Categoría: Opinión

Importar gas desde Venezuela no es algo que se parezca a soplar y hacer botellas. Esta noticia, que ha dado lugar a tanto alboroto, no pasa de ser un embeleco más.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
A pesar del empecinamiento y la tozudez del actual gobierno en intentar sin éxito importar gas desde Venezuela, desde una perspectiva política, técnica y financiera, importar gas venezolano es inviable. No obstante, una y otra vez, se insiste con terquedad aragonesa en esta alternativa.

Y si no fue posible cuando el presidente Biden flexibilizó las sanciones impuestas por parte de EEUU en octubre de 2023, dándole un respiro al gobierno venezolano, en aras de que en cumplimiento del Acuerdo de Barbados entre Maduro y la oposición para que se adelantaran unas elecciones presidenciales libres y democráticas, mucho menos ahora que el presidente Trump, de vuelta a la Presidencia, que mediante una Orden ejecutiva endureció las medidas, estableciendo un arancel del 25% al país que se atreva a comprarle petróleo o gas a Venezuela. 

Así las cosas, veo muy remota la posibilidad de que Venezuela sirva de fuente de aprovisionamiento de gas al país y causa extrañeza lo que ahora ha trascendido a través de los medios, que delata unas supuestas tratativas del gobierno colombiano con el venezolano, para tener los primeros despachos en diciembre de este año. Dicho intento solo lograría agriar aún más las relaciones comerciales y diplomáticas entre Colombia y EEUU.

Es más, para reactivar el contrato que firmaron los presidentes Chaves y Uribe en 2007 se requiere la anuencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que maneja el Departamento del Tesoro de los EEUU, a no ser que,  retando a Trump y su Orden ejecutiva, el Presidente Petro opte por la confrontación.
Por lo demás, Colombia le ha solicitado reiteradamente a la OFAC su aquiescencia con el propósito de que ECOPETROL pudiera avanzar en unos acuerdos con PDVSA y siempre ha recibido la callada por respuesta. Y no parece que, por lo menos en el corto plazo, vaya a cambiar de actitud.

Cabe preguntarse qué ha cambiado desde agosto pasado, cuando el ex ministro Camacho descartó la posibilidad de importar gas desde Venezuela, a hoy, para llegar a la conclusión de que lejos de su viabilidad las circunstancias políticas hoy, cuando el ambiente y el clima están más enrarecidos que enantes, lo descartan. 

De otra parte, hay que tener en consideración el impase que representa no contar hasta la fecha con la infraestructura requerida para el transporte de gas entre los dos países.

El gasoducto Antonio Ricaurte, inactivo desde 2015, está totalmente averiado, y recuperarlo requiere mucho tiempo y dinero, el que no tiene la quebrada PDVSA. 

Además, el mayor yacimiento de gas de Venezuela, Perla, en el bloque offshore Cardón IV, no cuenta con el gasoducto que empalme con el Antonio Ricaurte para transportar el gas desde el golfo de Coquivacoa, lo cual demanda tiempo y cuantiosas inversiones.

Además, la calidad de ese gas no cumple con las especificaciones del que se consume en Colombia, lo cual conllevaría la necesidad de montar una planta de tratamiento que también demandaría inversiones importantes.

En plata blanca, es cuantiosa la inversión requerida para contar con la disponibilidad de gas natural desde Venezuela y ni PDVSA ni ECOPETROL cuentan con el músculo financiero para asumirla.

Importar gas desde Venezuela, entonces, no es algo que se parezca a soplar y hacer botellas. Esta noticia, que ha dado lugar a tanto alboroto, no pasa de ser un embeleco más, una idea descabellada.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La perspectiva en materia de hidrocarburos es sombría y demanda una pronta rectificación de la política de marchitamiento prematuro de los mismos, como no lo ha hecho ningún otro país, excepto Colombia.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicó su informe anual sobre el Balance de Reservas/Producción de los Hidrocarburos, el cual era esperado con mucha expectativa, sobre todo después de que desde diciembre de 2024, por primera vez en 45 años, Colombia se vio precisado a importar gas natural para cubrir la demanda esencial, esto es, la requerida por las estaciones de compresión de la red de gasoductos, los usuarios residenciales, pequeños usuarios comerciales y el gas natural vehicular.

Analicemos el vientre de las cifras que nos trae este último reporte para desentrañarlas e interpretarlas desde la perspectiva de la dinámica de la actividad exploratoria, sus hallazgos, el comportamiento de las reservas, de su reposición y de la extracción de las mismas, así como su proyección hacia el futuro.

En materia de petróleo simplemente se detuvo la caída, pero las reservas probadas (pasaron de 2.020 millones de barriles a 2035 millones) siguen sin levantar cabeza. Pasar de una relación R/P de 7,1 años a 7,2 años es casi imperceptible.

Además, cabe advertir que si se produce menos duran más las reservas, que parece ser el caso (777.016 barriles/día en 2023 vs 772.7 barriles/día en 2024). Dicho de otra manera, en este “quebrado” de la aritmética en lugar de aumentar el numerador, que es lo deseable, disminuye el denominador y de allí el resultado que se pretende mostrar como “un aumento de las reservas probadas”, que es sólo aparente y sólo atribuible a “reevaluaciones” de los cálculos, no a descubrimientos nuevos.

Por ello, comparto el pronunciamiento de la Contraloría General cuando afirma que “aunque estas reevaluaciones ayudan a gestionar mejor lo ya encontrado y a retrasar la caída en autosuficiencia, no son una solución sostenible a largo plazo… Al cabo de unos años se agote esta opción y el país se vea abocado a importar permanentemente petróleo y gas”.

Y concluyó diciendo: “No actuar ahora implicaría poner en riesgo la autosuficiencia energética del país, justo cuando las metas de transición energética aún enfrentan serias limitaciones técnicas y financieras”.

