Autor: Martín Rosas

En un entorno cada vez más descentralizado y digitalizado, las organizaciones enfrentan un reto urgente: asegurar la continuidad, seguridad y eficiencia de sus operaciones de TI más allá de los grandes centros de datos.

En esta nueva realidad, el Edge Computing —la capacidad de procesar datos cerca del lugar donde se generan— se consolida como una pieza clave para habilitar la transformación digital en sectores como salud, banca, manufactura, petróleo y gas.

La creciente demanda de procesamiento en tiempo real, junto con el auge de tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial y las aplicaciones en la nube, ha impulsado la expansión de la infraestructura edge en América Latina.

Según Statista, el mercado global de edge computing superó los USD 47.000 millones en 2023, y se espera que esta cifra se duplique para 2027.

Este crecimiento plantea un nuevo conjunto de desafíos: ¿Cómo asegurar la disponibilidad de las operaciones críticas? ¿Cómo mantener la visibilidad y el control remoto en sitios dispersos y con poca infraestructura? ¿Cómo garantizar la sostenibilidad energética en la periferia digital?

El Edge como eje de resiliencia y sostenibilidad

La respuesta está en combinar tecnología, diseño inteligente y gestión centralizada. En el edge, los sistemas suelen operar en espacios reducidos, sin personal técnico in situ y con limitaciones energéticas.

Por ejemplo, Schneider Electric ofrece soluciones que integran desde UPS monofásicas, refrigeración compacta y gestión térmica, hasta software de monitoreo, que permite visibilidad en tiempo real y diagnóstico predictivo desde una única plataforma.

Esto es especialmente relevante para sectores como la salud, donde las aplicaciones clínicas deben operar sin interrupciones; o en el sector bancario, donde los datos de las sucursales deben ser procesados con baja latencia y alta seguridad.

“Hoy, las organizaciones necesitan soluciones que garanticen continuidad operativa sin comprometer sus objetivos de sostenibilidad. El edge computing permite acercar la inteligencia al punto de uso, reduciendo latencias, costos energéticos y emisiones, para que cada empresa pueda gestionar su infraestructura de forma resiliente, eficiente y alineada con sus metas ambientales.”, afirma José Luis Leyva Mancera, Edge Computing and Alliances Specialist de Schneider Electric para Sudamérica.

En Colombia, con más del 70% de las sucursales financieras y clínicas privadas fuera de los grandes centros urbanos, las organizaciones están invirtiendo en soluciones edge para garantizar continuidad operativa en tiempo real.

Además, el auge del comercio electrónico, la telemedicina y la expansión del 5G están impulsando una nueva ola de demanda por infraestructura de borde en ciudades intermedias.

Ciberseguridad y mantenimiento predictivo

Uno de los aspectos más críticos en el edge es la seguridad. Estos entornos remotos, muchas veces no supervisados, representan puntos vulnerables para ataques cibernéticos. En este frente, Schneider Electric trabaja con protocolos de ciberseguridad en sus dispositivos, así como con sistemas de alertas remotas y recuperación ante fallos.

Otro punto esencial es la resiliencia operativa. Gracias a herramientas basadas en IA y machine learning, las soluciones de edge pueden anticipar fallos, gestionar la carga energética y extender la vida útil de los activos.

“La expansión del edge requiere una infraestructura preparada no solo para operar de forma remota, sino también para resistir amenazas cada vez más sofisticadas. Por eso combinamos innovación tecnológica con estándares globales de ciberseguridad para proteger la continuidad operativa de nuestros clientes desde el núcleo hasta la periferia digital”, concluye Leyva.

La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP) reconoció la importancia del diálogo territorial para avanzar en los grandes retos del sector energético del país, como lo mencionó recientemente el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

“El diálogo como una estrategia no es una novedad: para quienes trabajamos de la mano con las comunidades, el diálogo es parte de nuestro día a día y ha sido, históricamente, la única vía para construir confianza en los territorios”, señalaron los geólogos en un comunicado.

