Los retos de Ecopetrol

Ecopetrol sigue siendo la joya de la corona. Como grupo empresarial es el más importante del país, uno de sus principales activos estratégicos y una fuente insustituible de ingresos para la Nación. Lo que ocurra con ella compromete las finanzas públicas y la seguridad y la soberanía energéticas.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La primera y principal tarea del nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella, es recuperar su gobierno corporativo. El primer paso será que a la nueva junta directiva de la empresa elegida por la Asamblea de accionistas se le permita que obre con independencia y autonomía.

El segundo gran reto consiste en volver a centrarse en el core de su negocio. Ello no significa abandonar ni desdeñar la transición energética, en la que se involucró tempranamente desde la administración Bayón, cuando puso en marcha su Estrategia 2040, Energía que transforma.

Por muchos años todavía, la exploración, producción, transporte y refinación de hidrocarburos seguirán siendo el soporte fundamental de sus ingresos, de su flujo de caja y de sus utilidades.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta Ecopetrol es garantizar la reposición de sus reservas probadas y así ampliar el limitado horizonte de la autosuficiencia. Una empresa petrolera que no explora termina consumiéndose a sí misma. Cada barril que produce debe procurar reemplazarlo con nuevas reservas.

De allí la necesidad de reanudar las rondas para la adjudicación de áreas y la celebración de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Mi planteamiento es claro: llegó la hora poner término a la moratoria sobre la utilización de la técnica del fracking para desarrollar los yacimientos no convencionales (YNC) en rocas generadoras. 

La discusión no puede reducirse a si Colombia debe producir petróleo y gas o prescindir de ellos. Mientras la economía los demande, la verdadera disyuntiva es otra: producirlos nosotros o importarlos. Por el hecho de que Colombia lo deje de producir el mundo no lo va a dejar de consumir.

Como bien dijo el economista John Maynard Keynes, toda demanda crea su propia oferta. Y no tendría sentido renunciar a nuestros recursos para terminar comprándolos en el exterior, sacrificando divisas, regalías, impuestos, empleo e ingresos para las regiones. Del petróleo podemos decir que es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, y peor que depender del petróleo es depender de su importación.

La evolución de los resultados financieros de Ecopetrol no puede pasar inadvertida. Las utilidades alcanzaron el récord de $33,4 billones en 2022, para descender a $19 billones en 2023, $14,9 billones en 2024 y $9 billones en 2025. En el primer trimestre de 2026 la utilidad fue de $2,8 billones frente a $3,1 billones en igual período de 2025, una caída del 7,7%, mientras la producción reportada por Ecopetrol descendió 2,7%. Igual han caído también las exportaciones, justo en una coyuntura de altos precios.

Desde luego, los resultados de una petrolera están sometidos a la volatilidad de los precios internacionales del crudo, así como al comportamiento de la tasa de cambio y no toda disminución de las utilidades es atribuible a la gestión de la compañía. Pero precisamente por ello cobra mayor importancia aquello que sí está bajo su control: eficiencia, costos, inversiones, incorporación de reservas y productividad.

Hay una cifra particularmente inquietante. El que he denominadoumbral del dolor”, esto es, el break-even o precio de equilibrio, que según las cifras oficiales pasó de US$31 a US$49 por barril, un incremento del 58 %. Entretanto, el costo de levantamiento pasó de US$10 a US$12 por barril. Mientras más alto sea ese umbral, más vulnerable queda Ecopetrol frente a las oscilaciones del precio en el mercado petrolero internacional.

En este contexto adquiere especial importancia el futuro de la operación del Permian en Estados Unidos. Se trata de uno de los activos más rentables del portafolio de Ecopetrol. Es cierto que los yacimientos no convencionales presentan una elevada productividad inicial y una declinación relativamente rápida, lo cual obliga a perforar nuevos pozos continuamente para mantener la producción y demanda inversión permanente. Por ello, como suelo decir, no hay que quedarse viendo la foto; hay que ver la película que se está rodando. 

Pero desprenderse de un activo rentable justamente cuando Ecopetrol necesita fortalecer sus reservas, su producción y su caja sería contradictorio. Se estima que una eventual salida del Permian implicaría renunciar a más de 200 millones de barriles de reservas y cerca de 100.000 barriles diarios de producción, además del costo, de US $400 millones, aproximadamente, en que se incurriría como penalización. 

Por ello considero que Ecopetrol debe mantener su presencia en el Permian, explorar las posibilidades de ampliarla a Oslo, otro yacimiento en la misma cuenca, cuya negociación truncó la interferencia del expresidente Petro en la decisión de la Junta directiva, por el prejuicio contra la técnica del fracking. Vender el Permian en las actuales circunstancias, sería darse un tiro en el pie.

El país necesita una Ecopetrol sólida, rentable, eficiente, bien gobernada y capaz de competir. Una empresa que explore, produzca y reponga reservas; que aproveche sus activos rentables; que racionalice aquellos que no hacen parte de su negocio medular y que, con las utilidades provenientes de su actividad tradicional, financie progresivamente su transformación. La transición energética no se hace destruyendo el puente antes de llegar a la otra orilla.

