Autor: Martín Rosas

Gas Natural
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Ecopetrol conecta gas natural a 3.000 familias en La Guajira

by Martín Rosas

Ecopetrol, Gases de La Guajira y la Gobernación de La Guajira entregaron 3.000 conexiones de gas natural en nueve municipios del departamento.

Ecopetrol entregó 3.000 nuevas conexiones domiciliarias de gas natural, que benefician a más de 11 mil personas, especialmente familias vulnerables que ahora cuentan con un energético más limpio, seguro y económico dentro de sus hogares.

El acto de entrega, que se realizó en el corregimiento de Camarones, contó con la presencia del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán; integrantes de la Junta Directiva de la Empresa; el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar; el gerente de Gases de La Guajira, Camilo Ovalle; el gerente general de Gases del Caribe, Ramón Davila y el alcalde de Riohacha, Gerardo Redondo, entre otros asistentes.

Este proyecto marca un hito en la ampliación de la cobertura de gas natural en el departamento, con 1.627 conexiones en zonas urbanas y 1.373 en zonas rurales, lo que significa que cada vez más familias pueden dejar atrás el uso de la leña, mejorando sus condiciones de salud, bienestar y calidad de vida.

La iniciativa, que tuvo una inversión conjunta de $6.363 millones, hizo posible que familias de Dibulla (482 beneficiarios), Distracción (59), El Molino (78), Fonseca (254), Riohacha

(726), San Juan del Cesar (386), Uribia (696), Urumita (56) y Villanueva (265) cuenten con gas natural en sus hogares.

“Este logro reafirma que los avances de Ecopetrol no solo se miden en cifras financieras o productivas, sino en los beneficios sociales para miles de familias colombianas. Hoy demostramos que invertir en infraestructura energética también es invertir en dignidad y en futuro”, afirmó Ricardo Roa Barragán, presidente de la compañía.

Desde 2019, Ecopetrol ha destinado más de $77 mil millones en proyectos de gas social en 12 departamentos del país, beneficiando a más de 42 mil usuarios.

GLP
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El GLP tiene una oportunidad para complementar la canasta energética: GASNOVA

by Martín Rosas

El presidente de la Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA inauguró el 7° Congreso Internacional del GLP, destacando el papel estratégico de este energético frente a los actuales retos del sector en Colombia y Latinoamérica.

Alejandro Martínez, presidente de GASNOVA, gremio que agrupa a las compañías que distribuyen el 76% del GLP en Colombia, subrayó en la apertura del 7° Congreso Internacional del GLP – “Gas para el progreso”, que el sector energético colombiano se encuentra en un momento crítico debido a la significativa reducción en la disponibilidad de gas natural nacional. “Esto pone en riesgo la operación de plantas de generación eléctrica, industrias, comercios y parte de la demanda residencial. En este contexto, el GLP se ha convertido en una alternativa clave”, indicó el dirigente gremial.

Martínez Villegas señaló que “el GLP tiene una oportunidad clara para fungir como complemento del gas natural y diversificar la canasta energética del país, especialmente en el sector industrial”.

El presidente de GASNOVA recordó que el GLP es el combustible en el que confían los industriales, lo cual se evidencia en un aumento en la demanda. “Solo en el primer semestre de 2025, el consumo de GLP a granel creció un 17 % frente al mismo periodo de 2024”, dijo.

Para atender ese crecimiento y garantizar el abastecimiento, actualmente están en marcha dos proyectos de ampliación de infraestructura de importación en Cartagena, con fases adicionales que permitirán suplir una mayor demanda e incluso reemplazar otros combustibles.

Martínez también llamó la atención sobre la necesidad de avanzar en un marco regulatorio que reconozca inversiones en infraestructura portuaria y de almacenamientos estratégicos, en especial en el suroccidente del país.

De igual manera, insistió en la importancia de contar con información confiable sobre la oferta nacional de gas y proyecciones oficiales de demanda, así como en asegurar recursos para mantener los subsidios que benefician a los sectores más vulnerables.

Opinión
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El arancel que contradice el discurso verde de Petro

by Martín Rosas

Una vez más, el gobierno de Gustavo Petro cae en la contradicción de su propio discurso sobre la transición energética en Colombia.

Por: JUAN ESPINAL*

Recientemente se publicó el resultado del Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial, donde Colombia descendió al puesto 38, tres posiciones por debajo de 2024 y lejos del lugar 31 que ocupó en 2022.

Este retroceso evidencia que las políticas actuales no están logrando los avances prometidos y que, por el contrario, el país pierde terreno en competitividad y liderazgo en materia energética.

