Autor: Martín Rosas

Los bloqueos se dan por parte de la comunidad del municipio de El Colegio que manifiestan su inconformidad frente al presunto incumplimiento de los acuerdos pactados en las mesas de trabajo que se adelantan entre las partes desde el segundo semestre de 2021.

Debido a los bloqueos que se han presentado desde el 9 de marzo en la Central Hidroeléctrica Paraíso, Enel Colombia no ha podido acceder para realizar los mantenimientos preventivos de la infraestructura, lo cual obligó a la Compañía a declarar indisponibles dos de los tres grupos de generación de la Central, que aportan 400 Megavatios (MW) de los 600 MW de su capacidad instalada al Sistema Interconectado Nacional.

Si los bloqueos persisten, la Compañía deberá declarar indisponible, ante el Centro Nacional de Operaciones, el otro grupo de generación en los próximos días.

Enel señaló que “si bien la Compañía respeta el derecho a la protesta social y ha mostrado la voluntad de diálogo con los manifestantes para atender sus inquietudes en los debidos espacios, rechaza vehementemente las vías de hecho, los actos vandálicos que se han registrado sobre la infraestructura de generación y la restricción del libre acceso de las personas que garantizan el funcionamiento y la operación de la Planta.”

Suspender la operación de estos grupos de generación representa un riesgo para la seguridad del Sistema Interconectado Nacional (SIN), sobre todo para la estabilidad y confiabilidad en el área Oriental de Colombia, principalmente en Bogotá. Esto se suma a un momento retador por las dificultades que representa el actual Fenómeno de El Niño para el suministro energético del país.

“La operación de la Central Hidroeléctrica Paraíso no es sostenible sin realizar las inspecciones para identificar oportunamente posibles anomalías en los equipos. El operar las máquinas sin la certeza de su correcto funcionamiento, incrementaría el riesgo para el sistema eléctrico colombiano, así como para el personal que labora en la Central”, señaló la empresa.

Causas del bloqueo

Desde el pasado 9 de marzo se presentó un bloqueo en la central Paraíso, ubicada en el municipio El Colegio, que está impidiendo la realización de labores de mantenimiento requeridas para su operación. Algunas personas de la comunidad manifiestan su inconformidad frente al presunto incumplimiento de los acuerdos pactados en las mesas de trabajo que se adelantan entre las partes desde el segundo semestre de 2021.

Al respecto, Enel Colombia dijo que ha trabajado estos años en diferentes proyectos enmarcados en 28 acuerdos, de los cuales ya ha ejecutado el 75% (21 acuerdos), incluyendo actividades que se realizan de forma recurrente, como la contratación de mano de obra local a través de empresas contratistas.

Enel informó que en lo corrido de 2023 se llevaron a cabo iniciativas como:

• La construcción y entrega de 151 estufas ecoeficientes para la población rural ubicada en las veredas Paraíso, Antioquia, Marsella, Antioqueñita, Helechos, San José, Francia, Trujillo y Trujillo Puerto Alegre. Con estas se sustituyeron fogones abiertos de leña, minimizando la exposición al humo generado y reduciendo la cantidad de leña requerida en la preparación de alimentos.

• Entrega de mobiliario escolar como pupitres, mesas, sillas y elementos de aseo para los grados de transición, preescolar y primaria a instituciones educativas rurales en las veredas Paraíso, Antioquia, Antioqueñita, Palmas, Lucerna y la sede principal de Pradilla, beneficiando a 160 estudiantes.

• Diseño, financiación y construcción de siete huertas comunitarias que beneficiaron a 45 familias del área de influencia de la Central y que fortalecen su seguridad alimentaria. Así como apoyo en la construcción de tres viveros; y el desarrollo de actividades de educación ambiental con la participación de 1.890 personas del municipio de El Colegio.

• Instalación y puesta en marcha de un ecofiltro, como estructura complementaria al biofiltro existente, que complementa el tratamiento del sulfuro de hidrógeno (H2S) de las aguas contaminadas del río Bogotá, que son utilizadas durante el proceso de generación de energía en la Central Hidroeléctrica Paraíso. Si bien, esta acción no hace parte de los acuerdos, se suma al compromiso del monitoreo de olores que se estableció desde 2021.

Respecto al convenio para la mejora de vías terciarias, Enel Colombia dijo que ha cumplido con los compromisos y aportó recursos para que la saliente Administración Municipal adelantara la recuperación de dos tramos de vía en sectores de las veredas Paraíso y Antioquia; asimismo, ejecutó acciones adicionales como la construcción de un muro de contención en la vereda Trujillo y el transporte de material pétreo para que esta comunidad realizara obras de mejora en las vías de la vereda.

