Categoría: Opinión

Bogotá logró salir prácticamente intacta del pasado fenómeno de El Niño. El racionamiento de agua fue la pequeña secuela para sus habitantes, que encontraron la manera de convivir con la nueva realidad provocada por los fenómenos climáticos, pero la ciudad podría estar ad portas de un apagón.

Por: SERGIO SEGURA*

Años atrás los expertos expresaron su preocupación frente al manejo del agua en Bogotá y entregaron sus recomendaciones con el fin de mitigar riesgos y evitar la situación, pero como es constante en Colombia, las acciones llegan tarde y terminaron siendo más reactivas, menos proactivas y correctivas. Así las cosas, al paso que vamos, el racionamiento de energía en Bogotá puede ser otra crónica de muerte anunciada, presa del pobre y lento avance en los proyectos que necesita el centro del país.

Es alarmante observar cómo los gremios e importantes jugadores del sector eléctrico cada vez que alzan su voz en los medios de comunicación, entrevistas, foros y comunicados le piden al gobierno nacional acciones inmediatas para evitar revivir el fantasma del racionamiento de energía con el que estuvo conviviendo la capital a finales del siglo XX en la coloquialmente llamada “Hora Gaviria”.

Y es que el racionamiento de energía en Bogotá no es un evento que vaya a suceder en unos pocos años. El racionamiento de energía ya está ocurriendo hoy en la sabana de Bogotá. Según datos entregados por el presidente del Grupo Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, en uno de los foros energéticos organizados recientemente, (i) la compañía chilena Falabella no logró inaugurar uno de sus centros de distribución de gran envergadura como consecuencia de la imposibilidad del GEB para construir las líneas de trasmisión necesarias para entregar energía proveniente de Sogamoso y Chivor, (ii) los grandes proyectos de construcción inmobiliarios ya están estancados a las afueras de la ciudad por no tener certeza en su conectividad eléctrica, y (iii) la edificación de los parques industriales en el norte y occidente de Bogotá están detenidos, fruto de la complejidad que viven día a día las compañías del sector para obtener la licencia ambiental. Una licencia que se ha convertido en la herramienta de negociación de diferentes grupos de interés para bloquear los proyectos indispensables en la región.

Es importante precisar que Enel Colombia, la compañía a cargo de brindar la generación y distribución de energía en Bogotá por medio de Emgesa y Codensa, si dimensionó desde antes del 2020, las crecientes necesidades de energía para la capital durante la actual década (1era línea del Metro, Regiotram de Occidente, Proyectos industriales y residenciales en la sabana) y de manera responsable planteó por medio de su plan de inversiones, “Bogotá-Región 2030”, la asignación de capital por $1.5 billones de pesos para la construcción de nuevas subestaciones de energía, líneas de transmisión, así como la modernización y digitalización de la infraestructura existente. Sin embargo, al volcar la mirada al estado de avance que presentan los proyectos planteados, las alarmas inevitablemente vuelven a prenderse y el grado de preocupación en los expertos sigue creciendo. A la fecha, solo seis proyectos se encuentran culminados o en etapa de construcción, mientras que la mayoría de estos se encuentran aún en etapa de estudio y de aprobación de licenciamiento ambiental.

Infortunadamente, los proyectos de energía que necesita Bogotá no son un caso aislado en Colombia. Son el reflejo de lo que están pasando los proyectos energéticos en gran parte del territorio nacional y lo que afrontan las compañías involucradas con el suministro de energía y la transición energética.

Según cifras de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), el 65% del programa de inversión en generación de energías renovables 2023-2024, el cual se encuentra muy de la mano con las proyecciones del Plan Energético Nacional 2022-2052 (PEN), se encuentran adelantando tramites y varios de ellos con retrasos importantes para su puesta en marcha, representando en su mayoría la nueva capacidad de generación en energías renovables del país. De esta manera, como precisa el exministro Amylkar Acosta, al

paso que vamos “el margen de maniobra está muy estrecho, de lo cual, cualquier contingencia que se presente pone en riesgo la firmeza y la confiabilidad en la prestación del servicio”.

Como pinta el panorama, es posible que en los próximos años los empresarios, trabajadores, comerciantes e independientes bogotanos deban hacerse a la idea de convivir con otro lucro económico cesante a costa de la lenta reacción del gobierno nacional, y la falta de coordinación con los agentes privados del sector eléctrico para lograr destrabar los proyectos, imprescindibles para el desarrollo y crecimiento económico en la capital.

Puede que ayude a entender la dimensión y fragilidad de la coyuntura energética que puede vivir Bogotá, a causa del racionamiento de energía en años venideros, si se abarca desde la perspectiva económica. Acorde con el estudio más reciente del Banco de Bogotá, el impacto económico del racionamiento para todos los bogotanos podría llegar a equipararse al golpe que tuvieron en sus ingresos en la época de la pandemia del “Covid-19”, en el cual, solo un mes de racionamiento de electricidad en la capital podría equivaler a una perdida en ingresos para los bogotanos de $ 9 billones de pesos, que se traduce en contracción marcada en la actividad económica y pérdidas de empleo en la ciudad con impacto y transmisión al resto del país (Bogotá genera cerca del 25% del PIB del país).

Puede que a Bogotá aún le quede tiempo y margen de maniobra para corregir el curso que la llevaría a tener en algunos años un marcado racionamiento energético, revivir al fantasma de la Hora Gaviria y evitar hablar de nuevo de otra crónica de muerte anunciada. Sin embargo, pareciera que al gobierno nacional, como es la constante en Colombia, esperaría hasta el último instante para dialogar y buscar la solución reactiva y poco proactiva-correctiva que necesita el empresariado y todos los colombianos.

