En Cartagena se discutirá el futuro de los servicios públicos en Colombia

La agenda incluye diálogos con el nuevo Gobierno nacional, congresistas, organismos de control, gobernadores y alcaldes, además de espacios especializados en energía, agua, aseo, ambiente y TIC, y la entrega del 21° Premio Andesco a la Sostenibilidad.

El Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) llega a su edición número 28 bajo el lema Construyendo Futuro.

Del 23 al 25 de septiembre, Cartagena reunirá a autoridades del Gobierno nacional, empresarios, reguladores, académicos, constitucionalistas, congresistas, medios de comunicación, organismos de control y cooperación internacional, para dialogar sobre los retos y las oportunidades del sector.

En esta versión, la Unión Europea será invitada de honor, con la participación de embajadores de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia y Suecia, además de representantes de la Comisión Europea, quienes compartirán su visión sobre transición energética, economía circular, biogás y el futuro digital del sector desde la experiencia europea.

“Este Congreso llega en un momento de nuevos aires para Colombia. Con el cambio de Gobierno, el país tiene la oportunidad de construir, desde el diálogo, las soluciones que el sector de servicios públicos necesita para seguir siendo el nivelador social por excelencia. Desde Andesco convocamos a construir juntos ese futuro, con la certeza de que la unión entre el sector público y privado es la mejor ruta para enfrentar los retos que vienen”, señaló Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco.

La agenda académica contempla más de 90 speakers nacionales e internacionales, diálogos sectoriales especializados en energía eléctrica, gas natural, agua potable, saneamiento básico, gestión de residuos, medio ambiente y TIC, así como páneles con el nuevo Gobierno nacional, el Procurador General, el Contralor General, la Superintendencia de Servicios Públicos, gobernadores, alcaldes y congresistas.

También se realizará el panel sobre el modelo de prestación de los servicios públicos desde la perspectiva constitucional, y la entrega del 21° Premio Andesco a la Sostenibilidad.

La programación del encuentro más importante del sector de los servicios públicos en Colombia incluye además la tradicional Carrera 5K en las playas de Cartagena.

Grupo Gilinski toma control de Geopark y aterriza en Venezuela

El Grupo Gilinski se convierte en el accionista controlante de Geopark, al tiempo que adquiere activos petroleros en Venezuela.

GeoPark anunció su entrada estratégica en Venezuela a través del bloque Bare, un activo productor de petróleo pesado ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las mayores acumulaciones de hidrocarburos del mundo.

Bare tiene un largo historial operacional, con producción existente, infraestructura instalada y un considerable potencial de recobro remanente, anunció la Compañía.

GeoPark considera que el redesarrollo de Bare puede contribuir a la reactivación del sector energético de Venezuela y a esfuerzos más amplios de reconstrucción económica. Mediante una mayor inversión, la aceleración de la producción, la rehabilitación de infraestructura y el crecimiento de las reservas de largo plazo, la Compañía apuesta por el largo plazo en Venezuela.

La oportunidad de Bare fue liderada por el Grupo Gilinski, que aseguró un marco contractual de 25 años mediante un Contrato de Participación Productiva (“CPP”) con PDVSA.

La transacción se financió con acciones de GeoPark para preservar su solidez financiera y su posición de caja, con lo cual el Grupo Gilinski toma el control de GeoPark con una participación de entre el 56,3% y el 58,4%, al tiempo que le permite ingresar al mercado venezolano.

Entrada estratégica a un activo emblemático

De acuerdo con la Compañía, la oportunidad de Bare representa un paso transformacional en la estrategia regional de largo plazo de GeoPark, junto con sus posiciones clave en Colombia y Argentina, al ofrecer una exposición temprana a Venezuela en un momento de renovado impulso del sector petrolero en ese país.

Se espera que la incorporación de Bare y la mayor producción de Vaca Muerta en Argentina incrementen la producción de GeoPark a entre 75 y 85 kboepd para 2030, aproximadamente 2,7 veces los niveles actuales de producción.

Los principales atributos del activo incluyen:

  • Aproximadamente 15,7 mil millones de barriles de petróleo original in situ (“OOIP”).
  • Más de 700 millones de barriles de producción histórica acumulada, que alcanzó niveles superiores a 100.000 bopd.
  • Aproximadamente 1.100 pozos existentes.
  • Producción bruta actual de aproximadamente 11.000 bopd, con un potencial máximo de 85.000–95.000 bopd.
  • Más de 10 años de producción potencial en plateau de 55.000–62.000 bopd netos para GeoPark.
  • El plan de redesarrollo acordado bajo el CPP contempla una producción neta acumulada de aproximadamente 400 millones de barriles para GeoPark, incrementando el factor de recobro del campo de 4–5% a un rango de 8–9%, con un importante potencial de producción remanente aún por capturar.

El inventario de pozos existente y la infraestructura instalada del activo, junto con el amplio conocimiento de yacimientos de GeoPark, proporcionan la base para un enfoque de redesarrollo por fases.

GeoPark tiene acceso a aproximadamente US$700 millones de liquidez y a fuentes de financiamiento comprometidas o negociadas, incluidos aproximadamente US$310 millones de efectivo disponible, lo que proporciona una base sólida para respaldar el desarrollo progresivo y el perfil de inversión de la oportunidad de Bare, junto con las actividades de crecimiento en curso en Colombia y Vaca Muerta.

