Categoría: Opinión

Hay acontecimientos que no sólo hacen historia, sino que la parten en dos. El atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 fue uno de ellos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Aquel martes aciago el mundo contempló atónito, en tiempo real, cómo dos aviones comerciales se estrellaban contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York y, luego, cómo estas se desplomaban convertidas en una gigantesca montaña de escombros. Otro avión impactó el Pentágono y un cuarto cayó en Pensilvania. El saldo: cerca de 3.000 muertos.

Pero la verdadera dimensión del 11-S no puede medirse únicamente por el número de víctimas. Aquel día cambió la percepción que el mundo, empezando por Estados Unidos, tenía de su propia seguridad y se alteró el curso de la geopolítica mundial.

Apenas nueve días después, el 20 de septiembre de 2001, en mi artículo Colombia: país real, país virtual, me referí al impacto de aquellos atentados que habían reducido a cenizas las emblemáticas Torres Gemelas y golpeado el Pentágono.

Mi preocupación inmediata, además del horror provocado por semejante acto de barbarie, apuntaba hacia sus repercusiones económicas. La economía mundial ya mostraba síntomas de desaceleración y aquel golpe introducía un ingrediente adicional de incertidumbre, que presagiaba su hundimiento.

Pocos días después volví sobre el tema en Una elegía por la paz. Esta vez mi preocupación trascendía la coyuntura económica. Me inquietaban las consecuencias políticas y militares que podría desencadenar la inmediata y contundente reacción de Estados Unidos.

Dos hechos me parecieron entonces incontrovertibles: la enorme capacidad destructiva que había alcanzado el terrorismo y la vulnerabilidad del Estado frente a él, incluso tratándose de la mayor potencia económica y militar del planeta. Veinticinco años después, vale la pena volver sobre aquellas reflexiones y confrontarlas con lo acontecido.

La reacción estadounidense no se hizo esperar. El Presidente George W. Bush proclamó la denominada “guerra contra el terrorismo”. El enemigo ya no era necesariamente otro Estado ni un ejército convencional claramente identificable. Era una organización transnacional, dispersa, clandestina y capaz de golpear desde las sombras. Ese cambio fue trascendental.

En octubre de 2001 Estados Unidos invadió Afganistán. El propósito declarado era destruir las bases de Al Qaeda, responsable de los atentados, capturar a Osama Bin Laden y desalojar del poder al régimen talibán que le había brindado refugio y protección. Dos años después, en 2003, vino la invasión de Irak. Se justificó alegando que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Tales arsenales nunca fueron encontrados.

Aquí empezó a desdibujarse la frontera entre la legítima respuesta al terrorismo y una estrategia desmedida de intervención militar de mucho mayor alcance. Lo que comenzó como una operación contra los responsables del 11-S terminó convirtiéndose en una prolongada guerra global. Y fue costosa, aún se prolongan en el tiempo y en el espacio sus repercusiones y secuelas.

Investigaciones del proyecto Costs of War de la Universidad Brown estiman que las guerras posteriores al 11-S comprometieron más de US$8 billones (trillion en la nomenclatura estadounidense) en gastos y obligaciones de Estados Unidos.

El mismo proyecto estima en al menos 940.000 las muertes directas ocasionadas por la violencia en los distintos escenarios bélicos y calcula que, al incorporar las muertes indirectas derivadas de sus consecuencias, el saldo puede ascender a entre 4,5 y 4,7 millones de personas.

Afganistán constituye quizá la mayor paradoja de esta historia. Estados Unidos llegó allí en 2001 para desalojar a los talibanes. Permaneció durante dos décadas. Miles de vidas y enormes recursos después, las últimas tropas estadounidenses abandonaron Afganistán el 30 de agosto de 2021. Y los talibanes retornaron al poder. La historia parecía regresar al punto de partida.

Ello no significa que esos veinte años hayan sido inútiles ni que Al Qaeda conservara intacta la capacidad que tenía en 2001. Osama Bin Laden fue dado de baja en Pakistán en mayo de 2011 y la estructura que organizó los ataques sufrió golpes devastadores.

Pero Afganistán dejó una enseñanza difícil de soslayar: la superioridad militar puede conquistar un territorio, derribar un régimen e incluso destruir un ejército, pero no necesariamente es suficiente para construir un Estado viable ni garantizar una paz duradera. Ese fue precisamente uno de los interrogantes que planteábamos cuando todavía humeaban los escombros de las Torres Gemelas.

Al Qaeda fue debilitada, pero el terrorismo no desapareció. Mutó. De sus ramificaciones y del caos generado por las guerras posteriores surgieron nuevas organizaciones. La más brutal y espectacular fue el autodenominado Estado Islámico —ISIS—, que llegó a controlar extensos territorios de Irak y Siria y proclamó un pretendido califato.

A las organizaciones jerarquizadas se sumaron células dispersas por doquier y los llamados “lobos solitarios”. Internet y posteriormente las redes sociales se convirtieron en instrumentos de propaganda, radicalización y reclutamiento. El terrorismo y sus células aprendieron a desenvolverse en red. La amenaza dejó de estar concentrada exclusivamente en un territorio y se hizo ubicua.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La minería moderna debe ser ambientalmente responsable, socialmente sostenible y rigurosamente regulada. Pero una cosa es exigir que la actividad minera cumpla los más altos estándares y otra muy distinta hacerla prácticamente inviable.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La minería atraviesa una profunda transformación en el mundo. Paradójicamente, cuando los minerales se han convertido en insumos indispensables para la transición energética, la digitalización y las nuevas tecnologías, hay quienes pretenden remar en dirección contraria con la radicación por segunda vez del proyecto de la “Nueva ley minera”, que más bien puede catalogarse como ley anti-minera.

