Economía colombiana, sudando petróleo

El exministro Amilkar Acosta hace un análisis sobre las implicaciones de la guerra de precios del petróleo sobre la economía colombiana, en medio de la crisis mundial por el coronavirus.  

Por: AMYLKAR ACOSTA MEDINA*

31 de marzo de 2020.   Si algo caracteriza a los precios del petróleo es su volatilidad, y esta está determinada por los fundamentales del mercado y/o por las viceversas de la geopolítica. El caso más patético fue lo ocurrido a raíz de la Guerra del Yonkipur en octubre de 1973, que provocó una espiral alcista de los precios del petróleo desde los US $2.5 el barril de crudo ese año hasta los US $30 en 1979, para un alza del 1.200%. Desde entonces la tendencia de los precios del petróleo ha sido al alza, pero sin dejar atrás su volatilidad, al punto que, después de haber alcanzado su máximo histórico de US $146.50 el barril en julio de 2008, se desplomó hasta tocar piso en enero de 2016 bordeando los US $24 el barril.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se preveía que, a consecuencia del enfriamiento de la economía global, atribuible a la guerra comercial que el presidente Donald Trump le había declarado al resto del mundo, la demanda de petróleo en 2020 se reduciría, por primera vez desde 2009, aproximadamente en 90.000 barriles/día.

De hecho ya veníamos con una sobreoferta de crudo que presionaba el precio a la baja, lo que condujo a la OPEP y a otros 10 países más, encabezados por Rusia, a hacer causa común para atajar la caída de los precios. Con tal fin acordaron desde 2017 reducir su oferta y esta medida les venía funcionando, al punto que el año anterior el promedio del precio fue de US $64 el barril.

Con lo que nadie contaba era con que en los albores de 2020 se iba a desatar la pandemia del COVID-19 que, al obligar a tomar medidas extremas por parte de todos los países para contener su avance, se afectaron las cadenas de valor a nivel global, contagiando a la economía.

Llegamos al punto que, al limitarse la producción y circulación de personas, bienes y servicios, según la directora del FMI Kristalina Georgieva, “hemos entrado en una recesión igual o peor que la del 2009”. Y esta recesión, todavía en ciernes, afecta la demanda de petróleo arrastrando los precios a la baja, repitiéndose la historia de 2008, cuando la economía global tuvo un decrecimiento de -0.6% y los precios del crudo cayeron de un promedio de US 94.10 el barril en 2008 a US $60.86 en 2009.

Pero, como por la Ley de Murphy todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar, el desencuentro entre Arabia Saudita, que lidera la OPEP, y Rusia, impidió que se extendiera el acuerdo alcanzado hasta diciembre de 2020 y desató una guerra de precios que ha puesto en jaque a los productores y exportadores de petróleo en todo el mundo.

Los precios del crudo se deslizaron desde los US $68.9 el barril de la referencia BRENT el 6 de enero de este año hasta los US $22.76 al cual se cotizó el 30 de marzo pasado, su menor nivel desde noviembre de 2002. Y no es para menos, luego de conocerse el anuncio de Arabia Saudita de llevar su producción a un nivel record de 10.6 millones de barriles diarios para el mes de mayo.

Bien decía Napoleón Bonaparte que cuando uno sube se puede detener, pero cuando baja es muy difícil detenerse; esto, para decir que no se vislumbran mejores precios para el petróleo en el inmediato futuro, máxime cuando, como afirma Eugen Weinberg de Commerzbank, “no hay ninguna señal de reconciliación entre Arabia Saudita y Rusia”. Cómo será que el impredecible Donald Trump se atrevió a espetar que “esta es una lucha entre Arabia Saudita y Rusia y ambos se volvieron locos”.

Arabia Saudita está convencida, como lo dice Andre Lebow de Commodities Research, que “con las mayores reservas de crudo y el bajo costo de su producción va a ganar” esta guerra y Rusia considera que está en capacidad de resistirla.

Los déficits gemelos

Así las cosas, la economía colombiana va a tener que soportar este año un choque externo a consecuencia de la caída de los precios del petróleo muy severo, después de cerrar el año anterior con los déficits gemelos a cuestas: 4.3% de déficit en la cuenta corriente de la Balanza de pagos y un déficit fiscal aparentede 2.5%.

De mantenerse los precios del crudo alrededor de los US $30 el barril por el resto del año, lo que es muy probable, y siendo que este renglón de las exportaciones representa el 40%, aproximadamente, se teme que el déficit de cuenta corriente puede llegar a superar el 5%. Huelga decir que también impactará el ritmo de crecimiento de la economía, toda vez que por cada US $10 que baja el precio del barril de crudo reduce en un 0.4 puntos porcentuales el crecimiento del PIB.

Además, si tenemos en cuenta que el precio de referencia que se tuvo en cuenta en la actualización del Plan financiero de 2020 fue de US $60.5 dólares el barril, la diferencia le pasará factura al Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2020 por valor de $12 billones.

La situación se complicaría aún más el año entrante, dado que será entonces cuando se sentirá con todo su rigor el costo fiscal, por cuenta de las exenciones y beneficios tributarios a las empresas, de la Ley de crecimiento aprobada el año anterior, que se calcula en unos $10 billones y también la caída de los ingresos al fisco por concepto de impuesto de rentas, dividendos y regalías que paga la industria petrolera. Por cada dólar que baja el precio del barril de crudo se dejan de recibir $429.000 millones y por cada 10.000 barriles que se dejan de exportar se dejan de recibir $301.000 millones.

Colombia se verá afectada por partida doble, porque a la baja de los precios, que es ineluctable, se vendrá a sumar la caída de la producción y las exportaciones de crudo porque los pozos que produzcan a costos por encima de los US $30 el barril, que son muchos, seguramente dejarán de bombear. En suma, este bajonazo de los precios del crudo ha puesto a la economía colombiana a sudar petróleo.

Este cuadro tan amenazador fue el que llevó a la firma calificadora de riesgo S&P Global Ratings a rebajar la perspectiva desde estable hasta negativa, advirtiendo que “la perspectiva negativa indica la visión de los riesgos a la baja para las métricas fiscales y externas de Colombia durante los próximos 18 meses.

Ya a finales del año anterior otra firma calificadora de riesgo, Fitch, había ratificado también la calificación inversionista de la deuda soberana de Colombia, pero con perspectiva negativa, sustentada en el hecho que la misma “refleja los riesgos continuos para la consolidación fiscal y la trayectoria de la deuda pública, el debilitamiento de la credibilidad de la política fiscal y el aumento de las vulnerabilidades externas derivadas de los mayores desequilibrios externos y el aumento del endeudamiento.”

Como afirma Daniel Guardiola, economista de BTG Pactual, “la economía colombiana enfrenta un período desafiante, con un empeoramiento del déficit de cuenta corriente, un aumento del déficit fiscal, una desaceleración de la actividad económica y, finalmente, un deterioro de la calificación crediticia del país y tal vez la pérdida del grado de inversión.” Y estamos a un solo escalón de perderlo.

Una vez más, apelo a la frase del inversor y empresario estadounidense Warren Buffet, según la cual “sólo cuando baja la marea se sabe quien nadaba desnudo”, y lo que es claro es que, después del largo ciclo de precios altos del petróleo, que duró desde 2003 hasta junio de 2014, que no supimos aprovechar para corregir los déficit gemelos, la economía colombiana sigue dependiendo en exceso del crudo, sujeta a las oscilaciones de sus precios internacionales.

Bien dijo el Foro Económico Mundial (FEM) que “Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía.” Pero no se ha tomado nota de ello, sólo cuando sobreviene la destorcida de los precios del petróleo se plantea la necesidad de diversificar la economía, pero tan pronto repuntan deja de ser prioridad para el Gobierno de turno. Este debería ser un propósito nacional que se traduzca en una política de Estado y deje de ser política de gobierno.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Al oído del señor Presidente

El ex ministro Amylkar Acosta hace unas reflexiones económicas para paliar la actual crisis provocada por la pandemia del Covid-19; entre ellas, que el Banco de la República baje un punto porcentual en la tasa de interés de intervención.

Por: AMILKAR ACOSTA*

25 de marzo de 2020.   Nunca antes había sido tan cierto el aserto premonitorio del reputado economista John Maynard Keynes, en su obra cumbre La teoría del empleo, el interés y el dinero, que en las actuales circunstancias, cuando dijo: “los hombres prácticos, que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún economista difunto”.

Todos los gobiernos del mundo, ya sean de derecha o de izquierda, desde los socialdemócratas hasta los más soberbios y recalcitrantes neoliberales que lo detestan, esta vez, al igual que ocurrió en la crisis financiera de 2008, están apelando a las políticas fiscales contracíclicas prescritas por Keynes para tratar de salir del atolladero.

Bien dijo que “toda demanda crea su propia oferta” a contrario sensu de la Ley de Say que sostenía que “toda oferta crea su propia demanda”. Pues bien, en momentos tan cruciales como el actual, en los que la economía se paraliza debido a las medidas de auto aislamiento, cuarentenas y confinamiento para contener el avance del COVID-19, y en que muchísimas personas pierden su ingreso debido a que no pueden salir a la calle para rebuscárselo (en Colombia el 52% del empleo es informal) y por lo tanto pierden su poder adquisitivo, es menester llegarles por parte del Estado, sobre todo a los más vulnerables, no con el mercadito sino con medio de pago contante y sonante y así se pueden paliar los efectos sociales de la crisis y al mismo tiempo se pueda morigerar la rápida desaceleración que está experimentando la economía, que va camino al estancamiento o peor aún hacia la recesión, la que no hemos tenido desde 1999.

Para lograr la cobertura requerida de un programa de esta naturaleza, de hondo contenido social, se requiere que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) se la juegue a fondo y el Gobierno Nacional arbitre los recursos necesarios y suficientes para lograr tal cometido. Para ello se requerirá no menos de dos puntos del PIB ($20 billones, aproximadamente). Para su implementación será menester la articulación de las distintas instancias de gobierno, tanto nacional como territorial y apoyarse en las organizaciones sociales de las propias comunidades.

Para tal propósito, me parece muy atinada la propuesta del experto Mauricio Cabrera para que la Junta directiva del Banco de la República, por ser este un caso excepcional previsto en el artículo 373 de la Constitución Política, apruebe por unanimidad (como lo manda la Carta) un crédito al Gobierno Nacional, el cual a su vez emitiría TES para tal efecto, con esa destinación específica.

Esta medida la debería complementar la Junta del Banco con una rebaja de la tasa de interés de intervención desde el 4.25%, que se ha mantenido desde el 30 de abril de 2018, al 3.5%, como lo viene haciendo la banca central en otras latitudes con la misma finalidad, eso sí garantizando que se le traslade este beneficio a los prestatarios y no se quede en los meandros del sector financiero.

En las actuales circunstancias, no hay que temer que se pueda disparar la inflación por la baja de la tasa, ya que la demanda está deprimida.

De la liquidez para los bancos y la irrigación del crédito por parte de estos a las empresas, para evitar que se vayan a la quiebra y se destruyan empleos, ya se ocupó el Banco de la República al poner a su disposición $23.5 billones, amén del mecanismo de cobertura del riesgo cambiario y así protegerse de la volatilidad de la tasa de cambio, que afecta su deuda externa y el giro de sus negocios.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Las amenazas del ´petrovirus’

El exministro Amilkar Acosta hace un extenso análisis sobre los peligros de recesión que se ciernen sobre la economía mundial por causa del coronavirus y la guerra de precios del petróleo, y sus repercusiones en Colombia.

Por: AMYLKAR ACOSTA MEDINA*

15 de marzo de 2020.   El 31 de diciembre pasado las autoridades de la República Popular China admitieron que en la ciudad Wuhan aparecieron las primeras veintisiete personas diagnosticadas de padecer el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (COVID-19), causado por un nuevo virus de la familia de los coronavirus. El contagio con este agente patógeno no se hizo esperar y se ha venido propagando, al punto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este brote como pandemia.