“Si bien, la anterior Administración Municipal de El Colegio (responsable del mantenimiento vial) no cumplió con sus compromisos, Enel Colombia mantiene la voluntad de revisar alternativas con el gobierno local actual, que puedan facilitar el trabajo conjunto para beneficiar a la comunidad”, concluyó Enel.

P.S. Después de ocho días, y luego de una mesa de concertación, Enel anunció que el bloqueo se levantó el pasado 17 de marzo.

Un panorama desalentador fue el que pintaron los participantes del primer foro del Segundo Colombia Green Energy Summit. El tiempo pasa y las soluciones no llegan.

En la apertura de la segunda Cumbre de Colombia Energía Verde, que se realizó en Bogotá el 12 y 13 de marzo, el director de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Adrián Correa, reconoció que el sector eléctrico del país vive en un estado de esquizofrenia.

Al hacer una autocrítica a la planeación energética, Correa señaló que “tenemos tres señales, por un lado, las asignaciones de energía firme, por otro lado tenemos el proceso de conexiones y por otro el plan de expansión de generación, y parece que cada una va con una lógica diferente, por eso hablo de una especie de esquizofrenia.”

Agregó que: “Hay una desconexión entre estos mundos, y es una autocrítica a la UPME, que no está haciendo su papel como planeador, tal vez porque no ha existido la herramienta para hacerlo de una manera un poco más ordenada y coherente… No hemos podido sintonizar y sincronizar esos procesos.”

Y los resultados están a la vista. En el mismo foro, el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, señaló que el 83 por ciento de los proyectos eléctricos en el país no llegan a materializarse. Especialmente mencionó los de transmisión, de los cuales dijo que hay proyectos desde 2015 que no han entrado al sistema.

En este tema, los proyectos más grandes son los de Colectora y Cuestecitas, que deberían traer la energía renovable generada en la costa Caribe, especialmente en La Guajira, pero que han sufrido retrasos por temas de comunidades. Ortega recordó que cuando se hizo Chuchupa y Ballena en los años setenta, Chevron realizó 24 consultas previas; para el proyecto Colectora se realizaron cerca de 220.

El ejecutivo agregó que el eléctrico es un sector que trabaja con alto apalancamiento financiero tanto de la banca nacional como internacional, y si no se dan las señales de estabilidad jurídica y normativa, de falta de seguridad en los tiempos, es muy difícil que se acometan inversiones que deben recuperarse en décadas.

En esa misma línea se refirió Jaime Concha, vicepresidente de Minería y Energía de la ANDI: “Si Colectora no entra no vamos a tener con qué cargar el Metro de Bogotá, así sea elevado o subterráneo, ni los trenes de cercanías. Estamos perdiendo las oportunidades”, dijo.

Al dirigente gremial le preocupa la política del gobierno de querer apagar el sector minero energético, sin tener listas otras fuentes, no solo de seguridad energética sino de recursos económicos para la Nación.

“Para sustituir los recursos fiscales que dan el petróleo y el carbón tendría que multiplicarse por 47 el turismo, 27 veces el sector agropecuario y cinco veces el sector industrial, y ese plan no se ve por ningún lado. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo preveía crecimientos del 3% anual y el año pasado cerramos con el 0,6%, entonces esa transición justa nos preocupa”, dijo Concha

Esa situación se ve reflejada en La Guajira, pues si no se van a dar nuevas licencias de carbón a partir de 2033, tampoco aparecen nuevos proyectos de generación eléctrica, como en la reciente subasta, donde no se presentó ningún proyecto para ese departamento. “Nadie quiso apuntarle a La Guajira, entonces ¿dónde está la transición justa?, se preguntó el directivo gremial.

Por su parte, Alexandra Hernández, directora Ejecutiva de SER Colombia, dijo que, en materia de proyectos de energía renovable, el problema no son las metas sino cómo y cuándo entran los proyectos.

Hernández dijo que “hoy un proyecto solar o eólico tarda entre 3 y 6 años. Si no hacemos nada por acelerar los trámites, actualizar la regulación, de impulsar los proyectos tanto de generación como de transmisión, no vamos a lograr pasar del Excel.”

“Desde SER Colombia somos optimistas frente al desarrollo de las renovables, pero también somos realistas con los desafíos, no la tenemos fácil, tenemos mucho por trabajar”, concluyó.

Los diferentes actores no pintaron un panorama alentador para el sector energético colombiano y el mismo director de la UPME lo plasmó en una sola palabra: Esquizofrenia.