Estas decisiones han debilitado la inversión, la institucionalidad y el marco regulatorio del país, lo que se refleja en iniciativas como el proyecto de decreto que busca imponer un arancel del 10% a la importación de buses eléctricos (actualmente exentos), en lugar de incentivar la sostenibilidad; esta medida, sin duda, amenaza con frenar aún más el avance de la transición energética en el transporte público.

El proyecto de decreto, que cerró para comentarios el pasado 5 de agosto, ha sido presentado por el Ministerio de Comercio como un esfuerzo por fortalecer la industria nacional del sector automotor. Hoy, esa industria en el segmento de buses eléctricos se encuentra en un crecimiento moderado, y protegerla con barreras a la importación podría encarecer la movilidad limpia sin que exista aún una oferta local capaz de suplir toda la demanda.

Actualmente, circulan más de 83.000 buses en Colombia, pero solo 1.621 son eléctricos: menos del 2%. Subir del 0% al 10% el arancel para importarlos no fortalece la producción nacional; lo que hace es desincentivar la adopción de tecnologías limpias.

El impacto económico de esta medida no es menor. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Bucaramanga han avanzado en la electrificación de sus flotas bajo diferentes esquemas de cofinanciación. Elevar los costos de importación implicaría un mayor esfuerzo fiscal por parte de los entes territoriales y del propio Gobierno, que deberá destinar más recursos del presupuesto nacional para mantener sus compromisos de modernización del transporte público. Esto se traduce en una presión adicional sobre el gasto público y el déficit fiscal.

En este momento, preservar un marco de libre competencia que facilite la llegada de tecnología de punta, al tiempo que se fortalece de manera gradual la capacidad productiva nacional, es clave para acelerar la transición y posicionar a Colombia como referente regional en transporte limpio.

Esto no solo contribuiría a mejorar la calidad del aire, la salud y la movilidad urbana, sino que evitaría que esas metas se vean frenadas por barreras costosas y regresivas, tanto en el plano económico, como en el acceso ciudadano.

La medida también entra en tensión con las normas y compromisos que el propio Estado ha adoptado. La Ley 2169 de 2021 (Ley de Acción Climática) ordena promover la movilidad eléctrica y avanzar hacia la paridad de precios entre tecnologías limpias y convencionales; la Ley 2099 de 2021 obliga a masificar el uso de vehículos de cero emisiones; y la Ley 1715 de 2014 contempla exenciones arancelarias para tecnologías que no se producen en el país.

Además, en el marco del Acuerdo de París, Colombia se comprometió a tener 600.000 vehículos eléctricos en circulación para 2030. Este tipo de decisiones no solo contradicen esas metas, sino que dificultan su cumplimiento.

Nada de esto significa que debamos abandonar la idea de fortalecer la industria nacional, todo lo contrario. Colombia necesita una política industrial seria, que promueva inversión, encadenamientos productivos y capacidades tecnológicas locales, pero eso no se logra encareciendo las soluciones que hoy no podemos producir.

El desarrollo de la industria es necesario, pero debe impulsarse mediante condiciones habilitantes, incentivos bien diseñados y una estrategia gradual, realista y concertada; un proceso escalonado, articulado y cuidadosamente planificado.

Desde el Congreso, se debe impulsar el desarrollo productivo, pero no a costa de retroceder en la transición energética, ni de afectar el bolsillo de los ciudadanos.

El país necesita coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre los compromisos climáticos y las decisiones económicas, entre los intereses nacionales y las realidades locales.

Colombia no puede frenar el transporte limpio, justo cuando empieza a moverse. Hoy más que nunca necesitamos una política que entienda que cuidar el planeta también significa cuidar el gasto público, las ciudades y a los ciudadanos.

Con esta iniciativa del gobierno queda más que comprobado que a Gustavo Petro le encanta destruir y no construir.

*Representante a la Cámara por el Centro Democrático.

GLP
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Comienza en Bogotá el 7° Congreso Internacional del GLP – GASNOVA

by Martín Rosas

Este 26 de agosto arranca la séptima edición del evento más importante del GLP en Colombia. Un total de 44 conferencistas nacionales e internacionales analizarán el futuro de la industria del Gas Licuado del Petróleo a nivel nacional, regional y mundial.

El 26 y 27 de agosto, Bogotá será sede del 7° Congreso Internacional del GLP – GASNOVA, que contará con la participación de 44 conferencistas y panelistas de diez países: Estados Unidos, Francia, México, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Paraguay, Ecuador y Colombia, todos ellos con gran trayectoria en los sectores público y privado del GLP y la Energía.

