Categoría: Opinión

Hacemos votos por el buen suceso de la administración de Abelardo De La Espriella, porque si le va bien a él le ira bien al país y a todos los colombianos. 

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Luego del fragor de la contienda electoral para elegir democráticamente al sucesor del presidente Gustavo Petro, desde el 7 de agosto asumió la conducción de los destinos nacionales, el presidente Abelardo De La Espriella, con sus propuestas y propósitos disruptivos con respecto a los de su antecesor. Ello significará un giro de 180 grados en la política pública, así se infiere de su programa de gobierno, el cual, muy seguramente, se plasmarán en el Plan Nacional de Desarrollo 2026 – 2030.

Entre el expresidente Petro y el presidente de De la Espriella hay profundas diferencias, uno y otro tienen talantes y estilos diferentes, dos visiones, son polos opuestos, pero por encima de sus diferencias tiene que prevalecer la institucionalidad, que no se puede confundir con el statu quo.

El relevo en la Presidencia de la República marca algo más que un cambio de gobernante. Representa el tránsito entre dos estilos de ejercer el poder, dos visiones de la política y dos extremos ideológicos que han protagonizado buena parte de la intensa polarización que ha vivido Colombia en los últimos años.

De un lado, una concepción del poder sustentada en la confrontación, en la movilización social como instrumento de gobierno y en una visión de cambio estructural que, en no pocas ocasiones, terminó tensionando la relación entre el Ejecutivo y las demás ramas del poder, así como con los órganos de control.

Del otro, emerge una visión distinta, que reivindica el orden, la autoridad, la iniciativa privada y una orientación política ubicada en el extremo opuesto del espectro ideológico.

Son, en consecuencia, dos maneras muy diferentes de entender y abordar el ejercicio del poder y la conducción del Estado.

Pero hay algo que debe estar por encima de ambas: el respeto por la institucionalidad. Porque la democracia no consiste solamente en el acto de elegir a quien gobierna. Consiste, sobre todo, en que quien resulte elegido gobierne dentro de las reglas de juego preestablecidas, respete y haga respetar la Constitución, garantice la separación de poderes y entienda que las instituciones están llamadas a sobrevivir a los gobiernos de turno. El gran jurisconsulto austríaco Hans Kelsen supo distinguir muy bien entre la legitimidad de origen y la legitimidad del ejercicio del poder, la cual se refrenda cotidianamente con los actos de gobierno”.

El presidente de la República no es el presidente de quienes votaron por él. Es el presidente de todos los colombianos y, de acuerdo con la Constitución Política, es además el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, al tiempo que su investidura simboliza la unidad nacional. Y esa condición obliga a gobernar para todos, a escuchar incluso a quienes discrepan, a buscar y propiciar consensos y a superar el antagonismo que convierte al adversario político en enemigo.

Colombia no necesita pasar de un extremo al otro. Necesita recuperar el centro de gravedad de la democracia: el Estado de derecho, la separación de poderes, el respeto por las instituciones y la búsqueda de acuerdos nacionales sobre aquello que es fundamental para el presente y el futuro del país. En la democracia no hay cabida para el mayoritarismo.

Los estilos de gobierno cambian, mutan, con el relevo en el mando que tiene lugar cada cuatro años. Las ideologías pueden alternarse en el poder. Los presidentes llegan y pasan. Las instituciones, en cambio, permanecen. Y esa es, finalmente, la gran prueba de fuego del relevo presidencial: que el cambio de gobierno no signifique el reemplazo de unas hegemonías por otras, sino la demostración de que la democracia colombiana tiene la madurez suficiente para garantizar la alternancia y saber procesar las diferencias

El verdadero triunfo de la democracia no es que gane una ideología sobre otra, avasallándola. Es que, cualquiera que sea el gobierno de turno, prime la institucionalidad,  que el cambio de gobierno no signifique el reemplazo de unas hegemonías por otras, sino la demostración de que la democracia colombiana tiene la madurez suficiente para garantizar la alternancia sin mayores traumatismos.

Y este no es un concepto abstracto: se expresa en la independencia de la justicia, en el respeto por el Congreso, en la libertad de prensa, en la autonomía de los órganos de control y en la certeza de que ninguna voluntad política, por mayoritaria que sea, está por encima de la Constitución.

En tiempos de polarización, defender las instituciones no es una postura neutral: es una decisión democrática fundamental. Porque cuando ellas se debilitan lo que se fortalece no es un proyecto político, sino la incertidumbre, la desconfianza y la inestabilidad.

Por eso, más allá de los discursos y las arengas de las diferencias ideológicas o de los estilos personales de gobierno, el verdadero legado de cualquier administración debería medirse en su capacidad de fortalecer, respetar y no erosionar el entramado institucional del país.

Solo así la alternancia en el poder dejará de ser una fuente de incertidumbre, inestabilidad y tensión permanentes y se convertirá en lo que debe ser en una democracia madura: un ejercicio normal, previsible y respetuoso del orden constitucional.

En últimas, el desafío de Colombia es que ningún proyecto político, por legítimo que sea en su origen, pretenda estar por encima de las reglas que nos unen como Nación.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Durante más de dos décadas, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y otros organismos técnicos advirtieron que, sin nuevas reservas, mayor actividad exploratoria y la expansión de la infraestructura de transporte e importación, el país terminaría enfrentando un déficit de oferta de gas natural.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Las advertencias estaban sobre la mesa. Lo que faltó fue voluntad para actuar. La UPME proyectó que el país entraría en una situación de déficit estructural de gas natural alrededor de 2023, si no se incorporaban nuevas fuentes de producción o de importación.

La crisis del gas natural en Colombia no fue un hecho imprevisible. En efecto, el Plan Indicativo de Abastecimiento de Gas Natural 2015-2029, publicado por la UPME en 2015, proyectó que hacia 2023 la oferta nacional sería insuficiente para atender la demanda, por lo que sería necesario contar con infraestructura de importación de gas por la costa Pacífica, además de la planta de regasificación del Caribe.  

