Del dicho al hecho

La CREG se ha constituido en el nudo gordiano de la crisis energética, que el ministro Andrés Camacho se niega a reconocer y que tiene la Transición Energética Justa en pausa.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Según el presidente Gustavo Petro, “el Gobierno nacional cuenta con la voluntad de modificar el esquema tarifario de la energía en el país. sin embargo, decisiones judiciales y políticas lo han impedido…no he podido en dos años, porque una y otra vez se atraviesa algún tipo de decisión judicial o política para defender los intereses de seis grandes pulpos de la generación eléctrica, que están ordeñando a toda la sociedad colombiana, ordeñando a la industria, ordeñando a la agricultura y ordeñando al poder productivo de Colombia”.

En un duro cuestionamiento a los mandatarios del Caribe les endilgó parte de la responsabilidad, insinuando su supuesta connivencia con las empresas. Pero, veamos los hechos.

En el 2022 el presidente Petro responsabilizó de las excesivas alzas tarifarias a la CREG y se propuso asumir sus funciones y competencias para bajarlas, pero después de fracasar en el intento de asumirlas, la CREG quedó en sus manos y desde entonces no hay sabido qué hacer con ella, pues hasta la fecha se ha negado sistemáticamente a nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados, como lo manda la ley y lo ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Ante su incumplimiento, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a dicho tribunal iniciar una acción de desacato contra el Presidente y contra el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho. Ello ha sumido a la CREG en una interinidad permanente, hasta su desintegración actual, luego de que el Consejo de Estado anulara el nombramiento de su director.

La ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció en octubre de 2022 un pacto por la justicia tarifaria que reduciría las tarifas en un 4%, el cual terminó en sólo 2,82%, cuando el aumento acumulado era del 40% en la región Caribe.

Ahora se anuncia nuevamente una baja de las tarifas en el Caribe del 4%, cuando el aumento de enero de 2023 a enero de 2024 fue del 31%, para ello el Gobierno Nacional asumirá la deuda contraída por parte de los usuarios con las empresas distribuidoras de energía por cuenta de la opción tarifaria.

Pero, para que las empresas Air-e y Afinia, que prestan el servicio, le trasladen este beneficio a sus usuarios no basta con el anuncio por parte del Gobierno. Para que este anuncio pueda materializarse, como lo dispone la Resolución 40225 del Ministerio de Minas y Energía expedida el 2 de julio, es la CREG quien lo debe decidir.

Del dicho al hecho hay mucho trecho. En efecto, en dicha Resolución se esbozan unos lineamientos tendientes a introducir unos cambios regulatorios, que sólo la CREG puede determinar, tendientes, según su texto a la adopción de “medidas para reducción de tarifas a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica”.

En la misma, incluso, se deja abierta la posibilidad de que el beneficio de la supresión del pago de la opción tarifaria se extienda a los estratos 4, 5 y 6. Pero, la verdad sea dicha, esta es una Resolución bien intencionada, pero ineficaz, pues varias de sus disposiciones principales dependen para su aplicación de acuerdos voluntarios entre generadores, comercializadores y distribuidores de la energía, que permitan la renegociación de los contratos bilaterales vigentes.

No obstante, como es bien sabido, una de las leyes de Murphy es aquella según la cual todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar. Ahora resulta que el pasado 2 de julio se venció el encargo de uno de los expertos comisionadosencargados, el de Orlando Velandia, director de la ANH y para rematar, el Consejo de Estado anuló el nombramiento del otro, Omar Fredy Prías, quien además era el Director Ejecutivo, por no reunir los requisitos legales, con lo cual la CREG queda con sólo 2 de los 6 expertos comisionados y se requiere un mínimo de 4 de ellos para configurar quorum, y sin este no se podrán tomar decisiones.

Decisiones como las que se plantearon en la Resolución, de que establezca y viabilice “mecanismos de financiación, adicionales a los mecanismos viabilizados por el Gobierno Nacional, que de manera temporal permitan aliviar la situación financiera de las empresas distribuidoras y/o comercializadoras que posean saldos acumulados de opción tarifaria”.

Y qué decir del plazo de 30 días calendarios a la CREG para que expida, nada menos, que “los ajustes regulatorios que considere necesarios, para el cálculo y reducción del Costo Unitario de prestación del servicio (CU), y la reducción de las tarifas para los usuarios de estratos 1, 2 y 3”.

Esperar que la CREG pueda proceder, como se lo solicita el Ministerio de Minas y Energía a través de esta Resolución, a expedir la resolución o las resoluciones requeridas, cuando la misma no cuenta con el quorum para la toma de decisiones es tanto como cortarle las alas a una paloma y esperar que la misma emprenda vuelo.

Ello nos lleva a afirmar que la CREG se ha constituido en el nudo gordiano de la crisis energética, que el ministro Andrés Camacho se niega a reconocer, que tiene la Transición Energética Justa en pausa, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo (2022 – 2026), pese a que la misma se ha convertido en el mantra de este Gobierno. Sólo este puede desatarlo, pero para ello tiene que superar la propensión a la procrastinación que lo ha caracterizado.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Acción de desacato y la CREG sin quorum

La CREG se ha constituido en el nudo gordiano de la crisis energética, que el ministro Andrés Camacho se niega a reconocer.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En mi concepto, el Gobierno Nacional persiste en incumplir las leyes 142 y 143 de 1994, las cuales disponen que el presidente de la República debe nombrar en propiedad y con período fijo de 4 años, con dedicación exclusiva a los 6 expertos comisionados que hacen parte de la CREG, la cual, aunque adscrita al Ministerio de Minas y Energía, goza de independencia administrativa.