Se aduce que uno de sus ejes centrales es el “fortalecimiento de la soberanía del Estado sobre los recursos del subsuelo”, que está amparada en el artículo 332 de la Carta, como si ella estuviera en entredicho por la actividad minera y no por el copamiento y el control territorial en muchas regiones del país por parte de los grupos armados organizados (GAO).

Llama poderosamente la atención que en la exposición de motivos se menciona 27 veces la palabra “reconversión productiva” y 22 veces la “diversificación”. Ambas expresiones tienen como carga de profundidad el marchitamiento prematuro de la actividad extractiva con la monserga del “extractivismo”, como estigma de la misma.

Se propone también “consolidar el conocimiento geológico como un bien público”, cuando siempre lo ha sido. Como es bien sabido la minería está declarada de utilidad pública e interés social en el artículo 13 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas vigente), de lo cual se sigue que el Estado reconoce la minería como una actividad estratégica para el desarrollo económico y social del país, sin que ello signifique una prevalencia absoluta sobre otros derechos, bienes e intereses consagrados en la Constitución Política, como lo son la autonomía territorial, la protección del medioambiente, así como los derechos fundamentales y colectivos. De aprobarse este proyecto la minería dejaría de serlo con todas sus consecuencias.

La actividad minera en Colombia enfrenta una verdadera carrera de obstáculos, que se tornarán mayores si se llega a aprobar este proyecto.

A los riesgos propios de una industria intensiva en capital, sometida a la incertidumbre geológica y que requiere inversiones de largo plazo, se viene a sumar una creciente maraña de restricciones regulatorias, ambientales, tributarias, territoriales y administrativas que comprometen su competitividad.

Se destacan entre ellas el Decreto 044 de 2024, expedido por el presidente Petro “por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales” hasta por cinco años prorrogables, excluyendo en ellas de manera discrecional la actividad minera por parte del Gobierno nacional, sin contar para ello con las entidades territoriales, lo cual transgrede el principio de la autonomía territorial consagrado en los artículos 1º y 287 de la Constitución Política.

Es el caso también de la creación a su antojo por parte del Gobierno Nacional, a través de resoluciones del Ministerio de Agricultura de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA), amparado en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 (PND). En ellas, como es obvio se excluye toda actividad extractiva, llevándose de calle los derechos adquiridos con arreglo a la ley, que deben ser protegidos.

Y de contera, la Agencia Nacional de Minería (ANM) podría definir por sí y ante sí, con amplia discrecionalidad, cuáles serían las zonas “aptas” para la actividad minera. Tanto esta facultad como el Decreto presidencial y la resolución ministerial de marras, van en contravía de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual, después de muchas idas y venidas, emitió una sentencia de unificación (SU-095 de 2018) determinando que las autoridades territoriales no pueden prohibir la explotación del subsuelo, pero tampoco pueden las autoridades nacionales, unilateralmente, autorizar proyectos mineros ignorando las competencias municipales sobre el ordenamiento territorial, los usos del suelo y la protección ambiental.

Se impone, entonces, la necesaria concertación y el acuerdo entre unas y otras, dentro del espíritu de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en la Constitución Política (artículo 288).

Otra talanquera que se le impuso a la actividad minera fue el establecimiento de un remedo de “distritos mineros”, con fundamento en el artículo 231 de la Ley 2294 de 2023 (PND), delimitados, al igual que las APPA y las ZPPA unilateralmente por parte del Gobierno central. Este esperpento jurídico, en lugar de ordenar y estimular una minería responsable, terminó convirtiéndose en una fuente más de incertidumbre e inseguridad jurídica, superponiéndose a títulos y solicitudes en curso de los mismos. Por fortuna, la decisión del Gobierno De la Espriella es de suprimirlos y con tal fin ya ha sido publicada la Resolución para comentarios que se propone su derogatoria.

Mientras otros países revisan sus legislaciones para atraer capital, estimular la exploración, ofrecer seguridad jurídica y explotar sus recursos minerales, el proyecto presentado ahuyentaría la inversión y provocaría el marchitamiento prematuro de una actividad que Colombia necesita.

Plantear la discusión, con una carga ideológica, como una disyuntiva entre minería y medioambiente es un falso dilema. Colombia necesita proteger sus ecosistemas, desde luego, pero también necesita producir.

La minería moderna debe ser ambientalmente responsable, socialmente sostenible y rigurosamente regulada. Pero una cosa es exigir que la actividad minera cumpla los más altos estándares y otra muy distinta hacerla prácticamente inviable.

El riesgo de este proyecto consiste precisamente en profundizar una paradoja: mientras el mundo compite por atraer capital para explorar y producir los minerales indispensables para la transición energética, Colombia estaría levantando nuevas barreras para aprovechar los suyos.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La realidad energética colombiana exige decisiones rápidas, ambiciosas y, sobre todo, técnicas.

Por: JUAN ESPINAL*

Ante la pérdida de autosuficiencia en gas natural y la disminución de las reservas de hidrocarburos, Colombia tiene una alternativa que puede generar resultados en menor tiempo: acelerar la incorporación de reservas y aumentar la producción mediante proyectos de recobro mejorado (EOR) en campos que ya conocemos.

Al cierre de 2025, según las cifras del Informe de Recursos y Reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Colombia contaba con 2.020 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, equivalentes a 7,4 años de producción. En gas natural, las reservas probadas ascendían a 1.717 gigapiés cúbicos, con una vida media de apenas 5,9 años.

La discusión sectorial y la propuesta del nuevo Gobierno han planteado la meta de llevar la producción de hidrocarburos a aproximadamente 1,3 millones de barriles diarios, frente a una producción actual cercana a los 732.000 barriles por día.

