Categoría: Opinión

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley 344 de 2023, por medio del cual se busca crear la Empresa Colombiana de Minerales (Ecominerales), como una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, que estará encargada de realizar actividades mineras desde la exploración hasta el cierre minero, así como actividades de investigación, desarrollo e innovación, en toda la cadena productiva.

Por: CLAUDIA JIMÉNEZ JARAMILLO*

Como ya fue señalado por el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM) en diciembre de 2023, se destaca que el Gobierno Nacional haya adoptado una propuesta en la que el GDIAM ha insistido desde 2016 y que ha socializado en numerosos espacios de diálogo que el actual Gobierno dispuso para la construcción del PND y la Nueva Ley Minera, así como en reuniones técnicas con las cabezas de los despachos del Minminas y Viceminas.

Lo que el GDIAM ha señalado desde 2016 es que, para que en Colombia se supere el más del 75% de informalidad minera que existe, es necesaria una solución estructural, mediante la creación de una institucionalidad empresarial encargada de la promoción de la viabilidad y sostenibilidad de la pequeña minería tradicional formal y en proceso de formalización.

Sin embargo, como se ha alertado en el pasado, si bien el Gobierno nacional incluyó varios elementos propuestos por el GDIAM en el articulado, las funciones de fomento y apoyo a la formalización no se encuentran explícitas en el objeto de Ecominerales, conforme se evidencia en el artículo quinto del proyecto de ley aprobado en primer debate, a pesar de que sobre este punto si se ofrece un desarrollo en la exposición de motivos, donde incluso se explica con mayor detalle el papel que jugará la empresa en la facilitación del acceso a mercados por parte de los mineros artesanales y de pequeña escala, la promoción de mejores precios para mineros que puedan certificar el no uso de mercurio, entre otros elementos.

Es importante que en la versión del proyecto que se vuelva Ley queden explícitos elementos que sin duda contribuirían con la superación de la alta informalidad del sector, con el desarrollo humano de mineros artesanales y con los procesos de convivencia entre las diferentes escalas de la actividad minera, tales como: el apoyo a la organización y al desarrollo empresarial de los mineros tradicionales a pequeña escala; la capacitación en materia de salud, higiene, seguridad industrial, y gestión ambiental y cultural; el respaldo para el acceso a financiación; la compra lícita de explosivos y la capacitación en su manejo; los sistemas voluntarios de certificación para mercados diferenciados y cadenas de suministro trazables, responsables y certificadas; la promoción de una minería incluyente con mujeres y adultos mayores y; los mecanismos de cobertura de riesgos y fondos de estabilización para evitar que los ciclos de precios se conviertan en un obstáculo para el desarrollo de esta actividad, entre otros.

Otro elemento que se extraña en el proyecto es la posibilidad de que la empresa minera sea de capital mixto, es decir, con capital del sector público y del sector privado, e ideal, también con recursos de cooperación internacional. Esto, le permitiría una mejor gobernanza en su funcionamiento, un relacionamiento más transparente y técnico entre sus accionistas, directivos, empleados y con el mercado, y sin duda, la dotaría de los elementos necesarios para ser competitiva a nivel nacional e internacional.

Finalmente, el GDIAM saluda algunos ajustes que experimentó el proyecto de ley, en relación con la versión radicada en diciembre de 2023, que consideramos impulsarán el impacto positivo de Ecominerales. Por ejemplo, los parágrafos del artículo quinto, en donde se define el desarrollo de programas de responsabilidad social empresarial, enfocados en el bienestar de las comunidades aledañas a las áreas de operación mediante iniciativas de educación, salud, infraestructura y desarrollo socioeconómico, y la promoción de prácticas ambientales sostenibles en todas las etapas de las operaciones mineras, incluyendo la implementación de tecnologías limpias, la gestión eficiente de recursos naturales y la rehabilitación de áreas impactadas, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente y en armonía con la conservación del ecosistema y la biodiversidad.

También se celebran ajustes como los observados en el artículo quinto, donde se define mejor las competencias de esta empresa, en relación con las de la Agencia Nacional de Minería; o los artículos 10, 12 y 13, en relación con la composición de la Junta Directiva y sus funciones, toda vez que le garantizan mayor diversidad e independencia del Ejecutivo.

Por lo demás, el GDIAM continúa dispuesto a presentar nuevamente sus propuestas de ajustes concretos a los actores encargados de discutir y generar proposiciones en torno a este importante proyecto de Ley.

*Directora ejecutiva y miembro del GDIAM

Es momento de entender que Colombia es un país privilegiado por contar con energía eléctrica constante. Privilegio que se lo debemos a un sistema exitoso, que ha funcionado en los últimos 30 años, el tiempo en que no hemos tenido apagones.

Por: NATALIA GUTIÉRREZ JARAMILLO*

Es un orgullo pertenecer a un sector que le cumplió a Colombia en la coyuntura de sequía que acabamos de superar. Por un lado, miles de trabajadores de las empresas de generación de energía garantizaron que las centrales operaran 24 horas al día, 7 días a la semana para que todos tuviéramos energía eléctrica constante. Y, por otro lado, tenemos un sistema que funciona bien y que, gracias a su estructura, no hemos tenido apagones desde hace 30 años.