El evento es organizado por la Asociación Colombiana del GLP (GASNOVA) gremio que agrupa a las empresas que distribuyen el 76% del GLP en el país, y cuenta con el respaldo internacional de World Liquid Gas Association (WLGA), Asociación Iberoamericana de GLP y Opis, A Dow Jones Company.

El 7° Congreso GASNOVA congregará a los presidentes de prácticamente todos los gremios del GLP de América Latina, y tiene como eje temático “Gas para el progreso”, con el propósito de analizar a través de los distintos paneles y conferencias cómo el GLP aporta al desarrollo económico de las naciones.

En el evento se analizará la actual coyuntura geopolítica mundial, con complejidades en el abastecimiento y comercio de combustibles que marcan una ventana de oportunidad para el GLP, pues esta industria he demostrado ser una fuente de suministro de energía constante los 365 días del año, para responder a las necesidades de los sectores industrial, comercial, residencial y transporte.

También se dará una mirada a las cifras del mercado colombiano, que está en franco ascenso. Mientras en 2017 las ventas nacionales de GLP en el sector industrial representaban el 9,2% de la demanda total país, actualmente ese consumo sobrepasa el 19%, evidenciando que los empresarios y operadores industriales reconocen en el GLP un aliado energético.

En 2024, en Colombia se registró un consumo de 734 mil toneladas de GLP, 65% destinado al sector residencial, 20% al industrial, 9% al comercial y 7% al sector institucional (hospitales y otros servicios públicos). El crecimiento del mercado nacional del GLP ha sido sostenido con el paso de los años: en 2017 se consumían 600 mil toneladas.

Las sesiones, con panelistas y conferencistas expertos en gas y energía, explicarán las realidades geográficas y económicas del país y la región en materia energética.

“En Colombia, por ejemplo, muchas regiones sin acceso a gas natural por red, hacen que el GLP sea la solución energética más eficiente y confiable. Además, su competitividad en costos lo convierte en una herramienta estratégica para enfrentar los retos que plantea la electrificación de la economía, en especial en sectores que requieren energía térmica de manera intensa”, señaló Alejandro Martínez, presidente de GASNOVA.

En el Congreso de GASNOVA también se abordará la actualidad del sector, y las oportunidades que se vislumbran para impulsar nuevos usos como la generación eléctrica en zonas no interconectadas y el mercado de combustibles para automóviles (AutoGLP).

“La agenda académica del Congreso es de primer nivel”, señaló Martínez y agregó que el evento arranca con la presentación de un reciente estudio internacional de OPIS, A Dow Jones Company (EE.UU.), que identifica los retos que han tenido las energías renovables en su implementación a nivel mundial.

Posteriormente, se explorará la competitividad del GLP frente a otros combustibles y su potencial de crecimiento en la nueva canasta energética, moderado por Empresas Gasco. También se presentarán conferencias sobre acceso a la energía y casos de éxito de generación eléctrica con GLP a mediana y gran escala.

En un panel moderado por Grupo Chilco con líderes del sector en la región, (México, Brasil, Perú, Argentina, Ecuador y Colombia) se daránuna mirada al panorama regulatorio del GLP. La primera jornada cierra con un panel sobre excelencia en seguridad operacional, esencial para entender qué hace la industria para garantizar altos estándares en sus operaciones.

La jornada del segundo día contará con una sesión en la que senadores de la República y representantes de la Cámara analizarán la importancia de tener estabilidad jurídica en el sector de los servicios públicos, seguido de un panel con líderes de Ecopetrol, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Fenalcarbón, Andeg (Asociación Nacional de Empresas Generadoras) y COLGAS, quienes expondrán los retos de la transformación energética del país.

En la sesión «El GLP en la industria», la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI), Empresas Colombina, Termo Caribe y DIACO explicarán las ventajas competitivas y los retos del GLP cuando se utiliza como fuente en los procesos térmicos industriales.

Posteriormente, se destacará el AutoGLP como alternativa vehicular competitiva para la descarbonización del sector transporte. Por su parte la CREG describirá el alcance del “sandbox” de intercambiabilidad de cilindros de GLP y la UPME expondrá el Plan Indicativo de Abastecimiento del GLP.

“Cuando hablamos de GLP, no solo hablamos de energía, hablamos de gas para el progreso, la competitividad y el bienestar de millones de personas en todo el mundo”, puntualizó el presidente de GASNOVA.

