Categoría: Opinión

El presupuesto ha dejado de ser un instrumento para promover el desarrollo y se convirtió, en buena medida, en una caja destinada a pagar las obligaciones acumuladas.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La nueva administración del presidente Abelardo de la Espriella no recibe simplemente unas finanzas públicas deterioradas sino desbarajustadas. Recibe una bomba fiscal de tiempo, cebada durante los cuatro años del gobierno Petro por el crecimiento excesivo del gasto, la caída del recaudo, la acumulación de obligaciones sin financiación y el recurso cada vez más frecuente al endeudamiento.

Esa es la herencia maldita que le deja el gobierno saliente al país: un déficit fiscal desbordado, una deuda creciente, un presupuesto cada vez más inflexible y un margen de maniobra prácticamente inexistente. Lo que se gastó irresponsablemente ayer tendrá que pagarse mañana, y la factura recaerá sobre la nueva administración y, en últimas, sobre todos los colombianos.

El “Presupuesto de la Verdad”, presentado por el nuevo Gobierno para la vigencia de 2027, asciende a $634,9 billones, equivalente al 29,9% del PIB, $59 billones más que el proyecto devuelto por las Comisiones Económicas del Congreso ($575,6 billones), alegando que estaba desfinanciado en $30 billones. Ello se explica, según el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, porque el proyecto presentado por el ex ministro Germán Ávila “dejó desfinanciados sectores clave como la salud ($2 billones), las pensiones ($6,5 billones), la educación superior (($0,7 billones), los subsidios de energía ($5,8 billones) y el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (9,6 billones)”.

Del total presupuestado, el 62% se destinará a funcionamiento ($392,5 billones), el 24% al servicio de la deuda ($155,4 billones) y apenas el 14% a inversión ($86,9 billones).

Aunque el funcionamiento continúa siendo el componente de mayor tamaño, el servicio de la deuda alcanza su nivel histórico más elevado. Mientras que la contrapartida de sus ingresos se reparte de la siguiente manera: ingresos corrientes $315,1 billones (49,6%), recursos de capital (préstamos) $287,7 billones (45,3%), fondos especiales $20,7 billones (3,3%) y contribuciones parafiscales (11,4 billones (1,8%).

Las cifras muestran la magnitud del problema. Casi una cuarta parte del presupuesto nacional tendrá que utilizarse para atender las obligaciones financieras del Estado. Son recursos que no podrán destinarse a construir carreteras, acueductos, escuelas y hospitales; tampoco a impulsar la vivienda, la seguridad, la transición energética, el desarrollo rural o la reactivación económica.

El presupuesto ha dejado de ser principalmente un instrumento para promover el desarrollo y se convirtió, en buena medida, en una caja destinada a pagar las obligaciones acumuladas. La deuda contraída ayer desplaza la inversión de hoy y compromete los ingresos del mañana.

Lo más preocupante es que el país tendrá que contratar nueva deuda para atender la deuda existente. Una parte de los recursos obtenidos mediante la colocación de títulos y la contratación de créditos no financiará nuevas obras ni proyectos productivos. Se destinará a refinanciar vencimientos, pagar altos intereses y sustituir obligaciones anteriores. En términos coloquiales, habrá que abrir un hueco para tapar otro.

Esta práctica no es excepcional dentro del manejo financiero de un Estado. Los gobiernos refinancian normalmente una parte de sus obligaciones. Lo peligroso aparece cuando el endeudamiento deja de ser un mecanismo para financiar inversión y se convierte en una práctica consuetudinaria para cubrir déficits estructurales y pagar deudas anteriores.

Se configura un círculo vicioso: el déficit obliga a contratar más deuda; la nueva deuda incrementa el pago de intereses; los mayores intereses agravan el déficit y este, a su vez, exige más endeudamiento. Es la temida bola de nieve de la deuda pública.

Cuanto mayor sea la percepción de riesgo, más alta será la tasa que deberá pagar Colombia para conseguir recursos. Y cuanto más costoso resulte el financiamiento, mayor será la proporción del presupuesto que deberá destinarse al servicio de la deuda. La pérdida de confianza termina traduciéndose en mayores intereses, que ya superan el 15%, menor inversión, menor crecimiento y menos oportunidades para los colombianos.

El endeudamiento no es gratuito. Toda deuda pública de hoy se paga mañana mediante impuestos, reducción del gasto, venta de activos o contratación de nuevas obligaciones. En cualquiera de estos casos, alguien termina pagando la cuenta.

La nueva administración no solo recibe un presupuesto desfinanciado, sino también altamente inflexible. Buena parte del gasto está amarrado estructuralmente por disposiciones constitucionales y legales, compromisos pensionales, transferencias territoriales, aseguramiento en salud, subsidios, gastos de personal y obligaciones previamente adquiridas. Sumadas estas partidas, representan alrededor del 90% del total de su aforo.

Esto significa que el Gobierno dispone de muy poco espacio fiscal para efectuar recortes sin afectar programas esenciales o provocar fuertes resistencias sociales y políticas. Por eso, cuando las cuentas no cuadran, la inversión pública se convierte en la principal variable de ajuste.

Y allí reside otra de las grandes paradojas fiscales: para pagar el gasto acumulado y el servicio de la deuda, se termina sacrificando la inversión que permitiría crecer más, elevar la productividad y generar los ingresos necesarios para sanear las finanzas públicas. Es el equivalente a vender las herramientas de trabajo para pagar las cuentas de la casa. Puede aliviar temporalmente la caja, pero reduce la capacidad futura para generar ingresos.

La baja inversión pública afecta especialmente a los territorios más rezagados. Los departamentos y municipios que padecen déficits históricos de infraestructura, agua potable, conectividad, educación, salud y energía son los primeros damnificados cuando el Gobierno nacional tiene que recortar programas de inversión.

Por eso, la crisis fiscal no es un asunto reservado a los economistas. Se refleja en carreteras que no se construyen, hospitales que no se terminan, escuelas que no se mejoran y proyectos estratégicos que quedan aplazados.