Esa proyección fue reiterada y refinada en los posteriores Planes de Abastecimiento de Gas Natural, que identificaron la necesidad de nuevas fuentes de oferta, ampliación de la infraestructura y, eventualmente, mayores importaciones de gas natural licuado (GNL).  

Es más, el Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2023-2038confirma que los problemas de abastecimiento observados durante 2023 respondían a un margen muy estrecho entre oferta y demanda y advierte que, sin nueva producción e infraestructura, los riesgos de desabastecimiento persistirán e incluso se intensificarán hacia finales de la década.  

La peor respuesta frente a un riesgo anunciado es el negacionismo. Cuando la evidencia técnica es sustituida por discursos políticos o convicciones ideológicas, el Estado pierde la capacidad de anticiparse a los problemas.

En el sector energético, el tiempo es un recurso escaso: entre el descubrimiento de un yacimiento y su entrada en producción pueden transcurrir entre cinco y diez años. Cada decisión aplazada se convierte en un problema para el futuro.

Durante la administración del presidente Petro, su política energética errada y errática estuvo marcada por la incertidumbre, sobre todo después de su decisión de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, enviando señales contradictorias a los inversionistas. Esta incertidumbre llevó a muchas empresas a recurrir nuevamente al consumo de combustibles líquidos derivados del petróleo, al GLP e incluso al carbón. De allí que el consumo de gas en la industria se ha reducido un 30%, lo cual representa un retroceso de la Transición Energética, de la cual, el gas se considera por parte de la Agencia Internacional de Energía (AIE) como el combustible puente de la misma.

Al propio tiempo, los entonces ministros de Minas y Energía, Irene Vélez y Andrés Camacho, para justificarla, le restaron importancia a las advertencias sobre el deterioro del balance entre oferta y demanda de gas, insistiendo en distintas oportunidades en que el país no enfrentaba un problema estructural de abastecimiento o que este obedecía principalmente a distorsiones del mercado.

Mientras la ministra Vélez afirmaba a pie juntillas, basada en un informe apócrifo de la ANH, que Colombia tenía asegurado el abastecimiento de gas natural hasta el 2042, su sucesor Andrés Camacho adujo en 2023, cuando las empresas comercializadoras lo delataron, que en Colombia no había déficit ni escasez de gas natural, que en su lugar se estaba dando era un acaparamiento del mismo por parte de algunas empresas y, como era obvio, si no había déficit no había necesidad de importar gas para cubrir la demanda esencial. De este modo se perdieron prácticamente tres años para tomar las decisiones requeridas para el montaje de otras plantas regasificadoras y así ampliar la capacidad de importar gas.

Mientras el debate político giraba alrededor de narrativas, la realidad seguía su curso. La producción nacional disminuyó, las reservas continuaron reduciéndose y la demanda mantuvo su crecimiento. El resultado fue el estrechamiento del margen de seguridad del sistema, el incremento de las importaciones de gas natural licuado y mayores costos para los usuarios, la industria y el sector eléctrico.

De allí que sólo se cuenta con una sola planta regasificadora (SPEC en Cartagena), que viene operando al límite de su capacidad, en momentos en los que para enfrentar el fenómeno de El Niño el parque térmico de generación debe operar a full para suplir la energía que dejan de generar las hídricas. Se enfrenta ese cuello de botella, abocando al país a un riesgo inminente de racionamiento del suministro de gas en simultánea con el de energía.

Todo esto se debe a la imprevisión y a la improvisación de las autoridades, lo cual explica que sólo ahora, tardíamente, se están dando los pasos para contar con otras opciones mediante la instalación de nuevas plantas regasificadoras, pero ninguna de ellas estará lista antes de fin de 2026.

La improvisación es costosa; el negacionismo, mucho más. Un gobierno puede equivocarse en sus decisiones, pero resulta particularmente grave cuando desestima las alertas de sus propias instituciones técnicas. La planeación energética no admite voluntarismos. Las moléculas de gas no aparecen por decreto ni responden a discursos. Requieren exploración, inversión, infraestructura y reglas de juego estables.

La seguridad energética constituye un asunto de Estado, no de gobierno. Su preservación exige continuidad en las políticas públicas, respeto por la evidencia técnica y decisiones oportunas. Ignorar las señales de alerta no elimina los riesgos; simplemente traslada sus costos a los ciudadanos y a la economía.

La principal enseñanza de esta crisis es que la realidad termina imponiéndose sobre cualquier relato. El negacionismo puede aplazar las decisiones, pero nunca evita las consecuencias. En materia energética, desconocer la realidad suele ser la forma más costosa de gobernar.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Necesitamos convertir datos en decisiones; mapas en prevención; recursos en reservas; proyectos en empleo; conocimiento en confianza. Esa es la infraestructura que aún no hemos terminado de construir.

Por: FLOVER RODRÍGUEZ PORTILLO*

Hay una pregunta que me ha acompañado durante los últimos años: ¿Por qué un país que habla todos los días de energía, agua, minería, riesgos naturales, infraestructura y cambio climático casi nunca habla de geociencias?

Quizá porque seguimos viendo la geología como una disciplina especializada, cuando en realidad es una infraestructura pública. Invisible, quizás, pero tan esencial como una carretera, una red eléctrica o un puerto.

Esa fue la reflexión central que compartí en mi conferencia durante el Día ACGGP celebrado en Bogotá el pasado 29 de julio.

Colombia entra en un período decisivo. En los próximos años tendrá que garantizar seguridad energética mientras aumenta la demanda de gas y electricidad; asegurar agua para millones de personas en un contexto de variabilidad climática; aprovechar minerales estratégicos para una economía cada vez más electrificada; adaptarse a amenazas naturales crecientes; e incorporar inteligencia artificial y datos para gestionar mejor el territorio.

