¿Qué necesita Colombia para ser un hub de infraestructura digital?

Bogotá y la Sabana concentran la mayor parte de la capacidad instalada de centros de datos en el país, impulsados por proyectos de gran escala y nodos estratégicos de conectividad.

Colombia atraviesa una etapa de expansión de su infraestructura digital, impulsada por el crecimiento de la nube, la inteligencia artificial y otros servicios tecnológicos. El desafío ahora es determinar qué condiciones necesita el país para acompañar esa demanda y atraer proyectos de mayor escala.

Este escenario forma parte de una transformación que alcanza a toda América Latina. Para Luis Santamaría, líder del segmento de Cloud & Service Providers en Schneider Electric, la región vive “una de las mayores expansiones de infraestructura digital de la historia” y empieza a convertirse en un destino estratégico para inversiones vinculadas con estas tecnologías.

Colombia cuenta con más de 20 centros de datos que superan los 100 MW de capacidad instalada proyectada y en servicio, posicionándose como el tercer mercado más importante de Suramérica, aunque todavía con espacio para cerrar la brecha frente a referentes como Chile (que supera los 250 MW) o Brasil (que bordea los 900 MW). Esta diferencia muestra el margen que existe para ampliar la infraestructura digital del país.

Bogotá y sus alrededores concentran la mayor infraestructura

Bogotá y los municipios aledaños de la Sabana (como Cota, Tenjo y Tocancipá) reúnen más del 70% de la potencia instalada en el país. La disponibilidad de terrenos amplios, parques industriales bien estructurados y el acceso a infraestructura de energía de media y alta tensión han favorecido el desarrollo de proyectos de colocation e hyperscalers de gran escala, sumados a nodos emergentes en Medellín y la Costa Caribe.

Además, la Sabana de Bogotá concentra condiciones para ampliar esta capacidad a futuro. Este factor será cada vez más relevante a medida que aumenten las cargas de IA. Santamaría explica que estas son más impredecibles, requieren mayores niveles de energía y generan mayores exigencias de refrigeración.

El cambio también se refleja en la densidad de los racks: de niveles tradicionales de alrededor de 10 kW se está pasando a instalaciones que superan los 50 kW y, en algunos casos, alcanzan los 100 kW. Por ello, el desarrollo de nuevos centros de datos requiere considerar desde el inicio no solo el terreno, sino también la capacidad eléctrica y las posibilidades de expansión.

Energía y refrigeración: dos desafíos para la IA

Uno de los principales retos será contar con una infraestructura eléctrica capaz de acompañar estas mayores densidades. “Los retos principalmente los vemos en el tema energético, no solo desde el punto de vista de generación, sino también en transmisión y distribución eléctrica”,señala Santamaría.

A esto se suma la necesidad de desarrollar capital humano especializado para diseñar y operar estas nuevas arquitecturas. El ejecutivo identifica la brecha de especialistas como otro de los desafíos que debe abordar la región.

La mayor densidad de procesamiento también exige nuevas capacidades de refrigeración. La refrigeración líquida tendrá un papel cada vez más relevante en las cargas de IA, aunque su incorporación dependerá de las características y proyecciones de cada centro de datos.

Diseñar hoy pensando en las cargas de mañana

Energía, refrigeración e infraestructura tecnológica deben pensarse de manera integrada para evitar que alguno de estos componentes se convierta en una limitante para la expansión.

La eficiencia será otro factor determinante. Para Santamaría, “la única forma que la inteligencia artificial escale de manera sostenible es construyendo una infraestructura cada vez más eficiente. La sostenibilidad ya dejó de ser un complemento y hoy es un requisito de diseño”.

Para Colombia, el desafío será articular las condiciones que ya favorecen el crecimiento —ubicación estratégica, mayor demanda interna y disponibilidad de parques industriales—, aunque falta contar con energía suficiente y confiable, tecnologías de refrigeración adaptables y talento especializado.

Se proyecta que los ingresos del mercado colombiano de data centers superen los US$450 millones hacia el final de la década, lo que refleja el espacio que todavía existe para el desarrollo del sector.

Colombia da giro de 180 grados en política minera

Por lo escuchado en la instalación de la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026, realizada en Bogotá el 28 y 29 de octubre, el país dará un giro de 180 grados en los próximos meses en materia minera.

Acertadamente, el lema del certamen fue: ‘De la ideología a la soberanía’. Y es que después de cuatro años en que el gobierno Petro le declaró la guerra a los hidrocarburos y a la minería legal, especialmente al carbón, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, anunció que el Gobierno se empleará a fondo para restaurar la importancia del sector en la economía nacional y atraer nuevas inversiones, con miras a recuperar niveles de producción con vocación exportadora y para contribuir a la seguridad energética.