GeoPark considera que la oportunidad en Venezuela complementa su estrategia regional de largo plazo al añadir reservas de gran escala y larga duración, crecimiento significativo de la producción y mayor generación de EBITDA, a sus plataformas existentes en Colombia y Argentina.

Recobro mejorado: una victoria temprana

La realidad energética colombiana exige decisiones rápidas, ambiciosas y, sobre todo, técnicas.

Por: JUAN ESPINAL*

Ante la pérdida de autosuficiencia en gas natural y la disminución de las reservas de hidrocarburos, Colombia tiene una alternativa que puede generar resultados en menor tiempo: acelerar la incorporación de reservas y aumentar la producción mediante proyectos de recobro mejorado (EOR) en campos que ya conocemos.

Al cierre de 2025, según las cifras del Informe de Recursos y Reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Colombia contaba con 2.020 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, equivalentes a 7,4 años de producción. En gas natural, las reservas probadas ascendían a 1.717 gigapiés cúbicos, con una vida media de apenas 5,9 años.

La discusión sectorial y la propuesta del nuevo Gobierno han planteado la meta de llevar la producción de hidrocarburos a aproximadamente 1,3 millones de barriles diarios, frente a una producción actual cercana a los 732.000 barriles por día.

Debemos recuperar la exploración, desarrollar los descubrimientos existentes, facilitar la asignación de nuevas áreas, aumentar la producción de gas y evaluar responsablemente todas las tecnologías disponibles. Ahí aparece una victoria temprana: el recobro mejorado.

Su principal ventaja estratégica es que no parte de cero. Estos proyectos se desarrollan en yacimientos ya conocidos y, generalmente, en campos donde existen pozos, infraestructura, facilidades de producción, información geológica, operadores y años de experiencia sobre el comportamiento del subsuelo.

Esto no significa saltarse las obligaciones contractuales, ambientales, sociales o étnicas, ni garantiza automáticamente la incorporación de nuevas reservas.

Pero podemos reducir considerablemente el tiempo entre identificar una oportunidad y obtener producción adicional, siempre que cada proyecto demuestre su viabilidad técnica, económica, ambiental y operacional.

¿Cómo funciona?

El petróleo original en sitio, conocido técnicamente como OOIP, corresponde al volumen de petróleo que originalmente se encuentra dentro de un yacimiento. En una primera etapa se aprovecha la propia energía de la formación para llevar los hidrocarburos hasta la superficie, posteriormente pueden utilizarse mecanismos como la inyección de agua o gas para mantener la presión y desplazar más petróleo hacia los pozos productores, pero incluso después de estos procesos queda una enorme cantidad de petróleo atrapada en la roca.

Acá entra el recobro mejorado. Mediante diferentes tecnologías se modifican las condiciones de interacción entre la roca y los fluidos del yacimiento para movilizar hidrocarburos que los métodos convencionales no lograron recuperar.

En términos sencillos, y muy de nuestra tierra, se trata de “raspar la olla”, aprovechar mejor un recurso que ya encontramos, conocemos y estamos produciendo, pero del cual todavía estamos dejando una enorme cantidad en el subsuelo.

Aumentar el factor de recobro en nuestros campos maduros puede significar nuevos barriles incorporados a las reservas, mayor producción, más regalías, más impuestos, más empleo y una mayor seguridad energética para Colombia, sin tener que comenzar siempre desde cero.

Debemos construir una ruta que permita evaluar y decidir sobre los proyectos EOR con mayor agilidad, basada en información técnica, responsabilidades claramente definidas y términos razonables para las autoridades competentes.

El recobro mejorado no es una solución mágica. Tampoco sustituye la exploración, los nuevos contratos, el desarrollo de descubrimientos ni la discusión que Colombia debe dar sobre los yacimientos no convencionales.

Se trata de una decisión de eficiencia y soberanía, producir mejor donde ya conocemos el subsuelo, utilizando información, ciencia, tecnología, pilotos rigurosos y decisiones administrativas oportunas.

*Senador de la República por el Centro Democrático.

Pueden los hidrocarburos ser la base para reconstruir el país

Un estudio realizado por el CREE y presentado por el Comité Intergremial de Petróleo y Gas, evidencia que las decisiones que Colombia tome hoy sobre exploración y producción definirán su seguridad energética, sus ingresos fiscales y su capacidad de financiar prioridades sociales en las próximas décadas.

Luego del desastre del gobierno Petro y la tragedia del terremoto, Colombia tiene por delante enormes desafíos. Necesita reconstruir las regiones afectadas, recuperar el crecimiento económico, generar empleo, reducir la pobreza, fortalecer las finanzas públicas y, al mismo tiempo, asegurar la energía que necesitan los hogares, los comercios y las industrias.

Cada uno de esos retos exige recursos, inversión y capacidad de ejecución. Y el sector de hidrocarburos considera que puede ser la palanca principal para recuperar al país.

Esta es, tal vez, la principal conclusión del estudio “Futuro de los hidrocarburos en Colombia: una mirada cuantitativa”, elaborado por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) y RGL Consultor, cuyos resultados fueron presentados por el Comité Intergremial de Petróleo y Gas, integrado por ACGGP, ACIEM, ACIPET, ACP, CAMPETROL y NATURGAS.