Consulte aquí la programación del Congreso: https://www.gasnova.co/7o-congreso-internacional-del-glp/

Opinión
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La cláusula de escape

by Martín Rosas

Toda regla tiene su excepción y la Regla Fiscal no escapa a esta sentencia. En efecto, el parágrafo 2 del artículo 5º, modificado por el artículo 60 de la Ley 2155, prevé que “la Regla Fiscal tendrá una cláusula de escape, que permitirá realizar un desvío temporal del cumplimiento de las metas fiscales, en caso que ocurran eventos extraordinarios o que comprometan la estabilidad macroeconómica del país”.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El pasado 9 de junio, el Consejo Nacional de Política Fiscal (CONFIS) le aprobó al ministro de Hacienda Ávila Plazas, apelar a esta cláusula para esquivar el cumplimiento de la Regla Fiscal, que ya se había incumplido el año anterior, excediendo sus límites y parámetros, utilizando el ardid de las llamadas “transacciones de única vez” (TUV), por valor 1.9% del PIB, subterfugio que, según la Ley 2155 de 2021, permite descontarla, es decir no computarla “en el cálculo del balance primario neto estructural del Gobierno central”.

Así se puso en pausa el cumplimiento de la Regla Fiscal por tres vigencias consecutivas, empezando por 2025. El CONFIS se limitó a decir, en un lacónico comunicado de prensa, que “los efectos contractivos de la cláusula de escape serían menores que los obtenidos en un escenario de ajuste fiscal consistente con las metas actuales de la Regla Fiscal”. Dicho de otra manera, a juicio del CONFIS, eludir el cumplimiento de la Regla Fiscal es el mal menor.

El ministro de Hacienda se justificó alegando que “no se puede paralizar al Estado debido a la falta de recursos”, subrayando la urgencia de ajustar las finanzas del país. En sus declaraciones, observó que “la religión que nos colocaron de la Regla Fiscal, según la cual no es posible llegar sino hasta ciertos límites, seguramente no vamos a llegar a los límites establecidos por la Regla fiscal, pero va a haber incrementos en el nivel de endeudamiento… Necesitamos garantizar los ingresos que aseguran el equilibrio fiscal”.

Aunque no es vinculante su concepto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF)  se pronunció y entre sus consideraciones se refiere al hecho que “el Ministerio justificó su propuesta en la alta inflexibilidad del gasto y la limitada capacidad de generar ingresos suficientes en el corto plazo; consideró inviable el cumplimiento de las metas paramétricas de la regla fiscal y afirmó que se requiere más tiempo para hacer los ajustes necesarios para cumplirlas sin incurrir en una parálisis del Estado. Según el Ministerio, la alternativa viable para asegurar financieramente el funcionamiento básico del Estado en el corto plazo es la activación de la cláusula de escape”.

Aunque aduce el Ministerio de Hacienda que “no existe un evento sobreviniente que este año (como en el anterior) le permita recurrir a la presentación de transacciones de única vez, TUV”, tampoco existía para dar este paso. En ese sentido la CARF fue enfática al afirmar que “de acuerdo con el marco normativo, la cláusula de escape puede invocarse en presencia de eventos extraordinarioso que comprometan la estabilidad macroeconómica. No se encuentra en la solicitud del Ministerio de Hacienda una explicación suficiente de la pertinencia de la cláusula en una situación fiscal como la actual.

El principal desbalance macroeconómico en la actualidad es precisamente el desequilibrio fiscal, que no es un hecho sobreviniente. Y advirtió, además, que “la activación de la cláusula de escape, en sí misma, no soluciona ninguno de los desequilibrios fiscales estructurales que presenta el país”.

Y fue más lejos el CARF al afirmar que “la situación de las finanzas públicas de Colombia es crítica. Los altos y persistentes déficits fiscales, las inflexibilidades estructurales del sistema presupuestal, la sistemática sobreestimación de ingresos tributarios, y la ausencia de medidas suficientes de ajuste fiscal, han derivado en retos crecientes para la sostenibilidad de la deuda y en presiones a la liquidez del Gobierno”.

En concepto del presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, “recurrir a esta medida sin una razón técnica enviará una señal negativa a los mercados internacionales, incrementando el costo del endeudamiento para el país”.

Según él, “Colombia ya enfrenta una de las tasas de interés reales más altas entre las economías medianas y grandes, y esta decisión podría agravar aún más la situación”.

En efecto, para mayo de 2025, los seguros de riesgo de impago (CDS) de Colombia se ubicaron 102 puntos por encima del promedio de países con calificación BB y 166 puntos por encima de sus pares de Latinoamérica. Esto, como era de esperarse, ha elevado ostensiblemente el costo de la deuda, a tal punto que el país estaría pagando entre $11.9 y $14.7 billones adicionales en intereses este año.