Por eso, antes de pretender convertir a Ecopetrol en lo que todavía no es, debemos garantizar que haga cada vez mejor aquello que durante décadas ha sabido hacer, al tiempo que prepara responsablemente su futuro.

Recuperar su gobierno corporativo, recuperar las reservas, recuperar la rentabilidad y recuperar el rumbo. Esos son los retos. Y todo empieza por una premisa elemental: ¡ECOPETROL debe volver a lo suyo!

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Colombia: Anuncian inversiones por más de US$110 millones en biocombustibles

Fedebiocombustibles presentó el balance de la agroindustria, en un momento clave para el país. También propone una hoja de ruta para consolidar avances y proyectar su crecimiento.

La agroindustria colombiana de los biocombustibles anunció inversiones por más de US$110 millones, que permitirán ampliar la capacidad productiva y generar un impacto en las regiones.

De acuerdo con las cifras de Fedebiocombustibles, Bio D proyecta una inversión de US$80 millones, BioEnergy de US$28,6 millones y Oleoflores de US$1,6 millones, para un total de US$110,2 millones.

El anuncio se produce en un momento clave para Colombia, cuando el país enfrenta retos como la recuperación de las regiones afectadas por emergencias, la reactivación económica y la necesidad de fortalecer su seguridad energética frente a posibles escenarios de mayor presión sobre el suministro de combustibles.

“Los biocombustibles son una industria que produce energía en Colombia a partir de materias primas cultivadas en el territorio. Estas nuevas inversiones demuestran que existe capacidad para seguir generando empleo, dinamizando las economías regionales y aportando al desarrollo productivo del país”, señaló Carlos Alberto Mateus Hoyos, presidente de la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia (Fedebiocombustibles).

Una industria que genera resultados para Colombia

En los últimos 5 años, los biocombustibles sustituyeron la importación de 1.410 millones de galones de combustibles fósiles, entre gasolina y diésel, lo que representó para el país ahorros superiores a $16 billones de pesos.

Este aporte es especialmente relevante para la seguridad energética nacional, al reducir la dependencia de combustibles importados y mantener en Colombia parte del valor asociado a la producción de energía.

La industria también se ha consolidado como un motor de desarrollo productivo y agroindustrial. Enel último quinquenio movilizó cerca de $25 billones de pesos, equivalentes aproximadamente al 3 % del PIB anual de las industrias manufactureras.

El sector genera 90.000 empleos y apalanca otros 547.000 empleos vinculados a las cadenas agroindustriales de la caña de azúcar y la palma de aceite, materias primas de las plantas productoras de bioetanol y biodiésel.

El crecimiento también se refleja en el mercado. Las ventas de biodiésel pasaron de 686.000 toneladas en 2022 a 727.000 toneladas en 2025, mientras que las ventas de alcohol carburante alcanzaron 866 millones de litros en 2025, frente a 395 millones en 2022.

Energía que impacta la salud pública

El aporte de los biocombustibles trasciende la actividad económica y la seguridad energética. En los últimos 5 años, su uso contribuyó a evitar 15,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y cerca de 3.400 toneladas de material particulado, con un impacto directo sobre la salud pública al reducir la exposición de la población a contaminantes asociados con enfermedades respiratorias.

La apuesta de la industria no se limita a los combustibles que actualmente se utilizan en el transporte terrestre. Colombia también avanza en el desarrollo de una nueva agroindustria asociada a los Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF) y los Combustibles Sostenibles Marítimos (SMF), con potencial para ampliar la participación del país en la transición hacia una movilidad de menores emisiones.

En ese camino, empresas colombianas ya avanzan en procesos de certificación de materias primas bajo estándares internacionales como ISCC CORSIA, requisito para acceder a la cadena global de suministro de SAF.

“Los resultados que hoy presenta el sector y las inversiones anunciadas muestran que los biocombustibles tienen un papel relevante en el desarrollo de Colombia. Somos una industria que conecta el campo con la producción de energía líquida sostenible, crea empleo en las regiones, contribuye a reducir emisiones y mejorar la calidad del aire. Estamos convencidos de que podemos seguir consolidando y ampliando este aporte al país”, agregó.

Hoja de ruta para consolidar y proyectar el sector

De cara a los próximos años, Fedebiocombustibles propone construir con el Gobierno Nacional una hoja de ruta que permita consolidar los avances alcanzados durante más de 20 años y sentar las bases para el crecimiento futuro de la industria.