Pero hagamos una revisión en la región, en el marco de este Fenómeno de ‘El Niño’ que acabamos de pasar sin desabastecimiento en Colombia. La historia ha sido diferente en Ecuador, Costa Rica, México y Honduras, países que durante esta sequía tuvieron racionamientos de energía eléctrica.

Pero, además, países como Inglaterra, España, China, Francia y el estado de Texas en Estados Unidos, entre otros, han pasado por crisis energéticas en los últimos años, en algunos casos, por no contar con la confiabilidad requerida para garantizar el suministro constante de energía. Insisto, en Colombia aprendimos la lección hace tres décadas y nos hemos preparado durante muchos años para las coyunturas climáticas adversas.

Entonces es momento de entender que Colombia es un país privilegiado por contar con energía eléctrica constante. Pero ese privilegio se lo debemos a un sistema exitoso, que ha demostrado que funciona en los últimos 30 años, justamente el tiempo en el que no hemos tenido apagones en el país. Y también, por supuesto, a las empresas generadoras de energía eléctrica, las cuales han garantizado que, incluso en coyunturas climáticas adversas, sigamos contando con este servicio.

Sin embargo, los retos que se nos presentan actualmente y a futuro para los próximos ‘Niños’ son enormes, para lo cual es clave tomar decisiones a tiempo y hacer un trabajo coordinado entre las empresas y el Gobierno nacional, lo cual es fundamental para el logro de propósitos comunes, lo que finalmente se traduce en mayor bienestar para los usuarios y en desarrollo para Colombia.

*Presidente de Acolgen

Van dos años de gobierno de Gustavo Petro, donde ya los colombianos nos hemos acostumbrado no solo a los escándalos de corrupción y a la falta de competencia de varios miembros del gabinete, sino también a las salidas desacertadas del presidente en X.

Por: SANTIAGO SOTO LUNA*

Tras dos años y ante la incapacidad de tomar las riendas del país, el presidente parece haber optado por mantener su condición de candidato que tenía antes de 2022, donde podía ser irresponsable con el uso de las redes sociales y usarlas para crear división y en el peor de los casos, incendiar el país.

No obstante, a pesar de la susodicha costumbre, sorprendió la declaración donde manifiesta que Colombia dejará de exportar carbón a Israel “hasta que se detenga el genocidio”. Lo anterior tiene muchas implicaciones, más allá que una pataleta presidencial, lo primero es el hecho de que ahonda la ruptura diplomática con el país de medio oriente, donde escala a un asunto de comercio internacional, donde pagan las consecuencias, por supuesto, el sector minero.

En primera medida, desde el ámbito internacional, como lo manifestó en comunicación la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Colombia e Israel actualmente tienen suscrito un tratado de libre comercio desde 2014 y vigente desde 2020. Cualquiera de los asesores de política exterior, o de la cartera de industria y comercio o cancillería, debería advertir las implicaciones que tienen violar o incumplir este tipo de tratados, no solo frente a posibles reclamaciones o indemnizaciones de la contraparte, sino que también Colombia podría ser castigado duramente a futuro sobre sus exportaciones no necesariamente de carbón sino de cualquier otro producto, o de igual forma de productos que Colombia importe.

Lo anterior, sin mencionar el mensaje de inseguridad jurídica que esto transmite a la comunidad comercial internacional, lo cual afectara las ya golpeadas cifras de exportación del país y que, seguramente cuando esto ocurra, y se afecten empleos, recaudo por concepto de impuestos, entrada de divisas, etc., saldrán el presidente y sus áulicos a inventar “golpes blandos” que no le permiten gobernar.

Pasando al panorama interno, frenar exportaciones a un país estratégico como Israel, generará un efecto en cadena, pues los empresarios del carbón que realizaban sus actividades comerciales con este país, serán golpeados económicamente, lo cual se reflejará en pérdida de empleos, bienes y servicios, y reducción de contribuciones tributarias y regalías que se sumarán al ya deficiente recaudo del gobierno.

Entre las cifras del sector minero, vale la pena traer a colación la contribución del 1% al PIB nacional; así mismo el presupuesto del sistema general de regalías establecido en la ley 2072 de 2022 para el bienio 2023-2024 es de cerca de treinta billones de pesos, de los cuales el sector minero aporta cerca de nueve billones.

Ahora bien, en materia de comercio internacional, se llegó en exportaciones a cerca de USD17 billones en ventas externas, y en impuestos, industria y comercio, entre otros, a la cifra de $18 billones.

Por último, la producción de carbón térmico y metalúrgico del país cerró 2023 en 71,7 millones de toneladas y, antes del arrebato del presidente Petro, se esperaba cerrará aproximadamente en 77,3 millones de toneladas para 2024, en cuanto al coque, cerró el 2023 con una producción de 4 millones de toneladas.