Carlos Cante, presidente Ejecutivo de la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón), señaló que en el gobierno anterior se legisló y se promulgó una serie de medidas “que lo único que pretendieron fue claramente el marchitamiento temprano del sector”.

Entre esas medidas anotó la no deducibilidad de las regalías, la sobretasa de renta para los carbones y el aceleramiento en la aplicación del impuesto al carbono, que llevaron al sector a una tasa de tributación efectiva de más del 80 por ciento.

“El plan nacional de desarrollo pretendió prohibir los nuevos títulos mineros de carbón y promover medidas para la salida temprana de la industria y, desde ese momento, se empezó a configurar una reforma ideologizada al Código de Minas, así como la creación de una empresa estatal: Ecominerales”, agregó Cante.

Además, la prohibición de exportaciones de carbón a Israel, también por prejuicios ideológicos, y el cierre del Muelle 13 en Buenaventura terminaron de minar la confianza comercial en el país y las empresas.

Las cifras muestran el tamaño del daño

En 2022 el país producía cerca de 68 millones de toneladas anuales y en 2025 estuvo alrededor de 51 millones. Los ingresos por exportaciones de carbón y coque cayeron de cerca de 12 mil millones de dólares en 2022 a menos de cinco mil millones en 2025.

Por su parte, los volúmenes de carbones y coque movilizados desde el interior hacia los puertos cayeron de 8,3 millones de toneladas en 2022 a 7,1 millones en 2025 y, con datos a agosto, es posible que el 2026 cierre por debajo de los 7 millones de toneladas, lo que significa haber pasado de cerca de 250 mil viajes de camión al año, a una cifra cercana a los 200 mil para el cierre de 2026.

A lo anterior hay que agregarle la pérdida de 25 mil empleos en toda la cadena de la industria durante el cuatrienio anterior.

En medio de esa persecución gubernamental, los precios internacionales se desplomaban (alrededor de los cien dólares la tonelada), las condiciones de seguridad se deterioraban, los bloqueos y atentados se multiplicaban y la tasa de cambio experimentaba una elevada volatilidad.

Según Fenalcarbon, por cada 100 pesos que baja la tasa de cambio, la economía de los carbones y el coque deja de percibir cerca de 450 mil millones de pesos.

Y como si fuera poco, los costos de producir, comercializar y exportar carbón iniciaron una carrera ascendente, liderados por el incremento de los fletes terrestres, que en dos años crecieron cerca del 60% para las principales rutas del interior hacia los puertos, al tiempo que la logística portuaria se estrechaba con el cierre arbitrario de Muelle 13, que movilizaba cerca de un millón de toneladas hacia los mercados del Pacífico.

“Los cuatro años del anterior gobierno se hicieron enarbolando las banderas de la supuesta Transición, sin reparar en que se estaba llevando al sector al marchitamiento temprano y a la pérdida irrecuperable de miles de fuentes de empleo formal, el desvanecimiento del financiamiento del desarrollo por la falta de ingresos nacionales y regionales de renta y regalías, y al rompimiento de toda una cadena de valor que involucra varios sectores de la economía”, agregó Cante.

No obstante, el dirigente dijo que el gremio no se quedó de brazos cruzados. Con el apoyo del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), construyeron una herramienta desde la visión del empresariado, con el fin de contrarrestar la narrativa creada por el gobierno anterior.

El ‘Informe TEC – Transición Energética de los Carbones Colombianos’ muestra diferentes escenarios del comportamiento de la demanda y la oferta de los carbones y el coque colombianos frente a la aplicación de diversas políticas que impulsan o fomentan su desarrollo o, por el contrario, lo desalientan.

Además, ilustra el camino de las políticas públicas que se deben desarrollar en el mediano y largo plazo, si es que se quiere apostar a la diversificación productiva en las regiones y no simplemente a la extinción de una actividad.

“Colombia tiene una capacidad productiva cercana a los 92 millones de toneladas anuales. Es decir, no estamos hablando de un sector sin futuro; estamos hablando de una capacidad que hoy está subutilizada. La pregunta es cómo volvemos a poner esa capacidad al servicio del país”, señaló Cante.

Fenalcarbón estima que, con las condiciones adecuadas, el sector podría volver a generar aportes al Estado superiores a $10 billones anuales, frente a los menos de $3,5 billones estimados para 2025.