Debemos recuperar la exploración, desarrollar los descubrimientos existentes, facilitar la asignación de nuevas áreas, aumentar la producción de gas y evaluar responsablemente todas las tecnologías disponibles. Ahí aparece una victoria temprana: el recobro mejorado.

Su principal ventaja estratégica es que no parte de cero. Estos proyectos se desarrollan en yacimientos ya conocidos y, generalmente, en campos donde existen pozos, infraestructura, facilidades de producción, información geológica, operadores y años de experiencia sobre el comportamiento del subsuelo.

Esto no significa saltarse las obligaciones contractuales, ambientales, sociales o étnicas, ni garantiza automáticamente la incorporación de nuevas reservas.

Pero podemos reducir considerablemente el tiempo entre identificar una oportunidad y obtener producción adicional, siempre que cada proyecto demuestre su viabilidad técnica, económica, ambiental y operacional.

¿Cómo funciona?

El petróleo original en sitio, conocido técnicamente como OOIP, corresponde al volumen de petróleo que originalmente se encuentra dentro de un yacimiento. En una primera etapa se aprovecha la propia energía de la formación para llevar los hidrocarburos hasta la superficie, posteriormente pueden utilizarse mecanismos como la inyección de agua o gas para mantener la presión y desplazar más petróleo hacia los pozos productores, pero incluso después de estos procesos queda una enorme cantidad de petróleo atrapada en la roca.

Acá entra el recobro mejorado. Mediante diferentes tecnologías se modifican las condiciones de interacción entre la roca y los fluidos del yacimiento para movilizar hidrocarburos que los métodos convencionales no lograron recuperar.

En términos sencillos, y muy de nuestra tierra, se trata de “raspar la olla”, aprovechar mejor un recurso que ya encontramos, conocemos y estamos produciendo, pero del cual todavía estamos dejando una enorme cantidad en el subsuelo.

Aumentar el factor de recobro en nuestros campos maduros puede significar nuevos barriles incorporados a las reservas, mayor producción, más regalías, más impuestos, más empleo y una mayor seguridad energética para Colombia, sin tener que comenzar siempre desde cero.

Debemos construir una ruta que permita evaluar y decidir sobre los proyectos EOR con mayor agilidad, basada en información técnica, responsabilidades claramente definidas y términos razonables para las autoridades competentes.

El recobro mejorado no es una solución mágica. Tampoco sustituye la exploración, los nuevos contratos, el desarrollo de descubrimientos ni la discusión que Colombia debe dar sobre los yacimientos no convencionales.

Se trata de una decisión de eficiencia y soberanía, producir mejor donde ya conocemos el subsuelo, utilizando información, ciencia, tecnología, pilotos rigurosos y decisiones administrativas oportunas.

*Senador de la República por el Centro Democrático.

El presupuesto ha dejado de ser un instrumento para promover el desarrollo y se convirtió, en buena medida, en una caja destinada a pagar las obligaciones acumuladas.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La nueva administración del presidente Abelardo de la Espriella no recibe simplemente unas finanzas públicas deterioradas sino desbarajustadas. Recibe una bomba fiscal de tiempo, cebada durante los cuatro años del gobierno Petro por el crecimiento excesivo del gasto, la caída del recaudo, la acumulación de obligaciones sin financiación y el recurso cada vez más frecuente al endeudamiento.

Esa es la herencia maldita que le deja el gobierno saliente al país: un déficit fiscal desbordado, una deuda creciente, un presupuesto cada vez más inflexible y un margen de maniobra prácticamente inexistente. Lo que se gastó irresponsablemente ayer tendrá que pagarse mañana, y la factura recaerá sobre la nueva administración y, en últimas, sobre todos los colombianos.

El “Presupuesto de la Verdad”, presentado por el nuevo Gobierno para la vigencia de 2027, asciende a $634,9 billones, equivalente al 29,9% del PIB, $59 billones más que el proyecto devuelto por las Comisiones Económicas del Congreso ($575,6 billones), alegando que estaba desfinanciado en $30 billones. Ello se explica, según el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, porque el proyecto presentado por el ex ministro Germán Ávila “dejó desfinanciados sectores clave como la salud ($2 billones), las pensiones ($6,5 billones), la educación superior (($0,7 billones), los subsidios de energía ($5,8 billones) y el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (9,6 billones)”.

Del total presupuestado, el 62% se destinará a funcionamiento ($392,5 billones), el 24% al servicio de la deuda ($155,4 billones) y apenas el 14% a inversión ($86,9 billones).

Aunque el funcionamiento continúa siendo el componente de mayor tamaño, el servicio de la deuda alcanza su nivel histórico más elevado. Mientras que la contrapartida de sus ingresos se reparte de la siguiente manera: ingresos corrientes $315,1 billones (49,6%), recursos de capital (préstamos) $287,7 billones (45,3%), fondos especiales $20,7 billones (3,3%) y contribuciones parafiscales (11,4 billones (1,8%).

Las cifras muestran la magnitud del problema. Casi una cuarta parte del presupuesto nacional tendrá que utilizarse para atender las obligaciones financieras del Estado. Son recursos que no podrán destinarse a construir carreteras, acueductos, escuelas y hospitales; tampoco a impulsar la vivienda, la seguridad, la transición energética, el desarrollo rural o la reactivación económica.

El presupuesto ha dejado de ser principalmente un instrumento para promover el desarrollo y se convirtió, en buena medida, en una caja destinada a pagar las obligaciones acumuladas. La deuda contraída ayer desplaza la inversión de hoy y compromete los ingresos del mañana.

Lo más preocupante es que el país tendrá que contratar nueva deuda para atender la deuda existente. Una parte de los recursos obtenidos mediante la colocación de títulos y la contratación de créditos no financiará nuevas obras ni proyectos productivos. Se destinará a refinanciar vencimientos, pagar altos intereses y sustituir obligaciones anteriores. En términos coloquiales, habrá que abrir un hueco para tapar otro.

