Autor: Martín Rosas

Por deferencia de las ONG ECOS y GDIAM, hice de “pluma”, una especie de relator y redactor del texto del Documento Derechos humanos, minería y competitividad territorial, cuyos apartes me permito compartir.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La minería en Colombia tiene un papel relevante en la economía nacional y en la vida de numerosos territorios. Su contribución al desarrollo, sin embargo, depende de las condiciones en las que se realiza y de su capacidad para generar bienestar, proteger el medioambiente y respetar los derechos de quienes participan en ella o reciben sus impactos. Desde esta perspectiva, el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, GDIAM, plantea que los derechos humanos constituyen una base indispensable de la competitividad territorial.

Esta visión amplía la manera de entender el desempeño del sector. La productividad, los costos y la rentabilidad son necesarios para la viabilidad de la actividad minera, pero resultan insuficientes para valorar su aporte al desarrollo.

También es preciso considerar la seguridad de las personas, la estabilidad de las reglas, las condiciones laborales, la protección de los ecosistemas y la participación de las comunidades. Estos factores inciden directamente en la posibilidad de atraer inversión formal, sostener las actividades económicas y construir relaciones de confianza.

Se reconocen los avances de Colombia en la construcción de un marco normativo de protección de derechos. Al mismo tiempo, se advierte una brecha persistente entre esos instrumentos y su aplicación.

En distintos territorios mineros continúan la violencia contra líderes sociales y ambientales, las desigualdades de género, la precariedad laboral, el trabajo infantil y las afectaciones a comunidades étnicas. La degradación ambiental y la expansión de la extracción ilícita de minerales agravan el panorama.

El desafío de sortearlos y gestionarlos exige una presencia estatal integral y sostenida. Allí donde las instituciones carecen de capacidad para garantizar seguridad, administrar justicia, ejercer control ambiental y acompañar las actividades productivas, los actores armados encuentran condiciones para imponer sus propias reglas. Su intervención compromete la vida y la integridad de las comunidades, somete a trabajadores y pequeños mineros a distintas formas de coacción y coerción y afecta la viabilidad y la actividad misma de las empresas que operan dentro de la legalidad.

Abordar esta realidad requiere reconocer las diferencias entre las distintas formas de minería. La minería empresarial, la artesanal, la ancestral y la de pequeña escala tienen condiciones, capacidades y necesidades diversas.

La informalidad, por su parte, demanda respuestas que permitan identificar qué actividades pueden avanzar hacia la formalización y qué apoyos necesitan para hacerlo. Confundir estas realidades con las estructuras criminales dificulta el diseño de políticas pertinentes y puede profundizar la exclusión de poblaciones que dependen de la actividad minera para su subsistencia.

La formalización debe ofrecer una ruta viable hacia la legalidad. Además de trámites y permisos, requiere acompañamiento técnico, organización productiva, acceso a financiación y comercialización, seguridad social y mejores prácticas ambientales. También debe reconocer las particularidades culturales de los territorios y promover la coexistencia entre escalas de producción. Para muchos pequeños mineros, estas condiciones determinan la posibilidad real de trabajar de manera segura y mejorar sus ingresos.

De igual manera, combatir la extracción ilícita exige comprender toda la cadena de valor. Una estrategia concentrada en sus eslabones más vulnerables deja intactas las redes que financian, comercializan y aprovechan el negocio. Se propone, entonces, identificar dónde se genera la violencia y actuar sobre todos los eslabones y los vínculos entre extracción, distribución, lavado de activos y mercados internacionales, con respuestas ajustadas a las dinámicas de cada territorio.

La garantía de derechos también exige reconocer que los riesgos y beneficios de la minería se distribuyen de manera desigual. Las mujeres enfrentan barreras de acceso al empleo formal, brechas salariales, limitaciones para participar en las decisiones y exposición a violencias. Los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras requieren garantías efectivas de sus derechos colectivos, culturales y territoriales. Los niños y adolescentes necesitan protección especial frente al trabajo infantil, la explotación y el reclutamiento. Estas diferencias deben incorporarse en las políticas públicas, los procesos de formalización y la gestión empresarial.

La protección del medioambiente forma parte de la misma responsabilidad. El cuidado del agua, la reducción de la contaminación, la restauración de áreas intervenidas y la gestión de pasivos ambientales inciden en la salud, los medios de vida y las posibilidades futuras de los territorios. Por ello, se necesitan autoridades con capacidad técnica, información accesible y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar y corregir los impactos.

Todo esto requiere participación efectiva. Las comunidades deben poder intervenir oportunamente en las decisiones, expresar sus prioridades y hacer seguimiento a los compromisos. Se impone la necesidad de fortalecer espacios permanentes de diálogo y coordinación territorial que articulen al Estado, las empresas y las comunidades. La confianza depende de la calidad de esa relación y, especialmente, del cumplimiento de los acuerdos.

La competitividad territorial se construye cuando existen condiciones para producir dentro de la legalidad, ejercer los derechos y compartir los beneficios del desarrollo.

Una minería que fortalece las capacidades locales, genera empleo digno, protege el capital natural y puede contribuir a la paz y al bienestar colectivo. Alcanzar ese propósito demanda coherencia institucional y una responsabilidad compartida que se traduzca en resultados verificables en los territorios.