Las medidas extremas a las que recurrido los países, empezando por China, considerada la fábrica del mundo, ha frenado el ritmo de crecimiento de la economía global y amenaza con una recesión global. De hecho, la insensata guerra comercial que el presidente de EE.UU. Donald Trump le declaró al resto del mundo le había infligido un duro golpe al comercio internacional, afectando de paso las cadenas de valor, ralentizando el crecimiento de todos los países involucrados, empezando por sus protagonistas, China y EE.UU., que pasaron de crecer respectivamente entre el 2018 y el 2019 del 6.6% al 6.1%, el más bajo registrado desde 1990, y del 2.9% al 2.3%.

Pese a ello, según el reporte anual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se pronosticaba una ligera recuperación del crecimiento de la economía global, pasando del anémico 2.3% en 2019, el más bajo en una década, al 2.5% en 2020. Pero, advirtiendo que “la reanudación de los conflictos comerciales, una crisis financiera o una escalada en las tensiones geopolíticas, podrían obstaculizar la recuperación, reduciendo el crecimiento a tan sólo 1.8% este año”. Es decir, que la economía global seguía anclada en la “nueva mediocridad” a la que hacía referencia la ex directora del FMI Christine Lagarde.

Las perspectivas de la economía global, entonces, no eran las mejores, al punto que la nueva directora del FMI Kristalina Gueorguieva, recién elegida en el alto cargo, afirmó categóricamente que “las señales de alarma están encendidas y posiblemente muy pronto la situación pondrá a prueba qué tan preparados estamos”. En su concepto, “la economía mundial se encuentra ahora en un período de desaceleración sincronizada” en el que las cadenas de suministro están rotas, averiadas por cuenta de una guerra comercial en la que, como afirma el FMI “todos pierden”. De hecho, según sus cálculos, las pérdidas en lo que va corrido de 2020 superarían los US $700.000 millones.

El economista turco, doctorado en la Universidad de Harvard, célebre por advertir con dos años de anticipación la crisis financiera de 2008, Nouriel Roubini, pronostica una nueva recesión en 2020. Él la atribuye a tres posibles shocks de oferta negativos y afirma que “todos ellos son reflejo de factores políticos que afectan las relaciones internacionales; dos involucran a China y EEUU está en el centro de cada uno de ellos. Además, ninguno admite tratamiento con la herramientas tradicionales de la política macroeconómica anticíclica”. De manera que la economía global venía transitando por la cornisa de la estagnación, con un alto riesgo de precipitarse a una prolongada recesión.

Roubini no está sólo en su vaticinio. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) advirtió en septiembre pasado sobre el peligro de una recesión mundial para 2020. Como quien dice, al finalizar el año anterior estábamos ad portas de una nueva recesión, debido a que “las perspectivas de la economía mundial actualmente se ven envueltas en una densa niebla de tensiones comerciales internacionales y conflictos geopolíticos”. Los mismos amagos a los que aludía la directora del FMI

Las palabras de la directora del FMI fueron premonitorias. Los conflictos comerciales se reanudaron por la terquedad aragonesa de Trump, por la misma razón la escalada en las tensiones geopolíticas persisten y a falta de una crisis financiera sobrevino el COVID-19, que viene haciendo estragos en el mundo entero. Al fin y al cabo, el flujo y reflujo del comercio y de los capitales sirven de vasos comunicantes entre las naciones y encauzan el conocido “efecto mariposa”. De allí que todos los organismos internacionales vienen revisando a la baja la previsión de crecimiento de la economía: la OCDE prevé un crecimiento del PIB por debajo del 2.9%, con una pérdida de 0.5 puntos porcentuales con respecto al 3.4 anterior, por su parte de Economist acaba de bajar su pronóstico del 3% al 2.5% y a 1.9% como peor escenario.

La destorcida de los precios del petróleo

Como suele decirse coloquialmente, no hay casualidades sino causalidades, y este es el caso. Como era de esperarse, la demanda de petróleo que venía de capa caída por cuenta de la desaceleración de la economía global, ahora se reduce aún más como consecuencia de la parálisis a la que se ha visto abocada la economía global.

Todos los sectores de la economía se han visto afectados por el COVID-19, el primero de ellos el turismo y su cadena de valor (el transporte, la hotelería, la gastronomía, el entretenimiento, etc.). Se estima que el turismo a nivel mundial pierde US $46.000 millones mensuales, lo cual puede llevar a la quiebra a muchos operadores turísticos y a aquellas empresas que les prestan servicios.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) más 10 países productores que se han coaligado con ella, encabezados por Rusia (OPEP+), en vista de la contracción de la demanda y la irrupción en el mercado petrolero de los EE.UU. como nuevo jugador, gracias a su revolución del fracking, con exportaciones del orden de los 3 millones de barriles/día, acordaron desde 2017 reducir la oferta para detener una mayor caída de la que se venía dando a raíz del débil crecimiento de las economías del orbe. A diciembre de 2017 dicho recorte voluntario por parte de la OPEP+ era de 1.7 millones de barriles/día.

En concepto de Wilson Tovar, gerente de investigaciones económicas de Acciones & Valores, “el mundo ve una demanda de 2.3 millones de barriles menos. Y esta cifra podría crecer más si otros países se enfrían como China, que pasó de tener un crecimiento del 6% al 4.5%. Y no hay en el horizonte de corto plazo una razón por la que la demanda pueda aumentar”.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) había previsto que la demanda de petróleo en 2020 bajaría alrededor de los 90.000 barriles/día con respecto a 2019, por primera vez desde 2009, situándose por debajo de los 100 millones de barriles/día, lo que no se veía desde 2008.

A raíz del devastador efecto del COVID–19 sobre la demanda, Arabia Saudita quiso extender el acuerdo mencionado, que va hasta el 1º de abril, hasta diciembre de este año, pero Rusia, tercer productor de crudo después de EE.UU. y Arabia Saudita, se rehusó a ello y ahí fue Troya. Se desató una guerra de precios: Arabia Saudita anunció que escalaría un 2.5% su producción hasta los 12.3 millones de barriles/día, 300 mil barriles/día más y le ofreció descuentos en el precio de venta entre US $6 y US $8 por barril a sus clientes, al tiempo que Rusia hizo lo propio, elevando su producción hasta los 11.8 millones, 500 mil barriles/día más de los que venía bombeando. Lo que aún no se sabe es cómo reaccionarán los EE.UU., primer productor mundial de crudo con 13.5 millones de barriles/día.  

John Kilduff, de Again Capital, afirma que “los rusos decidieron llevar adelante una política de tierra arrasada. No ven ninguna razón para sostener a los productores estadounidenses”. Esta es una pelea de titanes, en la que Arabia Saudita tiene una espalda más ancha, porque sus costos de extracción de un barril de crudo es el más bajo del mundo, pero Rusia tiene a su favor que la economía rusa es más diversificada y menos dependiente del petróleo que la economía de Arabia Saudita. Además, el precio que tomó como referencia Rusia para su Presupuesto anual fue de US $42.4 el barril.

En concepto del analista jefe de mercados de Century Financial con sede en Dubái, Arun Leslie John, “la guerra del petróleo entre las dos potencias de Arabia Saudí y Rusia ha provocado una nueva ´batalla del fin del mundo´ que no es probable que acabe pronto”. Esta guerra se puede prolongar y los precios del crudo seguir con tendencia a la baja por un largo rato, con todos los estragos que ello conlleva, especialmente para aquellos países cuyas economías dependen de las exportaciones del oro negro.

Como consecuencia de esta guerra sobrevino una destorcida de los precios del petróleo. En un solo día, el 9 de marzo pasado la referencia Brent cayó el 24.1%, situándose en los US $34.36 el barril, el más bajo desde febrero de 2016, perdiendo el 49.8% desde el 1º de enero de 2020 y el 45% con respecto al precio promedio de 2019, que fue de US $64 el barril, US $8 menos que el año anterior. Este bajonazo es el peor en una sola jornada desde la Guerra del Golfo en 1991.

El experto John Kilduff sostiene que “todavía no hemos visto lo peor de la crisis de demanda”, la que se ve venir como consecuencia del frenazo de la economía global, lastrada ahora por el COVID–19.

Por su parte, James Williams, de WTRG – Economics, advierte que “los riesgos de recesión son fuertes. Históricamente las recesiones hacen bajar los precios del petróleo”; ello explica el pesimismo de la AIE, al pronosticar una caída del precio hasta los US $24 el barril. Este patético cuadro del mercado petrolero podría considerarse como una especie de cisne negro.

Y la economía colombiana qué

La confluencia del COVID-19, el desplome de los precios del crudo y la incertidumbre que han generado, provocó la caída de las bolsas en todo el mundo y de paso disparó la cotización del dólar, atribuible a la correlación inversa del 84% que tiene con el precio del petróleo y a la huida de las inversiones de portafolio desde los activos de mayor riesgo (como las acciones y el petróleo),  buscando refugio en el dólar y el oro. El peso colombiano se convirtió en la moneda más devaluada del planeta ($760, 14.28% hasta marzo 12) después del rublo ruso, llegando al record histórico de $4.000 por dólar.

Ante semejante amenaza, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla declaró que “la economía mantiene un grado de solidez lo suficientemente importante como para soportar estos eventos”; y el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño se apresuró a decir que “los fundamentales de la economía están bien”. En ello coincidió el gerente del Banco de la República Juan José Echavarría, para quien “los fundamentos de la economía colombiana se mantienen sólidos y permiten absorber los choques externos descritos sin traumatismos severos sobre la actividad real y la estabilidad financiera”.

Tales aseveraciones nos recuerdan la desatentada declaración del ex ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, quien ante los embates de la crisis financiera de 2008 afirmó categóricamente que “el país está blindado contra la crisis”, y ya sabemos lo que pasó: El crecimiento del PIB en 2008 cayó 5 puntos porcentuales con respecto al de 2007, al pasar del 7.5% del PIB al 2.5%, al tiempo que la tasa de inflación cerró el año en el 7.7%, desbordando el rango meta de la inflación objetivo del Banco de la República que era la horquilla 3.5% – 4.5%.

Por ello, conviene establecer qué tan “blindada” está la economía colombiana frente a este choque externo. Empecemos por decir que, aunque el ministro de Hacienda se vanagloria del magro crecimiento del 3.3% del PIB en 2019, porque supera el crecimiento tanto de la economía global como el de Latinoamérica, lo cierto es que venimos de un crecimiento potencial de la economía del 4.8% en 2012 a otro de 3.5% y, lo que es peor, ya completamos 4 años consecutivos creciendo por debajo de este crecimiento potencial. Además, la tasa de desempleo supera el 13%, la más alta en los últimos 6 años, y mientras el crecimiento del PIB siga por debajo del 3.5% se va a seguir destruyendo empleo en lugar de generarlo.

Según el Banco de la República, el déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos viene in crescendo, del 3.3% en 2017 al 3.8% en 2018 y cerró 2019 en 4.39% (US $13.800 millones) y con tendencia a su agravamiento. El Banco de la República espera un déficit del 4.4% y el Ministerio de Hacienda un 4.6% para el 2020.

Por su parte, las exportaciones colombianas no han sabido o no han podido sacarle partido a la competitividad que se deriva de una tasa de cambio tan competitiva como la actual. Pese a ello, el monto de las importaciones sigue superando el de las exportaciones, con el agravante que estas siguen concentradas en los productos primarios, encabezados por el carbón y el petróleo, superando este último el 40%.

De allí la gran vulnerabilidad de la economía colombiana frente a la amenaza externa que representa la desaceleración del crecimiento de la economía global, que puede derivar en una recesión.