Aporte a la seguridad energética

Y es que el carbón no es solo un mineral. Es una de las materias primas para la generación de energía. Se estima que las térmicas a carbón tienen una capacidad de 1.600 MW, que fueron fundamentales para que el país no se pagara en 2024 y ahora también son protagonistas en el Fenómeno de El Niño.

En el certamen se habló de dos proyectos a carbón en la costa Caribe que podrían agregar entre 600 y 800 MW, y aunque su materialización tardaría unos cinco años, la decisión hay que tomarla hoy, pues el país ya adolece de un déficit de energía firme del 5%, pero a comienzos de la próxima década podría llegar al 10%.

Pero reactivar la industria carbonífera y respaldar el sector energético se requiere recuperar competitividad, seguridad jurídica y confianza.

“El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de construir una política minera e industrial que entienda que la sostenibilidad ambiental, la competitividad empresarial, la seguridad energética y el desarrollo de las regiones no son objetivos incompatibles”, dijo Cante, y agregó:

“Desde Fenalcarbón hemos desarrollado una agenda de trabajo que involucra en principio a 9 ministerios y sus entidades. Minas y Energía, Ambiente, Trabajo, Transporte, Hacienda, Planeación, Defensa, Comercio e Interior. Entidades que en conjunto determinan con sus políticas y actuaciones, el devenir de nuestro sector. Y debo reconocer la enorme receptividad del nuevo gobierno a nuestras propuestas”.

Las iniciativas apuntan a tres objetivos claros: El restablecimiento de las condiciones tributarias y financieras, el mejoramiento de las condiciones de competitividad nacional y exportadora, y la certeza jurídica.

“Tres metas, un solo destino: La soberanía energética e industrial de Colombia”, concluyó Carlos Cante.

Texaco cumple un siglo en Colombia y proyecta inversiones

Con su presencia en el país, Chevron, a través de la marca Texaco, se consolida como una de las compañías más emblemáticas en el sector energético colombiano.

La marca Texaco cumple cien años de operaciones continuas en el mercado colombiano, y Chevron Colombia anuncia una hoja de ruta de inversiones superior a los 100 millones de dólares para los próximos años.

Los recursos estarán orientados a modernizar su infraestructura de almacenamiento, ampliar la red de distribución minorista y optimizar la logística de combustibles en puntos estratégicos del territorio nacional.

Dentro del paquete de iniciativas, se contemplan inversiones para incorporar nuevas tecnologías, elevar estándares operativos y sumar más de 200 estaciones de servicio en mercados prioritarios.

Además, la compañía tendrá iniciativas que buscan incrementar la capacidad en terminales de almacenamiento, renovación de equipos y el fortalecimiento de los estándares de seguridad, servicio y eficiencia operacional en todo el país.

También continuará con la optimizando de operaciones en la planta de lubricantes para mantener los estándares de calidad mundial en el abastecimiento de productos a Colombia, Perú, Chile, Centroamérica y el Caribe.

“El monto de inversión propuesto se basa en los planes actuales de la compañía y está sujeto a cambios por diversos factores, incluidos aspectos comerciales, operativos y regulatorios aplicables. Para consolidar este crecimiento y seguir dinamizando el sector, resulta fundamental mantener un entorno con estabilidad normativa y condiciones competitivas que respalden la inversión privada de largo plazo”, afirmó Alejandro Riveros, gerente de Asuntos Corporativos de Chevron.

A su vez, la gerente de Ventas de Combustibles, María de los Ángeles Manrique, explicó que los proyectos que se esperan ejecutar en el corto plazo se apalancan en una trayectoria de inversiones realizadas en los últimos años en estaciones de servicio Texaco y terminales estratégicos, incluyendo la planta de Buenaventura y Yumbo, que fue adquirida en 2019.

Como único distribuidor mayorista estadounidense de combustibles con operación en Colombia en este segmento, la red abastece a los sectores clave de la movilidad nacional que ayudan a movilizar anualmente más 20 millones de vehículos, 183 millones de toneladas de carga, a 57,5 millones de pasajeros aéreos y suministra el combustible requerido para la generación de energía en Zonas No Interconectadas.

«Celebramos que Chevron – Texaco se suma a Misión Crecer y a nuestro propósito de atraer más inversión y generar más oportunidades laborales en los próximos años. La compañía aumentaría su impacto en el empleo en cerca de un 35% frente al panorama actual», afirmó José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, en la presentación de la inversión.

La compañía cuenta con seis terminales propias de distribución y almacenamiento de combustibles ubicadas en Bogotá, Medellín, Cartagena, San Andrés, Yumbo y Buenaventura, cuatro terminales conjuntas, distribución de combustibles de aviación, y una planta de lubricantes.