Mientras tanto, a Bogotá poco a poco se le están yendo las luces, y el sentimiento dentro del sector eléctrico demuestra un creciente nerviosismo por la inminente necesidad de desplegar y cumplir con los proyectos que garanticen a la capital y al país la confiabilidad energética que necesita.

*Analista económico y del sector energético de CAIA

Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por las Naciones Unidas. Esta efeméride está íntimamente relacionada con la sostenibilidad.

Por: MAURICIO LÓPEZ*

Recordemos que hemos reiterado que la sostenibilidad es integral entre las dimensiones ambientales, sociales y económicas. Sin menoscabo de lo anterior es claro que celebrar este día es un llamado a la acción para crear una narrativa que permita consolidar una conciencia global acerca de los problemas ambientales y por supuesto, generar estrategias, programas y actividades en todos los niveles para cuidar nuestra Casa Común.

Estamos ante una situación especial que exige toda nuestra inventiva y decisión porque muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos para el 2030 a nivel mundial apenas van con cumplimientos promedios al 25% y en algunos casos menores.

A manera de ejemplo, hay una evidente escasez de agua que afecta a más del 40% de la población mundial. En Latinoamérica y el Caribe la eficiencia en el uso de agua disminuyó de 13.4 USD/m3 a 11.8 USD/m3. Todo esto impone que hay que mejorar la eficiencia en el uso del agua para reducir el estrés hídrico. 

Uno de los límites planetarios o techo ecológico que no debemos sobrepasar tiene que ver con el cuidado de los océanos, ya que se encuentran en una situación de riesgo por el aumento de la eutrofización, la acidificación, el calentamiento de sus corrientes, la contaminación por plásticos y la sobrepesca. 

De otro lado, en Latinoamérica y el Caribe se experimentó una degradación de la tierra y bosques más rápida que la media mundial. En Colombia tenmos alrededor de 200 mil hectáreas desforestadas por año, lo cual es francamente decepcionante.

Este 2024 la convocatoria se ha hecho para resaltar la resiliencia y la adaptación a la desertificación, bajo el lema “Nuestras tierras, nuestro futuro”. Y sigue la secuencia de años anteriores, relacionados sobre los mismos ejes.

En 2023 se habló de «Restauración de Ecosistemas», con un enfoque en prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todo el mundo. En 2022, con el llamado a «Una Sola Tierra», se destacaba la necesidad de vivir de manera sostenible en armonía con la naturaleza. En 2021, la narrativa se centró en «Reimagina, recrea, restaura”, llamando la atención en la restauración de ecosistemas dañados como una forma de combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad.

En todas las convocatorias aparecen como ejes centrales, la conciencia y la educación, presentando prácticas sostenibles y fomentando la educación ambiental. También, promoviendo una Acción Colectiva para lograr una movilización global, procurando un empoderamiento efectivo y con conocimiento de las comunidades. Por supuesto todo enfocado dentro de la Agenda 2030 de Sostenibilidad con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una materialidad mayor en aquellos relacionados con el medio ambiente, como la acción climática (ODS 13), vida submarina (ODS 14), vida de ecosistemas terrestres (ODS 15), y la gestión sostenible del agua (ODS 6).

Dentro de todas estas dinámicas, los Objetivos Basados en Ciencia (Science-Based Targets, de ahora en adelante SBT, por su sigla en inglés) se presentan como parte crucial del enfoque general de la sostenibilidad para abordar el cambio climático y promover prácticas empresariales responsables.

Dentro del ODS 17 –Alianzas para la sostenibilidad, la iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia -SBTi, surge como una colaboración efectiva entre varias organizaciones, destacando el Pacto Global de las Naciones Unidas, el CDP, el Instituto de Recursos Mundiales y WWF. Se pretende validar los objetivos de las empresas para que estén debidamente alineados con la ciencia del Clima. Los puntos centrales pueden resumirse en:

• Reducir emisiones de carbono
• Preservar los recursos del agua dulce y la seguridad hídrica
• Mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
• Conservar y regenerar los sistemas terrestres
• Asegurar océanos sanos y diversos

En este escrito, nos enfocaremos esencialmente en el primer item, de Reducción las emisiones de Carbono.

En temas de Cambio Climático, los SBT se pueden definir como las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) alineadas con los expertos mundiales, especialmente del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), creado en 1988 para facilitar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta.

De hecho, en las últimas reuniones se ha insistido en la necesidad de limitar el calentamiento global a niveles seguros, generalmente por debajo de los 2°C y preferiblemente a 1.5°C, en comparación con los niveles preindustriales. En Global Compact a nivel mundial estamos promoviendo claramente este límite de 1,5°C.

Para este propósito y lograr que se establezca SBT, hay que tener una evaluación de las emisiones actuales de GEI; una vez hecha la evaluación se pasa a la definición de los objetivos de reducción, que sean consistentes con los niveles necesarios para cumplir con los acuerdos climáticos internacionales; posteriormente empieza la implementación, con estrategias claras para lograr estos objetivos y finalmente la realización del monitoreo y reportes periódicos para mostrar los avances.

Existe una relación armónica entre los SBT y la Sostenibilidad, empezando por la complementariedad, ya que los SBT son específicos dentro del marco más general de los ODS, al estar enfocados en la reducción de GEI para abordar el cambio climático.

De otra parte, se promueve que haya una Integración Estratégica, dado que las empresas que establecen SBT generalmente incorporan estos objetivos en sus estrategias de sostenibilidad más amplias. Eso se ve reflejado en una reducción en todas las operaciones y procesos de las empresas, en las cadenas de suministro y productos. También tienen conexión estrecha con la gestión de residuos, la eficiencia energética y por supuesto, en los impactos positivos en los diferentes grupos de interés. 