La propuesta contempla cuatro frentes:

  1. Consolidar la industria nacional. Garantizar las condiciones que permitan mantener y desarrollar la producción nacional de bioetanol y biodiésel, preservando su aporte a la seguridad energética y al desarrollo productivo.
  2. Adecuar el marco regulatorio. Actualizar los instrumentos y mecanismos regulatorios para que respondan a las realidades de la industria y acompañen su evolución productiva y las condiciones del mercado.
  3. Generar señales de largo plazo parala inversión. Establecer condiciones que den certeza a los inversionistas y permitan ampliar capacidades, incorporar nuevas tecnologías y desarrollar las cadenas agroindustriales.
  4. Preparar al país para nuevos mercados. Crear las condiciones para avanzar hacia una nueva generación de energía líquida sostenible, con el desarrollo de mercados como los Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF) y los Combustibles Sostenibles Marítimos (SMF).

Energía: la gran fuente de crecimiento de la ‘Patria Milagro’

Para el Gobierno de De La Espriella, los minerales estratégicos, el petróleo y el gas, son sectores clave en la política de Estado.

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, dijo que la energía es uno de los sectores estratégicos para recuperar la senda de crecimiento del país, luego del desastre heredado del gobierno Petro, donde los sectores de salud y minero energético fueron los más perseguidos.

El anuncio lo hizo en la inauguración de 18° Congreso de Energía de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen).

El funcionario señaló que la energía forma parte central de los encargos del presidente Abelardo de la Espriella y consignados en el Decreto 1373 de 2026, por el cual se le confían unas misiones al vicepresidente de la República.

Efectivamente, en el artículo 3,3 le confía “coordinar y articular con la institucionalidad las acciones orientadas a dinamizar los proyectos relacionados con recursos estratégicos, como son, entre otros, la generación y transmisión de energía, hidrocarburos, minerales críticos y las energías renovables”.

“En el marco de la Misión Crecer estamos trabajando en nuevas formas de incentivos para atraer esa inversión y, simultáneamente, dar estabilidad jurídica, dos caminos que los inversionistas del mundo reclaman para este sector en particular”, dijo Restrepo.

En ese sentido, señaló que el gobierno será neutro sobre las tecnologías. “Tenemos la convicción de que es con energía eólica, solar, térmica, hidro y también de nuevas fuentes, incluida la energía nuclear”, dijo.

Agregó que la única manera para solucionar la problemática que atraviesa el sector es destrabar trámites y demoras en licencias ambientales y consultas a comunidades, “que han hecho inviable no solo este sector sino muchos otros sectores de la economía”.

Agregó que las licencias ambientales se demoran hasta 800 días y las consultas previas pueden llevar hasta cuatro años.

Para el vicepresidente, existe claridad de que en la medida en que haya más energía el producto interno bruto crece. Una correlación directa entre lo uno y lo otro.

En ese sentido invitó a construir a todos los actores de la sociedad. “Necesitamos construir de la mano del sector privado y vamos a hacer todo el esfuerzo para establecer reglas de juego claras y estables, destrabar también los nudos financieros y apoyar las nuevas tecnologías, todas las tecnologías”, dijo Restrepo.

“En la medida en que hagamos un esfuerzo mancomunado, vamos a ser capaces de llegar más lejos. Solo pido tres cosas: uno, confiar en el futuro del país, volver a tener esperanza, no en el país de los cuatro años, sino en el país del 2050; dos, confiar en el gobierno de que estamos construyendo con el interés de poner el acento en las poblaciones más vulnerables y, finalmente, que juguemos juntos en la misma dirección, que nos pongamos la camiseta por el país. Tenemos el potencial, lo que tenemos que hacer es liberarlo”, concluyó el vicepresidente Restrepo.

Acolgen alerta sobre déficit de energía firme más allá de El Niño

Para recuperar el sector energético, se necesita acelerar la generación y transmisión, garantizar combustibles, agilizar trámites y recuperar reglas de juego estables.

Por: ANDREA JARAMILLO, Especial para Guía del Gas

En el congreso anual de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), su presidente Natalia Gutiérrez advirtió que el país enfrenta un déficit de energía firme que eleva los riesgos para la confiabilidad del sistema durante El Niño y en los próximos años.

“Para superarlos, el país requiere acelerar nueva generación, transmisión, combustibles e inversión”, dijo la dirigente gremial.  

Citando cifras de XM, Gutiérrez señaló que el déficit frente a la demanda en 2026 es de 5,4%, pero en 2027 será de 7,8%, por lo que el problema no termina cuando pase este fenómeno de El Niño

Menor colchón hídrico

Con los embalses llenos, el sistema tendría unos 66 días de cobertura de demanda sin lluvias en este Niño, frente a 87 días en 2015 – 2016.

Colombia es un país más grande y consume más energía: el 28 de agosto pasado alcanzó un récord de 262 GWh/día, con crecimiento anual de 6,26%, más del doble del crecimiento histórico cercano al 3%.

Por su parte, las plantas térmicas dan respaldo crítico cuando el agua no alcanza: ya aportan 90 GWh/día, cerca del 40% de la demanda.

En un escenario crítico, XM señala que podrían requerirse entre 90-100 GWh/día durante los 11 meses consecutivos, algo sin precedentes para el sistema.