Y no hay que perder de vista que, como lo manifiesta Luis Fernando Mejía, “un deterioro adicional de la prima de riesgo tendría repercusiones negativas sobre la recuperación del crecimiento económico”, y a su vez un menor crecimiento redunda en un menor recaudo de impuestos, que son menores ingresos para el fisco, agravando el déficit fiscal, pues por cada punto que deja de crecer el PIB se reduce el recaudo en $2 billones.

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, afirma que “más allá del argumento técnico que pueda esgrimir el gobierno, la estabilidad y el crecimiento económico no deben garantizarse sacrificando la disciplina fiscal… La falta de acción sobre los gastos de funcionamiento compromete el crecimiento futuro más que la propia aplicación de la regla fiscal… La cláusula de escape es un instrumento excepcional contemplado en la Ley… Este debe ir acompañado de medidas claras y certeras para regresar al marco de la Regla Fiscal”.

Si miramos en perspectiva lo que se nos viene, pasamos de la preocupación al pánico, sobre todo al ver la irresponsabilidad con la que se está manejando esta que es una las peores crisis fiscales a las que se ha visto abocada la Nación.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Industria
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ANDEG: Sector eléctrico requiere soluciones oportunas y reglas claras

by Martín Rosas

La décima segunda versión del Foro Energético de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), realizada en Barranquilla el 21 y 22 de agosto, analizó los principales retos y oportunidades del sector eléctrico colombiano.

El evento evidenció la creciente fragilidad institucional y financiera del sector. En particular, se destacó que la subasta de Cargo por Confiabilidad de 2024 no logró adjudicar la energía firme mínima para garantizar el equilibrio energético en el mediano plazo.

“Lo más preocupante es que de los proyectos adjudicados, se estima que solo cerca del 25 % entraría realmente en operación y la asignación al parque térmico —aliado estratégico para la generación firme y segura— fue muy baja. De allí la importancia de que la nueva subasta asegure la adjudicación de cerca de 2.500 MW de capacidad, de los cuales al menos 800 MW deberían ser térmicos”, afirmó Alejandro Castañeda, presidente Ejecutivo de ANDEG.

El gremio recordó que el Cargo por Confiabilidad ha permitido la expansión de más de 12.000 MW de capacidad instalada, con inversiones superiores a USD 10 billones, y ha hecho posible que Colombia sea el único país de Latinoamérica que no ha experimentado racionamiento eléctrico en los últimos 30 años.

A esta situación se suma la fuerte presión financiera sobre el sistema eléctrico, derivada de la intervención de la empresa Air-e y de los retrasos en los giros de subsidios por parte del Ministerio de Hacienda.

Según Castañeda, esto intensifica el riesgo de un “apagón financiero”, que podría comprometer la sostenibilidad del servicio. “Es urgente encontrar una solución estructural a la situación de Air-e y cumplir con el pago de la deuda con los agentes térmicos, para garantizar la compra de combustibles y mantener la confiabilidad del SIN”, agregó.

El Caribe, clave para la confiabilidad energética del país

La región Caribe ha sido un motor histórico del sector energético colombiano, aportando divisas, regalías, inversiones y confiabilidad al sistema eléctrico. Hoy emerge como el escenario con mayor potencial para profundizar este legado, gracias a sus recursos en gas offshore, sus yacimientos no convencionales y su riqueza en energías renovables.

Esta región del país concentra cerca del 80 % del potencial solar y eólico del territorio nacional, suministra el 90 % del carbón térmico y el 25 % del gas consumido en Colombia.

“Sin embargo, esta riqueza energética convive con retos estructurales como la pobreza energética y la falta de modernización de la infraestructura”, puntualizó el presidente de ANDEG.

En ese contexto, subrayó la importancia de una matriz de generación basada en la complementariedad, donde se reconozca a todas las tecnologías, especialmente aquellas que históricamente han dado seguridad y firmeza al sistema.

El Foro también resaltó el papel del carbón, recordando que el desafío no es el combustible sino las emisiones. En este sentido, existen oportunidades para un uso más sostenible mediante tecnologías como el CCUS.

Además, la generación térmica a carbón genera más de 130.000 empleos, principalmente en pequeña y mediana minería, con un impacto social y económico decisivo en las regiones productoras.

Finalmente, la Asociación reiteró que la transición energética en Colombia debe ser viable, segura, confiable y financieramente sostenible. Para ello, es fundamental fortalecer la institucionalidad, consolidar un marco regulatorio claro y predecible que estimule la inversión, y definir una hoja de ruta que responda a las necesidades del sector de manera oportuna y eficiente.