A raíz de la publicación de los resultados de la subasta de cargo por confiabilidad realizada el pasado 15 de febrero, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen) considera que el hecho de que no toda la demanda haya sido asignada implica desafíos que el Gobierno Nacional debe atender con urgencia.

Acolgen compartió sus preocupaciones frente a los desafíos del sector, pues, según el gremio, la coyuntura de precios, la cual es de suma importancia, ha desenfocado la atención de un tema aún más crítico: la suficiencia de oferta de energía para atender el crecimiento de la demanda en el mediano y largo plazos. De acuerdo con el gremio:

1. Es fundamental que el Gobierno, en cabeza de la CREG, evalúe nuevamente el balance entre oferta y demanda, incluyendo los resultados que en materia de energía firme van a traer los nuevos proyectos para, de ser el caso, realizar una nueva subasta para la energía que necesitaremos hacia el 2028, que cubra la demanda no asignada en este proceso. Lo anterior con mayor razón cuando en promedio, solo 6 de 10 megavatios de las asignaciones en subastas previas entraron en operación y menos de 3 de cada 10 lo hicieron en la fecha programada.
2. Debe revisarse la energía firme que aportarán los nuevos proyectos solares y entender que la operación enfrentará condiciones de mayor intermitencia, que exigen retomar las discusiones de temas como los servicios complementarios, la generación distribuida (incluyendo las comunidades energéticas), la modernización del mercado mayorista y la ampliación de la oferta con tecnologías como el almacenamiento donde sea económicamente viable.
3. Si bien las leyes y la regulación deben evolucionar y ajustarse en función de los cambios tecnológicos y de entorno, es fundamental que las iniciativas de reforma no atenten contra los principios fundamentales que han permitido los avances y logros del sector en los últimos 30 años, como son la existencia de un equilibrio entre consideraciones políticas y técnico-económicas para la toma de decisiones en el sector y la certidumbre de que las empresas podrán recuperar sus inversiones.

«Esperamos que tanto el proyecto de Decreto publicado el 5 de marzo por el Ministerio de Minas y Energía, como el anuncio de reforma de las Leyes 142 y 143 de 1994, se discutan ampliamente con todos lo actores, con debates técnicos rigurosos y análisis de impacto de corto, mediano y largo plazo», señala Acolgen.

El discurso del presidente Petro de irse lanza en ristre contra el sector minero energético y, en el sector eléctrico específicamente, de querer acabar con la generación térmica y apuntarle solo a las renovables, podrían llevar al traste al sector y generar una crisis en el corto plazo.

Las declaraciones del mandatario en el sentido de querer acabar con la explotación de carbón, gas y petróleo en el territorio nacional, tienen en vilo a las empresas del sector y paralizadas las inversiones en nuevos proyectos que le dan confiabilidad al sector eléctrico del país.

La negación del gobierno a nuevos proyectos de exploración de hidrocarburos y el freno a nuevas explotaciones de carbón térmico ponen en riesgo el suministro de energía eléctrica, toda vez que estos son los combustibles del parque térmico, el único que le da firmeza al sector en situaciones de hidrología crítica, y a su vez, contribuye a la diversificación de la matriz de generación.

El remplazo de la generación térmica por fuentes eólicas y solares no solo podría poner en riesgo el suministro estable de electricidad, sino que encarecería el servicio. Así lo sostiene Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG).

Castañeda señala que esa experiencia ya la vivió Alemania, que triplicó su generación con renovables, y al final lo que consiguió fue tener una crisis energética y llevar los costos de las tarifas a más de dos veces y media de lo que pagan actualmente los colombianos.

Y es que hay una razón técnica que es obvia. La eólica y la solar son energías intermitentes que no dan confiabilidad las 24 horas del día. En el caso de Colombia, la generación solar se da entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, pero el pico de consumo es entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Por eso es que la mayoría de países le apuntan a tener un mix de tecnologías en el portafolio de generación.

“Podría considerarse un contrasentido la política energética planteada por el gobierno. Si usted quiere tarifas eficientes tiene que tener energéticos por todo lado, tener abundancia y buena disponibilidad de combustibles. El sector eléctrico depende en gran media de la señal que da el carbón, pues aunque no tenemos mucha capacidad de generación con carbón, es el primer techo de precio del hidráulico, el que da la señal de precio en contratos de largo plazo. Si no tenemos carbón, el siguiente escalón es el gas importado, con la volatilidad que tiene, entonces el techo ya no serían 380-400 pesos sino entre 550-600 pesos por kilovatio hora.

