Categoría: Opinión

Regulatoriamente existen siete tipos de autogeneración: Pequeña Escala, Gran Escala, Remota, Colectiva, Sin Excedentes, Remoto Colombia Solar y en ZNI. 

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

Cada tipo de autogeneración tiene una regulación, características propias y cada una de ellas ofrece diversas oportunidades de negocios.

1. Autogeneración sin excedentes

La autogeneración sin excedentes elimina un elemento presente en varios de los esquemas anteriores: la inyección de energía a la red. Bajo esta modalidad, toda la energía generada debe ser consumida por el propio usuario. No existe venta, compensación ni entrega de excedentes al sistema eléctrico.

El sustento legal principal de esta figura está en el Decreto MME 1403 de 2024, el Decreto MME 0376 de 2026 y la Resolución CREG 101 099 de 2026.

2. Autogeneración a Pequeña Escala

La AGPE representa el esquema más conocido y utilizado en Colombia. Está dirigida a instalaciones con capacidad igual o inferior a 1 MW y fue concebida para facilitar la participación de usuarios residenciales, comerciales e industriales de menor tamaño.

El sustento legal principal de esta figura está en la Resolución CREG 174 de 2021 y CREG 135 de 2021.

3. Autogeneración a Gran Escala

La AGGE comparte la misma filosofía de la AGPE —producir energía para atender necesidades propias— pero se diferencia por un elemento determinante: la capacidad instalada supera 1 MW. El sustento legal principal de esta figura está en la Resolución CREG 174 de 2021.

4. Autogeneración remota

Su principal diferencia frente a los modelos tradicionales consiste en que la energía no se genera necesariamente en el mismo sitio donde se consume. El sustento legal principal de esta figura está en la Resolución CREG 101 099 de 2026.

5. Autogeneración colectiva

Este modelo resulta particularmente atractivo para conjuntos residenciales, centros comerciales, parques industriales y comunidades energéticas, donde los costos de inversión pueden distribuirse entre múltiples participantes. La diferencia clave frente a los demás esquemas es que la capacidad instalada no puede superar 5 MW.  El sustento legal principal de esta figura está en la Resolución CREG 101 072 de 2025.

6. Autogeneración Colombia Solar

El esquema denominado «Colombia Solar» puede entenderse como una aplicación práctica de la autogeneración remota enfocada en la expansión de las energías renovables. El sustento legal principal de esta figura está en la Resolución MME 40159 de 2026.

7. Autogeneración en Zonas No Interconectadas

Finalmente, la autogeneración en Zonas No Interconectadas muchas veces constituye la única alternativa viable para acceder al servicio de energía. El sustento legal principal de esta figura está en la Resolución CREG 038 de 2018.

A través de sesiones personalizadas, OGE ENERGY aborda los principales desafíos regulatorios del mercado energético colombiano.

*Abogado en OGE ENERGY

Colombia requiere hoy estabilidad institucional, responsabilidad fiscal, seguridad jurídica y capacidad de concertación, no un prolongado período de incertidumbre constitucional.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Fueron múltiples los intentos del actual gobierno de promover la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, so pretexto de superar el supuesto “bloqueo institucional”, atribuido al Congreso de la República y a las altas cortes, por el hecho de ser deliberantes y ejercer a plenitud sus funciones y competencias.

Pero, bien dijo el constitucionalista Mauricio Gaona, cuando en respuesta al alegato del Gobierno afirmó que “eso que llaman bloqueo institucional es el ejercicio de la oposición y de la separación de poderes”, esto es al sistema de pesos y contrapesos inspirado en el pensamiento y la obra de Montesquieu y reforzado por las ideas de John Locke contra la centralización y concentración del poder.

La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido y sigue siendo la bandera del partido de gobierno El Pacto Histórico, y desde luego de su candidato a la presidencia Iván Cepeda, así este, tácticamente la condicionara al Acuerdo Nacional que le sirve de señuelo para atraer a otros sectores del centro de la política, como ya lo hizo Petro hace cuatro años cuando pasó a la segunda vuelta gracias a este as que sacó de la manga.

En virtud de ese Acuerdo aterrizaron en su campaña y abrazaron su candidatura los partidos Liberal, Conservador, los verdes, la U y hasta Cambio Radical, contribuyendo así a la derrota de Rodolfo Hernández.

A renglón seguido integró un gabinete que reflejaba dicho Acuerdo, pero todo fue fugaz, efímero, sólo 6 meses después tres de sus ministros que habían llegado al mismo por cuenta del fementido “Acuerdo nacional” fueron defenestrados por disentir de los términos del frustráneo proyecto de Ley radicado en el Congreso por la ministra Carolina Corcho. Ello se podría repetir.

El fantasma de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente persiste, como nos lo recordó el 1º de mayo el candidato Cepeda cuando afirmó en la Plaza de Bolívar que “ha llegado el tiempo de ser poder constituyente”.

