Categoría: Opinión

Trump está reviviendo la doctrina Monroe y su lema “América para los americanos”, combinada con la estrategia revivida del Gran garrote del ex presidente estadounidense Theodore Roosevelt.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Luego de la intervención de los EE.UU. en Venezuela, deponiendo a Nicolás Maduro de la Presidencia, en su primera comparecencia ante la prensa después del cinematográfico operativo de su “extracción” y posterior traslado a territorio estadounidense, el presidente Donald Trump dejó en claro que necesitaba “acceso total al petróleo”.

La pregunta es por qué y para qué necesita los EE.UU. del petróleo de Venezuela, que, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), cuenta con las mayores reservas del mundo (304.000 millones de barriles).

El jefe del Departamento de Estado Marco Rubio fue más explícito sobre las intenciones de Trump: “No necesitamos el petróleo de Venezuela, tenemos petróleo de sobra”, eso sí, advierte que “lo que no permitiremos es que su industria petrolera quede en manos de adversarios de EE. UU, como China, Rusia o Irán”, manifestó. Para nadie es un secreto que de los 900 mil barriles/día de petróleo producido en Venezuela más de 700 mil se exportan a China.

La otra razón que subyace en dicha pretensión estriba en que no obstante ser el mayor productor de crudo a nivel global con 14 MMBD, importa 5,9 MMBD de crudo pesado, como el de Venezuela, teniendo sus mayores necesidades en sus refinerías ubicadas en la costa sur, para producir diésel, asfalto y combustible para su industria. Y esa es la calidad del crudo que se extrae en la franja del Orinoco en Venezuela. Por ello, ha mantenido su pica en Flandes, con la presencia de la empresa petrolera norteamericana Chevron, pese a las tensas relaciones entre EE.UU y Venezuela y las sanciones que les han sido impuestas.

Llama poderosamente la atención que ni Rusia ni China se inmutaron con los pasos de animal grande que ha dado EE.UU. en Venezuela, país este que presumía de su apoyo y respaldo. Es entendible que ellos no se la jueguen por Venezuela, nos lo explica el escritor William Ospina: “Ahora Rusia, con mayor razón, se sentirá autorizada a apoderarse de Crimea y del Donbás y a tener abierto de ese modo su salida a través del Mar Negro al Mar Mediterráneo. Y ahora China se sentirá autorizada a convertir en realidad geopolítica la doctrina de ´una sola China´, con la que ha gobernado por décadas su trato con el mundo entero y a ocupar Taiwán cuando llegue el momento”.

El secretario de Energía Chris Wright, en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami, manifestó que «vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado».

Pero para que estos planes se puedan llevar a la práctica se requiere de la cooperación de su contraparte, el supérstite régimen chavista y para ello el presidente Trump le mostró a Delcy Rodríguez el garrote y la zanahoria. Inicialmente, en tono amenazante, le dejó en claro que si no accede a sus pretensiones pagará “un precio muy alto. Si no hace lo correcto va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”. A lo cual ella se apresuró a responder, en su primer mensaje a la Nación como presidenta (E), dócilmente: “extendemos la invitación al gobierno de los EEUU a trabajar conjuntamenteen una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

Ello le viene como anillo al dedo a Trump y su política transaccional. Lo dejó claro con su advertencia de que “el dominio estadounidense en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo”. Por ello está reviviendo la doctrina Monroe y su lema “América para los americanos”, combinada con la estrategia revivida del Gran garrote del ex presidente estadounidense Theodore Roosevelt.

Luego sorprendió el presidente Trump al mundo al enviar un mensaje a través de su plataforma Truth: “Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, no sujeto a sanciones, a los Estados Unidos de América».

Por su parte, la estatal petrolera venezolana PDVSA expidió un comunicado en el cual “informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones que existen entre ambos países”. Estas tratativas entre los dos gobiernos dan por sentado que se levantarán las sanciones que desde 2019 impuso los EE.UU. a Venezuela y ello posibilitaría la reactivación de la industria petrolera en el hermano país.

En este escenario, cabe preguntarse cómo se afectaría Colombia. Actualmente se presenta en el mundo una sobreoferta de crudo en el mercado, la cual está empujando el precio a la baja, oscilando alrededor de los US $60 el barril, con una caída del precio BRENT, que es el que le sirve de referencia a la canasta de crudos que exporta Colombia, del 19% en 2025.

Hoy Venezuela produce alrededor de 1 MMBD, pero con este apoyo que ofrece Trump por parte de las petroleras estadounidenses, dicha producción podría escalar hasta los 3 MMBD. Esta mayor oferta acentuaría la tendencia bajista de los precios y lo más grave es que Colombia comparte y compite con Venezuela en mismo nicho de mercado, el de los crudos pesados.

De modo que el impacto para Colombia podría darse por partida doble, tanto por la caída de los precios del crudo como del volumen de sus exportaciones. No hay que perder de vista que Colombia por cada dólar que baja el precio del crudo deja de recibir $400.000 millones, aproximadamente, y por cada 10.000 barriles que deja de exportar se reducen sus ingresos en $301.000 millones.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El sueño de los EEUU es convertir a Venezuela en la Arabia Saudita de Occidente, claro está, en la órbita de su control e influencia y así depender menos del convulsionado Medio Oriente.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, cifradas, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 304.000 millones de barriles, por encima de Arabia Saudita, que cuenta, con 267.000 millones e Irán con 209.000 millones.