Esta práctica no es excepcional dentro del manejo financiero de un Estado. Los gobiernos refinancian normalmente una parte de sus obligaciones. Lo peligroso aparece cuando el endeudamiento deja de ser un mecanismo para financiar inversión y se convierte en una práctica consuetudinaria para cubrir déficits estructurales y pagar deudas anteriores.

Se configura un círculo vicioso: el déficit obliga a contratar más deuda; la nueva deuda incrementa el pago de intereses; los mayores intereses agravan el déficit y este, a su vez, exige más endeudamiento. Es la temida bola de nieve de la deuda pública.

Cuanto mayor sea la percepción de riesgo, más alta será la tasa que deberá pagar Colombia para conseguir recursos. Y cuanto más costoso resulte el financiamiento, mayor será la proporción del presupuesto que deberá destinarse al servicio de la deuda. La pérdida de confianza termina traduciéndose en mayores intereses, que ya superan el 15%, menor inversión, menor crecimiento y menos oportunidades para los colombianos.

El endeudamiento no es gratuito. Toda deuda pública de hoy se paga mañana mediante impuestos, reducción del gasto, venta de activos o contratación de nuevas obligaciones. En cualquiera de estos casos, alguien termina pagando la cuenta.

La nueva administración no solo recibe un presupuesto desfinanciado, sino también altamente inflexible. Buena parte del gasto está amarrado estructuralmente por disposiciones constitucionales y legales, compromisos pensionales, transferencias territoriales, aseguramiento en salud, subsidios, gastos de personal y obligaciones previamente adquiridas. Sumadas estas partidas, representan alrededor del 90% del total de su aforo.

Esto significa que el Gobierno dispone de muy poco espacio fiscal para efectuar recortes sin afectar programas esenciales o provocar fuertes resistencias sociales y políticas. Por eso, cuando las cuentas no cuadran, la inversión pública se convierte en la principal variable de ajuste.

Y allí reside otra de las grandes paradojas fiscales: para pagar el gasto acumulado y el servicio de la deuda, se termina sacrificando la inversión que permitiría crecer más, elevar la productividad y generar los ingresos necesarios para sanear las finanzas públicas. Es el equivalente a vender las herramientas de trabajo para pagar las cuentas de la casa. Puede aliviar temporalmente la caja, pero reduce la capacidad futura para generar ingresos.

La baja inversión pública afecta especialmente a los territorios más rezagados. Los departamentos y municipios que padecen déficits históricos de infraestructura, agua potable, conectividad, educación, salud y energía son los primeros damnificados cuando el Gobierno nacional tiene que recortar programas de inversión.

Por eso, la crisis fiscal no es un asunto reservado a los economistas. Se refleja en carreteras que no se construyen, hospitales que no se terminan, escuelas que no se mejoran y proyectos estratégicos que quedan aplazados.

El primer deber de la nueva administración es sincerarse y decir la verdad. Durante demasiado tiempo las cuentas públicas se presentaron bajo supuestos excesivamente optimistas de crecimiento, recaudo y eficiencia tributaria. Se presupuestaron ingresos inciertos para financiar gastos ciertos y permanentes.

*Exministro de Minas y Energía y membro de Número de la ACCE.

Los sobrecostos derivados de atrasos, incumplimientos o deficiencias atribuibles deben recaer en los responsables, no en quienes reciben la factura.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La gran pregunta es por qué el atraso en la ejecución de los proyectos de redes de transmisión de energía encarece las tarifas y qué debería revisarse y corregirse en beneficio de los usuarios.

En nuestro concepto, cuando una restricción obedece a atrasos, insuficiencias o fallas evitables de la infraestructura, atribuibles al ejecutor del proyecto del cual se trate, su costo no debería trasladarse automáticamente a los usuarios.

La regulación debe identificar la causa, establecer responsabilidades y asignar el pago a quien corresponda. Solo los eventos imprevisibles e irresistibles justificarían un tratamiento excepcional

Los retrasos en la construcción de líneas, subestaciones y demás obras necesarias para transportar la electricidad dejaron de ser un asunto exclusivamente técnico. Hoy tienen un efecto económico directo: obligan al sistema a recurrir a soluciones de generación más costosas y ese sobrecosto termina incorporándose a la tarifa que pagan hogares y empresas.

Según el informe “Análisis de la expansión de la transmisión en Colombia 2026”, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entre 2022 y 2025 los usuarios asumieron $24,9 billones por restricciones del Sistema Interconectado Nacional. Esta cifra equivale al 42,2% de los $58,9 billones acumulados desde 2008, lo que muestra una aceleración marcada del problema en los años recientes.

Una restricción aparece cuando el sistema no puede transportar o entregar la energía de la manera más eficiente y segura. Para mantener el suministro, el operador debe modificar el despacho previsto y ordenar la generación de plantas que, aunque pueden ser más costosas, resultan necesarias en ese momento o lugar.

Con corte a mayo de 2026, 189 de las 390 restricciones identificadas —el 48,5%— no tenían un proyecto de expansión asociado. Además, el 94,9% no contaba con una obra que avanzara de acuerdo con el cronograma previsto. La infraestructura disponible, por tanto, no está respondiendo con la velocidad requerida.

Las principales barreras señaladas son las demoras en el licenciamiento ambiental, las dificultades para adquirir predios y servidumbres y los problemas logísticos o técnicos durante la ejecución de las obras.

El impacto tampoco es uniforme: la región Caribe concentra el 39% de las restricciones identificadas y registra 73 casos sin un proyecto definido para resolverlos.