A última hora, después del revés de la candidatura de Cepeda en primera vuelta añagaza con desistir de su cometido de convocarla, más que como estrategia como estratagema electoral para embaucar incautos y atraer al esquivo centro político para la segunda vuelta.

Fue el propio presidente Petro quien dejó en claro que la simulación del “retiro” de su convocatoria por parte de sus promotores se reduce a la suspensión del proceso de recolección de firmas, no se descarta, es sólo una pausa.

La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia resulta a todas luces inconveniente en las actuales circunstancias políticas, económicas e institucionales del país.

La Constitución de 1991, fruto de un amplio consenso nacional, dotó a Colombia de un robusto Estado Social de Derecho, fortaleció la descentralización, amplió los derechos fundamentales y creó mecanismos de participación ciudadana que aún conservan plena vigencia.

Los problemas que hoy enfrenta el país no obedecen a un agotamiento de la Constitución, sino a las dificultades para cumplirla y hacerla efectiva. La inseguridad, la crisis fiscal, la pobreza, la informalidad laboral, la corrupción y la debilidad institucional no se solucionan cambiando las reglas de juego, sino garantizando su aplicación y fortaleciendo las instituciones existentes.

No podemos caer en lo que el ex ministro Alfonso Gómez Méndez cataloga como fetichismo constitucional, un espejismo que lleva a crear la ilusión de que los problemas del país pueden resolverse mágicamente mediante cambios de Constitución, como ahora se pretende.

Abrir la caja de pandora de un proceso constituyente en medio de una profunda polarización política como la actual podría generar mayor incertidumbre jurídica, económica y social.

La experiencia internacional demuestra que este tipo de procesos, cuando no están precedidos de amplios consensos nacionales, terminan profundizando las divisiones y debilitando la confianza inversionista, afectando el crecimiento económico, el empleo y la estabilidad institucional.

Además, existe el riesgo de que una Asamblea Constituyente desborde sus competencias iniciales, como ya sucedió en 1991. Basta recordar que la misma fue convocada como una Asamblea Constitucional para reformar la Constitución y derivó en una Constituyente que expidió una nueva Constitución. Ello puede terminar concentrando excesivo poder en el Ejecutivo, alterando el equilibrio entre los poderes públicos y debilitando los controles democráticos.

La Constitución de 1991 estableció un sistema de pesos y contrapesos justamente para evitar la concentración del poder y preservar las libertades ciudadanas.

Colombia requiere hoy estabilidad institucional, responsabilidad fiscal, seguridad jurídica y capacidad de concertación, no un prolongado período de incertidumbre constitucional.

Las reformas que el país necesita pueden y deben tramitarse a través de los mecanismos ordinarios previstos en la propia Constitución. Cuando se dice en el texto con el que se pretende convocar la Constituyente que “las herramientas jurídicas ordinarias resultan insuficientes para forzar al Congreso a legislar cuando este incurre en omisiones legislativas absolutas”, entendidas estas como la reticencia a aprobar sin reparos las iniciativas del ejecutivo, es una forma de considerar al Congreso como un estorbo, como un obstáculo a remover.

Como lo afirma Hernando Gómez Buendía, “la mayoría puede y debe decidir en todos aquellos casos en los cuales ha sido previsto que decida, cómo debe decidir y por cuánta mayoría. Eso sí, no puede usarse para cambiar las reglas de juego que existían al comienzo del partido… La democracia no consiste en la voluntad mayoritaria sino en el respeto por los procedimientos”. De lo contrario se impondría el mayoritarismo avasallador. Y por esta vía Colombia haría tránsito de un régimen presidencialista al absolutismo presidencial, que sería lo más próximo al despotismo. Dios nos libre.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Con éxito, AGREMGAS realizó el 5to Summit Internacional de GLP, evento aportó información valiosa alrededor del gas licuado de petróleo. En este artículo destacamos ocho puntos relevantes: 

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

Primero: El GLP tiene un gran potencial para su uso en el transporte terrestre y la generación de electricidad.

Segundo: La importación es en estos momentos una solución para el mercado de gas natural y gas licuado de petróleo. La producción nacional de GLP para abastecer la demanda presenta una tendencia a la baja, situación que se ha logrado superar a través de la construcción y ampliación de las capacidades de importación por parte de los agentes del sector.

Tercero: Ante el incremento de la importación, se evidencia la necesidad de realizar análisis de las brechas entre el GLP importado y GLP nacional en lo que respecta a los costos, mecanismos de asignación y su potencial impacto tanto en la cadena de suministro como en los usuarios finales.

Cuarto: Se evidencian alternativas para aumentar el potencial de oferta nacional de GLP, no obstante, y de acuerdo con los análisis presentados, se requieren señales normativas, regulatorias y/o mecanismos adicionales que incentiven su materialización.

Quinto: Se prevé que el uso de ductos para transportar GLP se detendrá debido a la disminución de la oferta proveniente de la refinería de Barrancabermeja y a los proyectos de adecuación para su uso. La logística requerida para conectar puntos de oferta con centros de consumo se ejecuta a través de otros mecanismos de movilización de producto.