De esta manera se tienen importantes beneficios al incorporar los SBT. Se destacan, la reducción de riesgos, con una clara referencia al cumplimiento cada vez más restrictivo de las regulaciones ambientales; igualmente se mejora en la eficiencia operacional,  reduciendo los costos operativos.

De otra parte, se impulsa la innovación, sobre todo en productos y procesos sostenibles, lo que deriva en una mejora de la reputación y fortalecimiento de lamarca; todo esto, también viene acompañado con una mayor facilidad en el acceso a inversionistas, con menores tasas de colocación del recurso financiero y una mayor diversificación de ofertantes.

En definitiva, implementar SBT es crucial para el medio ambiente y, además, proporciona ventajas competitivas y asegura la resiliencia y el éxito a largo plazo de las empresas.
*Director Ejecutivo Pacto Global Red Colombia

Los resultados en picada de Ecopetrol hablan de su momento crítico y la urgente necesidad de colocarle la lupa a las decisiones que se están tomando dentro de la principal empresa estatal del país.

Por: JOSÉ DAVID NAME*

El vertiginoso deterioro de la compañía aumenta el temor por el fuerte impacto que tendría sobre las finanzas públicas de Colombia, un eventual colapso.

La caída de 29% en sus beneficios netos durante el primer trimestre de 2024, con una reducción en sus utilidades de $1,65 billones en comparación con el mismo periodo de 2023, son nuevas cifras que se suman al desempeño negativo que viene presentando la compañía. Hay que recordar que las utilidades y los ingresos del 2023 cayeron un 42,8% en comparación con los 33,4 billones de pesos registrados en el 2022.

Por el lado de las reservas probadas, la disminución fue de 6,3%. Se bajó de 2.011 millones de barriles equivalentes (crudo y gas) en 2022 a 1.883 millones de barriles al cierre de 2023, es decir, que el índice de vida de las reservas pasó de 8,4 años a 7,6 años. La reducción en la actividad de taladros petroleros es otro campanazo que tiene preocupado al sector por el rezago sin precedentes que se viene presentando, fruto de la desinversión en la exploración y producción.

El controvertido cambio del objeto social de la compañía, aprobado recientemente por la Asamblea General de Accionistas, que incorporó la investigación, planeación, estructuración y comercialización de proyectos renovables, aumenta la incertidumbre sobre el futuro de Ecopetrol debido a las decisiones y la cuestionada estrategia corporativa que, si bien debe ir direccionada a una progresiva transición energética, debe seguir fortaleciendo su principal fuente de ingresos, los hidrocarburos.

Las actuales decisiones “estratégicas” lejos de posicionar a Ecopetrol como un líder en la transición hacia energías renovables, han evidenciado falencias significativas en su capacidad para adaptarse a las exigencias de un mercado cada vez más inclinado hacia la sostenibilidad.

Ningún bien le hacen a la compañía las calificaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro, acerca de un presunto desfalco millonario en Ecopetrol para financiar a paramilitares, personas y política. Los señalamientos que fueron rechazados inmediatamente por los expresidentes de Ecopetrol Felipe Bayón, Juan Carlos Echeverry y Javier Gutiérrez, por falta de pruebas y sustentos, ensombrecen el panorama ya complejo por los problemas jurídicos de su actual presidente Ricardo Roa, a quien se le investiga por la financiación de la campaña presidencial de 2022.

Una lluvia de advertencias han lanzado los líderes del sector frente al futuro de la petrolera, que vislumbra inmensos nubarrones. Los evidentes tropiezos en su gestión y estrategia, especialmente de disminución de la exploración y explotación de hidrocarburos, demandan una revisión profunda y crítica.

Estamos de acuerdo en que necesitamos una empresa comprometida con la transición energética, pero que también esté enfocada en potenciar los recursos de crudo y gas, garantizando su eficiencia operativa y financiera, así como la seguridad energética del país. Por lo pronto hay que tratar de despejar, con un plan de acción claro, esas nubes negras que se ciernen sobre Ecopetrol.

*Senador de la República.

Es bien sabido que mientras la economía crezca por debajo del 3.5% no sólo no genera empleo, sino que lo destruye, ello explica que las tasas de desempleo de un solo dígito han sido sólo flor de un día.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La economía colombiana arranca el 2024 con el pie izquierdo, sigue rengueando sin levantar cabeza. Según el más reciente reporte del DANE, en el primer trimestre de este año el PIB tuvo un magro crecimiento del 0.7% y aunque la proyección del Gobierno para el año completo es de 1.5%, el Banco de la República revisó a la baja su previsión desde 1% a 0.8%, el Banco Mundial hizo lo propio, recalculándolo de 1.8% a 1.3%, y el Fondo Monetario Internacioanl desde 1.3% a 1.1%.

Ello llevó al profesor de la Universidad de los Andes Marc Hofstetter a afirmar que “estamos estancados… Si uno quiere mirar lo que ha pasado en los seis trimestres que llevamos de este Gobierno, la actividad económica ha crecido 1%. Este es un dato muy malo”.

El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla ve el vaso medio lleno y con su optimismo panglosiano reaccionó a estas cifras matizando los resultados, afirmando que “el cuarto trimestre de 2023 terminó con un crecimiento de 0.3%, que significa que comenzó la reactivación de la economía que se debe reflejar en este 2024”, asumiendo que entre el último trimestre de 2023 y el primero de este año el PIB creció 1.1 puntos porcentuales, cuando la comparación, en rigor, debe hacerse es con igual trimestre del año anterior, cuyo crecimiento fue de 2.7%, es decir 2 puntos porcentuales por debajo. Peor aún si lo comparamos con el primer trimestre de 2022, cuando se registró un crecimiento del 8.2%.