La perspectiva en materia de hidrocarburos es sombría y demanda una pronta rectificación de la política de marchitamiento prematuro de los mismos, como no lo ha hecho ningún otro país, el cual se ha traducido en un desaliento de la actividad exploratoria y prueba de ello es la dramática reducción del número de taladros activos en el país, que están migrando a países como Guyana, Argentina y Brasil.

En cuanto al gas natural, las reservas probadas siguen en caída libre, nada que hacer. Cayeron 13%, al pasar de 2,37 terapiés cúbicos (TPC) a 2,06 TPC, y la relación R/P pasó de 6,1 años a solo 5,9 años.

Más preocupante aún que el petróleo, pero la versión oficial es que “se advierte un cambio positivo en la tendencia de los últimos años”, cuando, la verdad sea dicha, la tendencia en los últimos años ha sido la declinación de las reservas probadas y el 2024 no es la excepción sino que confirma la regla.

Para tratar de dorar la píldora y maquillar las cifras, que no mienten, se le da mucha relevancia al dato de las reservas posibles y contingentes cuando la verdad es que solo se puede contar con las reservas probadas. Cómo dice el adagio popular, más vale pájaro en mano que cien volando. 

La advertencia del contralor General Carlos Hernán Rodríguez es clara: “La limitada incorporación de nuevas reservas conlleva un riesgo inminente, al cabo de unos años se agote esta opción y el país se vea abocado a importar permanentemente petróleo y gas”.

Cabe destacar que en el afán de justificar la absurda e inconveniente decisión de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y de explotación de hidrocarburos, no obstante nuestras precarias reservas y la limitada producción, se concluye lo obvio: que, en el caso del petróleo “entre 2018 y 2024 la incorporación de nuevas reservas por proyectos exploratorios fue de 2,8% (50 millones de barriles), mientras que la incorporación a partir de la gestión de volúmenes conocidos fue de 94% (1.693 millones de barriles). Esto muestra que resulta más eficiente gestionar sobre los volúmenes ya descubiertos, en los contratos vigentes”. 

En el caso del gas natural, igualmente “la incorporación de nuevas reservas por proyectos exploratorios fue del 35% (201 GPC), mientras que la incorporación a partir de la gestión de volúmenes conocidos fue de 66% (385 GPC). Esto muestra que resulta más eficiente gestionar sobre los volúmenes ya descubiertos, en los contratos vigentes”. Esta treta es bien conocida: cuando no puedas convencer, confunde.

Mientras tanto, el Gobierno sigue con su cantinela de que aquí no hay escasez de gas ni necesidad de importarlo, y que el alza en los precios y tarifas no obedece a la diferencia entre el precio del gas importado (US $15 – US $18 el MMPC) y el del gas extraído en el país (US $5 – US $7 el MMPC), sino a la especulación por parte de las empresas y azuzando a la Superintendencia para que sancione a las empresas, sin fórmula de juicio, llevándose de calle principios tan caros al Estado de derecho como la presunción de inocencia y el debido proceso, los cuales están mediados por una investigación previa y al hallazgo y disposición de un acervo probatorio.

*Exministro de Minas y Energía miembro de Número de la ACCE.

Se suele hablar de la Transición Energética en singular, cuando la realidad es que estamos registrando la tercera transición.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La primera transición tuvo lugar cuando gracias al invento del motor de combustión interna, el petróleo y sus derivados desplazaron al carbón como combustible. Esto ocurrió a mediados del siglo XIX (1863 – 1893).

La segunda transición tuvo como detonante la guerra del Yom Kipur, en octubre de 1973, cuando por primera vez en la historia se utilizó el petróleo como arma de guerra, al decretarle los países árabes un embargo petrolero a los países de Occidente aliados de Israel, encabezados por EEUU.

Notificados de que dicho embargo podía llegar a repetirse y conscientes de que las mayores reservas de crudo se concentraban en el golfo Pérsico, las grandes potencias se propusieron blindar su seguridad energética diversificando su matriz energética. Y fue así como el carbón, que había sido desplazado por el petróleo, volvió a vivir su segunda juventud al integrarlo a la misma, y el gas natural, que hasta entonces sólo había sido un estorbo en la industria petrolera, también se integró a ella.

Por su parte, las grandes multinacionales petroleras, conocidas como las siete hermanas, entendieron también la inconveniencia de poner todos los huevos en la misma sesta y diversificaron el portafolio de sus inversiones. Y así se encontró el hambre con la comida.

En efecto, dos petroleras estadounidenses aterrizaron en Colombia, más exactamente en La Guajira, venían tras del carbón y el gas natural, una de ellas, TEXAS, se asoció con ECOPETROL (mayo 3 de 1974) para explorar y explotar el yacimiento de gas con las mayores reservas offshore, Chuchupa., Ballena y Riohacha, y otra de ellas, EXXON se asoció con la estatal CARBOCOL (diciembre 17 de 1976), a través de su filial INTERCOR para explotar a cielo abierto el mayor yacimiento de carbón de Latinoamérica (El Cerrejón).

Feliz coincidencia, porque justamente en 1975 Colombia pasó de ser exportador, por décadas, de petróleo, a tener que importarlo por la súbita declinación de sus reservas. Las reservas de carbón y gas se convirtieron en el paño de lágrimas para la Nación, convirtiéndose la región Caribe en la despensa minero – energética del país.

De no haber sido por ello, las afugias fiscales del Estado y su balanza de comercio exterior habrían sido mayores de lo que fueron.

Pues, ahora, cuando estamos en la tercera Transición Energética, que tuvo su largada con el Acuerdo de París (1975), y que tiene como propósito la descarbonización de la economía, nuevamente la región Caribe le tiende la mano a Colombia, toda vez que el mayor potencial de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), especialmente eólica, solar – fotovoltaica y la biomasa están allí.