Con la desatinada declaración del presidente mata dos pájaros de un tiro, en su cruzada de odio contra dos enemigos declarados: el Estado de Israel y el sector carbonero colombiano. Como en minería y energía los resultados o, peor aún, las consecuencias no suelen verse en tiempo real, habrá que anotarle al presidente un desastre más por arreglar, en el país que nos va a dejar después de 2026

*Abogado especialista en temas minero-energeticos

Bogotá logró salir prácticamente intacta del pasado fenómeno de El Niño. El racionamiento de agua fue la pequeña secuela para sus habitantes, que encontraron la manera de convivir con la nueva realidad provocada por los fenómenos climáticos, pero la ciudad podría estar ad portas de un apagón.

Por: SERGIO SEGURA*

Años atrás los expertos expresaron su preocupación frente al manejo del agua en Bogotá y entregaron sus recomendaciones con el fin de mitigar riesgos y evitar la situación, pero como es constante en Colombia, las acciones llegan tarde y terminaron siendo más reactivas, menos proactivas y correctivas. Así las cosas, al paso que vamos, el racionamiento de energía en Bogotá puede ser otra crónica de muerte anunciada, presa del pobre y lento avance en los proyectos que necesita el centro del país.

Es alarmante observar cómo los gremios e importantes jugadores del sector eléctrico cada vez que alzan su voz en los medios de comunicación, entrevistas, foros y comunicados le piden al gobierno nacional acciones inmediatas para evitar revivir el fantasma del racionamiento de energía con el que estuvo conviviendo la capital a finales del siglo XX en la coloquialmente llamada “Hora Gaviria”.

Y es que el racionamiento de energía en Bogotá no es un evento que vaya a suceder en unos pocos años. El racionamiento de energía ya está ocurriendo hoy en la sabana de Bogotá. Según datos entregados por el presidente del Grupo Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, en uno de los foros energéticos organizados recientemente, (i) la compañía chilena Falabella no logró inaugurar uno de sus centros de distribución de gran envergadura como consecuencia de la imposibilidad del GEB para construir las líneas de trasmisión necesarias para entregar energía proveniente de Sogamoso y Chivor, (ii) los grandes proyectos de construcción inmobiliarios ya están estancados a las afueras de la ciudad por no tener certeza en su conectividad eléctrica, y (iii) la edificación de los parques industriales en el norte y occidente de Bogotá están detenidos, fruto de la complejidad que viven día a día las compañías del sector para obtener la licencia ambiental. Una licencia que se ha convertido en la herramienta de negociación de diferentes grupos de interés para bloquear los proyectos indispensables en la región.

Es importante precisar que Enel Colombia, la compañía a cargo de brindar la generación y distribución de energía en Bogotá por medio de Emgesa y Codensa, si dimensionó desde antes del 2020, las crecientes necesidades de energía para la capital durante la actual década (1era línea del Metro, Regiotram de Occidente, Proyectos industriales y residenciales en la sabana) y de manera responsable planteó por medio de su plan de inversiones, “Bogotá-Región 2030”, la asignación de capital por $1.5 billones de pesos para la construcción de nuevas subestaciones de energía, líneas de transmisión, así como la modernización y digitalización de la infraestructura existente. Sin embargo, al volcar la mirada al estado de avance que presentan los proyectos planteados, las alarmas inevitablemente vuelven a prenderse y el grado de preocupación en los expertos sigue creciendo. A la fecha, solo seis proyectos se encuentran culminados o en etapa de construcción, mientras que la mayoría de estos se encuentran aún en etapa de estudio y de aprobación de licenciamiento ambiental.

Infortunadamente, los proyectos de energía que necesita Bogotá no son un caso aislado en Colombia. Son el reflejo de lo que están pasando los proyectos energéticos en gran parte del territorio nacional y lo que afrontan las compañías involucradas con el suministro de energía y la transición energética.

Según cifras de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), el 65% del programa de inversión en generación de energías renovables 2023-2024, el cual se encuentra muy de la mano con las proyecciones del Plan Energético Nacional 2022-2052 (PEN), se encuentran adelantando tramites y varios de ellos con retrasos importantes para su puesta en marcha, representando en su mayoría la nueva capacidad de generación en energías renovables del país. De esta manera, como precisa el exministro Amylkar Acosta, al

paso que vamos “el margen de maniobra está muy estrecho, de lo cual, cualquier contingencia que se presente pone en riesgo la firmeza y la confiabilidad en la prestación del servicio”.

Como pinta el panorama, es posible que en los próximos años los empresarios, trabajadores, comerciantes e independientes bogotanos deban hacerse a la idea de convivir con otro lucro económico cesante a costa de la lenta reacción del gobierno nacional, y la falta de coordinación con los agentes privados del sector eléctrico para lograr destrabar los proyectos, imprescindibles para el desarrollo y crecimiento económico en la capital.

Puede que ayude a entender la dimensión y fragilidad de la coyuntura energética que puede vivir Bogotá, a causa del racionamiento de energía en años venideros, si se abarca desde la perspectiva económica. Acorde con el estudio más reciente del Banco de Bogotá, el impacto económico del racionamiento para todos los bogotanos podría llegar a equipararse al golpe que tuvieron en sus ingresos en la época de la pandemia del “Covid-19”, en el cual, solo un mes de racionamiento de electricidad en la capital podría equivaler a una perdida en ingresos para los bogotanos de $ 9 billones de pesos, que se traduce en contracción marcada en la actividad económica y pérdidas de empleo en la ciudad con impacto y transmisión al resto del país (Bogotá genera cerca del 25% del PIB del país).