Pero mientras él ve el vaso medio lleno, la mayoría de los analistas coinciden en verlo más bien medio vacío. Empezando porque el crecimiento económico completó cuatro trimestres consecutivos rozando el cero.

Excepción hecha del sector agropecuario, más el pecuario que el agrícola, que creció el 5.5%, y el repunte de obras civiles pasando con un crecimiento del 7.5%, pero que se ha visto contrarrestado por la caída del –6.8% en vivienda, los demás sectores productivos ajustaron entre cuatro trimestres consecutivos a la baja. 35 de sus 39 actividades en baja durante 15 meses consecutivos.

Igual que ocurrió con el crecimiento del PIB en 2023, de no ser por el crecimiento de la administración pública (5.3%), que contribuye con 0.7 puntos porcentuales al dato final, el crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año hubiera registrado una baja del – 0.1%.

En gran medida la baja en la producción responde al descaecimiento de la demanda. Al tiempo que el consumo final se ha estancado, registrando un crecimiento de sólo 0.4% para el primer trimestre de 2024, particularmente el consumo de los hogares creció un pírrico 0.6%, el consumo final del Gobierno registró una tasa negativa de –0.7%, reflejando fielmente la baja ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN), que el año pasado cerró en el 70.5%, nivel este que no se veía desde 2013, cuando alcanzó el 70.9%. En este primer trimestre sigue el rezago en la ejecución alcanzando el 14.3%, cuando a estas alturas debería estar en 33%.

Afirma José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos de ANIF, que “creemos que los siguientes trimestres tendrán un comportamiento similar al primero, repuntando hacia el segundo semestre del año para tener un cierre cercano al 1.1% anual”. Ello se explica en gran medida por el comportamiento del rubro de inversión, el cual registró un bajonazo en el 2023 del -24.8% y en el primer trimestre de este año del -13.64%. Acumula ya cinco trimestres a la baja. El nivel alcanzado de inversión en este trimestre estuvo por debajo del 15% del PIB, el más bajo desde 2005.

Y, como es apenas obvio, la baja en la inversión y la pérdida de su efecto multiplicador sobre las demás variables de la economía inhibe y arrastra consigo a la baja el crecimiento del PIB, al tiempo que condiciona el crecimiento potencial de la economía, el cual pasó del 4.8% en el 2012, aupado por el largo ciclo de precios altos de los commodities (2003 – 2011), al 3.5% en 2016 y actualmente llega a duras penas al 2.5%.

Es bien sabido que mientras la economía crezca por debajo del 3.5% no sólo no genera empleo, sino que lo destruye, ello explica que las tasas de desempleo de un solo dígito han sido sólo flor de un día.

Ante la ralentización del crecimiento de la economía de enantes y su estancamiento ahora se impone la necesidad de implementar por parte del Gobierno un plan de choque mediante una política contracíclica tendiente a reactivar la economía.

El presidente Gustavo Petro, ante el mediocre desempeño de la economía el año anterior, reaccionó diciendo que “el gobierno nacional tiene una responsabilidad. Cuando baja la inversión privada, debe crecer la pública”. Pero, al parecer, al presidente no le obedecen, porque a contrapelo de sus directrices, como ya lo vimos, la plata sigue en las fiducias y la paquidermia del Estado frena la ejecución de la inversión pública en los momentos en los que más se requiere.

Finalmente, vale la pena que el Gobierno escuche y tome nota de las recomendaciones que desde el sector productivo, los gremios y los centros de pensamiento se le vienen planteando con el propósito de sacar la economía del letargo en el que está.

Como lo afirmó el director de FEDESARROLLO Luis Fernando Mejía, “desde la política pública acelerar el crecimiento, primero con la adecuada ejecución del presupuesto que continúa por debajo del promedio histórico de los últimos cinco años”. Y llamó la atención sobre un factor que viene gravitando sobre la economía y su desempeño, que “tiene que ver con eliminar los factores de incertidumbre que ha sido una barrera especialmente de la inversión, de la formación bruta de capital”.

Bien dijo el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz que “las inversiones en confianza no son menos importantes que las inversiones en capital humano y maquinaria”. Y en Colombia estamos urgidos de la una y de la otra.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Arribamos a los primeros diez años de la Ley 1715 de 2014, radicado por el senador José David Name y tramitada por el Congreso de la República con nuestro apoyo desde el Ministerio de Minas y Energía.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Esta Ley estuvo antecedida de unos desarrollos legislativos y normativos de la mayor importancia, inspirados todos en el buen propósito de contribuir a la lucha contra el cambio climático, mediante la reducción de la huella de carbono, así como el uso racional y eficiente de la energía. Un primer paso que se dio, tendiente a la diversificación de la matriz energética del país, fue el de la integración del gas natural a la misma.

Ya en los albores del siglo XXI, gracias a mi Ley 693 de 2001 y la 939 de 2004, posterior, se integraron a la matriz energética los biocombustibles, obligando la mezcla del etanol con la gasolina y el biodiesel desde el 1 de noviembre de 2005. Tal como lo ha dicho la Agencia Internacional de Energía (AIE), “los biocombustibles son una medida determinante en la mitigación de la emergencia climática”.

La Ley 697 de 2001 constituyó otro hito en la estrategia de minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático, así como la promoción del uso de las energías provenientes de fuentes no convencionales, renovables (FNCER) y limpias.

Los antecedentes que nos hemos permitido relacionar ponen de manifiesto que Colombia se anticipó a la transición energética, tan en boga en los tiempos que corren, consistente en la integración de las FNCER a la matriz eléctrica del país.