Recordemos que la apuesta del ministro Carrasquilla de un crecimiento del PIB el año anterior del 3.6% no se alcanzó y el registro fue del 3.3%; la proyección para el 2020 era del 4% y ahora, según el Plan Financiero 2020 se rebajó al 3.7%, tasa difícil de alcanzar y ahora menos con los negros nubarrones que se ciernen.

En línea con la intervención que han dispuesto los demás bancos centrales en el mundo, la Junta Directiva del Banco de la República acaba de tomar varias medidas. En efecto, le ha salido al paso a la actual coyuntura aumentando el cupo de endeudamiento de la banca comercial, como prestamista de última instancia que es, aumentando la disponibilidad de $9 a $17 billones, de los cuales $12 billones corresponden a repos de deuda pública y $5 billones de deuda privada, a los cuales podrán acceder mediante subastas.

Complementariamente, se activaron mecanismos de Forward, a través de los cuales tanto a bancos como a cambistas se les ofrece la opción de hacerse a coberturas que les permita protegerse frente a la volatilidad de la tasa de cambio, producto del nerviosismo y el estrés del mercado. Estas medidas van en la dirección correcta, pero dada la magnitud del reto que se enfrenta pueden llegar a ser insuficientes, razón por demás para no bajar la guardia por parte de la Junta.

El descalabro fiscal

Ahora bien, Colombia no siendo un país petrolero su economía y sus finanzas públicas tienen una enorme dependencia del mismo. Su producción a duras penas representa el 0.8% de la oferta total en el mundo y no influye para nada en la formación del precio al cual se cotiza el barril. Es bien sabido que por cada US $10 que baja el precio del petróleo le resta 0.4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Adicionalmente, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP),  por cada dólar que cae el precio del barril la Nación recibe $217.000 millones menos por concepto de los dividendos que le gira Ecopetrol y $212.000 millones menos por concepto de renta petrolera, mientras que las entidades territoriales (departamentos y municipios) dejan de recibir $80.000 millones por concepto de regalías.

Y, lo que es peor, con la caída tan dramática de los precios, muchos pozos serán abandonados a la espera de que repunten las cotizaciones, lo cual se traducirá en una menor producción, de manera que el impacto en el ingreso de divisas e ingresos fiscales, como ya sucedió en el pasado, se dará por partida doble, menores precios y menores volúmenes de exportación. Huelga decir que, por cada 10.000 barriles menos que se exporten se afectan los ingresos en $301.000 millones.

El Plan Financiero corrigió el precio base del petróleo para sus proyecciones para 2020 previsto en el MFMP y en el Presupuesto General de la Nación (PGN), bajándolo de US $67.5 a US $60.5 el barril, y después de semejante caída que ha experimentado, en lo corrido de este año, el precio promedio ha sido de US $56 el barril, para una diferencia de US $4.5 por barril. De ello se sigue que, de mantenerse esta diferencia en lo que resta del año, los menores ingresos por este concepto para el Estado serían de $2.45 billones.

Los malabarismos del ministro Carrasquilla

Llama poderosamente la atención que el ministro Alberto Carrasquilla, el mismo que hace alarde de la “solidez” y resiliencia de la economía colombiana frente a los embates de la crisis, esté abogando por un relajamiento de la Regla Fiscal, a la cual le ha hurtado el cuerpo recurriendo a trucos y trampas, con prácticas heterodoxas que le han restado credibilidad a las cifras oficiales de las finanzas públicas.

A pesar de sus maniobras, las cuentas no le cuadran a Carrasquilla, como lo reconoció recientemente. “Este año tenemos la obligación de no gastar con respecto a lo aprobado por el Congreso; entonces, tenemos una congelación importante a consecuencia de no contar con los suficientes ingresos,” dijo.

Y no hay duda, la reforma tributario que disfrazaron de Ley de Financiamiento primero y Ley de Crecimiento después, les están pasando la cuenta de cobro de más de $10 billones y ahora quiere terminar de hacer trizas la Regla Fiscal, que él asume como si fuera una camisa de fuerza que le incomoda.

No está por demás llamar la atención sobre las consecuencias que podrían derivarse para las finanzas públicas de una mengua en los ingresos como daño colateral en la actual coyuntura. Recordemos las aulagas por las que pasó la economía colombiana cuando los precios del crudo después de alcanzar en junio de 2014 la cotización US $115.19 el barril de la referencia Brent cayeron en picada hasta bordear los US $ 27 el barril en enero de 2016.

Así, Ecopetrol pasó de tener utilidades de $13 billones en 2013 a registrar pérdidas de $3 billones en 2015, razón por la cual después de haber repartido $5.46 billones en 2015, en el 2016 no sólo no repartió dividendos entre sus accionistas sino que la Nación debió devolverle a las empresas petroleras, incluida Ecopetrol, $2.6 billones que había recibido como anticipo para el pago de impuestos.

En marzo de 2019, Ecopetrol repartió dividendos por $11 billones, con precio promedio del crudo en 2018 de US$ $54 el barril, este año con precio promedio en 2019 de US $64 el barril, la Nación recibió por concepto de dividendos la suma de US $7 billones. En este momento, la gran incógnita es cómo le irá a Ecopetrol y al resto de la industria petrolera con la tendencia que muestran los precios del crudo y cuánto recibirán la Nación por concepto de renta petrolera y dividendos y las regiones por concepto de regalías, que son los únicos recursos ciertos con los que cuentan para la inversión. 

Tal perspectiva ha llevado al ministro Carrasquilla a plantear que “la Regla Fiscal merece una discusión”, la que desde hace rato se encendió por cuenta de sus desvaríos en el manejo de la política fiscal. Los mayores cuestionamientos que se le han formulado a esta se han enfocado a los artilugios y artificios a los que ha apelado Carrasquilla para hacer pasar el gasto corriente por financiación. De esta manera pasa “por debajo de la línea”, eludiendo así que el mayor gasto afecte el déficit fiscal y así fingir el cumplimiento de la Regla Fiscal.

Esto llevó a Guillermo Perry Rubio, uno de los miembros del Consejo Consultivo de la Regla Fiscal a afirmar que “el recurso a la contabilidad creativa genera incertidumbre y desconfianza y pueden conducir a rebajas en la calificación de riesgo del país”. Ello llevó al profesor de la Universidad de los Andes, quien presidía el Grupo Técnico de PIB potencial, que brinda apoyo al Comité consultivo de la Regla Fiscal, Marc Hofstetter, a renunciar alegando que “con la forma como se está calculando el déficit fiscal, la regla fiscal ha perdido credibilidad y se ha vuelto inocua”.

El economista Michel Janna, presidente del Autoregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV), sostiene, refiriéndose a la Regla Fiscal, que “la lógica del diseño actual es que al mantener controlado el déficit, la deuda pública pueda ir bajando. Pero la realidad es que esa relación se ha roto, entre otros por cambios en algunas prácticas. Por eso, en vez de depender de esa carambola, valdría la pena pensar mejor en fijar metas directamente a la relación deuda pública sobre PIB”.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, concuerda con él en que la deuda pública se debe incorporar explícitamente en la Regla Fiscal, “esto, por cuanto lo que se ha visto en los últimos años ha sido un aumento constante de la deuda pública como proporción del PIB, a pesar de la reducción del déficit fiscal”. Y añade, “habría que revisar la conveniencia de tener también una meta que no sea solamente de déficit fiscal, sino también de un nivel de deuda que sea compatible con nuestro nivel de calificación actual”.

La preocupación en este momento es tanto mayor, habida cuenta de que la devaluación galopante del peso frente al dólar le pega muy fuerte a la deuda denominada en dólares, abultándola. Máxime cuando la deuda externa de Colombia alcanzó, según el Banco de la República, su máximo histórico desde 1995, $138.175 millones, US $73.835 millones de los cuales debe la Nación (22.8% del PIB estimado para 2019) y 33% del monto total corresponde a la deuda externa. Si la tasa de cambio actual llegara a perdurar por el resto del año, ello significaría un incremento de la deuda de 6 puntos porcentuales del PIB.

Según Carrasquilla, por cada $100 que sube la tasa de cambio se encarece la deuda externa del Estado colombiano en $1 billón. Si se llegara a mantener el promedio de la cotización alcanzada hasta la fecha ($3.387), al compararla con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) prevista en el MFMP para el 2020 de $3.129, la diferencia nos daría $258 por dólar, traduciéndose en un incremento de la deuda externa de la Nación del orden de $2.5 billones.

Ya se había dicho en el Plan Financiero del Ministerio de Hacienda que, por cuenta de los malabarismos del ministro Carrasquilla, la deuda pública, ya de por sí tan elevada que supera el 50% del PIB, aumentaría 1.5% del PIB más en 2020. A ello se viene a sumar, según el investigador económico de la Universidad Sergio Arboleda Luis Fernando Ramírez, el “descalce cambiario, dado que el Gobierno cobra impuestos en pesos y tiene que pagar deuda en dólares”.

Juan David Ballén, Jefe de Investigaciones Económicas de Casa de Bolsa, plantea que “cuando se dan alzas tan fuertes en el dólar y desplomes tan marcados en el petróleo, para un país como Colombia está sobre la mesa que las firmas valoradoras de riesgo (como Standard & Poor´s y Fitch) hagan una revisión de la calificación crediticia. Recordemos que una de estas (S&P) nos tiene a tan sólo un escalón de perder el grado de inversión”.

Ahora que la economía colombiana está abocada al efecto combinado de una fuerte devaluación y a una caída libre del precio del petróleo, está mostrando sus vulnerabilidades y, lo que es más preocupante, con muy poco margen de maniobra para responder a los choques externos. Bien dijo el inversor y empresario estadounidense Warren Buffet, “sólo cuando baja la marea se sabe quien nadaba desnudo”.

Moraleja

Como lo afirmó la ex secretaria ejecutiva de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Christina Figueres, “hay que agradecerles a los hidrocarburos por lo que han hecho de la economía de Colombia, porque este país no sería lo que hoy es, con un desarrollo ejemplar en Latinoamérica, si no fuera por la exportación de carbón y petróleo. Por esta razón no se pueden meter dentro de la cajita de los diablos y satanizarlos. Sin embargo, llegó la hora de reconocer que es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”.

Se impone, entonces, la necesidad, por enésima vez lo digo, de impulsar la diversificación de la economía con la transformación productiva como estrategia, volviendo a poner el foco en el desarrollo industrial y agropecuario, en el entendido que tan importante como la seguridad energética es la soberanía alimentaria.

Para promover el desarrollo industrial y agropecuario se necesita financiamiento y la fuente de recursos con la que cuenta el país actualmente para ello es el sector extractivo, razón suficiente para entender que no se puede prescindir de él súbitamente. Bien dijo el Foro Económico Mundial (FEM) que “Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía”.

Comparto con el brillante profesor Peter Drucker que “el mayor riesgo en las épocas de turbulencia es actuar con la lógica de ayer”. ¡Así de claro!

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Comentarios a las propuestas de la Misión de Transformación Energética

En el marco del foro ‘Colombia potencia energética’, realizado en Bogotá el 19 de febrero pasado, el exministro de Minas y Energía Amilkar Acosta tuvo la oportunidad de presentar sus planteamientos acerca de las propuestas de la Misión de Transformación Energética.

Por: AMILKAR ACOSTA

20 de febrero de 2020.   Primero, recordemos que en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022 se dispuso integrar una “Misión para la modernización de los mercados actuales y la promoción de la innovación”, la cual quedó integrada el 2 de mayo de 2019 con 20 expertos nacionales y extranjeros y tuvo por objeto, según la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suarez, trabajar en la definición de “la hoja de ruta para la energía del futuro”. Esta Misión hizo entrega a la Ministra de sus conclusiones y recomendaciones en diciembre pasado.