La producción de crudo venezolano, a través de la estatal petrolera PDVSA, alcanzó su punto más alto en 1997 con 3,45 millones de barriles/día, participando con el 17% de la oferta global. El año anterior a la asunción del poder por parte de Hugo Chaves Frías (1998) la producción de crudo en Venezuela rondaba los 3 millones de barriles/día. 

Entre 2010 y 2020 los precios del crudo oscilaron entre US $111,25 y US $41,96. El gobierno de Chaves se prolongó desde 1999 hasta su muerte en 2013, período este en jauja para su administración gracias a los altos precios del crudo, lo que le permitió ejercer una activa diplomacia del petróleo, mediante el programa Petrocaribe, ganando adeptos y apoyos entre los gobiernos de Centro América y el Caribe, a quienes favoreció con la entrega de crudo en “condiciones preferenciales de pago”, intereses subsidiados y la posibilidad de pagar en especie, con bienes y/o servicios. Luego se produce su relevo por parte de quien fuera su vicepresidente, Nicolás Maduro.

Bueno es hacer un parangón con Colombia, en donde se hizo popular el acertijo, tratando de establecer qué tan cerca estaba el punto de inflexión en el que la producción de crudo por parte de Colombia y de Venezuela se equipararían, en el primer caso subiendo y en el segundo a la baja.

Ello, en momentos en que la producción en Colombia alcanzó el millón de barriles/día durante los años 2013, 2014 y 2015 y para entonces en Venezuela la producción había caído hasta los 2,5 millones de barriles/día.

En efecto, diez años después, en 2023 se cumplió el vaticinio, sólo que en Colombia, al igual que en Venezuela la producción en lugar de crecer cayó hasta llegar a los 777 mil barriles/día y en Venezuela se situó en los 783 mil barriles/día.

Más recientemente la producción de Venezuela aventaja nuevamente a Colombia, al tener un repunte hasta alcanzar los 900 mil barriles/día en 2024 y alrededor del millón de barriles en 2025, mientras la producción en Colombia certificada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se ha estancado y registró, en promedio, 772 mil barriles/día en 2024 y 750 mil barriles/día en 2025.

En este contexto se da la intervención del gobierno estadounidense en Venezuela contra Maduro, concluyendo con un operativo cinematográfico que tuvo como desenlace el apresamiento del dictador, quien ha sido puesto a disposición de la Justicia de los EE.UU.

En su comparecencia ante los medios para dar cuenta del operativo, el presiente Trump afirmó que “haremos que grandes compañías de petróleo estadounidenses entren a Venezuela y gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura que está muy dañada y comiencen a ganar dinero para el país”.

Trump mencionó 26 veces la palabra petróleo en su rueda de prensa y afirmó que “necesitamos acceso total al petróleo”. No obstante, el jefe del Departamento de Estado Marco Rubio quiso matizar la declaración del Presidente al afirmar que “no necesitamos el petróleo de Venezuela, tenemos petróleo de sobra. Lo que no permitiremos es que su industria petrolera quede en manos de adversarios de EE.UU, como China, Rusia o Irán”.

Cabe preguntarse cuál es el interés que despierta en el Gobierno de los EE.UU, siendo el mayor productor de crudo del mundo con 14 millones de barriles/día, por encima de Rusia y Arabia Saudita, el crudo venezolano.

Venezuela, junto con Colombia y México es uno de los países con mayor potencial de crudo pesado, que se requiere para la dieta de importantes refinerías de los EE.UU en la costa sur, la cual demanda importaciones del orden de 5,9 millones de barriles/día.

El sueño de los EEUU es convertir a Venezuela en la Arabia Saudita de Occidente, claro está en la órbita de su control e influencia y así depender menos del convulsionado Medio Oriente. Así se explica que, pese a las sanciones impuestas a Venezuela por parte de EE.UU, la petrolera Chevron ha mantenido operaciones en su territorio, exportando su producción en sus propios buques a su casa matriz.

Colombia, dada su modesta producción y exportación de crudo, se mueve en el mercado petrolero como un corcho en remolino, es un simple tomador de precios y está a merced de la volatilidad de estos.

Actualmente la tendencia de los precios es a la baja, cotizándose por debajo de los US $60 el barril del Brent, dado que hay un exceso de oferta en el mercado, debido al relajamiento por parte de la OPEP de su estrategia de intervención en el mismo para contenerla y al impulso de la industria petrolera de los EE.UU con la llegada nuevamente de Trump a la Casa Blanca.

Tal tendencia podría acentuarse de llegar a estabilizarse y fortalecerse la industria del petróleo en Venezuela, con el apoyo e impulso augurado por el presidente Trump, con el agravante para Colombia que le toca competir con Venezuela el mismo nicho de los crudos pesados y extrapesados, viéndose afectado por partida doble: por las menores exportaciones y los más bajos precios.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de ACCE.

El salario mínimo debe crecer, como mínimo, en línea con la inflación causada, para evitar la pérdida del poder adquisitivo. Pero su incremento real solo es sostenible cuando está respaldado por aumentos en la productividad del trabajo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Al decir de José Manuel Marroquín en su poema La Perrilla, “es flaca sobre manera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera”. Pues bien, contra todo pronóstico, el presidente Gustavo Petro, mediante el Decreto 1469, expedido el pasado 29 de diciembre, reajustó el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 el 23.8%, el máximo desde 1993 que fue del 25%, superando con creces el rango en el que se movieron las propuestas de los empleadores, del 7.21% y de las centrales obreras, del 16%. Para ello adujo el presidente Petro que “el salario mínimo vital debe ser un salario vital familiar, que permita vivir con dignidad y no sólo sobrevivir”.

