las cuales se asignaron 2.200 MW.

Desafortunadamente, la tercera subasta, que se llevó a cabo en octubre de 2021, en la que se asignaron 796.3 MW más, no tuvo la misma fortuna de las dos anteriores y su suerte está rodeada de incertidumbres que han imposibilitado su cierre.

Cabe advertir que la Transición Energética no se reduce a la inserción de las FNCER. Va mucho más allá. Además de la electrificación de la economía, apoyándose en las FNCER, hace parte también de esta estrategia la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono en toda la cadena, desde la generación, pasando por la transmisión, hasta la distribución y uso de la energía.

En última instancia, la Transición Energética se da en procura de garantizar la seguridad energética, robusteciendo, diversificando aún más la matriz energética y de esta manera tornándola más resiliente frente al cambio climático.

La Transición Energética cobró un renovado impulso con la expedición de la Ley 2099 del 10 de julio de 2021, también de la iniciativa del senador Name, dado que, además de reforzar y darle un mayor alcance a la Ley 1715 de 2014, amplió el espectro de sus beneficios incorporando a la matriz energética otras fuentes renovables tales como la energía geotérmica y el hidrógeno, amén de los incentivos y estímulos para la captura y almacenamiento de CO2, así como al almacenamiento a gran escala de la energía generada mediante el sistema de baterías. De esta manera Colombia se propone aprovechar y desarrollar el gran potencial del cual dispone de FNCER, calculado en 135 GW.

De hecho, hasta el momento ya están instalados y en operación los primeros 224.47 MW de potencia, tanto en autogeneración como en generación distribuida con base en energía solar fotovoltaica y 24 MW de energía eólica. Esta es la meta volante, pero la meta final es mucho más ambiciosa.

Además, ya se adjudicó el primer proyecto de gran almacenamiento de energía en el departamento del Atlántico, con una capacidad de 50 MW. Adicionalmente se trazó la Hoja de Ruta del Hidrógeno y se avanza en sendos pilotos para producirlo por parte de ECOPETROL y PROMIGAS, lo cual se constituye en el primer paso en la dirección de convertir a Colombia, particularmente al Caribe colombiano, en el gran hub energético regional en Latinoamérica y el Caribe.

Complementariamente, a comienzos de mayo, el presidente Iván Duque y su ministro de Minas y Energía Diego Mesa lanzaron en Barranquilla la bitácora para el despliegue de la generación de energía eólica costa afuera, en donde se ha identificado un potencial de 50 GW.

El Distrito de Barranquilla acaba de poner la pica en Flandes al concretar una alianza estratégica con la empresa danesa Copenhague Infrastructure Partners (CPI) para desarrollar un primer proyecto offshore de gran envergadura, con una capacidad de generación de potencia de 350 MW.

Finalmente, como lo recalca el Banco Mundial, ni los parques eólicos ni las granjas solares “existen en un vacío social. Como creaciones humanas, no pueden separarse de los entornos sociales y culturales en los que se diseñan, construyen y operan”.

Por ello es que yo insisto en la importancia de la Licencia Social, que no es otra cosa distinta que el consentimiento informado por parte de las comunidades asentadas en el área de influencia de los proyectos y ello pasa por “el diálogo social para involucrar y protegerlas”, ya que deben ser las primeras beneficiarias de los mismos, pues resulta inaceptable que haya luz en la calle y obscuridad en la casa.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de ACCE.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos entró en vigencia el 15 de mayo de 2012, luego del canje de notas por parte de los presidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama en el marco de la Cumbre de las Américas en Cartagena.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

8 de mayo de 2022.   Según el ex presidente Álvaro Uribe, el TLC tenía por objeto “abrir de manera permanente el mercado de los Estados Unidos para nuestros productos, a fin de generar empleo a partir de la inversión y generar recursos para erradicar la pobreza”.

