Autor: Martín Rosas

El sector energético colombiano, que ha sido modelo de transformación y éxito durante las últimas tres décadas, se enfrenta a una encrucijada crítica.

A pesar de los importantes avances logrados desde el apagón de 1992, el sector eléctrico colombiano lidia hoy con desafíos financieros, regulatorios y sociales que podrían comprometer la seguridad del suministro y la inversión necesaria para una transición energética sostenible.

Así lo destacó Carlos Alberto Zarruk, presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía, en la apertura, este 10 de septiembre, del XI Congreso del gremio.

Zarruk hizo un repaso de la historia reciente del sector, recordando que la crisis de 1992, con racionamientos diarios que afectaron al 15% del consumo, fue el catalizador para las reformas estructurales de las Leyes 142 y 143 de 1994.

Estas leyes liberalizaron el sector, abrieron la puerta a la inversión privada y crearon organismos reguladores clave como la CREG y la UPME, que hoy son fundamentales para su funcionamiento. Gracias a estas reformas, el país ha logrado modernizar su infraestructura, diversificar la matriz energética con la adición de 3 gigavatios de energías renovables no convencionales, y reducir la dependencia hídrica.

Sin embargo, este progreso se ve amenazado por una serie de factores interconectados. El principal, Zarruk, es la crisis financiera que atraviesan los comercializadores de energía, quienes acumulan altas deudas por la opción tarifaria, subsidios y la falta de pago de entidades públicas. Esta situación crea un «círculo vicioso que amenaza con deteriorar la calidad del servicio y frena las inversiones necesarias para la transición energética y la expansión del sistema».

La región Caribe, en particular, enfrenta un riesgo inminente. El dirigente gremial alertó que «el 35% de los hogares de la región podría enfrentar racionamientos prolongados» debido a la crisis financiera de la empresa Air-e, con una deuda de $1,5 billones, un problema estructural que se arrastra desde hace décadas. La propuesta del gobierno de reemplazar la operación de Air-e por una empresa pública demuestra la gravedad de la situación.

A esto se suman retos regulatorios, sociales y ambientales que frenan la expansión del sector. La complejidad de los trámites de licencias ambientales y las consultas con comunidades ancestrales han causado suspensiones y retrasos en proyectos cruciales.

Además, el vocero expresó preocupación por las recientes propuestas de cambios regulatorios donde, a su juicio, «no prima el análisis técnico», lo cual puede generar incertidumbre y desincentivar la inversión privada, un pilar del crecimiento del sector.

Finalmente, concluyó que, a pesar de los desafíos, la visión a largo plazo es clara: Colombia debe avanzar hacia una transición energética robusta. La demanda eléctrica seguirá creciendo a un 3% anual, impulsada por la electrificación del transporte y la industria.

Para 2040, el país necesitará duplicar su capacidad instalada, un objetivo que solo se podrá alcanzar si se garantiza la estabilidad regulatoria, la confianza inversionista y la coordinación entre todos los actores del sector.

En conjunto, las hidroeléctricas Paraíso y La Guaca, con 600 MW de capacidad instalada, tienen un rol trascendental en la confiabilidad de la región oriental de Colombia, incluyendo a Bogotá.

Con una inversión que supera los siete millones de euros, durante agosto, Enel Colombia realizó mantenimientos de alta relevancia en las hidroeléctricas Paraíso y La Guaca, de la cadena del Río Bogotá, ubicadas en el municipio de El Colegio (Cundinamarca), con el objetivo de optimizar y modernizar estas centrales.

En conjunto, estas plantas tienen una capacidad instalada de 600 MW y representan alrededor del 3% de la demanda energética anual del país, destacando su rol crucial para la confiabilidad de la región oriental, incluyendo Bogotá.

“Como una de las empresas generadoras más importantes del país, Enel Colombia reitera su compromiso con el sistema eléctrico. Por eso, este año le apostamos a la actualización y mejora de estas dos hidroeléctricas de gran relevancia para la región oriental, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, a través de trabajos mayores de mantenimiento, que se realizan en promedio cada 15 años, y que hoy en día, con la creciente demanda energética, se hacían necesarios”, indicó Juan Carlos Grosso, subgerente de Operación y Mantenimiento de Enel Colombia y Centroamérica.

La ejecución de estas labores requirió equipos y trabajo especializado en las hidroeléctricas Paraíso, La Guaca y en el embalse El Muña, y la coordinación de alrededor de 600 personas, de las cuales más de 35% son de la zona de influencia, incluyendo municipios como El Colegio, San Antonio del Tequendama, Sibaté y Soacha.