Mediante la Ley 1715 de 2014, adelantándose a la firma del Acuerdo de París y a la aprobación de los ODS, se dispuso “regular la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”. Con el objetivo de desarrollar dicho potencial se establecieron una serie de estímulos e incentivos, mediante beneficios tributarios y arancelarios. Es de anotar que esta Ley se vio reforzada y potenciada con la expedición posteriormente de la Ley 2099 de 2021, que amplía el espectro de las energías que se promueven y sus beneficios.

Si bien el sector energético no es el que más contribuye en Colombia a las emisiones de GEI, la mayor participación de las FNCER en la matriz eléctrica las neutraliza. En nuestro concepto su mayor mérito estriba en el robustecimiento de la base de generación, habida cuenta de que de acuerdo con un estudio de FEDESARROLLO hacia el año 2028 Colombia requerirá contar con 30 GW de capacidad instalada, la expansión de esta, de preferencia, debe abrirle espacio a las FNCER, diversificando aún más la matriz y con ello dándole mayor confiabilidad y firmeza al Sistema.

Pero, en nuestro concepto el mayor mérito que le cabe a las FNCER es que le imprime una mayor resiliencia a la matriz eléctrica frente a fenómenos extremos como el Fenómeno de El Niño, dado su carácter contracíclico, pues cuando el verano es más intenso y es mayor la sequía es justamente cuando los vientos son más fuertes y se cuenta con más horas de sol y mayor radiación solar.

La ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció en noviembre de 2022, en el marco de la XXVII Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), que para mayo del 2023 su despacho daría a conocer la Hoja de Ruta de la Transición Energética justa, contemplada en la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026). Un año después no se tiene noticias de ella.

Debido a la paquidermia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), sólo 5 años después de expedida la Ley, en el 2019 se abrió la primera subasta de cargo por confiabilidad en el que participaron proyectos para generar energía eólica en La Guajira.

Luego tuvo lugar otra subasta sólo para tecnologías de renovables en 2021. Estos avances le valieron al país un gran posicionamiento en el desempeño de la Transición Energética, a tal punto que en el ranking del Foro Económico Mundial (FEM) del índice de Transición Energética en 2021 Colombia se ubicó en el puesto 29, con 66 puntos sobre 100 a nivel global y de tercero en Latinoamérica.

Los primeros parques eólicos han debido entrar en operación en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno. Ello explica que, en su más reciente Informe del FEM en 2023 Colombia perdió 10 puestos en dicho índice, pasando del puesto 29 al 39 a nivel global y en Latinoamérica pasó del tercero al sexto lugar.

Además de destrabar y acelerar la ejecución de los proyectos en curso para la instalación de los parques eólicos en La Guajira, la expansión de la capacidad de generación eólica y solar – fotovoltaica, que hasta el momento dispone de 1,8 GW, se impone la necesidad de reconfigurar la red de transmisión nacional, respondiendo a la desconcentración y descentralización del Sistema e impulsar la autogeneración y las comunidades energéticas.

Huelga decir que el éxito de estas últimas depende de su estructuración con criterio gerencial, asegurando así la administración (A), la operación (O) y el mantenimiento (M), para asegurar de esta manera la sostenibilidad de las soluciones.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Según la Ley de Murphy, todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar, y eso es lo que tememos los usuarios del servicio de energía en la región Caribe.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Al desaforado incremento de las tarifas de electricidad que agobia la región Caribe, ahora se anuncia la revisión de la tarifa de transporte del gas natural por la red que une a los centros de su producción con los centros de consumo. Como se suele decir coloquialmente, al caído caerle.

En efecto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó para comentarios y observaciones la Circular 020 de 2024 contentiva de una propuesta formulada a partir de un estudio adelantado por la Universidad de los Andes y presentado por la empresa interesada, VANTI, antes Gas Natural Fenosa, de ingrata recordación para el Caribe, distribuidora y comercializadora de este energético, hasta la fecha el más asequible para los usuarios, especialmente para los más vulnerables.

Para ponernos en contexto, es importante destacar que, en momentos en los que Colombia pasó de exportador a importador de crudo (1975 – 1985), los yacimientos de gas natural en La Guajira le sirvieron al país de tabla de salvación. Y luego con la construcción del gasoducto central, para transportarlo hasta el interior del país, la región Caribe le dio, con toda generosidad, una mano al resto del país para que accedieran a este combustible. De esta manera se diversificó la matriz energética. Como es bien sabido, en la transición energética el gas natural es considerado como el combustible puente.

El 7º de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) establece la universalización del acceso a la energía y este depende en primer lugar de su disponibilidad y en segundo lugar del poder adquisitivo de los usuarios. De manera que en la medida que se encarece el servicio de la electricidad, como ha venido ocurriendo debido a la escalada alcista de las tarifas y ahora se amenaza con elevar la tarifa del gas, se atenta contra la asequibilidad a los mismos.

Es de destacar que, según un estudio reciente auspiciado por PROMIGAS, en promedio, el 18,5% de los habitantes de Colombia acusan pobreza energética, estamos hablando de 9,6 millones de personas en tal condición. Cabe resaltar que 6 de los 8 departamentos del Caribe figuran entre los que registran más del 50% de su población en pobreza energética, siendo el Magdalena y La Guajira los que llevan la peor parte. En tales circunstancias, le cae a la región Caribe esta noticia como un baldado de agua fría.

Según se desprende de la lectura del estudio, lo que se pretende es unificar la tarifa de transporte para todo el país, cambiando la modalidad de tarifas acorde con la distancia entre los campos productores y los puntos de consumo, que es como opera actualmente.

Se trata, según se aduce, a partir de una evaluación costo – beneficio de la fórmula “de agregar tramos regulados del sistema de transporte nacional (STN)”.

Y ello, no obstante que la regulación vigente de la “estampilla”, expedida por la CREG, no está diseñada para integrar la infraestructura de transporte en su totalidad, que es de lo que se trata, ni siquiera se simula cómo funcionaría esta propuesta de llegar a materializarse, para poder así evaluar su impacto.

