AES entregó laboratorio de tecnología e innovación en Castilla La Nueva

110 millones de pesos fueron entregado por AES para la compra de más de 70 elementos tecnológicos, la adecuación de una sala de audio, un laboratorio y la promoción de proyectos de investigación que se adelantan en la Institución Educativa Henry Daniels.

En días pasados, AES Colombia hizo entrega de la dotación necesaria para un laboratorio de innovación y tecnología de la Institución Educativa Henry Daniels, del municipio de Castilla La Nueva, Meta.  

Los aportes beneficiarán de manera directa a más de 100 estudiantes, y se estima que unos 1.300 de manera indirecta, además de convertir al plantel en el primero del sur del departamento del Meta con un laboratorio moderno y completamente dotado para promover la investigación en las nuevas generaciones.

El proyecto apoyado por AES, que tuvo una inversión de $110 millones, incluyó la mejora de una infraestructura física de 90 m2, así como la compra de más de 70 elementos entre los que se encuentran equipos tecnológicos como computadores, cámara fotográfica, micrófonos, pluviómetros, medidores de tensión, proto boards y elementos para circuitos eléctricos, entre otros; con el objetivo de impulsar la investigación en áreas STEAM, especialmente en temas de ciencia y tecnología.

Este proyecto hace parte de los programas de gestión social y sostenibilidad que AES desarrolla en sus zonas de operación y que en 2023 beneficiaron a más de 2.000 personas de 15 municipios diferentes en los departamentos de Boyacá, La Guajira, Meta y Huila. En 2023, la compañía destinó y ejecutó $10.231 millones para el desarrollo y avance de estos programas.

“Como empresa hemos hecho presencia en Castilla La Nueva desde hace 4 años, cuando construimos y pusimos en operación el Parque Solar Castilla. Desde entonces venimos trabajando con la comunidad aledaña en diversos proyectos de desarrollo social como la conformación de ASODEC, asociación castillense con enfoque de género y que presta servicios de mantenimiento a la industria regional. Ahora, con este laboratorio queremos hacer nuestro aporte a la educación en el municipio, creyendo firmemente que la innovación es clave para construir un futuro más sostenible”, dijo Patricia Aparicio, gerente de Asuntos Corporativos de AES Colombia.

La entrega e inauguración del laboratorio se realizó en la sede de la institución y contó con la presencia de directivas de AES Colombia, así como con el cuerpo docente y estudiantes de la Institución Educativa Henry Daniels.

El evento también sirvió para presentar los avances y proyectos que los 4 semilleros de investigación del colegio están adelantando actualmente.

Regasificadora de Cartagena ampliará su capacidad en 133 millones de pies cúbicos

Acuerdo entre SPEC LNG y Höegh LNG permitiría regasificar 533 Mpcd de gas natural y brindar mayor confiabilidad energética a Colombia.

La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG) y Höegh LNG acordaron aprovechar toda la capacidad instalada de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) Höegh Grace, por lo menos, hasta 2031. De esta manera, se podrían regasificar 533 millones de pies cúbicos día (Mpcd) para robustecer el abastecimiento de gas natural en Colombia.

La planta de SPEC atiende las necesidades de combustible para el parque térmico de Cartagena y Barranquilla.

La FSRU Höegh Grace, unidad flotante que opera en la bahía de Cartagena desde diciembre de 2016, tiene una capacidad de almacenamiento de 170.000 metros cúbicos de GNL y una capacidad instalada de regasificación de 533 Mpcd, con la cual se podría atender alrededor del 50% de la demanda nacional de gas natural, pero venía operando con una capacidad de regasificación de 400 Mpcd.

“Ante los escenarios de incertidumbre para afrontar el déficit de gas natural proyectado por la Unidad de Planeación Minero – Energética (Upme), este acuerdo fortalece nuestro proyecto de ampliación de la capacidad actual de regasificación de 400 a 533 Mpcd, lo cual contribuiría al abastecimiento de gas natural en el mediano y largo plazo para Colombia”, dijo José María Castro, Gerente General de SPEC LNG.

Por su parte, el CEO de Höegh LNG, Erik Nyheim, dio que “el acuerdo con SPEC LNG demuestra cuán valiosas pueden ser las terminales flotantes de regasificación como soluciones de infraestructura confiables y sostenibles. Nos complace ayudar a Colombia a asegurar el acceso a los mercados internacionales de GNL y garantizar la confiabilidad de su sistema energético «,

Se estima que, durante los últimos siete años, la operación de la terminal de regasificación de GNL ha generado ahorros al país por más de 2.000 millones de dólares y ha permitido que se dejen de emitir más de 2 millones de toneladas de CO2e, al generarse energía eléctrica con gas natural en lugar de utilizar combustibles líquidos.

En el esquema de respaldo a la generación de energía eléctrica definida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la terminal de regasificación de SPEC LNG cumple el rol de agente de infraestructura para recibir, almacenar y regasificar el gas natural licuado que adquieren sus usuarios en el mercado internacional.

Las inversiones en infraestructura eléctrica deben mantener su ritmo: Afinia

Qué bueno sería que alcaldes y gobernadores realicen seguimiento a los compromisos regulatorios asumidos por las empresas operadoras y a sus dueños como EPM para evitar que adopten medidas que disminuyan los montos de los presupuestos de inversiones en infraestructura que ralenticen la optimización del servicio que opera Afinia.

Por: JAVIER LASTRA FUSCALDO*

En el pasado periodo de campañas electorales de 2023, Afinia fue tema de muchos discursos, en ellos los candidatos a alcaldías y gobernaciones se comprometían a disminuir tarifas y a mejorar el servicio de energía eléctrica, propósitos que la costa Caribe reclama desde hace décadas.

Lo cierto es que además de las buenas intenciones, para el logro de esos dos objetivos se requiere desarrollar un robusto plan de inversiones para modernizar la obsoleta infraestructura, y buena parte de su financiación proviene del sistema financiero y de sus dueños.

Si bien la tarifa marca una tendencia al alza, en los primeros años de operación esta no alcanza a cubrir los costos que demandan las inversiones de las obras. Modernizar la infraestructura toma tiempo y esto se logra con obras apalancadas en voluntad y recursos; y en ese sentido, debemos seguir avanzando con el norte claro.

Ahora bien, sin compartir esta lógica, respeto a los candidatos que hacen las propuestas que sus electores quieren escuchar y respeto también que los elijan por eso; sin embargo, al momento de gobernar se encuentran con la realidad de no tener competencia para establecer ni bajar las tarifas de algunos servicios públicos como tampoco la tienen las empresas, y tal vez no todos los mandatarios se decidan a invertir recursos propios en redes eléctricas.