A la pregunta de qué se busca con el revolcón en las instituciones del sector que propone la Misión respondo: lo primero a tener en cuenta es que no se trata  de hacer borrón y cuenta nueva, sino de construir sobre lo construido. Máxime cuando el Sistema energético colombiano, que descansa sobre las leyes 142 y 143 de 1994 ha sido muy bien ponderado tanto por el Foro Económico Mundial (FEM) como por el Consejo Mundial de Energía (WEC, por sus siglas en inglés). Está en el top ten a nivel mundial por el desempeño de su arquitectura institucional como por el Trilema (seguridad, equidad social y sostenibilidad), que les sirve de medición.

Transcurridos 26 años de expedidas esas leyes, tres fenómenos de El Niño pusieron a prueba el Sistema y, por fortuna, pasamos indemnes, aunque en 2015 tuvimos un amago de racionamiento, que al final se sorteó mediante un “autoracionamiento”. Razón más que suficiente para no caer en la autocomplacencia, amén del reto que supone encarar la Transición energética desde las fuentes de energía de origen fósil hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER)  y limpias, megatendencia global de la cual Colombia no se puede sustraer.

La Misión planteó la senda a seguir para adecuar tanto la institucionalidad como la regulación, para transitar con éxito el camino de la integración gradual y progresiva de las FNCER a la matriz energética, teniendo como ejes fundamentales las 4D: descarbonización, digitalización, descentralización y democratización del nuevo Sistema.

Se trata de robustecer la arquitectura institucional para darles cabida a los nuevos agentes que ahora surgirán, como los agregadores y abrirle espacio a la gestión de demanda, en la cual están llamados a jugar un papel primordial los prosumidores (productores y a la vez consumidores).

En este orden de ideas, nos parece muy buena la recomendación de parte de la Misión de fortalecer y empoderar aún más para tales propósitos a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). También aconseja reformar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), de modo tal que tenga una instancia de decisión (Consejo) para los temas macro presidida por el Ministro de Energía, sustrayéndolo del día a día de la gestión del órgano regulador.

Por mi parte considero que la CREG, al igual que la Junta Directiva del Banco de la República, debe gozar de autonomía, que no de independencia, pues no debe ser una rueda suelta del Ministerio. Por lo demás, considero que no se debe caer en excesos regulatorios, pero tampoco en los peligros de la desregulación. El Estado debe intervenir a través de la CREG para que el mercado funcione, no rendirle culto al mercado. El fin último de estos pasos a dar es ganar confiabilidad, firmeza y resiliencia al cambio climático.

¿En cuánto pueden ayudar las recomendaciones de la Misión a bajar las tarifas de energía y gas?

Respuesta: Sus recomendaciones propenden por mejorar la competitividad del sector, darle mayor transparencia al mercado y a la concurrencia de los distintos agentes de la cadena en el mismo y una formación eficiente del precio de la energía.

Se trata, entre otras cosas, de reducir los costos de transacción, dado que estos terminan trasladándose a los usuarios. Todo ello deberá contribuir a reducir la tarifa, pues si en últimas esta reestructuración y modernización del sector no bajan los costos de la energía (que tiene dos componentes: la tarifa y el consumo) estaremos sólo botando corriente.

A mi juicio, la tarea a realizar debe ir más allá, al tomar medidas tendientes a reducir las pérdidas técnicas, los costos de restricción, estimular el ahorro de energía y, lo que es más importante, hacer un uso más eficiente de la misma.

En este sentido, la eficiente gestión de la demanda es fundamental e imprescindible. Sólo así los usuarios regulados (residenciales) tendrán un alivio en sus facturas del consumo de electricidad y los no regulados, sobre todo las empresas, bajarán sus costos de energía y de paso ganarán en competitividad.

Otra pregunta del Foro fue ¿cómo ayudan las propuestas de la Misión a alcanzar el objetivo urgente de aumentar las reservas de petróleo y gas?

Respuesta: Como es bien sabido, las reservas tanto de petróleo como de gas natural han caído, al punto que sólo garantizan el autoabastecimiento para menos de 6  y 10 años, respectivamente. Es muy importante detener la declinación de dichas reservas y el único camino que nos queda por delante, además del recobro mejorado, es apretar el paso en exploración y explotación offshore y de los yacimientos no convencionales.

De ello no se ocupa la Misión, tal vez asumiendo que las políticas y las decisiones en marcha van en la dirección correcta, lo mismo que las recomendaciones de la Comisión de expertos con respecto a la utilización del fracking en los yacimientos no convencionales. Ello llama poderosamente la atención, pues la Misión ha debido enfocarse al sector energético en su integridad, pero tiene un marcado sesgo hacia una de sus fuentes, la electricidad.

Aborda sí el tema de la posible instalación de la regasificadora del Pacífico y otra en La Guajira, con el propósito de impedir que se estrangule la demanda por la estrechez de la oferta doméstica.

Coincidí con otros panelistas en que esta iniciativa debe considerarse como la forma de contar con un respaldo ante la eventualidad de que la oferta doméstica resulte insuficiente y evitar contingencias que pongan en riesgo la generación de energía, pero que la prioridad debe estar en aumentar nuestras reservas. Tanto más en cuanto que el gas natural importado es demasiado costoso y su uso dispararía los precios y las tarifas de energía, además que no reporta los mismos beneficios económicos, sociales y fiscales que la producción doméstica.

Por mi parte, planteé la idea de que en el caso particular de La Guajira, la regasificadora que se instale debe ser bidireccional, esto es que la misma esté habilitada tanto para la regasificación como para la licuefacción del gas, dada la apuesta que viene haciendo Ecopetrol y sus socios en los prospectos offshore en inmediaciones de la península, de modo que se pueda importar cuando sea necesario y exportar cuando estemos en capacidad de contar con excedentes.   

Acotación final: Nos parece importante la recomendación de la Misión para avanzar en el propósito de darle cumplimiento a la Ley eléctrica de tener cobertura universal del servicio de energía, pues ya vamos para 6 años de mora en el cumplimiento de tal cometido.

Compartimos que, para lograr ese propósito, se amplíe la frontera del Sistema de Interconexión Nacional (SIN) y eliminar las barreras que hoy existen entre el SIN y las Zonas no Interconectadas (ZNI) del país. Ahora que contaremos con las FNCER, estas se convierten en el mejor vehículo para lograrlo, especialmente con la energía solar fotovoltaica, dadas sus características y flexibilidad.

Una espada de Damocles se cierne sobre la Nación en torno a Electricaribe

En su más reciente columna, el exministro Amilkar Acosta hace un análisis sobre los peligros para la Nación en el litigio con Naturgy sobre Electricaribe.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

9 de febrero de 2020.   Se suele utilizar esta expresión, que se le debe al cortesano del Rey Dionisio II que gobernaba Siracusa en el siglo IV antes de Cristo, conocido como Damocles, para significar el peligro inminente que pende sobre la cabeza de quien sin sospecharlo está en riesgo.

Este es el caso de la controversia que presentó Gas Natural Fenosa, transformada en Naturgy, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, en contra de la Nación por un monto de US $1.547 millones, debido a la intervención de la cual fue objeto Electricaribe, hasta entonces bajo su control, el 15 de noviembre de 2016, con fines de administración primero y posteriormente, a partir del 14 de marzo de 2017, con fines de liquidación. Esta se consumó y ahora el Gobierno nacional avanza en el proceso de búsqueda de un nuevo operador del mercado de la región Caribe, para suministrarle el servicio de electricidad a 2,7 millones de usuarios.

Naturgy alega “supuestas violaciones al estándar de: trato justo y equitativo, protección y seguridad plenas, principio de trato nacional y expropiación”. Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó, a finales de 2019, “una contrademanda contra Naturgy por los perjuicios ocasionados al país como resultado de la mala gestión de Electricaribe”, por una suma estimada en $1,7 billones de dólares, incluyendo intereses.

Leo la nota que con gran despliegue publica el diario económico Portafolio llamando la atención sobre el hecho que “una norma de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), expedida recientemente, le terminaría dando la razón a Naturgy en su pleito con Colombia”.

Estamos hablando de la Resolución 010 de 2020 expedida por la CREG el pasado 30 de enero “por la cual se establece el régimen transitorio especial en materia tarifaria para la región Caribe”. A través de la misma se procura flexibilizar los recobros por concepto de los gastos de administración, operación y mantenimiento (AOM) en los cuales incurre el operador para garantizar la prestación del servicio de electricidad como lo manda la Ley, con continuidad y eficiencia.

Ya lo habíamos advertido, con ocasión de la expedición de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 2018 – 2022, el cual facultó al ejecutivo para fijar un “régimen transitorio especial en materia tarifaria para Electrificadora del Caribe S.A. ESP o las empresas derivadas… que se constituyan en el marco del proceso de toma de posesión de esta sociedad para las regiones en las que se preste el servicio público”.

Esta medida, como lo hemos sostenido, podría llegar a debilitar la defensa del Estado en su querella con Naturgy, al tiempo que fortalecería la controversia planteada por esta, puesto que entre sus alegatos ha aducido que el esquema tarifario vigente al momento de la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos tornaba inviable la operación, ya que al proponerse el cambio “con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe” se le estaría dando la razón.

Coincido con Portafolio en que “precisamente esta tabla de salvación -que hasta ahora se lanza para mejorar el servicio- fue la que solicitó en varias ocasiones la administración de la entonces Gas Natural Fenosa, cuando tenía bajo su mando a Electricaribe y a la que apelaría la defensa de Naturgy para argumentar que el Estado colombiano si podía expedir, en su momento, una normativa similar para continuar con la operación”. ¡Esta sería su prueba reina! Sobre todo porque se dice explícitamente que se da este paso “con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe”.

Ya lo había dicho la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), contratada por la Superintendencia de Servicios Públicos para determinar las acciones a seguir luego de su intervención a Electricaribe, que “para generar un escenario viable se requiere, entre otras cosas, ajustes en tarifas que reconozcan el nivel de inversiones proyectadas, la situación actual de la empresa y aportes del gobierno”.

Por ello será que en el PND se advierte que “ninguna actuación por parte de la Nación, la SSPD y el Fondo Empresarial desplegada para el cumplimiento del objeto de este capítulo podrá interpretarse como reconocimiento de su responsabilidad por la situación de Electrificadora del Caribe, ni como una renuncia a obtener cualquier indemnización frente a los responsables de los perjuicios causados”. ¿Será que esta salvedad nos libra de un resultado adverso en dicho Tribunal?

A todas esas, un pleito como el que está planteado entre la Nación y Naturgy se puede ganar como se puede perder. Y en el caso hipotético que se pierda, qué va pasar con los recursos que por más de $4 billones se han invertido y se siguen invirtiendo por parte del Estado a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, así como con aquellos que se inviertan con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), como lo autoriza el PND.

Quién le va a responder a los usuarios por los 216.000 millones de pesos de subsidios que le fueron girados por parte del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Distribución del Ingreso (FSSRI) a Electricaribe para aplicárselos a los usuarios y que, según investigación de la Contraloría General, terminaron en sus alforjas. Quién va a asumir la deuda contraída por Electricaribe con los bancos, con los generadores y con sus proveedores.

Son interrogantes que inquietan. En todo caso, se dejó establecido en el Plan que “para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicio público” en la región Caribe, “la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas”. Esta última es una especie de cortafuego con el fin de poner a salvo al nuevo operador de red en la región. Cabe preguntarse si el mismo será suficiente.

Tal vez, teniendo en cuenta el riesgo implícito en estas operaciones financieras, el Gobierno nacional para “garantizar la continuidad de la prestación del servicio de energía en la costa Caribe”, facultado por la Ley 2010 de 2019 de crecimiento, creó “un vehículo para la inversión de recursos en instrumentos de capital emitidos por empresas de energía oficiales, privadas o mixtas, incluyendo acciones con condiciones especiales de participación, dividendos y recompra, entre otros”. Esta medida es una especie de Plan B, que deja abierta la posibilidad de que el Estado asuma la operación del mercado al cual sirve Electricaribe en su totalidad o uno de los dos mercados en que se segmentó (Caribe Sol y Caribe Mar).