La sentencia de la Corte Constitucional que lo reiteró, así como la orden impartida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca el 25 de enero para nombrarlos, fijó un plazo perentorio de 30 días hábiles, apelada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) pero confirmada por el Consejo de Estado el 2 de mayo.

En vista de su incumplimiento, la Procuraduría General de la Nación, que de manera reiterada le había requerido al Gobierno proceder a hacerlo, vencido el plazo que le dio (26 de junio) para la remisión de los actos administrativos de nombramiento de los 6 expertos comisionados, le solicitó al Tribunal administrativo de Cundinamarca ordenar la apertura de un incidente de desacato contra el presidente de la República Gustavo Petro y el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho.

Entre tanto, el Ministerio de Minas y Energía expidió el 2 de julio la Resolución 40225 en la que esbozan unos lineamientos tendientes a introducir unos cambios regulatorios, que sólo la CREG puede determinar, tendientes, según su texto a la adopción de “medidas para reducción de tarifas a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica”.

La verdad sea dicha, esta es una Resolución bien intencionada, pero ineficaz, pues varias de sus disposiciones principales dependen para su aplicación de acuerdos voluntarios entre generadores, comercializadores y distribuidores de la energía, que permitan la renegociación de los contratos bilaterales vigentes.

Una de las leyes de Murphy es aquella según la cual todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar. Ahora resulta que el pasado 2 de julio se venció el encargo de uno de los expertos comisionadosencargados, el de Orlando Velandia, director de la ANH y, para rematar, el Consejo de Estado acaba de anular el nombramiento del otro, Omar Fredy Prías, quien además es el director Ejecutivo, por no reunir los requisitos legales, con lo cual la CREG queda con sólo 2 de los 6 expertos comisionados y se requiere un mínimo de 4 de ellos para configurar quorum y sin este no se podrán tomar decisiones.

Decisiones como las que se plantearon en la Resolución de la referencia, como la orden de que establezca y viabilice “mecanismos de financiación, adicionales a los mecanismos viabilizados por el Gobierno Nacional, que de manera temporal permitan aliviar la situación financiera de las empresas distribuidoras y/o comercializadoras que posean saldos acumulados de opción tarifaria”.

Lo propio puede predicarse del establecimiento de “áreas especiales” para facilitar la transferencia de beneficios a los usuarios de las mismas, lo mismo la extensión sugerida del beneficio derivado de la asunción de la deuda por concepto de la opción tarifaria a los usuarios de estratos 4, 5 y 6 y a los no regulados.

Y qué decir del plazo de 30 días calendarios a la CREG para que expida, nada menos, que “los ajustes regulatorios que considere necesarios, para el cálculo y reducción del Costo Unitario de prestación del servicio (CU), y la reducción de las tarifas para los usuarios de estratos 1, 2 y 3”.

Esperar, entonces, que la CREG pueda proceder, como se lo solicita el Ministerio de Minas y Energía a través de esta Resolución, a expedir la resolución o las resoluciones requeridas, cuando la misma no cuenta con el quorum para la toma de decisiones es tanto como cortarle las alas a una paloma y esperar que emprenda vuelo.

Ello nos ha llevado a afirmar que la CREG se ha constituido en el nudo gordiano de la crisis energética, que el ministro Andrés Camacho se niega a reconocer. Sólo éste puede desatarlo, pero para ello tiene que superar la propensión a la procrastinación que lo ha caracterizado.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La CREG en su laberinto

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es el alma y nervio de este sector, es la entidad rectora en todo lo concerniente a la regulación, estableciendo las normas a las cuales debe sujetarse y velar por su cumplimiento.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La CREG está integrada por nueve miembros: el ministro de Minas y Energía, quien la preside, el ministro de Hacienda y el director del DNP, por parte del ejecutivo, y seis expertos comisionados designados por la Presidencia de la República.

Durante casi 30 años, desde que se integró merced a la Ley 142 de 1994 había venido funcionando sin mayores tropiezos, pero desde el 2022 hasta la fecha la CREG entró en crisis y ha estado al garete por cuenta de la reticencia del Gobierno Nacional a nombrar en propiedad los expertos comisionados, sumiéndola en la interinidad e inoperancia que la tienen en un verdadero laberinto del cual sólo él la puede sacar, para la bienandanza del sector.

Se ha cumplido el último plazo para que el Gobierno Nacional le dé cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, para que se procediera a nombrar en propiedad a los restantes expertos comisionados de la CREG.

Recapitulemos: El 9 de septiembre de 2022, en su discurso de clausura del XXIV Congreso de ANDESCO el presidente Gustavo Petro amenazó con intervenir la CREG para detener la espiral alcista de las tarifas de energía eléctrica. El 16 de febrero de 2023 el presidente Petro expidió el Decreto 227 asumiendo las funciones y competencias de la CREG. Pero el 2 de marzo de 2023 el Consejo de Estado acoge los argumentos de la demanda contra dicho Decreto y suspende su vigencia como medida cautelar.

El Gobierno Nacional procedió, entonces, a nombrar a varios de los expertos comisionados para suplir la vacancia que se presentó por la nulidad de su nombramiento por parte del presidente Duque, pero en calidad de encargados, contrariando lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 143 de 1994 y el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, en sentido que ellos tienen un periodo fijo de 4 años y son de dedicación exclusiva. La CREG entra así en un largo letargo debido a su interinidad. 

Por su parte, la procuradora General Margarita Cabello, mediante Oficio 678 del 10 de octubre de 2023, le hace el requerimiento al ministro de Minas y Energía Andrés Camacho para que procediera al nombramiento en propiedad de los seis expertos comisionados que integran la CREG. La Procuraduría fue reiterativa en ello, recibiendo la callada por respuesta.

