Frente al alza desmesurada de las tarifas de energía, ya es tiempo de que pasemos de las protestas a las propuestas. Me atrevo a plantear algunas para su discusión.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
Primero, titularizar los recursos esperados en los próximos cinco años del Fondenergia, creado por la Ley 2099 de 2021, que pueden superar los $280.000 millones al año, y constituir un capital autónomo con esos recursos y con ellos financiar programas de formalización que contribuyan a la reducción del fraude y el no pago de la factura de energía.
Obviamente, su implementación se haría con el apoyo y acompañamiento de gobernadores y alcaldes. Otra fuente de financiación de este programa está en los recursos que por $14,8 billones, que tomó el Gobierno Nacional para financiar el Fondo de emergencia durante la pandemia del Sistema de Regalías y que deberá reintegrar a las regiones. Huelga decir que las inversiones que se hagan con estos recursos no irían a la tarifa que paga el usuario final.
Segundo, a medida que mejore el recaudo y la calidad de la cartera, gracias a las acciones anteriores, ello se debe reflejar en una baja en las tarifas en lugar de ir a mejorar el P&G de las empresas prestadoras del servicio. Este sería un gana-gana, para las empresas y para los usuarios.
Tercero, debería emprenderse ya un plan de choque que comprometa a los gobiernos nacional, departamentales y municipales, para la instalación de paneles solares en los techos de las viviendas de los estratos 1, 2 y 3, con lo cual se podrá reducir el valor de sus facturas de energía en un 30%, aproximadamente.
Cuarto, el Congreso de la República debería revisar y reajustar los kilovatios correspondientes al consumo de subsistencia, que sirve de base para la asignación del subsidio al consumo, subvencionado vía presupuesto nacional, dado que lo que se reconoce actualmente (173 KWH mes) no consulta la realidad de la región Caribe, cuyas condiciones climáticas obligan a los usuarios a un mayor consumo básico de energía, el cual supera los 200 KWH mes .
Finalmente, un aspecto primordial que debe contemplarse en estos ajustes es el que tiene que ver con el cargo por restricciones contemplado en la fórmula tarifaria, toda vez que, después del indexador y de las pérdidas reconocidas, en el caso de la región Caribe, es el otro factor que viene presionando el alza de las tarifas de energía.
Como es sabido, las restricciones son causadas por atrasos en la ejecución de los proyectos, ya sea de generación o de transmisión. Deberían asumirlas los responsables de las mismas y no los usuarios.
La Resolución CREG 035 de 1995 dejó establecido que el costo total de las restricciones la asumieran por partes iguales los generadores y los comercializadores. Pero, posteriormente, mediante la Resolución 063 del 2000, modificatoria de la anterior, le cargó la totalidad de las restricciones a los comercializadores y por ende a los usuarios que desde entonces la vienen asumiendo íntegramente como uno de los componentes de la fórmula tarifaria. De manera que está en manos de la CREG su desmonte.
Pari pasu con estas medidas, se debe avanzar tanto en materia regulatoria como en el diseño y operación del mercado mayorista, ambos deben ser repensados y ser objeto de una reingeniería para responder a los nuevos retos y aplicar las lecciones aprendidas después de casi 30 años de su concepción y puesta en marcha.
De hecho, la CREG es consciente de ello y ha venido proponiendo ajustes estructurales en procura de que se cuente con señales mucho más eficientes en la formación de precios en el mercado mayorista, lo cual deberá redundar en beneficio de los usuarios.
Ello tiene que ver tanto con la manera como se transa la energía en Bolsa como en lo que respecta al despacho diario, al mercado intradiario, concomitantemente con el mercado en tiempo real, así como la tarifa – horaria y de contera ganar en eficiencia en toda la cadena.
Ello le daría una mayor flexibilidad y dinamismo a cada día de operación. También hay que meterle mano a los servicios complementarios que permitan el acoplamiento y la integración de las fuentes no convencionales de energía renovables (FNCER), de tal suerte que estas le sirvan de respaldo a las fuentes convencionales (hídricas y térmicas) y estas a aquellas.
Como lo afirma el experto Comisionado de la CREG José Fernando Prada, se trata de “una revisión total de las reglas de funcionamiento con más oportunidades de transacciones, con despachos vinculantes para que se hagan operaciones comerciales en firme en las que se tenga más certeza de los precios de la energía y que tengan más oportunidades para que se puedan ir ajustando las ofertas y que esto refleje las características de todas las plantas”.
De esta manera se optimizaría el despacho y la operación del Sistema en beneficio de los usuarios, que deberán estar en el centro de esta reforma que se ha venido “cocinando” a fuego lento.
*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.