El primer deber de la nueva administración es sincerarse y decir la verdad. Durante demasiado tiempo las cuentas públicas se presentaron bajo supuestos excesivamente optimistas de crecimiento, recaudo y eficiencia tributaria. Se presupuestaron ingresos inciertos para financiar gastos ciertos y permanentes.

*Exministro de Minas y Energía y membro de Número de la ACCE.

Los sobrecostos derivados de atrasos, incumplimientos o deficiencias atribuibles deben recaer en los responsables, no en quienes reciben la factura.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La gran pregunta es por qué el atraso en la ejecución de los proyectos de redes de transmisión de energía encarece las tarifas y qué debería revisarse y corregirse en beneficio de los usuarios.

En nuestro concepto, cuando una restricción obedece a atrasos, insuficiencias o fallas evitables de la infraestructura, atribuibles al ejecutor del proyecto del cual se trate, su costo no debería trasladarse automáticamente a los usuarios.

La regulación debe identificar la causa, establecer responsabilidades y asignar el pago a quien corresponda. Solo los eventos imprevisibles e irresistibles justificarían un tratamiento excepcional

Los retrasos en la construcción de líneas, subestaciones y demás obras necesarias para transportar la electricidad dejaron de ser un asunto exclusivamente técnico. Hoy tienen un efecto económico directo: obligan al sistema a recurrir a soluciones de generación más costosas y ese sobrecosto termina incorporándose a la tarifa que pagan hogares y empresas.

Según el informe “Análisis de la expansión de la transmisión en Colombia 2026”, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entre 2022 y 2025 los usuarios asumieron $24,9 billones por restricciones del Sistema Interconectado Nacional. Esta cifra equivale al 42,2% de los $58,9 billones acumulados desde 2008, lo que muestra una aceleración marcada del problema en los años recientes.

Una restricción aparece cuando el sistema no puede transportar o entregar la energía de la manera más eficiente y segura. Para mantener el suministro, el operador debe modificar el despacho previsto y ordenar la generación de plantas que, aunque pueden ser más costosas, resultan necesarias en ese momento o lugar.

Con corte a mayo de 2026, 189 de las 390 restricciones identificadas —el 48,5%— no tenían un proyecto de expansión asociado. Además, el 94,9% no contaba con una obra que avanzara de acuerdo con el cronograma previsto. La infraestructura disponible, por tanto, no está respondiendo con la velocidad requerida.

Las principales barreras señaladas son las demoras en el licenciamiento ambiental, las dificultades para adquirir predios y servidumbres y los problemas logísticos o técnicos durante la ejecución de las obras.

El impacto tampoco es uniforme: la región Caribe concentra el 39% de las restricciones identificadas y registra 73 casos sin un proyecto definido para resolverlos.

La brecha aumenta porque la demanda sigue creciendo. Entre 2008 y 2025, la demanda comercial nacional aumentó 55,4%, mientras el número de proyectos de expansión vencidos pasó de cero a 30. Esta situación también limita la transición energética: sin redes suficientes, nuevos proyectos renovables pueden quedar sin capacidad efectiva de conexión al sistema nacional. Bien se ha dicho que sin transmisión no hay transición energética.

Los costos de las restricciones se calculan a partir de las ofertas de los generadores y de los ajustes realizados entre el despacho programado y la operación real. En términos sencillos, incluyen pagos por generación de seguridad fuera de mérito y otros servicios necesarios para equilibrar y controlar el sistema.

Al comienzo del mercado mayorista, la Resolución CREG 035 de 1995 distribuía el costo total en partes iguales: 50% para los generadores y 50% para los comercializadores. La Resolución CREG 063 de 2000 modificó ese esquema y asignó a los comercializadores, en representación de la demanda, el 100% de las restricciones eléctricas. Por esa vía, el costo quedó incorporado como una clavija en la fórmula tarifaria pagada por los usuarios.

Como antecedente histórico, la información de XM para el período octubre de 2021-septiembre de 2022 reportó restricciones por $2,35 billones, aproximadamente 40% más que los $1,67 billones registrados en 2021. Estas cifras corresponden a períodos anteriores y se incluyen para mostrar que la tendencia de crecimiento ya era visible antes del fuerte aumento observado entre 2022 y 2025.

La revisión regulatoria no debería consistir simplemente en eliminar todo cargo por restricciones. Debe construir un mecanismo transparente que identifique el origen de cada costo y determine quién estaba en capacidad de prevenirlo o corregirlo.

El principio rector puede formularse así: paga quien causa el sobrecosto o incumple la obligación que debía evitarlo; el usuario solo asume los costos eficientes, inevitables y debidamente justificados.

En síntesis, las restricciones son una señal de que la infraestructura y la operación del sistema no siempre responden a las necesidades de la demanda. Cuando esa señal se convierte en un costo creciente para millones de usuarios, la regulación debe preguntarse no solo cuánto se paga, sino por qué se paga y quién debía evitarlo.

Por ello, la propuesta es revisar la fórmula tarifaria para que los costos se distribuyan según su causa real. Los usuarios deberían asumir únicamente aquellos costos eficientes e inevitables que sean necesarios para garantizar el servicio.

Los sobrecostos derivados de atrasos, incumplimientos o deficiencias atribuibles deben recaer en los responsables, no en quienes reciben la factura.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El debate en torno al Cargo por Confiabilidad no debe reducirse a cuánto cuesta el mecanismo, sino lo que garantiza en términos de confiabilidad y firmeza, cómo se remunera y qué señales ofrece para invertir en la capacidad que Colombia necesita.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Primero lo primero: Colombia necesita energía suficiente, firme y disponible en condiciones de hidrología crítica. Ese objetivo debe orientar cualquier ajuste o reforma del Cargo por Confiabilidad (CxC).

La discusión sobre su costo, su distribución entre tecnologías y sus efectos sobre las tarifas es legítima y necesaria; pero perdería el rumbo si terminara evitando que una sequía se convierta en racionamiento.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que nació con la Ley Eléctrica (143 de 1994), de la cual fui ponente, en ejercicio de su facultad regulatoria diseñó y estableció el cargo por confiabilidad en 2006, mediante la Resolución 071, en reemplazo del Cargo por Capacidad que se había establecido originalmente, a través de la Resolución de la CREG 001 de 1996 y la 116 del mismo año.