Sexto: Dada la creciente dependencia del GLP importado, se recomienda evaluar condiciones operativas para mejorar la infraestructura portuaria en el Pacífico colombiano (Buenaventura, Tumaco) como alternativa para mejorar la logística en el suroccidente del país.

Séptimo: Gestor del Mercado de GLP. Se necesita fortalecer los sistemas de información del sector para mejorar la planeación y el análisis de las necesidades de abastecimiento y confiabilidad, incluyendo la revisión de datos de consumo en todos los sectores, lo cual se podría desarrollar a través de un Gestor del Mercado de GLP, como ocurre en los sectores de gas natural y de energía eléctrica.

*Abogado en OGE ENERGY.

El fracking ha avanzado hacia una mayor precisión. La combinación de perforación horizontal multilateral, modelamiento geológico en 3D y sensores inteligentes permite optimizar la ubicación de los pozos y reducir la cantidad de intervenciones necesarias.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El gobierno Petro y el Pacto Histórico se descuelgan por las orejas cuando se les responsabiliza por la escasez de gas que obligó a importarlo para satisfacer la demanda esencial desde diciembre de 2024.

Tienen razón cuando afirman que las reservas probadas de gas han caído el 50% en los últimos 15 años. ¿Pero, cuál es la responsabilidad que les cabe a ellos? Lo primero es que, a sabiendas de que las reservas probadas de hidrocarburos (petróleo y gas) vienen cayendo, resulta insensato descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación.

Se procedió, además, a apagar los pilotos que estaban llamados a establecer, con criterio técnico y científico, la viabilidad de la implementación de la técnica del fracking en Colombia para explotar los yacimientos no convencionales, los cuales gozan de gran prospectividad. Y lo hicieron por razones eminentemente ideológicas, al tiempo que promovieron y avalaron la presentación de un proyecto, con mensaje de urgencia para su prohibición.

De haberse determinado su viabilidad a partir de los pilotos, con su utilización Colombia habría revertido la tendencia a la declinación de las reservas de hidrocarburos y el país contaría con mayor producción de petróleo y gas, consolidando la seguridad y la soberanía energética. Al impedirlo, es responsabilidad de este gobierno la pérdida de una y otra.

Es de anotar que todas las críticas y reparos que se le hacen por parte de los anti fracking a esta tecnología está referida a la técnica del fracking 1.0, pero la misma ha evolucionado mucho y ya estamos en la técnica del fracking 6.0, que la torna menos impactante sobre el medioambiente.

Esta nueva técnica incorporó el uso de la inteligencia artificial y monitoreo sísmico en tiempo real para optimizar la perforación, tornándola de alta precisión y reducir el número de pozos, utilizando plataformas multipropósito, al tiempo que reduce la huella superficial, como también la reutilización y reciclaje de aguas de producción, que no compite con los acuíferos, disminuyendo el consumo de agua dulce.

Se emplean ahora fluidos biodegradables, menos tóxicos, arenas sintéticas de menor impacto y se reduce al mínimo el uso de químicos peligrosos. Muy en línea con la transición energética, que conlleva la electrificación de los procesos productivos, ahora los equipos que se utilizan han reemplazado el consumo del diésel por la electricidad, en lo posible proveniente de fuentes renovables y limpias, bajando de esta manera las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Se ha mejorado, además, el sellamiento y encamisado de los pozos perforados para minimizar el riesgo de filtraciones. Un aspecto clave de la misma es la captura y control de las emisiones fugitivas de metano.

En términos técnicos, el fracking ha avanzado hacia una mayor precisión. La combinación de perforación horizontal multilateral, modelamiento geológico en 3D y sensores inteligentes permite optimizar la ubicación de los pozos y reducir la cantidad de intervenciones necesarias.

Hoy, algoritmos de inteligencia artificial analizan en tiempo real variables como presión, micro-sismicidad y comportamiento del fluido, ajustando la operación para maximizar la eficiencia y minimizar riesgos. Esto se traduce en menos consumo de agua por barril producido y una menor huella superficial.

Ello fue lo que llevó a la presidenta de México Claudia Sheinbaum a dar un viraje de 180 grados con respecto al uso de esta técnica en México. Ella defendió en una rueda de prensa el pasado 9 de abril su apertura al uso de tecnologías de extracción de gas no convencional a través de la fracturación hidráulica, pese a haberse pronunciado en contra antes y aseguró que es una forma de “fortalecer” la soberanía nacional con técnicas de “bajo impacto ambiental. Hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional… Son nuevas tecnologías de explotación con menores impactos ambientales que nos abren la posibilidad de utilizar ese gas… De las primeras tecnologías que se usaron a las actuales hay una diferencia muy grande”,dijo la mandataria

Ello explica, a guisa de ejemplo, el contraste de las emisiones de CO2 en el Permian, en el Estado de Texas (EEUU), yacimiento en el cual Ecopetrol está asociado con la OXY en la explotación del mismo utilizando la técnica del fracking.