Cinco transformaciones distintas. Un mismo fundamento: Comprender el subsuelo.

La discusión nacional suele plantearse como una competencia entre sectores: energía o ambiente, minería o agua, desarrollo o conservación. Pero el subsuelo nos plantea algo diferente: todas esas decisiones ocurren sobre el mismo territorio y dependen, en mayor o menor medida, del mismo conocimiento.

Por eso la verdadera pregunta ya no es cuánto potencial tiene Colombia. La pregunta es cuánto de ese potencial somos capaces de convertir en bienestar.

El ejemplo del gas es ilustrativo. El país posee recursos contingentes que multiplican por 6 veces las reservas probadas. El desafío ya no consiste únicamente en descubrir nuevos recursos. Consiste en convertir el conocimiento existente en proyectos viables, superando barreras técnicas, regulatorias, sociales y comerciales. Lo mismo ocurre con la energía eléctrica: el problema no siempre es la falta de proyectos, sino la dificultad para que entren oportunamente en operación. Ese patrón se repite en muchos otros ámbitos.

Disponemos de mapas geológicos que todavía no orientan suficientes decisiones de ordenamiento territorial. Formamos profesionales altamente calificados que no encuentran suficientes proyectos donde aplicar su conocimiento. Generamos información técnica que llega demasiado tarde, cuando el conflicto social ya comenzó.

No estamos frente a una escasez de conocimiento. Estamos frente a una brecha de conversión.

Necesitamos convertir datos en decisiones; mapas en prevención; recursos en reservas; proyectos en empleo; conocimiento en confianza. Esa es la infraestructura que aún no hemos terminado de construir.

Por eso, desde la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía propusimos cinco líneas de acción:

1. Reconocer el subsuelo como un activo estratégico de la Nación
2. Integrar la información geocientífica para que las entidades decidan sobre una misma base técnica
3. Construir líneas base públicas antes de que los proyectos lleguen al territorio
4. Fortalecer la capacidad geocientífica de los municipios mediante la iniciativa #UnGeólogoXMunicipio
5. Transformar los proyectos del país en oportunidades reales para una nueva generación de profesionales.

Estas propuestas parten de una convicción sencilla: las geociencias no son un fin en sí mismas. Son un instrumento para que Colombia tome mejores decisiones.

También implican un compromiso para quienes ejercemos esta profesión. Durante mucho tiempo hemos hablado en un lenguaje que comprendemos entre colegas, pero que pocas veces logra conectar con quienes toman decisiones o con la ciudadanía.

Si queremos que las geociencias ocupen el lugar que merecen, primero debemos demostrar cómo contribuyen a resolver los problemas cotidianos de las personas: el agua que llega a sus hogares, la estabilidad del territorio donde viven, la energía que consumen, la infraestructura que utilizan y la prevención de los riesgos que enfrentan.

Al final, la pregunta no es cómo hacer más visible la geología. La verdadera pregunta es cómo hacer que Colombia resuelva mejor sus grandes desafíos gracias al conocimiento geocientífico.

Cuando la geología ayuda a garantizar agua, reducir riesgos, fortalecer la seguridad energética, orientar el ordenamiento territorial o impulsar el desarrollo regional, deja de ser invisible. En ese momento, empieza a convertir reservas en decisiones, información en confianza y conocimiento en desarrollo.

Y comienza a convertirse en una de las infraestructuras estratégicas más importantes que tiene un país.

*Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, ACGGP.

El sector energético vuelve a tener esperanza. Ahora hay que convertir esa esperanza en energía para Colombia.

Por: JUAN ESPINAL*

Hace unos días escribí un hilo en mi cuenta de X advirtiendo que, quien llegara a liderar la cartera de Minas y Energía, no asumiría simplemente la administración de un sector, tendría en sus manos la enorme responsabilidad de garantizar la seguridad energética de todo el país.

Hoy retomo ese mensaje con tranquilidad y esperanza porque la doctora María Nohemí Arboleda conoce el sector, entiende su complejidad y sabe que las decisiones que se tomen durante los próximos años serán determinantes para el futuro económico y energético de Colombia.

Estoy seguro de que la ministra designada enfrentará el reto de un eventual fenómeno de El Niño con determinación y rigor técnico, tomando las decisiones oportunas para reducir el riesgo de un racionamiento o, en el peor escenario, de un apagón.

Vale la pena dimensionar lo que significa esta responsabilidad. Este Ministerio no administra simplemente hidrocarburos, minas y electricidad; de sus decisiones depende buena parte de la vida cotidiana y productiva de cerca de 53 millones de colombianos.

He insistido en que este puede ser uno de los sectores capaces de impulsar un verdadero milagro económico para Colombia. El sector minero-energético tiene el potencial de fortalecer significativamente nuestras exportaciones, generar entre 20 y 25 billones de pesos anuales en regalías y aportar de manera decisiva al crecimiento del PIB.

Necesitamos más generación firme, más hidroeléctricas, más Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) y una expansión real de las redes de transmisión.

Necesitamos también que los proyectos estratégicos no permanezcan durante años atrapados entre trámites interminables, consultas previas sin términos claros y licenciamientos ambientales que no responden a las necesidades del país.

Colombia requiere más infraestructura de la dimensión de Hidroituango, que una vez opere plenamente con sus ocho unidades, tendrá capacidad para aportar cerca del 17% de la demanda eléctrica nacional.

También será urgente resolver la crisis financiera del sector eléctrico. Hay que encontrar una salida definitiva a la situación de Air-e, garantizar una fuente estable de financiación para los subsidios de los estratos 1,2 y 3, atender las obligaciones acumuladas que presionan las finanzas del sistema y fortalecer la sostenibilidad financiera de Afinia.