Según XM, filial de ISA, que opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN), el Cargo por Confiabilidad “es un esquema de remuneración que permite hacer viable la inversión en los recursos de generación eléctrica necesarios para garantizar de manera eficiente la atención de la demanda de energía en condiciones críticas de abastecimiento, a través de señales de largo plazo y la estabilización de los ingresos del generador.”

El CxC, entonces, es una especie de seguro, por el cual se le reconoce a la empresa generadora una remuneración a cambio de su compromiso de garantizar una oferta de energía en firme (OEF), tornándose exigible su cumplimiento durante cada una de las horas en las que el precio de la energía en Bolsa supere el denominado precio de escasez.

Basado en ello, la empresa que recibe dicha asignación se obliga a invertir en la planta respectiva y asumir su mantenimiento, de tal manera que pueda garantizar su disponibilidad cuando sea requerida para respaldar al Sistema. 

Actualmente, esa remuneración es de $84 el KWH, aproximadamente y representa 8 puntos porcentuales, aproximadamente de los 39 puntos porcentuales, que son el peso específico del cargo por generación (G) en la fórmula tarifaria (CU = G + T + C + D + PR + R).

En todo caso, la asignación del CxC se hace mediante subastas y las empresas a las que se les hizo la asignación tienen ese derecho adquirido hasta 2027 y 2028, de tal suerte que antes de procederse a introducirle algún cambio o su eventual eliminación hay que andar con pies de plomo, para que cualquiera que sea la determinación que se tome no ponga en riesgo la confiabilidad y firmeza del SIN y no impida la expansión de la capacidad de generación que el Sistema pide a gritos.

El Gobierno Petro cuestionó el mecanismo del CxC y lo puso en el centro del debate. En agosto de 2025, ante la Comisión Quinta del Senado, el ministro de Minas y Energía Edwin Palma afirmó que los usuarios habían pagado $92 billones por este concepto desde 2006 y presentó seis líneas de reforma, tendientes a “modernizar el esquema” del mismo,. Entre ellas figuran priorizar nuevas energías limpias, diferenciar la remuneración según la tecnología y la antigüedad de las plantas, concentrar el pago en recursos capaces de responder durante la escasez, limitar el tiempo de participación, introducir los ajustes de manera gradual y separar de la fórmula tarifaria la variable asociada a la confiabilidad.

El planteamiento responde a inquietudes reales. No parece razonable que una planta ampliamente amortizada reciba, sin evaluación adicional, el mismo tratamiento que una instalación nueva que debe recuperar una inversión considerable. Tampoco lo sería remunerar como respaldo un recurso que, en el momento crítico, no puede entregar la energía comprometida. La transparencia también es indispensable: si el cargo representa cerca del 10 % del costo unitario del servicio, el usuario debe poder identificar qué paga y qué obtiene a cambio.

Sin embargo, el debate tarifario no puede agotarse en la cifra acumulada. Presentar el total pagado durante casi dos décadas sin relacionarlo con la capacidad respaldada, las obligaciones asumidas, los periodos de escasez atendidos y las inversiones inducidas ofrece una imagen parcial y parcializada.

La pregunta pertinente no es cuánto ha costado el cargo, sino si el diseño actual compra la confiabilidad adecuada al menor costo posible y con una asignación equilibrada de riesgos.

Además, es pertinente establecer cuál ha sido la contrapartida de esa remuneración. En efecto, durante ese mismo lapso de tiempo (2006 – 2026) la inversión de los privados por cuenta del CxC fue del orden de los $113 billones, cifra superior a la que asumieron los usuarios. Ello, además, hizo posible la ampliación de la capacidad instalada en 11.078 MW, más del 50% de la capacidad instalada total. 

Por lo demás, para 2025, los ingresos de los generadores por concepto del CxC sólo representó el 21,5%, suma que considero razonable.

Lo primero, entonces, es asegurar que el país no se apague. A partir de ese principio, sí corresponde revisar cuánto se paga, a quién, durante cuánto tiempo y a cambio de qué desempeño.

Una reforma seria no debe escoger entre tarifas justas y seguridad energética, este es un falso dilema: debe diseñar un mecanismo que haga compatibles ambas. En todo caso, preservando los dos principios que contempla la Ley 142 de 1994: la suficiencia financiera de las empresas y la eficiencia de costos de la prestación del servicio de energía. Ese es el verdadero desafío del cargo por confiabilidad.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Hacemos votos por el buen suceso de la administración de Abelardo De La Espriella, porque si le va bien a él le ira bien al país y a todos los colombianos. 

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Luego del fragor de la contienda electoral para elegir democráticamente al sucesor del presidente Gustavo Petro, desde el 7 de agosto asumió la conducción de los destinos nacionales, el presidente Abelardo De La Espriella, con sus propuestas y propósitos disruptivos con respecto a los de su antecesor. Ello significará un giro de 180 grados en la política pública, así se infiere de su programa de gobierno, el cual, muy seguramente, se plasmarán en el Plan Nacional de Desarrollo 2026 – 2030.

Entre el expresidente Petro y el presidente de De la Espriella hay profundas diferencias, uno y otro tienen talantes y estilos diferentes, dos visiones, son polos opuestos, pero por encima de sus diferencias tiene que prevalecer la institucionalidad, que no se puede confundir con el statu quo.

El relevo en la Presidencia de la República marca algo más que un cambio de gobernante. Representa el tránsito entre dos estilos de ejercer el poder, dos visiones de la política y dos extremos ideológicos que han protagonizado buena parte de la intensa polarización que ha vivido Colombia en los últimos años.

De un lado, una concepción del poder sustentada en la confrontación, en la movilización social como instrumento de gobierno y en una visión de cambio estructural que, en no pocas ocasiones, terminó tensionando la relación entre el Ejecutivo y las demás ramas del poder, así como con los órganos de control.

Del otro, emerge una visión distinta, que reivindica el orden, la autoridad, la iniciativa privada y una orientación política ubicada en el extremo opuesto del espectro ideológico.