Ello es tanto más pertinente en cuanto que, hasta ahora, todas las medidas que se han tomado y las inversiones realizadas se han dado haciendo abstracción del pleito pendiente con Naturgy y de la decisión que tome el tribunal, que pende sobre el proceso que se viene dando para reemplazar a su subordinada como operadora como una espada de Damocles. Y digo esto habida cuenta que, en la eventualidad de un laudo arbitral contrario a los intereses de la Nación, todo lo invertido en Electricaribe y los compromisos asumidos por cuenta de ella irían a parar íntegramente a fondo perdido.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE

El Neoludismo en Colombia

A propósito de la decisión de la SIC de suspender la operación de Uber en Colombia, el exministro Amilkar Acosta se refiere a la cuarte revolución industrial.

Por: AMYLKAR ACOSTA M.*

24 de enero de 2020.   La primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII fue posible gracias a la invención de la máquina a vapor, la cual sirvió para que la manufactura fuera reemplazada y sustituida por la maquinización de los procesos productivos. Y, como era de esperarse, la máquina empezó a desplazar la mano de obra, lo cual provocó un movimiento de protesta y de oposición encabezado por los artesanos a su introducción en las fábricas, recurriendo incluso a la destrucción de las máquinas para impedirlo.

Ned Ludd, líder de los artesanos, fue el primero en atreverse a volver trizas el telar mecánicoa su cargo, terminó gestando un gran movimiento social contra lo que consideraban una amenaza a su estabilidad laboral, el cual tomó el nombre de Ludismo.

La segunda revolución industrial tuvo como protagonista principal la masificación de la generación y el consumo de la electricidad; la tercera trajo consigo la automatización de los procesos productivos, aparejada con la informática.

Ya vamos en la cuarta revolución industrial, caracterizada, como lo sostiene el fundador y ejecutivo del Foro Económico Mundial Klaus Schwab, “por una fusión de tecnologías que están borrando las líneas entre lo físico, lo digital y lo biológico”. Si bien es cierto que el desarrollo de la tecnología no es lineal sino disruptivo, según Schwab nunca antes se había visto, “la velocidad, el alcance y el impacto de los sistemas” que ha traído consigo la revolución industrial 4.0.

Y no es para menos, pues la cuarta revolución industrial involucra la confluencia de cuatro elementos esenciales:

1) La proliferación de sensores y procesadores en miniatura y de un gran alcance, todos ellos dotados de inteligencia artificial, los cuales se instalan en todo tipo de equipos y accesorios. Según el experto colombiano Orlando Ayala, ex vicepresidente de Microsoft, para el final de esta década el número de dispositivos inteligentes superará los 30.000 millones.

2) El internet de las cosas, complementado con la impresora 3D. Gracias a esta tecnología, muy pronto los nuevos móviles inteligentes contarán con sistema de escáner en 3D, haciendo posible con su uso que se pueda llegar a imprimir los zapatos a la medida en casa del interesado. Muy pronto, también, los paneles solares para la generación de energía solar fotovoltaica se abaratarán porque ya no se incurrirá en sus costos de flete, pues los seguirán diseñando en China, por ejemplo, se enviarán por internet y se imprimirán in situ en 3D. Así de sencillo.

3) La big data y la minería de datos, sumadas a la realidad aumentada, que se nutre del cúmulo de toda la información susceptible de capturar, desde la más trivial hasta aquella que tiene carácter reservado. Nada se le escapa a esta especie de Gran Hermano orwelliano.

4) Por último, y tal vez el más importante de todos, pues combina los tres anteriores y a partir de sus análisis, a velocidad de vértigo, puede establecer tendencias, que de otra manera sería difícil lograrlo. En todo ello juega un papel primordial los algoritmos, que tienen no sólo la capacidad de análisis de cualquier situación o evento en tiempo real, sino que está en capacidad de anticipar comportamientos e incluso de inducirlos.

Hacemos las disquisiciones anteriores con el propósito de tratar de poner en contexto la controversia que ha suscitado la decisión tomada por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de ordenar la suspensión de la plataforma digital de Uber, Uber X y Uber Van. Concomitantemente le ordenó a los operadores de telefonía celular Claro, Movistar, Tigo y ETB “que suspendan la transmisión, alojamiento de datos, acceso a redes de telecomunicaciones…en relación con dicha aplicación”. Uber optó por retirarse, dejando cesantes 88.000 conductores que, según un estudio del BID, el 70% de ellos tienen educación superior y afectará de paso a cerca de un centenar de empleados directos y a 2,2 millones de usuarios de este servicio.

Varios expertos coinciden en que este acto administrativo de la SIC, además de impreciso y farragoso, tiene muchas inconsistencias. Al aludir a sólo tres de las aplicaciones de Uber, que viene operando en Colombia hace 6 años, cabe preguntarse qué va a pasar con las otras, llámese Uber Pool, Uber Black, Uber Angel, Uber X VIP y Uber Eats, las cuales, no obstante que no las cobija la medida, operan desde la misma plataforma que se ordena deshabilitar. ¿Por qué esta medida se aplica sólo a Uber, siendo que otras plataformas similares, como Didi, Beat o Cabifi, estarían incursas en las mismas causales que motivaron la decisión de la Superintendencia?

Claro está que la Superintendencia dejó abierta una válvula de escape al dejar en claro que “esta orden debe cumplirse siempre y cuando estén en posibilidades técnicas de hacerlo” los operadores.

Los prestadores del servicio de internet no están en posibilidades de cumplir dicha orden sin transgredir el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, de neutralidad en internet. Como lo afirma el consultor en telecomunicaciones y TIC Germán Darío Arias, “por la Ley de neutralidad de internet, ningún operador puede bloquear nada que cruce por la red sino está en la norma misma. Se puede bloquear la pornografía infantil y juegos de azar porque así lo dice, pero no una app por decisión de la SIC, de hacerlo se debería modificar la Ley”. Y a nadie se le puede obligar legalmente a lo imposible. Huelga decir que, en dado caso que los operadores decidan acatar la orden de la SIC, de nada sirve porque al usuario no lo pueden bloquear, puesto que este podría acceder a la aplicación a través de redes wi fi o a través de su computador.

No hay que perder de vista que en la revolución industrial 4.0 se impone la llamada economía colaborativa, la cual supone un intercambio de bienes y servicios entre particulares sin que el Estado intervenga o interfiera en ello. Por ello pululan las manifestaciones de esta economía colaborativa: Uber es una de ellas, pero nos topamos con otras como Airbnb, el gigante hotelero que opera sin tener entre sus activos una sola habitación; Amazon y Alibabá son hoy por hoy los mayores comercializadores del mundo sin tener una sola tienda; Google lidera las búsquedas, la publicidad y el aprendizaje automatizado, y Facebook controla gran parte de las noticias y la información que circula en la red.

Como bien dijo el periodista, ensayista y crítico literario estadounidense, conocido como el “Sabio de Baltimore”, H. L Menken, “para cada problema complejo hay una respuesta clara, simple y equivocada” y este es el caso. La SIC tomó su decisión esgrimiendo como argumento principal que Uber incurrió presuntamente en “actos de competencia desleal”, pero llevándose de calle el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, el cual justamente tiene por objeto proteger tanto a los consumidores como a la libre competencia. Qué contradicción. ¿Quién entiende este exabrupto jurídico.?

A este paso y por el mismo atajo que ha abierto la SIC, además de dejar sin piso la estabilidad y la seguridad jurídica, se pondrá en funcionamiento la máquina del tiempo y de la era digital actual nos devolverán a la era analógica. Ante la ambigüedad de si lo que se ofrece a través de las plataformas tecnológicas es una aplicación o un servicio, mañana o pasado mañana impedirían el acceso a tantas aplicaciones que hacen posible aquí y en Cafarnaúm que funcione la economía colaborativa, que tanto beneficio le reporta al usuario del internet al tener a un clic de distancia lo que desee.

Es bien sabido que los hechos están antes que el Derecho, no se puede pretender resolver los problemas del siglo XXI con las ya desuetas normas del siglo XX. Sería inconcebible que, con este antecedente que ha sentado la SIC, así como el poderoso gremio de los taxistas la ha emprendido contra Uber, se vengan ahora las empresas de telecomunicaciones contra Google o Facebook, el gremio hotelero contra Air BnB, los canales de televisión contra Netflix o Amazon Prime. Ello sería absurdo y sería como devolver las ruedas de la historia o repetirla, en una especie de neoludismo.

En una entrevista reciente, el CEO de la Mercedes Benz Dieter Zetsche dijo que sus competidores “ya no son otras compañías de automóviles sino Tesla, Google, Apple y Amazon”.

Algún día entenderán los taxistas que Uber no es ni ha sido su competencia, como lo demuestra una encuesta de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, concluyendo que para el 2011 del total de viajes mayores de 15 minutos en días hábiles el 5% se hizo en taxis y 8 años después, en 2019 esa cifra llegó al 4.9%9. Es decir, que no se han visto afectados por la operación de la plataforma, sólo que muchos ciudadanos que no utilizaban el servicio de taxis optaron por Uber como mejor alternativa.

Al gremio de los taxis los está atropellando es la tecnología, en este sentido es muy diciente el fracaso del ex alcalde Enrique Peñalosa cuando intento establecer las tabletas en los taxis para darle más transparencia tanto a la tarifa a pagar como las rutas. Qué va a pasar cuando lleguen a Colombia los vehículos autónomos, que no requieren conductor, será que van a impedir su ingreso.

De manera que lo que procede es que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República procedan a ajustar y actualizar la normatividad, superar los anacronismos y de esta manera ponerla a tono con las nuevas realidades del mundo, de las cuales Colombia no se puede sustraer, de lo contrario terminaría convertida, como lo temía el ex presidente Alfonso López Michelsen, en el Tíbet de Suramérica.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

La cascada alcista en las tarifas de energía eléctrica

De buenas a primeras se le ha venido encima a los usuarios un alud de alzas en el servicio de energía eléctrica, las cuales se reflejarán en un mayor valor de la factura desde noviembre pasado.

Por: AMYLKAR ACOSTA M.*

10 de enero de 2020.   Para un mayor discernimiento, empecemos por identificar los diferentes componentes de la fórmula tarifaria: el Costo Unitario (CU) = G + T + D + C + PR + R, donde G es el precio de la energía que se compra al generador, T el costo de transmisión, D el costo de la distribución, C el margen de comercialización, PR son las pérdidas reconocidas por la regulación y R el costo de las restricciones debidas a limitaciones en el transporte de la energía desde donde se genera a los centros de consumo.

Como es sabido la compra – venta de la energía eléctrica se transa ya sea a través del mercado mayorista (spot) o mediante contratos bilaterales entre generadores y comercializadores. Si algo caracteriza el mercado mayorista es la volatilidad de los precios, a diferencia de los contratos bilaterales, que le garantiza a las partes su estabilidad durante el plazo convenido. Ahora bien, los contratos bilaterales pueden ser de dos tipos: el de energía generada y el de energía contratada. Sólo en este último caso se hace exigible el cumplimiento de entrega de la energía comprometida en los términos acordados.

A guisa de ejemplo, el precio promedio en Bolsa de la energía eléctrica pasó de $116 kW/h en el junio de 2019 hasta los $390 kW/h en octubre pasado, un incremento de más de 300%. Supuestamente dicho aumento del precio se debió a una presión atribuible a la disminución del nivel de los embalses de las hidroeléctricas, situación que habría obligado a apelar a las centrales térmicas, cuyo costo de generación es mucho más elevado. Mientras tanto el precio promedio de la energía transada mediante contratos bilaterales fue de $200 el k/h.