En ese escenario, sus propuestas quedan solo en eso, en buenas intenciones, pero irrealizables por parte de ellos, con el consecuente desencanto de sus electores a los pocos días o meses de iniciar sus gobiernos.

Sería muy útil que los mandatarios en el área de cobertura de Afinia, que corresponden a 134 municipios y cinco departamentos, se comprometan a trabajar de la mano con la empresa, entendiendo aún más los problemas, los retos, reconociendo los esfuerzos que hace la compañía e informen estas acciones a los usuarios y comunidades, en especial a aquellas que se oponen a la reposición de redes y equipos. 

Qué bueno sería que alcaldes y gobernadores realicen seguimiento a los compromisos regulatorios asumidos por las empresas operadoras y a sus dueños como EPM para evitar que, en momentos de crisis de liquidez o por prioridades de nuevas administraciones, adopten medidas que disminuyan los montos de los presupuestos de inversiones en infraestructura que ralenticen la optimización del servicio que opera Afinia.

Apoyar también en la información a los usuarios sobre el avance de la mejora de los indicadores de calidad y en conjunto hacer propuestas para moderar las tarifas sin comprometer la sostenibilidad de la empresa.

Son varios los actores en la cadena del servicio de energía eléctrica, cada uno de ellos con una cuota de participación en las tarifas, lo que hace más engorrosas las soluciones y, así como hay factores que incrementan el precio de la energía también hay periodos de estrechez de caja en las empresas comercializadoras para cumplir con los pagos, precisamente en periodos de altos precios.

No obstante, Afinia ha afrontado, hasta ahora, los periodos de crisis de liquidez con capitalizaciones de su matriz y créditos, cumpliendo con sus obligaciones y sin bajar el ritmo de las inversiones. Efectivamente ya se han ejecutado dos billones de pesos en tan solo tres años de operación, de los once billones proyectados a 10 años, que sin duda ha permitido disminuir el tiempo de las interrupciones del servicio.

Con amor por nuestra región y como costeños, desde donde estemos, podemos aportar para lograr un servicio de energía eléctrica de la más alta calidad.

*Gerente General de Afinia

Desde los territorios a los escritorios

Todos los procesos de titulación, inspección, vigilancia y formalización minera, en los cuales Antioquia tiene liderazgo en el país, pasarán desde los territorios hacia los escritorios en Bogotá. Una afrenta para Antioquia y los antioqueños.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

A través de su cuenta en X y mediante un lacónico mensaje, el presidente Gustavo Petro notificó la decisión de su Gobierno de dar por terminada unilateralmente “la delegatura que en materia de minas se había expedido para el departamento de Antioquia” y advierte que recobra su “función constitucional y la ponemos al servicio del pequeño minero”.

En estos términos, se envían dos mensajes en uno: el Gobierno central reasume las funciones y competencias que la Agencia Nacional de Minería (ANM) había delegado mediante un convenio interadministrativo suscrito entre las dos partes, negando la prórroga solicitada por Antioquia, al tiempo que se advierte que en adelante dicha función constitucional se pondrá “al servicio del pequeño minero”, como si no lo hubiera estado mientras la misma la ejerció el departamento. 

En auxilio del pronunciamiento del presidente Petro para justificar dicha medida, la ANM adujo en un comunicado de prensa que, según informe de su Vicepresidencia de Seguimiento y Control Minero, se “ha evidenciado falencias en algunos de los aspectos asociados al cumplimiento de la función de fiscalización”, sin dar más detalles y sin dar lugar a la contrastación y corroboración del mismo. En consecuencia, es su decisión “reasumir a partir del primero de enero de 2024 las funciones de autoridad minera delegadas desde 2001 a Antioquia”.

Es cierto, como lo acota la ANM en su comunicado, que «de acuerdo con lo señalado en el artículo 12 de la ley 489 de 1998 y en la jurisprudencia constitucional (Sentencia C-372 de 2002), la autoridad delegante puede reasumir la competencia en cualquier tiempo y existe un amplio margen de discrecionalidaddel delegante para decidir si delega o no el ejercicio de funciones propias de su empleo o cargo».

Luego, lo que está en discusión no es el “amplio margen de discrecionalidaddel delegante para decidir si delega o no el ejercicio de funciones propias”, sino las razones de pertinencia, conveniencia y oportunidad.

Huelga decir que eso es lo que ha venido haciendo la Nación, delegando funciones y competencias a las entidades territoriales, eso sí sin recursos, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 356 de la Constitución Política que lo condiciona a la transferencia de los recursos necesarios y suficientes para asumirlas y lo que es más grave sin mediar siquiera su consentimiento. Y ello no obstante que, como lo dejó establecido la Corte Constitucional en la Sentencia citada, se requiere que “sea aceptado el traslado de competencias por parte de la entidad territorial delegataria”.

La ANM se pretende escudar en la Sentencia de la Corte Constitucional C–727 de 2000 que, en uno de sus apartes, dejó establecido que la delegación entre entidades públicas es constitucional siempre y cuando “no implique un reparto definitivo de competencias, sino un ejercicio de colaboración transitorio entre entidades”, lo cual la llevó a declarar inexequible la alusión a la permanencia de la delegación del artículo 320 de la Ley 685 de 2001 del Código de Minas vigente, dejando en firme la atinente a la delegación “temporal u ocasional” en el mismo.

Y este es el caso, precisamente por ello dicha delegación se ha venido dando de manera temporal y no permanente. La más reciente prórroga se dio hace dos años al firmarse un otrosí, con vencimiento el 31 de diciembre de este año. En una interpretación acomodaticia del fallo de la Corte Constitucional, la ANM colige que “en el caso de la delegación minera en la Gobernación de Antioquia, dicho mecanismo de colaboración ha sido objeto de sucesivas prórrogas en el tiempo, lo cual en la práctica comporta un ejercicio permanente de una función propia de la autoridad minera nacional y el vaciamiento de competencias legales.”

No hay nada nuevo bajo el sol. Esta es una manifestación más del aberrante centralismo que agobia a las regiones en Colombia, en donde los gobiernos de los departamentos y municipios han sido reducidos a su condición de capitis diminutio institucional. 