Sobre todo, en momentos en los que en Colombia, según lo que revela el más reciente Informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas probadas de gas natural siguen cayendo, esta vez (2023 – 2024) el 13%, debido a la acelerada declinación de los mayores campos productores situados en La Guajira y en Casanare.

Concomitantemente con la caída de las reservas probadas, que pasaron de 2,37 TPC a 2,06 TPC, ha venido cayendo también la producción. La relación R/P pasó de 6,1 a 5,9 años, al tiempo que la producción bajó desde 1.170 MMPCD en 2023 a 970 MMPCD en 2024, y en 2025 ya vamos en 824 MMPCD.

Ello se ha traducido en un déficit de oferta de gas, que el Gobierno Nacional, con terquedad aragonesa se ha negado a aceptar, pues para él no se trata de una escasez sino de maniobras especulativas por parte de las empresas comercializadoras de gas natural.

Lo cierto es que, desde el 4 de diciembre de 2024, Colombia se ha visto en la necesidad de importar gas por primera vez en 45 años, para cubrir la demanda esencial, esto es, las estaciones de compresión, la domiciliaria, pequeño comercio, industria, el gas para los vehículos y las refinerías.

Por lo pronto se están importando 40 MMPCD (4% de la demanda), pero hacia el futuro el déficit y los volúmenes de gas importados serán mayores.

Se estima por parte de NATURGAS que este año el déficit de la oferta de gas se acrecentará hasta llegar al 7% y para los próximos años la cantidad de gas importado será del orden de los 190 MMPCD en 2026, 286 MMPCD en 2027 y 405 MMPCD en 2028.

Ello, desde luego, ya está teniendo un duro impacto en el bolsillo de los usuarios, toda vez que el precio del gas importado es mucho mayor que el del gas extraído en el territorio nacional.

En tales circunstancias, en las que tanto la seguridad como la soberanía energética están en tan grave predicamento, una vez más el Caribe colombiano, y La Guajira en particular, le tienden de nuevo la mano al resto del país, pues, hoy por hoy, la mayor apuesta de Colombia para recobrarlas está en Sirius, un enorme descubrimiento de gas costa afuera, cuyas reservas se comparan con las del campo Chuchupa en su momento y duplican las actuales reservas remanentes.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El Sistema Interconectado Nacional (SIN) se encuentra en máximo grado de estrés debido a la estrechez de la Oferta de Energía Firme (OEF), a causa del atraso en la ejecución de los proyectos tanto de generación como de transmisión.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Entre los proyectos de generación se destacan las 4 unidades de Hidroituango y 16 parques eólicos en La Guajira; en transmisión, la Línea Colectora, de la cual depende la inyección de la energía generada en los parques eólicos al SIN, cuya ejecución ya tiene 3 años de atraso.

La capacidad instalada de generación, según XM, que es la empresa que opera el SIN, es de 21.420 GW y, según un estudio reciente de Fedesarrollo, para 2028 se requiere contar con una capacidad de 29 GW. Pero al paso que vamos ello es imposible, no obstante la subasta de expansión que tuvo lugar en febrero del año pasado y las de reconfiguración recientes, así como la de expansión en curso. El atraso en la ejecución de proyectos de generación se estima en 3.500 MW, el 30% de la demanda nacional

Lo dijo con todo el énfasis que la situación amerita la presidente de XM, Nohemí Arboleda: “El 55% de los proyectos de expansión relacionados con las redes del STN y STR representan retrasos frente a su fecha de entrada en operación, y digamos la materialización de esos planes de expansión es clave para ese futuro que esperamos”.

Ello se traduce en lo que denomina la presidente de Asoenergía, Sandra Fonseca, en un “equilibrio inestable en el balance oferta – demanda existente”, a tal punto que según la presidente de ACOLGEN, Natalia Gutiérrez, “con base en las proyecciones de demanda anual de la UPME y las cifras de OEF publicadas por XM, se mantiene un déficit de energía firme negativo”.

Esta situación, ya de por sí preocupante, tiende a agravarse, toda vez que la controvertida Resolución de la CREG 101 066 de 2024, que cambia el mecanismo y establece dos techos para el precio de escasez, que por lo pronto es optativa, se tornará obligatoria a partir de los años 2028/2029, tienen un efecto perverso y disuasivo hacia las empresas que operan a carbón, las hidráulicas y las renovables y, en última instancia, en lugar de contribuir a bajar las tarifas de energía eléctrica las presionaría al alza ya que si entran deberán cobrar entre US$30 o US$35 frente a los US$18 que está actualmente el cargo por confiabilidad. Eso, al final del día, es más costoso para los usuarios, que son quienes terminarán pagando los platos rotos.

En cuanto a la transmisión, un comunicado de la empresa XM, responsable de la operación del SIN, fechado el 17 de julio de 2023, advirtió sobre “la existencia de condiciones de riesgo para la atención segura de la demanda en algunas partes del país: Guajira – Cesar – Magdalena, Córdoba – Sucre y Bolívar por sobrecargas de la infraestructura, dando lugar a desconexiones continuas de demanda”.

Y lo acaba de ratificar la Gerente General de la empresa Transelca, encargada de transportar la energía desde el interior a la región Caribe, Brenda Rodríguez: “Toda la costa Caribe está declarada en emergencia por agotamiento de las redes eléctricas. Esto lo estamos atendiendo con especial cuidado”.

La alerta no debería pasar desapercibida, porque de ella se sigue que está en riesgo la firmeza y confiabilidad de la prestación del servicio en toda la región Caribe.