La exposición en Bolsa

Ahora bien, el impacto sobre la tarifa al usuario final, vía G, que pesa entre 35% y 40% de la misma, dependerá de la gestión comercial del Operador de red. Cuanto más expuesto esté en Bolsa mayor será la incidencia de la variabilidad y las oscilaciones de los precios en el mercado mayorista en la tarifa.

Según el Presidente de Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) José Camilo Manzur, en promedio, “solamente el 12% está sujeto a la variación en Bolsa”, de lo cual se sigue que el 88% restante de la energía comprada se obtuvo mediante contratos de mediano y largo plazo. Claro está que, como lo afirma Manzur, refiriéndose a los usuarios finales, “quienes verán los impactos son aquellos comercializadores que no tengan contratos de largo plazo y que no se hayan cubierto”.

Este es el caso de Electricaribe, operador que históricamente se ha caracterizado por tener una alta exposición en Bolsa y por ello mismo sus usuarios se ven más afectados que el promedio, ya que el porcentaje del alza que se les traslada es mucho mayor. El contraste entre EPM, con una exposición del 12.4%, y Electricaribe, con el 23.2% es muy notorio. A ello contribuyó, dicho sea de paso, la contingencia de Hidroituango, dado que Electricaribe había contratado parte del suministro de energía con EPM y debido al atraso de su entrada en operación el mismo se rescindió sin que lo pudiera hacer exigible toda vez que se suscribió bajo la modalidad de pagar lo generado y no lo contratado. De allí que los más afectados con las alzas desmesuradas debido a la gran volatilidad de los precios de la energía en Bolsa son los 2.5 millones de suscriptores de Electricaribe.  

Tanto los márgenes del distribuidor (D), del comercializador (C), así como las pérdidas reconocidas (PR) son relativamente estables y están regulados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Por fortuna la regulación le ha establecido un tope a la pérdidas técnicas reconocidas a los operadores, actualmente del 12.5%, porque de lo contrario el castigo para los usuarios de Electricaribe sería escandaloso, ya que las suyas están alrededor del 26.85%.

Los costos de restricción

No ocurre lo mismo con los costos de restricción (R), que están disparados y el cuello de botella que da lugar a ellos radica fundamentalmente en la región Caribe, debido al rezago histórico en las inversiones en las redes de transmisión regional y local. Allí se presenta un corto circuito que impide que la energía fluya desde los centros de despacho hasta el mercado al cual se presta el servicio, con el agravante de no contar tampoco con las subestaciones necesarias para la transformación de voltaje.

Hace rato se sabe del agotamiento del Sistema de Transmisión Regional (STR) y del Sistema de Transmisión Local (STL), así como del retraso de la ejecución de las obras, particularmente las contempladas en el Plan5 Caribe, que han provocado la congestión y el atrapamiento de la energía, ante la incapacidad para que esta fluya y llegue hasta los usuarios finales.

Según el reporte con corte al 31 de julio de 2019 de XM, empresa operadora del Sistema Interconectado Nacional (SIN), se registraba un atraso de cinco años en la aprobación por parte de la Unidad de Planeación Minero – Energética (UPME) de por lo menos 20 proyectos vitales para el montaje de líneas de refuerzo del Sistema de Transmisión Nacional (STN).

En concepto de XM, “el retraso en la entrada en operación de los proyectos de expansión es una condición recurrente, lo que hace que estas obras pierdan efectividad e impacto en el sistema al momento de su entrada en operación”.

Como bien dijo la consultora Dentons Cárdenas & Cárdenas, “el objetivo principal del plan de expansión en transmisión de la UPME, el cual se renueva año a año, es que la red no pierda robustez y su debilidad se vería manifiesta ante el crecimiento en la demanda”, que es lo que ha venido aconteciendo. Ello ha provocado exorbitantes costos de restricción por cuenta de la generación por seguridad, los cuales terminan pagando los usuarios a través de sus facturas a través de la letra R, que es como se le identifica al establecer el costo unitario (CU) o tarifa de la energía que paga el usuario.

Ello, además de convertirse en un cuello de botella para la relocalización industrial que viene dándose en la región Caribe, la demanda, que crece a un ritmo 7.49%, muy superior al promedio nacional, que es del 4.1%, se ha visto estrangulada, frenando el crecimiento de la economía regional.

Los costos de restricción que acarrea este corto circuito crecieron en promedio el 70% anual, pasando, según Asoenergía, desde los $4 KW/H a $29.4 KW/H. Ello le significó a los usuarios del servicio de energía en 2018 costos de restricción (R) del orden de los US $700 millones, equivalentes, aproximadamente, a los $30 KW/H, prácticamente el mismo cargo que se paga al Sistema de Transmisión Nacional (STN), es decir la T. Según cifras oficiales, entre enero y junio de 2019 esa R le costó al usuario $15 por kilovatio, para un acumulado de $431.825 millones.

Compartimos el planteamiento del Presidente de ANDEG Alejandro Castañeda cundo sostiene que “el verdadero problema es que no existe una relación de causalidad entre quien genera el problema en el sistema y quién asume las consecuencias. Y va más lejos cuando afirma, con toda la razón que “si el problema está en las redes, la regulación debe corregirse y quien cause el problema debe asumir los costos”.

Concluyo este acápite coincidiendo con él en su aseveración que “teniendo en cuenta este panorama, se requiere en el corto plazo, que el costo de la generación por restricción en el país se asigne a quien la cause, esto unido a una mejora en los tiempos de planeación y  ejecución de los proyectos de transmisión, y una mayor inversión en el desarrollo y mantenimiento de las redes”. El usuario no puede seguir siendo quien pague los platos rotos por otros.

Y, para rematar, además de las alzas atribuibles al precio de la energía (G) y los exorbitantes costos de restricción (R) se viene a añadir el pago por parte de los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 de la sobretasa nacional de $4 por kW/h consumido con destino al Fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) para el “pago de las obligaciones financieras en las que incurra… para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en toma de posesión en el territorio nacional” (léase Electricaribe).

Adicionalmente, las empresas vigiladas por la SSPD deberán pagar una contribución del 1% adicional a la que ya pagan a favor del mismo Fondo empresarial, la cual terminarán pagando los usuarios vía tarifa por hacer parte de sus costos.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE

¡A sembrar las regalías!

Reproducimos la más reciente columna del Exministro de Minas y Energía Amilkar Acosta sobre el papel del sector extractivo en la necesaria transformación Productiva del país.

Por: AMYLKAR ACOSTA M.

29 de diciembre de 2019.   En Colombia, al igual que Latinoamérica, como lo afirma la secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) Alicia Bárcena, “nos convertimos en exportadores de materias primas, volvimos a esquemas que creíamos superados” y remata diciendo, “así nos será muy difícil dar sostenibilidad a nuestro crecimiento”.

El caso de Colombia es patético. Además de que los sectores agropecuario e industrial perdieron participación en el PIB, al pasar del 24% y 22% en promedio al 6,2% y 12%, entre los períodos 1970–1980 y el 2012, respectivamente, las exportaciones de petróleo, carbón, oro y ferroníquel sumadas alcanzaron a representar el 70% del total de las exportaciones de Colombia. 

Si bien, como afirma Christina Figueres, ex secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, “hay que agradecerles a los hidrocarburos por lo que han hecho de la economía de Colombia, porque este país no sería lo que hoy es, con un desarrollo ejemplar en Latinoamérica, si no fuera por la exportación de carbón y petróleo. Sin embargo, llegó la hora de reconocer que es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”.

En un Informe del Foro Económico Mundial (FEM) ya había dicho con mucha razón que “Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía…y reducir su dependencia exportadora de los hidrocarburos”.

Bien dijo el experto y analista Manuel José Cárdenas que “apoyarse en factores tan estáticos como los recursos naturales, puede ser una buena manera de comenzar  pero una mala manera de continuar”. En este sentido, según la Presidenta del Consejo privado de competitividad Rosario Córdoba “la recomendación central de la OCDE es categórica: Colombia debe priorizar la agenda de transformación productiva y asignarle recursos a la altura del reto”.

Hay, entonces, consenso sobre la imperiosa necesidad de diversificar la economía nacional y la oferta exportadora, único camino para asegurar un crecimiento mayor y lo que es más importante, sostenido e incluyente.

Es bien sabido que cuando en 2012, en la cresta de la ola del largo ciclo (2003–2012) de altos precios de los conmmodities, el crecimiento potencial del PIB era del 4,8%, pero cuando sobrevino la destorcida de los precios (a partir del 2013 para los productos mineros y desde mediados de 2014 para el petróleo) se frenó la economía y fue así como el crecimiento potencial se redujo en el 2018 a sólo 3,5%. Y, lo que es más grave, llevamos cuatro años con un anémico crecimiento del PIB, por debajo de este menguado crecimiento potencial, lo cual explica en gran medida el repunte de la tasa de desempleo, que volvió a la senda de los dos dígitos.

¿Y en dónde está la fuente de financiamiento de la transformación productiva? El capital semilla, para sembrar las regalías y emprender la tarea largamente aplazada de la diversificación de la economía mediante la estrategia de la Transformación Productiva está en los recursos de los que dispone el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) en el fideicomiso constituido para el efecto, que bordean los $10 billones, así como los que se ahorren hacia el futuro, gracias a los mejores precios o a los mayores volúmenes de producción con respecto a los previstos en el Presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR), cómo está previsto en el Acto legislativo 05, que se acaba de aprobar por parte del Congreso de la República, amén de aquellos que, según la misma norma, tendrán esa misma destinación. Así lo vienen haciendo Arabia Saudita y Noruega, dos ejemplos dignos de imitar, que cuentan con sendos fondos soberanos para tal efecto, los cuales se nutren de la renta del petróleo y el gas, respectivamente.

No hace sentido que con las falencias que tiene Colombia, especialmente en materia de infraestructura, en lugar de invertir bien tales recursos, que superan con creces los que se esperan recaudar por cuenta de la controvertida reforma tributaria 2.0, los mismos estén atesorados, simplemente recibiendo unos magros rendimientos.

Es importante también encauzar de la mejor manera los recursos asignados para ciencia, tecnología e innovación (CTeI), los cuales deberían estar bajo la rectoría del recién creado Ministerio del ramo. Como lo aconsejó recientemente la Misión de Sabios, Colombia deberá apretar el paso en este frente para corregir el rezago del pasado de la inversión en CteI, sin la cual será imposible mejor su competitividad.

En el pasado los recursos del SGR correspondientes a CTeI han sido los de más baja ejecución y permanecen congelados en los bancos, ello es inaudito. Si seguimos por este camino, nos arriesgamos a que, como lo afirmó el Papa Francisco, “en el día del juicio final delante de Dios, nos contaremos entre los que enterraron el talento dado y no lo hicieron o de más  fructificar”.

Esta es una empresa de largo aliento, que debe comprometer los esfuerzos y la voluntad política no de una sino de varias administraciones, de varios períodos presidenciales, por eso la planteo como una política de Estado y no de gobierno, para que tenga continuidad en el tiempo y en el espacio.

Concluyo diciendo con Parke Dickey que “muchas veces en el pasado pensábamos que nos estábamos quedando sin petróleo, pero realmente nos estábamos quedando sin ideas”. ¡Eso no nos puede volver a pasar!

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE

Drummond: ¿Hacia una moratoria total del sector petrolero?

A propósito del reciente pronunciamiento de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por el incidente de desacato por parte de Drummond y que le ordena suspender la producción de 15 pozos en el campo La Loma, el exministro Amylkar Acosta hace una análisis de la situación y de las consecuencias de la sentencia.