Durante los 32 años de vigencia de la Constitución Política de 1991, que consagró la autonomía territorial en su artículo 287, con medidas como estas el Gobierno central, a contrapelo de la misma, ha acentuado un proceso de recentralización, la cual se ha visto exacerbada por el presidencialismo. Y no es para menos, pues en Colombia el presidente de la República es, además, Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad de la Nación.

Nos ilusionamos creyendo que con la llegada al gobierno de un presidente de izquierda, con la bandera del cambio, esta tendencia cambiaría, ¡pero qué va! De allí el rechazo que ha despertado esta atrabiliaria decisión que hiere la sensibilidad de un departamento como Antioquia, pionero de la actividad minera en Colombia, con una larga tradición, que representa el 1,86%  del PIB nacional y el 39,3% de sus exportaciones.

Huelga decir que las capacidades y competencias técnicas, jurídicas y operativas, con las que cuenta la Secretaría de Minas, creada mediante la Ordenanza 1177 de 1991, la envidiaría la propia ANM. Esta, al reasumir tales competencias, tendrá que agigantar su burocracia, de un Estado ya macrocefálico y paquidérmico, para poder reasumir las funciones delegadas.

Así, todos los procesos de titulación, inspección, vigilancia y formalización minera, en los cuales Antioquia tiene el liderazgo en el país, pasarán desde los territorios hacia los escritorios en Bogotá. Una afrenta para Antioquia y los antioqueños.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

ANDEG rechaza propuesta de intervención de precios de energía

De acuerdo con el gremio, esta propuesta podría también tener un impacto importante en la ejecución de la subasta del Cargo por Confiabilidad, comprometiendo inversiones por más de USD$ 2.500 millones y generar riesgo en el abastecimiento de energía en el largo plazo.

Frente a la propuesta presentada en días pasados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sobre reglas transitorias en el precio de bolsa del Mercado de Energía Mayorista durante el período del Fenómeno de El Niño, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), considera que es inoportuna, inoperante e ineficaz, ya que se modifica la estructura de formación de precios, afectando el modelo de prestación del servicio eléctrico en el país.

“Uno de los principales impactos que hemos identificado es que se crea incertidumbre e inestabilidad sobre las señales de inversión para la generación en Colombia, especialmente ad portas de la subasta de expansión de Cargo por Confiabilidad, cuyo cronograma ha contado con el apoyo de inversionistas que, ante la señal que da la CREG, podrían suspender su participación; este escenario comprometería inversiones por más de 2.500 millones de dólares, lo que generaría un riesgo en el abastecimiento de energía en el largo plazo, afectando los objetivos de la transición energética justa que ha planteado el Gobierno Nacional”, señala Alejandro Castañeda, director ejecutivo de ANDEG.

El gremio ve como inoportuna la intervención que plantea la Comisión porque cambia de forma drástica el trabajo que desde el sector se ha hecho para mantener el esquema y garantizar la confiabilidad en momentos críticos como lo es el Fenómeno de El Niño; por lo tanto la Asociación advierte que al pasar de precios a costos se está desconociendo el valor de la energía producida, afectando la confiabilidad del sistema hasta abril de 2024.

Así mismo, ANDEG considera que la propuesta es inoperante ya que el valor máximo impuesto se está definiendo sobre supuestos que no existen, es decir, se ha calculado sobre el precio de generación con gas natural nacional, el cual solo representa el 3% de la energía firme del país, dejando al 70% de las plantas térmicas subremuneradas, sin posibilidad de recuperar el capital invertido y sin rentabilidad.

En este contexto, es importante tener presente que las térmicas son las que dan soporte a la demanda en los momentos de escasez de agua y aseguran la estabilidad al Sistema Interconectado Nacional (SIN), como ocurre en este momento de estrés hídrico y donde las térmicas aportan cerca del 50% de la energía que requiere el país. 

Por otro lado, según ANDEG, lo que plantea la CREG es también ineficaz porque si bien lo que se busca es beneficiar al usuario final, con la medida que se está tomando el efecto será contrario.

“Los comercializadores que sí han hecho la tarea de forma adecuada y tienen contratos con precios estables para atender cerca del 80% de la demanda en el marco del Fenómeno de El Niño, terminarán pagando mucho más en sus facturas con lo que plantea la propuesta, pues implica aumentar las restricciones en aproximadamente 350 $/kWh, lo que representa más del 30% de la tarifa final. Esto va en contra del Pacto por la Justicia Tarifaria y afecta no solo a los hogares sino también a los usuarios industriales”, finalizó Castañeda. 

Colombia: El parque solar en construcción más grande comenzó a inyectar energía

Con un avance constructivo superior al 60%, el parque solar Guayepo I & II, ubicado en los municipios de Pinedera y Sabanalarga, Atlántico, y operado por Enel Green Power, línea de negocio de Enel Colombia, realizó la entrega del primer kilovatio hora (kWh) de energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Este avance, además de dar inicio a una etapa de revisiones y pruebas, representa un hito para el proyecto, teniendo en cuenta que se trata de la planta fotovoltaica en construcción más grande de Colombia y una de las mayores de Sudamérica.

Con una inversión superior a los 290 millones de dólares, Guayepo I&II abarcará un área superior a 1.110 hectáreas y contará con más de 820.600 paneles solares instalados e interconectados entre sí.

A través de esta infraestructura, el proyecto tendrá la capacidad de generar en promedio 1.030 GWh/año, lo que representa energía eléctrica para más de 1.460.000 personas, cifra cercana al equivalente de la población de Barranquilla.

Este parque solar logrará evitar la emisión de aproximadamente 650 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2), contribuyendo con la transición energética del país. 

Es importante destacar que más de 1.500 empleos han sido generados en la región por Enel Green Power para soportar las necesidades y retos que han representado la construcción del parque solar Guayepo.

Guayepo no es solo una apuesta de Enel por la transición energética y la sostenibilidad, también representa una apuesta del sector empresarial, ya que a través de un Acuerdo de Compra de Energía (power purchase agreement, PPA) con Bavaria, este parque solar será el encargado de suministrarle energía limpia por 15 años para producir el 100% de sus cervezas.

La RAP del Caribe en marcha

Además del posicionamiento y el reconocimiento alcanzados por la RAP del Caribe, ésta ha avanzado en el cumplimiento del mandato recibido por el Consejo Regional, con el entusiasta apoyo de este y de los gobernadores que hacen parte del mismo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Todo comenzó con una llamada que recibí el 26 de diciembre de 2022 de parte del gobernador del Magdalena Carlos Caicedo informándome que estaban reunidos todos los gobernadores de los departamentos del Caribe y acababan de tomar, enhorabuena, la decisión de poner en marcha la Región Administrativa y de Planificación (RAP) del Caribe y que unánimemente me pedían que yo me pusiera al frente de dicho proceso.