El salario mínimo para el 2026 se fijó en $1´7746.882, al cual se le viene a sumar el auxilio de transporte, de $253.118, para un consolidado de $2´000.000. No obstante, cuando se le suman los desembolsos que debe hacer el empleador por concepto de seguridad social y prestaciones sociales se eleva hasta los $2´975.614.

La Ley 278 es taxativa a la hora de establecer los parámetros a tener en cuenta para establecer el reajuste y el monto del salariomínimo legal: la inflación causada reportada por el DANE, la inflación proyectada por el Banco de la República para el año siguiente, la productividad laboral conforme cifra entregada por el DANE, el porcentaje de contribución de los salarios al ingreso nacional y el incremento del PIB, según la última cifra certificada por el DANE.

Desde luego, el salario mínimo debe crecer, como mínimo, en línea con la inflación causada, para evitar la pérdida del poder adquisitivo. Pero su incremento real solo es sostenible cuando está respaldado por aumentos en la productividad del trabajo. Pretender resolver problemas estructurales de pobreza y desigualdad exclusivamente mediante incrementos salariales es desconocer las limitaciones del mercado laboral colombiano y la elevada proporción de trabajadores que ni siquiera devengan el salario mínimo.

Además, no se puede perder de vista la concatenación del impacto que trae consigo el reajuste del salario mínimo legal, toda vez que son muchas las variables que están atadas e indexadas al mismo. Citemos algunos casos: aportes de aprendices al SENA, multas de tránsito, el SOAT, aportes obligatorios a seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales), tarifas notariales, los peajes en todo el país, así como las matrículas de escuelas, colegios y universidades.

 Un caso que llama poderosamente la atención es su devastador efecto en el costo de la vivienda de interés social (VIS), las cuales pasarán de costar $192´172.500 a $235´829.070. Es decir que los destinatarios de las viviendas de interés social, que no son propiamente los más pudientes, deberán endeudarse en $46 millones más para hacerse a una de ellas.

Como efecto colateral de esta insensata medida se terminará atizando la inflación, que se resiste a ceder y se mantiene por encima del 5%, alejándose en lugar de acercarse a la inflación objetivo del Banco de la República del 3%, lo cual ha llevado a su Junta, a pesar de las presiones del Gobierno en sentido contrario, a mantener la tasa de interés de intervención en 9.25%. Es más, la Junta del Banco Emisor se puede ver ahora precisada a incrementarla, lo que, desde luego, encarecería el crédito.

No hay que perder de vista que la inflación constituye el impuesto más regresivo, el que más afecta a los vulnerables, de manera que este incremento desproporcionado del salario mínimo legal simula dar con una mano a quien lo percibe lo que le arrebata con la otra. Metafóricamente, a quienes ganan el mínimo les están aumentando el tamaño de la cuchara mientras le reducen el plato de su ingesta diaria.

Hasta el propio Gobierno Nacional, que es el mayor empleador en el país,  se acaba de propinar un tiro en el pie, puesto que por cada punto porcentual del incremento decretado del salario mínimo legal incurre en un gasto adicional, que se deberá financiar vía Presupuesto General de la Nación, del orden de los $400.000 millones. El costo fiscal del alza desmesurada del salario mínimo será superior a los $9 billones. Y ello, en momentos en los que se alega por parte del mismo Gobierno a las “restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación” como razón potísima para declarar el Estado de Emergencia económica y social mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025.

Por las consideraciones anteriores, comparto en su integridad el atinado pronunciamiento de la presidencia de la Asociación de Facultades de Economía de Colombia (AFADECO) y coincido con esta en que, en las actuales circunstancias y advertidos de las consecuencias que se pueden derivar de una decisión que consideramos como un dislate y movida más por consideraciones políticas que por el rigor técnico, “el silencio no es neutral. Callar frente a decisiones que contravienen principios ampliamente aceptados de la disciplina no protege a los trabajadores, los expone”.

Bien se ha dicho que nos podemos olvidar de la economía y sus fundamentos, pero la economía nunca se olvida de nosotros.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

En un país donde los debates públicos suelen ser capturados por la polarización y la inmediatez, mi posición política se resume en una convicción profundamente humana y técnica: Colombia puede transformarse si ponemos en el centro la confianza, la geología y la energía. No como eslóganes, sino como pilares estructurales de un nuevo pacto social con el territorio y con nosotros mismos.

Por: FLOVER RODRÍGUEZ-PORTILLO*

Hablar de geología es hablar del país desde su raíz más literal. Es reconocer que nuestra historia, nuestra economía y nuestras oportunidades están inscritas en las rocas, los suelos, los volcanes, las montañas y las cuencas sedimentarias. Es entender que el subsuelo no es un enemigo, sino un libro abierto que nos explica por qué tenemos agua, por qué tenemos biodiversidad y por qué tenemos recursos energéticos que, bien gestionados, pueden financiar nuestro desarrollo sostenible como sociedad. La geología, lejos de ser una ciencia oculta, es la cartografía del desarrollo posible.