Entre tanto, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-048 del 21 de febrero, deja claramente establecido que los expertos comisionados de la CREG no son subalternos del Gobierno, tienen periodo fijo de cuatro años y son de dedicación exclusiva. Con ello se busca preservar el carácter autónomo e independiente que por Ley debe tener la CREG. En igual sentido se manifestó el Consejo de Estado el 29 de febrero de 2024.

En respuesta a la demanda interpuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca sentenció el 25 de enero de 2024 que “el deber jurídico de integrar la CREG con seis expertos en asuntos energéticos, de dedicación exclusiva y por periodos de cuatro años, fue estipulado por el legislador de forma expresa, y lo asignó al presidente de la República». Le ordenó, en consecuencia, nombrar en propiedad a los seis expertos comisionados de la CREG, dándole un plazo perentorio de 30 días.

Esta decisión fue apelada por el DAPRE ante el Consejo de Estado y este profirió su Sentencia el 2 de mayo de 2024, confirmando y ratificando la orden dada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, dejando en firme su Sentencia.

El alto Tribunal le dio al presidente de la República un nuevo plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación, para cubrir las vacantes de los expertos comisionados de la CREG, nombrándolos en propiedad. Plazo este que ya se cumplió.

Finalmente, en vista de la renuencia del Gobierno Nacional para cumplir los fallos de los altos tribunales y velando por el cumplimiento de las decisiones judiciales, la Procuraduría General le acaba de dar plazo este miércoles 26 de junio para la remisión de los actos administrativos de nombramiento de los seis expertos comisionados. De lo contrario, el ministro Camacho, como delegatorio por parte de la Presidencia del poder nominador de los mismos, estaría incurso en desacato y expuesto a las sanciones que puedan derivarse de dicha conducta. El ministro tiene la palabra.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

GDIAM hace comentarios al proyecto de Ley que crea Ecominerales

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley 344 de 2023, por medio del cual se busca crear la Empresa Colombiana de Minerales (Ecominerales), como una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, que estará encargada de realizar actividades mineras desde la exploración hasta el cierre minero, así como actividades de investigación, desarrollo e innovación, en toda la cadena productiva.

Por: CLAUDIA JIMÉNEZ JARAMILLO*

Como ya fue señalado por el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM) en diciembre de 2023, se destaca que el Gobierno Nacional haya adoptado una propuesta en la que el GDIAM ha insistido desde 2016 y que ha socializado en numerosos espacios de diálogo que el actual Gobierno dispuso para la construcción del PND y la Nueva Ley Minera, así como en reuniones técnicas con las cabezas de los despachos del Minminas y Viceminas.

Lo que el GDIAM ha señalado desde 2016 es que, para que en Colombia se supere el más del 75% de informalidad minera que existe, es necesaria una solución estructural, mediante la creación de una institucionalidad empresarial encargada de la promoción de la viabilidad y sostenibilidad de la pequeña minería tradicional formal y en proceso de formalización.

Sin embargo, como se ha alertado en el pasado, si bien el Gobierno nacional incluyó varios elementos propuestos por el GDIAM en el articulado, las funciones de fomento y apoyo a la formalización no se encuentran explícitas en el objeto de Ecominerales, conforme se evidencia en el artículo quinto del proyecto de ley aprobado en primer debate, a pesar de que sobre este punto si se ofrece un desarrollo en la exposición de motivos, donde incluso se explica con mayor detalle el papel que jugará la empresa en la facilitación del acceso a mercados por parte de los mineros artesanales y de pequeña escala, la promoción de mejores precios para mineros que puedan certificar el no uso de mercurio, entre otros elementos.

Es importante que en la versión del proyecto que se vuelva Ley queden explícitos elementos que sin duda contribuirían con la superación de la alta informalidad del sector, con el desarrollo humano de mineros artesanales y con los procesos de convivencia entre las diferentes escalas de la actividad minera, tales como: el apoyo a la organización y al desarrollo empresarial de los mineros tradicionales a pequeña escala; la capacitación en materia de salud, higiene, seguridad industrial, y gestión ambiental y cultural; el respaldo para el acceso a financiación; la compra lícita de explosivos y la capacitación en su manejo; los sistemas voluntarios de certificación para mercados diferenciados y cadenas de suministro trazables, responsables y certificadas; la promoción de una minería incluyente con mujeres y adultos mayores y; los mecanismos de cobertura de riesgos y fondos de estabilización para evitar que los ciclos de precios se conviertan en un obstáculo para el desarrollo de esta actividad, entre otros.

Otro elemento que se extraña en el proyecto es la posibilidad de que la empresa minera sea de capital mixto, es decir, con capital del sector público y del sector privado, e ideal, también con recursos de cooperación internacional. Esto, le permitiría una mejor gobernanza en su funcionamiento, un relacionamiento más transparente y técnico entre sus accionistas, directivos, empleados y con el mercado, y sin duda, la dotaría de los elementos necesarios para ser competitiva a nivel nacional e internacional.

Finalmente, el GDIAM saluda algunos ajustes que experimentó el proyecto de ley, en relación con la versión radicada en diciembre de 2023, que consideramos impulsarán el impacto positivo de Ecominerales. Por ejemplo, los parágrafos del artículo quinto, en donde se define el desarrollo de programas de responsabilidad social empresarial, enfocados en el bienestar de las comunidades aledañas a las áreas de operación mediante iniciativas de educación, salud, infraestructura y desarrollo socioeconómico, y la promoción de prácticas ambientales sostenibles en todas las etapas de las operaciones mineras, incluyendo la implementación de tecnologías limpias, la gestión eficiente de recursos naturales y la rehabilitación de áreas impactadas, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente y en armonía con la conservación del ecosistema y la biodiversidad.