El almacenamiento es una alternativa para grandes consumidores de energía

La coyuntura energética que enfrenta Colombia exige que los grandes consumidores de energía comiencen a implementar estrategias de ahorro y respaldo energético, especialmente ante la llegada del fenómeno de El Niño y la creciente presión sobre el sistema eléctrico.

Soluciones innovadoras de almacenamiento energético como las de Caban Energy son una herramienta clave para garantizar continuidad operativa, eficiencia y sostenibilidad empresarial.

Dependiendo de las necesidades energéticas de cada empresa, estas soluciones pueden operar bajo esquemas On-Grid u Off-Grid. En configuraciones On-Grid, los sistemas solares y de almacenamiento trabajan de manera complementaria con la red eléctrica, permitiendo cubrir desde una parte significativa hasta la totalidad de la demanda energética del cliente en determinados periodos.

Por su parte, los sistemas Off-Grid permiten que la generación solar y el almacenamiento suministran el 100% de la energía requerida sin depender de la red eléctrica, una alternativa especialmente valiosa para operaciones ubicadas en zonas remotas o para organizaciones que buscan máxima autonomía energética.

Gracias a esta combinación de tecnologías, las empresas pueden alcanzar ahorros energéticos significativos de su consumo proveniente de la red, al tiempo que fortalecen su capacidad de respuesta ante interrupciones o fluctuaciones del sistema eléctrico.

A través de su modelo “Energy as a Service», Caban Energy facilita a las empresas el acceso a infraestructura energética inteligente. Esta solución permite fortalecer la continuidad operativa de sectores estratégicos como hospitales, telecomunicaciones, data centers e industrias; impulsando sobre todo la transición energética, donde la modernización de la infraestructura y la adopción de tecnologías más sostenibles serán fundamentales para enfrentar los desafíos energéticos.

Además de responder a las necesidades actuales del sistema eléctrico, el almacenamiento energético se perfila como una herramienta clave para transformar la forma en que Colombia gestiona y distribuye la energía en el futuro.

Frente a los desafíos que enfrenta el país en materia de abastecimiento energético, fortalecer alternativas que complementen la infraestructura tradicional será fundamental para garantizar mayor estabilidad, eficiencia y continuidad operativa en sectores estratégicos.

Ante el posible racionamiento a finales de 2026 y principios del 2027, este tipo de soluciones cobran aún más relevancia, impulsando la necesidad de que empresas e industrias adopten medidas preventivas antes de que el sistema eléctrico enfrente mayores niveles de presión.

“Hoy más que nunca es necesario que Colombia fortalezca sus alternativas energéticas y avance hacia modelos más inteligentes que permitan anticiparse a posibles escenarios de presión sobre la red eléctrica. Trabajamos para brindar soluciones que ayuden a las empresas a garantizar su continuidad operativa, especialmente en sectores con alta demanda energética, mientras impulsamos una infraestructura más preparada, eficiente y sostenible para Colombia”, afirmó Alexandra Rasch, CEO y fundadora de Caban Energy.

El almacenamiento energético, la modernización de infraestructura y la integración de modelos más sostenibles no solo representan una alternativa frente a los retos actuales del abastecimiento de energía, sino también una oportunidad para acelerar la transición energética en el país.

Asimismo, la implementación de este tipo de tecnologías permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de empresas e industrias ante posibles contingencias energéticas, reducir la dependencia de fuentes tradicionales y promover una infraestructura de cara a los desafíos que podrían presentarse en el futuro del sistema eléctrico nacional.

Gobierno y Parex entregan proyectos de agua potable en Saravena

Las obras, viabilizadas mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, contemplaron recursos superiores a $46.520 millones y contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales.

El Gobierno Nacional y la empresa Parex Resources (Colombia) realizaron la entrega oficial de dos proyectos de agua potable y saneamiento básico en Saravena, Arauca.

Las iniciativas, viabilizadas mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, se apalancaron con recursos superiores a $46.520 millones. La optimización del Acueducto Regional de Río Chiquito y la construcción de 1.197 unidades sanitarias buscan mejorar el acceso a servicios esenciales para las comunidades rurales, contribuyendo a la salud pública, el bienestar de las familias y la protección del medioambiente.

“El valor que tienen estos proyectos se evidencian en la articulación que hoy estamos haciendo, cuando el Estado es proactivo y no reactivo, cuando la comunidad tiene una disposición de trabajar de una manera mancomunada y cuando la empresa privada pone los recursos y los administra, eso es garantía de éxito. Estamos interesados en que esta triada que se ha logrado conformar se mantenga en los próximos cuatro años”, destacó Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Optimización del Acueducto Regional de Río Chiquito

Para la optimización del Acueducto Regional de Río Chiquito se destinaron $15.527 millones, fortaleciendo la infraestructura de abastecimiento de agua en beneficio de más de 6.800 habitantes de Saravena.