Pero la ciencia por sí sola no transforma naciones. La confianza es el mineral más escaso de Colombia. Sin confianza en las instituciones, en la información técnica, en las comunidades, en los procesos de participación y en la capacidad del país para hacer las cosas bien, cualquier conversación sobre energía o desarrollo será siempre un monólogo estéril. La confianza no se decreta: se construye. Se construye con datos, con presencia territorial, con diálogo activo pero respetuoso, con pedagogía y con una comunicación honesta que no infantiliza a la ciudadanía. Construir confianza no es una postura suave; es una postura política, profundamente política, porque redefine las reglas del juego democrático.

Y es ahí donde entra la energía. No hablo únicamente de petróleo, gas, carbón, eólica, solar, geotermia o hidrógeno. Hablo de un sistema energético como columna vertebral de la estabilidad económica, la competitividad, la adaptación al cambio climático y la seguridad nacional. Colombia no puede darse el lujo de improvisar su política energética ni de convertirla en un campo de batalla ideológico. Necesitamos rigor técnico, visión de largo plazo y una coexistencia de energéticos basada en evidencia y responsabilidad territorial. La energía no es un fin: es un habilitador del país que queremos.

Por eso sostengo que geología, energía y confianza no son temas sectoriales. Son la política —la buena política— que Colombia necesita. Una política que no teme hablar de complejidades, que reconoce que el territorio es diverso, que entiende que el desarrollo es tan social como técnico, y que asume que los ciudadanos no somos enemigos, sino aliados en la construcción del futuro.

Mi posición política es simple y contundente: Colombia se transforma si hacemos del conocimiento geocientífico, de una política energética seria y de la reconstrucción de la confianza social los tres ejes de nuestra conversación nacional. No hay camino más estable, más responsable y más honesto para enfrentar los desafíos de este siglo. Y no hay tarea más urgente.

*Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía.

En concepto de Luz Stella Murgas, presidente de NATURGAS, “el déficit de gas en firme seguirá aumentando en los próximos años si no aceleramos los nuevos proyectos que hemos identificado… Estamos operando al límite, no tenemos margen de maniobra si se presenta alguna contingencia, de la cual no estamos exentos.”

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El déficit de gas, que hasta ahora reconoce el Gobierno, ha obligado a su importación desde diciembre de 2024 para garantizar el cubrimiento de la demanda esencial.

Como era de esperarse, el precio del gas importado es mayor que el del extraído en el territorio nacional, que también ha subido de precio por la escasez y, como es apenas lógico, el mayor precio se termina trasladando al usuario vía tarifa por parte de las empresas comercializadoras.

En su momento, el ex ministro Andrés Camacho afirmó que esto último no podía darse. Sin embargo, a despecho de sus declaraciones, tuvimos a comienzos de 2025 un incremento en las tarifas de gas en el interior del país que osciló entre el 20% y el 36%.

Eso era previsible y no tenía por qué sorprender a nadie, esos polvos tenían que traer estos lodos. Lo que se está dando en este momento es sólo una escalada del alza de las tarifas de gas de comienzos de año en el interior del país, que ahora se extiende al resto del país a partir de diciembre de 2025, dado que los contratos que se habían firmado por parte de las empresas comercializadoras con sus proveedores llegaron a su fin y ahora los nuevos contratos incorporan el componente de gas importado a los precios a los que se cotiza en el mercado internacional.

El Alza anunciada para el gas vehicular es del 35%, para la industria del 28% y para gas domiciliario, en promedio, del 14%. Es de advertir que el alza no es mayor gracias a la revaluación del peso con respecto al dólar de 13.5%.

El ministro de Minas y Energía Edwin Palma reaccionó anunciando “decreto y Resolución para contener el alza y garantizar precios justos”, asumiendo que los actuales no lo son. Y fue más lejos al anticipar que se tomarán “20 medidas urgentes y estructurales para garantizar el abastecimiento en todo el país y frenar prácticas especulativas”.

De este modo, nos retrotraemos a las declaraciones del entonces ministro Camacho, quien se negaba a aceptar que había una escasez, un déficit de gas en el país y en su lugar, según el, se estaba dando una especulación por parte de algunas empresas que estaban acaparándolo. Le pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos que lo investigara y todo se quedó en anuncios y ningún hallazgo.

Huelga decir que la entidad competente para investigar las presuntas “prácticas  especulativas”, si hay lugar a ellas y sancionar a la empresas que incurran en las mismas es la Superintendencia, no el Ministerio de Minas y Energía. Y de contera, no hay que perder de vista que el principal jugador en el mercado del gas, por ser el mayor productor y proveedor de gas natural en el país, con más del 70%, es la estatal ECOPETROL, que vende el gas a los precios del mercado, no le es dable expenderlo a más bajo precio.

Además, como lo hemos advertido, debido a la tardanza de la CREG en expedir la Resolución 102 022 de noviembre 28, después de un año de espera, con la cual se facilita la importación y contratación de gas natural a largo plazo por parte de las empresas comercializadoras y de esta manera transarlo a precios más razonables, se vieron compelidas a comprar el gas en el mercado spot, a precios mucho más altos, mediante contratos trimestrales.

Así las cosas, no vemos cómo el Ministerio va a expedir “una resolución que permitirá que toda nueva oferta de gas nacional sea contratada a un precio justo y de manera inmediata, evitando presiones adicionales sobre la tarifa”, cuando los nuevos contratos ya están firmados y como decimos en mi tierra, después de rayo caído no hay magnífica que valga.