Puede que a Bogotá aún le quede tiempo y margen de maniobra para corregir el curso que la llevaría a tener en algunos años un marcado racionamiento energético, revivir al fantasma de la Hora Gaviria y evitar hablar de nuevo de otra crónica de muerte anunciada. Sin embargo, pareciera que al gobierno nacional, como es la constante en Colombia, esperaría hasta el último instante para dialogar y buscar la solución reactiva y poco proactiva-correctiva que necesita el empresariado y todos los colombianos.

Mientras tanto, a Bogotá poco a poco se le están yendo las luces, y el sentimiento dentro del sector eléctrico demuestra un creciente nerviosismo por la inminente necesidad de desplegar y cumplir con los proyectos que garanticen a la capital y al país la confiabilidad energética que necesita.

*Analista económico y del sector energético de CAIA

Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por las Naciones Unidas. Esta efeméride está íntimamente relacionada con la sostenibilidad.

Por: MAURICIO LÓPEZ*

Recordemos que hemos reiterado que la sostenibilidad es integral entre las dimensiones ambientales, sociales y económicas. Sin menoscabo de lo anterior es claro que celebrar este día es un llamado a la acción para crear una narrativa que permita consolidar una conciencia global acerca de los problemas ambientales y por supuesto, generar estrategias, programas y actividades en todos los niveles para cuidar nuestra Casa Común.

Estamos ante una situación especial que exige toda nuestra inventiva y decisión porque muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos para el 2030 a nivel mundial apenas van con cumplimientos promedios al 25% y en algunos casos menores.

A manera de ejemplo, hay una evidente escasez de agua que afecta a más del 40% de la población mundial. En Latinoamérica y el Caribe la eficiencia en el uso de agua disminuyó de 13.4 USD/m3 a 11.8 USD/m3. Todo esto impone que hay que mejorar la eficiencia en el uso del agua para reducir el estrés hídrico. 

Uno de los límites planetarios o techo ecológico que no debemos sobrepasar tiene que ver con el cuidado de los océanos, ya que se encuentran en una situación de riesgo por el aumento de la eutrofización, la acidificación, el calentamiento de sus corrientes, la contaminación por plásticos y la sobrepesca. 

De otro lado, en Latinoamérica y el Caribe se experimentó una degradación de la tierra y bosques más rápida que la media mundial. En Colombia tenmos alrededor de 200 mil hectáreas desforestadas por año, lo cual es francamente decepcionante.

Este 2024 la convocatoria se ha hecho para resaltar la resiliencia y la adaptación a la desertificación, bajo el lema “Nuestras tierras, nuestro futuro”. Y sigue la secuencia de años anteriores, relacionados sobre los mismos ejes.

En 2023 se habló de «Restauración de Ecosistemas», con un enfoque en prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todo el mundo. En 2022, con el llamado a «Una Sola Tierra», se destacaba la necesidad de vivir de manera sostenible en armonía con la naturaleza. En 2021, la narrativa se centró en «Reimagina, recrea, restaura”, llamando la atención en la restauración de ecosistemas dañados como una forma de combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad.

En todas las convocatorias aparecen como ejes centrales, la conciencia y la educación, presentando prácticas sostenibles y fomentando la educación ambiental. También, promoviendo una Acción Colectiva para lograr una movilización global, procurando un empoderamiento efectivo y con conocimiento de las comunidades. Por supuesto todo enfocado dentro de la Agenda 2030 de Sostenibilidad con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una materialidad mayor en aquellos relacionados con el medio ambiente, como la acción climática (ODS 13), vida submarina (ODS 14), vida de ecosistemas terrestres (ODS 15), y la gestión sostenible del agua (ODS 6).

Dentro de todas estas dinámicas, los Objetivos Basados en Ciencia (Science-Based Targets, de ahora en adelante SBT, por su sigla en inglés) se presentan como parte crucial del enfoque general de la sostenibilidad para abordar el cambio climático y promover prácticas empresariales responsables.

Dentro del ODS 17 –Alianzas para la sostenibilidad, la iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia -SBTi, surge como una colaboración efectiva entre varias organizaciones, destacando el Pacto Global de las Naciones Unidas, el CDP, el Instituto de Recursos Mundiales y WWF. Se pretende validar los objetivos de las empresas para que estén debidamente alineados con la ciencia del Clima. Los puntos centrales pueden resumirse en:

• Reducir emisiones de carbono
• Preservar los recursos del agua dulce y la seguridad hídrica
• Mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
• Conservar y regenerar los sistemas terrestres
• Asegurar océanos sanos y diversos

En este escrito, nos enfocaremos esencialmente en el primer item, de Reducción las emisiones de Carbono.

En temas de Cambio Climático, los SBT se pueden definir como las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) alineadas con los expertos mundiales, especialmente del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), creado en 1988 para facilitar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta.

De hecho, en las últimas reuniones se ha insistido en la necesidad de limitar el calentamiento global a niveles seguros, generalmente por debajo de los 2°C y preferiblemente a 1.5°C, en comparación con los niveles preindustriales. En Global Compact a nivel mundial estamos promoviendo claramente este límite de 1,5°C.