La brecha aumenta porque la demanda sigue creciendo. Entre 2008 y 2025, la demanda comercial nacional aumentó 55,4%, mientras el número de proyectos de expansión vencidos pasó de cero a 30. Esta situación también limita la transición energética: sin redes suficientes, nuevos proyectos renovables pueden quedar sin capacidad efectiva de conexión al sistema nacional. Bien se ha dicho que sin transmisión no hay transición energética.

Los costos de las restricciones se calculan a partir de las ofertas de los generadores y de los ajustes realizados entre el despacho programado y la operación real. En términos sencillos, incluyen pagos por generación de seguridad fuera de mérito y otros servicios necesarios para equilibrar y controlar el sistema.

Al comienzo del mercado mayorista, la Resolución CREG 035 de 1995 distribuía el costo total en partes iguales: 50% para los generadores y 50% para los comercializadores. La Resolución CREG 063 de 2000 modificó ese esquema y asignó a los comercializadores, en representación de la demanda, el 100% de las restricciones eléctricas. Por esa vía, el costo quedó incorporado como una clavija en la fórmula tarifaria pagada por los usuarios.

Como antecedente histórico, la información de XM para el período octubre de 2021-septiembre de 2022 reportó restricciones por $2,35 billones, aproximadamente 40% más que los $1,67 billones registrados en 2021. Estas cifras corresponden a períodos anteriores y se incluyen para mostrar que la tendencia de crecimiento ya era visible antes del fuerte aumento observado entre 2022 y 2025.

La revisión regulatoria no debería consistir simplemente en eliminar todo cargo por restricciones. Debe construir un mecanismo transparente que identifique el origen de cada costo y determine quién estaba en capacidad de prevenirlo o corregirlo.

El principio rector puede formularse así: paga quien causa el sobrecosto o incumple la obligación que debía evitarlo; el usuario solo asume los costos eficientes, inevitables y debidamente justificados.

En síntesis, las restricciones son una señal de que la infraestructura y la operación del sistema no siempre responden a las necesidades de la demanda. Cuando esa señal se convierte en un costo creciente para millones de usuarios, la regulación debe preguntarse no solo cuánto se paga, sino por qué se paga y quién debía evitarlo.

Por ello, la propuesta es revisar la fórmula tarifaria para que los costos se distribuyan según su causa real. Los usuarios deberían asumir únicamente aquellos costos eficientes e inevitables que sean necesarios para garantizar el servicio.

Los sobrecostos derivados de atrasos, incumplimientos o deficiencias atribuibles deben recaer en los responsables, no en quienes reciben la factura.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El debate en torno al Cargo por Confiabilidad no debe reducirse a cuánto cuesta el mecanismo, sino lo que garantiza en términos de confiabilidad y firmeza, cómo se remunera y qué señales ofrece para invertir en la capacidad que Colombia necesita.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Primero lo primero: Colombia necesita energía suficiente, firme y disponible en condiciones de hidrología crítica. Ese objetivo debe orientar cualquier ajuste o reforma del Cargo por Confiabilidad (CxC).

La discusión sobre su costo, su distribución entre tecnologías y sus efectos sobre las tarifas es legítima y necesaria; pero perdería el rumbo si terminara evitando que una sequía se convierta en racionamiento.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que nació con la Ley Eléctrica (143 de 1994), de la cual fui ponente, en ejercicio de su facultad regulatoria diseñó y estableció el cargo por confiabilidad en 2006, mediante la Resolución 071, en reemplazo del Cargo por Capacidad que se había establecido originalmente, a través de la Resolución de la CREG 001 de 1996 y la 116 del mismo año.

Según XM, filial de ISA, que opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN), el Cargo por Confiabilidad “es un esquema de remuneración que permite hacer viable la inversión en los recursos de generación eléctrica necesarios para garantizar de manera eficiente la atención de la demanda de energía en condiciones críticas de abastecimiento, a través de señales de largo plazo y la estabilización de los ingresos del generador.”

El CxC, entonces, es una especie de seguro, por el cual se le reconoce a la empresa generadora una remuneración a cambio de su compromiso de garantizar una oferta de energía en firme (OEF), tornándose exigible su cumplimiento durante cada una de las horas en las que el precio de la energía en Bolsa supere el denominado precio de escasez.

Basado en ello, la empresa que recibe dicha asignación se obliga a invertir en la planta respectiva y asumir su mantenimiento, de tal manera que pueda garantizar su disponibilidad cuando sea requerida para respaldar al Sistema. 

Actualmente, esa remuneración es de $84 el KWH, aproximadamente y representa 8 puntos porcentuales, aproximadamente de los 39 puntos porcentuales, que son el peso específico del cargo por generación (G) en la fórmula tarifaria (CU = G + T + C + D + PR + R).

En todo caso, la asignación del CxC se hace mediante subastas y las empresas a las que se les hizo la asignación tienen ese derecho adquirido hasta 2027 y 2028, de tal suerte que antes de procederse a introducirle algún cambio o su eventual eliminación hay que andar con pies de plomo, para que cualquiera que sea la determinación que se tome no ponga en riesgo la confiabilidad y firmeza del SIN y no impida la expansión de la capacidad de generación que el Sistema pide a gritos.

El Gobierno Petro cuestionó el mecanismo del CxC y lo puso en el centro del debate. En agosto de 2025, ante la Comisión Quinta del Senado, el ministro de Minas y Energía Edwin Palma afirmó que los usuarios habían pagado $92 billones por este concepto desde 2006 y presentó seis líneas de reforma, tendientes a “modernizar el esquema” del mismo,. Entre ellas figuran priorizar nuevas energías limpias, diferenciar la remuneración según la tecnología y la antigüedad de las plantas, concentrar el pago en recursos capaces de responder durante la escasez, limitar el tiempo de participación, introducir los ajustes de manera gradual y separar de la fórmula tarifaria la variable asociada a la confiabilidad.