Ahora bien, lo urgente no nos puede llevar a perder de vista lo importante, que es garantizar el abastecimiento, en el entendido que la energía más cara es aquella de la que no se dispone justo en el momento que se requiere.

Para ello será indispensable importar mayores volúmenes de gas, para lo cual se requiere ampliar la capacidad de regasificación, hoy limitada a la SPEC en Cartagena, que ya está copada.

Se cuestiona por parte del presidente Petro el “haber dejado”, según él “a un monopolio privado la importación” de gas, cuando la realidad es otra. El llamado Grupo Térmico de la Costa, integrado por tres plantas generadoras (TEBSA, Termocandelaria y Celcia), la promovió con el fin de asegurarse el aprovisionamiento de gas y poder así cumplir con la oferta de energía en firme (OEF) que se derivaba de la asignación del tan denostado por este gobierno, cargo por confiabilidad.

Me correspondió como ministro de Minas y Energía licenciar su proyecto mediante las resoluciones 062 de 2013 y 022 de 2014. Esa es la explicación de que se instalara por la iniciativa privada y no pública, como la que se sugiere con suspicacia.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de las ACCE.

En su Comentario Económico del 4 de diciembre, ANIF señala que el país debe avanzar en una estrategia integral para garantizar un suministro confiable, competitivo y sostenible de gas natural en los próximos años.

Por: ANIF

Durante las últimas semanas, el sector gasífero en Colombia ha concentrado la atención pública debido a una serie de hechos que, en conjunto, revelan un panorama complejo para la seguridad energética del país.

La pérdida de autosuficiencia en gas, la crisis financiera de uno de los actores privados más relevantes (Canacol), y los ajustes regulatorios recientes introducidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ponen de manifiesto la urgencia de una estrategia integral que asegure el suministro presente y futuro.

Estos elementos convergen en un mismo mensaje: garantizar el abastecimiento de gas natural se ha convertido en una prioridad ineludible para el país.

En primer lugar, Colombia enfrenta un problema estructural de oferta de gas. El país dejó de ser autosuficiente y hoy debe recurrir a importaciones para garantizar la continuidad del suministro. Esto se refleja claramente en la evolución de las reservas probadas: en 2024 se estimó que eran de 5,9 años, el nivel más bajo en dos décadas.

La combinación de una demanda creciente, proyectos de exploración demorados y declinación en campos tradicionales ha acentuado esta vulnerabilidad. Proyecciones para 2028 indican que, con la expansión actual, la energía en firme disponible no será suficiente para atender los requerimientos del sistema, lo que subraya la urgencia de desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento, tanto locales como externas.

A este panorama se suma la situación de Canacol Energy, segundo productor de gas del país después de Ecopetrol y responsable del 10,2% de la producción nacional. La compañía atraviesa un proceso de insolvencia y falta de liquidez que la llevó a acogerse a mecanismos de protección de acreedores en Canadá y a solicitar su reconocimiento en Colombia. Su crisis genera preocupación no solo por su peso en el mercado, sino porque coincide con un período en el que la producción nacional ya enfrenta presiones significativas. Cualquier afectación en la operación de Canacol tendría repercusiones directas sobre la oferta doméstica, profundizando la dependencia de gas importado y elevando los riesgos sobre la estabilidad del sistema energético.

En este contexto, las recientes resoluciones de la CREG (Resoluciones No. 102 021 y No. 102 022 de 2025) representan una señal positiva para el sector. A través de ajustes normativos, la Comisión busca facilitar e incentivar la importación de gas, flexibilizando la contratación de suministro y de capacidad de transporte, y reduciendo barreras que históricamente habían limitado la entrada de moléculas importadas.

Entre los cambios más relevantes, se incluye la posibilidad de pactar nuevos eventos eximentes en los contratos de importación y la habilitación de mecanismos más ágiles para el mercado de transporte. Esta regulación envía un mensaje claro: ante la estrechez de oferta, es necesario contar con instrumentos que permitan complementar la producción local de manera eficiente y oportuna.

En conclusión: Colombia transita un momento decisivo en materia de seguridad energética. La pérdida de autosuficiencia en gas, las tensiones generadas por la situación de Canacol y la respuesta regulatoria de la CREG muestran que el país debe avanzar simultáneamente en tres frentes: aumentar la producción doméstica, asegurar mecanismos estables de importación y fortalecer la regulación para reducir vulnerabilidades. Solo así se podrá garantizar un suministro confiable, competitivo y sostenible en los próximos años.

La presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) hace un llamado urgente al gobierno para evitar un apagón en el país.

Por: NATALIA GUTIÉRREZ JARAMILLO*

El balance del sector eléctrico en 2025 es desalentador. Uno de los puntos más álgidos y en el que hemos insistido desde Acolgen es que, según el operador del mercado XM, los balances entre oferta de energía firme y demanda ya están negativos desde este año.

Un déficit de -1,6%, que tiene la tendencia de seguirse ampliando, amenaza la seguridad eléctrica de Colombia, esa seguridad que hemos mantenido durante más de 30 años, pero que, con las condiciones actuales en el sector eléctrico, está en riesgo.

Esto se da, principalmente, porque el consumo de energía eléctrica sigue creciendo en el país, pero la energía disponible en el sistema no crece al mismo ritmo. Los proyectos de generación de energía no están entrando en operación. El rezago viene desde hace varios años, lo que ha motivado que desde Acolgen hagamos múltiples llamados a tomar acción inmediata para garantizar la seguridad eléctrica del país.