Son, en consecuencia, dos maneras muy diferentes de entender y abordar el ejercicio del poder y la conducción del Estado.

Pero hay algo que debe estar por encima de ambas: el respeto por la institucionalidad. Porque la democracia no consiste solamente en el acto de elegir a quien gobierna. Consiste, sobre todo, en que quien resulte elegido gobierne dentro de las reglas de juego preestablecidas, respete y haga respetar la Constitución, garantice la separación de poderes y entienda que las instituciones están llamadas a sobrevivir a los gobiernos de turno. El gran jurisconsulto austríaco Hans Kelsen supo distinguir muy bien entre la legitimidad de origen y la legitimidad del ejercicio del poder, la cual se refrenda cotidianamente con los actos de gobierno”.

El presidente de la República no es el presidente de quienes votaron por él. Es el presidente de todos los colombianos y, de acuerdo con la Constitución Política, es además el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, al tiempo que su investidura simboliza la unidad nacional. Y esa condición obliga a gobernar para todos, a escuchar incluso a quienes discrepan, a buscar y propiciar consensos y a superar el antagonismo que convierte al adversario político en enemigo.

Colombia no necesita pasar de un extremo al otro. Necesita recuperar el centro de gravedad de la democracia: el Estado de derecho, la separación de poderes, el respeto por las instituciones y la búsqueda de acuerdos nacionales sobre aquello que es fundamental para el presente y el futuro del país. En la democracia no hay cabida para el mayoritarismo.

Los estilos de gobierno cambian, mutan, con el relevo en el mando que tiene lugar cada cuatro años. Las ideologías pueden alternarse en el poder. Los presidentes llegan y pasan. Las instituciones, en cambio, permanecen. Y esa es, finalmente, la gran prueba de fuego del relevo presidencial: que el cambio de gobierno no signifique el reemplazo de unas hegemonías por otras, sino la demostración de que la democracia colombiana tiene la madurez suficiente para garantizar la alternancia y saber procesar las diferencias

El verdadero triunfo de la democracia no es que gane una ideología sobre otra, avasallándola. Es que, cualquiera que sea el gobierno de turno, prime la institucionalidad,  que el cambio de gobierno no signifique el reemplazo de unas hegemonías por otras, sino la demostración de que la democracia colombiana tiene la madurez suficiente para garantizar la alternancia sin mayores traumatismos.

Y este no es un concepto abstracto: se expresa en la independencia de la justicia, en el respeto por el Congreso, en la libertad de prensa, en la autonomía de los órganos de control y en la certeza de que ninguna voluntad política, por mayoritaria que sea, está por encima de la Constitución.

En tiempos de polarización, defender las instituciones no es una postura neutral: es una decisión democrática fundamental. Porque cuando ellas se debilitan lo que se fortalece no es un proyecto político, sino la incertidumbre, la desconfianza y la inestabilidad.

Por eso, más allá de los discursos y las arengas de las diferencias ideológicas o de los estilos personales de gobierno, el verdadero legado de cualquier administración debería medirse en su capacidad de fortalecer, respetar y no erosionar el entramado institucional del país.

Solo así la alternancia en el poder dejará de ser una fuente de incertidumbre, inestabilidad y tensión permanentes y se convertirá en lo que debe ser en una democracia madura: un ejercicio normal, previsible y respetuoso del orden constitucional.

En últimas, el desafío de Colombia es que ningún proyecto político, por legítimo que sea en su origen, pretenda estar por encima de las reglas que nos unen como Nación.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Durante más de dos décadas, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y otros organismos técnicos advirtieron que, sin nuevas reservas, mayor actividad exploratoria y la expansión de la infraestructura de transporte e importación, el país terminaría enfrentando un déficit de oferta de gas natural.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Las advertencias estaban sobre la mesa. Lo que faltó fue voluntad para actuar. La UPME proyectó que el país entraría en una situación de déficit estructural de gas natural alrededor de 2023, si no se incorporaban nuevas fuentes de producción o de importación.

La crisis del gas natural en Colombia no fue un hecho imprevisible. En efecto, el Plan Indicativo de Abastecimiento de Gas Natural 2015-2029, publicado por la UPME en 2015, proyectó que hacia 2023 la oferta nacional sería insuficiente para atender la demanda, por lo que sería necesario contar con infraestructura de importación de gas por la costa Pacífica, además de la planta de regasificación del Caribe.  

Esa proyección fue reiterada y refinada en los posteriores Planes de Abastecimiento de Gas Natural, que identificaron la necesidad de nuevas fuentes de oferta, ampliación de la infraestructura y, eventualmente, mayores importaciones de gas natural licuado (GNL).  

Es más, el Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2023-2038confirma que los problemas de abastecimiento observados durante 2023 respondían a un margen muy estrecho entre oferta y demanda y advierte que, sin nueva producción e infraestructura, los riesgos de desabastecimiento persistirán e incluso se intensificarán hacia finales de la década.  

La peor respuesta frente a un riesgo anunciado es el negacionismo. Cuando la evidencia técnica es sustituida por discursos políticos o convicciones ideológicas, el Estado pierde la capacidad de anticiparse a los problemas.

En el sector energético, el tiempo es un recurso escaso: entre el descubrimiento de un yacimiento y su entrada en producción pueden transcurrir entre cinco y diez años. Cada decisión aplazada se convierte en un problema para el futuro.

Durante la administración del presidente Petro, su política energética errada y errática estuvo marcada por la incertidumbre, sobre todo después de su decisión de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, enviando señales contradictorias a los inversionistas. Esta incertidumbre llevó a muchas empresas a recurrir nuevamente al consumo de combustibles líquidos derivados del petróleo, al GLP e incluso al carbón. De allí que el consumo de gas en la industria se ha reducido un 30%, lo cual representa un retroceso de la Transición Energética, de la cual, el gas se considera por parte de la Agencia Internacional de Energía (AIE) como el combustible puente de la misma.

Al propio tiempo, los entonces ministros de Minas y Energía, Irene Vélez y Andrés Camacho, para justificarla, le restaron importancia a las advertencias sobre el deterioro del balance entre oferta y demanda de gas, insistiendo en distintas oportunidades en que el país no enfrentaba un problema estructural de abastecimiento o que este obedecía principalmente a distorsiones del mercado.