El planteamiento responde a inquietudes reales. No parece razonable que una planta ampliamente amortizada reciba, sin evaluación adicional, el mismo tratamiento que una instalación nueva que debe recuperar una inversión considerable. Tampoco lo sería remunerar como respaldo un recurso que, en el momento crítico, no puede entregar la energía comprometida. La transparencia también es indispensable: si el cargo representa cerca del 10 % del costo unitario del servicio, el usuario debe poder identificar qué paga y qué obtiene a cambio.

Sin embargo, el debate tarifario no puede agotarse en la cifra acumulada. Presentar el total pagado durante casi dos décadas sin relacionarlo con la capacidad respaldada, las obligaciones asumidas, los periodos de escasez atendidos y las inversiones inducidas ofrece una imagen parcial y parcializada.

La pregunta pertinente no es cuánto ha costado el cargo, sino si el diseño actual compra la confiabilidad adecuada al menor costo posible y con una asignación equilibrada de riesgos.

Además, es pertinente establecer cuál ha sido la contrapartida de esa remuneración. En efecto, durante ese mismo lapso de tiempo (2006 – 2026) la inversión de los privados por cuenta del CxC fue del orden de los $113 billones, cifra superior a la que asumieron los usuarios. Ello, además, hizo posible la ampliación de la capacidad instalada en 11.078 MW, más del 50% de la capacidad instalada total. 

Por lo demás, para 2025, los ingresos de los generadores por concepto del CxC sólo representó el 21,5%, suma que considero razonable.

Lo primero, entonces, es asegurar que el país no se apague. A partir de ese principio, sí corresponde revisar cuánto se paga, a quién, durante cuánto tiempo y a cambio de qué desempeño.

Una reforma seria no debe escoger entre tarifas justas y seguridad energética, este es un falso dilema: debe diseñar un mecanismo que haga compatibles ambas. En todo caso, preservando los dos principios que contempla la Ley 142 de 1994: la suficiencia financiera de las empresas y la eficiencia de costos de la prestación del servicio de energía. Ese es el verdadero desafío del cargo por confiabilidad.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Hacemos votos por el buen suceso de la administración de Abelardo De La Espriella, porque si le va bien a él le ira bien al país y a todos los colombianos. 

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Luego del fragor de la contienda electoral para elegir democráticamente al sucesor del presidente Gustavo Petro, desde el 7 de agosto asumió la conducción de los destinos nacionales, el presidente Abelardo De La Espriella, con sus propuestas y propósitos disruptivos con respecto a los de su antecesor. Ello significará un giro de 180 grados en la política pública, así se infiere de su programa de gobierno, el cual, muy seguramente, se plasmarán en el Plan Nacional de Desarrollo 2026 – 2030.

Entre el expresidente Petro y el presidente de De la Espriella hay profundas diferencias, uno y otro tienen talantes y estilos diferentes, dos visiones, son polos opuestos, pero por encima de sus diferencias tiene que prevalecer la institucionalidad, que no se puede confundir con el statu quo.

El relevo en la Presidencia de la República marca algo más que un cambio de gobernante. Representa el tránsito entre dos estilos de ejercer el poder, dos visiones de la política y dos extremos ideológicos que han protagonizado buena parte de la intensa polarización que ha vivido Colombia en los últimos años.

De un lado, una concepción del poder sustentada en la confrontación, en la movilización social como instrumento de gobierno y en una visión de cambio estructural que, en no pocas ocasiones, terminó tensionando la relación entre el Ejecutivo y las demás ramas del poder, así como con los órganos de control.

Del otro, emerge una visión distinta, que reivindica el orden, la autoridad, la iniciativa privada y una orientación política ubicada en el extremo opuesto del espectro ideológico.

Son, en consecuencia, dos maneras muy diferentes de entender y abordar el ejercicio del poder y la conducción del Estado.

Pero hay algo que debe estar por encima de ambas: el respeto por la institucionalidad. Porque la democracia no consiste solamente en el acto de elegir a quien gobierna. Consiste, sobre todo, en que quien resulte elegido gobierne dentro de las reglas de juego preestablecidas, respete y haga respetar la Constitución, garantice la separación de poderes y entienda que las instituciones están llamadas a sobrevivir a los gobiernos de turno. El gran jurisconsulto austríaco Hans Kelsen supo distinguir muy bien entre la legitimidad de origen y la legitimidad del ejercicio del poder, la cual se refrenda cotidianamente con los actos de gobierno”.

El presidente de la República no es el presidente de quienes votaron por él. Es el presidente de todos los colombianos y, de acuerdo con la Constitución Política, es además el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, al tiempo que su investidura simboliza la unidad nacional. Y esa condición obliga a gobernar para todos, a escuchar incluso a quienes discrepan, a buscar y propiciar consensos y a superar el antagonismo que convierte al adversario político en enemigo.

Colombia no necesita pasar de un extremo al otro. Necesita recuperar el centro de gravedad de la democracia: el Estado de derecho, la separación de poderes, el respeto por las instituciones y la búsqueda de acuerdos nacionales sobre aquello que es fundamental para el presente y el futuro del país. En la democracia no hay cabida para el mayoritarismo.

Los estilos de gobierno cambian, mutan, con el relevo en el mando que tiene lugar cada cuatro años. Las ideologías pueden alternarse en el poder. Los presidentes llegan y pasan. Las instituciones, en cambio, permanecen. Y esa es, finalmente, la gran prueba de fuego del relevo presidencial: que el cambio de gobierno no signifique el reemplazo de unas hegemonías por otras, sino la demostración de que la democracia colombiana tiene la madurez suficiente para garantizar la alternancia y saber procesar las diferencias

El verdadero triunfo de la democracia no es que gane una ideología sobre otra, avasallándola. Es que, cualquiera que sea el gobierno de turno, prime la institucionalidad,  que el cambio de gobierno no signifique el reemplazo de unas hegemonías por otras, sino la demostración de que la democracia colombiana tiene la madurez suficiente para garantizar la alternancia sin mayores traumatismos.