Y resaltaron que en la ACGGP se ha desarrollado, durante más de una década, el Programa de Pedagogía Regional, una de las estrategias de diálogo social más sólidas y sostenidas que se han implementado en Colombia.

Esta iniciativa ha recorrido 21 departamentos y más de 100 municipios, con más de 1.000 actividades que comprenden talleres pedagógicos, caminatas, visitas pedagógicas a facilidades de producción, muralismo colectivo y ferias de ciencia en instituciones educativas, sobre temas energéticos, resolución de conflictos, agua, transición energética y formulación de proyectos, entre otros, con el propósito de dejar capacidades instaladas en las comunidades y construir confianza, actividades que han impactado a cerca de 40.000 personas en todo el país.

Este Programa ha sido impulsado por empresas como Ecopetrol, PAREX Resources, SierraCol Energy, Gran Tierra Energy, La Luna Captiva, ONGC Videsh y Canacol Energy, entre otras.

“El enfoque se basa en el diálogo de saberes: escuchar, reconocer y dignificar el conocimiento de las comunidades; adaptar el lenguaje técnico a realidades cotidianas sin trivializarlo; y construir juntos respuestas frente a riesgos, energía, territorio y sostenibilidad. Esta experiencia nos ha permitido constatar que cuando se comparte el conocimiento geocientífico de manera clara y cercana, se siembra confianza, se reducen los conflictos y se viabilizan proyectos” señaló el gremio.

Ejemplo de esto es el proyecto Farallones con Ecopetrol, donde tras cuatro años de presencia territorial combinando pedagogía y proyectos sociales, la conflictividad bajó de 6 eventos de oposición en 2021 a 0 en 2024.

En paralelo, se realizaron 172 actividades pedagógicas como talleres, ferias de ciencia, visitas y acciones lúdicas, que se convirtieron en un acompañamiento cercano, con lenguaje claro y diálogo de saberes, que ayudó a sembrar confianza, anticipar tensiones y viabilizar el proyecto.

“Consideramos clave que la nueva estrategia anunciada por el Ministerio no parta de cero, sino que se articule con actores y programas que ya han demostrado resultados en campo, como nuestro Programa de Pedagogía Regional. El verdadero éxito del diálogo radica en reconocer lo construido, fortalecerlo y darle continuidad, para que las comunidades sientan que no se trata de ejercicios aislados sino de un compromiso permanente del Estado y de la sociedad”, indicó Flover Rodríguez Portillo, director Ejecutivo de la ACGGP.

Finalmente, la ACGGP reiteró su disposición a ser un aliado técnico y territorial en este proceso, pues el Programa de Pedagogía Regional es un ejemplo de cómo el diálogo social puede transformar la relación entre ciencia, industria, Estado y comunidad.

Tecnologías de monitoreo en tiempo real, software inteligente y arquitecturas energéticamente eficientes, lideran la transformación hacia una infraestructura digital más limpia y resiliente.

Los centros de datos son el corazón del mundo digital. Desde el almacenamiento de información hasta el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, estas infraestructuras son esenciales para el funcionamiento de la economía digital. Pero también son grandes consumidores de energía: a nivel global, se estima que representan entre el1.5% y el 3% del consumo eléctrico total, y su huella de carbono no para de crecer.

Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), el sector energético representa cerca del 73% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que lo convierte en el principal responsable del cambio climático. En ese contexto, la digitalización de infraestructuras energéticas y la descarbonización de procesos industriales no son opcionales, sino esenciales.

De hecho, se estima que más del 55% de las reducciones necesarias para alcanzar el Net Zero en 2050 dependerá del uso de tecnologías ya disponibles, como la eficiencia energética, las energías renovables y la electrificación.

En este contexto, la transformación del sector ya no es una opción, sino una urgencia. Y el camino está claro: combinar digitalización con descarbonización. Dos fuerzas que, cuando se integran, permiten avanzar hacia centros de datos más sostenibles, eficientes y resilientes.