Pero hay un problema de ejecución. Los proyectos existen pero están retrasados: En 2022 ingresó al sistema apenas el 28% de la energía esperada; en 2023, el 17%; en 2024, el 25%; en 2025, el 10,8%; y en 2026 ha ingresado el 23% de la energía que se esperaba.

Para dimensionar el impacto de un racionamiento de energía sobre Colombia, Gutiérrez cita dos estudios:

Fedesarrollo estima que un racionamiento similar al de los años 90 implicaría una contracción de la economía en 1,5 puntos porcentuales del PIB. También se perderían 230.000 empleos, llevaría a la pobreza a 203.000 personas y a la pobreza extrema a 102.000 personas

Por su parte, el Banco de Bogotá prevé que el costo de una hora al día de racionamiento de energía podría ser de hasta 204.000 millones de pesos (alrededor de US$65.4 millones); los sectores más afectados serían manufactura, minería y comercio, los cuales representan 24% del PIB y 30% de los empleos del país

“El país tiene hoy la oportunidad de tomar decisiones que permitan recuperar la confianza y volver a poner en marcha los proyectos que Colombia necesita”, dijo Gutiérrez.

“Se necesita acelerar la generación y transmisión, garantizar combustibles, agilizar trámites y recuperar reglas de juego estables a 20, 30, 40 años para atraer inversión de largo plazo”, concluyó.

Colombia asegura el suministro de GLP con expansión portuaria

Ante el declive de la producción nacional de gas natural, el sector del Gas Licuado del Petróleo (GLP) viene preparándose desde hace 10 años con inversiones en infraestructura de importación.

Las ampliaciones de las terminales portuarias Okianus y Puerto Bahía, en Cartagena, garantizan la confiabilidad del suministro de GLP a mediano y largo plazo y fortalecen el abastecimiento energético del país.

Marco Antonio Vélez, gerente de operaciones de Colgas, señaló que durante los últimos 10 años se ha adelantado obras en el puerto Okianus, con una inversión 100% privada que asciende a los 34 millones de dólares.

En la fase actual, el puerto alcanza 7.500 toneladas de capacidad de almacenamiento en 37 tanques, y el atraque de buques de hasta 20.000 toneladas, lo que le da una capacidad de importación de 65.000 toneladas mensuales.

«Para este año vamos a importar 560.000 toneladas, lo que representa el 58% de la demanda que requiere el país. En 2027 serán alrededor de 720.000 toneladas de importación que se llevarán a cabo por este puerto de Okianus», explicó Vélez.

El directivo precisó que el sistema logístico terrestre está preparado para transportar esos volúmenes. Okianus cuenta con 16 bahías para carga de cisternas simultánea, respaldadas por un parque automotor nacional de aproximadamente 700 camiones, con capacidad para movilizar hasta 90.000 toneladas al mes. Esta seguridad en el suministro ha permitido que 60 clientes del sector industrial hayan migrado de gas natural a GLP.

Puerto Bahía con almacenamiento refrigerado

Por su parte, Pedro Rosales, director ejecutivo del proyecto de importación de GLP de Puerto Bahía, expuso los avances de un nuevo complejo de recibo ubicado en Mamonal, en la margen izquierda del río Magdalena, el cual aprovecha un calado natural de 20 metros.

Rosales dijo que desde marzo de 2026 iniciaron una etapa temprana de operación, habilitando una capacidad de entrega de 20.000 toneladas mensuales mediante el uso de barcazas de 4.400 toneladas.

No obstante, la gran apuesta es construir un tranque refrigerado con capacidad de almacenamiento de 30.000 toneladas, que entraría en operación a medidos de 2028.

«Tendremos unas condiciones que nos permitirán entregar, inicialmente, hasta 720.000 toneladas por año», puntualizó Rosales.

Esta nueva facilidad permitirá recibir buques gaseros de formato Very Large Gas Carrier (VLGC) y Medium Gas Carrier (MGC), generando eficiencias logísticas que reducirán los costos de flete y el precio de la molécula.

Ambos directivos concluyeron que con la infraestructura de importación en Cartagena se cubrirá hasta el 85% de la demanda nacional.

Promigas: Colombia debe tomar decisiones para enfrentar el déficit de gas

El XXVII Informe del Sector Gas Natural en Colombia plantea cinco decisiones prioritarias para recuperar la oferta nacional, diversificar las importaciones, fortalecer la infraestructura y proteger la competitividad del gas.

El XXVII Informe del Sector Gas Natural en Colombia, presentado por Promigas, advierte que la caída sostenida de la producción y de las reservas convirtió el déficit de gas nacional en una realidad estructural.

Para responder a este escenario, InfoGas 2026 plantea cinco decisiones prioritarias orientadas a fortalecer el abastecimiento, recuperar la oferta nacional, ampliar la infraestructura, fortalecer la institucionalidad técnica y preservar la competitividad del gas natural en Colombia.