Ecopetrol, por su parte, necesita una decisión fundamental: sacar la politiquería de su administración y blindarla contra cualquier forma de corrupción. La empresa más importante de los colombianos requiere dirección técnica, disciplina financiera y una estrategia concentrada nuevamente en su negocio esencial.

En minería, el camino también debe ser claro, proteger y dar garantías a quienes trabajan dentro de la legalidad, acelerar la formalización de pequeños y medianos mineros y aplicar todo el peso de la ley contra las organizaciones criminales que extraen minerales ilícitamente, contaminan el medio ambiente y utilizan el oro para financiar economías ilegales.

Desde el Congreso, mi propósito será liderar la conformación de una Bancada Energética que trascienda partidos y permita construir una verdadera política de Estado.

Entre las iniciativas que debemos impulsar están: reconocer el gas natural como energético de transición; establecer reglas claras para la consulta previa; modernizar y agilizar el licenciamiento ambiental; garantizar mayores beneficios para las regiones productoras de petróleo, gas y minerales; construir un marco jurídico y técnico para el aprovechamiento responsable de los yacimientos no convencionales; y reconocer la seguridad energética como un derecho colectivo de los colombianos.

Seguiremos construyendo esta agenda junto con las comunidades, la academia, los trabajadores, los gremios, las empresas y los distintos sectores políticos.

El objetivo debe unirnos: evitar un apagón, recuperar la soberanía y la seguridad energética.

Ministra, si logramos que Colombia vuelva a explorar, producir, transmitir e invertir con confianza y seguridad jurídica, estaremos ante la posibilidad de construir un verdadero milagro energético y económico.

El sector energético vuelve a tener esperanza. Ahora hay que convertir esa esperanza en energía para Colombia.

*Senador de la República del Centro Democrático.

Se terminó el cuatrienio del presidente Gustavo Petro sin que el país terminara de entender y asimilar dos de sus propuestas bandera en materia energética, las cuales a la postre, después de tanto aspaviento, resultaron más efectistas que efectivas.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Me refiero a las comunidades energéticas y Colombia Solar. Ambas iniciativas se soportan y apoyan en la Ley 1715 de 2014 y la 2099 de 2021, las cuales abrieron la posibilidad que en el país fuera posible la autogeneración, la generación distribuida y la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) al sistema eléctrico.

En cuanto a las comunidades energéticas podemos decir que sus avances han sido muy limitados. No obstante que el Ministerio de Minas y Energía informó en diciembre de 2025 que había asignado recursos para 2.321 comunidades energéticas, con una cobertura de 31.000 usuarios, a julio de este año sólo están operativas y lejos de consolidarse 469 y 18.000 apenas postuladas.

Hasta la fecha, se puede afirmar que el proyecto más exitoso es el piloto implementado por Empresas Públicas de Medellín en el barrio El Salvador en Medellín, experiencia digna de imitar.

Mediante el Decreto 0972 de 2025 se creó el Programa Colombia Solar, como política pública en el marco de la Transición Energética Justa. Según el ministro de Minas y Energía Edwin Palma, “el programa Colombia Solar marca un cambio estructural: pasamos de subsidiar el consumo a promover la autogeneración de energía en los hogares”. En efecto en el mismo Decreto que crea el Programa  se prevé que la autogeneración en los hogares objeto del beneficio de Colombia Solar se asume “como una alternativa al subsidio existente para el consumo de electricidad”. Aquí se plantea una controversia jurídica de fondo.

Desde la perspectiva del principio de legalidad del gasto público, es discutible que el Ejecutivo pueda transformar un subsidio definido por la ley en un subsidio de inversión mediante una resolución ministerial.

La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en que los elementos esenciales de los subsidios financiados con recursos públicos deben estar definidos por el legislador. Es claro, entonces, que los subsidios a los servicios públicos domiciliarios tienen reserva legal. La Constitución Política de Colombia establece que el régimen tarifario, incluidos los subsidios y las contribuciones, debe ser definido por la ley.

En síntesis, el Gobierno no puede reemplazar el subsidio legal de energía por paneles solares sin una reforma a la Ley 142 de 1994. Los paneles solares son una herramienta válida de política pública, pero no sustituyen por sí solos la obligación legal de subsidiar el consumo de los estratos 1, 2 y 3 y por ello mismo no exime a la Nación de presupuestar y reintegrarle a las empresas comercializadoras los subsidios ya causados y los que se causen hacia el futuro.

Otra objeción al Programa Colombia Solar, además de la ilegalidad de pretender reemplazar los subsidios por la instalación de paneles solares es que, aunque bien intencionado viene siendo pésimamente gestionado, tanto más en cuanto que se está recurriendo a fuentes dudosas de financiamiento.

Según lo dispuesto por el Ministerio de Minas y Energía, sus principales fuentes de financiación son: el Fondo de Energías no Renovables y de Gestión Eficiente de Energía (FENOGE), cuyo manejo ha sido piedra de escándalo y objeto de investigación por parte de los organismos de control, más el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (FONDES).

Según ANIF, el FONDES “es un patrimonio autónomo público con un tamaño significativo, cercano a $ 4,1 billones en activos y aproximadamente $1,5 billones en recursos líquidos, creado para financiar grandes proyectos de infraestructura y capitalizar empresas de servicios públicos, con criterios estrictos de viabilidad legal, técnica y financiera”. Y añade: un Decreto expedido por el Ministerio de Hacienda “le otorga al ministro la función de ordenador del gasto y permite designar directamente a cualquier entidad del Grupo Bicentenario como nuevo administrador.

Destinar sus recursos a iniciativas que aún no cuentan con análisis técnicos, jurídicos ni financieros representa un riesgo tanto para la sostenibilidad del fondo como para la ejecución de infraestructura estratégica que sí está lista para avanzar”.