Los trabajos incluyeron el mantenimiento de la bocatoma, la adecuación del desarenador existente, la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable con capacidad de 32 litros por segundo, la habilitación de un tanque de almacenamiento de 1.000 m3, y la instalación de más de 2.5 km de tubería de aducción y alrededor de 1.5 km de tubería de conducción.

Este sistema se integra con la primera fase de la red de distribución de 40 km, con el propósito de llevar agua potable a las comunidades.

Construcción de unidades sanitarias

El proyecto de soluciones individuales para el tratamiento de aguas residuales, en Saravena, consistió en la construcción de 1.197 unidades sanitarias. Se gestionaron recursos por $30.900 millones para impactar a más de 9.900 personas.

Cada unidad cuenta con sanitario, ducha, lavamanos, tanque de almacenamiento, lavadero prefabricado, kit de aseo y sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas.

Esta iniciativa aporta al mejoramiento de las condiciones sanitarias de los hogares, al manejo adecuado de las aguas residuales y a la protección de los recursos naturales, evitando una descarga directa de aproximadamente 718.200 litros de contaminantes.

“En 2018, Parex entregó el primer proyecto de Obras por Impuestos, convirtiéndose en la empresa pionera en este mecanismo. Después de estos años, nos sentimos orgullosos de aportar al desarrollo de los territorios y transformar la vida de sus habitantes”, manifestó Rafael Pinto, vicepresidente de Relaciones con Gobierno de Parex Resources.
Con la entrega de estos proyectos, se fortalece el trabajo articulado entre el sector público y el sector privado, a través del mecanismo de Obras por Impuestos, para impulsar soluciones de infraestructura que respondan a las necesidades de los territorios y contribuyan al bienestar de sus habitantes.

Bogotá será escenario de conversación sobre el futuro del carbón y el coque

Con el apoyo del Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, la capital recibirá la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026, encuentro organizado por Fenalcarbón, que se realizará el 28 y 29 de octubre en el Hotel Sheraton.

Con el apoyo del Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, la capital será sede de la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026, un encuentro organizado por Fenalcarbón que reunirá a más de 450 asistentes.

La Cumbre contará además con la participación de más de 25 expertos nacionales e internacionales, líderes institucionales como el presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), y los directores del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), así como referentes del mercado, las finanzas y gremios como la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) y la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (COLFECAR).

La cumbre se realizará el 28 y 29 de octubre en el Hotel Sheraton Bogotá, bajo el lema “De la ideología a la soberanía”. Su agenda abordará, entre otros temas, el futuro de la industria en Colombia, los mercados internacionales, la seguridad energética, la logística exportadora, la tributación, las nuevas tecnologías y la gestión del riesgo.

Más que un foro de discusión, la Cumbre se consolida como una plataforma líder de networking y posicionamiento técnico, en la que se analizan decisiones clave para un sector estratégico para la seguridad energética y la reindustrialización del país.

Para el Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, apoyar este tipo de encuentros es una oportunidad para conectar a la ciudad con conversaciones sectoriales de alcance internacional y promover relaciones entre empresas, especialistas e instituciones.

“La competitividad de la cadena del carbón y el coque exige conectar conocimiento técnico, tecnologías y mercados internacionales. Esta cumbre permitirá abordar retos concretos de logística exportadora, diversificación comercial y modernización productiva, con Polonia como país socio. Desde el Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá apoyamos este encuentro para que la ciudad facilite conexiones entre productores, proveedores de tecnología y expertos internacionales que puedan traducirse en oportunidades de negocio”, señaló Isis Durán, directora ejecutiva de Invest in Bogotá.

Polonia, país socio del encuentro

Uno de los componentes internacionales de esta edición será la participación de Polonia como país invitado. La Agencia Polaca de Inversiones y Comercio —PAIH— anunció una misión dirigida a empresas de minería, energía y tecnologías interesadas en explorar oportunidades en Colombia y la región andina.

La iniciativa contempla un stand nacional, encuentros empresariales B2B y contactos con instituciones colombianas. Este componente abre un espacio para acercar la oferta tecnológica polaca a las necesidades del sector y explorar posibilidades de cooperación y desarrollo de negocios.

La programación de la cumbre también incluirá la entrega del Galardón Hechos al Carbón y el Reconocimiento a la Mujer Minera de Cundinamarca.