Mientras la ministra Vélez afirmaba a pie juntillas, basada en un informe apócrifo de la ANH, que Colombia tenía asegurado el abastecimiento de gas natural hasta el 2042, su sucesor Andrés Camacho adujo en 2023, cuando las empresas comercializadoras lo delataron, que en Colombia no había déficit ni escasez de gas natural, que en su lugar se estaba dando era un acaparamiento del mismo por parte de algunas empresas y, como era obvio, si no había déficit no había necesidad de importar gas para cubrir la demanda esencial. De este modo se perdieron prácticamente tres años para tomar las decisiones requeridas para el montaje de otras plantas regasificadoras y así ampliar la capacidad de importar gas.

Mientras el debate político giraba alrededor de narrativas, la realidad seguía su curso. La producción nacional disminuyó, las reservas continuaron reduciéndose y la demanda mantuvo su crecimiento. El resultado fue el estrechamiento del margen de seguridad del sistema, el incremento de las importaciones de gas natural licuado y mayores costos para los usuarios, la industria y el sector eléctrico.

De allí que sólo se cuenta con una sola planta regasificadora (SPEC en Cartagena), que viene operando al límite de su capacidad, en momentos en los que para enfrentar el fenómeno de El Niño el parque térmico de generación debe operar a full para suplir la energía que dejan de generar las hídricas. Se enfrenta ese cuello de botella, abocando al país a un riesgo inminente de racionamiento del suministro de gas en simultánea con el de energía.

Todo esto se debe a la imprevisión y a la improvisación de las autoridades, lo cual explica que sólo ahora, tardíamente, se están dando los pasos para contar con otras opciones mediante la instalación de nuevas plantas regasificadoras, pero ninguna de ellas estará lista antes de fin de 2026.

La improvisación es costosa; el negacionismo, mucho más. Un gobierno puede equivocarse en sus decisiones, pero resulta particularmente grave cuando desestima las alertas de sus propias instituciones técnicas. La planeación energética no admite voluntarismos. Las moléculas de gas no aparecen por decreto ni responden a discursos. Requieren exploración, inversión, infraestructura y reglas de juego estables.

La seguridad energética constituye un asunto de Estado, no de gobierno. Su preservación exige continuidad en las políticas públicas, respeto por la evidencia técnica y decisiones oportunas. Ignorar las señales de alerta no elimina los riesgos; simplemente traslada sus costos a los ciudadanos y a la economía.

La principal enseñanza de esta crisis es que la realidad termina imponiéndose sobre cualquier relato. El negacionismo puede aplazar las decisiones, pero nunca evita las consecuencias. En materia energética, desconocer la realidad suele ser la forma más costosa de gobernar.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Necesitamos convertir datos en decisiones; mapas en prevención; recursos en reservas; proyectos en empleo; conocimiento en confianza. Esa es la infraestructura que aún no hemos terminado de construir.

Por: FLOVER RODRÍGUEZ PORTILLO*

Hay una pregunta que me ha acompañado durante los últimos años: ¿Por qué un país que habla todos los días de energía, agua, minería, riesgos naturales, infraestructura y cambio climático casi nunca habla de geociencias?

Quizá porque seguimos viendo la geología como una disciplina especializada, cuando en realidad es una infraestructura pública. Invisible, quizás, pero tan esencial como una carretera, una red eléctrica o un puerto.

Esa fue la reflexión central que compartí en mi conferencia durante el Día ACGGP celebrado en Bogotá el pasado 29 de julio.

Colombia entra en un período decisivo. En los próximos años tendrá que garantizar seguridad energética mientras aumenta la demanda de gas y electricidad; asegurar agua para millones de personas en un contexto de variabilidad climática; aprovechar minerales estratégicos para una economía cada vez más electrificada; adaptarse a amenazas naturales crecientes; e incorporar inteligencia artificial y datos para gestionar mejor el territorio.

Cinco transformaciones distintas. Un mismo fundamento: Comprender el subsuelo.

La discusión nacional suele plantearse como una competencia entre sectores: energía o ambiente, minería o agua, desarrollo o conservación. Pero el subsuelo nos plantea algo diferente: todas esas decisiones ocurren sobre el mismo territorio y dependen, en mayor o menor medida, del mismo conocimiento.

Por eso la verdadera pregunta ya no es cuánto potencial tiene Colombia. La pregunta es cuánto de ese potencial somos capaces de convertir en bienestar.

El ejemplo del gas es ilustrativo. El país posee recursos contingentes que multiplican por 6 veces las reservas probadas. El desafío ya no consiste únicamente en descubrir nuevos recursos. Consiste en convertir el conocimiento existente en proyectos viables, superando barreras técnicas, regulatorias, sociales y comerciales. Lo mismo ocurre con la energía eléctrica: el problema no siempre es la falta de proyectos, sino la dificultad para que entren oportunamente en operación. Ese patrón se repite en muchos otros ámbitos.

Disponemos de mapas geológicos que todavía no orientan suficientes decisiones de ordenamiento territorial. Formamos profesionales altamente calificados que no encuentran suficientes proyectos donde aplicar su conocimiento. Generamos información técnica que llega demasiado tarde, cuando el conflicto social ya comenzó.

No estamos frente a una escasez de conocimiento. Estamos frente a una brecha de conversión.

Necesitamos convertir datos en decisiones; mapas en prevención; recursos en reservas; proyectos en empleo; conocimiento en confianza. Esa es la infraestructura que aún no hemos terminado de construir.

Por eso, desde la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía propusimos cinco líneas de acción:

1. Reconocer el subsuelo como un activo estratégico de la Nación
2. Integrar la información geocientífica para que las entidades decidan sobre una misma base técnica
3. Construir líneas base públicas antes de que los proyectos lleguen al territorio
4. Fortalecer la capacidad geocientífica de los municipios mediante la iniciativa #UnGeólogoXMunicipio
5. Transformar los proyectos del país en oportunidades reales para una nueva generación de profesionales.