Me asalta otra inquietud. La Resolución del Ministerio de Minas y Energía, so capa de que “el comercializador de energía garantice la sostenibilidad de los activos (léase panel e inversor) a través de las operaciones de administración, operación y mantenimiento (AOM)”, se autoriza al ejecutor del programa para efectuar su transferencia a nombre del Ministerio de Minas y Energía y a favor del comercializador”. Cabe preguntarse, a título de qué se hace esa “transferencia” a una empresa particular de unos activos adquiridos e instalados con dineros públicos. Otra pregunta: el AOM cuesta, quien la asume y en últimas quién lo paga.

Más recientemente, el presidente Petro, quien tanto ha criticado la utilización de las vigencias futuras para la financiación de los proyectos de infraestructura, recurrió a ellas para anunciar $8 billones con cargo a las mismas como fuente de financiamiento de Colombia Solar.

Ahora, cuando ya está de salida y so pretexto de la amenaza que se cierne con el fenómeno de El Niño, al amparo de la declaratoria del desastre nacional ordenó trasladar $4 billones del Programa Colombia Solar a la tristemente célebre Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).

Llama poderosamente la atención que mientras el ministro Palma aduce que la inversión en Colombia Solar es una de sus estrategias para supuestamente conjurar el racionamiento de energía, el Ministerio de Hacienda le adeuda $3,5 billones a las empresas que prestan el servicio energía y no les gira, poniendo al Sistema al borde de un apagón financiero que incrementa el riesgo de racionamiento.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El riesgo de un racionamiento simultáneo de energía eléctrica y de gas natural en Colombia es real, no es alarmismo, y quienes lo hemos venido advirtiendo no somos catastrofistas, como se nos ha endilgado por parte de los escépticos, especialmente desde el Gobierno Nacional.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La materialización del racionamiento dependerá de las condiciones hidrológicas, de la disponibilidad de combustibles para la generación térmica y de la rapidez con que se adopten medidas de contingencia.

De contera, nos sorprende en medio de la crisis energética inducida por lo demás por parte del mismo Gobierno, la más pavorosa en los últimos 30 años, lo que torna al Sistema Interconectado Nacional (SIN) más vulnerable, amén de su baja resiliencia frente al cambio climático por depender en un 58% de la generación hídrica

El cuadro actual es patético: la demanda de energía crece a un ritmo del 5,75%, alcanzando una demanda máxima histórica de 261.86 GWHD, y con tendencia a seguir creciendo debido al aumento del consumo atribuido a las altas temperaturas y a la creciente movilidad eléctrica, al punto que la demanda supera en este momento en 1.971 GWH/año la Oferta de Energía Firme.

Es más, según XM, empresa que opera el SIN y administra el mercado mayorista, actualmente en horas pico, que es cuando la demanda de energía es mayor, la capacidad instalada sólo está en capacidad de cubrir hasta el 90% de la demanda, es decir, se presenta un descalce del 10%.

Ello explica, entre otras cosas, que, al corte del 3 de julio, XM reportó 36 restricciones energéticas por estado de emergencia y 48 por estado de alerta. Es más, entre abril y julio se impartieron por parte de XM 165 instrucciones de desconexiones, las que  se denominan esquema de deslastreautomático de carga (EDAC) por baja frecuencia, que no es nada distinto que la desconexión de circuitos debido a sobrecargas ya sea en las líneas de transmisión nacional, regional, las subestaciones eléctricas y/o líneas de distribución. Con este procedimiento lo que se busca es proteger la estabilidad del SIN y evitar un corte masivo del fluido eléctrico.

El caso más crítico es el de la región Caribe, en la que desde 2023 se viene presentando un agotamiento de las redes de transmisión que transportan la energía desde el interior del país y en consecuencia se registra lo que se denomina demanda no atendida, que es un término eufemístico, pero que en la práctica es un racionamiento en la prestación del servicio.

De hecho, en un comunicado reciente de XM se informó que 5,69 GWH “podrán no ser atendidos debido a la saturación del STR y debilidad es en la configuración de la red, que hoy dificultan una operación segura”.

A ello se viene a añadir la crisis que afronta el SIN por cuenta de la abultada deuda que tiene contraída la empresa Air-e, que le presta el servicio de energía a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

En efecto, de los $4 billones que adeuda $1,5 billones corresponden a la energía que le despachan las térmicas, poniendo a estas en calzas prietas, afectando su flujo de caja para la compra del gas que requieren para operar, amenazando con un efecto dominó que puede llegar a comprometer la prestación del servicio. Es de advertir que el caso Air-e es sólo la punta del iceberg, porque el riesgo de un apagón financiero, que es como lo han denominado la Contraloría General y la Procuraduría, está en ciernes hace rato.

En cuanto al gas natural, la situación es igualmente delicada: la producción nacional ha venido disminuyendo debido al agotamiento natural de campos maduros y la declinación de los mismos. El porcentaje de gas importado desde diciembre de 2024 a esta fecha se ha incrementado desde el 20% al 33% y se estima que para el año entrante este porcentaje se elevará hasta el 40%.

Huelga decir que la mayor utilización de plantas térmicas durante el Niño incrementa significativamente la demanda de gas para generación eléctrica, compitiendo con la demanda residencial e industrial. Estamos, entonces, ante un estrés energético dual sin precedente y ante el riesgo inminente de un racionamiento en simultánea de energía y gas natural.

Lo más grave es que debido al negacionismo del gobierno de la escasez y el déficit de gas desde 2023, advertido desde 2021 por parte de la Unidad de Planeación Minero-Energético (UPME), en un estudio para la adopción del Plan de abastecimiento de gas natural 2023 – 2038, se dilató prácticamente tres años la toma de la decisión por parte del Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para dar las señales de política y la regulación para la instalación de nuevas plantas de regasificación con el fin de expandir la capacidad de importación de gas.