Por: AMILKAR ACOSTA*

16 de diciembre de 2019.   La Sección Tercera del Consejo de Estado acaba de proferir una Sentencia en virtud de la cual se le notifica de manera perentoria a la multinacional Drummond la orden terminante de suspender toda actividad en el campo La Loma (Cesar), en el cual dicha empresa ha venido explotando el gas metano asociado a los mantos de carbón (CBM por sus siglas en inglés).

La razón que se aduce para ello es que este “esta incluido dentro del concepto de los yacimientos no convencionales (YNC)” y como se recordará la misma Sección del Consejo de Estado había suspendido provisionalmente, como medida cautelar, la vigencia del Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución 90341 del 28 de marzo de 2014 que reglamentan la materia.

A esta medida que, en la práctica, decretó una especie de moratoria de la utilización del fracking en Colombia, ya nos referimos, mostrando y demostrando las inconsistencias de la misma.

Al suspender dichas normas, ipso facto se le puso el freno de mano a la actividad exploratoria y de explotación de los yacimientos no convencionales ante la imposibilidad de adelantarse sin su sujeción a las normas técnicas y ambientales pertinentes. Pero siempre se aludió en el auto de la referencia a la utilización de la estimulación hidráulica en dichos yacimientos, identificándola con el fracking, cuyas carácterísiticas propias difiere de la estimulación hidráulica que se ha venido utilizando en Colombia durante más de 40 años y se sigue utilizando en yacimientos convencionales tales como los campos de Cusiana, Cupiagua y Apiay, como nos lo recuerda el experto y asesor global de la petrolera BP Martín Rylance en su entrevista reciente al periódico El Tiempo.

La tecnología del fracking comporta la perforación de pozos horizontales, además de los verticales y, a diferencia de otras técnicas de estimulación, comporta el fracturamiento hidráulico multietapa, amén de que sólo es aplicable en aquellos yacimientos no convencionales tipo shale, también llamados esquistos o lutitas. Esta y sólo esta es la forma cómo puede penetrarse la llamada roca generadora en la cual está atrapado el hidrocarburo para que fluya y pueda ser extraído. Así se entiende en el argot de la industria petrolera a nivel internacional y así lo entiende también la Comisión de expertos contratada por el Gobierno nacional para que emitiera su concepto sobre la viabilidad y conveniencia de la utilización del fracking en Colombia y diera sus recomendaciones. En otras palabras, lo que hace la diferencia entre la técnica del fracking y otras técnicas similares que se utilizan en la explotación petrolera es la perforación de pozos horizontales hasta llegar a la roca generadora.

Conscientes de que, como dice el adagio popular una cosa es con guitarra y otra con violín, la Comisión de expertos hizo en su Informe final, publicado en el primer semestre de este año, la distinción entre la estimulación hidráulica de común usanza en los yacimientos convencionales y no convencionales y el fracking en los siguientes términos: como el foco de la misma estaba puesto sobre la utilización de la técnica del fracking, “en consecuencia, no se examinaron las técnicas de extracción de hidrocarburos de otros tipos de yacimientos no convencionales, como los que se encuentran en rocas calizas o arenas concisas (o apretadas), ni las relativas al gas metano asociado a yacimientos de carbón. La extracción de hidrocarburos de estos tipos de yacimientos involucra fracturamiento hidráulico tradicional (o convencional), el cual ha utilizado la industria por más de medio siglo y no es el que ha generado la polémica presentada recientemente”. ¡Más claro sólo el agua!

Se sigue de lo anterior que para utilizar la estimulación hidráulica en yacimientos convencionales y no convencionales, que no ameritaran ni la perforación de pozos horizontales ni fracturamiento multietapa (léase fracking) no se requería de la expedición del Decreto 3004, ni de la Resolución 90341 y mucho menos de las resoluciones 0421 y la 49242 expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que la Sección Tercera del Consejo de Estado inexplicablemente desestimó en su primer pronunciamiento.

Dichas normas, al igual que el Acuerdo 03 de 2014 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), fueron expedidas explícitamente para regular todo lo concerniente a la utilización de la técnica del fracking en yacimientos no convencionales. Dos de esos actos administrativos fueron demandados, el Decreto 3004 y la Resolución 90341 y fueron esos y no otros los que dicha Sección suspendió temporalmente mientras falla de fondo sobre el asunto.

El CBM

Ello explica que el contrato entre la Drummond y la ANH para la exploración y explotación del gas metano asociado a los mantos de carbón (CBM) en el área que le había sido concesionada para extraerlo data desde el 12 de noviembre de 2004. Por su parte la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le otorgó la Licencia ambiental para que procediera en consecuencia en diciembre de 2015 y, en efecto, las primeras actividades de estimulación hidráulica tuvieron lugar entre el 14 de marzo de 2018 y el tercer trimestre del mismo año, con antelación al auto de la Sección Tercera que decretó la suspensión de los actos administrativos en mención. Desde entonces dicho desarrollo pasó a la fase de producción, la cual se rige por la Resolución 181495 de 2009 y el Decreto 3930 de 2010, aún vigentes, las cuales anteceden al auto de noviembre pasado.

A contrario sensu, la sección Tercera del Consejo de Estado sostiene que “la producción de los pozos que se adelantan en el campo La Loma recae sobre yacimientos no convencionales de gas metano asociados a mantos de carbono, a través de las técnicas que habilitaba la resolución 90341 de 2014”. De allí se sigue, según ella, que es “claro que ello comporta la extensión de los efectos jurídicos de una técnica suspendida y, por lo tanto, la producción en estos pozos esta cobijada con la medida cautelar decretada, como quiera que así se asegura la protección de medio ambiente y demás bienes jurídicos tutelados de los posibles efectos nocivos por el empleo de esas técnicas”.

Cabe preguntarse cuál es la “técnica suspendida” y la respuesta es clara, se trata de la técnica del fracking, no de otra diferente y, como queda probado, ni allí ni en ninguna otra parte en Colombia se está utilizando dicha ténica.

No obstante, según se infiere en el fallo del alto tribunal de lo contencioso “existe evidencia sobre un posible desacato de la medida cautelar por parte de la referida entidad, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Drummond y Ecopetrol S.A en la explotación del campo La Loma”.

Y estamos hablando de una explotación por parte de Drummond, Ecopetrol nada tiene que ver, de gas metano asociado a los mantos de carbón (CBM), en donde no se está utilizando la técnica del fracking. Simple y llanamente, tal cual se da en aquellos yacimientos convencionales y no convencionales de petróleo y gas ya reseñados, en donde estos están alojados en rocas sedimentarias de baja porosidad y permeabilidad, se recurre a la estimulación hidráulica por una sóla vez, en pocas etapas, perforando pozos verticales y sólo verticales, para de esta manera ayudar a mejorar la productividad del yacimiento en cuestión.

La estimulación hidráulica

Ahora bien, el auto de noviembre de 2018, confirmado el 17 de septiembre de este año, se había limitado a la “suspensión provisional de los actos administrativos enjuiciados, toda vez que su aplicación comporta la vía libre a la técnica del fracking”, la que identifica con la estimulación hidrálica, como si fueran una y la misma cosa, pese a las diferentes modalidades de la misma, dentro de las cuales el fracking es sólo una de ellas. Además, se reconoce en el mismo auto que hasta ese momento “no se han otorgado licencias para su utilización”. Es más, en la misma providencia del Consejo de Estado se advierte que en la explotación del gas metano asociado a los mantos de carbón (CBM) “se utilizan técnicas de extracción que, si bien no se pueden catalogar como fracking, están contenidas en la Resolución 90341 de 2014 del Ministerio de Minas y Energía”.

Ahora la Sección Tercera es más taxativa al dejar establecido que “a partir de esa suspensión, la exploración y explotación de yacimientos no convencionales resulta inviable”, sin hacer ninguna diferenciación. Y lo que es más grave, dejó sentado que “esta decisión se extiende a cualquier autoridad o particular que se encuentre en las mismas condiciones aquí estudiadas”.

Es decir, que mañana o pasado mañana, con los mismos argumentos que hoy se ordena a Drummond detener sus operaciones en La Loma, puede llegar a ocurrir lo mismo en otros campos como los ya mencionados, en los que se viene utilizaco la estimulación hidráulica, que no el fracking. Ello nos conduciría a una especie de moratoria total de la actividad petrolera en Colombia, con todas sus consecuencias, que sería una pésima señal para el sector.

Lo que está en juego

Es de anotar que según un estudio de Arthur D Little Inc (2007) se estima que se cuenta con un potencial de gas metano asociado a los mantos de carbón (CBM) in situ de 6.9 terapies cúbicos, casi el doble de las reservas probadas remanentes de gas natural con que cuenta el país (3.7 TPC), de los cuales unos 3.4 terapies cúbicos podrían ser volúmenes potencialmente recuperables.

El país pasó hace rato de un escenario de abundancia de gas natural a otro de escasez, en donde la caida de las reservas nos está abocando a una situación de estrechez para satisfacer la demanda, al punto que se vió la necesidad de contar con una planta regasificadora en Cartagena para, de ser necesario, importarlo. Por lo tanto es fundamental contar con esas reservas de gas a futuro.

A mi paso por el Ministerio de Minas y Energía quise destrabar y viabilizar la explotación del gas metano asociado a los mantos de carbón en El Cerrejón en La Guajira, donde por falta de un acuerdo entre la Drummond y El Cerrejón, en donde la una tiene la concesión para extraer el gas y la otra para extraer el carbón, ha bloqueado esa posibilidad.

Les hice saber que no podía prevalecer el interés particular de dichas empresas sobre el interés nacional y les dí un plazo razonable para que tramitaran sus diferencias, pero debí retirarme del Ministerio antes de que ello fuera posible. Este es un tema pendiente, que no se puede aplazar indefinidamente.

Cabe advertir que, contrariamente a lo que algunos criticos plantean sobre el impacto sobre el medioambiente que acarrearía esta operación, el efecto neto sería beneficioso para el medio ambiente. Me explico. Así como donde quiera que haya petroleo hay agua y gas, también, donde quiera que haya carbón hay agua y hay gas.

Al extraer el carbón, el gas metano que está atrapado en los intersticios de los mantos de carbón se libera a la atmósfera, contaminando y contribuyendo al cambio climático, tanto más en cuanto que el gas metano es 23 veces más dañino que el CO2. Si, en su lugar, se aprovecha, como lo ha venido haciendo Drumond en La Loma, se reducen tales emisiones.

Como si lo anterior fuera poco, la Drumond ha venido aprovechando ese gas para autogenerar la energía que requiere para su operación; en caso de no poder seguir produciéndolo muy seguramente sus plantas eléctricas tendrán que seguir operando ya sea con carbón o con diesel, mucho más contaminantes que el gas.

Todos estos aspectos deben ser sopesados por la Sección Tercera del Consejo de Estado antes de dejar en firme su decisión con respecto al incidente de desacato.

Por lo demás, como lo ha advertido la empresa, dada la peculiaridad y las condiciones técnicas como operan los pozos productores de gas metano asociado a los mantos de carbón (CBM), una vez que se suspenda la operación de los mismos, para lo cual le han estipulado un plazo terminante de tres meses, ellos no se podrán reactivar, lo cual causaría daños graves e irreversibles a la operación.

Por lo demás, la industria está expectante del desenlace de esta querella, puesto que de alguna manera lo que está en juego en el fondo es la seguridad jurídica, pues no es dable cambiar las reglas de juego en la mitad del partido, tal y como acontece en este caso, sentando un precedente muy delicado, que puede llegar a espantar a la inversión y a los inversionistas del sector.

*Exministro de Minas y Energía

Las cuentas de la lechera

A continuación reproducimos la columna del exministro Amilkar Acosta, quien analiza la política económica del Gobierno del presidente Iván Duque.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA M.*

27 de agosto de 2019.   El Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla presentó a consideración del Congreso de la República el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 077 de 2018 para la vigencia 2020, aforándolo en la suma de $271.7 billones y lo ha calificado como “fiscalmente responsable”. Grosso modo sus principales rubros son: funcionamiento $172.1 billones (63.3%), deuda $59.3 billones (21.8%) e inversión $40.4 billones (14.9%).