Estas propuestas parten de una convicción sencilla: las geociencias no son un fin en sí mismas. Son un instrumento para que Colombia tome mejores decisiones.

También implican un compromiso para quienes ejercemos esta profesión. Durante mucho tiempo hemos hablado en un lenguaje que comprendemos entre colegas, pero que pocas veces logra conectar con quienes toman decisiones o con la ciudadanía.

Si queremos que las geociencias ocupen el lugar que merecen, primero debemos demostrar cómo contribuyen a resolver los problemas cotidianos de las personas: el agua que llega a sus hogares, la estabilidad del territorio donde viven, la energía que consumen, la infraestructura que utilizan y la prevención de los riesgos que enfrentan.

Al final, la pregunta no es cómo hacer más visible la geología. La verdadera pregunta es cómo hacer que Colombia resuelva mejor sus grandes desafíos gracias al conocimiento geocientífico.

Cuando la geología ayuda a garantizar agua, reducir riesgos, fortalecer la seguridad energética, orientar el ordenamiento territorial o impulsar el desarrollo regional, deja de ser invisible. En ese momento, empieza a convertir reservas en decisiones, información en confianza y conocimiento en desarrollo.

Y comienza a convertirse en una de las infraestructuras estratégicas más importantes que tiene un país.

*Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, ACGGP.

El sector energético vuelve a tener esperanza. Ahora hay que convertir esa esperanza en energía para Colombia.

Por: JUAN ESPINAL*

Hace unos días escribí un hilo en mi cuenta de X advirtiendo que, quien llegara a liderar la cartera de Minas y Energía, no asumiría simplemente la administración de un sector, tendría en sus manos la enorme responsabilidad de garantizar la seguridad energética de todo el país.

Hoy retomo ese mensaje con tranquilidad y esperanza porque la doctora María Nohemí Arboleda conoce el sector, entiende su complejidad y sabe que las decisiones que se tomen durante los próximos años serán determinantes para el futuro económico y energético de Colombia.

Estoy seguro de que la ministra designada enfrentará el reto de un eventual fenómeno de El Niño con determinación y rigor técnico, tomando las decisiones oportunas para reducir el riesgo de un racionamiento o, en el peor escenario, de un apagón.

Vale la pena dimensionar lo que significa esta responsabilidad. Este Ministerio no administra simplemente hidrocarburos, minas y electricidad; de sus decisiones depende buena parte de la vida cotidiana y productiva de cerca de 53 millones de colombianos.

He insistido en que este puede ser uno de los sectores capaces de impulsar un verdadero milagro económico para Colombia. El sector minero-energético tiene el potencial de fortalecer significativamente nuestras exportaciones, generar entre 20 y 25 billones de pesos anuales en regalías y aportar de manera decisiva al crecimiento del PIB.

Necesitamos más generación firme, más hidroeléctricas, más Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) y una expansión real de las redes de transmisión.

Necesitamos también que los proyectos estratégicos no permanezcan durante años atrapados entre trámites interminables, consultas previas sin términos claros y licenciamientos ambientales que no responden a las necesidades del país.

Colombia requiere más infraestructura de la dimensión de Hidroituango, que una vez opere plenamente con sus ocho unidades, tendrá capacidad para aportar cerca del 17% de la demanda eléctrica nacional.

También será urgente resolver la crisis financiera del sector eléctrico. Hay que encontrar una salida definitiva a la situación de Air-e, garantizar una fuente estable de financiación para los subsidios de los estratos 1,2 y 3, atender las obligaciones acumuladas que presionan las finanzas del sistema y fortalecer la sostenibilidad financiera de Afinia.

Ecopetrol, por su parte, necesita una decisión fundamental: sacar la politiquería de su administración y blindarla contra cualquier forma de corrupción. La empresa más importante de los colombianos requiere dirección técnica, disciplina financiera y una estrategia concentrada nuevamente en su negocio esencial.

En minería, el camino también debe ser claro, proteger y dar garantías a quienes trabajan dentro de la legalidad, acelerar la formalización de pequeños y medianos mineros y aplicar todo el peso de la ley contra las organizaciones criminales que extraen minerales ilícitamente, contaminan el medio ambiente y utilizan el oro para financiar economías ilegales.

Desde el Congreso, mi propósito será liderar la conformación de una Bancada Energética que trascienda partidos y permita construir una verdadera política de Estado.

Entre las iniciativas que debemos impulsar están: reconocer el gas natural como energético de transición; establecer reglas claras para la consulta previa; modernizar y agilizar el licenciamiento ambiental; garantizar mayores beneficios para las regiones productoras de petróleo, gas y minerales; construir un marco jurídico y técnico para el aprovechamiento responsable de los yacimientos no convencionales; y reconocer la seguridad energética como un derecho colectivo de los colombianos.

Seguiremos construyendo esta agenda junto con las comunidades, la academia, los trabajadores, los gremios, las empresas y los distintos sectores políticos.

El objetivo debe unirnos: evitar un apagón, recuperar la soberanía y la seguridad energética.

Ministra, si logramos que Colombia vuelva a explorar, producir, transmitir e invertir con confianza y seguridad jurídica, estaremos ante la posibilidad de construir un verdadero milagro energético y económico.

El sector energético vuelve a tener esperanza. Ahora hay que convertir esa esperanza en energía para Colombia.

*Senador de la República del Centro Democrático.

Se terminó el cuatrienio del presidente Gustavo Petro sin que el país terminara de entender y asimilar dos de sus propuestas bandera en materia energética, las cuales a la postre, después de tanto aspaviento, resultaron más efectistas que efectivas.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Me refiero a las comunidades energéticas y Colombia Solar. Ambas iniciativas se soportan y apoyan en la Ley 1715 de 2014 y la 2099 de 2021, las cuales abrieron la posibilidad que en el país fuera posible la autogeneración, la generación distribuida y la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) al sistema eléctrico.

En cuanto a las comunidades energéticas podemos decir que sus avances han sido muy limitados. No obstante que el Ministerio de Minas y Energía informó en diciembre de 2025 que había asignado recursos para 2.321 comunidades energéticas, con una cobertura de 31.000 usuarios, a julio de este año sólo están operativas y lejos de consolidarse 469 y 18.000 apenas postuladas.