La única regasificadora con la que se cuenta (SPEC, en Cartagena) está operando al límite de su capacidad (475 MMPCD), convirtiéndose este en un cuello de botella. De los proyectos de nuevas plantas regasificadoras el más avanzado es el de ECOPETROL en el Pacífico y este sólo entrará a operar finalizando 2026 y su capacidad es muy limitada, de sólo 90 MMPCD.

Estamos, entonces, ante un estrés energético dual sin precedente y ante el riesgo inminente de un racionamiento en simultánea de energía y gas natural.

Según cálculos recientes, una sola hora de racionamiento le costaría a la economía del país entre $175.000 millones y $204.000 millones y si el racionamiento se prolonga podría restar entre 1,5% y 1,7% del PIB. Y

Lo que es peor, el sector informal de la economía, que supera el 58%, llevaría la peor parte, por su alto grado de vulnerabilidad y por sus mayores dificultades para mitigar los cortes. Bien dijo el Nobel de economía Joseph Stiglitz que “quienes sufren más en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla”.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El mercado colombiano de gas natural podría estar próximo a experimentar uno de los cambios regulatorios más importantes de los últimos años.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

El Proyecto de Resolución CREG 702 024 de 2026 no solo redefine aspectos relacionados con la prestación del servicio de regasificación, sino que introduce un nuevo participante al mercado: el Agregador de Demanda, una figura que abre oportunidades para empresas con experiencia en el comercio internacional de Gas Natural Licuado (GNL).

La principal innovación del proyecto consiste en la creación de la Agregación de Demanda como una actividad complementaria a la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible.

Esta decisión resulta particularmente relevante porque la regulación colombiana históricamente ha definido con precisión las actividades que pueden desarrollarse dentro de la cadena del gas natural: producción, transporte, distribución, comercialización y almacenamiento. Ahora se incorpora una nueva función especializada cuya finalidad será facilitar el abastecimiento de GNL para quienes requieran servicios de regasificación.

En términos prácticos, el Agregador de Demanda actuará como mandatario de los compradores de servicios de regasificación, encargándose de:

• Negociar la compra de GNL en los mercados internacionales.
• Gestionar la logística internacional del suministro.
• Coordinar la entrega del GNL hasta la infraestructura de regasificación.
• Representar los intereses de los compradores durante todo el proceso de adquisición.

El proyecto exige que quien aspire a convertirse en Agregador de Demanda sea una persona jurídica que acredite por lo menos dos años de experiencia específica en gestión logística o comercialización internacional de GNL.

Este requisito demuestra que la CREG busca atraer empresas con conocimiento real del mercado internacional de gas, de la contratación de cargamentos, de la logística marítima y de la coordinación entre proveedores, navieras e infraestructura de regasificación.

En consecuencia, el nuevo esquema podría generar oportunidades para empresas especializadas en trading internacional de GNL.

Otro aspecto novedoso es que el Agregador de Demanda no será designado directamente por la CREG. La propuesta establece que será el Gestor del Mercado quien adelante un procedimiento voluntario, abierto y competitivo para seleccionar a la persona jurídica que ejercerá esta función para cada infraestructura de regasificación.

*Abogado de OGE ENERGY

Llegó la hora de dejar a un lado la ideología y asumir un debate responsable sobre el futuro energético de Colombia.

Por: JUAN ESPINAL*

El Gobierno Petro anunció que el próximo 20 de julio radicará nuevamente el proyecto de ley para prohibir el desarrollo de los yacimientos no convencionales en Colombia. Esta iniciativa, impulsada por los sectores progresistas desde 2018, ha sido archivada en cinco oportunidades por falta de respaldo en el Congreso.

Lo que hace algunos años era un debate dominado por el activismo y el miedo ha comenzado a cambiar. Cada vez son más los colombianos que entienden que la discusión sobre el fracking debe darse con argumentos técnicos y científicos, no con consignas ideológicas. Poco a poco, la narrativa de los sectores anti-fracking ha ido perdiendo fuerza frente a la evidencia.

Colombia lleva más de 16 años preparándose para utilizar esta tecnología en la exploración y producción de petróleo y gas natural. Su implementación permitiría aumentar significativamente las reservas probadas de hidrocarburos, reducir la dependencia de las importaciones de gas, que hoy ya superan el 30 % del consumo nacional, fortalecer la seguridad energética, generar miles de empleos y aumentar los ingresos por regalías para las regiones.

Las estimaciones indican que las reservas de gas podrían pasar de 2,3 TPC a cerca de 25 TPC, garantizando el abastecimiento durante varias décadas. Países como Estados Unidos y Argentina son prueba de ello. Gracias al desarrollo responsable del fracking esos países no solo aseguraron su autosuficiencia energética, sino que hoy exportan petróleo y gas natural, fortaleciendo sus economías y reduciendo la dependencia de mercados externos.

La crisis energética que enfrenta Colombia también ha servido para que muchos reconsideren sus posiciones. No deja de llamar la atención que algunos dirigentes que hace pocos años rechazaban categóricamente el fracking hoy lo defiendan, quizá por convicción o porque la realidad terminó imponiéndose sobre la ideología.

Durante los últimos cuatro años el país ha soportado un debate profundamente ideologizado y alejado de la evidencia científica. Es momento de retomar la discusión con seriedad.

Los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque conformaron comisiones de expertos nacionales e internacionales que, tras rigurosos estudios, recomendaron una hoja de ruta para desarrollar Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII), con estrictos estándares ambientales y de seguimiento. Incluso uno de esos proyectos obtuvo licencia ambiental.

Sin embargo, al llegar a la Presidencia en 2022, Gustavo Petro suspendió los proyectos piloto sin presentar nuevos estudios técnicos que justificaran esa decisión. Fue una determinación basada en una posición política más que en evidencia científica. No es la primera vez que ocurre. Basta recordar cuando llegó a plantear la posibilidad de desmontar Hidroituango, desconociendo la importancia estratégica que esa infraestructura tiene para el sistema eléctrico nacional.