No me dieron tiempo de pensarlo dos veces ni yo lo necesitaba para darles el sí, pues comprometidos como hemos estado por décadas en pos de la descentralización y la autonomía regional, no podía rehuir dicha responsabilidad encomendada. Tanto más en cuanto que a mediados de 2020, junto con Elvia Mejía, quien me sucedió en la Coordinación del CORPES, les habíamos dirigido una carta abierta a ellos exhortándolos a que lo hicieran. No podíamos, entonces, salir huyéndole al tigre después de muerto.

Aceptamos, entonces, asumir el reto, luego de que se formalizara mi vinculación el 1º de febrero por parte del Consejo Regional de la RAP y desde entonces acometimos, con entusiasmo y decisión, esta ímproba tarea al ritmo 24/7, sin reparar en los obstáculos a superar, sobre todo las barreras propias del centralismo que agobia a las regiones, exacerbado por el presidencialismo a ultranza que se ha entronizado en Colombia, en donde el presidente de la República es además el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa.

Como lo afirmó el gran pensador paisa Luis López de Mesa, Colombia es un archipiélago de regiones, pero, como lo hemos advertido, lo peor que le puede pasar a las regiones es convertirse en un archipiélago de departamentos.

Para poder superar la postergación y desdén de la cual son objeto es fundamental la integración regional y esta se constituye en uno de los principales objetivos de la RAP cumpliendo su rol de articulador. En este propósito hemos propiciado la aproximación y cooperación entre las cámaras de comercio, las corporaciones autónomas, las comisiones regionales de competitividad y las universidades de la región, amén de Telecaribe, nuestro canal, con los cuales hemos venido trabajando de la mano.

El paso más importante a dar fue la formulación del Plan Estratégico Regional (PER), en su versión preliminar, el cual es un requisito sine qua non para acceder al registro de la RAP y su reconocimiento legal por parte del Ministerio del Interior.

A falta de un equipo robusto propio de la RAP para realizar este exigente trabajo, recurrimos a la integración del Voluntariado de la RAP, que coordina Elvia Mejía, con profesionales, docentes e investigadores de la región que, sin esperar ningún emolumento a cambio de su esmerado y diligente trabajo, pusieron todo de sí para lograrlo. Para ellos nuestro reconocimiento, el mismo que recibimos de parte del DNP por la calidad del trabajo realizado. Para resaltar el apoyo técnico recibido por el Observatorio del Caribe y su director Fernán Acosta.

Felizmente, el pasado 18 de diciembre recibimos oficialmente de manos del viceministro del Interior Gustavo García dicho registro.

Además del posicionamiento y el reconocimiento alcanzados por la RAP del Caribe, ésta ha avanzado en el cumplimiento del mandato recibido por el Consejo Regional y con el entusiasta apoyo de este y de los gobernadores que hacen parte del mismo, destacándose el proyecto de Las rutas de Gabo, para lo cual hemos contado con el apoyo de la Fundación Gabo que dirige Jaime Abello y de la Corporación Andina de Fomento y su presidente ejecutivo Sergio Díaz – Granados, de la cual también hemos recibido el apoyo para la actualización del proyecto El Caribe sin hambre y el de la Telemedicina.

También hemos recibido el apoyo de FINDETER y su presidente Juan Carlos Muñiz para avanzar en la siguiente fase del PER hasta su versión final y el Banco de proyectos anejo, así como de parte de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que dirige Mariela Barragán.

Somos conscientes de que esta es una tarea de largo aliento, que debe comprometer todas las energías de toda la dirigencia política, social y gremial de la región para avanzar de prisa y sin pausa hasta cumplir con el mandato ciudadano del Voto Caribe que se concretó en los comicios de marzo de 2010, en donde quedó expresa la voluntad y la decisión del Caribe de constituirse en región como entidad territorial.

Por ello, insistimos en que la RAP es sólo una escala técnica para llegar a este anhelo largamente acariciado. Por ello, registramos con optimismo el pronunciamiento de los gobernadores entrantes recientemente desde Cartagena, con el liderazgo del ex constituyente y próximo gobernador del Atlántico Eduardo Verano, al momento de recibir la posta de mano de sus antecesores, manifestando su “voluntad y la decisión de apoyar a la RAP, como una conquista alcanzada, gracias a la Constitución de 1991… Con tal fin, dispondremos de las acciones necesarias tendientes a su fortalecimiento y consolidación como ente integrador y articulador de la región”. 

Auguramos, entonces, los mejores tiempos para la causa autonomista en el país, en la que la región Caribe ha estado siempre a la vanguardia, seguiremos luchando sin tregua por ella con tesón y denuedo.

Como bien dijo Nelson Mandela, después de escalar una gran colina, uno se percata de que aún hay muchas colinas por escalar. Juntos, unidos somos más y más fuertes para enfrentar con éxito el leviatán del centralismo para dejar de ser, como diría nuestro laureado con el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, alfil sin albedrío del mismo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Parex entrega maquinaria amarilla en Arauca por Obras por Impuestos

Parex realiza el pago anticipado de sus impuestos por un valor de $84.640 millones, destinados a la dotación de maquinaria amarilla para los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame, pertenecientes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y Arauca capital, correspondiente a las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC).

En el marco del mecanismo de Obras por Impuestos, Parex Resources realizó la entrega inicial de la dotación de maquinaria amarilla para los municipios de Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena y Tame, ubicados en el departamento de Arauca. Este proyecto ha canalizado recursos por $84.640 millones y tiene como objetivo proporcionar las herramientas necesarias para adelantar trabajos preventivos que mitiguen los efectos de la próxima ola invernal.

La adquisición de los bancos de maquinaria para cada municipio contempla cinco volquetas, tres retroexcavadoras, tres buldóceres, dos retrocargadores, una cama baja, una motoniveladora, un vibrocompactador y un camión para transporte de combustible. Estos equipos serán empleados en la ejecución de actividades relacionadas con obras civiles, el mantenimiento de vías terciarias y la atención de emergencias y desastres.

Este proyecto es el resultado del trabajo conjunto entre la empresa privada, el gobierno, los representantes de los movimientos sociales y las comunidades beneficiarias. Parex valora el respaldo de Wilinton Rodríguez, gobernador de Arauca; Edgar Tovar Pedraza, alcalde de Arauca; Etelivar Torres, alcalde de Arauquita; Javier Cabrera, alcalde de Fortul; Wilfredo Gómez, alcalde de Saravena; y Aníbal Mendoza, alcalde de Tame.