El panorama es el siguiente: en 2021 solo ingresó en operación el 7% de la energía esperada; en 2022, el 28%; en 2023, el 17%; en 2024, el 25%, y en lo que va del 2025 solo ha ingresado 8,5%. Y esto ha ocurrido por conflictividad social en las regiones, demoras en los procesos de consulta previa, licenciamiento ambiental e inseguridad.

Además, circunstancias como cambios en las reglas de juego, intentos de intervención en entidades del sector, que siempre han tenido independencia técnica y operativa, y desincentivos a la inversión son algunos factores que han profundizado esta crisis que cada vez está más cerca.

Estas decisiones, en lugar de fortalecer el sistema, incrementan la incertidumbre y comprometen la confianza necesaria para asegurar nuevas inversiones. Su revisión resulta indispensable para recuperar la credibilidad del sector y garantizar el éxito de los próximos procesos de expansión.

Los retos son enormes y el trabajo articulado entre los sectores público y privado debería ser prioridad para sacar adelante un sector que ha funcionado en las últimas tres décadas y que ha mantenido encendido al país.

Las consecuencias de un desabastecimiento de energía eléctrica serían lamentables, por lo que hago un llamado urgente a la acción.

*Presidente de Acolgen.

El neurólogo y educador argentino Sebastián Lupina dice que “la pobreza tiene graves impactos sobre el desarrollo cognitivo y emocional”, que deja huellas, secuelas imborrables.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

De allí la importancia de la atención a la primera infancia, especialmente en sus primeroscinco años, que es cuando se da el mayor desarrollo del cerebro, del lenguaje, de la motricidad y del pensamiento abstracto que caracteriza al ser humano.

De allí que influya tanto en dónde y en qué condiciones se nace y se crece a esta temprana edad en el futuro que habrá de deparársele en la vida a ese niño que crece y se desarrolla, la mayoría de las veces enfrentando la adversidad.

Una población infantil afectada por el hambre y la desnutrición, como ocurre en muchas regiones del país, en especial La Guajira, no tiene futuro y si lo llega a tener es incierto. Superada esta etapa, insisto en que es crucial, como lo afirma la ex ministra de Cultura Paula Moreno, «la preparación nivela. La educación es fundamental y lo que he visto a lo largo de los años es que cambia tu historia, tu chip y te pone en otro lugar».

Y como lo pudo establecer el estudio realizado por el codirector del Banco de la República, Adolfo Meisel, “en el caso de los más pobres, la educación es la principal herramienta que les brinda la sociedad para mejorar sus condiciones de vida”. Pero, advierte que “no es suficiente con el acceso a la educación. Es necesario garantizar el aprendizaje a través de una educación de calidad”. La educación de calidad, entonces, es la clave.

Llama la atención el Informe de la OCDE en que existe una especie de determinismo asociado al origen de cada quien, pues “los niños cuyos papás no terminaron bachillerato tienen el 15% de posibilidades de llegar a la universidad, una cuarta parte de aquellos con al menos un padre que alcanzó la educación superior”. Por ello no es de extrañar la cifra que da la misma OCDE según la cual en Colombia sólo el 9% de los alumnos de las familias pobres llegan a la universidad, frente al 53% de las más ricas. Y a ello hay que añadir el alto grado de deserción universitaria, que supera el 50%, siendo las causas económicas, sociales e institucionales las causas prevalentes de la misma.

También en este aspecto, el del acceso a la educación, el campo muestra el mayor rezago. La OCDE plantea la urgencia de cerrar la brecha que existe entre la ciudad y el campo. Según cifras del Ministerio de Educación, mientras un colombiano que reside en la ciudad tiene un promedio de 9,6 años de educación, otro que reside en las zonas rurales apenas sí alcanza los 6 años.

Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, advierte que “todavía existe una gran desigualdad entre el sector rural y urbano en las escuelas de Colombia. Por eso el Gobierno debe asegurar mayores recursos y construir redes de escuelas que potencien la educación… Además, es necesario ejecutar inversiones para que los profesores mejoren sus carreras”.

El investigador alemán va más lejos y llama la atención en el sentido que “más allá del dinero, es necesario mirar qué tan eficaz es el tiempo que invierten los jóvenes en su educación. La escuela es la única oportunidad en la vida para formarse. Por eso es importante capacitar a los maestros”. El Gobierno y la comunidad educativa deben tomar atenta nota de estas recomendaciones y proceder en consecuencia tomando la educación como prioridad.

La Educación debe ser asumida como Política de Estado y dejar de estar al vaivén de los cambios de administración, sujeto al regateo para que se le asigne el presupuesto que se requiere tanto para ampliar su cobertura como para su mejoramiento continuo. Ello redundará, indudablemente no sólo en el cierre de brechas, en reducir la desigualdad, en la nivelación de la cancha, sino que además contribuirá también a la mayor productividad y competitividad del país.

El investigador Eric Hanushek, profesor de la Universidad de Stanford en EEUU, pone el dedo en la llaga al aseverar que “hay una variable que no aparece en la lista de indicadores macroeconómicos de coyuntura, pero que es uno de los determinantes más importantes del crecimiento económico de largo plazo. Se trata de los aprendizajes que alcanzan los niños y jóvenes en el sistema educativo, en especial en áreas fundamentales como la comprensión lectora y las matemáticas”.