Bogotá como escenario de conexión empresarial

El apoyo del Bureau se enmarca en su labor de promover a Bogotá-Región como destino de reuniones y eventos. La realización de encuentros sectoriales ofrece oportunidades para visibilizar la capacidad de la ciudad como anfitriona y facilitar conexiones entre actores nacionales e internacionales.

En esta ocasión, la cumbre permitirá que Bogotá sea escenario de conversaciones sobre el futuro de la industria del carbón y el coque, sus mercados y las tecnologías que pueden contribuir a su competitividad.

Racionamiento programado de gas por contingencia en SPEC

La terminal de regasificación en Cartagena mantendrá una capacidad de regasificación de 400 millones de pies cúbicos por día (Mpcd) mientras se ejecutan actividades correctivas en la FSRU.

La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informó el martes 27 de octubre que, tras identificar una condición operativa en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), realiza trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes de regasificación, lo que obligó a una restricción parcial en el suministro.

SPEC estima que los trabajos tendrán una duración aproximada de entre siete y ocho días, período durante el cual la terminal prestará el servicio con una capacidad máxima de regasificación de 400 Mpcd.

Cabe recordar que para octubre SPEC había anunciado un aumento de la capacidad de la planta a 533 Mpcd.

SPEC LNG anunció que se encuentra en coordinación con los usuarios de la terminal, las autoridades competentes y los demás agentes del mercado, para la atención de las necesidades energéticas del país.

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía adoptó medidas ante la contingencia en SPEC LNG. Mediante la resolución 40585 estableció un racionamiento programado para administrar el suministro disponible y definir prioridades de atención durante la contingencia.

La medida contempla la atención prioritaria de la demanda esencial, seguida de la generación térmica y las actividades industriales necesarias para el transporte de crudo destinado a refinación. Los demás usuarios serán atendidos de acuerdo con el orden y las condiciones establecidos en la resolución.

En coordinación con el CNO Gas y los agentes del sector, el Ministerio hará seguimiento a la disponibilidad de gas natural, las condiciones de suministro y transporte y el avance de las intervenciones técnicas. Este monitoreo permitirá evaluar la evolución de la contingencia y determinar las acciones necesarias para atender los requerimientos del sistema

El racionamiento programado se mantendrá mientras persistan las condiciones que dieron origen a la medida y su finalización será declarada oficialmente por el Ministerio de Minas y Energía, una vez se verifiquen las condiciones para levantarla.

Gobierno colombiano deroga los Distritos Mineros Especiales

Con la Resolución 40579 de 2026, el Ministerio de Minas y Energía levanta las delimitaciones que cubrían más de 5,3 millones de hectáreas, en 11 departamentos y el litoral Pacífico.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, expidió la Resolución 40579 del 22 de octubre de 2026, por la cual deroga las 15 resoluciones que delimitaron los Distritos Mineros Especiales para la diversificación productiva.

Con la decisión, el Gobierno Nacional devuelve certidumbre a miles de mineros, empresas y comunidades, y ratifica una política que protege, impulsa y respalda la minería legal, responsable y regenerativa en Colombia.

Los 15 distritos sumaban 5.340.192 hectáreas, cerca del 5% del territorio nacional, en Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y el litoral Pacífico. Catorce de ellos fueron declarados en el transcurso de 2026.

“Para el Gobierno Nacional la minería es fundamental en la agenda de reactivación económica. Colombia tiene el potencial de ser un país minero: un país capaz de aportar minerales y energía a la transición del mundo. Los distritos mineros especiales planteaban sustituir una actividad que sostiene a miles de familias sin ofrecerles una alternativa real. Hoy les decimos a los mineros formales de Colombia que tienen reglas claras, que sus derechos están protegidos y que el Gobierno Nacional va a trabajar con ellos para acompañar los procesos de formalización, cerrar brechas y combatir la extracción ilícita”, afirmó la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango.

Entre las razones para derogar los distritos mineros especiales, la cartera planteó las siguientes:

  • Sin resultados. Más de dos años después de la primera delimitación, no hay resultados verificables en diversificación productiva, reconversión laboral, industrialización ni en la calidad de vida de las zonas delimitadas. Los planes estratégicos de gestión nunca se terminaron de formular ni de adoptar.
  • Sustitución sin alternativa. El instrumento apuntaba a la sustitución progresiva de la minería sin acreditar antes alternativas productivas ciertas, financiables y viables, con efectos sobre el empleo, las regalías y el derecho al trabajo de las comunidades.
  • Incertidumbre jurídica. Las delimitaciones no fijaron vigencia, extensión máxima ni reglas de transición, y algunas podían ampliarse a municipios vecinos. Esto desestimulaba nuevos proyectos dentro y fuera de los polígonos.
  • Sin las regiones. Las resoluciones no se armonizaron con los planes de ordenamiento territorial ni se concertaron con gobernaciones y alcaldías, lo que generó superposiciones y confusión sobre las reglas aplicables.