Hasta la fecha, se puede afirmar que el proyecto más exitoso es el piloto implementado por Empresas Públicas de Medellín en el barrio El Salvador en Medellín, experiencia digna de imitar.

Mediante el Decreto 0972 de 2025 se creó el Programa Colombia Solar, como política pública en el marco de la Transición Energética Justa. Según el ministro de Minas y Energía Edwin Palma, “el programa Colombia Solar marca un cambio estructural: pasamos de subsidiar el consumo a promover la autogeneración de energía en los hogares”. En efecto en el mismo Decreto que crea el Programa  se prevé que la autogeneración en los hogares objeto del beneficio de Colombia Solar se asume “como una alternativa al subsidio existente para el consumo de electricidad”. Aquí se plantea una controversia jurídica de fondo.

Desde la perspectiva del principio de legalidad del gasto público, es discutible que el Ejecutivo pueda transformar un subsidio definido por la ley en un subsidio de inversión mediante una resolución ministerial.

La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en que los elementos esenciales de los subsidios financiados con recursos públicos deben estar definidos por el legislador. Es claro, entonces, que los subsidios a los servicios públicos domiciliarios tienen reserva legal. La Constitución Política de Colombia establece que el régimen tarifario, incluidos los subsidios y las contribuciones, debe ser definido por la ley.

En síntesis, el Gobierno no puede reemplazar el subsidio legal de energía por paneles solares sin una reforma a la Ley 142 de 1994. Los paneles solares son una herramienta válida de política pública, pero no sustituyen por sí solos la obligación legal de subsidiar el consumo de los estratos 1, 2 y 3 y por ello mismo no exime a la Nación de presupuestar y reintegrarle a las empresas comercializadoras los subsidios ya causados y los que se causen hacia el futuro.

Otra objeción al Programa Colombia Solar, además de la ilegalidad de pretender reemplazar los subsidios por la instalación de paneles solares es que, aunque bien intencionado viene siendo pésimamente gestionado, tanto más en cuanto que se está recurriendo a fuentes dudosas de financiamiento.

Según lo dispuesto por el Ministerio de Minas y Energía, sus principales fuentes de financiación son: el Fondo de Energías no Renovables y de Gestión Eficiente de Energía (FENOGE), cuyo manejo ha sido piedra de escándalo y objeto de investigación por parte de los organismos de control, más el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (FONDES).

Según ANIF, el FONDES “es un patrimonio autónomo público con un tamaño significativo, cercano a $ 4,1 billones en activos y aproximadamente $1,5 billones en recursos líquidos, creado para financiar grandes proyectos de infraestructura y capitalizar empresas de servicios públicos, con criterios estrictos de viabilidad legal, técnica y financiera”. Y añade: un Decreto expedido por el Ministerio de Hacienda “le otorga al ministro la función de ordenador del gasto y permite designar directamente a cualquier entidad del Grupo Bicentenario como nuevo administrador.

Destinar sus recursos a iniciativas que aún no cuentan con análisis técnicos, jurídicos ni financieros representa un riesgo tanto para la sostenibilidad del fondo como para la ejecución de infraestructura estratégica que sí está lista para avanzar”.

Me asalta otra inquietud. La Resolución del Ministerio de Minas y Energía, so capa de que “el comercializador de energía garantice la sostenibilidad de los activos (léase panel e inversor) a través de las operaciones de administración, operación y mantenimiento (AOM)”, se autoriza al ejecutor del programa para efectuar su transferencia a nombre del Ministerio de Minas y Energía y a favor del comercializador”. Cabe preguntarse, a título de qué se hace esa “transferencia” a una empresa particular de unos activos adquiridos e instalados con dineros públicos. Otra pregunta: el AOM cuesta, quien la asume y en últimas quién lo paga.

Más recientemente, el presidente Petro, quien tanto ha criticado la utilización de las vigencias futuras para la financiación de los proyectos de infraestructura, recurrió a ellas para anunciar $8 billones con cargo a las mismas como fuente de financiamiento de Colombia Solar.

Ahora, cuando ya está de salida y so pretexto de la amenaza que se cierne con el fenómeno de El Niño, al amparo de la declaratoria del desastre nacional ordenó trasladar $4 billones del Programa Colombia Solar a la tristemente célebre Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).

Llama poderosamente la atención que mientras el ministro Palma aduce que la inversión en Colombia Solar es una de sus estrategias para supuestamente conjurar el racionamiento de energía, el Ministerio de Hacienda le adeuda $3,5 billones a las empresas que prestan el servicio energía y no les gira, poniendo al Sistema al borde de un apagón financiero que incrementa el riesgo de racionamiento.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El riesgo de un racionamiento simultáneo de energía eléctrica y de gas natural en Colombia es real, no es alarmismo, y quienes lo hemos venido advirtiendo no somos catastrofistas, como se nos ha endilgado por parte de los escépticos, especialmente desde el Gobierno Nacional.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La materialización del racionamiento dependerá de las condiciones hidrológicas, de la disponibilidad de combustibles para la generación térmica y de la rapidez con que se adopten medidas de contingencia.

De contera, nos sorprende en medio de la crisis energética inducida por lo demás por parte del mismo Gobierno, la más pavorosa en los últimos 30 años, lo que torna al Sistema Interconectado Nacional (SIN) más vulnerable, amén de su baja resiliencia frente al cambio climático por depender en un 58% de la generación hídrica

El cuadro actual es patético: la demanda de energía crece a un ritmo del 5,75%, alcanzando una demanda máxima histórica de 261.86 GWHD, y con tendencia a seguir creciendo debido al aumento del consumo atribuido a las altas temperaturas y a la creciente movilidad eléctrica, al punto que la demanda supera en este momento en 1.971 GWH/año la Oferta de Energía Firme.

Es más, según XM, empresa que opera el SIN y administra el mercado mayorista, actualmente en horas pico, que es cuando la demanda de energía es mayor, la capacidad instalada sólo está en capacidad de cubrir hasta el 90% de la demanda, es decir, se presenta un descalce del 10%.