Aparte del impacto social que tendría un redireccionamiento del aprendizaje en Colombia, también tendría su impacto positivo en la economía, elevando su crecimiento potencial. Según Hanushek, “si el sistema educativo colombiano garantizara a todos los jóvenes colombianos aprendizajes mínimos, la tasa de crecimiento económico de largo plazo se incrementaría en 0,7 puntos porcentuales por año”.

Proyecciones económicas estiman que, durante los próximos 12 años, la economía colombiana crecerá 3,7% anual para llegar a un ingreso per cápita de alrededor de 33.7 millones de pesos en 2030. Si el sistema educativo colombiano garantizara aprendizajes mínimos a todos los jóvenes que terminan la educación obligatoria, el país podría crecer al 4.4% anual y alcanzar un ingreso per cápita de 36 millones de pesos en 2030.

Definitivamente la educación es la clave para escapar de la trampa de la pobreza y para cerrar la brecha de la irritante desigualdad de ingresos que se abre cada vez más, en desmedro de la población más vulnerable.

Ello jamás se dará por generación espontánea, es necesario contar con una política, unas estrategias y un plan de acción consensuados que comprometa seriamente al Estado en sus distintos niveles.

Dada la magnitud del reto, esta no es tarea de un gobierno o de una administración, debe contar con las energías de todos para alcanzar unas metas de corto, mediano y largo plazo, que sean medibles, cuantificables y evaluadas periódicamente, con el fin de ajustar los medios para alcanzar tan loable finalidad.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La situación del sector energético colombiano tiende a gravarse, sin que se vislumbre una solución. El riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio de energía sigue latente.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Yo distingo el riesgo inmanente del riesgo inminente. En cuanto al primero, al depender de una matriz eléctrica en donde la capacidad instalada hídrica supera el 60%, estamos expuestos a un riesgo de racionamiento cuando nos enfrentamos a una hidrología crítica a causa del Fenómeno de El Niño, tanto más en cuanto que de los 24 embalses que le sirven a la hidroeléctricas solo uno de ellos, el de El Peñol, con el que opera Guatapé, tiene una capacidad de regulación que supera el año, el resto de ellos es de solo 4 meses. Este riesgo es tanto mayor dada la circunstancia de que actualmente tenemos un déficit del 1,8% de la Oferta de Energía Firme (OEF), el cual puede superar el 3% para 2026.

En cuanto al riesgo inminente, gravitan sobre el sistema dos factores determinantes. El primero de ellos es el estrés del Sistema de Transmisión Nacional (STN), debido al déficit de la OEF con respecto a la demanda, que crece a un ritmo que duplica el crecimiento de la oferta. Según XM, que administra el mercado mayorista y opera el STN, en este momento la OEF está en 237.55 KWH y la demanda en 241.89 KWH, esto representa un déficit de -1,8%, el cual será mayor el año entrante, estimándose en -2,5%.

Ello obedece, a su vez, al ostensible atraso en la ejecución de importantes proyectos tanto de generación como de transmisión, empezando por Hidroituango, que ha debido entrar en operación en 2018, pero debido a una contingencia que se presentó de sus 8 unidades, con capacidad de 300 MW de potencia cada una, hasta la fecha solo han entrado 4. 

Debido también a los 2.400 MW de capacidad de generación de energía eólica que fueron asignados en las subastas entre 2019 y 2021, parques eólicos a instalarse en La Guajira que hasta la fecha a duras penas ha entrado uno de ISAGEN de solo 24 MW, el 10%, equivalente al piloto Jepírache que instaló EPM de Medellín en el Cabo de la Vela hace 21 años.

El otro factor que amenaza con un riesgo de racionamiento inminente es la crítica situación financiera que afrontan las empresas comercializadoras de energía, debido fundamentalmente a la deuda de los usuarios por concepto de la Opción Tarifaria, cuyo saldo a septiembre de 2025 era de $2,5 billones, de los cuales el presidente Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la de los estratos 1, 2 y 3, que representa el 80% de la misma, pero hasta la fecha es una promesa incumplida. 

A ello se viene a sumar la deuda del Gobierno Nacional para cubrir los subsidios al consumo de los estratos 1, 2 y 3, que las empresas ya les descontaron y el Gobierno debe reintegrarles. Al corte de agosto la deuda ascendía a $2,4 billones. A ello se vienen a sumar deudas con las distribuidoras de gas natural de $760.000 millones y a las de GLP por $41.700 millones. Y lo más grave es que en el presupuesto de la actual vigencia solo se apropiaron los recursos para cubrir los subsidios del primer trimestre de este año. 

Es decir que la partida de subsidios para los tres restantes trimestres está desfinanciada. De tal modo que el faltante en el presupuesto de la actual vigencia asciende a $3,6 billones, de los cuales $2,7 billones corresponden a energía eléctrica. Entre tanto, para la vigencia de 2026, en el proyecto de presupuesto de $8.9 billones que se van a requerir el aforo es de sólo $7,5 billones.

Esta situación llevó a la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos de la empresa Air-e, que les presta el servicio a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira. La razón fue su insolvencia, iliquidez y falta de flujo de la caja, que la llevó a acumular deudas con sus proveedores por $1,9 billones, la cual quedó en suspenso su pago con la intervención y la contraída con posterioridad a esta ya asciende a los $1,7 billones, de los cuales $1,5 billones corresponden a la deuda contraída con las empresas generadoras por la energía que le han despachado. 