También se celebran ajustes como los observados en el artículo quinto, donde se define mejor las competencias de esta empresa, en relación con las de la Agencia Nacional de Minería; o los artículos 10, 12 y 13, en relación con la composición de la Junta Directiva y sus funciones, toda vez que le garantizan mayor diversidad e independencia del Ejecutivo.

Por lo demás, el GDIAM continúa dispuesto a presentar nuevamente sus propuestas de ajustes concretos a los actores encargados de discutir y generar proposiciones en torno a este importante proyecto de Ley.

*Directora ejecutiva y miembro del GDIAM

Superamos ‘El Niño’ gracias a las empresas

Es momento de entender que Colombia es un país privilegiado por contar con energía eléctrica constante. Privilegio que se lo debemos a un sistema exitoso, que ha funcionado en los últimos 30 años, el tiempo en que no hemos tenido apagones.

Por: NATALIA GUTIÉRREZ JARAMILLO*

Es un orgullo pertenecer a un sector que le cumplió a Colombia en la coyuntura de sequía que acabamos de superar. Por un lado, miles de trabajadores de las empresas de generación de energía garantizaron que las centrales operaran 24 horas al día, 7 días a la semana para que todos tuviéramos energía eléctrica constante. Y, por otro lado, tenemos un sistema que funciona bien y que, gracias a su estructura, no hemos tenido apagones desde hace 30 años.

Pero hagamos una revisión en la región, en el marco de este Fenómeno de ‘El Niño’ que acabamos de pasar sin desabastecimiento en Colombia. La historia ha sido diferente en Ecuador, Costa Rica, México y Honduras, países que durante esta sequía tuvieron racionamientos de energía eléctrica.

Pero, además, países como Inglaterra, España, China, Francia y el estado de Texas en Estados Unidos, entre otros, han pasado por crisis energéticas en los últimos años, en algunos casos, por no contar con la confiabilidad requerida para garantizar el suministro constante de energía. Insisto, en Colombia aprendimos la lección hace tres décadas y nos hemos preparado durante muchos años para las coyunturas climáticas adversas.

Entonces es momento de entender que Colombia es un país privilegiado por contar con energía eléctrica constante. Pero ese privilegio se lo debemos a un sistema exitoso, que ha demostrado que funciona en los últimos 30 años, justamente el tiempo en el que no hemos tenido apagones en el país. Y también, por supuesto, a las empresas generadoras de energía eléctrica, las cuales han garantizado que, incluso en coyunturas climáticas adversas, sigamos contando con este servicio.

Sin embargo, los retos que se nos presentan actualmente y a futuro para los próximos ‘Niños’ son enormes, para lo cual es clave tomar decisiones a tiempo y hacer un trabajo coordinado entre las empresas y el Gobierno nacional, lo cual es fundamental para el logro de propósitos comunes, lo que finalmente se traduce en mayor bienestar para los usuarios y en desarrollo para Colombia.

*Presidente de Acolgen

¿Conflicto colombo-israelí?

Van dos años de gobierno de Gustavo Petro, donde ya los colombianos nos hemos acostumbrado no solo a los escándalos de corrupción y a la falta de competencia de varios miembros del gabinete, sino también a las salidas desacertadas del presidente en X.

Por: SANTIAGO SOTO LUNA*

Tras dos años y ante la incapacidad de tomar las riendas del país, el presidente parece haber optado por mantener su condición de candidato que tenía antes de 2022, donde podía ser irresponsable con el uso de las redes sociales y usarlas para crear división y en el peor de los casos, incendiar el país.

No obstante, a pesar de la susodicha costumbre, sorprendió la declaración donde manifiesta que Colombia dejará de exportar carbón a Israel “hasta que se detenga el genocidio”. Lo anterior tiene muchas implicaciones, más allá que una pataleta presidencial, lo primero es el hecho de que ahonda la ruptura diplomática con el país de medio oriente, donde escala a un asunto de comercio internacional, donde pagan las consecuencias, por supuesto, el sector minero.

En primera medida, desde el ámbito internacional, como lo manifestó en comunicación la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Colombia e Israel actualmente tienen suscrito un tratado de libre comercio desde 2014 y vigente desde 2020. Cualquiera de los asesores de política exterior, o de la cartera de industria y comercio o cancillería, debería advertir las implicaciones que tienen violar o incumplir este tipo de tratados, no solo frente a posibles reclamaciones o indemnizaciones de la contraparte, sino que también Colombia podría ser castigado duramente a futuro sobre sus exportaciones no necesariamente de carbón sino de cualquier otro producto, o de igual forma de productos que Colombia importe.

Lo anterior, sin mencionar el mensaje de inseguridad jurídica que esto transmite a la comunidad comercial internacional, lo cual afectara las ya golpeadas cifras de exportación del país y que, seguramente cuando esto ocurra, y se afecten empleos, recaudo por concepto de impuestos, entrada de divisas, etc., saldrán el presidente y sus áulicos a inventar “golpes blandos” que no le permiten gobernar.

Pasando al panorama interno, frenar exportaciones a un país estratégico como Israel, generará un efecto en cadena, pues los empresarios del carbón que realizaban sus actividades comerciales con este país, serán golpeados económicamente, lo cual se reflejará en pérdida de empleos, bienes y servicios, y reducción de contribuciones tributarias y regalías que se sumarán al ya deficiente recaudo del gobierno.