Sostenibilidad
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Planta de Schneider Electric, certificada como Net Zero CO2

by Martín Rosas

Schneider Electric abrió las puertas de su Planta ETO Funza para una visita guiada con periodistas. El recorrido presentó cómo la compañía integra la digitalización, la eficiencia energética y los compromisos de sostenibilidad en cada etapa de su operación.

La Planta de Funza es la primera de Schneider Electric en Sudamérica en alcanzar la certificación Net Zero CO₂ en sus operaciones directas, un hito que refleja más de una década de esfuerzos en eficiencia energética, gestión de residuos y reducción de huella de carbono.

Actualmente, el 100% de su energía proviene de fuentes renovables y más del 95% de los residuos son reciclados o reutilizados, consolidando a Funza como un referente en economía circular y descarbonización industrial.

La planta fabrica tableros eléctricos y soluciones críticas para centros de datos, industrias y edificios inteligentes. Estas soluciones forman parte del portafolio de Schneider Electric para responder a la creciente demanda de energía impulsada por tendencias como la inteligencia artificial y la digitalización.

Según la Agencia Internacional de Energía, el consumo eléctrico global crecerá un 4% anual hasta 2027, y Schneider busca que este crecimiento sea sostenible con tecnologías de eficiencia energética y software de monitoreo inteligente.

Schneider Electric y el futuro de los data centers

Marta Sánchez, VP de Secure Power & Data Centers para Sudamérica, destacó que Colombia y Chile están posicionándose como hubs digitales de la región.

“Colombia proyecta superar los 200 MW de capacidad instalada en centros de datos para 2028, mientras que Chile avanza con su Plan Nacional de Data Centers 2024-2030. Este panorama nos exige acelerar la implementación de tecnologías sostenibles como UPS de alta eficiencia, refrigeración líquida y software de gestión energética en tiempo real”, dijo Sánchez.

El rol de la digitalización: del gemelo digital al monitoreo

La visita presentó avances como los gemelos digitales de ETAP, desarrollados junto con Schneider Electric y NVIDIA, que permiten simular, optimizar y gestionar el consumo energético de fábricas y centros de datos impulsados por IA, desde la red eléctrica hasta el chip.

Estas tecnologías, sumadas a plataformas como EcoStruxure IT, permiten monitorear remotamente infraestructuras críticas, anticipar fallas y reducir hasta en un 30% el consumo energético de las operaciones.

Así, la Planta de Funza se consolida como un centro estratégico no solo de producción, sino de innovación y sostenibilidad para Sudamérica.

Con inversiones en eficiencia, digitalización y energías limpias, demuestra que la expansión de la infraestructura digital puede ir de la mano con los compromisos de sostenibilidad y resiliencia energética que demanda el futuro de la región.

Industria
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El tic-tac de la crisis energética: Retrasos y deudas amenazan el sistema eléctrico

by Martín Rosas

Colombia al borde del apagón: Subsidios impagos y falta de capacidad llevan al país a un riesgo energético extremo. Contralor exige acciones urgentes ante una crisis energética «de grandes proporciones».

Colombia se encuentra al borde de una «crisis energética de grandes proporciones». La advertencia fue lanzada por el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

Durante su intervención en el 12° Foro de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) en Barranquilla, el funcionario instó al Gobierno nacional a tomar acciones inmediatas para evitar una situación que, según sus palabras, amenaza la estabilidad del sector, la economía del país y la calidad de vida de millones de colombianos. El reloj avanza mientras la Nación enfrenta una peligrosa combinación de deudas masivas, déficit de generación y graves retrasos en la infraestructura de transmisión.

El Contralor Rodríguez Becerra detalló una situación crítica marcada por varios factores. Uno de los más apremiantes es la deuda acumulada por subsidios tarifarios, que supera los $5 billones y amenaza directamente la sostenibilidad financiera del sector.

De hecho, la deuda del Gobierno con las empresas de energía y gas por subsidios y opción tarifaria alcanzaba los $7,6 billones a enero de 2025. Aunque el Ministerio de Minas y Energía reportó un pago de $2,5 billones en mayo de 2025 para cubrir obligaciones del año anterior, los pasivos continúan creciendo sin un respaldo presupuestal claro, lo que compromete la liquidez de las compañías prestadoras.

Esta situación no solo exige una reforma en la gestión de subsidios, incluyendo la medición de impacto y la actualización de fórmulas tarifarias, sino que también pone en riesgo el acceso al servicio para la población más vulnerable.