Los principales supuestos implícitos en este proyecto son los siguientes, soportados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) presentado por el Gobierno en el mes de junio: crecimiento del PIB del 3.6% en el 2019 y 4.1% en 2020, tasa de cambio de $3.132 por dólar en 2019 y $3.151 en 2010 e inflación de 3.4% y 3% para los años 2019 y 2020, respectivamente. Cabe preguntarse qué tan realistas y realizables en la práctica son estas premisas.

El apretón fiscal

Al presentar oficialmente el MFMP el Ministro Carrasquilla manifestó que “la mejor política fiscal es un mayor crecimiento económico y esa es la gran apuesta del Gobierno”. Y no le falta razón al Ministro, de modo que si él pierde su apuesta de crecimiento del PIB, como lo sostiene la calificadora de riesgo Moody´s, ello “podría llevar a un menor recaudo tributario, que requeriría un mayor esfuerzo fiscal para continuar reduciendo el déficit del Gobierno”. Y, como es bien sabido, la meta de este es la de reducir el déficit del 3.1% del PIB a 2.4% en 2019 y llevarlo hasta el 1.6% en 2020. Para ello será menester un fuerte apretón del gasto, máxime cuando según el propio Ministro “el proyecto de presupuesto está desfinanciado en $8 billones.”

No obstante, el Ministro Carrasquilla se ha ufanado de contar con un “panorama fiscal despejado” y hace alarde de “sobrecumplir” la meta del déficit fiscal de 2.7% para el 2019, la misma que había fijado el Comité consultivo de la Regla fiscal, luego de flexibilizar la meta inicial de 2.2%, aduciendo la presión fiscal que significaba la avalancha migratoria de venezolanos. Claro está que, para mantener a raya el déficit fiscal del 2.4% del año anterior, se ha impuesto el Gobierno un ajuste fiscal sin precedentes de 0.7% del PIB al cierre de este año. Según el Ministro Carrasquilla, de este modo obtendría al final de este ejercicio, por primera vez desde 2012, un superávit primario de 0.6% del PIB para 2019 y de 0.7% para 2020.

Dada la inflexibilidad inherente del PGN, que supera el 80%, el gran sacrificado es el rubro de inversión, 14.5% menor del monto inicial aprobado en 2019 ($46.8 billones), antes del “aplazamiento” de los $7 billones, es decir $6.8 billones menos. Como lo sostiene la ANIF “este ha sido el costo fiscal tras el fracaso de la Ley de Financiamiento 1943 de 2018 en su intento de expandir la tributación del IVA a la tasa del 19%”. Y, lo que es peor, según la ANIF, “aún falta por evaluar el drenaje tributario del IVA del combustible del 19% al 15% (estimado inicialmente en un 0.3% del PIB)”.

Según el presidente de la ANIF Sergio Clavijo, “el grueso del recorte fiscal va a reducir la formación de capital fijo público (carreteras, acueductos, energía), que del 2.2% del PIB en 2018 pasará a 1.4% en 2020, ese sí afectando el crecimiento” potencial.

Preocupa sobremanera que la reducción del 80% del presupuesto asignado al Departamento Nacional de Planeación el próximo año, pasando de $360.000 millones a tan solo $75.888 millones. Ello estaría alineado con la propuesta de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo de quitarle el presupuesto de inversión a esta entidad y centralizar estos recursos en el Ministerio de Hacienda.

Un caso patético es el de los subsidios a los usuarios más vulnerables de los servicios de energía y gas. Según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, la suma apropiada para cubrir los subsidios de energía eléctrica y gas natural para la vigencia de 2020 es de $742.5 mil millones, que dista mucho de su requerimiento de $3.74 billones. La explicación del Ministerio de Hacienda estriba en que el Gobierno se propone racionalizar y focalizar dichos subsidios pero, mientras ello no se dé, la obligación del Congreso de la República es apropiar la partida para cubrirlos, ateniéndose a la normatividad vigente.

La ley de Wagner

Se pretende por parte de ministro Carrasquilla reducir el tamaño del Estado y por esta vía reducir el gasto, el cual pasó de representar el 16.8% del PIB en 2013 al 15.6% en 2018 y ahora el Gobierno se propone reducirlo hasta el 15.4% en 2022. Pero, según las conclusiones a las que arribó la Comisión del gasto y la inversión pública, “el gasto público tiende a aumentar como proporción del PIB a medida que los países se desarrollan, reflejando la creciente demanda de servicios públicos”.

Y, como lo sostiene Jorge Iván González, uno de los integrantes de dicha Comisión, de acuerdo con la Ley de Wagner, el gasto público crece inercialmente  como porcentaje del PIB en todos los países y Colombia no es la excepción. El gasto público, según la Comisión del gasto, está indexado de un año a otro a ritmos del 4% real anual. Refiriéndose al proyecto de Presupuesto, González señaló que “lo peor que se puede hacer en este momento, si está aumentando el desempleo, es reducir la inversión pública”. Ello, además, le restaría impulso al débil crecimiento del PIB.

El coletazo de la Ley de Financiamiento

En cuanto a los ingresos se refiere, el ministro de Hacienda viene haciendo cuentas alegres, como las de la lechera de Samaniego, que enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro. Veamos: se aduce que al reducir la tarifa efectiva que deben tributar las empresas se mejora la tributación neta 0.8 puntos porcentuales, elevándola al 14.7% del PIB para el 2022, de los cuales 0.4 puntos porcentuales serían atribuibles a “gestión  fiscal” por parte de la DIAN.

El ministro Carrasquilla, como el ex presidente de EE.UU. Ronald Reagan, cree a pié juntillas en la curva de Laffer, que debe su nombre a un reputado economista que en los años 80´s justificó los recortes de la tasa impositiva pretextando que de esta manera aumentaba el recaudo. El Nobel de Economía Paul Krugman lo ha rebatido apoyándose en la experiencia empírica, que se repite con Trump, que va a contrapelo de la misma.

La otra cara de la moneda está representada por el costo fiscal de la Ley de desfinanciamiento, como la llama ANIF, que se calcula en $10 billones para el año entrante. Sólo por concepto de la reducción de la tarifa del impuesto de renta se dejará de recaudar en el 2020 $1 billón, por el descuento del 100% del IVA en la compra de bienes de capital $6 billones por año y el descuento del 50% del impuesto de industria y comercio $1 billón anual.

Como lo sostiene el experto en economía Johns Hopkins “la Ley de Financiamiento salió mal: si bien bajó los impuestos empresariales, como había prometido el presidente en campaña, lo hizo a costa de dos males. El primero, una larga lista de exenciones y tratamientos especiales injustificados que premian a aquellos con capacidad de lobby o a los que tiñen su actividad con ciertas características cromáticas anaranjadas; y, el segundo, al recaudarse menos de lo que el plan de gobierno requiere, las cuentas públicas se descuadraron”.

Además, los resultados que se esperaban con el alivio tributario a las empresas siguen sin impulsar el crecimiento, al punto que la Junta directiva del Banco de la República redujo su previsión de crecimiento del PIB para este año del 3.5% al 3.1%. De hecho, después de crecer en el primer trimestre el 3.1%, para alcanzar la meta del 3.6%, que el ministro Carrasquilla ha convertido en su mantra, la economía tendría que crecer en el segundo semestre por encima del 4%, lo cual es muy difícil, sobre todo si tenemos en cuenta el freno al crecimiento de la economía global y los amagos de recesión en la economía estadounidense. Y no hay que olvidar que cada punto del PIB del crecimiento representa recaudo del orden de los $2 billones, aproximadamente. Tampoco se ha traducido en mayor generación de empleo, por el contrario el desempleo viene creciendo. En lo sucesivo, los beneficios tributarios o de otra índole que se dispensen a los contribuyentes a manera de incentivos o estímulos deberían estar condicionados al cumplimiento de los fines que los justifican.

El catálogo de buenas intenciones

El presidente Iván Duque, preocupado por el creciente desempleo, el lento crecimiento de la economía y la vulnerabilidad de esta frente al choque externo que significa el déficit en la cuenta corriente de la Balanza de pagos, según la OCDE, del 4.4% del PIB para el primer trimestre de este año y una tasa de cambio débil que se prolonga en el tiempo, convocó una cumbre con los empresarios del país. Al referirse a las criticas por los magros resultados de la reforma tributaria que disfrazaron de Ley de Financiamiento dijo que “esto no es, como algunos han tratado siempre de caricaturizar, que el Gobierno les da gabelas a los empresarios, no. Aquí no se les dan gabelas a los empresarios. Aquí se hace una apuesta por el crecimiento y la generación de empleo, a partir del más importante motor que puede tener una sociedad democrática, que son sus micro, pequeños, medianos y grandes empresarios”.

Y, al clausurar el evento, subrayó que “hoy se firman 12 pactos por el crecimiento y la generación de empleo, con más de 500 compromisos, y faltan muchos más. No son pactos de lugares comunes, sino medidas concretas, sector por sector, con dos grandes objetivos: crecer más el sector y generar más puestos de trabajo”.

Se espera con estos 12 pactos y 500 compromisos (¡!) que la economía crezca por encima del 5%, se generen 866 mil empleos en los próximos 3 años, que los 45 gremios firmantes generen $6.2 billones adicionales de inversión, al pasar de la cifra de $41.3 billones del período entre 2014 – 2018 a $47.6 billones de aquí al 2022. Crecimiento de las exportaciones en US $3.576 millones (unos $12.1 billones, aproximadamente). Y en materia de producción de los sectores por ellos representados, se comprometieron prácticamente a duplicarla, pasando de $15.8 billones en 2018 a $29.2 billones (¡!). Habrá que esperar que tan importantes compromisos se cumplan, no vaya a ser que se esté pensando con el deseo y la declaración suscrita no pase de ser un catálogo de buenas intenciones. 

La euforia del ministro

A todas estas, el ministro Carrasquilla ha descartado una nueva reforma tributaria para poder cumplir con la Regla fiscal; es más, recientemente hasta descartó que por lo pronto tenga que apelar a la privatización de activos del Estado, como lo había anunciado, porque dice él “no necesitamos vender activos este año. La situación fiscal está completamente bajo control y en junio tenemos un superávit primario bastante importante y la mejor dinámica fiscal que hemos visto en muchos años”.

Por su parte el director de la DIAN, José Andrés Romero, manifestó que “las metas de recaudo, al igual que las expectativas, se han venido cumpliendo. Eso ayuda a dar la tranquilidad de que no tenemos que salir corriendo a vender compañías como Ecopetrol o ISA, porque tenemos una administración tributaria que es eficiente”. Cabe preguntarse si la eficiencia de la administración tributaria, de la que se vanagloria el director de la DIAN, será suficiente para arbitrar los $8 billones que hacen falta para balancear el Presupuesto. 

El contraste no puede ser mayor entre la euforia del Ministro y del Director de la DIAN y la opinión informada de Johns Hopkins en el sentido que “los nuevos logros (en materia fiscal) se esconden detrás de cambios en la forma de medir el déficit que han puesto en duda la confianza en esas cuentas. Si midiéramos el déficit de este año con la misma métrica del pasado lo más probable es que haya crecido”. Se refiere él a los malabares que viene haciendo el Ministro Carrasquilla y los subterfugios a los que viene recurriendo para hurtarle el cuerpo a la Regla fiscal. Y va más lejos Hopkins al advertir  que “la posibilidad de que las calificadoras de riesgo terminen bajando nuestra nota, poniendo en riesgo el grado de inversión es, paradójicamente, mucho más alta ahora que hace un año”. ¡Amanecerá y veremos!

*Exministro de Minas y Energía.