Entre las cifras del sector minero, vale la pena traer a colación la contribución del 1% al PIB nacional; así mismo el presupuesto del sistema general de regalías establecido en la ley 2072 de 2022 para el bienio 2023-2024 es de cerca de treinta billones de pesos, de los cuales el sector minero aporta cerca de nueve billones.

Ahora bien, en materia de comercio internacional, se llegó en exportaciones a cerca de USD17 billones en ventas externas, y en impuestos, industria y comercio, entre otros, a la cifra de $18 billones.

Por último, la producción de carbón térmico y metalúrgico del país cerró 2023 en 71,7 millones de toneladas y, antes del arrebato del presidente Petro, se esperaba cerrará aproximadamente en 77,3 millones de toneladas para 2024, en cuanto al coque, cerró el 2023 con una producción de 4 millones de toneladas.

Con la desatinada declaración del presidente mata dos pájaros de un tiro, en su cruzada de odio contra dos enemigos declarados: el Estado de Israel y el sector carbonero colombiano. Como en minería y energía los resultados o, peor aún, las consecuencias no suelen verse en tiempo real, habrá que anotarle al presidente un desastre más por arreglar, en el país que nos va a dejar después de 2026

*Abogado especialista en temas minero-energeticos

A Bogotá se le están yendo las luces

Bogotá logró salir prácticamente intacta del pasado fenómeno de El Niño. El racionamiento de agua fue la pequeña secuela para sus habitantes, que encontraron la manera de convivir con la nueva realidad provocada por los fenómenos climáticos, pero la ciudad podría estar ad portas de un apagón.

Por: SERGIO SEGURA*

Años atrás los expertos expresaron su preocupación frente al manejo del agua en Bogotá y entregaron sus recomendaciones con el fin de mitigar riesgos y evitar la situación, pero como es constante en Colombia, las acciones llegan tarde y terminaron siendo más reactivas, menos proactivas y correctivas. Así las cosas, al paso que vamos, el racionamiento de energía en Bogotá puede ser otra crónica de muerte anunciada, presa del pobre y lento avance en los proyectos que necesita el centro del país.

Es alarmante observar cómo los gremios e importantes jugadores del sector eléctrico cada vez que alzan su voz en los medios de comunicación, entrevistas, foros y comunicados le piden al gobierno nacional acciones inmediatas para evitar revivir el fantasma del racionamiento de energía con el que estuvo conviviendo la capital a finales del siglo XX en la coloquialmente llamada “Hora Gaviria”.

Y es que el racionamiento de energía en Bogotá no es un evento que vaya a suceder en unos pocos años. El racionamiento de energía ya está ocurriendo hoy en la sabana de Bogotá. Según datos entregados por el presidente del Grupo Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, en uno de los foros energéticos organizados recientemente, (i) la compañía chilena Falabella no logró inaugurar uno de sus centros de distribución de gran envergadura como consecuencia de la imposibilidad del GEB para construir las líneas de trasmisión necesarias para entregar energía proveniente de Sogamoso y Chivor, (ii) los grandes proyectos de construcción inmobiliarios ya están estancados a las afueras de la ciudad por no tener certeza en su conectividad eléctrica, y (iii) la edificación de los parques industriales en el norte y occidente de Bogotá están detenidos, fruto de la complejidad que viven día a día las compañías del sector para obtener la licencia ambiental. Una licencia que se ha convertido en la herramienta de negociación de diferentes grupos de interés para bloquear los proyectos indispensables en la región.

Es importante precisar que Enel Colombia, la compañía a cargo de brindar la generación y distribución de energía en Bogotá por medio de Emgesa y Codensa, si dimensionó desde antes del 2020, las crecientes necesidades de energía para la capital durante la actual década (1era línea del Metro, Regiotram de Occidente, Proyectos industriales y residenciales en la sabana) y de manera responsable planteó por medio de su plan de inversiones, “Bogotá-Región 2030”, la asignación de capital por $1.5 billones de pesos para la construcción de nuevas subestaciones de energía, líneas de transmisión, así como la modernización y digitalización de la infraestructura existente. Sin embargo, al volcar la mirada al estado de avance que presentan los proyectos planteados, las alarmas inevitablemente vuelven a prenderse y el grado de preocupación en los expertos sigue creciendo. A la fecha, solo seis proyectos se encuentran culminados o en etapa de construcción, mientras que la mayoría de estos se encuentran aún en etapa de estudio y de aprobación de licenciamiento ambiental.

Infortunadamente, los proyectos de energía que necesita Bogotá no son un caso aislado en Colombia. Son el reflejo de lo que están pasando los proyectos energéticos en gran parte del territorio nacional y lo que afrontan las compañías involucradas con el suministro de energía y la transición energética.

Según cifras de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), el 65% del programa de inversión en generación de energías renovables 2023-2024, el cual se encuentra muy de la mano con las proyecciones del Plan Energético Nacional 2022-2052 (PEN), se encuentran adelantando tramites y varios de ellos con retrasos importantes para su puesta en marcha, representando en su mayoría la nueva capacidad de generación en energías renovables del país. De esta manera, como precisa el exministro Amylkar Acosta, al

paso que vamos “el margen de maniobra está muy estrecho, de lo cual, cualquier contingencia que se presente pone en riesgo la firmeza y la confiabilidad en la prestación del servicio”.

Como pinta el panorama, es posible que en los próximos años los empresarios, trabajadores, comerciantes e independientes bogotanos deban hacerse a la idea de convivir con otro lucro económico cesante a costa de la lenta reacción del gobierno nacional, y la falta de coordinación con los agentes privados del sector eléctrico para lograr destrabar los proyectos, imprescindibles para el desarrollo y crecimiento económico en la capital.