Rafael Pinto, vicepresidente de Relaciones con el Gobierno de Parex Resources, manifestó: “Celebramos que este sea el proyecto individual más grande que se ha otorgado en Obras por Impuestos. Su estructuración se realizó en tiempo récord para atender oportunamente las necesidades manifestadas en los territorios. El pasado 7 de diciembre iniciamos la entrega de la maquinaria y a la fecha tenemos cerca del 40% de ella en territorio. La finalización de la ejecución de este proceso dependerá de los tiempos de importación, pero se estima que no se extenderá más allá del primer semestre de 2024”.

Desde 2018, Parex se ha destacado como la empresa pionera en la ejecución de proyectos a través del mecanismo de Obras por Impuestos, viabilizando recursos que superan los $417.000 millones, traducidos en iniciativas de educación, agua, saneamiento básico, infraestructura y bancos de maquinaria, contribuyendo principalmente al desarrollo sostenible de los departamentos de Arauca y Cesar.

Inversión petrolera y taladros siguen cayendo en Colombia

En noviembre de 2023 se reportaron, en el territorio nacional, 116 taladros activos en total (36 de perforación y 80 de reacondicionamiento), evidenciando una disminución del 25,2% respecto al mismo mes de 2022 (39 equipos menos).

Según el más reciente Informe de Taladros y Producción elaborado por Campetrol, para noviembre de 2023 la actividad de taladros total presentó una reducción anual del 25,2%, al registrar 116 equipos activos. Lo anterior, representa una disminución de 39 equipos frente a noviembre de 2022, mes en el que se reportaron 155 equipos activos.

En el mismo mes, los taladros de perforación registraron 36 equipos activos, representando un aumento del 2,9% (un equipo más) respecto a octubre de 2023, y una disminución del 40,0% (24 equipos menos) comparado con noviembre de 2022. El número de taladros activos de reacondicionamiento fue de 80, la misma cantidad comparado con octubre de 2023, y evidenciando una disminución del 15,8% frente a noviembre del 2022 (15 equipos menos).

La disminución de taladros desde noviembre de 2022 ha representado una pérdida cercana a los 20.475 empleos, entre directos e indirectos. En términos de taladros de perforación, la reducción de mano de obra ha sido equivalente a alrededor de 15.600 empleos: 2.400 directos y 13.200 indirectos; mientras que, para los taladros de reacondicionamiento, este ha sido alrededor de los 4.875 empleos: 750 directos y 4.125 indirectos.

Respecto a la actividad de taladros, es importante destacar la operación actual de Ecopetrol con la plataforma semisumergible Noble Discoverer. Este proyecto se puso en marcha el 18 de noviembre en el pozo delimitador Orca Norte-1, ubicado a 39 kilómetros de Punta Gallinas, La Guajira, en aguas profundas del Caribe colombiano.

Por otro lado, el precio del crudo, de referencia Brent, disminuyó en noviembre de 2023 respecto a octubre del mismo año en un 0,9%, ubicándose en promedio en $90,0 dólares por barril. Respecto a noviembre de 2022, tuvo una disminución del 1,6%.

Asimismo, la producción de petróleo se ubicó en 778 mil barriles por día (KBPD) durante octubre del presente año (último dato disponible-ANH), un 2,8% superior al promedio registrado en octubre del 2022, y un 0,9% superior a lo registrado en septiembre de 2023. En cuanto a la producción de gas, durante el mes de octubre (último dato disponible – ANH), la producción comercializada nacional fue de 1.072 millones de pies cúbicos (MPCD), representando así un aumento del 12,5% respecto al mismo mes en 2022, y del 0,9% respecto al mes anterior.

Es importante mencionar que, entre enero y septiembre del año en curso, en el país se han perforado 41 pozos de exploración, lo que representa una disminución del 30,5% en comparación con el mismo período en 2022. Además, se han perforado 454 pozos de desarrollo, mostrando una disminución del 7,5% en comparación con el mismo período del año anterior.

Por otro lado, de acuerdo con la última información del Banco de la República, en el tercer trimestre de 2023, la Inversión Extranjera Directa (IED) del sector petrolero sumó un valor de $469 millones de dólares, 34,2% menos que el tercer trimestre de 2022. En comparación con el segundo trimestre de 2023, se registró una disminución del 40,9%. En cuanto a la participación del sector petrolero en la IED total, se observa que para el tercer trimestre de 2023 fue del 14%, porcentaje que fue inferior en 1,3 puntos porcentuales frente al segundo trimestre 2023, y en 9,0 puntos porcentuales en relación con el tercer trimestre de 2022.

Por último, de acuerdo con el DANE, en octubre de 2023 (últimos datos preliminares disponibles), el país exportó un total de $1.541 millones de dólares FOB en petróleo y sus derivados, registrando un aumento del 28,3% respecto al mismo período en 2022. Comparado con el mes anterior (septiembre de 2023), las exportaciones evidenciaron un aumento del 4,5%.

«Desde Campetrol nos preocupa la reducción considerable a lo largo del año en el número de equipos activos de perforación y reacondicionamiento de pozos y su impacto en la producción futura y en los ingresos de la Nación; la reducción de empleo de calidad en las regiones; los bloqueos de vías y el incremento de las protestas que encarecen la canasta familiar y debilitan los ingresos de los proveedores locales y encadenamientos productivos en las comunidades de influencia. Esta reducción que veíamos en la actividad se acrecienta al ver la caída significativa en los niveles de la Inversión Extranjera Directa en el tercer trimestre del año. Hacemos un llamado al trabajo conjunto entre Gobierno, Industria y Territorio con miras a la construcción de soluciones sostenibles e integrales”, afirmó Nelson A. Castañeda, presidente Ejecutivo de la Cámara.

Balance del 2023, un año típicamente atípico para el petróleo

Esta revisión del 2023 permite identificar las tendencias de algunos de los componentes del mercado petrolero, y cómo estos podrían evolucionar en 2024. Extrapolamos un 2024 similar al 2023, con el suministro persiguiendo la demanda. Balance de la COP28.

Por: JUAN SZABO y LUIS PACHECO*

Durante 2023 el mercado petrolero, tradicionalmente veleidoso, fue influenciado por una particular mezcla de hechos y percepciones. No bien había ocurrido un evento o cambio político en el mundo, que uno creía relevante y trataba de analizar, que los medios, en su afán de mantenernos distraídos, lo substituían por algo diferente, generalmente en contrasentido. Bajo esa avalancha informativa, es difícil distinguir el grano de la paja: es la nueva normalidad, navegar aturdidos por el volumen de información.