Durante un mes, y de manera coordinada, las centrales tuvieron una parada total en su operación, lo cual no generó afectaciones para el sistema eléctrico colombiano, pues con el previo conocimiento de estos trabajos, este se preparó para atender la demanda energética a través del parque generador existente. 

En el marco de estas labores de mantenimiento de alta relevancia, se destacan las siguientes acciones y frentes de trabajo:

En la Central Paraíso y en coordinación con Enlaza filial del Grupo de Energía de Bogotá, se cambió la subestación GIS, equipo que permite la conexión de las unidades de generación con el Sistema Interconectado Nacional, convirtiéndose en la más moderna del país.

Sobre este hito Fredy Zuleta, gerente General de Enlaza sostuvo: “El centro de Colombia afronta dificultades para atender la creciente demanda de energía, por los inconvenientes en la ejecución de los proyectos de transmisión eléctrica para avanzar al ritmo esperado, debido a la oposición de unos pocos actores en algunos territorios. Por eso era clave modernizar este activo y contribuir de esa manera a la confiabilidad del sistema”.

Además, en esta planta Enel realizó mantenimientos de válvulas esféricas, piezas cuya función es permitir o impedir el flujo del agua para la generación y realizó revisiones generales a todo el sistema de control de olores que emana el Río Bogotá durante el proceso, que incluye, tanque de aquietamiento, sistema de extracción, biofiltro y ecofiltro.

En cuanto a la hidroeléctrica La Guaca, también se hizomantenimiento de las válvulas esféricas; cambio de seccionadores, que son los equipos que permiten sincronizar la unidad con el Sistema Interconectado Nacional; y reemplazo del bobinado del rotor, encargado de producir el campo magnético que induce el voltaje para la generación.

En túneles y tubería (Conducción) se realizó inspección interna y externa, y limpieza y pintura de un tramo de la tubería de carga hacia la central La Guaca.

Finalmente, en El Muña se realizaron trabajos en la “Torre Granada”, estructura sumergida que, a través de rejas, evita la entrada de sedimentos al proceso de generación.

La Subestación Tren de Occidente es el primer punto de conexión para el suministro de energía para el funcionamiento de RegioTram, uno los proyectos de transporte masivo 100% eléctrico más importante del país, que conectará a la Sabana Occidente con Bogotá.

Enel Colombia puso en operación la nueva Subestación Eléctrica Tren de Occidente, un proyecto que fortalece la infraestructura eléctrica de Bogotá y Cundinamarca, y respalda la transición energética del país.

Ubicada en Facatativá, esta subestación será el primer punto de conexión para el suministro de energía del RegioTram, el sistema de transporte masivo 100% eléctrico que beneficiará la conectividad a los municipios de la Sabana Occidente de Cundinamarca, en especial a Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, con Bogotá. Esta obra beneficiará a más de 226.000 habitantes de la región, mejorando la calidad del servicio eléctrico.

“La nueva Subestación Tren de Occidente es un ejemplo de nuestro esfuerzo y compromiso con la región y el país, en el marco de la actual transición energética. Gracias a su funcionamiento, y con una inversión de cerca de 75.000 millones de pesos, incluyendo la subestación, la línea de alta tensión y las redes de media tensión, hacemos realidad la electrificación del RegioTram, con el que no solo estamos garantizando que 43 millones de pasajeros al año tengan una reducción del 60% en sus tiempos de desplazamiento, sino que también estamos logrando que se eliminen alrededor de 140 mil toneladas de emisiones de CO2”, afirmó Mónica Cataldo, gerente de Distribución de Enel Colombia.

La nueva Subestación Eléctrica Tren de Occidente cuenta con dos transformadores de potencia de 40 millones de voltamperios (MVA) cada uno, para una capacidad total de 80 MVA. Así mismo, tiene una línea de alta tensión aérea a 115 kV, doble circuito, de más de 1 kilómetro que la conectan, a través de 2 torres y 6 postes de gran altura, con la línea existente Balsillas – Facatativá.

De su capacidad total, alrededor del 25% será para alimentar el RegioTram. El 75% restante, atenderá la demanda de energía requerida por más de 226.000 habitantes de los municipios de la Sabana Occidente, adicional a los clientes comerciales e industriales.

“La puesta en operación de la primera subestación eléctrica del Regiotram de Occidente marca un hito en la construcción del primer tren regional eléctrico de pasajeros del país. Esta infraestructura permitirá alimentar los 40 kilómetros de longitud del sistema férreo, garantizando energía confiable y segura para movilizar 130.000 pasajeros al día. Además, alrededor del 70% de su capacidad beneficiará los habitantes del área de influencia, mejorando el suministro eléctrico.” anotó Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador de Cundinamarca.