El déficit dejó de ser coyuntural

En 2025, la producción fiscalizada cayó 12% y acumuló una reducción de 31% frente a 2021. En ese mismo periodo, las reservas probadas pasaron de 3.164 giga pies cúbicos (Gpc) a 1.717 Gpc, limitando progresivamente la capacidad de la oferta nacional para atender la demanda.

Como resultado, aumentó la participación de las importaciones. Los volúmenes regasificados por SPEC LNG pasaron de un promedio anual de 5 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) en 2021 a 174 MPCD en 2025. En lo corrido de 2026, el gas importado representó 28% del suministro total y, en agosto, alcanzó 34%.

Ante esta necesidad, Promigas adelantó para octubre de 2026 la ampliación de SPEC LNG prevista inicialmente para septiembre de 2027. La terminal adicionará 58 MPCD y alcanzará una capacidad total de regasificación de 533 MPCD.

Menor holgura, mayor impacto para el país

La combinación de menor producción nacional, mayor utilización de la infraestructura de importación y la ausencia de señales regulatorias para desarrollar infraestructura que dé mayor confiabilidad al sistema de transporte de gas, redujo los márgenes operativos de la cadena de abastecimiento.

“En estas condiciones, una reducción inesperada en la producción de un campo o la indisponibilidad de un activo crítico puede afectar distintos segmentos del mercado”, señala el Informe.

Entre enero y agosto de 2026, la demanda no térmica disminuyó 58 GBTUD, equivalente a una caída de 7% frente al mismo periodo de 2025. El segmento industrial registró la mayor reducción, con una caída de 23%, seguido por los sectores de gas natural vehicular y petrolero.

“La señal es clara: un suministro insuficiente, costoso o incierto puede llevar a los consumidores a reducir su actividad o migrar hacia energéticos de mayores emisiones y, en algunos casos, mayores costos, con efectos sobre la competitividad, la calidad del aire, la salud y los objetivos de descarbonización”, agregó.

“Colombia necesita resolver simultáneamente dos horizontes. En el corto plazo, asegurar las importaciones y la infraestructura necesarias para atender la demanda y responder a escenarios de mayor exigencia del sistema; y, en el mediano y largo plazo, recuperar la producción nacional y fortalecer la confiabilidad. No son caminos excluyentes: el país necesita avanzar en todos ellos al mismo tiempo”, señaló Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

Aunque en las últimas semanas se han adoptado medidas que contribuyen a atender las necesidades más inmediatas del sistema, el desafío de Colombia es avanzar hacia una respuesta integral y sostenible. Esto implica atender simultáneamente los requerimientos de abastecimiento de corto plazo y las soluciones estructurales necesarias para recuperar la confiabilidad y competitividad del sector.

Con base en este diagnóstico, InfoGas 2026 plantea cinco decisiones prioritarias para fortalecer la seguridad energética y garantizar un suministro de gas natural:

  1. Asegurar y diversificar las importaciones: Materializar nueva infraestructura de importación, ampliar las alternativas de contratación y establecer reglas claras para trasladar eficientemente los costos de suministro, regasificación y almacenamiento. La eventual importación desde Venezuela puede complementar y diversificar la oferta, siempre que sea confiable y no cree una nueva dependencia para el país.
  2. Recuperar la oferta nacional: Retomar la exploración, acelerar la conversión de recursos contingentes en reservas, facilitar proyectos estratégicos como Sirius y definir una ruta para el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales, con mayor agilidad en licenciamiento ambiental y consulta previa, seguridad jurídica y condiciones tributarias competitivas.
  3. Fortalecer el transporte y la confiabilidad: Ampliar la capacidad para movilizar gas hacia los centros de consumo y desarrollar infraestructura que otorgue mayor flexibilidad y respaldo al sistema. La conexión VIM-Interior (Jobo-Vasconia) podría habilitar hasta 400 MPCD, mejorar la confiabilidad de la red y conectar mejor los sistemas de la costa y el interior, con esquemas regulatorios que reconozcan las inversiones y la capacidad de respaldo.
  4. Recuperar la estabilidad regulatoria: Preservar la capacidad técnica de la CREG y la UPME, aprobar con agilidad los proyectos priorizados en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural y resolver las actualizaciones tarifarias pendientes, mediante señales oportunas, previsibles y consistentes.
  5. Proteger la competitividad y a los consumidores: Evitar que las restricciones de oferta y los mayores costos aceleren la pérdida de demanda o la sustitución por energéticos de mayores emisiones. También se requiere el giro oportuno y una mejor focalización de los subsidios para proteger a los hogares vulnerables sin comprometer la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras.

Gas natural, estratégico para la seguridad energética

InfoGas 2026 concluye que Colombia no debe elegir entre gas nacional o importado. El desafío es garantizar un abastecimiento diversificado, confiable y competitivo en un mercado con una holgura cada vez menor.