Según el Departamento Nacional de Planeación, este TLC le permitiría a Colombia el acceso “privilegiado” al mercado más grande del mundo, habida cuenta que representaba el 20% del PIB mundial y el 11% del comercio mundial. Se trataba, según se dijo, de llegarle a 310 millones de consumidores con alto poder adquisitivo, con un ingreso per cápita de US $47.400.

La expectativa era aún mayor, toda vez que se esperaba que gracias al TLC con EEUU la economía crecería entre 0,5 y 1,0 punto adicional del PIB de manera sostenida, los ingresos tributarios se incrementarían entre 0,6 y 0,8 puntos del PIB. La inversión proveniente de los Estados Unidos se catapultaría. La tasa de desempleo también se reduciría por cuenta del TLC en cerca de 1 punto porcentual y se generarían 500 mil empleos en cinco años, al tiempo que la tasa de informalidad caería 2 puntos porcentuales.

No obstante, quien fuera ministro de Comercio durante el proceso de negociación del TLC, Jorge Humberto Botero, fue muy claro al advertir que “el acuerdo con EEUU abre oportunidades, pero no las asegura”.

Como ha dicho, una y otra vez, el experto Manuel José Cárdenas, “los tratados de libre comercio generan oportunidades de negocios, pero no los negocios… De nada nos servirá abrir mercados si no tenemos que exportar”.

En este punto cabe preguntarse a qué productos se les abrió “de manera permanente el mercado de los Estados Unidos”, como afirmó el presidente Uribe, si fue el propio Hernando José Gómez, jefe del equipo negociador, catalogado como el zar del TLC quien afirmó categóricamente: “por primera vez, desde la crisis de los años 30, Colombia tiene más acceso a mercados internacionales que oferta exportable”.

Se refiere al proceso de desindustrialización que sufrió el país a consecuencia del contagio de la enfermedad holandesa que trajo consigo el largo ciclo de precios altos del petróleo y el carbón (2003 – 2014).

Esta coincidencia de la entrada en vigencia del TLC y el auge minero-energético fue fatal para la industria y la agricultura, las cuales perdieron competitividad no sólo en los mercados externos sino en el propio mercado interno frente a las importaciones. De allí que la apertura a la que dio lugar este y los otros TLC que firmó Colombia fue hacia adentro y no hacia fuera, como era el propósito.

Traigo a colación dos ejemplos patéticos de marcas emblemáticas de la industria de la confección en Colombia: el caso de Arturo Calle, que pasó de ser reputado confeccionista a exitoso importador y comercializador de prendas de vestir extranjeras, mientras que el prestigioso hombre de empresa Hernando Trujillo, tras 48 años en el mercado, se fue a la quiebra y cerró sus tiendas. Ya lo había advertido el ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo: “la indigestión de los TLC que tiene el país va a terminar de destruir el aparato productivo colombiano”.

Por ello, no es de extrañar el deterioro de la balanza comercial de Colombia, que las exportaciones de Colombia hacia los EEUU que en el 2011, antes de la entrada en vigencia del TLC, alcanzaron los US $21.969 millones, en el 2019 llegaron a duras penas a los US $11.290 millones, para una baja del 50%.

Y cabe destacar que cayeron dramáticamente tanto las exportaciones minero energéticas (60%) como las no minero energéticas (19%), las primeras pasaron de US $15.961 millones a US $6.412.4 millones y las otras desde los US $6.008 millones a los US $4.878 millones. Los defensores a ultranza del TLC con los EEUU nos dirán, como en la fábula de Esopo, que las uvas estaban verdes.  

En el más reciente reporte del DANE y la DIAN, que corresponde al 2021, caracterizado por la reactivación de la economía después de la recesión del 2020, las exportaciones colombianas sumaron US $41.390 millones, para un incremento del 4.8% con respecto al año 2019, de la pre-pandemia y las importaciones US $56.649 millones, un crecimiento del 12.6%, casi el triple del crecimiento de las exportaciones frente al mismo año.

No aparece por parte alguna el “plus” atribuible al TLC, no es más que una falacia. Bien dijo Churchill que “el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo”.