Este racionamiento ha pasado inadvertido y con muy bajo perfil en los medios, debido a que este país es tan centralista que mientras no llueva en Bogotá, no se reconoce que hay invierno en el territorio nacional. Pero, ahora amenaza con extenderse a Bogotá, Cundinamarca y a toda la Sabana, debido también a la restricción en la oferta de energía a consecuencia del atraso de dos proyectos fundamentales que se requieren para transportar la energía desde Hidrosogamoso y Chivor. Y ello por no contar con la licencia ambiental para la instalación de las torres y el tendido de las redes de conducción. 

Dicho por el propio presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, “ya es un hecho que negocios importantes en la Sabana de Bogotá no logran tener acceso al servicio porque no hay suficiente energía”.

Es el caso de Falabella, que ante la negativa de la empresa ENEL Colombia de suministrarle la energía requerida para su Centro de Distribución (CEDI) inaugurado en Cota, Cundinamarca, uno de los más grandes en Latinoamérica, le tocó instalar plantas que operan con diésel. 

Según Mónica Cataldo, gerente de la red de distribución de ENEL, “tenemos unos retrasos básicamente por tema de licenciamiento o por oposiciones. Se tienen estudios por el crecimiento de la demanda para ver cuándo podría tenerse este momento crítico. Se estima pueda ocurrir desde 2026”.

Según ha trascendido, hay varios proyectos de vivienda en la Sabana aplazados por falta de disponibilidad del servicio de energía eléctrica. Si Bogotá, Cundinamarca y la Sabana, hasta ahora no han sido sometidas a racionamiento, como sí lo está desde 2023 la región Caribe, es porque el Sistema ha contado con Termozipa, térmica que opera con carbón.

Es una ironía que no se cuente con energía hídrica limpia proveniente de Chivor e Hidrosogamoso, a falta de licencia ambiental, y se tenga que suplir con energía térmica, altamente contaminante.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE. 

Colombia debe apostar decididamente por la energía firme, sin abandonar el avance ordenado hacia las fuentes renovables.

Por: JUAN ESPINAL*

El pasado 15 de mayo se llevó a cabo en Bogotá el 17º Congreso Anual de Energía, un espacio donde empresarios y expertos del sector sostuvieron un diálogo técnico y sincero sobre los retos que enfrenta actualmente el sistema eléctrico colombiano.

La conclusión es contundente: el Gobierno Petro, con sus decisiones equivocadas, ha generado una profunda inestabilidad e inseguridad jurídica en un sector esencial para la vida diaria de 52 millones de colombianos y para el funcionamiento de nuestra economía.

La doctora Natalia Gutiérrez, presidente de ACOLGEN, informó que la demanda de energía en 2024 ha crecido un 2,6%, lo que evidencia un crecimiento acelerado por encima de la capacidad de oferta actual.

Sin embargo, la ejecución de nuevos proyectos está prácticamente paralizada. ¿La razón? La lentitud en la expedición de licencias ambientales, los interminables procesos de consulta previa y, para agravar aún más la situación, la UPME no está aprobando los puntos de conexión necesarios para que los proyectos ya culminados puedan entrar en operación. En los últimos meses, el 95% de estos trámites han sido negados en la región Caribe. Es un saboteo institucional al desarrollo energético.

Uno de los temas que más preocupa —y con razón— es el abuso del mecanismo de consulta previa, que se ha desnaturalizado, hasta convertirse en una herramienta de chantaje.

Lo he dicho en múltiples escenarios del sector minero energético: la consulta previa, en muchos casos, se ha convertido en un mecanismo para extorsionar empresarios, frenar el desarrollo y espantar la inversión, tanto nacional como extranjera.

El caso de La Guajira es emblemático: allí se han desmontado y suspendido proyectos clave de energía solar y eólica, precisamente por falta de garantías jurídicas. Irónicamente, estos mismos proyectos son los que más necesita el país para avanzar en la Transición Energética.

Pero seamos claros: sin seguridad energética no hay transición energética posible. Necesitamos una matriz energética diversa y robusta. Fue precisamente gracias a la generación de las termoeléctricas y a Hidroituango que evitamos un apagón durante el fenómeno de El Niño en 2024. A pesar del saboteo y los ataques del Gobierno Petro, este gremio ha demostrado compromiso y resiliencia.

Hago un llamado a los jóvenes del país: imaginen por un momento que no puedan cargar sus celulares, consolas de videojuegos o hacer tareas escolares, y tengan que volver a la época de las velas, como ocurrió hace 32 años cuando Colombia literalmente se apagó. Sin energía no hay desarrollo, no hay educación, no hay economía.

Otro grave problema es la abultada deuda del Gobierno con el sector energético, el famoso “shu shu shu” también alcanzó a este gremio. Hoy se adeudan más de 7,5 billones de pesos, una cifra que asfixia a generadoras y comercializadoras. Solo a las termoeléctricas se les deben 900 mil millones y más de la mitad de esa deuda es con EPM y sus filiales. Además, la intervención de Air-e ha agravado la crisis del servicio en la costa Caribe. Cabe recordar que los 750 mil millones que se “ahorraron” con el hundimiento de la consulta de Petro bien podrían haberse usado para abonar esta deuda.

Colombia debe apostar decididamente por la energía firme, sin abandonar el avance ordenado hacia las fuentes renovables. Con este gobierno, simplemente no fue posible. Corresponderá al próximo presidente y al nuevo Congreso tomar decisiones ágiles y valientes que devuelvan la credibilidad y la seguridad jurídica al sector. Solo así recuperaremos la inversión y lograremos el equilibrio urgente entre demanda y oferta, que tanto necesita el país.

*Representante de la Cámara por el Centro Democrático.

