Dimes y diretes de un negocio donde han opinado altos funcionarios de ambos países, pero que dejó por fuera a los actores naturales: PDVSA y Ecopetrol.
Luego de que hasta el propio ministro de Hacienda colombiano, José Antonio Ocampo, anunciara la posibilidad de traer gas natural de Venezuela, la historia de importar el combustible gaseoso del vecino país parecía tener un epílogo, cuando, en reciente entrevista al diario EL TIEMPO, el embajador colombiano en Venezuela Armando Benedetti dijo que el presidente Petro había sido tajante en que no se importaría gas de ese país.
Pero lo cierto es que la estructuración del negocio viene de años atrás y sigue andando y, en todo caso, siempre será manejado entre empresas privadas.
La historia saltó a la opinión pública cuando recién instalado el gobierno de Gustavo Petro, la ministra de Minas y Energía Irene Vélez declaró que no se firmarían nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos. A la pregunta de los periodistas sobre qué pasaría en caso que las reservas de gas natural se agotaran en el país, la funcionaria respondió: “Importaremos gas de Venezuela”.
La respuesta dejó perplejos a los comunicadores y a los agentes del mercado, toda vez que con esa política no solo se pone en riesgo la seguridad energética del país, sino que quedaría dependiendo de un país que destruyó gran parte de su industria petrolera —luego de haber sido una potencia mundial—, además de que ya había incumplido su compromiso de enviar gas a Colombia.
Las alarmas también las encendieron algunos gremios, congresistas y especialistas, que llamaban la atención sobre la reciente experiencia de Alemania, que atravesaba una aguda crisis energética en pleno invierno, con la disparada en los precios del gas y la electricidad al consumidor, luego de que el país renunciara a la generación nuclear y térmica, acelerara la incorporación de fuentes no convencionales y dependiera de Rusia en el suministro de gas.
Pero lo que en un comienzo se pensó era una ligereza de una ministra que no provenía del sector energético, en realidad la posibilidad de importar gas de Venezuela se estaba cocinando incluso desde antes de que Petro ganara las elecciones.
Efectivamente, a mediados de noviembre de 2022, la agencia Bloomberg Línea publicó en primicia que PDVSA autorizaba a la empresa privada venezolana Prodata Energy a exportar gas natural a Colombia a través de la comercializadora colombiana Energy Transitions SAS.
Según el acuerdo firmado en julio de 2022, Prodata Energy quedaba autorizada para exportar hasta por 30 años 25 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) de gas natural a Colombia, algo más del dos por ciento del consumo actual del país andino.
Lo primero que llama la atención es que sean dos empresas privadas las que estén involucradas en el negocio, dejando por fuera a los actores naturales, las estatales PDVSA y Ecopetrol. La razón: es la forma de esquivar las sanciones internacionales contra la petrolera venezolana.
Aunque fuentes consultadas por la guiadelgas.com señalaron que esto no tiene nada de raro, pues ya los Estados Unidos había autorizado a Chevron a exportar petróleo desde Venezuela, y además el vecino país estaba analizando la posibilidad de enviarle gas a Trinidad & Tobago, pues los campos la isla exportadora están en declive.
El gasoducto binacional
La importación de gas venezolano hacia Colombia se haría por el gasoducto binacional Antonio Ricaurte, el cual tiene una capacidad de 450 MPCD, y fue construido por PDVSA gracias a un convenio firmado en 2004 por los gobiernos de turno: Uribe-Chávez.
Así, el tubo estuvo en funcionamiento entre 2007 y 2015, tiempo durante el cual Colombia le envió gas a Venezuela. La razón: los mayores campos de Venezuela están en el oriente del país, mientras que las grandes ciudades y las industrias están concentradas en el occidente.
El contrato contemplaba que a partir de 2016 PDVSA enviaría combustible gaseoso a Colombia, pero eso nunca ocurrió y desde entonces quedó abandonada la infraestructura de 224 kilómetros, de los cuales 88 kilómetros están en territorio colombiano.