*Exministro de Min as y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La nueva coyuntura abre una ventana de oportunidad. Colombia y Venezuela cuentan con antecedentes de cooperación energética que merecen una revisión.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

“Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo”, espetó el presidente Donald Trump al referirse a su abierta intervención en Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, quiso matizar sus palabras: “no necesitamos el petróleo de Venezuela”, no obstante, advirtió tajantemente que Washington no permitiría que su industria petrolera quedara en manos de adversarios de Estados Unidos, como China, Rusia o Irán.

Ambas declaraciones permiten entender el alcance de la estrategia estadounidense: asegurar influencia sobre las reservas venezolanas, su explotación y sus destinos comerciales.

Cabe preguntarse por qué una potencia petrolera como Estados Unidos tiene tanto interés en el crudo del vecino país. Una parte de la respuesta está en las características de la industria de refinación estadounidense. Varias refinerías de la costa del Golfo están preparadas para procesar crudos pesados, como los de la faja petrolífera del Orinoco. La producción estadounidense, predominantemente liviana, no satisface por sí sola todas esas necesidades. En el negocio petrolero, la calidad del crudo y la capacidad de procesarlo importan tanto como el volumen disponible.

Esta complementariedad ayuda a explicar el acercamiento entre ambas partes. A ella se suma la competencia por los mercados y por la influencia política en América Latina. El acceso al petróleo venezolano ofrece a Washington la posibilidad de fortalecer su abastecimiento regional, obviando el paso por el estrecho de Hormuz y limitar la presencia de otras potencias.

La energía sigue ocupando un lugar determinante en las relaciones internacionales. El secretario de Energía, Chris Wright, anunció que Estados Unidos comercializaría la producción venezolana “indefinidamente” y así lo viene haciendo. El control de las ventas y de sus ingresos aparece como un instrumento para orientar los cambios que Washington busca en Venezuela.

Por su parte, Delcy Rodríguez extendió una invitación a trabajar en una “agenda de cooperación”. Estas declaraciones muestran cómo el petróleo se ha convertido en un punto de encuentro entre gobiernos que hasta hace poco mantenían una abierta confrontación. Ambas declaraciones muestran el carácter transaccional del acercamiento. Y esa complementariedad ayuda a explicar el interés mutuo por recuperar los flujos comerciales entre ambos países.

En este escenario y luego de la flexibilización de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro y la apertura a que ello ha dado lugar, Colombia tiene razones para prestar atención. Una recuperación sostenida de la producción venezolana podría intensificar la competencia en el mercado de crudos pesados, el mismo nicho en el cual participa nuestro país y presionar los ingresos de nuestras exportaciones.

La mayor disponibilidad de oferta podría presionar a la baja los precios relativos y modificar las preferencias de los compradores. Su magnitud dependerá de las inversiones efectivamente ejecutadas, de la demanda mundial y de las condiciones comerciales. Conviene prepararse para ese escenario sin dar por consumados sus efectos.

El impacto dependerá de cuánto petróleo adicional llegue al mercado, de la demanda mundial y de las condiciones comerciales. Por eso, sería apresurado presentar como inevitable una caída determinada de los ingresos colombianos. Pero también sería imprudente ignorar el riesgo. Menores precios o volúmenes exportados pueden afectar la entrada de divisas, las utilidades empresariales y los ingresos tanto para la Nación como para las entidades territoriales vinculados a la actividad petrolera.

Colombia debe prepararse para competir en ese entorno. Ello exige cuidar la productividad de sus operaciones, ofrecer condiciones que permitan inversiones y avanzar en la diversificación de su economía. La transformación productiva requiere tiempo y financiación. Debilitar las fuentes actuales de ingreso antes de consolidar otras puede hacer más difícil ese tránsito.

Desde otra perspectiva, la nueva coyuntura también abre una ventana de oportunidad. Colombia y Venezuela cuentan con antecedentes de cooperación energética que merecen una revisión.

Las posibilidades del intercambio de electricidad pasan por una evaluación técnica del estado de las interconexiones tanto por La Guajira como por Norte de Santander y el transporte de gas por el gasoducto Antonio Ricaurte son asuntos concretos alrededor de los cuales podría construirse una agenda binacional.

Aprovechar esa infraestructura exige comprobar su estado, asegurar el suministro y obtener las autorizaciones correspondientes. La infraestructura existente ofrece un punto de partida, pero su aprovechamiento exige verificar el estado de los equipos, la disponibilidad del recurso y las condiciones de entrega.

Ecopetrol, por su parte, debería evaluar las posibilidades de participar en la recuperación de la industria de hidrocarburos venezolana. Su experiencia y los antecedentes de cooperación constituyen elementos para explorar proyectos. La entrada de GeoPark al vecino país mediante el bloque Bare, en la faja petrolífera del Orinoco, muestra que otros actores ya están identificando oportunidades.

Este paso merece atención de Ecopetrol, que debería examinar dónde su experiencia puede traducirse en oportunidades rentables, con garantías suficientes para proteger el patrimonio de sus accionistas. Dejar pasar el tiempo también tiene un costo.

Por ello, celebramos que el nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, haya viajado a Caracas con el objeto de explorar e identificar oportunidades de negocio, pues, como reza el proverbio oriental, un viaje de mil millas comienza con un solo.

Bien dijo Bill Gates que “el éxito en los negocios está en saber hacia dónde va el mundo y llegar allí primero”.                             

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.