Para este propósito y lograr que se establezca SBT, hay que tener una evaluación de las emisiones actuales de GEI; una vez hecha la evaluación se pasa a la definición de los objetivos de reducción, que sean consistentes con los niveles necesarios para cumplir con los acuerdos climáticos internacionales; posteriormente empieza la implementación, con estrategias claras para lograr estos objetivos y finalmente la realización del monitoreo y reportes periódicos para mostrar los avances.

Existe una relación armónica entre los SBT y la Sostenibilidad, empezando por la complementariedad, ya que los SBT son específicos dentro del marco más general de los ODS, al estar enfocados en la reducción de GEI para abordar el cambio climático.

De otra parte, se promueve que haya una Integración Estratégica, dado que las empresas que establecen SBT generalmente incorporan estos objetivos en sus estrategias de sostenibilidad más amplias. Eso se ve reflejado en una reducción en todas las operaciones y procesos de las empresas, en las cadenas de suministro y productos. También tienen conexión estrecha con la gestión de residuos, la eficiencia energética y por supuesto, en los impactos positivos en los diferentes grupos de interés. 

De esta manera se tienen importantes beneficios al incorporar los SBT. Se destacan, la reducción de riesgos, con una clara referencia al cumplimiento cada vez más restrictivo de las regulaciones ambientales; igualmente se mejora en la eficiencia operacional,  reduciendo los costos operativos.

De otra parte, se impulsa la innovación, sobre todo en productos y procesos sostenibles, lo que deriva en una mejora de la reputación y fortalecimiento de lamarca; todo esto, también viene acompañado con una mayor facilidad en el acceso a inversionistas, con menores tasas de colocación del recurso financiero y una mayor diversificación de ofertantes.

En definitiva, implementar SBT es crucial para el medio ambiente y, además, proporciona ventajas competitivas y asegura la resiliencia y el éxito a largo plazo de las empresas.
*Director Ejecutivo Pacto Global Red Colombia

Los resultados en picada de Ecopetrol hablan de su momento crítico y la urgente necesidad de colocarle la lupa a las decisiones que se están tomando dentro de la principal empresa estatal del país.

Por: JOSÉ DAVID NAME*

El vertiginoso deterioro de la compañía aumenta el temor por el fuerte impacto que tendría sobre las finanzas públicas de Colombia, un eventual colapso.

La caída de 29% en sus beneficios netos durante el primer trimestre de 2024, con una reducción en sus utilidades de $1,65 billones en comparación con el mismo periodo de 2023, son nuevas cifras que se suman al desempeño negativo que viene presentando la compañía. Hay que recordar que las utilidades y los ingresos del 2023 cayeron un 42,8% en comparación con los 33,4 billones de pesos registrados en el 2022.

Por el lado de las reservas probadas, la disminución fue de 6,3%. Se bajó de 2.011 millones de barriles equivalentes (crudo y gas) en 2022 a 1.883 millones de barriles al cierre de 2023, es decir, que el índice de vida de las reservas pasó de 8,4 años a 7,6 años. La reducción en la actividad de taladros petroleros es otro campanazo que tiene preocupado al sector por el rezago sin precedentes que se viene presentando, fruto de la desinversión en la exploración y producción.

El controvertido cambio del objeto social de la compañía, aprobado recientemente por la Asamblea General de Accionistas, que incorporó la investigación, planeación, estructuración y comercialización de proyectos renovables, aumenta la incertidumbre sobre el futuro de Ecopetrol debido a las decisiones y la cuestionada estrategia corporativa que, si bien debe ir direccionada a una progresiva transición energética, debe seguir fortaleciendo su principal fuente de ingresos, los hidrocarburos.

Las actuales decisiones “estratégicas” lejos de posicionar a Ecopetrol como un líder en la transición hacia energías renovables, han evidenciado falencias significativas en su capacidad para adaptarse a las exigencias de un mercado cada vez más inclinado hacia la sostenibilidad.

Ningún bien le hacen a la compañía las calificaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro, acerca de un presunto desfalco millonario en Ecopetrol para financiar a paramilitares, personas y política. Los señalamientos que fueron rechazados inmediatamente por los expresidentes de Ecopetrol Felipe Bayón, Juan Carlos Echeverry y Javier Gutiérrez, por falta de pruebas y sustentos, ensombrecen el panorama ya complejo por los problemas jurídicos de su actual presidente Ricardo Roa, a quien se le investiga por la financiación de la campaña presidencial de 2022.

Una lluvia de advertencias han lanzado los líderes del sector frente al futuro de la petrolera, que vislumbra inmensos nubarrones. Los evidentes tropiezos en su gestión y estrategia, especialmente de disminución de la exploración y explotación de hidrocarburos, demandan una revisión profunda y crítica.

Estamos de acuerdo en que necesitamos una empresa comprometida con la transición energética, pero que también esté enfocada en potenciar los recursos de crudo y gas, garantizando su eficiencia operativa y financiera, así como la seguridad energética del país. Por lo pronto hay que tratar de despejar, con un plan de acción claro, esas nubes negras que se ciernen sobre Ecopetrol.

*Senador de la República.