Más recientemente, a mediados de febrero de 2023, el portal venezolano Armando.info pubicó un reportaje donde daba detalles de las empresas involucradas en el negocio y sus posible nexos con altos representantes del régimen de Nicolás Maduro.
Señalaba que aunque el nombre de la empresa Prodata Energy es nueva en el mercado de hidrocarburos del vecino país, su quehacer operacional lleva más de 50 años en este negocio, ya que antes la compañía se llamaba Production Data Acquisition Wire Line, una prestadora de servicios petroleros fundada en 1971 con sede en el estado Zulia.
Además del cambio de nombre, que se hizo oficial en febrero de 2022, también se presentó un relevo de propietarios, directivos y de sede (al cambiar sus oficinas al Centro Lido en Caracas), antes de obtener la licencia de PDVSA para exportar gas venezolano a Colombia.
También identificó a los dueños de Prodata Energy: Bernardo Arosio Hobaica, ligado inicialmente al sector de la construcción con ATB Constructores, y Jorge Miroslav Jara Salas, un ingeniero de origen peruano con un pasado en la empresa Petroalianza, contratista de PDVSA.
Según Armando.info, Arosio es un conocido del ministro Popular del Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissaimi, funcionario muy cercano al presidente Maduro, y quien estaría detrás del negocio para llevar el gas natural a Colombia.
Así mismo, hicieron públicas las dos jugadas de Arosio y Jara para quedarse con la totalidad de Prodata Energy.
La primera fue el 8 de julio, cuando los dos empresarios registraron en una notaria en Caracas a Investment Holding Corp, una sociedad cuyo único fin es la “tenencia, gestión y administración de toda clase de acciones o participaciones en sociedades mercantiles”. Y la segunda fue el 5 de agosto, apenas un mes después de constituida esta empresa, para adquirir la totalidad de acciones de Prodata Energy.
Dificultades técnicas
Además de que aún no se sabe quién sería el proveedor venezolano del gas, también existen dudas sobre la calidad del combustible y el estado del gasoducto.
Una eventual operación está condicionada al cumplimiento de algunos compromisos para enviar gas a Colombia, como retirarle excesos de CO2 y subirle la presión y el punto de rocío.
Acerca de las condiciones técnicas del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, este es desconocido hasta tanto no se relice una inspección de las tuberías y las estaciones.
Aunque se ha dicho que técnicos de PDVSA adelantan las inspecciones para establecer la inversión para las reparaciones y la reactivación del tubo, la guiadelgas.com pudo establecer que del lado colombiano las instalaciones en Ballena (Guajira) fueron vandalizadas y por lo menos un tramo de 80 metros de tubería requiere reparaciones.
Pero el negocio de llevar gas venezolano a Colombia dio un giro inesperado con la detención de Arosio por parte del régimen, el 25 de marzo de 2023. Ese mismo día se solicita la disolución de Prodata Energy y, por ende, la terminación del proyecto a través Integral Energy Plus, que tenía el contrato para operar el gasoducto Antonio Ricaurte en el tramo colombiano.
Posteriormente, en agosto de ese año se finiquita el contrato entre entre PDVSA GAS Sucursal Colombia e Integral Energy Plus SAS.
Días después, el 7 de septiembre, la Cámara de Comercio de Bogotá canceló la matrícula de Integral Energy Plus SAS, y el 2 de mayo de 2024, en la Asamblea General de Accionistas de Investment Holding Corp CA, quien era la dueña del 100% de las acciones de Prodata Energy, Jorge Jara renuncia como director y vende su participación a un tercero, desligándose completamente del eventual negocio de gas entre Colombia y Venezuela.
Así, el proyecto aún está en el limbo, pues después de la evaluación técnica del gasoducto se debe calcular las inversiones para su reparación y puesta en funcionamiento, determinar quién será el proveedor venezolano del gas, que la molécula cumpla con la normativa colombiana de calidad, y que, finalmente, se defina quienes serán los nuevos operadores. Amanecerá y veremos…