Digitalizar para tomar decisiones inteligentes

“Lo que no se mide, no se puede optimizar”, afirma Marta Sánchez, vicepresidenta de Secure Power para Sudamérica en Schneider Electric. “Esa es la base de la digitalización: dotar a los centros de datos de tecnologías de monitoreo inteligente, análisis predictivo y automatización para gestionar en tiempo real el uso de energía, la capacidad térmica, los riesgos de interrupción y los patrones de consumo.”

Así es como soluciones como EcoStruxure IT permiten a los operadores visualizar cada punto de su infraestructura, desde el borde hasta el core, anticipar fallos, balancear cargas, reducir emisiones y tomar decisiones basadas en datos.

“La digitalización convierte los centros de datos en organismos vivos, que se adaptan y responden con precisión a la demanda energética actual”, agrega Sánchez.

Descarbonizar desde el diseño

El segundo componente de la fórmula es la descarbonización, que empieza desde el diseño del centro de datos: arquitectura modular, UPS inteligentes, contención térmica eficiente y, en los casos más avanzados, sistemas de refrigeración líquida que reemplazan el aire acondicionado tradicional.

Además, la transición energética implica migrar hacia fuentes renovables, electrificación de procesos y eficiencia operativa. En el caso de Colombia, Schneider Electric ya está implementando estos principios en su planta de Funza que es un referente de sostenibilidad industrial en la región.

Un futuro energético más justo

En Colombia, el mercado de centros de datos crece a ritmos acelerados. Se proyecta que alcanzará los USD 1.160 millones en 2030, con una tasa anual del 17,5%.

La era de los centros de datos del futuro ya comenzó. Y en ella, no bastará con ser eficientes o sostenibles por separado. La verdadera innovación está en combinar digitalización + descarbonización, una dupla que redefine los límites del rendimiento energético y la responsabilidad ambiental.

En el marco de la transición energética, el Cargo por Confiabilidad resulta aún más estratégico, ya que asegura que las fuentes intermitentes, como la solar y la eólica, cuenten con un respaldo confiable que sostenga el sistema.

De acuerdo con Klik Energy, compañía especializada en soluciones digitales para la gestión de la energía, el Cargo por Confiabilidad se ha consolidado como una herramienta clave para proteger a Colombia frente a escenarios de escasez y asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico en el largo plazo, por lo que eliminarlo pondría en riesgo el abastecimiento energético del país.

El Cargo por Confiabilidad es un mecanismo regulatorio del sector eléctrico colombiano diseñado para garantizar que el país disponga siempre de la energía necesaria, incluso en situaciones críticas como sequías prolongadas asociadas al fenómeno de El Niño, fallas técnicas o incrementos inusuales en la demanda. 

Este mecanismo funciona a través de un pago fijo adicional incluido en la tarifa de energía que los usuarios pagan mes a mes. Dicho pago es entregado a los generadores de energía a cambio de un compromiso: disponer de capacidad firme de generación cuando el sistema lo requiera. En otras palabras, no se trata de un cobro directo por la energía consumida, sino de una garantía de disponibilidad futura que permite que el suministro nunca falte, incluso en momentos de alta presión sobre el sistema eléctrico.

Cuando el país enfrenta periodos de escasez energética debido a la reducción de la hidrología como sucedió en 2024 o a un incremento inesperado de la demanda, las plantas que reciben este cargo deben entregar la energía comprometida. Este esquema ha sido fundamental para mantener la estabilidad energética de Colombia durante las últimas décadas.

Su importancia radica en varios aspectos. En primer lugar, fortalece la seguridad energética del país, teniendo en cuenta que cerca del 70% de la electricidad nacional proviene de fuentes hidroeléctricas que se ven afectadas en periodos de sequía. También garantiza la estabilidad del suministro, reduciendo el riesgo de apagones o racionamientos como los que se vivieron en los años noventa. De igual forma, envía señales claras de inversión en infraestructura, lo que incentiva a construir nuevas plantas o mantener las actuales en operación. 