La deuda oficial con las empresas comercializadoras de energía y gas, que ya asciende a los $7,6 billones, está en el centro de las preocupaciones del sector energético y también de los usuarios, por sus temores de que ello pueda derivar en un racionamiento.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La causa raíz de la deuda oficial obedece a que, después de que las distribuidoras le descontaron en sus facturas a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 el subsidio al consumo de energía ($2,7 billones) y gas natural ($628 mil millones), la Nación, que debe reintegrárselo se ha abstenido de hacerlo.

Adicionalmente, son muchas las entidades oficiales que están en mora del pago de la factura por la prestación del servicio ($1 billón). Finalmente, está la deuda por concepto de la Opción Tarifaria ($3,3 billones). El presidente Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, pero hasta la fecha es una promesa incumplida. 

Esta deuda, que se incrementa mes a mes, afecta la solvencia, la liquidez y el flujo de caja de las empresas comercializadoras. Ello llevó a la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos a la empresa Air- e, cuyo caso es solo la punta del iceberg, puesto que las demás empresas comercializadoras de energía y gas es similar.

Ello llevó a los organismos de control, Procuraduría y Contraloría General, en un pronunciamiento conjunto, a advertirle al gobierno nacional del riesgo de un apagón financiero y de un efecto dominó, ante la imposibilidad de pagar la energía contratada con las empresas generadoras, lo cual comprometería la prestación del servicio. 

Recordemos que Colombia tuvo un apagón, el cual le significó un racionamiento de hasta 10 horas diarias durante 11 meses, desde el 2 de marzo de 1992 hasta el 7 de febrero de 1993. Esa vez el apagón tuvo como causas la estatización del sector eléctrico, de tal modo que las inversiones estaban condicionadas por el espacio fiscal y presupuestal de la Nación y está a su vez tuvo que endeudarse hasta la coronilla para su financiación, llegando a representar más del 25% de la deuda total.

Otro factor que contribuyó al apagón, consecuencia del anterior, fue la falta de mantenimiento del parque de generación. Y, finalmente, más del 80% de la capacidad de generación era de origen hídrico, tornando muy vulnerable el sistema frente al Fenómeno de El Niño. Esa vez fue muy severo y duró aproximadamente 11 meses, desde marzo de 1992 hasta febrero de 1993. 

Las lecciones aprendidas de ese apagón dieron lugar a la expedición de la Ley eléctrica 143 de 1994: se dio paso a la participación, además del Estado y las comunidades organizadas (léase comunidades energéticas), de la empresa privada en la prestación de este servicio, tal y como quedó establecido en el artículo 365 de la Constitución Política de 1991, se diversificó la matriz eléctrica con la instalación de un parque térmico de generación, el cual representa hoy en día el 35%, se prohibió la integración vertical de las empresas y le dio vida a un órgano técnico independiente y autónomo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que en este gobierno se ha tornado inoperante, encargado de establecer las reglas de juego para el funcionamiento y operación del Sistema y velar por su cumplimiento. Y, concomitantemente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la única con rango constitucional (artículo 370), encargada de proteger a los usuarios. 

Gracias a esta arquitectura del Sistema, la cual ha sido muy bien ponderada por el Foro Económico Mundial (FEM), ubicándola en el top 10 a nivel global, Colombia es el único país en Latinoamérica que no ha tenido racionamiento de la prestación del servicio de energía en los últimos 30 años. Colombia ha enfrentado 5 fenómenos de El Niño sin apagarse.

Empero, estamos ante un riesgo inminente de racionamiento de energía, esta vez, a diferencia de 1992/1993, por el apagón financiero a que han estado expuestas tanto las empresas comercializadoras como las generadoras de energía. Así lo han manifestado ellas y sus gremios y lo han advertido a los organismos de control, pero lo que más preocupa es que de parte del Gobierno no se toman las decisiones pertinentes e inaplazables. 

Acaba de anunciar el director de Energía del MME Víctor Paternina, que “la deuda siempre la hemos reconocido, y por eso la orden del presidente Gustavo Petro es de ponernos al día con el pago de los subsidios en el corto plazo”, y terminó diciendo que antes de finalizar mayo el Gobierno Nacional se pondrá al día con el pago de los subsidios. Pero esta no es la primera vez que se hace este tipo de anuncios que quedan siempre como promesas incumplidas. De allí el escepticismo con el que se reciben. Amanecerá y veremos.

A la preocupación por la desazón que produce entre los usuarios el riesgo latente de verse privado de la prestación de estos servicios básicos, subsiste la que ha provocado la espiral alcista de las tarifas de la energía, que no se detiene, con el agravante del alza de otro energético, el gas natural.

En el interior del país los usuarios se vieron sorprendidos comenzando este año con alzas en las tarifas de gas entre el 20 y el 36%. Y como, según la Ley de Murphy, todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar, ahora resulta que, según un estudio de FEDESARROLLO, “si la mitad de la oferta proviniera de gas importado, el alza tarifaria, esta vez para todo el país, podría alcanzar el 44.6% en Bogotá, 44.9% en Medellín, 45.8% en Bucaramanga, 30.3% en Cali y 11.7% en Barranquilla”.

Y no hay que perder de vista que esta alza en las tarifas se traduce en más pobreza energética, dado que dificulta aún más el acceso a la energía, sobre todo a los más vulnerables.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La necesidad, el deseo y la fascinación por el hábito de escribir se conjugan para hacer de mis escritos una razón de ser y de existir. En mi obra siempre encuentra el lector una verdadera lluvia de ideas – fuerza, embrionarias unas, en fecundación otras, y las más en permanente estado de hibernación.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

A propósito de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBO), en la que pululan los libros y los autores y se atiborran todos los espacios con amantes de la lectura, me permito compartir con los lectores algunas reflexiones propias sobre el arte de escribir, empezando por citar a nuestro laureado premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez cuando dijo: “no me explico cómo hay escritores que no se dejan inquietar por algo que afecta y a veces determina la realidad en que viven”.