El análisis pone en el centro las necesidades de Colombia y evalúa cómo las decisiones que se tomen hoy sobre exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos pueden determinar no solo la seguridad energética de Colombia y la solidez de las finanzas públicas, sino también la capacidad del país para movilizar recursos hacia dos prioridades fundamentales: la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto y la reducción de la pobreza.

El estudio plantea cuatro escenarios que no son pronósticos, sino trayectorias posibles. Entre ellos “Coexistencia”, que muestra que Colombia puede mantener una industria de hidrocarburos dinámica (con un papel especialmente relevante del gas natural y los proyectos costa afuera) mientras avanzan las energías renovables, el almacenamiento, la electrificación y el hidrógeno.

La conclusión es clara: el país no tiene que escoger entre transición energética, seguridad energética y desarrollo; puede avanzar en los tres objetivos de manera complementaria apalancado en el sector de hidrocarburos.

“Estamos convencidos de que recuperar la autosuficiencia energética es recuperar oportunidades para Colombia: para su industria, sus regiones y sus ciudadanos. Significa incorporar nuevas reservas, incrementar la producción de petróleo y gas y fortalecer toda la cadena de valor que hace posible el desarrollo de los hidrocarburos. Cada proyecto, cada pozo y cada barril adicional moviliza equipos, tecnología, transporte, mantenimiento, servicios especializados y talento, generando empleo de calidad, dinamizando las economías regionales, fortaleciendo la industria nacional y aumentando los ingresos de la Nación y las regalías para los territorios”, dijo Nelson Castañeda, presidente Ejecutivo de CAMPETROL.

Recursos para la reconstrucción y el desarrollo

Y es que el aporte de los hidrocarburos trasciende la producción de energía. Su contribución a las exportaciones, la inversión, el empleo y los encadenamientos productivos convierte al sector en una fuente relevante de recursos para la Nación y las regiones.

El análisis fiscal elaborado en el estudio muestra la magnitud de lo que está en juego. Al sumar regalías, impuesto de renta y dividendos de Ecopetrol, el valor presente del aporte fiscal entre 2025 y 2050 alcanzaría $695 billones en el escenario de mayor oferta, $276 billones en el escenario de “Coexistencia”, $207 billones en el escenario de “Pérdida de autosuficiencia”, y $162 billones en el de “Transición Rápida”. Entre los escenarios extremos existe una diferencia de $533 billones.

El estudio muestra que, dependiendo de la trayectoria que siga el sector, los recursos disponibles para atender prioridades sociales podrían ser hasta ocho veces mayores en los escenarios extremos. Las decisiones que Colombia tome hoy en materia energética pueden ampliar o reducir significativamente los recursos con los que contará en el futuro para responder a las necesidades sociales del país.

“Desarrollar el potencial que tiene Colombia en petróleo y gas podría multiplicar por ocho los recursos disponibles para financiar inversión social. Por eso, desde el sector proponemos una Agenda de Crecimiento para Colombia que priorice la reactivación de la exploración, el desarrollo de nueva oferta local, y las condiciones que permitan atraer y mantener la inversión. Así podremos garantizar la seguridad energética, contribuir a la estabilidad fiscal y generar los recursos que el país necesita para avanzar en su reconstrucción y desarrollo”, indicó Frank Pearl, presidente de la ACP.

Los dirigentes pusieron el caso de Argentina, que se encontraba hace diez años en una situación aún peor que la de Colombia, con importaciones de gas superiores a los 8.000 millones de dólares anuales y una economía al borde del default; pero hoy, gracias a los recursos shale de Vaca Muerta, sanearon las finanzas públicas y exportan gas por valor 8.000 millones de dólares   

Gas natural: producir más para reducir la dependencia

El gas natural representa el reto energético inmediato del país por su importancia para los hogares, la industria, el comercio y el respaldo de la generación eléctrica.

En el escenario “Pérdida de autosuficiencia”, el estudio muestra que las importaciones podrían llegar al 65 % de la demanda de gas en 2035 y alrededor del 98 % hacia 2045.

Recordemos que durante el gobierno Petro no se firmaron nuevos contratos de exploración ni producción y la autosuficiencia en gas se perdió en diciembre de 2024, al punto que hoy el país importa el 35% de la demanda.

Así, las importaciones seguirán siendo una herramienta necesaria para complementar el abastecimiento, pero no deberían convertirse en sustituto estructural del desarrollo de los recursos nacionales. El reto es construir un portafolio de oferta que combine producción local, infraestructura e importaciones, con visión de largo plazo.

“Con las decisiones adecuadas, el sector de hidrocarburos puede alcanzar un valor agregado cercano a los $105 billones y generar inversión, regalías, impuestos y recursos fundamentales para el desarrollo del país. Aprovechar responsablemente nuestros recursos mientras avanzamos en la transición energética nos permite fortalecer la seguridad energética y, al mismo tiempo, ampliar la capacidad de Colombia para financiar sus prioridades sociales y generar oportunidades en las regiones”, explicó Luz Stella Murgas, presidenta de NATURGAS

El futuro energético se decide hoy

El estudio identifica una ventana crítica entre 2029 y 2032. Las reservas probadas actuales se vuelven marginales hacia 2035 y la trayectoria posterior dependerá de la capacidad de convertir oportunamente recursos contingentes, prospectivos y descubrimientos costa afuera en nuevas reservas y producción. Esto significa que los proyectos que sostendrán la oferta de la próxima década requieren decisiones, inversión y ejecución desde ahora.