¿Qué gana el país?

  • Seguridad jurídica: Los títulos vigentes y las solicitudes en trámite siguen rigiéndose por el Código de Minas, ahora sin el factor de incertidumbre que pesaba sobre ellos.
  • Más exploración y conocimiento geológico: Se reactiva la búsqueda de minerales, incluidos los minerales estratégicos que el mundo necesita para su transición energética.
  • Más regalías para las regiones: Una minería legal que crece genera más recursos para inversión en salud, educación, vías y agua en los municipios productores.
  • Una diversificación que suma: La minería se integra con el agro, el turismo, el comercio y la industria para ampliar la base económica de los territorios, en lugar de ser reemplazada.
  • Respeto a la autonomía territorial: Las decisiones con impacto en el territorio se construirán de la mano de gobernadores, alcaldes y concejos municipales.

Finalmente, el Ministerio señaló que la derogatoria no afecta los derechos adquiridos, los actos administrativos en firme, las decisiones judiciales ni los acuerdos válidamente celebrados.

En particular, el Ministerio reconoce los procesos de participación y consulta previa adelantados en el Bajo Cauca antioqueño y en el Norte del Cauca, cuyos compromisos con fundamento jurídico propio se mantienen.

Sin carbón no hay paraíso

El Cerrejón no es solamente una mina. Es el centro de una cadena de valor, una extensa red de trabajadores, contratistas, proveedores, transportadores, comerciantes y servicios locales.

Por: AMYLKAR ACOSTA*

Hay que partir de la premisa de que en medio de la transición energética el mundo no sólo no está dejando de consumir carbón, sino que la demanda por el mismo es creciente y venimos, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), de récord en récord: desde las 7.888 millones de toneladas en 2021 hasta las 8.845 toneladas en 2025.

Según el economista John Maynar Keynes, toda demanda crea su propia oferta, de modo que si no es Colombia quien lo extrae y exporta lo harán sus competidores.

La crecente demanda por carbón se explica en gran medida porque aunque la transición energética propende por la electrificación de la economía en procura de su descarbonización, no todos los procesos industriales son susceptibles de electrificar, como por ejemplo la fabricación de cemento o acero, ni será suficiente contar sólo con la generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). Es más, sin la disponibilidad de la capacidad instalada de generación térmica a carbón en Colombia (10% de la matriz eléctrica) hoy estaríamos en racionamiento eléctrico.

El ejemplo lo tenemos a la vista: desde el cierre de las dos minas que operaba PRODECO en Cesar se han dejado de producir y exportar 15 millones de toneladas/año y como queda visto no por ello las han dejado de consumir en el resto del mundo.

Definitivamente, antes de la reducción de la oferta deberá darse la de la demanda y no al revés, que es lo que ha venido sucediendo en Colombia, en donde merced a las políticas del anterior gobierno se desalentó y desincentivó la actividad extractiva, menguando sus exportaciones y su participación en el PIB, pasando del 4% al 3,5%.

En segundo lugar, en los últimos años se ha venido replanteando el concepto de la transición energética y ya no se concibe como el reemplazo o la sustitución de las energías no renovables por las renovables sino como complemento, debido a que merced a la inteligencia artificial (IA) y a la proliferación de los data centers en el mundo, se disparó el consumo de energía y por ello la demanda crece exponencialmente. Y en esas circunstancias las energías renovables se tornan insuficientes, razón por la cual se requerirán todas las fuentes de energías, renovables y no renovables.

Aterrizando en La Guajira, mi respuesta a la pregunta es franca y categórica: en el corto plazo, La Guajira difícilmente podría prescindir de El Cerrejón sin sufrir un severo choque económico, laboral y fiscal. En el mediano plazo sí podría reducir esa dependencia, pero únicamente mediante una transición planificada, gradual y financiada. No hay que perder de vista que no se puede llegar a la tarde sin pasar por el mediodía, que no es sensato derruir el puente antes de pasar por él. Hoy no existe una actividad capaz de sustituirlo de manera inmediata.

El Cerrejón no es solamente una mina. Es el centro de una cadena de valor, una extensa red de trabajadores, contratistas, proveedores, transportadores, comerciantes y servicios locales.