Y este no es un concepto abstracto: se expresa en la independencia de la justicia, en el respeto por el Congreso, en la libertad de prensa, en la autonomía de los órganos de control y en la certeza de que ninguna voluntad política, por mayoritaria que sea, está por encima de la Constitución.

En tiempos de polarización, defender las instituciones no es una postura neutral: es una decisión democrática fundamental. Porque cuando ellas se debilitan lo que se fortalece no es un proyecto político, sino la incertidumbre, la desconfianza y la inestabilidad.

Por eso, más allá de los discursos y las arengas de las diferencias ideológicas o de los estilos personales de gobierno, el verdadero legado de cualquier administración debería medirse en su capacidad de fortalecer, respetar y no erosionar el entramado institucional del país.

Solo así la alternancia en el poder dejará de ser una fuente de incertidumbre, inestabilidad y tensión permanentes y se convertirá en lo que debe ser en una democracia madura: un ejercicio normal, previsible y respetuoso del orden constitucional.

En últimas, el desafío de Colombia es que ningún proyecto político, por legítimo que sea en su origen, pretenda estar por encima de las reglas que nos unen como Nación.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Durante más de dos décadas, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y otros organismos técnicos advirtieron que, sin nuevas reservas, mayor actividad exploratoria y la expansión de la infraestructura de transporte e importación, el país terminaría enfrentando un déficit de oferta de gas natural.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Las advertencias estaban sobre la mesa. Lo que faltó fue voluntad para actuar. La UPME proyectó que el país entraría en una situación de déficit estructural de gas natural alrededor de 2023, si no se incorporaban nuevas fuentes de producción o de importación.

La crisis del gas natural en Colombia no fue un hecho imprevisible. En efecto, el Plan Indicativo de Abastecimiento de Gas Natural 2015-2029, publicado por la UPME en 2015, proyectó que hacia 2023 la oferta nacional sería insuficiente para atender la demanda, por lo que sería necesario contar con infraestructura de importación de gas por la costa Pacífica, además de la planta de regasificación del Caribe.  

Esa proyección fue reiterada y refinada en los posteriores Planes de Abastecimiento de Gas Natural, que identificaron la necesidad de nuevas fuentes de oferta, ampliación de la infraestructura y, eventualmente, mayores importaciones de gas natural licuado (GNL).  

Es más, el Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2023-2038confirma que los problemas de abastecimiento observados durante 2023 respondían a un margen muy estrecho entre oferta y demanda y advierte que, sin nueva producción e infraestructura, los riesgos de desabastecimiento persistirán e incluso se intensificarán hacia finales de la década.  

La peor respuesta frente a un riesgo anunciado es el negacionismo. Cuando la evidencia técnica es sustituida por discursos políticos o convicciones ideológicas, el Estado pierde la capacidad de anticiparse a los problemas.

En el sector energético, el tiempo es un recurso escaso: entre el descubrimiento de un yacimiento y su entrada en producción pueden transcurrir entre cinco y diez años. Cada decisión aplazada se convierte en un problema para el futuro.

Durante la administración del presidente Petro, su política energética errada y errática estuvo marcada por la incertidumbre, sobre todo después de su decisión de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, enviando señales contradictorias a los inversionistas. Esta incertidumbre llevó a muchas empresas a recurrir nuevamente al consumo de combustibles líquidos derivados del petróleo, al GLP e incluso al carbón. De allí que el consumo de gas en la industria se ha reducido un 30%, lo cual representa un retroceso de la Transición Energética, de la cual, el gas se considera por parte de la Agencia Internacional de Energía (AIE) como el combustible puente de la misma.

Al propio tiempo, los entonces ministros de Minas y Energía, Irene Vélez y Andrés Camacho, para justificarla, le restaron importancia a las advertencias sobre el deterioro del balance entre oferta y demanda de gas, insistiendo en distintas oportunidades en que el país no enfrentaba un problema estructural de abastecimiento o que este obedecía principalmente a distorsiones del mercado.

Mientras la ministra Vélez afirmaba a pie juntillas, basada en un informe apócrifo de la ANH, que Colombia tenía asegurado el abastecimiento de gas natural hasta el 2042, su sucesor Andrés Camacho adujo en 2023, cuando las empresas comercializadoras lo delataron, que en Colombia no había déficit ni escasez de gas natural, que en su lugar se estaba dando era un acaparamiento del mismo por parte de algunas empresas y, como era obvio, si no había déficit no había necesidad de importar gas para cubrir la demanda esencial. De este modo se perdieron prácticamente tres años para tomar las decisiones requeridas para el montaje de otras plantas regasificadoras y así ampliar la capacidad de importar gas.

Mientras el debate político giraba alrededor de narrativas, la realidad seguía su curso. La producción nacional disminuyó, las reservas continuaron reduciéndose y la demanda mantuvo su crecimiento. El resultado fue el estrechamiento del margen de seguridad del sistema, el incremento de las importaciones de gas natural licuado y mayores costos para los usuarios, la industria y el sector eléctrico.

De allí que sólo se cuenta con una sola planta regasificadora (SPEC en Cartagena), que viene operando al límite de su capacidad, en momentos en los que para enfrentar el fenómeno de El Niño el parque térmico de generación debe operar a full para suplir la energía que dejan de generar las hídricas. Se enfrenta ese cuello de botella, abocando al país a un riesgo inminente de racionamiento del suministro de gas en simultánea con el de energía.