El mercado de los hidrocarburos ha estado definido, en buena medida, por tres factores disruptivos: los conflictos geopolíticos, incluyendo dos guerras y sus reverberaciones; la evolución de las políticas y regulaciones relacionadas con el cambio climático; y la reacción de la economía mundial a las políticas de restricción monetaria para luchar contra la inflación.

Adicionalmente, el surgimiento de nuevas tecnologías para reducir o eliminar las emisiones de carbono (CCUS1, DAC2) y la evolución del fracturamiento hidráulico para hidrocarburos, entre otros desarrollos, contribuyen a la percepción de que los hidrocarburos pueden extender su vida útil en el largo plazo.

Estos disruptores impactan de forma significativa la dinámica del suministro y la demanda, el comercio, y la inversión en la industria del petróleo crudo y el gas natural, y es en ese contexto que los productores, en particular la OPEP+, ha desarrollado su estrategia.

Los precios del petróleo, que pudieran parecer erráticos, no fueron más que el resultado de la interacción de esos factores, y quizás otros muchos. El crudo Brent superó los 90 dólares el barril ($/bbl) en septiembre, en lo que algunos creían era una trayectoria ascendente, solo para retroceder a mitad y finales del año, acercándose a los 70 $/bbl.

Uno se atreve a postular que la variabilidad en los precios es el resultado de la pugna entre, por un lado, los fundamentos del mercado, y por el otro, la interpretación por los actores económicos del entorno económico y político que mencionamos antes, “la percepción del mercado”.

En esa dinámica, de hechos y percepciones, se confrontan cifras objetivas como volúmenes de producción e inventarios versus las expectativas de los actores del mercado.

Por ejemplo, en 2023 se habló de manera reiterativa de la inevitabilidad de una recesión en EEUU, enfatizada cada vez que la Reserva Federal (FED) incrementaba las tasas de interés en 0,25% (febrero, marzo, mayo y julio), lo que afectaría la demanda de petróleo. Sin embargo, la realidad fue que la economía estadounidense resultó más robusta de lo esperado y la demanda no aflojó, pero igual los precios se debilitaron -de nuevo, una dinámica muy particular.

Ya para diciembre, la FED parece haber concluido que no necesitarán hacer incrementos adicionales en las tasas de interés, y ya se habla de la reducción de ellas comenzando el 2024; lo que apuntaría a un crecimiento en la demanda de energía. En Europa, el Banco Central todavía no está muy convencido de imitar a sus colegas de Washington.

Esta revisión del año 2023 nos permite identificar las tendencias de algunos de los componentes del mercado petrolero, y cómo estos podrían evolucionar en el 2024.

Comenzando con China, el segundo mayor consumidor de petróleo, que sigue siendo el centro de la atención del mercado petrolero mundial. Desde principios de 2023, al levantarse el cierre económico por el COVID-19, surgió una ola de optimismo alrededor de la rápida recuperación económica de China. Sin embargo, ese optimismo pronto se convirtió en incertidumbre, que ya hacia fines de año contagiaba al mercado con un pesimismo que contribuyó de manera importante a las 7 semanas consecutivas de caída de precios del petróleo; aparentemente, debido a dos factores principales.

Por un lado, buena parte de la economía china se fundamenta en sus exportaciones y, por tanto, está expuesta a la salud económica de sus mercados, que han menguado ligeramente. Por otro lado, su demanda interna no se ha recuperado tal como se esperaba. Los esfuerzos del Gobierno para inyectar los fondos necesarios para impulsar el consumo no resultaron eficaces.

La sobrecentralización de la economía que el presidente Xi Jinping está imponiendo, pareciera restarle la flexibilidad y capacidad de respuesta necesaria para manejar las economías regionales; sin mencionar que la burocracia profesional está siendo debilitada por el creciente uso del criterio de lealtad política en los nombramientos.

En segundo lugar, la OPEP y la OPEP+ trataron a lo largo del año de controlar el mercado petrolero para mantener precios de crudo coherentes con las necesidades presupuestarias de sus actores dominantes, aunque la narrativa oficial lo define como mantener en balance el mercado petrolero.

A finales del primer trimestre del año, el grupo ampliado instrumentó una reducción de producción de más de 1,5 MMbpd, que no logró el efecto sobre los precios que se esperaba.

Mientras se anunciaban los recortes, Rusia, en la necesidad de financiar su incursión en Ucrania, había logrado colocar todo su crudo disponible a exportación, a pesar de las sanciones, en los mercados asiáticos; inclusive volúmenes adicionales a expensas de su mercado interno. También, Irán, cuyo petróleo está sancionado por EEUU y está excluido de los recortes de la OPEP+, despachaba un volumen de crudo con destino asiático cada vez mayor. De manera que, en un renovado intento de apuntalar los precios, en abril, Arabia Saudita anunció un recorte unilateral y temporal de 1,0 MMbpd adicionales; en agosto, Rusia anunció un recorte de 500 Mbpd de exportación con el mismo propósito. Ya a finales de año, la OPEP+, ante el debilitamiento de los precios, anunció un complejo rediseño y extensión de los recortes de sus miembros hacia 2024, que sembraron más dudas que alivio al mercado.

Estados Unidos constituye otro de los actores fundamentales en el mercado petrolero. Su producción depende principalmente del desarrollo de las cuencas de “shale oil”, y, en menor grado, de la contribución de las actividades costa afuera en el Golfo de México. Desde el año pasado sus empresas petroleras, presionadas por los inversionistas activistas, han sido más disciplinadas con sus inversiones de capital. Esa disciplina se evidencia en una reducción de los taladros activos y en la utilización más intensiva de los pozos DUC (pozos perforados, pero no completados), dando como resultado un crecimiento limitado a expensas de resarcir a los accionistas vía dividendos y recompra de acciones.

La EIA sostiene que la producción petrolera de EE.UU. ha venido incrementando hasta alcanzar los 13,2 MMbpd, una cifra que, bajo las condiciones descritas, parece improbable; el nuevo año nos dará más luces.

Estas tendencias, aunadas a la mayor dificultad de obtener financiamiento por las políticas ambientales, en línea con la recién terminada COP28, que favorecen las inversiones en energía renovable, también han limitado el potencial de crecimiento y han incentivado un proceso de consolidación de operadoras en el mercado norteamericano.