“Podría considerarse un contrasentido también, que en un país con tantas necesidades desde el punto de vista económico y fiscal, se plantea que no se va a permitir más exploración ni explotación de carbón, gas ni petróleo, cuando los demás países del mundo van a seguir demandando estos combustibles hasta 2050. Las agencias internacionales, en ningún escenario con respecto a la oferta de electricidad, están proyectando que se elimine ninguna tecnología, lo que pasa es que las fuentes renovables llenan el hueco de la demanda, pero se va a tener que mantener y crecer el gas, el carbón y los combustibles líquidos.

“Entonces, bienvenidas todas las tecnologías, que es la ventaja de nuestro sistema construido en los últimos 30 años, con un criterio de portafolio, no solamente agua, porque si nos respaldamos solo en hidroeléctricas, llega un Niño y habrá desabastecimiento, como nos ocurrió con el apagón de 1992. Un criterio de portafolio es diversificar el riesgo”, dice Castañeda.

El eje de la política del presidente Petro es la Transición Energética, pero el sector aún está a la expectativa de la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa y del Plan de expansión de generación y transmisión. En esos borradores se habla de la diversificación, pero claramente la tendencia es hacia las renovables, lo que no genera tranquilidad entre los inversionistas de las demás tecnologías.

Así quedó reflejado en la más reciente subasta, donde no se presentó ninguna propuesta hidráulica, apenas fueron seleccionados 48 MW térmicos y el grueso fueron proyectos solares, con 4.441 MW.

El otro gran problema de generar solo con renovables es que la capacidad instalada se multiplica exponencialmente frente a la térmica: seis veces con solar y cuatro veces con eólica. Es decir, para remplazar los actuales 5.900 MW térmicos se necesitarían 22.000 MW eólicos o 35.000 MW solares en capacidad instalada, para una demanda punta de 12.000 MW. Eso no lo soporta ningún sistema, como ya ha ocurrido en algunos sistemas eléctricos, particularmente en Europa, como lección de la guerra Ucrania- Rusia respecto a garantizar la seguridad energética.

“A nivel mundial, los países tienen como objetivo lograr la carbono neutralidad a 2050, para lo cual se tiene que dar una transición, pero esa transición tiene que ser justa para todos, justa con los consumidores y justa con las familias que dependen del carbón y del gas. Se debe tener la equidad en todos los aspectos”, dice Castañeda.

Institucionalidad en riesgo

Por otro lado, al gremio le preocupa el tema institucional. “Si este sector ha tenido algo que funciona bien es precisamente la institucionalidad, porque logramos separar las funciones en un triángulo. Definir quién era el responsable de la política (Gobierno), quién de la regulación (CREG) y quién del control y seguimiento (Superintendencia). Entonces, cuando no se tiene a la CREG con el quórum suficiente para sesionar y expedir la regulación del sector, esa condición hace que exista nerviosismo en todas las empresas e inversionistas, porque es un escenario que no conocemos, es volver a hace 35 años cuando tuvimos una junta nacional de tarifas que tenía asiento en Planeación, y los ministros decían la tarifa que les parecía mejor, sin un criterio técnico.

“La institucionalidad es lo que nos ha permitido en generación hacer inversiones cercanas a los 17.000 millones de dólares en los últimos 20 años a través del esquema del cargo por confiabilidad, donde no hay un contrato, sino confianza en la estabilidad de las reglas de juego. El sector eléctrico invierte anualmente entre ocho y diez billones de pesos anuales en todos los componentes de la cadena, y todo se basa en la confianza que tiene el agente frente a la regulación”, señala Castañeda.

Según el dirigente gremial, si se afecta la institucionalidad al mezclar las funciones de los tres agentes y no se genera la suficiente confianza, se podría tener efectos negativos en el sistema como un todo y se podría llegar a caer en lo que el país estaba hace treinta años, cuando el gobierno era el que generaba, transmitía y distribuía la electricidad, lo que representaba un 40% de la deuda pública.

Y si de política social se trata, lo que ANDEG propone es que le gobierno la haga a través del esquema de solidaridad que existe. “Si se quiere que los usuarios paguen menos y, por otro lado, reconocer la eficiencia, hay una salida y es el esquema de solidaridad. Si se quiere que los estratos 1, 2 y 3 paguen menos, se pueden aumentar los subsidios con recursos del Presupuesto General de la Nación y dejar que los técnicos de la CREG definan la tarifa que, como dice la ley 142, remunere los costos eficientes y la rentabilidad, lo que tenemos hoy día en el sector”, concluye Castañeda.