Mientras en el Permian se emiten 8 kilogramos de CO2 por cada barril que se extrae, en Colombia, en los campos de yacimientos convencionales, en la que no se utiliza la técnica del fracking, las emisiones de CO2 atribuibles a la extracción de cada barril de crudo es de 64 kilogramos, 8 veces las del Permian.

Es más, en algunos desarrollos avanzados, la misma infraestructura utilizada para la fracturación hidráulica puede adaptarse, al final de la vida útil del yacimiento, para inyectar CO₂ en formaciones geológicas profundas. Esto abre la puerta a modelos híbridos en los que la explotación de hidrocarburos no convencionales se combine con estrategias de descarbonización, reduciendo parcialmente su impacto climático.

La lección que nos deja Sheinbaum es que los principios hay que modularlos con el pragmatismo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Demandamos la Resolución CREG 101 099 de 2026, en especial por la omisión en la definición de Productor Marginal Remoto.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

La definición del Productor Marginal Remoto (PRM) contenida en la Resolución CREG 101 099 de 2026 ha abierto una discusión relevante en el sector energético. La controversia surge porque la definición de la CREG en dicha resolución parece ser más restrictiva que la prevista en normas de superior jerarquía.

En efecto, el artículo 3° de la Resolución CREG 101 099 de 2026 define al Productor Marginal Remoto como:

“Productor marginal remoto (PMR). Es la persona natural o jurídica que utilizando recursos propios y técnicamente aceptados produce energía eléctrica para que a través de un agente comercializador se realice la atención remota de una clientela compuesta exclusivamente por quienes tienen vinculación económica directa, con un activo de generación de cualquier valor de capacidad instalada y cualquier tipo de recurso empleado para tal fin (PMRUFR) y en los términos establecidos en esta resolución.” (Subrayado fuera de texto).

El punto de debate está en la expresión “clientela compuesta exclusivamente por quienes tienen vinculación económica directa”, pues reduce considerablemente el espectro de destinatarios de la energía solo a esa categoría: vinculados ecenómicos. Sin embargo, esto choca con la Ley 142 de 1994, la cual define al productor marginal en su artículo 14.15 en términos más amplios:

“Productor marginal, independiente o para uso particular. Es la persona natural o jurídica que utilizando recursos propios y técnicamente aceptados por la normatividad vigente para cada servicio, produce bienes o servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos para sí misma o para una clientela compuesta exclusivamente por quienes tienen vinculación económica directa con ella o con sus socios o miembros o como subproducto de otra actividad principal.” (Subrayado fuera de texto).

Esta definición legal, contenida en la Ley 142 de 1994, norma que establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, no limita la figura del productor marginal exclusivamente a los vinculados económicos directos del productor.

Por el contrario, a diferencia de la definición reciente adoptada por la CREG en la resolución arriba citada, también comprende a quienes tengan vinculación económica directa con sus socios o miembros. Por consiguiente, los socios y miembros hacen parte del alcance de la figura de productor marginal remoto y no pueden entenderse excluidos por la definición entregada por la Comisión.

A su vez, el Decreto MME 1403 de 2024, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1073 de 2025, al regular los parámetros para ser considerado autogenerador o productor marginal de energía eléctrica, vino y reiteró el alcance de la definición señalada en la Ley 142 de 1994.

En particular, el artículo 2.2.3.2.4.3 dispuso:

“Parámetros para ser considerado autogenerador o productor marginal. Para ser considerado autogenerador o productor marginal de energía eléctrica se deben cumplir los siguientes parámetros:

«1. La energía eléctrica producida por la persona natural o jurídica podrá utilizar los activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y/o los sistemas de distribución para su propio consumo en el caso de los autogeneradores, para sí mismos, o para el consumo de personas con las que tiene vinculación económica directa o con sus socios o miembros en el caso de los productores marginales, en sitios distintos a los de producción.” (Subrayado fuera de texto).

De esta comparación se advierte una contradicción legal y jurídica: mientras la Ley 142 de 1994 y el Decreto MME 1403 de 2024, compilado en el Decreto 1073 de 2015, reconocen como posibles destinatarios a los vinculados económicos, socios o miembros, la Resolución CREG 101 099 de 2026 solo menciona a quienes tienen vinculación económica directa.

Bajo el contexto anterior, demandamos la Resolución CREG 101 099 de 2026, en especial por la omisión en la definición de Productor Marginal Remoto.

* Abogado en OGE ENERGY.

Más allá de los hidrocarburos y el carbón, el Caribe colombiano emerge como plataforma de la transición energética, hasta convertirse en hub regional.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En 1975, justo cuando Colombia perdió la autosuficiencia y paso de ser exportador de petróleo a importador, situación que se prolongó por diez años, se declaró la comercialidad de los mayores yacimientos de gas y de carbón en La Guajira y en el Cesar, convirtiéndose la región Caribe en la despensa minero-energética del país. De no haber sido por ello, la crisis fiscal y de la balanza de comercio exterior habría sido crítica.