La premisa que justifica esta estrategia es que el mayor tamaño de las empresas resultantes permitiría obtener importantes sinergias para retomar el camino del crecimiento. Durante el 2023, ExxonMobil absorbió a Pioneer Resources y Chevron a Hess, ambas operaciones pagadas con acciones; y en pleno desarrollo actualmente, Occidental anunció la adquisición de CrownRock por 12 MMM$, alentado por Warren Buffett.

Estas megafusiones, junto a desarrollos tecnológicos y fuertes balances financieros, le darán una segunda vida a la revolución del “Shale Oil”, convirtiendo a EEUU en un competidor formidable en los mercados internacionales de crudo y en un dolor de cabeza para la OPEP+.

Algunos países productores No OPEP lograron incrementar su producción durante 2023. Los más relevantes son Brasil y Guyana. Brasil aumentó cerca de 300 Mbpd y Guyana cerca de 100 Mbpd, acompañado de otros países con aumentos menores, pero contrarrestados por reducciones en otros países. Para 2024 se espera que Brasil sea parte de la OPEP+, aunque en principio solo como observador.

Finalmente, la geopolítica ha tenido efectos positivos y negativos en el mercado petrolero de 2023. La persistencia de la invasión rusa a Ucrania, que ya tiene más de 18 meses sin aparente solución, ha redefinido los destinos comerciales de al menos el 5% de las ventas mundiales de crudo.

La otra confrontación bélica importante, entre Hamás e Israel, en pleno Medio Oriente, parecía amenazar el suministro petrolero desde esa región. Sin embargo, el interés común de EEUU y China de no afectar los flujos petroleros ha contribuido a que la confrontación no se haya extendido a otros países. No obstante, en los últimos días varios cargueros y tanqueros han sido atacados por terroristas Hutíes desde Yemen, en el mar Rojo, razón por la cual un número de navieras han suspendido el uso de esa vía vital de navegación. Podríamos estar en presencia de una escalada que pondría impactar los precios petroleros y otros productos afectados por el conflicto.

La demanda mundial, a pesar de todos los frenos macroeconómicos, creció en al menos 1,7 MMbpd y el suministro neto creció 0,5 MMbpd. El precio promedio del crudo Brent en 2023 fue de cerca de 83 $/bbl. Con estos resultados nos enfrentamos a 2024, que comenzará con menor incertidumbre en cuanto a la inflación y con menores probabilidades de una recesión, al menos en EE.UU.

La demanda continuará su expansión, de 1,2 a 2,4 MMbpd, según sea la fuente que se consulte, mientras que el suministro crecerá en EEUU, Brasil y Guyana, a la par que Arabia Saudita reducirá sus recortes voluntarios, según se mueva su precio objetivo.

De manera que nos arriesgamos a extrapolar un 2024 similar al 2023, con el suministro persiguiendo la demanda, y con precios de crudo Brent en una banda entre 86 $/bbl y 90 $/bbl, suponiendo que el Medio Oriente logre limitar la guerra a las fronteras de Israel con Gaza, Cisjordania y Altos de Golán.

Transición Energética: COP28, encuentro en el desierto

El 13 de diciembre, después de casi dos semanas de deliberaciones, con la presencia de representantes de 200 países, y cerca de 100.000 asistentes, concluyó en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), la 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28). Dependiendo de cuál lado del argumento y en cuál extremo del espectro ideológico se encuentre el lector, la Conferencia fue un éxito o un estruendoso fracaso.

La Conferencia de las Partes es el órgano supremo de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), adoptada en 1992. Se trata de una reunión anual de los 198 países que han ratificado la Convención, en la que se evalúan los progresos realizados en la lucha contra el cambio climático y se adoptan nuevas medidas para hacer frente a este reto.

La primera COP se celebró en Berlín en 1995, un año después de la entrada en vigor de la CMNUCC. En los primeros años, las COP se centraron en la adopción de los protocolos y mecanismos necesarios para poner en práctica la CMNUCC. El hito más importante de este periodo fue la firma del Protocolo de Kioto en 1997, el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El Protocolo de Kioto expiró en 2012 y las negociaciones para un nuevo acuerdo internacional se intensificaron. La COP15, celebrada en Copenhague en 2009, fue un punto de inflexión, pero no se logró un acuerdo global ambicioso. Finalmente, en la COP21 de París en 2015, se adoptó el histórico Acuerdo de París, que establece el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 °C, y preferiblemente por debajo de 1,5 °C, en comparación con los niveles preindustriales.

Desde la entrada en vigor del Acuerdo de París en 2016, las COP se han centrado en la adopción de medidas para su implementación. La COP26, celebrada en Glasgow en 2021, fue un paso importante en este sentido, con la adopción del Pacto Climático de Glasgow, que insta a los países a acelerar la acción climática.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) agrega periódicamente investigaciones revisadas por pares para estimar rangos de consenso para los resultados climáticos bajo diferentes trayectorias de emisiones. Sin embargo, estos informes reconocen las incertidumbres intrínsecas involucradas en la modelización del clima global. La última evaluación del IPCC predice un rango probable de calentamiento de entre 1,5 °C y 4 °C para el 2100 si continúan las altas emisiones, lo que indica impactos potencialmente graves. Pero otros científicos cuestionan algunos aspectos de estas proyecciones.

También existen diferencias en el grado de confianza asignado a la atribución de los fenómenos meteorológicos extremos actuales. Por ejemplo, si bien el aumento de las olas de calor se dice está fuertemente vinculado al cambio climático, la división entre las causas naturales y los cambios inducidos por el hombre varían según los eventos específicos que se analizan: sequía, inundación o marejada ciclónica. Estas áreas de incertidumbre y variedad de perspectivas subrayan la complejidad tanto de la modelización climática como de la intersección de la ciencia con las negociaciones de políticas climáticas globales.

La decisión de realizar la COP28 en Dubái fue criticada desde el inicio, pues muchos consideraban inadecuado que la conferencia se realizara en un importante productor de petróleo y gas (cerca de 3 millones de barriles por día). Esas críticas se tornaron más profundas cuando se designó al ministro emiratí de Industria y Tecnología y presidente ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), Sultán Al Jaber, como el presidente de la Cumbre.

En todo caso, la Conferencia se llevó a cabo sin mayores contratiempos y como era de esperarse fue escenario de conversaciones controversiales, expectativas no cumplidas y algunos acuerdos que vale la pena examinar.