En el marco de la transición energética, el Cargo por Confiabilidad resulta aún más estratégico, ya que asegura que las fuentes intermitentes, como la solar y la eólica, cuenten con un respaldo confiable que sostenga el sistema.

De acuerdo con Esteban Quintana, CEO de Klik Energy, “el Cargo por Confiabilidad ha demostrado su efectividad. En 2024, durante el fenómeno de El Niño, las plantas térmicas respaldaron al sistema cuando la generación hídrica disminuyó, evitando fallas en el suministro. Sin embargo, es urgente acelerar las subastas de la CREG para atraer nuevas inversiones que permitan garantizar la energía de los próximos años”.

Actualmente, cerca del 70% de la generación nacional proviene de fuentes hidroeléctricas y el 30% de térmicas. Esta combinación ha permitido que, pese al aumento en el precio de la energía en algunos sectores, el país no haya sufrido desabastecimiento eléctrico. Sin embargo, el gran reto está en atraer nuevos proyectos que fortalezcan la capacidad instalada, especialmente ante escenarios de presión climática y creciente demanda energética.

Klik Energy ha implementado estrategias de respaldo para plantas que han enfrentado retrasos en su entrada en operación, evitando que pierdan su Cargo por Confiabilidad y asegurando que puedan aportar energía al sistema cuando más se necesite.

Actualmente, Klik Energy representa cerca del 35% de los respaldos de los generadores en el mercado. En este sentido, la eliminación del Cargo por Confiabilidad pondría en riesgo la seguridad energética nacional, por lo que, lejos de retirarlo, resulta fundamental fortalecerlo y complementarlo con nuevas inversiones que aseguren la energía que Colombia necesita.

La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) dio a conocer el Informe TEC “Transición Energética de los Carbones Colombianos”, elaborado junto al Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), que concluye que el país enfrentará riesgos fiscales, sociales y económicos si la transición energética se acelera sin una estrategia clara.

El documento advierte que un proceso mal diseñado podría significar una caída de $38 billones en la economía nacional. El recaudo de las regalías y el impuesto de renta representa cerca del 95% de los ingresos que recibe el país por el desarrollo de la actividad minera de carbón, lo que lo convierte en un pilar insustituible para la financiación pública.

En departamentos como Cesar y La Guajira, las regalías por carbón representan más del 100% de sus ingresos corrientes, por lo que una transición desordenada tendría efectos devastadores en la estabilidad regional y en los recursos para educación, salud e inversión social. Lo mismo sucede en otras regiones del país como Córdoba, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y los Santanderes, donde la industria carbonífera no solo genera empleo, sino aportes sociales y ambientales.

“Este no es un debate sectorial, es un debate de país. El futuro fiscal de la Nación, la estabilidad laboral de miles de familias y la inversión social en 132 municipios de 11 departamentos dependen de una transición bien planificada”, afirmó Carlos Cante, presidente Ejecutivo de Fenalcarbón.

Tres escenarios de transición para Colombia

El informe presenta tres posibles rutas hacia la descarbonización del país, con sus impactos sobre el sector carbón:

• En el escenario intermedio de “referencia”, el país buscaría la carbono-neutralidad en 2060. La reducción sería del 85% en la producción de carbones, con una disminución significativa de exportaciones, aunque todavía con cierta capacidad de aprovechar reservas metalúrgicas y térmicas. Si bien los impactos sociales y fiscales serían menores que en el escenario acelerado, seguiría existiendo un riesgo importante para las finanzas de las regiones productoras.

• En el escenario de “viento de frente”, es decir el más adverso, Colombia se plantea alcanzar la carbono-neutralidad en 2050, con la electrificación más acelerada y ambiciosa. Este camino implicaría una reducción del 89% en la producción de carbones frente a 2021, una fuerte caída en la demanda interna y un golpe crítico a la transformación de coque por las restricciones de emisiones. En este escenario, los territorios quedarían con menos recursos en el corto plazo, sin tiempo suficiente para la reconversión laboral y social.