Es bien sabido que mientras la economía crezca por debajo del 3.5% no sólo no genera empleo, sino que lo destruye, ello explica que las tasas de desempleo de un solo dígito han sido sólo flor de un día.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La economía colombiana arranca el 2024 con el pie izquierdo, sigue rengueando sin levantar cabeza. Según el más reciente reporte del DANE, en el primer trimestre de este año el PIB tuvo un magro crecimiento del 0.7% y aunque la proyección del Gobierno para el año completo es de 1.5%, el Banco de la República revisó a la baja su previsión desde 1% a 0.8%, el Banco Mundial hizo lo propio, recalculándolo de 1.8% a 1.3%, y el Fondo Monetario Internacioanl desde 1.3% a 1.1%.

Ello llevó al profesor de la Universidad de los Andes Marc Hofstetter a afirmar que “estamos estancados… Si uno quiere mirar lo que ha pasado en los seis trimestres que llevamos de este Gobierno, la actividad económica ha crecido 1%. Este es un dato muy malo”.

El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla ve el vaso medio lleno y con su optimismo panglosiano reaccionó a estas cifras matizando los resultados, afirmando que “el cuarto trimestre de 2023 terminó con un crecimiento de 0.3%, que significa que comenzó la reactivación de la economía que se debe reflejar en este 2024”, asumiendo que entre el último trimestre de 2023 y el primero de este año el PIB creció 1.1 puntos porcentuales, cuando la comparación, en rigor, debe hacerse es con igual trimestre del año anterior, cuyo crecimiento fue de 2.7%, es decir 2 puntos porcentuales por debajo. Peor aún si lo comparamos con el primer trimestre de 2022, cuando se registró un crecimiento del 8.2%.

Pero mientras él ve el vaso medio lleno, la mayoría de los analistas coinciden en verlo más bien medio vacío. Empezando porque el crecimiento económico completó cuatro trimestres consecutivos rozando el cero.

Excepción hecha del sector agropecuario, más el pecuario que el agrícola, que creció el 5.5%, y el repunte de obras civiles pasando con un crecimiento del 7.5%, pero que se ha visto contrarrestado por la caída del –6.8% en vivienda, los demás sectores productivos ajustaron entre cuatro trimestres consecutivos a la baja. 35 de sus 39 actividades en baja durante 15 meses consecutivos.

Igual que ocurrió con el crecimiento del PIB en 2023, de no ser por el crecimiento de la administración pública (5.3%), que contribuye con 0.7 puntos porcentuales al dato final, el crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año hubiera registrado una baja del – 0.1%.

En gran medida la baja en la producción responde al descaecimiento de la demanda. Al tiempo que el consumo final se ha estancado, registrando un crecimiento de sólo 0.4% para el primer trimestre de 2024, particularmente el consumo de los hogares creció un pírrico 0.6%, el consumo final del Gobierno registró una tasa negativa de –0.7%, reflejando fielmente la baja ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN), que el año pasado cerró en el 70.5%, nivel este que no se veía desde 2013, cuando alcanzó el 70.9%. En este primer trimestre sigue el rezago en la ejecución alcanzando el 14.3%, cuando a estas alturas debería estar en 33%.

Afirma José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos de ANIF, que “creemos que los siguientes trimestres tendrán un comportamiento similar al primero, repuntando hacia el segundo semestre del año para tener un cierre cercano al 1.1% anual”. Ello se explica en gran medida por el comportamiento del rubro de inversión, el cual registró un bajonazo en el 2023 del -24.8% y en el primer trimestre de este año del -13.64%. Acumula ya cinco trimestres a la baja. El nivel alcanzado de inversión en este trimestre estuvo por debajo del 15% del PIB, el más bajo desde 2005.

Y, como es apenas obvio, la baja en la inversión y la pérdida de su efecto multiplicador sobre las demás variables de la economía inhibe y arrastra consigo a la baja el crecimiento del PIB, al tiempo que condiciona el crecimiento potencial de la economía, el cual pasó del 4.8% en el 2012, aupado por el largo ciclo de precios altos de los commodities (2003 – 2011), al 3.5% en 2016 y actualmente llega a duras penas al 2.5%.

Es bien sabido que mientras la economía crezca por debajo del 3.5% no sólo no genera empleo, sino que lo destruye, ello explica que las tasas de desempleo de un solo dígito han sido sólo flor de un día.

Ante la ralentización del crecimiento de la economía de enantes y su estancamiento ahora se impone la necesidad de implementar por parte del Gobierno un plan de choque mediante una política contracíclica tendiente a reactivar la economía.

El presidente Gustavo Petro, ante el mediocre desempeño de la economía el año anterior, reaccionó diciendo que “el gobierno nacional tiene una responsabilidad. Cuando baja la inversión privada, debe crecer la pública”. Pero, al parecer, al presidente no le obedecen, porque a contrapelo de sus directrices, como ya lo vimos, la plata sigue en las fiducias y la paquidermia del Estado frena la ejecución de la inversión pública en los momentos en los que más se requiere.

Finalmente, vale la pena que el Gobierno escuche y tome nota de las recomendaciones que desde el sector productivo, los gremios y los centros de pensamiento se le vienen planteando con el propósito de sacar la economía del letargo en el que está.