Comencemos por el acuerdo suscrito por las compañías productoras de petróleo y gas para reducir las emisiones de sus operaciones. Saudí Aramco, ExxonMobil y BP estuvieron entre los 50 principales productores de combustibles fósiles del mundo que plantearon un acuerdo voluntario para detener la quema rutinaria del exceso de gas para 2030 y eliminar casi todas las fugas de metano, un poderoso efecto invernadero. El éxito de este acuerdo será en función del uso intensivo de tecnología de detección, regulaciones gubernamentales y, en última instancia, las economías asociadas a las iniciativas.

La mayoría de los firmantes iniciales fueron compañías petroleras nacionales, como Saudí Aramco y Petrobras de Brasil, que normalmente enfrentan menos presión para descarbonizar que sus contrapartes que cotizan en Bolsa. Lo que todos tienen en común son las emisiones de metano, el gas inodoro producido prácticamente en todos los proyectos de petróleo y gas del mundo. Cuando no es rentable capturarlo, las empresas suelen liberar metano a la atmósfera mediante venteo o mediante quema, lo que lo convierte en dióxido de carbono. El gas también se escapa a la atmósfera desde las instalaciones a través de innumerables fugas pequeñas, no detectadas o no reportadas en tuberías u otros equipos, o mediante liberaciones a gran escala llamadas eventos de “superemisores”.

Un segundo compromiso de la COP28 podría afectar la demanda de combustibles fósiles al triplicar la capacidad mundial de generación de energía renovable en al menos 11.000 gigavatios para 2030. Más de 120 países firmaron este compromiso, lo que requerirá un gran esfuerzo con respecto a lo que se ha hecho antes.

Fueron necesarios 12 años, entre 2010 y 2022, para lograr la última triplicación de la capacidad renovable. Este nuevo objetivo debe lograrse en solo ocho años; será “difícil, pero alcanzable”, según los analistas de investigación BloombergNEF que han evaluado el compromiso.

Otro de los acuerdos que resaltan es el llamado “Fondo de Pérdidas y Daño”, acordado en la primera plenaria de COP28. Este fondo, financiado por los países desarrollados, está llamado a compensar a los países con menos recursos de los daños causados por el cambio climático. Algunos países comprometieron fondos de inmediato. La promesa de 100 millones de dólares de los Emiratos Árabes Unidos, el país anfitrión de la COP28, fue igualada por Alemania, y luego por Francia, que prometieron 108 millones de dólares.

Estados Unidos, que históricamente es el peor emisor de gases de efecto invernadero -y el mayor productor de petróleo y gas este año- ha prometido hasta ahora solo 17,5 millones de dólares. Mientras que Japón, la tercera economía más grande, ha ofrecido 10 millones de dólares. Otros compromisos incluyen a Dinamarca con 50 millones de dólares, Irlanda y la UE, ambas con 27 millones de dólares, Noruega con 25 millones de dólares, Canadá con menos de 12 millones de dólares y Eslovenia con 1,5 millones de dólares.

Este fondo es quizás el ejemplo más palpable de las dificultades de materializar lo acordado en un documento bien intencionado. Un informe reciente de Naciones Unidas estima que se necesitarán hasta 387 mil millones de dólares anualmente para que los países en desarrollo se adapten a los cambios impulsados por el clima.

La declaración final de la conferencia fue objeto de discusiones largas y complejas, de hecho prolongando por 24 horas el cierre formal del evento. El desacuerdo giraba alrededor del lenguaje a ser usado en la declaración acerca del futuro del uso de los combustibles fósiles.

Los más radicales proponían tener un acuerdo sobre la eliminación gradual (“phase out” o “phase down”) de todos los combustibles fósiles. Otros, solo querían restringir el uso del carbón, el petróleo y el gas, sin reducción o captura de emisiones. Mientras tanto, algunos proponían formulaciones alternativas que vincularan la expansión de las energías renovables con la “sustitución” de combustibles fósiles, agregando verbos adicionales como “acelerar”, adverbios como “rápidamente” o incorporando escalas de tiempo como “esta década”.

Mientras el secretario general de la OPEP llamaba a concentrarse en la reducción de emisiones y no en la escogencia de los combustibles, y aleccionaba a sus miembros a oponerse a cualquier lenguaje que se interpretara como en contra del continuo uso del petróleo, la IEA consideraba los esfuerzos de captura y secuestro de emisiones como soluciones riesgosas. En definitiva, una negociación compleja, ya que los 198 firmantes de CMNUCC tenían que estar de acuerdo con el lenguaje de la declaración final.

En todo caso, se logró llegar a un acuerdo en el lenguaje que probablemente deja a todas las partes igualmente insatisfechas, pero que algunos consideran  como el llamado más fuerte en décadas para cambios en la industria de los combustibles fósiles. ¿Será suficiente? Muchos piensan que no y que los productores de combustibles fósiles se salieron con la suya al evitar que se incluyera un lenguaje más taxativo.

El texto del acuerdo final alienta, por primera vez, a los países a alejarse de los combustibles fósiles y aumentar rápidamente las energías renovables. Los estados insulares que se sienten en riesgo por el aumento del nivel del mar dijeron que el texto era una mejora, pero que contenía una “letanía de lagunas jurídicas”. 

Los científicos dijeron que el documento no iba lo suficientemente lejos como para que los líderes mundiales cumplieran la promesa que hicieron en el COP21 de evitar sobrepasar el hito +1,5 °C. En definitiva, un acuerdo imperfecto que deja a todas las partes igualmente insatisfechas, pero que muchos consideran como un avance en la cuesta empinada que es transformar el sistema energético del cual depende el bienestar de la especie; después de todo, hoy un poco más del 80% de la energía que usa el planeta proviene de combustibles fósiles. 

Que la COP28 haya sido en un país petrolero no deja de tener sus paradojas, pero por el otro lado es una muestra de cómo la energía puede transformar un desierto en un oasis.

La COP29 se realizará en Azerbaiyán, otra escogencia curiosa. Si en lugar de reclamar resultados definitivos, o buscar culpables de conveniencia, el discurso se centrará en lidiar con la gestión de riesgos y beneficios, este esfuerzo de ingeniería social a escala global, que es la transición energética, pudiera terminar siendo una herramienta más útil.

Publicado originalmente en lagranaldea.com

  • CCUS: Carbon Capture Utilization and Storage.
  • DAC: Direct Air Capture.

*M. Juan Szabo, analista Internacional.
*Luis A. Pacheco, non-resident fellow at the Baker Institute Center for Energy Studies.

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