“Las decisiones que se adopten serán determinantes para consolidar al gas natural como motor de transformación para Colombia, respaldo fundamental del sistema eléctrico y aliado de una matriz energética más diversificada, resiliente y sostenible. Su firmeza y flexibilidad serán cada vez más relevantes para responder a la variabilidad hidrológica, complementar la creciente participación de fuentes renovables e impulsar la competitividad y el desarrollo productivo”, concluye el Informe.

Amazónica LNG firma contrato con Jereh como EPCista

Con una inversión de USD 180 millones, el proyecto cuenta con el 100% de la ingeniería de detalle culminada y los permisos requeridos para avanzar hacia el proceso de adquisición de equipos y constructivo. Con la participación de Jereh, la empresa afirma que se mantiene la entrada en operación para el primer semestre de 2028.

Amazónica LNG formalizó la contratación con la firma especializada china Jereh Group, a través de su sucursal Jereh Oil & Gas Colombia, como el aliado principal de su proyecto.

Un paso fundamental que, junto con la culminación de la ingeniería de detalle y la totalidad de los permisos requeridos, permite consolidar la condición técnica de “Ready to Build” (Listo para Construcción) de la iniciativa.

“La selección de Jereh como EPCista se ejecutó bajo estrictos protocolos de gobierno corporativo, eligiéndolos por su competencia técnica, seriedad, sólida trayectoria en más de 70 países y su relevancia internacional en la industria energética global. En el país, la compañía aporta experiencia previa en proyectos de infraestructura, implementación de tecnologías para Gas Natural Licuado (GNL), sistemas de compresión y transporte mediante gasoductos virtuales”, afirmó Alberto Consuegra, CEO de Amazónica LNG.

Este hito confirma la madurez del proyecto para realizar la primera planta de regasificación en tierra de Colombia, concebida para la importación, almacenamiento y regasificación de GNL. Su entrada en operación está proyectada para el primer semestre de 2028.

“Este es un hito más con el que se confirma que Amazónica LNG dejó de ser una expectativa para ser un proyecto técnicamente viable y preparado para avanzar hacia su construcción. Contar con Jereh como contratista principal nos brinda solidez y confianza para afrontar esta nueva etapa y continuar con el cumplimiento del cronograma previsto”, dijo Consuegra.

La firma del contrato con Jereh habilita una etapa fundamental de alistamiento del proyecto, en la que el contratista podrá avanzar en la conformación del equipo local de ingeniería, la contratación de proveedores de bienes y servicios, la colocación de órdenes de compra de equipos y las demás actividades requeridas para preparar la fase constructiva, cuyo plazo estimado es de 18 a 21 meses e incluye la ingeniería de balance de planta, adquisición y fabricación de los equipos principales y materiales, construcción, alistamiento y soporte para el arranque del proyecto.

“Nos entusiasma ser parte de este proyecto estratégico que le entregará a Colombia su primera planta de regasificación en tierra, fortaleciendo la infraestructura energética del Caribe y del país. Valoramos la confianza de Amazónica LNG y pondremos a su servicio toda nuestra experiencia global y capacidad técnica para garantizar el éxito de esta apuesta”, destacó Wei Lu, Rotating Chairman y COO de Jereh Group.

Otro avance relevante de Amazónica LNG es la resolución final de autorización otorgada por la Dirección General Marítima (DIMAR) para la zona de fondeo del buque FSU del proyecto en aguas colombianas.

Con esta configuración y un mínimo incremento en el capital de inversión, Amazónica LNG podrá optimizar su logística, elevar su capacidad de almacenamiento a 210.000 m³ de GNL y duplicar su capacidad de entrega hasta 200 MMPC diarios, incluyendo regasificación de GNL, entrega de GNL virtual a través de estación de carga de camiones cisterna, así como suministro de gas natural a proyectos de autogeneración en el Cluster de Palermo.

El proyecto está diseñado primordialmente para soportar al sector eléctrico nacional mediante el suministro estratégico de gas natural en firme para las plantas de generación térmica, contribuyendo a la seguridad y confiabilidad energética del país y al abastecimiento de los sectores industriales, comerciales y residenciales.

Con una inversión privada estimada de USD 180 millones, Amazónica LNG avanza hacia la construcción de una infraestructura estratégica para la importación y suministro de gas natural en el Caribe colombiano.

Enel Colombia duplicó la capacidad de la subestación Nueva Esperanza

La ampliación requirió una inversión cercana a los 75.000 millones de pesos y el montaje de tres transformadores de última generación, de 120 toneladas cada uno, conectados directamente al Sistema de Transmisión Nacional.

Enel Colombia amplió de la Subestación Nueva Esperanza, ubicada en el municipio de Soacha. Este proyecto, integrado al Plan de Expansión Bogotá-Región 2030, contó con una inversión total cercana a los 75.000 millones de pesos y responde al aumento sostenido de la demanda de energía en la capital y en el centro-oriente del país.

La obra, energizada en tiempo récord, consistió en la instalación de un segundo banco de autotransformación 500/115 kV, con una capacidad de 450 MVA, un hito técnico que permitió duplicar la capacidad total de la Subestación Nueva Esperanza hasta alcanzar los 900 MVA.