La diferencia entre escenarios es significativa. Para 2040, la brecha de producción puede alcanzar 915.000 barriles diarios de petróleo y 2.834 millones de pies cúbicos diarios de gas. Retrasar la entrada de proyectos no necesariamente desplaza la misma producción hacia el futuro: parte de esa oportunidad productiva puede perderse de manera permanente.

El estudio evidencia que el principal desafío no es únicamente geológico. Colombia necesita condiciones que permitan transformar sus recursos en reservas y producción: reglas claras y estables, señales competitivas para la inversión, licenciamiento ambiental eficiente y riguroso, seguridad en los territorios, infraestructura, coordinación institucional y prevención y gestión oportuna de la conflictividad social.

La agenda de acción plantea reactivar la exploración y los contratos de exploración y producción (E&P); recuperar señales de inversión y estabilidad fiscal; asegurar la entrada oportuna de los proyectos de gas natural onshore y costa afuera; avanzar, con rigor técnico, en el desarrollo de yacimientos no convencionales; y fortalecer la gestión territorial, el orden público y la legitimidad social.

El de hidrocarburos es un sector sobre diagnósticado, el nuevo estudio del CREE plantea una hoja de ruta con cuatro escenarios. El balón está ahora en la cancha del gobierno.

EPM entrega infraestructura eléctrica en Cundinamarca

El pasado 30 de agosto, EPM puso en operación el proyecto asociado a la Convocatoria UPME 03-2023 en la Subestación Nueva Esperanza, ubicada en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

La infraestructura estratégica fortalece la confiabilidad y la capacidad del sistema eléctrico que abastece el centro-oriente de Colombia: Cundinamarca, Guaviare y Meta.

La obra, adjudicada por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), habilita la conexión de un segundo banco de autotransformadores de 450 MVA, con capacidad para mejorar las condiciones de confiabilidad y respaldo para aproximadamente 4 millones de habitantes. Así, incrementa la capacidad de transformación en uno de los puntos de intercambio de energía más importantes del centro del país.

La puesta en operación del proyecto representa un aporte para la seguridad energética nacional. Colombia enfrenta un severo fenómeno de El Niño, mientras diversas obras del sector energético avanzan con dificultades en sus cronogramas. En este contexto, disponer de infraestructura de transmisión es fundamental para garantizar la confiabilidad del sistema.

La seguridad energética no depende únicamente de incorporar nueva generación. También requiere redes de transmisión y transformación robustas que permitan transportar la energía allí donde se necesita, con mayores niveles de flexibilidad y respaldo para atender el crecimiento de la demanda y responder ante eventuales contingencias.

Atender el crecimiento de la demanda

A través de una convocatoria anterior de la UPME, la Subestación Nueva Esperanza fue construida principalmente por EPM y opera desde 2017, junto con las líneas de transmisión de 230 kV y 500 kV asociadas. Esta infraestructura es fundamental para abastecer el sur de Bogotá y los municipios del centro-oriente del país.

La subestación aporta actualmente al Sistema de Transmisión Nacional y, con la entrada en operación de este cuarto diámetro, se fortalece además la capacidad de transformación requerida para apoyar el Sistema de Transmisión Regional.

La ampliación forma parte del Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión 2020-2034 del Ministerio de Minas y Energía, hoja de ruta de la infraestructura eléctrica colombiana.

Pacto petrolero: ¿Regresa la Venezuela saudita?

Venezuela y Estados Unidos sellaron un pacto petrolero por 25 años: 65.000 millones de barriles de reservas y una meta de producción de 1,5 millones de barriles diarios.

Luego de 25 años del desastre castro-chavista que destruyó el país y llevó a la ruina al sector petrolero, Caracas y Washington firmaron un acuerdo que abre una nueva etapa en la relación energética.

El gobierno de Delcy Rodríguez asegura que Venezuela conservará la propiedad de sus recursos, mientras Estados Unidos aportará capital, tecnología y capacidad operativa para recuperar la industria petrolera.

Venezuela y Estados Unidos dieron un giro en su relación energética con un acuerdo petrolero que tendrá una vigencia de 25 años y contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos y una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

El anuncio fue confirmado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien presentó el pacto como un mecanismo para recuperar la industria petrolera del país y transformar sus reservas en ingresos para el Estado.

El acuerdo involucra campos con un potencial de 65.000 millones de barriles de petróleo, cifra equivalente a cerca del 22% de las reservas venezolanas, las mayores reservas probadas de crudo del mundo. El pacto convierte a Estados Unidos en un actor central en la explotación de una parte de esos recursos.

Una inversión para recuperar la producción

El objetivo inmediato es elevar la producción petrolera mediante inversiones, tecnología y recuperación de infraestructura. Rodríguez señaló que Venezuela aporta sus reservas, su industria y la experiencia de sus trabajadores, mientras Estados Unidos aporta el capital y la capacidad tecnológica necesarios para desarrollar los activos.

El acuerdo contempla ocho bloques nuevos o “greenfields” en la Faja Petrolífera del Orinoco, una zona de más de 55.000 kilómetros cuadrados. Estos proyectos tendrán una regalía mínima de 16% y una tasa de impuesto sobre la renta de 34%, según los términos expuestos por Rodríguez.

La presidenta encargada calculó que, con un precio de referencia de US$65 por barril, el Estado venezolano podría recibir US$209.335 millones durante la vigencia del convenio. Según su explicación, cerca de US$19 por cada barril producido y vendido ingresarían directamente al país.