Puede que ayude a entender la dimensión y fragilidad de la coyuntura energética que puede vivir Bogotá, a causa del racionamiento de energía en años venideros, si se abarca desde la perspectiva económica. Acorde con el estudio más reciente del Banco de Bogotá, el impacto económico del racionamiento para todos los bogotanos podría llegar a equipararse al golpe que tuvieron en sus ingresos en la época de la pandemia del “Covid-19”, en el cual, solo un mes de racionamiento de electricidad en la capital podría equivaler a una perdida en ingresos para los bogotanos de $ 9 billones de pesos, que se traduce en contracción marcada en la actividad económica y pérdidas de empleo en la ciudad con impacto y transmisión al resto del país (Bogotá genera cerca del 25% del PIB del país).

Puede que a Bogotá aún le quede tiempo y margen de maniobra para corregir el curso que la llevaría a tener en algunos años un marcado racionamiento energético, revivir al fantasma de la Hora Gaviria y evitar hablar de nuevo de otra crónica de muerte anunciada. Sin embargo, pareciera que al gobierno nacional, como es la constante en Colombia, esperaría hasta el último instante para dialogar y buscar la solución reactiva y poco proactiva-correctiva que necesita el empresariado y todos los colombianos.

Mientras tanto, a Bogotá poco a poco se le están yendo las luces, y el sentimiento dentro del sector eléctrico demuestra un creciente nerviosismo por la inminente necesidad de desplegar y cumplir con los proyectos que garanticen a la capital y al país la confiabilidad energética que necesita.

*Analista económico y del sector energético de CAIA

Sostenibilidad y objetivos basados en ciencia

Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por las Naciones Unidas. Esta efeméride está íntimamente relacionada con la sostenibilidad.

Por: MAURICIO LÓPEZ*

Recordemos que hemos reiterado que la sostenibilidad es integral entre las dimensiones ambientales, sociales y económicas. Sin menoscabo de lo anterior es claro que celebrar este día es un llamado a la acción para crear una narrativa que permita consolidar una conciencia global acerca de los problemas ambientales y por supuesto, generar estrategias, programas y actividades en todos los niveles para cuidar nuestra Casa Común.

Estamos ante una situación especial que exige toda nuestra inventiva y decisión porque muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos para el 2030 a nivel mundial apenas van con cumplimientos promedios al 25% y en algunos casos menores.

A manera de ejemplo, hay una evidente escasez de agua que afecta a más del 40% de la población mundial. En Latinoamérica y el Caribe la eficiencia en el uso de agua disminuyó de 13.4 USD/m3 a 11.8 USD/m3. Todo esto impone que hay que mejorar la eficiencia en el uso del agua para reducir el estrés hídrico. 

Uno de los límites planetarios o techo ecológico que no debemos sobrepasar tiene que ver con el cuidado de los océanos, ya que se encuentran en una situación de riesgo por el aumento de la eutrofización, la acidificación, el calentamiento de sus corrientes, la contaminación por plásticos y la sobrepesca. 

De otro lado, en Latinoamérica y el Caribe se experimentó una degradación de la tierra y bosques más rápida que la media mundial. En Colombia tenmos alrededor de 200 mil hectáreas desforestadas por año, lo cual es francamente decepcionante.

Este 2024 la convocatoria se ha hecho para resaltar la resiliencia y la adaptación a la desertificación, bajo el lema “Nuestras tierras, nuestro futuro”. Y sigue la secuencia de años anteriores, relacionados sobre los mismos ejes.

En 2023 se habló de «Restauración de Ecosistemas», con un enfoque en prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todo el mundo. En 2022, con el llamado a «Una Sola Tierra», se destacaba la necesidad de vivir de manera sostenible en armonía con la naturaleza. En 2021, la narrativa se centró en «Reimagina, recrea, restaura”, llamando la atención en la restauración de ecosistemas dañados como una forma de combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad.

En todas las convocatorias aparecen como ejes centrales, la conciencia y la educación, presentando prácticas sostenibles y fomentando la educación ambiental. También, promoviendo una Acción Colectiva para lograr una movilización global, procurando un empoderamiento efectivo y con conocimiento de las comunidades. Por supuesto todo enfocado dentro de la Agenda 2030 de Sostenibilidad con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una materialidad mayor en aquellos relacionados con el medio ambiente, como la acción climática (ODS 13), vida submarina (ODS 14), vida de ecosistemas terrestres (ODS 15), y la gestión sostenible del agua (ODS 6).

Dentro de todas estas dinámicas, los Objetivos Basados en Ciencia (Science-Based Targets, de ahora en adelante SBT, por su sigla en inglés) se presentan como parte crucial del enfoque general de la sostenibilidad para abordar el cambio climático y promover prácticas empresariales responsables.

Dentro del ODS 17 –Alianzas para la sostenibilidad, la iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia -SBTi, surge como una colaboración efectiva entre varias organizaciones, destacando el Pacto Global de las Naciones Unidas, el CDP, el Instituto de Recursos Mundiales y WWF. Se pretende validar los objetivos de las empresas para que estén debidamente alineados con la ciencia del Clima. Los puntos centrales pueden resumirse en:

  • Reducir emisiones de carbono
  • Preservar los recursos del agua dulce y la seguridad hídrica
  • Mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
  • Conservar y regenerar los sistemas terrestres
  • Asegurar océanos sanos y diversos

En este escrito, nos enfocaremos esencialmente en el primer item, de Reducción las emisiones de Carbono.

En temas de Cambio Climático, los SBT se pueden definir como las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) alineadas con los expertos mundiales, especialmente del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), creado en 1988 para facilitar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta.