Pues bien, esta misma capacidad de predicción deben tener los tecnócratas, quienes a diferencia de los políticos, que se tienen que someter al escrutinio y al juicio de sus electores, no asumen ninguna responsabilidad por sus fiascos, que como este del TLC tiene consecuencias económicas y sociales inconmensurables.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Nos unimos a la solicitud de Gasnova al Gobierno Nacional, de ampliar el subsidio del gas propano a todos los departamentos del país. Hay que evitar que se frene el ritmo de crecimiento del sector del GLP en Colombia, y mejorar la cobertura.

Por: JOSÉ DAVID NAME* 

7 de mayo de 2022.   La convulsión en los mercados internacionales del propano y el butano Mont Belvieu, y la alta tasa de cambio representativa del mercado (TRM) están impactando, sin contemplaciones, a la industria nacional de Gas Licuado del Petróleo (GLP), que desde el año pasado viene en una escalada de precios sin techo. Un escenario que amenaza los avances logrados en materia de cobertura para el uso del gas propano y la protección al medio ambiente.

Con un consumo que supera las 700.000 toneladas anuales, el GLP se ha convertido en un combustible de creciente demanda en el país, entre otras cosas, por sus destacados atributos dentro de la transición energética. Solo entre 2019 y 2021, 60.000 familias migraron al GLP, dejando de lado el uso de leña para la preparación de sus alimentos, según cifras del Ministerio de Minas y Energía.

Al ser un combustible que utilizan a diario 3,4 millones de hogares, es decir, 12 millones de colombianos, se trata de una problemática de gran envergadura con una afectación importante. Precisamente, son las familias de estratos 1 y 2 los usuarios que conforman el 71% del mercado, quienes serían los más afectados ante un desproporcionado aumento del gas propano.

Y es que los efectos de los elevados precios, que se han duplicado, ya se están percibiendo. Recientemente, la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova) alertó sobre la disminución en el consumo del combustible en el sector residencial. Según el gremio, entre agosto de 2021 y febrero de 2022 se presentó una reducción de 8,6%. Cifra que evidencia un retroceso para el país y una tendencia a la baja de la demanda, que debe ser atajada cuanto antes.
Si estamos como estamos, ahora que los distribuidores todavía cuentan con el descuento otorgado por Ecopetrol desde inicio de año, ¿qué pasará a partir de julio, cuando se suspenda el alivio y se le trasladen los costos al usuario final?. Tendríamos dentro de poco un escenario crítico para el sector del GLP en el país.

Así las cosas, resulta urgente que el Ministerio de Minas y Energía, de manera articulada con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), los distribuidores, los comercializadores y los gremios del sector, concrete la implementación de nuevas medidas, que conduzcan a evitar que las repercusiones negativas de la tendencia de continuo crecimiento del precio del producto afecte a los más vulnerables. También es perentorio que se logre disipar la incertidumbre en el mercado y se garantice la prestación continua, asequible y confiable de este servicio.

Nos unimos a la solicitud de Gasnova al Gobierno Nacional, de ampliar el subsidio del gas propano a todos los departamentos del país. Hay que evitar que se frene el ritmo de crecimiento del sector del Gas Licuado del Petróleo en Colombia, y mejorar la cobertura, para llegar a los más de seis millones de colombianos que todavía utilizan leña para cocinar, exponiendo su salud y afectando el medio ambiente.

*Senador de la República.

Llamo la atención de los candidatos presidenciales sobre la importancia de tomar en consideración en sus programas de gobierno la agenda de las regiones y sus asignaturas pendientes.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

30 de abril de 2022.   Colombia es un país de regiones, pero caracterizado por la centralización política y la concentración de los recursos por parte de la Nación.

Es tal la distancia entre el centro del país y la periferia, en donde está la Colombia profunda, que, al decir del líder indígena nasa Feliciano Valencia, está muy distante de Bogotá, que es donde está el centro del poder. Es tal el centralismo en este país, que mientras no llueva en Bogotá se asume por parte de quienes gobiernan que no hay invierno en el país.