La historia se repite ahora cuando la transición energética demanda el desarrollo de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). El Caribe le vuelve a tenderle la mano a Colombia para aprovechar de la mejor manera esta ventana de oportunidad para su desarrollo económico y social, ambientalmente sostenible e incluyente.

El Caribe colombiano se consolida como el eje estratégico de la transición energética. Gracias a su ubicación geográfica privilegiada, al decir del gran pensador antioqueño Luis López de Mesa, la esquina oceánica de América, su infraestructura portuaria y su enorme potencial en recursos naturales, la región no solo ha sido históricamente protagonista en el sector minero-energético, sino que hoy se perfila como el epicentro de las energías limpias del país.

Departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico concentran una parte sustancial de la producción de carbón, gas natural y energía térmica de Colombia. En particular La Guajira posee uno de los mayores potenciales eólicos de América Latina, con velocidades de viento constantes, lo que ha atraído inversiones nacionales e internacionales para el desarrollo de parques eólicos y proyectos de granjas solares – fotovoltaicas a gran escala, que se han esparcido en el Caribe hasta alcanzar los 1.6 GW de capacidad instalada.

Desafortunadamente, la parálisis y el abandono de los 16 parques eólicos en La Guajira, con un potencial de 2.4 GW ha privado a Colombia de disponer de dicha capacidad, que contribuiría, además de diversificar y robustecer la matriz eléctrica, a hacerla más resiliente frente al fenómeno de El Niño, por su carácter contracíclico. Esta es una de las asignaturas pendientes  que le deja como legado este gobierno al entrante.

Y ello, en momentos en los que Colombia enfrenta un panorama complejo: reservas probadas y de producción de gas natural en franca declinación, al punto de tener que importarlo desde diciembre de 2024 para satisfacer la demanda esencial.

Por lo demás, la única planta regasificadora con la que cuenta el país para dichas importaciones es la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG), ubicada en Barú (Cartagena). Además, acusa una estrechez en la Oferta de Energía Firme (OEF), que este año se estima por parte de ACOLGEN entre 2.2% y 2.9%.

La región también que ha sido clave en la producción y transporte de gas natural, considerado el energético de la transición, con una infraestructura estratégica que conecta los campos del Caribe con el interior del país.

Hoy, la mayor apuesta del país para recuperar la seguridad y la soberanía energética está en el yacimiento de Sirius, ubicado costa afuera entre los departamentos de La Guajira y Magdalena, con reservas estimadas de 6 TPC, el triple de las reservas probadas remanentes.

He insistido en que el país ha desestimado la importancia del aprovechamiento del gas metano asociado a los mantos de carbón (CBM, por sus siglas en inglés), cuyas reservas entre los departamentos de Cesar y La Guajira se calculan en 7 TPC.

Pero como su declaratoria de comercialidad se proyecta hacia el 2030 y ante el déficit de gas que se proyecta en 20% en 2026, escalando hasta el 50% en 2029, se requiere ampliar la capacidad de importación, para lo cual se requiere la instalación de nuevas unidades de plantas regasificadoras.

Los dos proyectos más avanzados son los de La Guajira, liderado por TGI, y otro en Cartagena, promovido por Ecopetrol, asociada con Frontera Energy.

Asimismo, los puertos sobre el mar Caribe facilitan la exportación de carbón, a los que todavía, a pesar de los malos augurios del presidente Petro, les queda futuro por delante, razón por la cual Colombia no puede renunciar a él prematuramente, y otros recursos energéticos, consolidando de esta manera su rol en el fortalecimiento de la balanza comercial.

Más allá de los hidrocarburos y el carbón, el Caribe colombiano emerge como plataforma de la transición energética, hasta convertirse en hub regional. Los proyectos de energías renovables no convencionales —solar y eólica, especialmente—, junto con iniciativas de hidrógeno verde, posicionan a la región como un polo de innovación y sostenibilidad.

El proyecto de hidrógeno verde va en línea con la necesidad que tiene el país de acompasar la transición energética con una estrategia de transformación productiva,diversificando la economía mediante el impulso de otros sectores como la industria, el turismo y la agricultura.

Y, a propósito de la agricultura, bueno es advertir que, aunque el Gobierno se ha encargado de instalar en el imaginario colectivo la idea de que la transición energética y las FNCER se reducen a la energía eólica y solar, el espectro de ellas es mucho más amplio.

Se requiere integrar a la matriz energética otras fuentes tales como la energía geotérmica, el potencial de generación de energía hídrica a filo de agua y, cómo no, los biocombustibles, considerados por la Agencia Internacional de Energía (AIE), como “una pieza clave dentro de la estrategia global para descarbonizar la economía”.