La realidad energética del país ya no admite más aplazamientos. Colombia necesita garantizar el suministro de gas natural para cerca de 37 millones de usuarios, además de abastecer a la industria, el comercio y al sector transporte, donde más de 200.000 vehículos operan con este combustible.

Las cifras son preocupantes. Durante los primeros meses de 2026, la producción comercializada de gas natural cayó un 12,2 % frente al mismo periodo del año anterior. Entre enero y mayo, la producción promedio fue de 697,8 millones de pies cúbicos por día (MPCD), frente a los 794,4 MPCD registrados en 2025. Esta reducción de 96,6 MPCD incrementa la dependencia de las importaciones, eleva los costos para los consumidores y hace más vulnerable al país frente a fenómenos climáticos como El Niño, que podría afectar la generación de energía.

Llegó la hora de dejar a un lado la ideología y asumir un debate responsable sobre el futuro energético de Colombia. El país necesita aprovechar todas las tecnologías disponibles y ambientalmente viables, incluyendo el fracking y, por qué no, abrir una discusión seria sobre la energía nuclear. La prioridad debe ser garantizar la seguridad energética y la competitividad de nuestra economía.

El próximo gobierno tendrá la responsabilidad de tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Si la evidencia científica y la regulación existente ofrecen las garantías suficientes, no debería existir temor para avanzar en el desarrollo de los yacimientos no convencionales. La verdadera irresponsabilidad sería seguir aplazando una decisión estratégica mientras las reservas disminuyen y la dependencia del gas importado aumenta.

La seguridad energética de Colombia no puede seguir siendo víctima de la ideología. Como decimos en Antioquia: hay quienes disfrutan de la leche, pero no quieren a la vaca.

*Senador electo por el Centro Democrático.

La Constitución Política de 1991 consagra el ordenamiento territorial como un eje esencial de la organización del Estado, fundamentado en la descentralización, la autonomía territorial y la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Tanto el artículo 1º como el 287 de la Carta consagran la autonomía de las entidades territoriales, poniéndole coto al aberrante centralismo de la Constitución Política de 1886. Se le dio tanta importancia al territorio y a su abigarrada diversidad, que la Asamblea Nacional Constituyente le consagró el Título XI. Pero, la verdad sea dicha, el Congreso de la República no ha sido capaz de desarrollarlo, al punto que Colombia carece de un ordenamiento de su territorio y, lo que es peor, el Estado está ausente en vastos territorios de la geografía nacional.

En ausencia del ordenamiento del territorio proliferan los conflictos de uso y de ocupación del mismo, amén de la colisión de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, debido a los vacíos normativos. Les ha correspondido a las altas cortes pronunciarse para tratar de dirimirlos, pero su jurisprudencia no es suficiente para su trámite y solución.

El Congreso de la República desperdició la oportunidad para avanzar en el propósito de llenar dichos vacíos cuando expidió en volandas la Ley 1454 de 2011, “mediante la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial” (LOOT), pues la misma resultó inicua y vacua.

Ello ha dado pábulo para que durante el cuatrienio del presidente Gustavo Petro echara por la calle del medio, dando pasos en falso, de tal modo que con sus decisiones lejos de avanzar en el buen propósito de ordenar el territorio ha dado lugar a un des-ordenamiento del mismo, exacerbando los conflictos y la conflictividad y de contera frenando el desarrollo económico y social del país, al excluir y vetar a la topa tolondra y de manera arbitraria ciertas y determinadas actividades, ignorando la vocación de los territorios, su tradición, a quienes lo habitan y a las propias autoridades territoriales, vulnerando el núcleo esencial del principio de autonomía territorial consagrado en la Constitución Política.

Empecemos por la atrabiliaria expedición por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) del Decreto 044 de 2024 “por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporalen el marco del ordenamiento minero-ambiental”. Estas reservas “temporales”, hasta por cinco años, impiden la otorgación de nuevos títulos mineros y licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales dentro de ellas.

Es el caso también de la creación a su antojo por parte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura de las Áreas de Protección de la Producción Alimentaria (APPA) y las Zonas de Protección de la Producción Alimentaria (ZPPA), amparado en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 (PND).

Es claro que al arrogarse la competencia por parte del Gobierno Nacional al determinar inconsultamente la delimitación y el uso del territorio está usurpando las competencias propias de los municipios y transgrede los planes de ordenamiento territorial (POT) expedidos por los concejos municipales en ejercicio de las que le confiere la Constitución y la Ley.

Por ello, concuerdo con el procurador Gregorio Eljah en que el artículo 32 del PND representa un “vaciamiento de las competencias de los concejos municipales” y «afecta la autonomía de las entidades territoriales en sus diferentes niveles”, llevándoselas de calle al solicitarle a la Corte Constitucional su declaratoria de inexequibilidad.

En el mismo sentido se pronunció la Contraloría General, advirtiendo que la falta de coordinación interinstitucional puede ocasionar discordancias en la declaratoria de las APPA y las ZPPA por el uso de información desactualizada y no emitida por las instituciones que la aportarían de acuerdo con su misión, falencias que pueden observarse en los documentos de metodología y resultados de su identificación.

So pretexto de “proteger el derecho humano a la alimentación que se encuentran dentro de la frontera agrícola”, este esperpento jurídico ha dado lugar a la proliferación de tales APPA y ZPPA, hasta ahora en 31 municipios, entre ellos 6 en Antioquia, 8 en el Tolima y 9 de 15 municipios de La Guajira, abarcando una extensión total de 197.718 hectáreas, de las cuales 79.800 hectáreas corresponden al sur de La Guajira.

No se trata de un debate menor ni de una simple controversia administrativa. Está en juego la arquitectura misma del Estado descentralizado que el constituyente de 1991 diseñó, en el cual departamentos, distritos y municipios no son meros ejecutores de decisiones centrales, sino verdaderos sujetos de autonomía política, fiscal y administrativa. El ordenamiento del territorio —en aspectos tan sensibles como el uso del suelo, la vocación productiva y la planificación del desarrollo— constituye uno de los pilares de esa autonomía.