Entre tanto, la Superintendencia se ha cruzado de brazos, dice que el Fondo Empresarial que administra y que es la fuente de ingresos para las empresas intervenidas está también insolvente y por ello no le puede girar a Air-e ni un peso.

Tal situación llevó a los organismos de control (CGR y PGN) a pronunciarse alertando sobre el riesgo inminente de un apagón financiero de las empresas comercializadoras que puede dar lugar a un efecto dominó y conducir a una falla sistémica, que puede llegar a comprometer la prestación del servicio. 

La reticencia del Gobierno en girar lo que adeuda a las empresas comercializadoras y evitar el colapso de Air-e, a sabiendas del riesgo inminente de un racionamiento, lo lleva a uno a concluir que, imitando la política que tiene al sector salud en la UCI, estamos en presencia de una crisis inducida del sector eléctrico. La Superintendencia, con su inacción se ha convertido en parte del problema.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Ecopetrol se está debilitando financiera y estructuralmente, lo que implicará mayores costos de endeudamiento y la posibilidad de nuevas degradaciones, si no mejora su producción, flujo de caja y gobierno corporativo.

Por: JUAN ESPINAL*

La joya de la corona de los colombianos, Ecopetrol, no había enfrentado un debilitamiento institucional tan agresivo como el que sufre hoy bajo el gobierno de Gustavo Petro.

Una Junta Directiva politizada ha puesto en riesgo el gobierno corporativo y la credibilidad de la empresa. A esto se suman escándalos por presunta corrupción y tráfico de influencias protagonizados por el señor Ricardo Roa y su pareja, quien muchos consideran el verdadero poder detrás del trono. Y como si fuera poco, la absurda decisión ideológica del gobierno de abandonar la exploración de hidrocarburos y no firmar nuevos contratos ha socavado las bases técnicas y financieras de la empresa.

El deterioro ha sido tan profundo que hasta la emblemática iguana, símbolo de Ecopetrol, parece perder fuerza.

Este ha sido un gobierno incapaz de construir sobre lo construido. Todos los sectores productivos están golpeados por la improvisación y la falta de rigurosidad técnica en la toma de decisiones.

Me preocupa, especialmente, el debilitamiento de la seguridad energética del país. ¿Qué será de Colombia sin hidrocarburos, sin energía, sin minería? Nos están conduciendo hacia una pobreza energética sin precedentes.

Todo indica que la verdadera intención del gobierno es desmantelar Ecopetrol. Prueba de ello es la insistencia en vender la participación del 50% que la empresa tiene en el bloque Permian (Texas), junto a Occidental Petroleum (OXY).

Este activo es actualmente el más rentable del portafolio: produce 115.000 barriles equivalentes por día (el 15% de toda la producción del Grupo Ecopetrol), generando ingresos por $5,2 billones de pesos (alrededor de US$1.253 millones). Además, es el activo con menor huella de carbono en su portafolio. Sin embargo, el sesgo ideológico del gobierno está poniendo en riesgo este pilar estratégico de la empresa.

La continua politización de las decisiones energéticas, el cambio constante de reglas y la inseguridad jurídica están alejando a los inversionistas, con consecuencias graves en términos de rentabilidad, reservas y credibilidad.

La única forma de salvar a Ecopetrol es que el próximo presidente de la República tome la decisión audaz de autorizar el fracking en Colombia. Sólo así podremos estabilizar nuestras reservas probadas de gas natural y petróleo, y aspirar a replicar los modelos exitosos de países como Argentina y Estados Unidos, que pasaron de ser importadores a grandes exportadores de energía. De lo contrario, las cifras lo demuestran: la empresa más querida e importante del país será inviable.

En 2022, Ecopetrol reportó una utilidad neta récord de 33,4 billones de pesos, gracias a precios internacionales favorables, el buen desempeño de sus refinerías y la producción del bloque Permian.

Pero a partir de 2023, comenzó el declive. Las utilidades cayeron a 19,1 billones de pesos, una reducción del 42,8%. En 2024 bajaron aún más, a 14,9 billones (una caída del 21,7% respecto a 2023). Y en 2025, según el balance del tercer trimestre, Ecopetrol ha acumulado apenas 7,5 billones de pesos, lo que representa un desplome del 32% frente al mismo período del año anterior.

Las agencias de riesgo han encendido las alarmas. En 2024, Moody’s degradó la calificación de Ecopetrol de Baa3 a Ba1, sacándola del grado de inversión. Advirtió además que la empresa tendrá flujos de caja negativos hasta 2025.

En 2025, S&P redujo la calificación de BB+ a BB, con perspectiva negativa, debido al aumento de la deuda, una relación deuda/EBITDA superior a 2x y los riesgos en su gobernanza. Fitch, por su parte, cambió la perspectiva de estable a negativa, alertando sobre presiones financieras, riesgo soberano elevado y retrasos operativos.

Las tres calificadoras coinciden: Ecopetrol se está debilitando financiera y estructuralmente, lo que implicará mayores costos de endeudamiento y la posibilidad de nuevas degradaciones si no mejora su producción, flujo de caja y gobierno corporativo.

Sí, hasta con la iguana están acabando en el gobierno Petro.

Hoy más que nunca, urge salvar al país de las garras de la izquierda para poder rescatar a Ecopetrol y garantizar la seguridad energética de todos los colombianos.

*Representante a la Cámara por Antioquia.