Me permito poner sobre el tapete varias iniciativas, las que a mi juicio deben estar en la agenda de los aspirantes a ser inquilinos de la Casa de Nariño, por ser de interés estratégico para las regiones:

Hacer extensiva a las regiones productoras de recursos naturales no renovables (RNNR) y/o generadoras de energías renovables (FNCER), la aplicación de la Ley 1819 de 2017 y la Ley 1147 de 2020, que les permite a las empresas financiar y ejecutar obras en donde operan con cargo al impuesto de renta que deban pagar a la Nación, bajo la figura de Obras por impuestos.

Hoy, ello solo es posible en las zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC) y en los municipios en donde se implementan los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Esta sería una manera de compensar mejor a dichas regiones, que vieron afectados sus ingresos con el recorte de las regalías directas que venían percibiendo.

Este y los anteriores gobiernos han incumplido su compromiso de fortalecer el Sistema General de Participaciones (SGP), con el objetivo de aumentar las transferencias de recursos de la Nación hacia las entidades territoriales (ET), las cuales se vieron menguadas por los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007.

El Congreso facultó al Gobierno mediante la Ley 1962 de 2018, de fortalecimiento de las RAP, para crear una Misión de descentralización (integrada mediante el Decreto 1665 de 2021) para que la misma le recomendara una propuesta de proyecto de acto legislativo para reformar el SGP. Dicha Misión está en mora de presentar sus conclusiones y recomendaciones, para que el Congreso de la República a su vez las tramite. Hay que ir mas allá de las promesas.

Es urgente impulsar una reforma tributaria territorial, con el fin de fortalecer las fuentes de recursos propios de los departamentos y municipios del país. Entre los años 1990 y 2019 se han tramitado y aprobado por parte del Congreso de la República 17 reformas tributarias, en promedio una cada año y medio, todas, absolutamente todas, para arbitrarle recursos a la Nación, ninguna en beneficio de las entidades territoriales.

El Congreso de la República, a través de la Ley 1943 de 2018, autorizó al ejecutivo para que integrara una comisión de expertos para que recomendara los términos de una propuesta de reforma tributaria territorial, la cual le fue presentada al Gobierno hace más de 8 meses, sin que se haya avanzado un ápice.

Es urgente establecer una fecha límite para que la Nación le reintegre a las regiones los $14.8 billones, provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), de los cuales dispuso el Gobierno Nacional arbitrariamente para financiar el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para enfrentar la pandemia de la Covid 19, mediante el Decreto 444 de 2020.

Profundizar y acelerar la Transición Energética, que debe ser justa y equitativa. La Transición Energética debe ir de la mano de la transformación productiva para diversificar la economía y reducir su dependencia de la actividad extractiva. Tanto la Transición energética como la transformación productiva, así como los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) deben ser territorializados, aterrizándolos en las regiones.

A estos se debe sumar el cierre de la brecha digital (objetivo 18), ampliando la cobertura de la conectividad de internet, pues, la misma ha ampliado y profundizado la desigualdad social, su cierre contribuye a reducirla. Ello es inaplazable.

Es menester el fortalecimiento y puesta en marcha de una política de fronteras, la cual brilla por su ausencia, pues es letra muerta. Definitivamente el papel puede con todo. Por ello la gestión de la política de fronteras amerita contar con una Consejería al más alto nivel que se ponga al frente de la implementación de la Ley de fronteras, le haga un seguimiento e involucre a las regiones en su implementación, concertando e involucrando a las regiones en ella.

De la misma manera, se deben revivir y fortalecer las comisiones regionales de competitividad (CRC) y los planes regionales de competitividad (PRC) que sustentan la Agenda Interna para la Competitividad (AIC), qué hay que rescatarla de los anaqueles oficiales y actualizarla. Este es nuestro principal reto como país, que acusa un enorme rezago en productividad y competitividad, y ningún país puede llegar a ser competitivo si sus regiones no lo son.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.