Entre los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar se cuenta con 127.350 hectáreas sembradas de palma africana, cuyo fruto es la materia prima para producir el biodiesel para las mezclas del 10% en el país, susceptible de incrementarlas, tal como lo he planteado para que se amplíe la frontera agrícola en Colombia.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El pasado viernes 22 de mayo se realizó la quinta subasta del Cargo por Confiabilidad. El resultado fue inesperado para muchos, desde los precios de cierre hasta los participantes.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

El precio en que cerró la quinta subasta del Cargo por Confiabilidad fue de 22 USD/MWh para el grupo de plantas con precios variables inferiores, PCVI. Y el precio de cierre de 16,4 USD/MWh fue para el grupo de plantas con precios variables superiores.

Pero, el protagonismo lo tuvo el proyecto de generación térmica Termoinduenergy-Nencol 5, que dio la sorpresa por tres razones:

La primera es que Termoinduenergy-Nencol 5 es el único proyecto nuevo de generación térmica que resultó con asignación de Oferta de Energía Firme (OEF). Aclaro, sí hubo asignación para otras plantas térmicas, pero ya existentes. Proyectos nuevos térmicos solo Termoinduenergy-Nencol 5.

La segunda sorpresa es el energético con que se respaldará este proyecto cuando entre en operación, que será gas natural importado. Así las cosas, Termoinduenergy-Nencol 5 se convierte en el único proyecto que apalancará la puesta en operación de infraestructura de importación de gas natural en Colombia.

La tercera sorpresa es que este proyecto es de una capacidad superior a 2.200 MW, que lo hace el proyecto térmico más grande en Colombia. Y, cuando alcance la entrada en operación comercial, será de las principales plantas de generación de energía en Colombia.

Así las cosas, Termoinduenergy-Nencol 5 reportará para Colombia beneficios tangibles como alta potencia firme, baja emisión frente al carbón o fuel oil, un gran ⁠respaldo para el sistema eléctrico, y una planta de generación con alta eficiencia a partir de su Heat Rate.

En términos generales, aplaudo al Gobierno de Colombia, específicamente al Ministerio de Minas y Energía, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la empresa XM, por los resultados de la quinta subasta de expansión de generación de energía en la cual se asignaron OEF a 15 proyectos nuevos, donde el outlier fue Termoinduenergy-Nencol 5.

* Abogado de OGE ENERGY

La sostenibilidad fiscal no es un asunto ideológico; es una condición indispensable para garantizar la viabilidad de las políticas públicas y la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La crisis fiscal que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro dejó de ser una advertencia de los analistas para convertirse en una realidad inocultable.

El creciente déficit fiscal, que crece a un ritmo endiablado de $50 billones anualmente, el aumento sostenido del endeudamiento público, la caída de los ingresos tributarios y el desbordamiento del gasto, han puesto en evidencia la fragilidad de las finanzas del Estado colombiano.

El Gobierno apostó a una ambiciosa expansión del gasto público sustentada en la premisa de que la reforma tributaria garantizaría recursos suficientes para financiar sus programas sociales y sus promesas de transformación económica.

Sin embargo, después de la reforma tributaria de 2022, cuyo mayor recaudo se esfumó, los intentos de otras se le frustraron al gobierno y el menor crecimiento económico, la desaceleración de sectores estratégicos y la reducción de la inversión privada terminaron afectando el recaudo fiscal, generando un preocupante desbalance entre ingresos y gastos.

A ello se suma el debilitamiento deliberado de sectores que históricamente han contribuido de manera significativa a las finanzas nacionales, como el minero-energético.

La incertidumbre regulatoria, los mensajes contradictorios frente a la exploración de hidrocarburos y las restricciones a nuevos proyectos, han impactado la confianza inversionista y reducido las expectativas de ingresos futuros provenientes del petróleo y el gas, pilares fundamentales de las exportaciones y de los recursos fiscales del país.

La situación se agrava por el incremento del servicio de la deuda pública. Hoy una proporción cada vez mayor del presupuesto nacional debe destinarse al pago de intereses y amortizaciones, limitando el margen de maniobra del Estado para invertir en infraestructura, salud, educación y seguridad. En otras palabras, el Gobierno dispone de menos recursos para atender las necesidades sociales porque una parte creciente del presupuesto está comprometida con la deuda.

El Gobierno central acusa un déficit primario (excluyendo intereses de la deuda) de 3.6%, según la CEPAL, el más alto de Latinoamérica. El déficit fiscal cerró 2025 en 6.4%. 

El abultado déficit y el creciente endeudamiento afectan la sostenibilidad fiscal, lo cual le ha valido a la Nación la rebaja de la calificación de la deuda soberana, así como el mayor costo de su deuda y de su endeudamiento, al punto que la mayor prima de riesgo le ha significado pagar tasas de colocación hasta el 14.46%.

De ello se sigue una mayor erogación para cubrir el servicio de la deuda. Como botón de muestra tenemos la apropiación de $46 billones más en dicho rubro en el PGN para 2027, partida que explica por sí sola el incremento del aforo presupuestal para el año entrante, constituyéndose en la mayor de todas después de la educación, restándole de paso espacio a la inversión. Esta partida es la verdadera inflexibilidad del gasto público de que tanto se queja el gobierno para justificar sus fallidos intentos de pasar una nueva reforma tributaria por el Congreso de la República. 

