La importación de gas venezolano deba entenderse como parte de una estrategia de diversificación de fuentes de suministro y no como sustituto de la exploración y producción nacional.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
La necesidad tiene cara de hereje, reza el adagio popular. Y ello viene como anillo al dedo para describir la encrucijada en la que se encuentra Colombia, que después de haber sido autosuficiente en gas natural durante varias décadas, hoy depende crecientemente de las importaciones para atender su demanda interna.
Más del 40% de la demanda interna se está cubriendo con gas importado. Quién lo creyera, pasamos de exportarle gas a Venezuela a contemplar la posibilidad de importarlo desde ese país para conjurar el déficit que nos agobia.
En efecto, Colombia empezó a exportarle gas natural a Venezuela en 2008, a través del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, en desarrollo de un Acuerdo de integración energética, que contemplaba la reversión del flujo para que, posteriormente, Venezuela nos suministrara gas.
A ese Acuerdo llegaron los ex presidentes Chávez y Uribe el 14 de julio de 2004. Pero las circunstancias cambiaron y, por diversas razones, entre ellas las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen venezolano, dicha reversión nunca se materializó. Colombia cumplió su parte, exportándole gas a Venezuela hasta el 2015, Venezuela no.
Ahora, después de la intervención de los EEUU en Venezuela soplan otros vientos y con la flexibilización de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se abre una ventana de oportunidad que Colombia no puede darse el lujo de desaprovechar.
Pero, para que Colombia pueda aprovechar esta oportunidad requiere estar en la mesa de negociaciones que encabeza el secretario de Estado Marco Rubio. Lo dijo elocuentemente el primer Ministro de Canadá Mark Carney en su brillante discurso en la Cumbre de Davos: si tú no estás en la mesa, estás en el menú.
Las buenas relaciones entre el presidente Abelardo de la Espriella y su homólogo estadounidense Donald Trump podrían facilitar las gestiones diplomáticas encaminadas a hacer viable esta operación, siempre que se obtengan las autorizaciones correspondientes. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y en este caso el trecho no es solamente diplomático, sino también técnico, financiero y comercial.
El gasoducto Antonio Ricaurte, que conecta a La Guajira colombiana con el estado Zulia, en Venezuela, tiene una longitud aproximada de 224 kilómetros, demandó una inversión de US$335 millones y fue diseñado para transportar hasta 450 millones de pies cúbicos diarios (MPCD). Se trata de una infraestructura estratégica que, después de permanecer fuera de operación desde 2015, acusa un deterioro considerable.
Su rehabilitación demandaría, según estimaciones preliminares, una inversión del orden de US$30 millones y un plazo que podría superar un año. Estos valores, desde luego, deberán ser corroborados mediante una evaluación técnica rigurosa que permita determinar el estado real de la tubería, sus estaciones y demás instalaciones complementarias.
El reciente anuncio sobre la inclusión de la recuperación del gasoducto entre los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES) constituye una señal positiva. Sin embargo, esta declaratoria no sustituye las inversiones ni acorta por sí misma los tiempos necesarios para ponerlo nuevamente en servicio.
Hay otro aspecto que no se puede perder de vista. Venezuela posee importantes reservas de gas natural, pero una cosa son las reservas en el subsuelo y otra muy distinta la capacidad efectiva para producir, transportar y exportar ese energético.
Uno de sus yacimientos más importantes es La Perla, en el bloque Cardón IV, operado por Repsol y ENI, localizado costa afuera en el golfo de Venezuela, frente al estado Falcón. Su ubicación plantea un desafío adicional: llevar el gas desde los centros de producción hasta el punto de conexión con el gasoducto Antonio Ricaurte. Para ello resulta fundamental evaluar la infraestructura de transporte del occidente venezolano, particularmente el sistema Ulé–Amuay y las conexiones asociadas al lago de Maracaibo.
Lo cierto es que rehabilitar el Antonio Ricaurte, aunque indispensable, no garantiza por sí solo la llegada del gas venezolano a Colombia. Se necesita asegurar toda la cadena de suministro, desde el yacimiento hasta el punto de entrega en territorio colombiano. Ecopetrol ha contemplado una importación inicial de 50 MPCD, volumen equivalente a solo el 11 % de la capacidad nominal del gasoducto. Ello pone de presente que no se puede confundir la capacidad instalada de transporte con la disponibilidad efectiva de gas para exportación.
La importación de gas venezolano deba entenderse como parte de una estrategia de diversificación de fuentes de suministro y no como sustituto de la exploración y producción nacional.
La posibilidad de importar gas desde Venezuela tiene ventajas evidentes, comenzando por la cercanía geográfica y la existencia de una infraestructura binacional cuya recuperación podría resultar menos costosa que la construcción de una nueva. Sobre todo porque nos ahorraríamos los costos de licuefacción, transporte marítimo y regasificación, que tanto impactan el precio final.
Pero sería un craso error presentar esta alternativa como una solución inmediata al déficit de gas que afronta Colombia. Su materialización depende de la concurrencia de múltiples factores: autorizaciones internacionales, inversiones, rehabilitación de infraestructura, disponibilidad de producción exportable, condiciones contractuales y garantías de continuidad del suministro.
Además, habrá que establecer si el precio del gas venezolano puesto en Colombia resulta competitivo frente al gas nacional y al gas natural licuado importado, teniendo en cuenta los costos de transporte, adecuación y eventuales inversiones adicionales.
Bienvenido el gas venezolano, siempre que llegue en condiciones competitivas, confiables y oportunas. Pero que su eventual importación no sirva de coartada para seguir aplazando las decisiones de fondo que Colombia necesita para recuperar su autosuficiencia energética.
A fin de cuentas, la energía más segura es aquella cuya disponibilidad podemos garantizar, y la dependencia externa, por cercana que sea su procedencia, nunca podrá reemplazar una política seria y sostenida de exploración, incorporación de reservas y producción nacional.
*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