Finalmente, cabe señalar que, a diferencia de 1992, lo que ha permitido sortear el actual Fenómeno de El Niño ha sido la disponibilidad de generación térmica, especialmente con las importaciones de gas natural a través de la planta de regasificación de SPEC, que ha suministrado el combustible con un precio alrededor de los diez dólares el millón de BTU a las generadoras del Caribe: Tebsa, Termocandelaria y Termoflores.

En el momento más crítico de esta coyuntura (octubre-diciembre de 2023), el parque térmico suministró cerca del 50% de la electricidad que requirió el país.

Pero, otra preocupación del sector es que la demanda de energía crece a un ritmo de entre el 5 y el 6 por ciento, mientras la oferta apenas lo hace en dos por ciento, lo que podría llevar a una escasez eléctrica en un par de años.

Por eso, los generadores le solicitan al gobierno la pertinencia de realizar nuevas asignaciones de energía en firme a través de los mecanismos que dispone la regulación vigente, como las subastas de reconfiguración o nuevas subastas de expansión.

Con el objetivo de tener tarifas de energía que se puedan pagar y mejorar la calidad del servicio, los gobernadores y los gremios de la Región Caribe le propusieron al Gobierno Nacional la puesta en marcha de un “Pacto de Equidad por un Nuevo Modelo Energético”.

El Pacto de Equidad por un Nuevo Modelo Energético se resume en estas ocho propuestas:

1. Que el Ministerio de Minas y Energía establezca, mediante decreto, mecanismos que garanticen que los subsidios en las tarifas de energía lleguen a quienes realmente los necesitan.
2. Que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) emita una resolución ampliando el consumo de subsistencia con un valor de 252 kWh/mes en subsidios, en territorios situados entre 0 y 350 metros sobre el nivel del mar y temperaturas mayores a 24 grados centígrados. Aplicaría de acuerdo con el nivel de ingresos de los usuarios y sus condiciones de vida.
3. Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) establezca, mediante resolución, un marco regulatorio que promueva mayor competencia en la generación para que los comercializadores aseguren contratos bilaterales de compra de energía en mejores condiciones de precio y calidad y esos menores costos lleven a bajar las tarifas.
4. Que el Ministerio de Hacienda otorgue garantías de la Nación para respaldar bonos de alivio tarifario a negociar en mercados de capital que permitan ampliar el plazo de pago de la opción tarifaria al usuario final y por ende el valor de la factura mensual del servicio de energía.
5. Que el Gobierno Nacional cree, mediante una ley, un fondo que cubra hasta $120 por kWh el costo de las pérdidas de energía. Beneficiaría a los usuarios de menores ingresos en mercados con índices de pérdidas mayores al 19%, sería de carácter temporal hasta que todas las empresas comercializadoras superen esa situación, y se financiaría con recursos de la Nación o con una sobretasa de 5 pesos por kWh en la tarifa del servicio de energía que pagarían todos los usuarios del país.
6. Que el Gobierno Nacional invierta en la modernización de redes de transmisión y distribución de energía eléctrica en la región Caribe, de manera que esos recursos no se incluyan en las tarifas. Esta propuesta se reglamenta vía ley y decreto impulsados por el Ministerio de Minas y Energía.
7. Que el Gobierno Nacional y sus entidades adscritas gestionen la entrada en operación de nuevos proyectos de generación y transmisión para tener una mayor oferta de energía, lo que deberá reflejarse en precios eficientes a los usuarios de la Región Caribe. Esto se logra a través de la convocatoria periódica de la Mesa de Alto Nivel del Ministerio de Minas y Energía.
8. Que el Ministerio de Minas y Energía, mediante decreto, promueva las comunidades energéticas con generación remota de por lo menos 5 MW basada en fuentes solares especialmente para atender a usuarios en condiciones de pobreza.

Estas ocho propuestas están detalladas en el documento técnico del “Pacto de Equidad por un Nuevo Modelo Energético”, planteado como la base del proceso que podría ponerse en marcha el próximo 9 de marzo en la Cumbre Energética del Caribe, de Sincelejo, para bajar las tarifas de energía, reducir el consumo que presiona la demanda, mejorar la calidad del servicio, y garantizar la normal operación de las empresas del sector.

Lo anterior teniendo en cuenta que, de los 195 municipios de la Región Caribe continental, 192 están en condiciones de pobreza multidimensional (98,5%) superiores al promedio del país.

El Pacto de Equidad por un Nuevo Modelo Energético está firmado por la RAP Caribe, los Comités Intergremiales del Atlántico, Cesar, Sucre y Magdalena, el Consejo Gremial de Bolívar, y las Cámaras de Comercio de Barranquilla, La Guajira, Cartagena, Sincelejo y Santa Marta.