Una pregunta recurrente que uno se hace a sí mismo, sobre todo en los tiempos que corren, en los que priman la frivolidad y la trivialidad, productos de una gran frigidez intelectual, es para qué y para quién escribir, sin esperar el acostumbrado y esperado like de las redes sociales. 

En mi caso, me hecho a la idea de que lo que uno no escribe y publica no existe, escribir se me ha vuelto una necesidad imperiosa, tan perentoria como respirar; no me hallo sin escribir.

Cuanto más leo, me informo, aprendo y desaprendo, abrevando en las fuentes del conocimiento, más abrasadora es el ansia de escribir. Tanto más en cuanto que el conocimiento jamás será capaz de agotar la realidad, que siempre está en estado de mutación. Con razón dijo Heráclito que nadie se baña dos veces en las aguas de un mismo río, pues la realidad al igual que el agua fluye permanentemente.

A ratos, en mi diario discurrir, leyendo, analizando e investigando, siento una sensación que me lleva a evocar al Quijote cuando exclamó: “se va anchando Castilla delante de mi caballo”

La necesidad, el deseo y la fascinación por el hábito de escribir se conjugan, para hacer de mis escritos una razón de ser y de existir. En mi obra siempre encuentra el lector una verdadera lluvia de ideas – fuerza, embrionarias unas, en fecundación otras y las más en permanente estado de hibernación. La variedad de la temática, escrito en un lenguaje llano y simple, sin términos abstrusos e ininteligibles, hacen textos de consulta para legos y entendidos en distintas disciplinas del saber.

El tono de mis escritos es controvertido y controversial, crítico –al fin y al cabo, como dice Camus, el escritor, y yo no presumo serlo, no puede estar al servicio de los que hacen la historia, sino de quienes la sufren–, para nada dogmático y tienen por hilo conductor una línea de pensamiento fundada en los principios ideológicos con los que comulgo, imbuidos de una sensibilidad social, como buen socialdemócrata que soy. Siempre me he declarado como Churchilleano en política, orteguiano en filosofía y keynesiano en economía. Mis opiniones son mis convicciones.

Entre 1979, cuando vio la luz mi primer libro, La crisis energética y el petróleo en Colombia, y el 2025, cuando empezó a circular mi más reciente producción, La historia no contada del gas natural en Colombia, he escrito y publicado 50 obras. Y entre estas se cuenta una serie de Escritos, de los cuales ya se cuentan 24 volúmenes, en los cuales, a diferencia de los demás que versan sobre temas específicos, compendio columnas, artículos, opúsculos y ponencias en torno a asuntos muy variados, enfocados fundamentalmente en la economía, la energía, la minería, el medioambiente, la política y las regiones.

Me propuse hacerlo porque de otro modo se refundirían en el maremágnum de documentos que archivo, de tal modo que ni yo mismo volvería a dar con ellos.

Finalmente, quiero compartir con mis lectores una infidencia: me esmero tanto en lo que escribo, como en el modo, la manera y el estilo con que lo hago, pues al decir de Mario Benedetti “si la forma en que se escribe es torpe, perjudica en primer término al mensaje. Lo primero que hay que cuidar es la forma literaria”.

Al fin y al cabo, según la frase que se le atribuye a al naturalista francés Georges Louis Leclerc, conde Buffon, se dice sentenciosamente que el estilo es el hombre.

Coletilla: Les comparto la felicidad y la satisfacción que siento al haber sido honrado por parte del Banco de la República y su gerente Leonardo Villar, al recibir la donación que le hice a la Biblioteca Luis Ángel Arango de 5.400 volúmenes de mi biblioteca personal, la misma que me ha servido durante tantos años de manantial y abrevadero de conocimiento, para que ahora muchos más tengan la posibilidad de acceder a ellos.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La preocupación mayor estriba en el impacto de la descolgada de los precios del petróleo en la crítica situación de las finanzas públicas, particularmente de la Nación, que exhiben un descuadre descomunal.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Duro revés para Colombia la caída libre de los precios del petróleo. A comienzos de mayo se cotizaba a US $61.67 el barril, más de US $10 por debajo del precio esperado según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el precio base con el que ECOPETROL proyectó sus inversiones (US $73) para 2025.

Y por cada dólar que baja el precio se dejan de recibir $300 mil millones, en total $3 billones. Además, por cada dólar que baja el precio le dejan de ingresar al país US $16 millones en ingresos de divisas o sea US $160 millones, lo cual presionará aún más la devaluación del peso y de contera encarecerá aún más la deuda pública, que ya supera el 60% del PIB.

Desde luego el impacto de la estruendosa caída de los precios del crudo trasciende a ECOPETROL, pues tiene un efecto nocivo en el ritmo de crecimiento de la economía, en las finanzas públicas y en la economía misma, dada la importancia del oro negro en su dinámica, restándole fuerza e impulso.

Se calcula que por cada US $10 que baja el precio del crudo se afecta el crecimiento del PIB en -0.4 puntos porcentuales. Y recordemos que, según el DANE, el sector que tuvo el peor desempeño el año anterior, al punto que experimentó una contracción en su actividad y producción, con un decrecimiento de – 5%.

La preocupación mayor estriba en el impacto de la descolgada de los precios del petróleo en la ya de por sí crítica situación de las finanzas públicas, particularmente de la Nación, que exhiben un descuadre descomunal.

Venimos de un déficit fiscal el año pasado de 6.8% del PIB, el más alto en 20 años, muy por encima del 5.6% que había estimado el Marco fiscal de mediano plazo (MFMP). Y se prevé por parte de JP Morgan que este año a lo sumo bajará hasta el 6.1%, superior en todo caso a la previsión del MFMP del 5.1%. Y lo que es peor, el endeudamiento público está disparado, el año pasado registró el 61.3% del PIB. De manera que estamos ante un escenario que compromete seriamente la sostenibilidad fiscal.