La magnitud de la cifra contrasta con la situación actual de la industria venezolana. La agencia Reuters reportó que el país produce alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, pese a contar con las mayores reservas probadas de crudo del planeta. El deterioro de la infraestructura, la falta de inversión y las sanciones han limitado la capacidad productiva.

Recordemos que al momento de la llegada de Chávez al poder, Venezuela producía 3,5 millones de barriles diarios.

¿25 años o 100 años?

Uno de los puntos que generó mayor confusión tras el anuncio inicial fue la duración del acuerdo.

Tras el anuncio del pacto, circularon versiones sobre contratos con una duración de hasta 100 años. Sin embargo, Rodríguez afirmó que el convenio binacional tendrá una vigencia de 25 años.

La diferencia surge de otra estructura contemplada en el acuerdo. Un funcionario estadounidense citado por medios internacionales señaló que podría existir una empresa conjunta privada con una concesión de hasta 100 años, mientras que el acuerdo binacional anunciado por Caracas tiene una duración de 25 años.

Ese elemento mantiene abierta una de las principales interrogantes del pacto: cómo quedará estructurada la participación de las empresas privadas y qué derechos tendrán sobre los campos y la producción durante el periodo de operación.

Estados Unidos toma posición sobre una parte del crudo venezolano

Desde Washington, el acuerdo fue presentado como una oportunidad para ampliar el suministro petrolero estadounidense. El presidente Donald Trump aseguró que el convenio permitirá aumentar la disponibilidad de crudo y contribuir a reducir los precios de los combustibles en el largo plazo.

La administración estadounidense también busca utilizar parte del petróleo venezolano para fortalecer sus reservas estratégicas. Trump anunció que el crudo adquirido bajo el nuevo esquema será utilizado para reponer la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, que se encuentra en uno de sus niveles más bajos en décadas.

Para Venezuela, el beneficio esperado está en otra dimensión: recuperar producción, atraer capital, aumentar los ingresos fiscales y reconstruir una industria que perdió capacidad durante años de crisis.

Rodríguez también anunció que el acuerdo podrá complementarse con nuevos negocios con compañías internacionales, además de Exxon, con Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP, con el propósito de ampliar la inversión y la producción.

El debate sobre la soberanía

El acuerdo también abrió un debate político y jurídico sobre el control de los recursos venezolanos.

Rodríguez insistió en que Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus reservas. Su argumento es que el país necesita capital y tecnología para convertir sus recursos bajo tierra en producción, empleo e ingresos.

La posición contrasta con las críticas surgidas tras el anuncio inicial, debido a la falta de información pública sobre algunos términos del pacto y al papel que tendrá Estados Unidos en la explotación de los campos. Algunas versiones señalan que una empresa conjunta podría quedar bajo control mayoritario estadounidense.

Más allá de las diferencias sobre la estructura contractual, el acuerdo marca un cambio de fondo en la política energética venezolana: Washington pasa de aplicar presión y sanciones sobre Caracas a convertirse en socio de la recuperación de su industria petrolera.

El resultado dependerá de la capacidad para movilizar las inversiones anunciadas, recuperar infraestructura, aumentar la producción y convertir una parte de las mayores reservas petroleras del mundo en ingresos efectivos.

Por ahora, las cifras del pacto muestran su dimensión: 25 años de vigencia, 17 campos estratégicos, 65.000 millones de barriles de potencial, más de 1,5 millones de barriles diarios de producción objetivo y más de US$209.000 millones de ingresos proyectados para Venezuela.

La herencia maldita

El presupuesto ha dejado de ser un instrumento para promover el desarrollo y se convirtió, en buena medida, en una caja destinada a pagar las obligaciones acumuladas.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La nueva administración del presidente Abelardo de la Espriella no recibe simplemente unas finanzas públicas deterioradas sino desbarajustadas. Recibe una bomba fiscal de tiempo, cebada durante los cuatro años del gobierno Petro por el crecimiento excesivo del gasto, la caída del recaudo, la acumulación de obligaciones sin financiación y el recurso cada vez más frecuente al endeudamiento.

Esa es la herencia maldita que le deja el gobierno saliente al país: un déficit fiscal desbordado, una deuda creciente, un presupuesto cada vez más inflexible y un margen de maniobra prácticamente inexistente. Lo que se gastó irresponsablemente ayer tendrá que pagarse mañana, y la factura recaerá sobre la nueva administración y, en últimas, sobre todos los colombianos.

El “Presupuesto de la Verdad”, presentado por el nuevo Gobierno para la vigencia de 2027, asciende a $634,9 billones, equivalente al 29,9% del PIB, $59 billones más que el proyecto devuelto por las Comisiones Económicas del Congreso ($575,6 billones), alegando que estaba desfinanciado en $30 billones. Ello se explica, según el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, porque el proyecto presentado por el ex ministro Germán Ávila “dejó desfinanciados sectores clave como la salud ($2 billones), las pensiones ($6,5 billones), la educación superior (($0,7 billones), los subsidios de energía ($5,8 billones) y el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (9,6 billones)”.

Del total presupuestado, el 62% se destinará a funcionamiento ($392,5 billones), el 24% al servicio de la deuda ($155,4 billones) y apenas el 14% a inversión ($86,9 billones).