Como lo afirmó el director de FEDESARROLLO Luis Fernando Mejía, “desde la política pública acelerar el crecimiento, primero con la adecuada ejecución del presupuesto que continúa por debajo del promedio histórico de los últimos cinco años”. Y llamó la atención sobre un factor que viene gravitando sobre la economía y su desempeño, que “tiene que ver con eliminar los factores de incertidumbre que ha sido una barrera especialmente de la inversión, de la formación bruta de capital”.

Bien dijo el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz que “las inversiones en confianza no son menos importantes que las inversiones en capital humano y maquinaria”. Y en Colombia estamos urgidos de la una y de la otra.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Arribamos a los primeros diez años de la Ley 1715 de 2014, radicado por el senador José David Name y tramitada por el Congreso de la República con nuestro apoyo desde el Ministerio de Minas y Energía.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Esta Ley estuvo antecedida de unos desarrollos legislativos y normativos de la mayor importancia, inspirados todos en el buen propósito de contribuir a la lucha contra el cambio climático, mediante la reducción de la huella de carbono, así como el uso racional y eficiente de la energía. Un primer paso que se dio, tendiente a la diversificación de la matriz energética del país, fue el de la integración del gas natural a la misma.

Ya en los albores del siglo XXI, gracias a mi Ley 693 de 2001 y la 939 de 2004, posterior, se integraron a la matriz energética los biocombustibles, obligando la mezcla del etanol con la gasolina y el biodiesel desde el 1 de noviembre de 2005. Tal como lo ha dicho la Agencia Internacional de Energía (AIE), “los biocombustibles son una medida determinante en la mitigación de la emergencia climática”.

La Ley 697 de 2001 constituyó otro hito en la estrategia de minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático, así como la promoción del uso de las energías provenientes de fuentes no convencionales, renovables (FNCER) y limpias.

Los antecedentes que nos hemos permitido relacionar ponen de manifiesto que Colombia se anticipó a la transición energética, tan en boga en los tiempos que corren, consistente en la integración de las FNCER a la matriz eléctrica del país.

Mediante la Ley 1715 de 2014, adelantándose a la firma del Acuerdo de París y a la aprobación de los ODS, se dispuso “regular la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”. Con el objetivo de desarrollar dicho potencial se establecieron una serie de estímulos e incentivos, mediante beneficios tributarios y arancelarios. Es de anotar que esta Ley se vio reforzada y potenciada con la expedición posteriormente de la Ley 2099 de 2021, que amplía el espectro de las energías que se promueven y sus beneficios.

Si bien el sector energético no es el que más contribuye en Colombia a las emisiones de GEI, la mayor participación de las FNCER en la matriz eléctrica las neutraliza. En nuestro concepto su mayor mérito estriba en el robustecimiento de la base de generación, habida cuenta de que de acuerdo con un estudio de FEDESARROLLO hacia el año 2028 Colombia requerirá contar con 30 GW de capacidad instalada, la expansión de esta, de preferencia, debe abrirle espacio a las FNCER, diversificando aún más la matriz y con ello dándole mayor confiabilidad y firmeza al Sistema.

Pero, en nuestro concepto el mayor mérito que le cabe a las FNCER es que le imprime una mayor resiliencia a la matriz eléctrica frente a fenómenos extremos como el Fenómeno de El Niño, dado su carácter contracíclico, pues cuando el verano es más intenso y es mayor la sequía es justamente cuando los vientos son más fuertes y se cuenta con más horas de sol y mayor radiación solar.

La ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció en noviembre de 2022, en el marco de la XXVII Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), que para mayo del 2023 su despacho daría a conocer la Hoja de Ruta de la Transición Energética justa, contemplada en la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026). Un año después no se tiene noticias de ella.

Debido a la paquidermia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), sólo 5 años después de expedida la Ley, en el 2019 se abrió la primera subasta de cargo por confiabilidad en el que participaron proyectos para generar energía eólica en La Guajira.

Luego tuvo lugar otra subasta sólo para tecnologías de renovables en 2021. Estos avances le valieron al país un gran posicionamiento en el desempeño de la Transición Energética, a tal punto que en el ranking del Foro Económico Mundial (FEM) del índice de Transición Energética en 2021 Colombia se ubicó en el puesto 29, con 66 puntos sobre 100 a nivel global y de tercero en Latinoamérica.

Los primeros parques eólicos han debido entrar en operación en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno. Ello explica que, en su más reciente Informe del FEM en 2023 Colombia perdió 10 puestos en dicho índice, pasando del puesto 29 al 39 a nivel global y en Latinoamérica pasó del tercero al sexto lugar.

Además de destrabar y acelerar la ejecución de los proyectos en curso para la instalación de los parques eólicos en La Guajira, la expansión de la capacidad de generación eólica y solar – fotovoltaica, que hasta el momento dispone de 1,8 GW, se impone la necesidad de reconfigurar la red de transmisión nacional, respondiendo a la desconcentración y descentralización del Sistema e impulsar la autogeneración y las comunidades energéticas.