Otro elemento preocupante es la pérdida de credibilidad frente a los mercados y las agencias calificadoras. La incertidumbre sobre el cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas se ha traducido en mayores costos de financiamiento para el país, afectando tanto al Estado como al sector privado.

En mi concepto, el hecho de que la exhausta caja de la Nación cayera un 45.7%, desde los $13.8 billones en abril de 2025 a los $7.5 billones, es solo la punta del iceberg. 

Estamos en presencia de un déficit estructural de las finanzas del gobierno central, el cual refleja el descalce entre los ingresos del orden del 16.3% del PIB y el gasto, que alcanza el 22.7%. Estamos en presencia de un verdadero desbarajuste fiscal.

Este estrés y la incontinencia del gasto, advertida por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que llevó al gobierno a pausar el cumplimiento de la Regla Fiscal, ha llevado al gobierno a endeudarse exageradamente. 

Basta decir que la deuda bruta del Gobierno Nacional Central (GNC) alcanzó la cifra histórica de $1.238 billones, lo que representa un incremento cercano al 20% en un solo año y un aumento de más de $433 billones desde agosto de 2022.

El ajuste fiscal requerido será una ímproba tarea, puesto que implica adoptar decisiones difíciles pero necesarias: racionalizar el gasto, priorizar la inversión productiva, controlar el crecimiento del endeudamiento y fortalecer las fuentes permanentes de ingresos. No se trata únicamente de reducir el déficit en el corto plazo, sino de enviar señales claras de disciplina y responsabilidad fiscal.

Cabe advertir el hecho de que el elevado déficit fiscal se ha venido a sumar al creciente déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos. El déficit de la Balanza Comercial pasó de US $10.807 millones en 2024 a US $16.377 millones en 2025, un incremento del 51,5%. Los denominados déficits gemelos (déficit fiscal + déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos) alcanzaron el -8.8%, el mayor en la última década.

En momentos de incertidumbre internacional, volatilidad de los precios del petróleo y desaceleración económica, mantener unas finanzas públicas sanas es fundamental para proteger la estabilidad económica y social del país.

La sostenibilidad fiscal no es un asunto ideológico; es una condición indispensable para garantizar la viabilidad de las políticas públicas y la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El Gobierno desperdició un tiempo precioso para tomar las medidas apropiadas para destrabar la ejecución de los proyectos de generación y de transmisión eléctrica, en cumplir con el pago de la abultada deuda con las empresas comercializadoras, en adelantar con sentido de urgencia la convocatoria de subastas de reconfiguración y expansión, y en conformar la CREG.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Hay dos tipos de riesgo, uno inmanente, estructural, y el otro inminente. Este último, a su vez, tiene dos componentes. Veamos: en cuanto al primero aludo a la vulnerabilidad de la matriz eléctrica frente a fenómenos extremos como El Niño, habida cuenta que el 58% de la capacidad instalada de generación es hídrica y por lo tanto expuesta a condiciones de hidrología crítica que compromete su operatividad.

Tanto más en cuanto que de los veinticuatro embalses que les sirven a las centrales de generación sólo uno de ellos, El Peñol, que le sirve a Guatapé, tienen una capacidad de regulación de más de un año, los demás a lo sumo sólo cuatro meses.

Esta vulnerabilidad pudo haberse mitigado si se hubiera cumplido el compromiso adquirido por parte del presidente Gustavo Petro de integrar a dicha matriz 6 GW de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), entre eólica y solar.

Entre 2019 y 2021 se asignaron 2.400 MW a instalarse en 16 parques eólicos en La Guajira, los primeros de ellos han debido entrar en operación en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno. El avance en renovables se reduce a los 1.875 MW en operación en granjas solares.

En cuanto al riesgo inminente, hablemos primero del déficit de la Oferta de Energía en Firme (OEF). Como lo ha informado XM existe en este momento un desbalance entre la oferta y la demanda de energía. Se está presentando un déficit de 2,2% que representa aproximadamente 250 a 300 MW de capacidad firme faltante, equivalente a todo el consumo de una ciudad como Bucaramanga.

De otra parte, es cada vez más inminente un apagón financiero de las empresas del sector eléctrico, que es como han llamado los organismos de control la crisis financiera a la que están abocadas por la deuda acumulada que las tiene en serias dificultades.

Me refiero a las deudas por concepto de los subsidios al consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3, que el Gobierno Nacional se ha abstenido de girarles ($2,4 billones), de la opción tarifaria ($3,2 billones), que el presidente Petro se comprometió pero no cumplió pagar.

El caso más patético es el de la empresa Air e, la cual fue intervenida hace 20 meses, ya son 6 agentes interventores los que han desfilado por ella y no sólo no se han superado las causales de insolvencia, iliquidez y falta de caja que determinaron su intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, sino que esta se ha convertido en parte del problema y por su negligencia la empresa intervenida hoy no está mejor que cuando estuvo peor. Esta empresa adeuda más de $2 billones, de los cuales más de $1 billón es con las generadoras.