Desafortunadamente, los precios siguen a la baja debido al fantasma de la recesión a consecuencia de la guerra arancelaria decretada por Trump y la mayor oferta de 400 mil barriles por parte de la OPEP.

Como se recordará, las utilidades de ECOPETROL cayeron 21.7% entre 2023 y 2024, al pasar de $19.1 billones a 14.9 billones, con precios promedio de US $82.5 y US $81 el barril, respectivamente. Y todo indica que esta tendencia de los precios se va a mantener por un largo rato.

De manera que si se mantiene la tendencia de la caída de los precios del crudo el resultado para 2025 serían el de un empeoramiento del desempeño de la empresa en lo tocante a sus utilidades, con el agravante que, debido al desplome de los precios, ECOPETROL se ha visto precisada a cerrar campos, dado que los mismos estarían por debajo del “umbral del dolor”, que se entiende como el punto de equilibrio entre costo de “levantamiento” del barril de crudo y su precio. Ello se traduce, como es obvio, en una menor producción, de lo cual se sigue que su impacto se daría por partida doble, por la baja cotización del precio del crudo y la reducción de los volúmenes extraídos y comercializados.

Por fortuna, la Junta Directiva de ECOPETROL desoyó los cantos de sirena del presidente Petro cuando manifestó que “yo quiero que se venda esa operación (el PERMIAN) para invertirlo en energía”.

En efecto, en abril pasado ECOPETROL y la OXY extendieron su asociación del Plan de Desarrollo del Midland en dicha cuenca. De otro modo ECOPETROL se hubiera dado un tiro en el pie y los resultados esperados serían peores, habida cuenta de que se estaría privando a ECOPETROL de un 15% de su producción, afectando de paso la relación reservas – producción (R/P) de la empresa. 

Aquí cabe advertir que la frustración del proyecto KOMODO es una oportunidad perdida, con su aplazamiento indefinido a consecuencia de la suspensión de la licencia ambiental y su posterior expedición de manera tardía y extemporánea, con el agravante de establecer unas condiciones que a juicio de ECOPETROL Y ANADARCO, su socio, tornan inviable el proyecto.

Este impase se añade al del proyecto OSLO, ubicado en la misma cuenca del PERMIAN en el que ECOPETROL venía avanzando en las negociaciones para la adquisición de una participación en la empresa CrownRock, de propiedad de su socio, la OXY, proceso que se truncó, en palabras del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, porque “el asunto es de coherencia… El petróleo sigue adelante, pero no con fracking”.

Definitivamente, la mayor apuesta de ECOPETROL y del país, en asociación con PETROBRAS, está en SIRIUS, cuyas reservas de gas se calculan en 6 TPC, equivalentes a más del doble de las reservas remanentes de gas con las que aún se cuenta, el cual está llamado a recobrar la seguridad y la soberanía energética del país, en este momento en grave predicamento. Pero su comercialidad tardará por lo menos hasta el 2029.

De manera que, para evitar un desabastecimiento, se tendrán que seguir importando volúmenes crecientes de gas natural, lo cual obligará a expandir, con urgencia, la capacidad de la regasificadora con que cuenta actualmente el país.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El carbón en Colombia, que representa el 56% del PIB minero y el 1,5% del total, y siendo el sexto mayor exportador de este mineral, después de Indonesia, Australia, Rusia, Suráfrica y EEUU, no está pasando por su mejor momento.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Como todos los commodities, los precios internacionales del carbón tienen un comportamiento cíclico, alternándose los precios altos con los bajos. Fue así cómo pasó de un mínimo de US $38,6 la tonelada en mayo de 2020, a la cima de su máximo histórico de los US $457,80 la tonelada en septiembre de 2022, aupado por la crisis que desató la invasión de Rusia a Ucrania y las consiguientes sanciones a Putin por parte de la OTAN.

Contrariamente a las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), lejos de aplanarse la curva de demanda de carbón a nivel mundial, en los tres últimos años esta viene de récord en récord, así: 8.350 millones de toneladas en 2022, 8.530 millones en 2023 y 8.771 millones en 2024. Y la AIE prevé que “la producción mundial se mantendrá estable en torno a los 9.000 millones de toneladas para 2027”.

De manera que mientras el presidente Petro, pensando con el deseo, afirma que según “las últimas cifras del DANE nos muestran que hay una caída del carbón; le echarán la culpa a Petro, pero es que el mundo ya no compra carbón”, para el director de Mercados Energéticos de la AIE, Keiduke Sadamori, si bien “el mundo está a punto de alcanzar un máximo en el uso de combustibles fósiles y el carbón será el primero en disminuir, aún no hemos llegado a ese punto”. 

Ello se explica en gran medida porque uno de los grandes consumidores de carbón como China tuvo en 2023 el mayor aumento en su capacidad instalada de energía desde 2016, con 44 GW netos (más del doble de toda la capacidad instalada de generación de Colombia), todos a carbón.

En total, en 2023 el mundo puso en funcionamiento 69,5 nuevos GW de generación a carbón y solo pasaron a mejor vida 21 GW. 

Como queda visto, el problema que afronta la producción de carbón en Colombia no obedece a la caída de la demanda, sino que sus exportaciones se han visto desplazadas de sus dos principales mercados. Del de EEUU, que era el primero, debido a la sustitución promovida por el presidente Obama del carbón por gas natural barato, gracias a la revolución de los esquistos; y del de la Unión Europea, el segundo mercado en importancia, en donde EEUU se nos convirtió en competidor. 