Además de la crisis de pagos, el país enfrenta un déficit preocupante en la capacidad de generación eléctrica. A pesar de la subasta de cargo por confiabilidad realizada el 15 de febrero de 2024, donde se adjudicaron 4.489 megavatios, en su mayoría de fuentes solares, aún no existe suficiente capacidad firme para suplir la creciente demanda que ya supera el 7% de incremento anual. La capacidad de generación efectiva es de apenas 15 GWh/día, un volumen insuficiente para las necesidades actuales.

Retrasos en transmisión

La infraestructura de transmisión también presenta un panorama desolador. De los 16 proyectos registrados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 14 presentan retrasos, con un promedio de 30,7 meses. A esto se suma el envejecimiento de las líneas existentes, ya que el 75% de las líneas de 500 y 230 kilovatios superan los 35 años de operación, incrementando la vulnerabilidad del sistema ante posibles fallas.

El jefe del ente de control enfatizó que estos retrasos afectan directamente la seguridad energética del país y requieren señales regulatorias claras, así como una coordinación interinstitucional para garantizar la reposición de activos críticos.

La Contraloría también puso el foco en la crítica situación de Air-e S.A., empresa que presta el servicio de energía en Atlántico, La Guajira y parte del Magdalena, y que se encuentra bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos desde 2024.

La compañía registra deudas cercanas a los $900.000 millones de pesos con proveedores de energía, mientras que el Fondo Empresarial, encargado de respaldar a las empresas intervenidas, enfrenta una fuerte presión financiera con solo $167.000 millones de saldo disponible frente a obligaciones por $324.000 millones.

Ante este panorama, el Contralor Rodríguez Becerra fue enfático: «La sostenibilidad y seguridad energética del país no pueden estar a merced de decisiones tardías ni de vacíos en la gestión». Hizo un llamado a la implementación de una institucionalidad sólida y coordinada que involucre a los ministerios de Energía, Ambiente y Hacienda, con el objetivo de evitar los choques que actualmente retrasan proyectos estratégicos, como las conexiones desde Chivor hacia Bogotá o el licenciamiento de proyectos gasíferos en La Guajira.

La Contraloría ha priorizado esta alerta en su agenda de vigilancia preventiva y, concomitante, adelanta un seguimiento de los montos y trámites de las deudas públicas, y estructurando un tablero de control en tiempo real para monitorear mensualmente las apropiaciones y pagos.

El proyecto de presupuesto para 2026 contempla un aumento significativo en los recursos asignados al Ministerio de Energía, lo que genera la expectativa de que los subsidios previstos sean cubiertos adecuadamente. Sin embargo, el mensaje del Contralor es claro: «Colombia necesita una planeación rigurosa y una ejecución oportuna de los recursos públicos para garantizar que la energía llegue con calidad, eficiencia y a precios justos a todos los ciudadanos».

El futuro energético del país, y con ello el bienestar de su población y el desarrollo económico, pende de un hilo, esperando una respuesta contundente y eficaz del Gobierno.

GLP
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AGREMGAS advierte que propuesta regulatoria pondría en riesgo el servicio de GLP por redes

by Martín Rosas

AGREMGAS solicita a la CREG y al Gobierno Nacional una revisión técnica para garantizar un esquema tarifario justo, sostenible y acorde a la realidad operativa del servicio.

La Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas (AGREMGAS), advierte sobre el riesgo que implica para la sostenibilidad y la continuidad del servicio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes el Proyecto de Resolución CREG 702-011 de 2024, actualmente en etapa de análisis por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

El proyecto, publicado para consulta pública el 17 de octubre de 2024 por un periodo de 90 días, busca establecer las nuevas fórmulas tarifarias para los comercializadores minoristas que prestan el servicio de GLP distribuido por redes a usuarios regulados.

Como parte del proceso, la CREG adelantó audiencias públicas en Ibagué (8 de abril de 2025), Bogotá (9 de abril) y Bucaramanga (25 de abril), en las que se socializó la propuesta y se recibieron observaciones de los agentes y usuarios.

El GLP por redes es un servicio que garantiza suministro continuo y seguro de energía mediante infraestructura de tuberías, involucrando costos integrales que incluyen la compra del producto, su transporte, distribución y comercialización.

Sin embargo, la propuesta regulatoria plantea limitar el valor del transporte reconocido en la tarifa al mismo costo de las empresas que distribuyen en cilindros, sin reconocer las diferencias técnicas, logísticas y económicas entre ambos modelos.