La Sabana Occidente ha experimentado un crecimiento económico y poblacional, pues conecta a Bogotá con las otras regiones del país. Según el DANE, esta zona de Cundinamarca pasará de tener alrededor de 660.000 habitantes en 2025 a casi 800.000 para el 2035. En esta, Facatativá es el municipio con mayor población y porcentaje de crecimiento (45,51% en el último año). Por esta razón, la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva Subestación Eléctrica representa un avance clave para fortalecer el desarrollo y la infraestructura eléctrica de la región.

Dentro de sus características técnicas, también se destaca que es una subestación 100% digital, lo que implica que toda la información de sus equipos, procesos y funcionamiento sea transmitida vía fibra óptica. Así mismo, cuenta con tecnología y equipos inteligentes que le permiten tomar decisiones autónomas y facilitar su operación. Es completamente automatizada y tele controlada, lo que se traduce en una mejor respuesta en momentos de contingencia.

Iniciativas de valor compartido

En el marco del desarrollo de la Subestación Tren de Occidente, con el fin de promover iniciativas de valor junto con la comunidad, y para darle un segundo uso a los residuos que se produjeron durante la obra, la Compañía lideró varias iniciativas, a través de las cuales se logró el aprovechamiento de alrededor de cuatro toneladas de residuos sólidos.

Dentro de estas acciones se destaca una Jornada de Voluntariado Interempresarial, por medio de la cual se sembraron plantas y se realizaron adecuaciones en el espacio deportivo de la Institución Educativa Municipal Técnica Empresarial Cartagena, sede principal.

Así mismo, se adecuó la Casa de Integración Juvenil del barrio Cartagenita y se realizó una donación de equipos, instrumentos y materiales para su escuela de música, beneficiando a más de 1.000 niños y jóvenes del sector.

Por otra parte, a través de la iniciativa de Transformación de Residuos Sólidos, se realizaron talleres y capacitaciones para aprovechar los residuos generados por la obra. Como resultado de ello, se intervinieron tres espacios comunitarios: se adecuó un estudio de innovación juvenil, se construyó un muro pedagógico interactivo en la Casa de Integración Juvenil, y se adecuó un aula interactiva en el Centro de Desarrollo Infantil de Cartagenita.

Reproducimos un artículo publicado por la Revista Energía Andina, donde el experto en energía y regulación hace un balance de la Política Energética Nacional de Perú.

Por: ERICK GARCÍA PORTUGAL*

La Política Energética Nacional de Perú nació el 2010 con nueve objetivos estratégicos: autosuficiencia, competitividad, reducción de emisiones, masificación del gas natural, matriz energética diversificada y, sobre todo, acceso universal a la energía.

A quince años de su aprobación, la realidad muestra un fuerte contraste: el país cuenta con hidrocarburos suficientes, pero millones de peruanos siguen cocinando con leña, sin tecnologías eficientes, sin agua caliente ni calefacción y climatización.

En teoría, el acceso a la energía debería abarcar todas las necesidades del hogar: cocción de alimentos, iluminación, calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, conservación de alimentos, telecomunicaciones y usos productivos; el hogar que no cuente con alguno de estos usos o destine más del 10% de sus ingresos para tenerlos se considera como “pobre energético”.

En la práctica, sin embargo, Perú ha reducido la universalización energética principalmente a dos cosas: iluminación y cocción de alimentos, principalmente con gas licuado de petróleo. La consecuencia es una pobreza energética que se mantiene oculta en las estadísticas, pero que golpea la vida cotidiana de millones de familias y en muchos casos con consecuencias fatales.

Brechas energéticas frente a la región

El panorama regional evidencia el rezago peruano. Según datos de INTEA Corp. (2023):

• Apenas 18.8% de los hogares peruanos acceden a agua caliente por cañería, frente al 85.6% en Argentina y el 92.5% en Chile.
• Solo 2.7% de las familias cuentan con calefacción o aire acondicionado, mientras que Uruguay supera el 50% y Argentina llega al 74%.
• La cobertura de electricidad rural en Perú es de 85.3%, mientras países vecinos como Paraguay, Uruguay o Ecuador superan el 97%.
• El uso de leña para cocinar todavía alcanza al 36.6% de los hogares más pobres, lo que perpetúa riesgos para la salud y el ambiente.
• La contradicción es evidente, mientras Uruguay o Chile, sin reservas significativas de hidrocarburos, garantizan altos niveles de bienestar energético, Perú —con abundantes recursos de gas natural y GLP— sigue rezagado.

Los datos de INTEA son claros: mientras países sin hidrocarburos garantizan más del 60% de acceso a agua caliente y climatización, el Perú no llega ni al 20%. Esto revela un problema estructural, no de recursos, sino de visión y gestión.