Tampoco se analiza el impacto que tendría dicho incremento en la tarifa al usuario final, 2´225.165, de los cuales el 98.44% son residenciales y de estos más del 80% corresponden a los estratos 1, 2 y 3.

En suma, se echa de menos en este estudio un análisis riguroso de sensibilidad, así como una simulación, que muy seguramente habría llevado a otras conclusiones.

Y la preocupación no es menor, habida cuenta que de llegar a aprobarse y aplicarse este exabrupto la tarifa promedio de transporte pasaría de US $1.18 MPC a US $2.09 MPC, para un incremento del 77%.

Ello, además de injusto es inequitativo y discriminatorio, porque en aras de nivelar la tarifa para todo el país, aplanándola, los usuarios del interior del país tendrían en cambio un alivio, pues su tarifa pasaría de un promedio de US $2.70 MPC a US $2.09, que representaría para sus usuarios una rebaja del 23%.

El caso de La Guajira es particularmente patético. Cómo es posible que teniendo el gas natural en boca de pozo se le vaya a cargar un transporte del mismo al que no hay lugar, ello resulta contraintuitivo y absurdo, amén de irracional.

A quién se le puede ocurrir semejante despropósito, que le significaría a los usuarios del departamento que le ha servido de despensa del gas natural al resto del país incrementos del 500%, que lógicamente incidirían en la tarifa al usuario final, resintiendo de nuevo sus ya golpeados bolsillos. No se necesita tener dos dedos de frente para llegar a esta conclusión.

De darse este desafuero, que sería un golpe más que se le asestaría a la región Caribe, se afecta no solamente a los usuarios domiciliarios sino también al sector comercial, al industrial, al automotor y, desde luego, a los generadores de energía, encareciéndola, impactando severamente su competitividad, en momentos en los que se viene dando una relocalización de empresas atraídas por las ventajas comparativas que ofrece su enviable localización geográfica.

Ello iría a contrapelo de dos de los objetivos básicos del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno: la reindustrialización, el fomento del turismo y la transición energética justa.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Esta expresión suele utilizarse para significar la tardanza en actuar y en tomar decisiones a tiempo, con la debida oportunidad. Y eso le está pasando al Ministerio de Minas y Energía con la actual crisis del sector energético.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Con la debida antelación, 14 ex ministros de Minas y Energía le enviamos el 7 de octubre del año anterior una carta abierta al presidente Gustavo Petro, que era portadora de una alerta temprana sobre el riesgo de un posible racionamiento del servicio de energía, en momentos en que ya estaba en gestación el fenómeno de El Niño, que trae consigo sequía e hidrología extrema, escaseando las lluvias que con su aporte alimentan los embalses que le sirven a la hidroeléctricas para generar energía.

Pero fuimos más allá, basados en nuestra experiencia, nos atrevimos a recomendarle algunas medidas que podían contribuir a prevenir y a contrarrestar sus devastadores efectos.

Le planteamos la conveniencia y oportunidad de “la definición de incentivos de precios para buscar las eficiencias en el consumo vía programas de respuesta a la demanda” para promover el ahorro en el consumo de energía mediante incentivos a los usuarios, como ya se había ensayado con éxito en 2015 cuando tuvimos un amago de racionamiento a consecuencia del mismo fenómeno de El Niño.

El Gobierno desestimó esta recomendación, se rehusó a implementarla y el resultado está a la vista. En momentos en los que se requiere es ahorrar el consumo se desbordó pasando, según cifras de XM, de un crecimiento del 5% hasta el 7%, que es el promedio del primer trimestre de 2024. La demanda de los consumidores regulados (la de los hogares), por su parte, creció aún más, el 12%

Sólo cuando El Niño entró en su fase de mayor intensidad se optó por expedir la Directiva presidencial 01 del 1º de abril dirigida a las entidades de la Rama Ejecutiva sobre “buenas prácticas para el ahorro de energía y agua” en la que se exhorta a “ajustar los esquemas de trabajo en casa para todo el personal de planta y contratistas. Solicita aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y apagar las luces cuando no sea necesario mantenerlas encendidas”. Huelga decir que esta medida, además de tímida es ineficaz. Ni siquiera se les ocurrió adelantar el horario de la jornada de trabajo si de lo que se trataba era de “aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas”.

Después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, por fin se decidieron a publicar para consulta el proyecto de resolución de la CREG 701 039 del 13 de abril, 6 meses después de nuestra sugerencia, mediante la cual “se establece un programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica”.

También le habíamos propuesto incentivar a las empresas que cuentan con capacidad instalada de autogeneración para que se animen a entregar sus excedentes, al Sistema Nacional de Transmisión (SNT). A estas alturas penas se está considerando la expedición de la Resolución respectiva y mientras tanto las manecillas del reloj no se detienen. Ya se ha perdido un tiempo precioso.

Otro tanto puede predicarse con respecto a la incorporación de más energía térmica para suplir la hídrica, algo que ha debido adelantarse desde el último trimestre del año anterior.

Solo hasta el 12 de abril se emite por parte del ministro Andrés Camacho la Circular 40011, dirigida al Centro Nacional de Despacho (CND), instruyéndolo para que el parque térmico de generación opere a su máxima capacidad. Pero ello ocurre en momentos en los que ya venía contribuyendo con 112 GWHD, el 48% de la energía generada (242 GWHD), cuando su máxima capacidad es de 120 GWHD. Una vez más el ministro llega tarde.