Bajo la retórica de la coordinación y la necesidad de una visión nacional, el Ejecutivo ha venido imponiendo criterios, restricciones y condicionamientos que, en la práctica, desdibujan las competencias locales.

Este fenómeno no solo erosiona la descentralización, sino que configura una recentralización de facto, en la que el nivel central sustituye progresivamente la capacidad decisoria de las autoridades territoriales.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Cualquier decisión que ponga en riesgo la continuidad en el suministro de gas natural atenta contra la seguridad energética del país.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En noviembre de 2025 la empresa canadiense Canacol Energy, que opera en Colombia y es la segunda en importancia después de Ecopetrol como proveedora de gas natural, se declaró en insolvencia ante la Corte del Rey de Alberta, Canadá.

En desarrollo del proceso de reorganización financiera solicitó autorización para “rechazar, rescindir, terminar, total o parcialmente, acuerdos o contratos de cualquier naturaleza”, 19 de los cuales suscritos en Colombia, entre los de suministro y transporte.

El 24 de junio, dicha corte decidió avalar la solicitud, lo cual ha generado preocupación e incertidumbre en Colombia por las consecuencias que se derivarían de hacerse efectiva la providencia.

Para dorar la píldora, Canacol informó que “la corte reconoció las características particulares del mercado colombiano de gas natural y estableció salvaguardas para proteger los usuarios regulados, como hogares, pequeñas empresas”, dejando colgados de la brocha, sin contemplación alguna a los no regulados.

Afirmó, además, que “continuará suministrando gas cuando exista disponibilidad y sea posible hacerlo bajo nuevos acuerdos comerciales viables”, lo cual es inadmisible, de acuerdo con la legislación colombiana y el régimen regulatorio, tratándose de contratos de suministro en firme, no interrumpible.

El incumplimiento de los contratos firmados en Colombia por parte de Canacol conllevaría serios traumatismos para las empresas afectadas, que son su contraparte, dado que no podrían contar con otra fuente de suministro alternativa, ni siquiera con su importación, habida cuenta que la única regasificadora con la que se cuenta (SPEC) está operando al límite de su capacidad.

En términos prácticos, la consecuencia que se derivaría de la entrada en vigor de la decisión de la corte es la alteración y la flagrante contravención del marco regulatorio que rige en Colombia, el cual tiene por objeto garantizar la asignación eficiente, objetiva y sin discriminación de un recurso esencial que es cada vez más escaso.

De paso, se llevaría de calle la confianza inversionista y la seguridad jurídica, en un hecho sin precedentes en el país, defraudando a agentes del mercado que confiaron legítimamente en la existencia y disponibilidad de las cantidades de gas contratadas.

Por lo demás, no se puede perder de vista que cualquier decisión que ponga en riesgo la continuidad en el suministro de gas atenta contra la seguridad energética del país.

El caso más patético es el de Cerro Matoso, empresa que depende del suministro por parte de Canacol del 82% del gas que requiere para la operación de dos de sus hornos, los cuales funcionan de manera continua (24/7) para poder mantener condiciones térmicas permanentes, y cualquier interrupción pone en riesgo la seguridad e integridad de sus equipos y, a su vez, pondría en riesgo más de 2.000 empleos, las divisas que dejaría de recibir el país por la exportación del ferroníquel, afectando de paso la balanza comercial y los ingresos que dejaría de percibir el país por los impuestos que dejaría de recaudar y de contera las regalías que reciben las entidades territoriales también se vería afectadas.

Es de anotar que, con antelación al proceso que se llevó ante la corte canadiense, Canacol venía incumpliendo con sus compromisos de entrega de los volúmenes de gas contratados, que llegaron a representar el 20% de la oferta nacional, llegando a suministra hasta los 200 mmpcd, decayendo hasta sólo 70 mmpcd, el 8% a nivel país y el 50% en la región Caribe.

Cerro Matoso ha visto caer los volúmenes de gas que recibe desde los 16 mmpcd contratados hasta los 10 mmpcd y más recientemente los restringió hasta los 7 mmpcd, 55% del total contratado.

Ello ha obligado a la empresa a reducir su operación en un 25% a partir del 1 de julio, con todas sus implicaciones, entre otras, según Fenalcarbón, la demanda por carbón, que verá reducida en un 50%, al dejar de consumir 90.000 toneladas/año, aproximadamente, que se producen en Córdoba.

Otro impacto colateral de la pretensión de Canacol de terminar anticipadamente los contratos es que exacerba el estrés del mercado del gas en Colombia.

De hecho, dada la incertidumbre que se ha generado en el abastecimiento, los grandes consumidores industriales han bajado su consumo en lo corrido de 2026 en 26%, optando por otros energéticos más seguros como son los combustibles líquidos derivados del petróleo, el GLP, incluso el carbón, lo cual ha significado un retroceso de la Transición Energética. 

Por fortuna, la decisión tomada por la Corte de Alberta, si bien está en firme, no produce efectos inmediatos en Colombia, pues está mediada por la intervención de la Superintendencia de Sociedades, la cual está facultada por la Ley 1116 de 2006 que establece el régimen de insolvencia empresarial en Colombia, la excepción de orden público: “Nada de lo dispuesto en el presente título impedirá que las autoridades colombianas competentes nieguen la adopción de una medida manifiestamente contraria al orden público de la República de Colombia”.

La Superintendencia de Sociedades tiene la última palabra en defensa de la institucionalidad, de la credibilidad y la firmeza de los contratos, de los usuarios y de la seguridad energética del país, que no deben ser ajenos a la Superintendencia de Servicios Públicos y al Ministerio de Minas y Energía.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.