Aunque el funcionamiento continúa siendo el componente de mayor tamaño, el servicio de la deuda alcanza su nivel histórico más elevado. Mientras que la contrapartida de sus ingresos se reparte de la siguiente manera: ingresos corrientes $315,1 billones (49,6%), recursos de capital (préstamos) $287,7 billones (45,3%), fondos especiales $20,7 billones (3,3%) y contribuciones parafiscales (11,4 billones (1,8%).

Las cifras muestran la magnitud del problema. Casi una cuarta parte del presupuesto nacional tendrá que utilizarse para atender las obligaciones financieras del Estado. Son recursos que no podrán destinarse a construir carreteras, acueductos, escuelas y hospitales; tampoco a impulsar la vivienda, la seguridad, la transición energética, el desarrollo rural o la reactivación económica.

El presupuesto ha dejado de ser principalmente un instrumento para promover el desarrollo y se convirtió, en buena medida, en una caja destinada a pagar las obligaciones acumuladas. La deuda contraída ayer desplaza la inversión de hoy y compromete los ingresos del mañana.

Lo más preocupante es que el país tendrá que contratar nueva deuda para atender la deuda existente. Una parte de los recursos obtenidos mediante la colocación de títulos y la contratación de créditos no financiará nuevas obras ni proyectos productivos. Se destinará a refinanciar vencimientos, pagar altos intereses y sustituir obligaciones anteriores. En términos coloquiales, habrá que abrir un hueco para tapar otro.

Esta práctica no es excepcional dentro del manejo financiero de un Estado. Los gobiernos refinancian normalmente una parte de sus obligaciones. Lo peligroso aparece cuando el endeudamiento deja de ser un mecanismo para financiar inversión y se convierte en una práctica consuetudinaria para cubrir déficits estructurales y pagar deudas anteriores.

Se configura un círculo vicioso: el déficit obliga a contratar más deuda; la nueva deuda incrementa el pago de intereses; los mayores intereses agravan el déficit y este, a su vez, exige más endeudamiento. Es la temida bola de nieve de la deuda pública.

Cuanto mayor sea la percepción de riesgo, más alta será la tasa que deberá pagar Colombia para conseguir recursos. Y cuanto más costoso resulte el financiamiento, mayor será la proporción del presupuesto que deberá destinarse al servicio de la deuda. La pérdida de confianza termina traduciéndose en mayores intereses, que ya superan el 15%, menor inversión, menor crecimiento y menos oportunidades para los colombianos.

El endeudamiento no es gratuito. Toda deuda pública de hoy se paga mañana mediante impuestos, reducción del gasto, venta de activos o contratación de nuevas obligaciones. En cualquiera de estos casos, alguien termina pagando la cuenta.

La nueva administración no solo recibe un presupuesto desfinanciado, sino también altamente inflexible. Buena parte del gasto está amarrado estructuralmente por disposiciones constitucionales y legales, compromisos pensionales, transferencias territoriales, aseguramiento en salud, subsidios, gastos de personal y obligaciones previamente adquiridas. Sumadas estas partidas, representan alrededor del 90% del total de su aforo.

Esto significa que el Gobierno dispone de muy poco espacio fiscal para efectuar recortes sin afectar programas esenciales o provocar fuertes resistencias sociales y políticas. Por eso, cuando las cuentas no cuadran, la inversión pública se convierte en la principal variable de ajuste.

Y allí reside otra de las grandes paradojas fiscales: para pagar el gasto acumulado y el servicio de la deuda, se termina sacrificando la inversión que permitiría crecer más, elevar la productividad y generar los ingresos necesarios para sanear las finanzas públicas. Es el equivalente a vender las herramientas de trabajo para pagar las cuentas de la casa. Puede aliviar temporalmente la caja, pero reduce la capacidad futura para generar ingresos.

La baja inversión pública afecta especialmente a los territorios más rezagados. Los departamentos y municipios que padecen déficits históricos de infraestructura, agua potable, conectividad, educación, salud y energía son los primeros damnificados cuando el Gobierno nacional tiene que recortar programas de inversión.

Por eso, la crisis fiscal no es un asunto reservado a los economistas. Se refleja en carreteras que no se construyen, hospitales que no se terminan, escuelas que no se mejoran y proyectos estratégicos que quedan aplazados.

El primer deber de la nueva administración es sincerarse y decir la verdad. Durante demasiado tiempo las cuentas públicas se presentaron bajo supuestos excesivamente optimistas de crecimiento, recaudo y eficiencia tributaria. Se presupuestaron ingresos inciertos para financiar gastos ciertos y permanentes.

*Exministro de Minas y Energía y membro de Número de la ACCE.

GASNOVA rechaza declaraciones de VANTI sobre el sector del GLP

Otro round más entre el gas natural y el GLP. Primero, Naturgas rechazó declaraciones de Colgas sobre precios de los combustibles. Ahora, el gremio del GLP responde a Vanti sobre prácticas de comercialización.

En un comunicado de prensa, Alejandro Martínez Villegas, presidente de GASNOVA, aclaró que no existe ninguna regulación que obligue a las compañías distribuidoras a destinar la oferta de GLP de Ecopetrol exclusivamente al sector residencial, como lo aseveró recientemente Rodolfo Anay, presidente de Vanti.