Todo esto se debe a la imprevisión y a la improvisación de las autoridades, lo cual explica que sólo ahora, tardíamente, se están dando los pasos para contar con otras opciones mediante la instalación de nuevas plantas regasificadoras, pero ninguna de ellas estará lista antes de fin de 2026.

La improvisación es costosa; el negacionismo, mucho más. Un gobierno puede equivocarse en sus decisiones, pero resulta particularmente grave cuando desestima las alertas de sus propias instituciones técnicas. La planeación energética no admite voluntarismos. Las moléculas de gas no aparecen por decreto ni responden a discursos. Requieren exploración, inversión, infraestructura y reglas de juego estables.

La seguridad energética constituye un asunto de Estado, no de gobierno. Su preservación exige continuidad en las políticas públicas, respeto por la evidencia técnica y decisiones oportunas. Ignorar las señales de alerta no elimina los riesgos; simplemente traslada sus costos a los ciudadanos y a la economía.

La principal enseñanza de esta crisis es que la realidad termina imponiéndose sobre cualquier relato. El negacionismo puede aplazar las decisiones, pero nunca evita las consecuencias. En materia energética, desconocer la realidad suele ser la forma más costosa de gobernar.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Necesitamos convertir datos en decisiones; mapas en prevención; recursos en reservas; proyectos en empleo; conocimiento en confianza. Esa es la infraestructura que aún no hemos terminado de construir.

Por: FLOVER RODRÍGUEZ PORTILLO*

Hay una pregunta que me ha acompañado durante los últimos años: ¿Por qué un país que habla todos los días de energía, agua, minería, riesgos naturales, infraestructura y cambio climático casi nunca habla de geociencias?

Quizá porque seguimos viendo la geología como una disciplina especializada, cuando en realidad es una infraestructura pública. Invisible, quizás, pero tan esencial como una carretera, una red eléctrica o un puerto.

Esa fue la reflexión central que compartí en mi conferencia durante el Día ACGGP celebrado en Bogotá el pasado 29 de julio.

Colombia entra en un período decisivo. En los próximos años tendrá que garantizar seguridad energética mientras aumenta la demanda de gas y electricidad; asegurar agua para millones de personas en un contexto de variabilidad climática; aprovechar minerales estratégicos para una economía cada vez más electrificada; adaptarse a amenazas naturales crecientes; e incorporar inteligencia artificial y datos para gestionar mejor el territorio.

Cinco transformaciones distintas. Un mismo fundamento: Comprender el subsuelo.

La discusión nacional suele plantearse como una competencia entre sectores: energía o ambiente, minería o agua, desarrollo o conservación. Pero el subsuelo nos plantea algo diferente: todas esas decisiones ocurren sobre el mismo territorio y dependen, en mayor o menor medida, del mismo conocimiento.

Por eso la verdadera pregunta ya no es cuánto potencial tiene Colombia. La pregunta es cuánto de ese potencial somos capaces de convertir en bienestar.

El ejemplo del gas es ilustrativo. El país posee recursos contingentes que multiplican por 6 veces las reservas probadas. El desafío ya no consiste únicamente en descubrir nuevos recursos. Consiste en convertir el conocimiento existente en proyectos viables, superando barreras técnicas, regulatorias, sociales y comerciales. Lo mismo ocurre con la energía eléctrica: el problema no siempre es la falta de proyectos, sino la dificultad para que entren oportunamente en operación. Ese patrón se repite en muchos otros ámbitos.

Disponemos de mapas geológicos que todavía no orientan suficientes decisiones de ordenamiento territorial. Formamos profesionales altamente calificados que no encuentran suficientes proyectos donde aplicar su conocimiento. Generamos información técnica que llega demasiado tarde, cuando el conflicto social ya comenzó.

No estamos frente a una escasez de conocimiento. Estamos frente a una brecha de conversión.

Necesitamos convertir datos en decisiones; mapas en prevención; recursos en reservas; proyectos en empleo; conocimiento en confianza. Esa es la infraestructura que aún no hemos terminado de construir.

Por eso, desde la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía propusimos cinco líneas de acción:

1. Reconocer el subsuelo como un activo estratégico de la Nación
2. Integrar la información geocientífica para que las entidades decidan sobre una misma base técnica
3. Construir líneas base públicas antes de que los proyectos lleguen al territorio
4. Fortalecer la capacidad geocientífica de los municipios mediante la iniciativa #UnGeólogoXMunicipio
5. Transformar los proyectos del país en oportunidades reales para una nueva generación de profesionales.

Estas propuestas parten de una convicción sencilla: las geociencias no son un fin en sí mismas. Son un instrumento para que Colombia tome mejores decisiones.

También implican un compromiso para quienes ejercemos esta profesión. Durante mucho tiempo hemos hablado en un lenguaje que comprendemos entre colegas, pero que pocas veces logra conectar con quienes toman decisiones o con la ciudadanía.

Si queremos que las geociencias ocupen el lugar que merecen, primero debemos demostrar cómo contribuyen a resolver los problemas cotidianos de las personas: el agua que llega a sus hogares, la estabilidad del territorio donde viven, la energía que consumen, la infraestructura que utilizan y la prevención de los riesgos que enfrentan.

Al final, la pregunta no es cómo hacer más visible la geología. La verdadera pregunta es cómo hacer que Colombia resuelva mejor sus grandes desafíos gracias al conocimiento geocientífico.

Cuando la geología ayuda a garantizar agua, reducir riesgos, fortalecer la seguridad energética, orientar el ordenamiento territorial o impulsar el desarrollo regional, deja de ser invisible. En ese momento, empieza a convertir reservas en decisiones, información en confianza y conocimiento en desarrollo.

Y comienza a convertirse en una de las infraestructuras estratégicas más importantes que tiene un país.

*Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, ACGGP.