Ello explica, entre otras cosas, que, al corte del 3 de julio, XM reportó 36 restricciones energéticas por estado de emergencia y 48 por estado de alerta. Es más, entre abril y julio se impartieron por parte de XM 165 instrucciones de desconexiones, las que  se denominan esquema de deslastreautomático de carga (EDAC) por baja frecuencia, que no es nada distinto que la desconexión de circuitos debido a sobrecargas ya sea en las líneas de transmisión nacional, regional, las subestaciones eléctricas y/o líneas de distribución. Con este procedimiento lo que se busca es proteger la estabilidad del SIN y evitar un corte masivo del fluido eléctrico.

El caso más crítico es el de la región Caribe, en la que desde 2023 se viene presentando un agotamiento de las redes de transmisión que transportan la energía desde el interior del país y en consecuencia se registra lo que se denomina demanda no atendida, que es un término eufemístico, pero que en la práctica es un racionamiento en la prestación del servicio.

De hecho, en un comunicado reciente de XM se informó que 5,69 GWH “podrán no ser atendidos debido a la saturación del STR y debilidad es en la configuración de la red, que hoy dificultan una operación segura”.

A ello se viene a añadir la crisis que afronta el SIN por cuenta de la abultada deuda que tiene contraída la empresa Air-e, que le presta el servicio de energía a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

En efecto, de los $4 billones que adeuda $1,5 billones corresponden a la energía que le despachan las térmicas, poniendo a estas en calzas prietas, afectando su flujo de caja para la compra del gas que requieren para operar, amenazando con un efecto dominó que puede llegar a comprometer la prestación del servicio. Es de advertir que el caso Air-e es sólo la punta del iceberg, porque el riesgo de un apagón financiero, que es como lo han denominado la Contraloría General y la Procuraduría, está en ciernes hace rato.

En cuanto al gas natural, la situación es igualmente delicada: la producción nacional ha venido disminuyendo debido al agotamiento natural de campos maduros y la declinación de los mismos. El porcentaje de gas importado desde diciembre de 2024 a esta fecha se ha incrementado desde el 20% al 33% y se estima que para el año entrante este porcentaje se elevará hasta el 40%.

Huelga decir que la mayor utilización de plantas térmicas durante el Niño incrementa significativamente la demanda de gas para generación eléctrica, compitiendo con la demanda residencial e industrial. Estamos, entonces, ante un estrés energético dual sin precedente y ante el riesgo inminente de un racionamiento en simultánea de energía y gas natural.

Lo más grave es que debido al negacionismo del gobierno de la escasez y el déficit de gas desde 2023, advertido desde 2021 por parte de la Unidad de Planeación Minero-Energético (UPME), en un estudio para la adopción del Plan de abastecimiento de gas natural 2023 – 2038, se dilató prácticamente tres años la toma de la decisión por parte del Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para dar las señales de política y la regulación para la instalación de nuevas plantas de regasificación con el fin de expandir la capacidad de importación de gas.

La única regasificadora con la que se cuenta (SPEC, en Cartagena) está operando al límite de su capacidad (475 MMPCD), convirtiéndose este en un cuello de botella. De los proyectos de nuevas plantas regasificadoras el más avanzado es el de ECOPETROL en el Pacífico y este sólo entrará a operar finalizando 2026 y su capacidad es muy limitada, de sólo 90 MMPCD.

Estamos, entonces, ante un estrés energético dual sin precedente y ante el riesgo inminente de un racionamiento en simultánea de energía y gas natural.

Según cálculos recientes, una sola hora de racionamiento le costaría a la economía del país entre $175.000 millones y $204.000 millones y si el racionamiento se prolonga podría restar entre 1,5% y 1,7% del PIB. Y

Lo que es peor, el sector informal de la economía, que supera el 58%, llevaría la peor parte, por su alto grado de vulnerabilidad y por sus mayores dificultades para mitigar los cortes. Bien dijo el Nobel de economía Joseph Stiglitz que “quienes sufren más en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla”.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El mercado colombiano de gas natural podría estar próximo a experimentar uno de los cambios regulatorios más importantes de los últimos años.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

El Proyecto de Resolución CREG 702 024 de 2026 no solo redefine aspectos relacionados con la prestación del servicio de regasificación, sino que introduce un nuevo participante al mercado: el Agregador de Demanda, una figura que abre oportunidades para empresas con experiencia en el comercio internacional de Gas Natural Licuado (GNL).

La principal innovación del proyecto consiste en la creación de la Agregación de Demanda como una actividad complementaria a la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible.

Esta decisión resulta particularmente relevante porque la regulación colombiana históricamente ha definido con precisión las actividades que pueden desarrollarse dentro de la cadena del gas natural: producción, transporte, distribución, comercialización y almacenamiento. Ahora se incorpora una nueva función especializada cuya finalidad será facilitar el abastecimiento de GNL para quienes requieran servicios de regasificación.

En términos prácticos, el Agregador de Demanda actuará como mandatario de los compradores de servicios de regasificación, encargándose de:

• Negociar la compra de GNL en los mercados internacionales.
• Gestionar la logística internacional del suministro.
• Coordinar la entrega del GNL hasta la infraestructura de regasificación.
• Representar los intereses de los compradores durante todo el proceso de adquisición.

El proyecto exige que quien aspire a convertirse en Agregador de Demanda sea una persona jurídica que acredite por lo menos dos años de experiencia específica en gestión logística o comercialización internacional de GNL.

Este requisito demuestra que la CREG busca atraer empresas con conocimiento real del mercado internacional de gas, de la contratación de cargamentos, de la logística marítima y de la coordinación entre proveedores, navieras e infraestructura de regasificación.

En consecuencia, el nuevo esquema podría generar oportunidades para empresas especializadas en trading internacional de GNL.

Otro aspecto novedoso es que el Agregador de Demanda no será designado directamente por la CREG. La propuesta establece que será el Gestor del Mercado quien adelante un procedimiento voluntario, abierto y competitivo para seleccionar a la persona jurídica que ejercerá esta función para cada infraestructura de regasificación.

*Abogado de OGE ENERGY