Esta infraestructura es clave para fortalecer la confiabilidad de la red regional y mitigar riesgos operativos ante posibles contingencias en el suministro.

Para materializar el incremento de potencia, llegaron a la Subestación tres transformadores de última generación diseñados específicamente para transformar el nivel de tensión de 500 kV a 115 kV.

Cada uno de esos equipos pesa cerca de 120 toneladas y tiene un volumen equivalente a tres buses biarticulados del sistema TransMilenio, cuya incorporación permite conectar la Subestación directamente al Sistema de Transmisión Nacional.

La operación logística involucró controles técnicos, cierres viales programados, pasos controlados sobre el río Bogotá y adecuaciones estructurales en las vías de acceso a la Subestación. Un despliegue de alta ingeniería y planeación estratégica para superar desafíos geográficos y de infraestructura.

Con este proyecto, además de beneficiar a más de cuatro millones de personas, la red eléctrica del centro-oriente colombiano refuerza su estabilidad, facilita la distribución de grandes volúmenes de energía y respalda el crecimiento habitacional e industrial de la zona.

Regasificadora del Pacífico llega al 90% de desarrollo

Pese al terremoto, la obra avanza en un 90% y mantiene el primero de noviembre como fecha de entrada en operación.

La Regasificadora del Pacífico (RDP), que se construye en Buga, Valle del Cauca, pasó con creces su más dura prueba: el terremoto del pasado 10 de agosto que sacudió el occidente de Colombia.

“Las instalaciones no sufrieron ningún rasguño, solamente el susto y que nos quedamos sin energía durante 12 horas”, dice Jesús Urías, gerente general de RDP.

Urías es un administrador mexicano que llegó a la gerencia de RDP, luego de manejar por cinco años la planta de regasificación de La Paz, Baja California, que también utiliza el sistema de isocontenedores.

Con el zarpe de la FSU Tura y la barcaza Pargo Rojo, a comienzos de septiembre desde el astillero chino de Yiu Lian, se mantiene el primero de noviembre como la fecha para entrar en operación RDP.

Mientras llegan las embarcaciones, las obras en el puerto de Buenaventura y en las instalaciones de la regasificadora en Buga avanzan en más de un 90%: los doce tanques de proceso o amortiguamiento ya están instalados, al igual que los compresores, los vaporizadores, las bombas y dos enormes tanques de almacenamiento de agua.

Las cuadrillas trabajan a toda marcha en los sistemas de conexión, monitoreo, control y seguridad para llegar a la meta: comenzar a operar el primero de noviembre y entregar los primeros 60 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) al Sistema Nacional de Transporte.

¿Cómo funciona el sistema?      

La operación comienza a seis kilómetros de la costa, donde estará fondeado Tura, un metanero adaptado como unidad flotante de almacenamiento (FSU, por sus siglas en inglés), con una capacidad de 145 mil metros cúbicos de gas natural licuado (GNL).

El Tura transferirá simultáneamente el GNL a 72 isocontenedores, que es la capacidad máxima de la barcaza Pargo Rojo, que luego los llevará al puerto TCBuen, en Buenaventura, donde serán cargados en los camiones que los llevarán hasta Buga, donde está el punto de conexión al gasoducto de TGI.

La planta de Buga tiene una capacidad para descargar simultáneamente 10 isocontendores, operación que tarda cerca de hora y media. Además, en Buenaventura estará permanentemente un isocontenedor para brindar un MPCD a la red domiciliaria de la ciudad.

Cada isocontenedor tiene una capacidad de unos 50 metros cúbicos, aproximadamente un millón de pies cúbicos regasificados. En puerto ya están listos 162 isocontenedores, pero hay tres pedidos de 50 cada uno para completar un parque de 312 isocontenedores en 2027.

La logística por carretera estará a cargo, por partes iguales, de dos empresas transportadoras: EntreKarga y Summo Logistics, que arrancan con 30 camiones dedicados cada una.

Así, después de SPEC en Cartagena, se espera que el primero de noviembre arranque la segunda planta de regasificación del país, con una capacidad de regasificación inicial de 60 MPCD, que es el contrato firmado con Ecopetrol.

En una segunda etapa, que se espera arranque en diciembre próximo, se regasificarían 20 MPCD adicionales para Alcanos; y en una tercera etapa, hacia abril de 2027, la planta podría sumar otros 50 MPCD, para un total de 140 MPCD, alrededor del 20% del consumo de gas del país.

Este sería el inicio de Regasificadora del Pacífico, la segunda planta de regasificación que se construye en Colombia y la más grande de América que utiliza el sistema de isocontenedores.