Este es el estado en el que sorprende al sector eléctrico el anuncio de que el temido fenómeno de El Niño ya no es una probabilidad sino, como lo afirmó la directora del IDEAM, “una certeza científica… más severo que el del 2024”. En su más reciente reporte dijo que “el fenómeno de El Niño llegará a Colombia antes de lo previsto”, peor aún, “será fuerte o muy fuerte”.

Ello llevó al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a expresar en la Circular 40023 del 14 de mayo dirigida a la CREG que se cierne “una situación de riesgo inminente para la prestación continua del servicio de energía eléctrica”.

Y no es para menos, puesto que lo peor es que se viene configurando una tormenta perfecta en la que El Niño es sólo el detonante. Veamos: el pasado 2024 pasamos, pero por la cornisa, a ras, gracias a que para entonces contamos con una reserva de capacidad de generación excedente de energía del 5% y ahora estamos en rojo. Entonces tuvimos la holgura que hoy no tenemos en oferta de gas natural, el que necesitan las térmicas para operar cuando son requeridas y van a ser requeridas.

Recordemos que desde diciembre de 2024 se está importando gas para satisfacer la demanda esencial y para ello sólo se cuenta con la única regasificadora (SPEC, en Barú, Cartagena) que está operando al límite de su capacidad de 475 MPCD.

De modo que, muy seguramente, cuando las térmicas pasen de generar el 15% al 55% y se requieran mayores volúmenes de gas importado, nos vamos a enfrentar al dilema de racionar el servicio de energía o racionar el suministro de gas natural como ya sucedió en octubre de 2025 cuando la SPEC entró en mantenimiento programado. 

El Gobierno desperdició un tiempo precioso para tomar las medidas apropiadas para destrabar la ejecución de los proyectos de generación y de transmisión, en cumplir, como es su deber, con el pago de la abultada deuda con las empresas comercializadoras, en adelantar con sentido de urgencia la convocatoria de subastas de reconfiguración y expansión, en conformar una CREG, que ha permanecido la mayor parte del tiempo en interinidad y durante un largo lapso sin quorum para tomar decisiones.

En su lugar, hemos tenido una política errada y errática, caracterizada por la imprevisión y la improvisación, en medio de una hostilidad permanente contra las empresas, satanizándolas y exponiéndolas constantemente a amenazas y medidas que, en lugar de atraer a los inversionistas, ha erosionado la confianza inversionista y llevándose de calle la seguridad jurídica.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Una “hecatombe contractual” en el suministro de gas natural puede presentarse cuando se produce un efecto dominó de incumplimientos, desequilibrios o rupturas contractuales que terminan afectando de manera sistémica a toda la cadena del mercado, incluidos los transportadores.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

La coligación contractual surge cuando existen varios contratos autónomos que, pese a conservar individualidad jurídica propia, se encuentran funcionalmente vinculados para alcanzar una finalidad económica común.

En el sector gasífero los contratos de suministro no son independientes, con lo cual, lo que ocurra en contratos de suministro impacta en los contratos de capacidad de transporte. Con lo cual, si un productor comercializador preponderante da por terminado sus compromisos contractuales, sin duda, se presentaría una hecatombe contractual.

Para hablar de “coligación” se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

Primero: Pluralidad de contratos, se requiere la existencia de, al menos, dos negocios jurídicos que cumplan los requisitos legales para su existencia y validez.

Segundo: Nexo funcional, existencia de un nexo causal habida cuenta que se debe buscar la consecución de un mismo resultado.

Bajo el entendido anterior, se entiende la coligación contractual como una pluralidad de varios contratos, independientes en principio, que son celebrados con una coincidente finalidad “supra individual”, es decir, tienen un alcance jurídico superior bajo resultados que afectan a todos los contratos vinculados.

A propósito, en un Laudo entre Canacol Energy Colombia S.A. vs Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S., el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, señaló, palabras más palabras menos, que la coligación contractual surge cuando dos o más contratos, aunque conservan su autonomía e individualidad jurídica, se articulan de manera estratégica y coordinada para alcanzar un objetivo superior de carácter práctico, económico o empresarial que les es común.

En este escenario, cada negocio jurídico adquiere verdadero sentido en función de la ejecución conjunta de los demás, pues únicamente a través de su interacción armónica es posible materializar la finalidad perseguida por las partes.

Por ello, una “hecatombe contractual” en el suministro de gas puede presentarse cuando se produce un efecto dominó de incumplimientos, desequilibrios o rupturas contractuales que terminan afectando de manera sistémica a toda la cadena del mercado de gas natural, incluidos los transportadores.

Se trata de un escenario en el que la alteración de uno o varios contratos esenciales desencadena consecuencias sucesivas sobre múltiples agentes vinculados técnica y económicamente.

*Abogado de OGE ENERGY