También planteamos la urgencia del “nombramiento en propiedad de comisionados de la CREG, con la debida solidez técnica” y a estas alturas, en medio de semejante crisis, pese al reiterado requerimiento de la Procuraduría y de la orden expresa del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca para que se nombrara en propiedad los 6 expertos comisionados, “de dedicación exclusiva y por períodos de 4 años”, para lo cual le fijó un plazo perentorio de 30 días, la misma se desacató y a la fecha sólo se han nombrado 4 de los 6 que deben integrar la CREG y de ellos sólo 2 en propiedad. Este, a mi juicio, sigue siendo el nudo gordiano de la actual crisis del sector, que sólo el Gobierno puede desatar.

Y así arribamos a la actual encrucijada en la que, a consecuencia del fenómeno de El Niño, el bajo nivel de los embalses tiene en grave predicamento el funcionamiento y operatividad del Sistema Interconectado Nacional, convirtiéndose en el detonante de la actual crisis que puede conducir al temido apagón. Ello justamente fue lo que nos llevó a concluir nuestra misiva diciéndole al primer mandatario que había que “actuar ya. Está en sus manos evitarle al país un costoso e innecesario riesgo de apagón”.

En efecto, el último reporte de XM da cuenta de que el agregado del nivel de los embalses estaba en 28.56%, a sólo 0.93 puntos porcentuales del umbral del 27.63%. Este es el punto de inflexión, de no retorno, que al llegar a él obliga a activar el Estatuto para situaciones de riesgo de desabastecimiento de energía (Resolución 101 027 de 2023), abocándonos inexorablemente al racionamiento de energía. A ello ha contribuido la imprevisión y la improvisación con que se ha encarado la gestión de esta crisis.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Las razones que han llevado a XM a dar señales de alerta sobre la amenaza en ciernes de un eventual racionamiento en la prestación del servicio de energía son múltiples.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El año anterior, la firma XM, que es la entidad responsable de la administración y operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) emitió dos alertas tempranas. La primera que estábamos ante la inminencia de un apagón financiero de las empresas distribuidoras de energía por cuenta del abultado saldo de la deuda contraída por sus usuarios, debido a la aplicación de la opción tarifaria, mediante la cual se difirió el pago de las alzas tarifarias durante la crisis pandémica, que ya acumulaba los $5 billones. Así, mientras dichas empresas deben cancelar de contado la energía a los generadores, ello les genera una dificultad en su flujo de caja que podría llevarlas a la insolvencia, la que a su vez podría derivar en un “efecto dominó”, que fue como la llamó XM en su comunicado de advertencia.

En un comienzo, el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho desestimó ésta alerta, pero a poco andar, ante el anuncio de Air-e de su imposibilidad de pagarle la energía a sus proveedores, lo que la habría conducido a una limitación de suministro y a la consiguiente intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, se vio compelido a disponer la apertura de un cupo de crédito con tasa de interés compensado en FINDETER, inicialmente por $1 billón, ampliándose posteriormente a otro billón, con el fin de solventar a las electrificadoras.

Luego, XM dio cuenta a través de un comunicado que debido a la incapacidad de las líneas de interconexión de energía de transportar la cantidad suficiente para satisfacer la demanda de la región Caribe, se estaba registrando una “demanda no atendida”, como llama XM eufemísticamente el racionamiento en la prestación del servicio a la cual vienen siendo sometidos los 2,4 millones de usuarios en la región.

Y más recientemente, XM le envió al viceministro de Minas y Energía Javier Campillo una carta abierta en la cual le pone de presente que “se ha venido informando y dando señales de riesgo sobre la operación actual para atender la demanda de la manera más confiable, segura y económica”.

Las razones que llevaron a XM a dar esta señal de alerta sobre la amenaza en ciernes de un eventual racionamiento en la prestación del servicio de energía en el resto del país son múltiples.

En primera instancia, su preocupación por “la disminución en la disponibilidad de las plantas hidráulicas asociada a los niveles de sus embalses o por otras restricciones, lo cual puede llevar a situaciones de riesgo para la atención de la demanda en algunas horas del día por no contar con la potencia necesaria para mantener una operación confiable y segura del SIN, en especial en los períodos de máxima demanda”.

No obstante, el negacionismo del ministro de Minas y Energía, que lo llevó a afirmar sin pestañear el 8 de febrero pasado que “estamos a punto de superar el Fenómeno de El Niño” y que lo llevó a bajar la guardia frente a su amenaza, es el mismo que lo ha conducido a subestimar la alerta del Centro Nacional de Operaciones (CNO), al considerar que “la fase que estamos enfrentando es la finalización del Fenómeno de El Niño, toda esta situación está simulada, calculada, no hemos llegado  a los mínimos críticos, estamos aún por encima de lo que podríamos llamar una situación crítica”. Como diría David Ospina: ¡Tú, tranquilo!

Ello tiene como telón de fondo un SIN en un alto grado de estrés debido a la insuficiencia de la oferta de energía, que ha venido creciendo a un ritmo del 2.5% mientras la demanda a nivel nacional crece al 8.3%, debido al atraso en la ejecución de varios proyectos de expansión de la capacidad de generación. Ello, además está repercutiendo en las alzas tarifas por la presión que ejercen sobre los precios de la energía en Bolsa.

Entre estos se destacan los proyectos asignados en las subastas de 2019 y 2021 para la instalación de los parques eólicos en La Guajira, con una capacidad de 2.400 MW, de tal suerte que, debiendo haber entrado en operación los primeros en 2022, hasta la fecha no se cuenta con ninguno de ellos. Ello, además de afectar la capacidad instalada de generación, en tratándose de tecnologías que le imprimen al Sistema una mayor resiliencia frente a las condiciones adversas del cambio climático, su entrada en operación contribuiría a frenar la escalada alcista de los precios en Bolsa y las tarifas de energía dado sus menores costos de generación.