De hecho, en las últimas reuniones se ha insistido en la necesidad de limitar el calentamiento global a niveles seguros, generalmente por debajo de los 2°C y preferiblemente a 1.5°C, en comparación con los niveles preindustriales. En Global Compact a nivel mundial estamos promoviendo claramente este límite de 1,5°C.

Para este propósito y lograr que se establezca SBT, hay que tener una evaluación de las emisiones actuales de GEI; una vez hecha la evaluación se pasa a la definición de los objetivos de reducción, que sean consistentes con los niveles necesarios para cumplir con los acuerdos climáticos internacionales; posteriormente empieza la implementación, con estrategias claras para lograr estos objetivos y finalmente la realización del monitoreo y reportes periódicos para mostrar los avances.

Existe una relación armónica entre los SBT y la Sostenibilidad, empezando por la complementariedad, ya que los SBT son específicos dentro del marco más general de los ODS, al estar enfocados en la reducción de GEI para abordar el cambio climático.

De otra parte, se promueve que haya una Integración Estratégica, dado que las empresas que establecen SBT generalmente incorporan estos objetivos en sus estrategias de sostenibilidad más amplias. Eso se ve reflejado en una reducción en todas las operaciones y procesos de las empresas, en las cadenas de suministro y productos. También tienen conexión estrecha con la gestión de residuos, la eficiencia energética y por supuesto, en los impactos positivos en los diferentes grupos de interés. 

De esta manera se tienen importantes beneficios al incorporar los SBT. Se destacan, la reducción de riesgos, con una clara referencia al cumplimiento cada vez más restrictivo de las regulaciones ambientales; igualmente se mejora en la eficiencia operacional,  reduciendo los costos operativos.

De otra parte, se impulsa la innovación, sobre todo en productos y procesos sostenibles, lo que deriva en una mejora de la reputación y fortalecimiento de lamarca; todo esto, también viene acompañado con una mayor facilidad en el acceso a inversionistas, con menores tasas de colocación del recurso financiero y una mayor diversificación de ofertantes.

En definitiva, implementar SBT es crucial para el medio ambiente y, además, proporciona ventajas competitivas y asegura la resiliencia y el éxito a largo plazo de las empresas.
*Director Ejecutivo Pacto Global Red Colombia

Negros nubarrones sobre Ecopetrol

Los resultados en picada de Ecopetrol hablan de su momento crítico y la urgente necesidad de colocarle la lupa a las decisiones que se están tomando dentro de la principal empresa estatal del país.

Por: JOSÉ DAVID NAME*

El vertiginoso deterioro de la compañía aumenta el temor por el fuerte impacto que tendría sobre las finanzas públicas de Colombia, un eventual colapso.

La caída de 29% en sus beneficios netos durante el primer trimestre de 2024, con una reducción en sus utilidades de $1,65 billones en comparación con el mismo periodo de 2023, son nuevas cifras que se suman al desempeño negativo que viene presentando la compañía. Hay que recordar que las utilidades y los ingresos del 2023 cayeron un 42,8% en comparación con los 33,4 billones de pesos registrados en el 2022.

Por el lado de las reservas probadas, la disminución fue de 6,3%. Se bajó de 2.011 millones de barriles equivalentes (crudo y gas) en 2022 a 1.883 millones de barriles al cierre de 2023, es decir, que el índice de vida de las reservas pasó de 8,4 años a 7,6 años. La reducción en la actividad de taladros petroleros es otro campanazo que tiene preocupado al sector por el rezago sin precedentes que se viene presentando, fruto de la desinversión en la exploración y producción.

El controvertido cambio del objeto social de la compañía, aprobado recientemente por la Asamblea General de Accionistas, que incorporó la investigación, planeación, estructuración y comercialización de proyectos renovables, aumenta la incertidumbre sobre el futuro de Ecopetrol debido a las decisiones y la cuestionada estrategia corporativa que, si bien debe ir direccionada a una progresiva transición energética, debe seguir fortaleciendo su principal fuente de ingresos, los hidrocarburos.

Las actuales decisiones “estratégicas” lejos de posicionar a Ecopetrol como un líder en la transición hacia energías renovables, han evidenciado falencias significativas en su capacidad para adaptarse a las exigencias de un mercado cada vez más inclinado hacia la sostenibilidad.

Ningún bien le hacen a la compañía las calificaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro, acerca de un presunto desfalco millonario en Ecopetrol para financiar a paramilitares, personas y política. Los señalamientos que fueron rechazados inmediatamente por los expresidentes de Ecopetrol Felipe Bayón, Juan Carlos Echeverry y Javier Gutiérrez, por falta de pruebas y sustentos, ensombrecen el panorama ya complejo por los problemas jurídicos de su actual presidente Ricardo Roa, a quien se le investiga por la financiación de la campaña presidencial de 2022.

Una lluvia de advertencias han lanzado los líderes del sector frente al futuro de la petrolera, que vislumbra inmensos nubarrones. Los evidentes tropiezos en su gestión y estrategia, especialmente de disminución de la exploración y explotación de hidrocarburos, demandan una revisión profunda y crítica.

Estamos de acuerdo en que necesitamos una empresa comprometida con la transición energética, pero que también esté enfocada en potenciar los recursos de crudo y gas, garantizando su eficiencia operativa y financiera, así como la seguridad energética del país. Por lo pronto hay que tratar de despejar, con un plan de acción claro, esas nubes negras que se ciernen sobre Ecopetrol.

*Senador de la República.