Según su informe de 2025, la empresa tuvo una nómina de 12.434 empleos directos y contratistas, más del 61% ocupados por guajiros; pagó $673.000 millones en regalías, $79.000 millones en impuestos territoriales y realizó $350.000 millones en compras y contratos locales. Además, la minería continúa siendo una de las actividades dominantes del PIB departamental, superando el 50%. 

Un cierre abrupto produciría una reacción en cadena: pérdida de empleos formales y relativamente bien remunerados, contracción del comercio, caída de los ingresos de los municipios, menor inversión pública y deterioro de las condiciones sociales. Sus efectos serían especialmente graves en los municipios de Albania, Barrancas, Hato Nuevo, Uribia y Maicao.

Esa película ya la vimos, se escenificó y se rodó en el departamento del Cesar. En 2021 la empresa PRODECO, debido al desplome de los precios internacionales del carbón, hasta los US$50 la tonelada, restándole competitividad a su operación, procedió a la devolución de los títulos de las minas de Calenturitas y La Jagua.

Las dos minas siguen cerradas, con un impacto económico, fiscal y social enorme. Se están dejando de extraer y exportar 15 millones de toneladas/año, lo cual significa renunciar a ingresos de US$1.380 en divisas, afectando de paso la deficitaria balanza comercial del país. Entre regalías a la región, recaudo de impuestos por parte de la Nación, compras y contratos, se están dejando de percibir $500.000 millones. Y de contera se están sacrificando 1.200 empleos formales directos más 6.200 indirectos.

Entre tanto, la tímida respuesta del anterior gobierno a esta debacle, al tratar de “compensarla”, se limitó a crear el llamado con el nombre rimbombante de Distrito Especial del Corredor de la Vida”, al amparo de lo dispuesto en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023) y el inane Decreto 977 de 2024, pero que en la práctica no es más que el corredor de la ruina de toda esta desolada región. Razón tuvo el actual gobierno, presidido por Abelardo de la Espriella, para derogarlo, pues esta falacia no pasa de ser un espejismo.

Entre tanto, las energías renovables, pese a su enorme potencial siguen sin despegar y ellas además no van a reemplazar automáticamente al carbón: generan bastante empleo durante la construcción, pero mucho menos durante su operación y de contera no generan regalías ni encadenamientos locales equivalentes.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Racionamiento de gas natural para la industria en Antioquia

Asoenergía, gremio que reúne a los grandes consumidores industriales y comerciales de energía en Colombia, expresa preocupación por las restricciones al suministro de gas natural a la industria en Antioquia y hace un llamado a las autoridades para esclarecer los desbalances del sistema.

La pérdida de la autosuficiencia en gas natural sigue cobrando víctimas. Ahora, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), manifestó su preocupación frente a la situación operativa que presenta el sistema de transporte de gas natural y, particularmente, por la restricción del 100 % del suministro de gas para la demanda industrial en Antioquia.

“Entendemos que el sistema enfrenta una condición operativa compleja, derivada de distintos eventos que han reducido su margen de maniobra. Sin embargo, preocupa que nuevamente sea la demanda industrial la que deba asumir las consecuencias de estos desbalances, con impactos directos sobre la continuidad de los procesos productivos, la competitividad y el empleo”, señaló el gremio en un comunicado, y agregó:

“Consideramos fundamental que exista transparencia sobre las causas de los desbalances, el comportamiento de los diferentes agentes y los criterios utilizados para adoptar las restricciones. Asimismo, este tipo de decisiones deben ser informadas de manera oportuna, clara y transparente, indicando su alcance y magnitud, de forma que las empresas puedan adoptar las medidas necesarias para proteger sus operaciones.

“Resulta preocupante que una restricción inicialmente informada haya terminado representando la suspensión total del suministro para los usuarios industriales del departamento de Antioquia.

“Desde Asoenergía hacemos un llamado a las autoridades y agentes responsables para que se adopten con urgencia las medidas necesarias para recuperar la estabilidad del sistema y normalizar el suministro, procurando que las consecuencias de las contingencias no recaigan

de manera desproporcionada sobre los usuarios industriales que cumplen con sus obligaciones contractuales.

“La suspensión abrupta del suministro de gas no solo compromete la continuidad de las operaciones, la producción, el empleo y la inversión, sino que puede ocasionar afectaciones en equipos y procesos industriales que impliquen reparaciones y costos significativos. Estos impactos no deben ser trasladados injustificadamente a la industria y, cuando se presenten, deberán establecerse las responsabilidades correspondientes”.

Esta situación se suma a la restricción del 50% del suministro de gas por parte de Canacol a Cerromatoso en C´rodoba, que la obligó a reducir su producción a la mitad.

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