Pobreza energética, el verdadero problema

Una familia se encuentra en situación de pobreza energética cuando carece de energía suficiente para cubrir sus usos básicos o, teniéndola, no puede pagarla.

En Perú, este concepto permite ver que la política pública se ha limitado casi exclusivamente a la electrificación rural y al subsidio para la cocción de alimentos. Pero la energía no es solo luz ni cocina, también implica calor para enfrentar el frío en la sierra, agua caliente sanitaria para la salud, y climatización para la productividad en zonas de temperaturas extremas.

Perú tiene dos recursos clave para superar la pobreza energética: gas natural y gas licuado de petróleo (GLP). Sin embargo, su uso sigue siendo parcial. El gas natural se ha expandido en zonas urbanas, pero con un enfoque limitado a la cocina y, en menor medida, a agua caliente. El GLP, por su parte, ha crecido en consumo, pero enfrenta problemas de logística y precios en regiones rurales, donde muchas veces resulta inaccesible.

¿Qué hacer?

Superar la pobreza energética y cumplir los objetivos de la Política Energética Nacional exige pasar de los diagnósticos a decisiones concretas. Las líneas de acción deben enfocarse en tres ejes complementarios:

1. Redefinir los subsidios del FISE

El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) ha tenido un impacto relevante mediante el Vale GLP y el Bonogas. Sin embargo, su diseño ha limitado el alcance. Hoy resulta imprescindible que el FISE financie de manera integral los usos energéticos domésticos.

En el caso del Bonogas (gas natural), se debe volver a lo aprobado en el Plan Anual de Promociones, en donde el programa daba hasta 3 puntos de conexión (cocina, terma y calefacción) y con ductos de agua caliente; esto es fundamental para las regiones altoandinas.  Y el programa debe considerar brindar como mínimo dos puntos de conexión.

En el caso del Vale GLP, se debe establecer otros esquemas de intervención para las zonas más alejadas (última milla), donde por la cadena logística el balón de GLP llega a precios muy altos, una solución es implementar el “GLP No Convencional”, que abarca diferentes mecanismos como por ejemplo, el subsidio en infraestructura (tanques, redes, surtidores, entre otros) y licitar pequeñas concesiones donde las Plantas Envasadoras locales brinden el servicio de operación y a un precio asequible; considerando no solo cocina, sino agua caliente y calefacción.

El aumento del vale ha demostrado que no ha logrado tener un impacto significativo (2-5 % aumento de la tasa de canje) pero si ha impactado al presupuesto del FISE, que ha incrementado de casi 180 millones de Soles a más de 400 millones.

2. Impulsar el gas natural con visión integral

El desarrollo del gas natural, uno de los nueve objetivos de la Política Energética, debe avanzar más allá de la cocina y la generación eléctrica. Es necesario priorizar su uso en agua caliente, calefacción y transporte limpio, fortaleciendo además las redes urbanas de distribución complementándolas con el uso de GLP en zonas aledañas y el GLP No convencional y biomasa con tecnologías eficientes para zonas alejadas conocidas como “última milla”.

3. Implementar el GLP no convencional, clave para la última milla

El mayor reto está en las zonas rurales y dispersas, donde el gas natural nunca llegará y donde el modelo de vales tradicionales no resuelve el problema del alto costo logístico. Allí se requiere un enfoque diferenciado: el GLP no convencional.

Este esquema plantea que el Estado, a través del FISE, financie la infraestructura mínima (tanques a granel, surtidores, redes locales, plantas móviles o mini concesiones), mientras que la operación quede a cargo del sector privado. Al reducir las barreras de transporte y almacenamiento, se abaratan los costos y se logra que el GLP llegue a precios justos incluso en las provincias más alejadas, pero para todos los usos que requieren las familias peruanas.

Reflexión final

Perú necesita repensar los mecanismos para implementar su política energética desde la vida cotidiana. No basta con mostrar cifras de electrificación rural o de vales de GLP. Lo que está en juego es que millones de peruanos dejen de pasar frío, que tengan agua caliente en sus hogares y que accedan a energía suficiente para vivir con dignidad.

La pobreza energética es el gran desafío pendiente, y los hidrocarburos pueden ser la palanca de inclusión si se usan con inteligencia. El gas natural en las ciudades y el GLP en las áreas aledañas y en las más alejadas bajo un esquema no convencional son piezas complementarias, no excluyentes.

En conclusión, universalizar el acceso implica mirar la energía como un derecho al bienestar. Y es ahí donde Perú debe dar un salto decisivo: usar sus propios hidrocarburos para transformar la vida de su gente.

*Experto peruano en energía y regulación.