La economía en barrena

Es bien sabido que mientras la economía crezca por debajo del 3.5% no sólo no genera empleo, sino que lo destruye, ello explica que las tasas de desempleo de un solo dígito han sido sólo flor de un día.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La economía colombiana arranca el 2024 con el pie izquierdo, sigue rengueando sin levantar cabeza. Según el más reciente reporte del DANE, en el primer trimestre de este año el PIB tuvo un magro crecimiento del 0.7% y aunque la proyección del Gobierno para el año completo es de 1.5%, el Banco de la República revisó a la baja su previsión desde 1% a 0.8%, el Banco Mundial hizo lo propio, recalculándolo de 1.8% a 1.3%, y el Fondo Monetario Internacioanl desde 1.3% a 1.1%.

Ello llevó al profesor de la Universidad de los Andes Marc Hofstetter a afirmar que “estamos estancados… Si uno quiere mirar lo que ha pasado en los seis trimestres que llevamos de este Gobierno, la actividad económica ha crecido 1%. Este es un dato muy malo”.

El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla ve el vaso medio lleno y con su optimismo panglosiano reaccionó a estas cifras matizando los resultados, afirmando que “el cuarto trimestre de 2023 terminó con un crecimiento de 0.3%, que significa que comenzó la reactivación de la economía que se debe reflejar en este 2024”, asumiendo que entre el último trimestre de 2023 y el primero de este año el PIB creció 1.1 puntos porcentuales, cuando la comparación, en rigor, debe hacerse es con igual trimestre del año anterior, cuyo crecimiento fue de 2.7%, es decir 2 puntos porcentuales por debajo. Peor aún si lo comparamos con el primer trimestre de 2022, cuando se registró un crecimiento del 8.2%.

Pero mientras él ve el vaso medio lleno, la mayoría de los analistas coinciden en verlo más bien medio vacío. Empezando porque el crecimiento económico completó cuatro trimestres consecutivos rozando el cero.

Excepción hecha del sector agropecuario, más el pecuario que el agrícola, que creció el 5.5%, y el repunte de obras civiles pasando con un crecimiento del 7.5%, pero que se ha visto contrarrestado por la caída del –6.8% en vivienda, los demás sectores productivos ajustaron entre cuatro trimestres consecutivos a la baja. 35 de sus 39 actividades en baja durante 15 meses consecutivos.

Igual que ocurrió con el crecimiento del PIB en 2023, de no ser por el crecimiento de la administración pública (5.3%), que contribuye con 0.7 puntos porcentuales al dato final, el crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año hubiera registrado una baja del – 0.1%.

En gran medida la baja en la producción responde al descaecimiento de la demanda. Al tiempo que el consumo final se ha estancado, registrando un crecimiento de sólo 0.4% para el primer trimestre de 2024, particularmente el consumo de los hogares creció un pírrico 0.6%, el consumo final del Gobierno registró una tasa negativa de –0.7%, reflejando fielmente la baja ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN), que el año pasado cerró en el 70.5%, nivel este que no se veía desde 2013, cuando alcanzó el 70.9%. En este primer trimestre sigue el rezago en la ejecución alcanzando el 14.3%, cuando a estas alturas debería estar en 33%.

Afirma José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos de ANIF, que “creemos que los siguientes trimestres tendrán un comportamiento similar al primero, repuntando hacia el segundo semestre del año para tener un cierre cercano al 1.1% anual”. Ello se explica en gran medida por el comportamiento del rubro de inversión, el cual registró un bajonazo en el 2023 del -24.8% y en el primer trimestre de este año del -13.64%. Acumula ya cinco trimestres a la baja. El nivel alcanzado de inversión en este trimestre estuvo por debajo del 15% del PIB, el más bajo desde 2005.

Y, como es apenas obvio, la baja en la inversión y la pérdida de su efecto multiplicador sobre las demás variables de la economía inhibe y arrastra consigo a la baja el crecimiento del PIB, al tiempo que condiciona el crecimiento potencial de la economía, el cual pasó del 4.8% en el 2012, aupado por el largo ciclo de precios altos de los commodities (2003 – 2011), al 3.5% en 2016 y actualmente llega a duras penas al 2.5%.

Es bien sabido que mientras la economía crezca por debajo del 3.5% no sólo no genera empleo, sino que lo destruye, ello explica que las tasas de desempleo de un solo dígito han sido sólo flor de un día.

Ante la ralentización del crecimiento de la economía de enantes y su estancamiento ahora se impone la necesidad de implementar por parte del Gobierno un plan de choque mediante una política contracíclica tendiente a reactivar la economía.

El presidente Gustavo Petro, ante el mediocre desempeño de la economía el año anterior, reaccionó diciendo que “el gobierno nacional tiene una responsabilidad. Cuando baja la inversión privada, debe crecer la pública”. Pero, al parecer, al presidente no le obedecen, porque a contrapelo de sus directrices, como ya lo vimos, la plata sigue en las fiducias y la paquidermia del Estado frena la ejecución de la inversión pública en los momentos en los que más se requiere.

Finalmente, vale la pena que el Gobierno escuche y tome nota de las recomendaciones que desde el sector productivo, los gremios y los centros de pensamiento se le vienen planteando con el propósito de sacar la economía del letargo en el que está.

Como lo afirmó el director de FEDESARROLLO Luis Fernando Mejía, “desde la política pública acelerar el crecimiento, primero con la adecuada ejecución del presupuesto que continúa por debajo del promedio histórico de los últimos cinco años”. Y llamó la atención sobre un factor que viene gravitando sobre la economía y su desempeño, que “tiene que ver con eliminar los factores de incertidumbre que ha sido una barrera especialmente de la inversión, de la formación bruta de capital”.

Bien dijo el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz que “las inversiones en confianza no son menos importantes que las inversiones en capital humano y maquinaria”. Y en Colombia estamos urgidos de la una y de la otra.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

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