“De hecho, la oferta actual de ECOPETROL con precio regulado solamente alcanza para atender la mitad de la demanda de los hogares, una cifra que continuará disminuyendo drásticamente el próximo año. El resto de las necesidades se atiende con GLP importado. Es desafortunado que, frente a los retos de abastecimiento que tiene el país, se busque restringir la libre competencia acudiendo al regulador para proteger artificialmente el mercado del gas natural”, precisó Martínez.

El dirigente gremial resumió las preocupaciones del sector propanero frente a las declaraciones de VANTI en los siguientes términos:

1.           El abastecimiento de gas natural en el corto, mediano y largo plazos no está resuelto del todo. Hay incertidumbres sobre reservas probadas a incorporar (onshore y offshore), curvas de producción, tasas de declinación, la oportunidad y real ejecución de los proyectos de importación de gas natural, entre otros.

2.           No es prudente dar un parte de tranquilidad al país en el sentido de que está asegurado el abastecimiento de gas natural durante el fenómeno de El Niño, salvo contingencias.

3.           Este tipo de afirmaciones mandan señales equívocas que pueden inducir a error en la toma de decisiones para garantizar la seguridad energética del país.

4.           La industria sí ha tenido carencia de suministro de gas natural en firme. La falta de dicha firmeza y el mejoramiento de la competitividad del GLP, debido a los incrementos en los precios del gas natural, explican la decisión de la industria de pasarse al GLP.

5.           Es desafortunado que se pretenda restringir la competencia entre el GLP y el gas natural, acudiendo a la expectativa de que la CREG expida regulaciones que la limiten o la prohíban, con el ánimo de proteger el mercado del gas natural.

6.           El real desbalance entre los dos energéticos, que es de vieja data, radica en que el sector del gas natural opera bajo condiciones de monopolio, y tiene subsidios al consumo en todo el país, mientras que el GLP solo tiene en los estratos 1 y 2 de 6 departamentos. Por ejemplo, Chocó no tienen acceso a subsidios al consumo de GLP.

De otra parte, GASNOVA explicó que la industria del GLP se anticipó a la actual situación de abastecimiento, con inversiones privadas frente a la caída sostenida de la oferta nacional de este combustible.

“Los distribuidores del GLP en el país han emprendido importantes inversiones en infraestructura portuaria, así como para el fortalecimiento de la logística del transporte por carretera y tren (piloto Chiriguaná – La Dorada).

“Gracias a esta oportuna planeación logística y financiera de los distribuidores, el sector cuenta con la capacidad para traer el producto desde el exterior. Se estima que, a comienzos de 2027, más del 70% del consumo nacional provendrá de importaciones, asegurando el suministro sin depender de la oferta decreciente de los campos productores del país.

“El Gas Licuado del Petróleo (GLP), reconocido oficialmente por ser un combustible limpio, se ha consolidado como un servicio esencial para 12 millones de personas en el 98% del territorio nacional, brindando seguridad energética cuando más se requiere.

“En momentos de estrés energético el país necesita acudir a todas sus fuentes, diversificando la canasta para garantizar la seguridad en el suministro. El gas natural y el GLP deberían trabajar bajo un escenario de colaboración y complementariedad, para atender los retos de abastecimiento”, concluyó el presidente de GASNOVA.

GreenYellow y Klik unen capacidades para facilitar la Respuesta a la Demanda

La alianza permitirá que las empresas colombianas aprovechen las oportunidades que abre la Resolución CREG 101 111 de 2026, avalando de manera permanente el mecanismo de Respuesta a La Demanda.

La Resolución CREG 101 111 de 2026 incorpora por primera vez un mecanismo permanente para que los consumidores y la demanda participen activamente en la operación.

Con esta decisión regulatoria, las empresas dejan de ser únicamente consumidoras de energía y adquieren la posibilidad de aportar flexibilidad a la red cuando el sistema lo requiera.

La norma crea un mercado alrededor de esa capacidad. Empresas con procesos flexibles, plataformas de gestión energética o sistemas de almacenamiento con baterías podrán poner esos recursos al servicio del sistema eléctrico, contribuyendo a la confiabilidad del sistema mientras fortalecen la gestión de sus propios activos energéticos.

En respuesta a esta evolución del mercado, GreenYellow Colombia, multinacional francesa especializada en soluciones de eficiencia energética, energía solar y almacenamiento con baterías, y Klik, el primer agregador digital de demanda con 6 años de trayectoria en el mercado colombiano, anunciaron una alianza estratégica para representar a las empresas frente al sistema.

La colaboración reúne capacidades complementarias. GreenYellow desarrollará la infraestructura necesaria para habilitar la flexibilidad energética mediante soluciones de eficiencia energética, sistemas de almacenamiento con baterías (BESS) y plataformas de gestión energética (EMS).

Klik, por su parte, actuará como agregador, coordinando y representando esa capacidad ante el mercado eléctrico para facilitar la participación de las empresas bajo las reglas definidas por la regulación. Adicional a esto, la empresa cuenta con la Plataforma Klik, la primera solución tecnológica desarrollada en Colombia que integra de extremo a extremo  el  mecanismo  permanente de Respuesta de la Demanda (RD).

«La Resolución CREG 101 111 reconoce que la demanda también puede aportar a la confiabilidad del sistema eléctrico. Es un cambio relevante porque amplía el papel de las empresas dentro del mercado de energía. Nuestro propósito es que los clientes puedan integrar esa capacidad a su estrategia energética con soluciones que fortalezcan su operación y les permitan participar de este mecanismo desde el inicio», afirmó Pilar Yepes, Country Manager de GreenYellow Colombia.