El 11-S: 25 años después

Hay acontecimientos que no sólo hacen historia, sino que la parten en dos. El atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 fue uno de ellos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Aquel martes aciago el mundo contempló atónito, en tiempo real, cómo dos aviones comerciales se estrellaban contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York y, luego, cómo estas se desplomaban convertidas en una gigantesca montaña de escombros. Otro avión impactó el Pentágono y un cuarto cayó en Pensilvania. El saldo: cerca de 3.000 muertos.

Pero la verdadera dimensión del 11-S no puede medirse únicamente por el número de víctimas. Aquel día cambió la percepción que el mundo, empezando por Estados Unidos, tenía de su propia seguridad y se alteró el curso de la geopolítica mundial.

Apenas nueve días después, el 20 de septiembre de 2001, en mi artículo Colombia: país real, país virtual, me referí al impacto de aquellos atentados que habían reducido a cenizas las emblemáticas Torres Gemelas y golpeado el Pentágono.

Mi preocupación inmediata, además del horror provocado por semejante acto de barbarie, apuntaba hacia sus repercusiones económicas. La economía mundial ya mostraba síntomas de desaceleración y aquel golpe introducía un ingrediente adicional de incertidumbre, que presagiaba su hundimiento.

Pocos días después volví sobre el tema en Una elegía por la paz. Esta vez mi preocupación trascendía la coyuntura económica. Me inquietaban las consecuencias políticas y militares que podría desencadenar la inmediata y contundente reacción de Estados Unidos.

Dos hechos me parecieron entonces incontrovertibles: la enorme capacidad destructiva que había alcanzado el terrorismo y la vulnerabilidad del Estado frente a él, incluso tratándose de la mayor potencia económica y militar del planeta. Veinticinco años después, vale la pena volver sobre aquellas reflexiones y confrontarlas con lo acontecido.

La reacción estadounidense no se hizo esperar. El Presidente George W. Bush proclamó la denominada “guerra contra el terrorismo”. El enemigo ya no era necesariamente otro Estado ni un ejército convencional claramente identificable. Era una organización transnacional, dispersa, clandestina y capaz de golpear desde las sombras. Ese cambio fue trascendental.

En octubre de 2001 Estados Unidos invadió Afganistán. El propósito declarado era destruir las bases de Al Qaeda, responsable de los atentados, capturar a Osama Bin Laden y desalojar del poder al régimen talibán que le había brindado refugio y protección. Dos años después, en 2003, vino la invasión de Irak. Se justificó alegando que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Tales arsenales nunca fueron encontrados.

Aquí empezó a desdibujarse la frontera entre la legítima respuesta al terrorismo y una estrategia desmedida de intervención militar de mucho mayor alcance. Lo que comenzó como una operación contra los responsables del 11-S terminó convirtiéndose en una prolongada guerra global. Y fue costosa, aún se prolongan en el tiempo y en el espacio sus repercusiones y secuelas.

Investigaciones del proyecto Costs of War de la Universidad Brown estiman que las guerras posteriores al 11-S comprometieron más de US$8 billones (trillion en la nomenclatura estadounidense) en gastos y obligaciones de Estados Unidos.

El mismo proyecto estima en al menos 940.000 las muertes directas ocasionadas por la violencia en los distintos escenarios bélicos y calcula que, al incorporar las muertes indirectas derivadas de sus consecuencias, el saldo puede ascender a entre 4,5 y 4,7 millones de personas.

Afganistán constituye quizá la mayor paradoja de esta historia. Estados Unidos llegó allí en 2001 para desalojar a los talibanes. Permaneció durante dos décadas. Miles de vidas y enormes recursos después, las últimas tropas estadounidenses abandonaron Afganistán el 30 de agosto de 2021. Y los talibanes retornaron al poder. La historia parecía regresar al punto de partida.

Ello no significa que esos veinte años hayan sido inútiles ni que Al Qaeda conservara intacta la capacidad que tenía en 2001. Osama Bin Laden fue dado de baja en Pakistán en mayo de 2011 y la estructura que organizó los ataques sufrió golpes devastadores.

Pero Afganistán dejó una enseñanza difícil de soslayar: la superioridad militar puede conquistar un territorio, derribar un régimen e incluso destruir un ejército, pero no necesariamente es suficiente para construir un Estado viable ni garantizar una paz duradera. Ese fue precisamente uno de los interrogantes que planteábamos cuando todavía humeaban los escombros de las Torres Gemelas.

Al Qaeda fue debilitada, pero el terrorismo no desapareció. Mutó. De sus ramificaciones y del caos generado por las guerras posteriores surgieron nuevas organizaciones. La más brutal y espectacular fue el autodenominado Estado Islámico —ISIS—, que llegó a controlar extensos territorios de Irak y Siria y proclamó un pretendido califato.

A las organizaciones jerarquizadas se sumaron células dispersas por doquier y los llamados “lobos solitarios”. Internet y posteriormente las redes sociales se convirtieron en instrumentos de propaganda, radicalización y reclutamiento. El terrorismo y sus células aprendieron a desenvolverse en red. La amenaza dejó de estar concentrada exclusivamente en un territorio y se hizo ubicua.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

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