• En el escenario de “viento de cola”, la transición se extendería hasta 2070 o incluso 2100. Esto permitiría aprovechar la totalidad de las reservas de carbón en la costa y de carbón metalúrgico, garantizando divisas y regalías durante varias décadas más. La demanda interna de carbones térmicos se mantendría por más tiempo, apoyada en la incertidumbre de precios del gas y en nuevas tecnologías como el CCUS (captura, uso y almacenamiento de carbono). Esta salida ordenada daría margen al país para planificar la reconversión productiva de los territorios y sostener la inversión social.

La visión del empresariado

El TEC concluye que, sin una política pública pragmática y realista, Colombia corre el riesgo de pagar altos costos sociales, económicos y ambientales. Los análisis muestran que una transición improvisada puede llevar a la pérdida acelerada de 74.000 empleos y de más del 60% de los ingresos por regalías, recursos que hoy financian la educación, la salud y la infraestructura de los municipios.

De acuerdo con el presidente del gremio, “la transición debe tener un ritmo alineado con las tendencias globales y la demanda del mercado internacional, evitando impactos abruptos que comprometan la estabilidad social y económica del país. Para ello, necesitamos una estrategia que reconozca las particularidades de cada territorio productor, promoviendo actividades alternativas y fortaleciendo capacidades locales”.

Cante enfatizó que este proceso no puede recaer únicamente en el Estado. “La transición debe construirse de manera conjunta entre el Estado, las regiones y el sector privado, bajo principios de justicia fiscal y laboral, que eviten desequilibrios económicos y protejan a los trabajadores”.

En ese sentido, subrayó que es fundamental que el proceso se autofinancie en gran medida con los recursos que ya genera la industria. “Las regalías, los impuestos y los encadenamientos productivos del carbón deben ser la base para financiar programas de reconversión laboral, impulsar nuevas actividades económicas en las regiones y desarrollar proyectos de gestión ambiental. Así reducimos la dependencia de recursos externos y aseguramos la sostenibilidad de la transición en el tiempo”.

Finalmente, planteó una medida concreta: “Se requiere la creación de un Fondo Fiscal que permita enfrentar los efectos de una transición desordenada, y el diseño de programas de formación y reconversión laboral que conviertan una política ambiciosa en un verdadero proceso de transformación productiva de los territorios, realista e incluyente”.

Por su parte, Tomás González, director del CREE, recalcó que “con planeación adecuada, el carbón puede ser motor de la transición, no su obstáculo. La clave está en equilibrar la ambición climática con el realismo económico y social, aprovechando la ventana de oportunidad que tiene el país al 2030 para preparar una transición adecuada”.

A través del Informe TEC, Fenalcarbón reitera que el carbón no es incompatible con la transición energética y que, por el contrario, puede convertirse en el principal sostén financiero para avanzar hacia una matriz más limpia y sostenible.

El sector puso a disposición de las autoridades y tomadores de decisión, esta visión del empresariado, como insumo para el diseño de políticas públicas que garanticen una transición óptima y una transformación productiva de los territorios.

Un sector estratégico para la economía nacional

Actualmente, el sector genera más de 55.000 empleos directos altamente formales, con ingresos 2,6 veces superiores al promedio nacional, y beneficia indirectamente a más de 250.000 personas. Por cada $1.000 millones adicionales en producción de carbón, se generan 4,7 empleos en la economía, y cada peso en el carbón multiplica 2,42 veces el PIB nacional.

Además, las compras nacionales alcanzaron $31,6 billones entre 2015 y 2022, de los cuales $16 billones se destinaron a proveedores locales, dinamizando más de 1.000 empresas regionales.

En materia de divisas, Colombia es el 5° exportador mundial de carbón térmico y el 4° exportador mundial de coque metalúrgico, el primer producto industrial de exportación del país, que se produce teniendo como base el carbón metalúrgico. Solo en 2022, las exportaciones del sector sumaron más de USD $8.100 millones.