Un nuevo mercado para la industria

La Respuesta de la Demanda incorpora un recurso valioso para la operación del sistema eléctrico: la rápida capacidad de los consumidores de modificar su demanda cuando el sistema más lo requiera.

En la práctica, industrias y empresas con procesos flexibles, sistemas de almacenamiento con baterías o plataformas avanzadas de gestión energética podrán responder a señales del mercado sin afectar la continuidad de su operación.

Esa capacidad, que hasta ahora tenía un impacto exclusivamente interno, pasa a formar parte de un mecanismo diseñado para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano.

Para el sector empresarial, esto significa que inversiones realizadas para mejorar la eficiencia, aumentar la resiliencia o asegurar la continuidad operativa también

podrán integrarse a un mercado que reconoce el valor de la flexibilidad, sobre todo ante la posible escasez y/o fenómeno de El Niño.

«La flexibilidad es posible en todas las empresas, pero necesita coordinación, tecnología y una representación adecuada para convertirse en un recurso útil y confiable para el sistema. Ese es el papel que asumimos como agregador: conectar esa capacidad de flexibilidad con las necesidades del mercado eléctrico de manera confiable y eficiente”, dice Esteban Quintana, CEO de Klik.

La alianza entre Klik y GreenYellow busca simplificar ese proceso mediante una oferta que integra infraestructura, tecnología basada en IA, monitoreo, operación y acceso al mercado de Respuesta de la Demanda con más eficacia.

Una evolución del sistema eléctrico colombiano

La incorporación de energías renovables, el crecimiento de la electrificación y la necesidad de contar con un sistema cada vez más flexible están transformando la forma en que se equilibra la red eléctrica.

En ese contexto, GreenYellow y Klik trabajarán conjuntamente para que las empresas incorporen soluciones que respondan a las nuevas condiciones del mercado, combinando almacenamiento con baterías, plataformas de gestión energética y servicios de agregación que permitan convertir la flexibilidad en una capacidad disponible para el sistema.

Con esta alianza, ambas compañías buscan contribuir al desarrollo de un mercado eléctrico más eficiente, resiliente y con mayor capacidad para integrar los desafíos de la transición energética.

Promigas presentó resultados del segundo trimestre de 2026

Durante el segundo trimestre de 2026, más de 122.000 nuevos clientes se conectaron al servicio de gas natural, llevando la base total de Promigas a 7,6 millones en todas sus líneas de negocio e impactando positivamente a más de 25 millones de personas.

Promigas cerró el segundo trimestre de 2026 con resultados positivos. Durante este periodo, más de 122.000 nuevos clientes se conectaron al servicio de gas natural.

Con este avance, la compañía alcanzó un total de 7,6 millones de clientes en todas sus líneas de negocio e impactó positivamente a más de 25 millones de personas, además de comercios e industrias, en los territorios donde opera.

La contribución de Promigas al desarrollo de los territorios también se reflejó en Brilla, su programa de financiamiento inclusivo. Durante el segundo trimestre colocó créditos por $353.800 millones, con un crecimiento del 24% frente al mismo periodo de 2025, ampliando el acceso de miles de familias a bienes y servicios que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

Además, Promigas concretó la adquisición de Zelestra Latam, incorporando un portafolio diversificado entre energía solar y almacenamiento con cerca de 1.273 MW entre proyectos en operación y construcción en Colombia, Chile y Perú.

Esa operación representó un paso estratégico en la evolución de la compañía, que integra infraestructura de gas natural, energías renovables y nuevas soluciones para acompañar la agregación energética de la región.

En el mismo periodo registró un aumento del 7% en el volumen promedio transportado de gas natural frente al mismo periodo de 2025, operando con un índice de continuidad del servicio del 100%.

Por su parte, la terminal SPEC LNG incrementó en 43% su volumen promedio de regasificación frente al mismo periodo de 2025 y alcanzó un máximo histórico de 31 buques metaneros recibidos durante el primer semestre de 2026 y una operación diaria sin interrupciones.

“Los resultados acumulados reflejan una transformación que tiene como centro a las personas y los territorios. Ampliar nuestro portafolio de energía nos permite fortalecer la seguridad energética, llegar a más comunidades y multiplicar nuestra capacidad de contribuir al desarrollo sostenible. Este crecimiento está respaldado por la solidez de nuestros negocios y, sobre todo, por el compromiso de un equipo humano que trabaja cada día para que la energía siga siendo una fuente de progreso en América Latina”, afirmó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

Este crecimiento estuvo respaldado por un desempeño financiero sólido. Al cierre de junio de 2026, Promigas reportó ingresos consolidados acumulados por $3,5 billones y un EBITDA de $1,1 billones, reflejo de la resiliencia de sus negocios y de una gestión disciplinada de sus operaciones en un entorno macroeconómico desafiante.

En junio, la compañía completó exitosamente una emisión internacional de USD 920 millones en bonos híbridos subordinados. La operación registró una demanda equivalente a 2,8 veces el monto colocado, la más alta registrada para un hibrido corporativo de una empresa colombiana, fortaleciendo la estructura de capital de Promigas.

Con un portafolio de energía más diversificado y una estructura financiera fortalecida, Promigas inicia una nueva etapa en América Latina.