A lo anterior se viene a añadir la gran dependencia del SIN de la generación hidráulica, que lo torna muy vulnerable frente al Fenómeno de El Niño que, como el que se experimenta actualmente, ha llevado el agregado del nivel de los embalses que le sirven a la hídricas a extremos del 31%, el más bajo en los últimos 20 años.

Este es el detonante de un riesgo latente de un racionamiento del servicio de energía, como ya se empieza a dar en la prestación del servicio de agua potable, empezando por Bogotá. Riesgo que se ha visto exacerbado por la falta de previsión y la improvisación por parte del Ministerio de Minas y Energía, que no ha sido capaz siquiera de poner a funcionar, como se requiere sobre todo en las actuales circunstancias, a la CREG, que es la entidad regulatoria del sector.

A propósito, el Gobierno acaba de designar tres  de los cinco expertos comisionados que hacen falta para completar la nómina, todos ellos en calidad de encargados, yendo a contrapelo del pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional en el sentido que los mismos, además de no ser de libre nombramiento y remoción por parte del nominador, tienen por Ley período fijo de cuatro años y además deben ser de dedicación exclusiva.

De esta manera aspira el Gobierno a contar con un quorum precario para tomar decisiones, del cual adolece actualmente, pero que a la vuelta de tres meses, que es lo que dura el encargo estaremos en las mismas. Este es un atentado contra la institucionalidad del sector y es parte de la falta de gestión de este Gobierno, que ha llevado al sector energético a una crisis inducida.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

En nuestro concepto, Colombia debe concentrarse en desarrollar los yacimientos de gas ya descubiertos, como el de Uchuva en La Guajira.    

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

ECOPETROL dio a conocer el balance de los resultados de su operación el año anterior, que traen un sabor agridulce. Por una parte el presidente de la empresa Ricardo Roa resalta el hecho de haber alcanzado una producción récord de 737 mil barriles/día, la más alta en los últimos 8 años.

Según Roa, el Grupo empresarial obtuvo el año pasado “el segundo mejor resultado de su historia”, al tiempo que en materia de inversiones la compañía logró una ejecución del 97% de su plan de inversiones, “el nivel más alto de las últimas ocho vigencias, que fue de $27,2 billones”. No obstante, advirtió que “tras la caída del precio internacional del crudo puede haber un impacto en los dividendos”.

En efecto, el precio al que se cotizó el barril de referencia Brent cayó desde los US $99 en promedio en 2022 a US $82 en 2023, del cual se le descontaba a ECOPETROL US $6 por barril y ahora US $9. Esto es, se recibieron US $17 menos por cada barril exportado, por fortuna no se recibió ningún castigo atribuible a la tasa de cambio, ya que esta pasó de $4.255, en promedio en 2022 a $4.325 en 2023. Este impacto se vio amortiguado por el mayor volumen exportado de crudo, que le representó $7,5 billones. 

Ello, junto con el impacto de la reforma tributaria (Ley 2277 de 2022), que incrementó el impuesto de renta del 31.4% al 36.6%, 5,2 puntos porcentuales más que el año anterior, incidieron en que la utilidad neta cayera el 42,9% a $19,1 billones frente a los $33,4 billones en 2022, que fue un año excepcional. Y, como es apenas obvio, en esa misma proporción caerán los ingresos de la Nación por concepto de dividendos y la de las entidades territoriales por concepto de regalías.

Pero, indudablemente, de todos los datos proporcionados el más preocupante es el que hace relación a las reservas probadas remanentes de crudo, que vienen de capa caída, pasando de un año a otro de 2.011 MMB a 1.883 MM, 128 MMBPE menos, 6.3%, lo cual se explica por qué el índice de reposición de las mismas, que venía registrando los años anteriores el 100% sólo fue del 48% en 2023, bajando el coeficiente reservas/producción de 8.4 años a 7.6 años. 

Este constituye un campanazo de alerta que debería llevar al Gobierno a reconsiderar su decisión de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación, porque las reservas de ECOPETROL y las del país caen sin remedio poniendo en riesgo la autosuficiencia.

El riesgo se extiende a las necesidades y al suministro de gas natural en Colombia. También este energético, llamado a ser el combustible de la Transición Energética, escasea y de hecho en coyunturas como la actual no se cuenta con la suficiente disponibilidad para el encendido de las centrales térmicas de generación que le sirven de respaldo a las hidroeléctricas ahora que el fenómeno de El Niño ha reducido el nivel agregado de sus embalses que ya bordea el 32%.

Para suplir la necesidad, desde septiembre del año anterior se viene importando gas natural a un promedio de 200 millones de pies cúbicos diarios.  

Es una realidad que Colombia afronta un déficit en el suministro de gas natural, las diferencias empiezan cuando se plantean las opciones para garantizarlo. Según el presidente de ECOPETROL el año entrante tendríamos un faltante que el estima en el 17%, entre 160 y 170 millones de pies cúbicos/día, para anunciar su importación desde Venezuela.

Además de los aspectos logísticos, financieros y técnicos que pone en entredicho la viabilidad de esta alternativa se viene a sumar el obstáculo que plantea la sanción de los EEUU al Gobierno de Nicolás Maduro. La importación de gas desde Venezuela en este momento, tanto en el corto como en el mediano plazo no es viable. 

En nuestro concepto, Colombia debe concentrarse en desarrollar los yacimientos de gas ya descubiertos, como el de Uchuva en La Guajira.

Por su parte, la CREG deberá implementar cuanto antes la norma que permita integrar plenamente la red de gasoductos y así optimizar su transporte y la disponibilidad del energético en todo el país. Esta es la única manera de evitar el desabastecimiento y de garantizar tanto la seguridad como la soberanía energética. 

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.