Las empresas de GLP por redes y las de cilindros, en su mayoría, son distintas, y muchas operadoras de redes dependen de las distribuidoras de cilindros como proveedoras. Además, deben asumir gastos adicionales asociados a la operación y mantenimiento de redes, la continuidad del servicio 24/7 y el cumplimiento de estrictos estándares de seguridad.

De no ajustarse, la medida podría impedir que se reconozca la totalidad de los costos reales, generando desfinanciamiento y poniendo en riesgo la seguridad energética de varias comunidades.

Sara Vélez,directora Ejecutiva de AGREMGAS, manifestó: “El GLP por redes es un servicio público esencial, especialmente en zonas donde no hay alternativas energéticas viables. Cualquier regulación que no contemple la cadena completa de valor amenaza la viabilidad de las empresas y la calidad del servicio que reciben los usuarios. Solicitamos a la CREG una revisión técnica que garantice un esquema tarifario justo y sostenible”.

En Colombia, el servicio de GLP por redes abastece actualmente a cerca de 300.000 usuarios en más de 350 municipios. La mayoría son hogares de estratos 1 y 2, que destinan el gas principalmente a la preparación de alimentos.

A este sistema también están conectados establecimientos comerciales como tiendas, restaurantes y pequeños negocios, así como algunos usuarios industriales, especialmente en municipios sin cobertura de gas natural.

La modalidad por redes ofrece un suministro continuo y seguro, equiparable al del gas natural por tubería, beneficiando tanto a familias como a actividades productivas.

Finalmente, AGREMGAS hace un llamado al Gobierno Nacional y a la CREG para que, antes de aprobar la versión definitiva de la resolución, consideren las particularidades operativas y los costos reales de este modelo, de modo que se preserve la viabilidad empresarial, la continuidad del servicio y la seguridad energética de los colombianos.

Industria
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Enel Colombia inició la construcción de las líneas de alta tensión La Guaca–Colegio

by Martín Rosas

La obra beneficiará directamente a más de 73.000 habitantes de La Mesa, Tena y El Colegio, y en general al departamento de Cundinamarca.

Enel Colombia empezó la construcción de las Líneas de Alta Tensión La Guaca – Colegio 1 y 2, obras que garantizarán la prestación del servicio en los municipios de La Mesa, Tena y El Colegio, en Cundinamarca, permitiendo la conexión de un nuevo proyecto de energía renovable no convencional al sistema eléctrico.

La primera línea de alta tensión a 115 kV reemplazará la línea existente de transmisión La Guaca – Colegio 1 construida en 1966, que ya ha alcanzado su capacidad máxima.

Igualmente, el proyecto contempla la construcción y puesta en servicio de una nueva línea denominada La Guaca – Colegio 2, para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico de la zona ante fuertes cambios climáticos que puedan afectar el suministro eléctrico. Ésta última tendrá una longitud de 4,2 km y contará con un diseño de doble circuito que permitirá atender de la creciente demanda energética de la región. Se prevé que entre en operación a finales de 2025.

Además de asegurar un suministro de energía más confiable para los habitantes y sectores productivos de la zona, este proyecto posibilitará la conexión del parque solar Barzalosa, con capacidad de 100 MW, ubicado en los municipios de Nariño y Girardot, desarrollado por un tercero.

“La construcción de las Líneas de Alta Tensión La Guaca – Colegio 1 y 2 son una muestra de nuestra visión a largo plazo para modernizar la infraestructura eléctrica de Cundinamarca, conectando territorios con energía más limpia y resiliente. En Enel Colombia trabajamos para brindar un servicio seguro, innovador, sostenible y de calidad, alineado con los retos del cambio climático y el desarrollo regional”, afirmó Adrián Albarracín, subgerente de la Operación Regional y Metropolitana de Enel Colombia.

Iniciativas para una transición energética

En paralelo con las actividades técnicas, Enel Colombia desarrolla iniciativas con las comunidades del área de influencia. Entre ellas se destaca la siembra de 2.200 árboles en el Agroparque Sabio Mutis, en el municipio de Tena, en colaboración con estudiantes universitarios y autoridades locales, como parte de las medidas de compensación ambiental del proyecto.

Asimismo, se realizaron jornadas de capacitación ambiental, seguridad y gestión social en seis veredas de la zona de influencia, incluyendo actividades lúdicas, educativas y de siembra de árboles, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y promoviendo el cuidado del entorno.

Con estas acciones, Enel Colombia reafirma su compromiso con la transición energética, integrando el desarrollo de infraestructura con el bienestar de las comunidades y el respeto por el medio ambiente.

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