Le tocó, entonces, a Glencor, que opera El Cerrejón en La Guajira y Drummond en sus minas Pribbenow y El Descanso en el Cesar, que son los principales productores de carbón térmico, por fuerza de las circunstancias, migrar hacia el mercado asiático asumiendo unos mayores fletes, los cuales son críticos en este negocio.

Y mientras tanto, en Colombia, durante este gobierno, le aumentaron la carga impositiva, elevando sus costos operacionales y de contera afectando su competitividad. Así se explica que Colombia, después de exportar 90 millones de toneladas en 2017, en 2024 exportó 64,6 millones de toneladas, al tiempo que el precio cayó el 28% con respecto al año anterior.

La descolgada de los precios y los mayores costos en los que están incurriendo llevó a ambas empresas a ajustar su producción a la baja en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado.

Además, desde bien temprano, este Gobierno tomó la decisión similar a la industria de los hidrocarburos de darle un no rotundo a los nuevos proyectos de explotación de carbón a gran escala, máxime si es a cielo abierto, lo cual lo llevó a congelar los dos títulos mineros en el Cesar que le devolvieron al Estado PRODECO – GLENCOR, renunciando a la producción y exportación de 15 millones de toneladas, a lo cual se vino a sumar la absurda decisión de prohibir la exportación de carbón a Israel. 

Colombia, a propósito, se ha quedado con el pecado y sin la gracia, porque, si bien es loable el propósito de abstenerse de extraer y exportar carbón como una contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el mismo no se logra porque el consumo sigue creciendo y viene de récord en récord. Se cumple así la Ley de Keynes según la cual toda demanda crea su propia oferta. En consecuencia, el carbón que no extrae ni exporta Colombia lo extraen y exportan otros, nuestros competidores.

Con el marchitamiento prematuro de los hidrocarburos y el carbón, el país está renunciando a su principal fuente de financiamiento, no solo del presupuesto general de la Nación y de las entidades territoriales, sino también del financiamiento de la propia transición energética de la que tanto alardea, más de lo que hace, el Gobierno, porque, como solemos decir los economistas, no hay almuerzo gratis y la transición energética cuesta y siempre se ha dicho que las correas salen del cuero.

A propósito, en la Cumbre de Seguridad Energética que se realizó en Londres, el director Ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, dejó claramente establecidas tres reglas de oro para lograr la seguridad energética, y la primera de ellas es la que establece que “un sector como el energético, que requiere inversiones masivas y apuestas a muy largo plazo, no puede verse sometido a la continua alteración de las reglas de juego que se está produciendo en la actualidad”. Este es el caso de Colombia.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Colombia lleva más de 15 años estudiando y analizando los yacimientos no convencionales (YNC) como una alternativa para aumentar reservas de petróleo y gas.

Por: JUAN ESPINAL*

Tal como lo hicieron Estados Unidos y Argentina, los YNC les permitió lograr estabilidad y asegurar su soberanía energética. Sin embargo, en nuestro país, por decisiones ideológicas del petrismo, se suspendieron los dos proyectos piloto de investigación científica que buscaban explorar estas fuentes de energía.

El gas es una fuente energética crucial para los colombianos. Hoy, 36 millones de personas tienen acceso al gas natural en sus hogares, y el 84% de esos beneficiarios pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el gas natural representa menos del 1% del costo total de la canasta familiar de un hogar pobre, lo que lo convierte en el servicio público más barato que los colombianos pagan. En promedio, las familias de estrato 1 y 2 gastan entre $10.000 y $12.000 mensuales. La disponibilidad y el precio accesible del gas natural lo convierten en el energético con mayor aceptación social en el país. Sin embargo, las malas decisiones del presidente Petro han generado un aumento de hasta el 36% en su costo.

A pesar de estas dificultades, 1’001.212 nuevas familias han comenzado a recibir gas natural en sus hogares, sumando un total de 11,6 millones de hogares beneficiados. No obstante, aún queda mucho por hacer. Según datos de Naturgas, el reto es llevar este servicio a los 1,5 millones de hogares que aún dependen de la leña para cocinar, parte de los 8,4 millones de colombianos que viven en pobreza energética.

Las reservas de gas están disminuyendo rápidamente. Existe una correlación directa entre la perforación de pozos exploratorios y el volumen de reservas. De acuerdo con información de Campetrol, la perforación de pozos exploratorios y de desarrollo ha disminuido 61% (-53 pozos) y un 28% (-185 pozos) en 2024, respectivamente, en comparación con las cifras de 2022. Como resultado, la autosuficiencia de Colombia ha caído de 13 años a solo 6. Hace 20 años, perforábamos 120 pozos exploratorios al año.

En el Congreso anual de Naturgas insistí en que Colombia debe adoptar el fracking. Esta técnica nos permitiría aumentar nuestras reservas de gas de 2,3 TPC a 30 TPC, generando 14.000 empleos y ofreciendo estabilidad energética al país. Además, beneficiaría a los 12 millones de hogares que dependen del gas natural, así como a la industria, el comercio y a los más de 200.000 vehículos que funcionan con este energético.

El único que no ha comprendido, por su radicalismo ideológico, que el gas más barato es el producido en Colombia, es el presidente Petro. Las consecuencias de su negativa a suscribir nuevos contratos de exploración y producción son graves para los colombianos, especialmente para los más vulnerables. Su postura también está ahuyentando la inversión, en un sector que requiere años para dar frutos.

Reflexión final: No es posible que un país tan rico en recursos naturales como Colombia no pueda prosperar, todo por culpa de unos ideólogos que han decidido acusarnos de querer destruir el mundo. Más perjudicial que el gas, el petróleo o el carbón, es la ideología destructiva que se opone al desarrollo y al progreso.

*Representante de la Cámara por el Centro Democrático.