Huelga decir que el éxito de estas últimas depende de su estructuración con criterio gerencial, asegurando así la administración (A), la operación (O) y el mantenimiento (M), para asegurar de esta manera la sostenibilidad de las soluciones.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Según la Ley de Murphy, todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar, y eso es lo que tememos los usuarios del servicio de energía en la región Caribe.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Al desaforado incremento de las tarifas de electricidad que agobia la región Caribe, ahora se anuncia la revisión de la tarifa de transporte del gas natural por la red que une a los centros de su producción con los centros de consumo. Como se suele decir coloquialmente, al caído caerle.

En efecto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó para comentarios y observaciones la Circular 020 de 2024 contentiva de una propuesta formulada a partir de un estudio adelantado por la Universidad de los Andes y presentado por la empresa interesada, VANTI, antes Gas Natural Fenosa, de ingrata recordación para el Caribe, distribuidora y comercializadora de este energético, hasta la fecha el más asequible para los usuarios, especialmente para los más vulnerables.

Para ponernos en contexto, es importante destacar que, en momentos en los que Colombia pasó de exportador a importador de crudo (1975 – 1985), los yacimientos de gas natural en La Guajira le sirvieron al país de tabla de salvación. Y luego con la construcción del gasoducto central, para transportarlo hasta el interior del país, la región Caribe le dio, con toda generosidad, una mano al resto del país para que accedieran a este combustible. De esta manera se diversificó la matriz energética. Como es bien sabido, en la transición energética el gas natural es considerado como el combustible puente.

El 7º de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) establece la universalización del acceso a la energía y este depende en primer lugar de su disponibilidad y en segundo lugar del poder adquisitivo de los usuarios. De manera que en la medida que se encarece el servicio de la electricidad, como ha venido ocurriendo debido a la escalada alcista de las tarifas y ahora se amenaza con elevar la tarifa del gas, se atenta contra la asequibilidad a los mismos.

Es de destacar que, según un estudio reciente auspiciado por PROMIGAS, en promedio, el 18,5% de los habitantes de Colombia acusan pobreza energética, estamos hablando de 9,6 millones de personas en tal condición. Cabe resaltar que 6 de los 8 departamentos del Caribe figuran entre los que registran más del 50% de su población en pobreza energética, siendo el Magdalena y La Guajira los que llevan la peor parte. En tales circunstancias, le cae a la región Caribe esta noticia como un baldado de agua fría.

Según se desprende de la lectura del estudio, lo que se pretende es unificar la tarifa de transporte para todo el país, cambiando la modalidad de tarifas acorde con la distancia entre los campos productores y los puntos de consumo, que es como opera actualmente.

Se trata, según se aduce, a partir de una evaluación costo – beneficio de la fórmula “de agregar tramos regulados del sistema de transporte nacional (STN)”.

Y ello, no obstante que la regulación vigente de la “estampilla”, expedida por la CREG, no está diseñada para integrar la infraestructura de transporte en su totalidad, que es de lo que se trata, ni siquiera se simula cómo funcionaría esta propuesta de llegar a materializarse, para poder así evaluar su impacto.

Tampoco se analiza el impacto que tendría dicho incremento en la tarifa al usuario final, 2´225.165, de los cuales el 98.44% son residenciales y de estos más del 80% corresponden a los estratos 1, 2 y 3.

En suma, se echa de menos en este estudio un análisis riguroso de sensibilidad, así como una simulación, que muy seguramente habría llevado a otras conclusiones.

Y la preocupación no es menor, habida cuenta que de llegar a aprobarse y aplicarse este exabrupto la tarifa promedio de transporte pasaría de US $1.18 MPC a US $2.09 MPC, para un incremento del 77%.

Ello, además de injusto es inequitativo y discriminatorio, porque en aras de nivelar la tarifa para todo el país, aplanándola, los usuarios del interior del país tendrían en cambio un alivio, pues su tarifa pasaría de un promedio de US $2.70 MPC a US $2.09, que representaría para sus usuarios una rebaja del 23%.

El caso de La Guajira es particularmente patético. Cómo es posible que teniendo el gas natural en boca de pozo se le vaya a cargar un transporte del mismo al que no hay lugar, ello resulta contraintuitivo y absurdo, amén de irracional.

A quién se le puede ocurrir semejante despropósito, que le significaría a los usuarios del departamento que le ha servido de despensa del gas natural al resto del país incrementos del 500%, que lógicamente incidirían en la tarifa al usuario final, resintiendo de nuevo sus ya golpeados bolsillos. No se necesita tener dos dedos de frente para llegar a esta conclusión.

De darse este desafuero, que sería un golpe más que se le asestaría a la región Caribe, se afecta no solamente a los usuarios domiciliarios sino también al sector comercial, al industrial, al automotor y, desde luego, a los generadores de energía, encareciéndola, impactando severamente su competitividad, en momentos en los que se viene dando una relocalización de empresas atraídas por las ventajas comparativas que ofrece su enviable localización geográfica.

Ello iría a contrapelo de dos de los objetivos básicos del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno: la reindustrialización, el fomento del turismo y la transición energética justa.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Esta expresión suele utilizarse para significar la tardanza en actuar y en tomar decisiones a tiempo, con la debida oportunidad. Y eso le está pasando al Ministerio de Minas y Energía con la actual crisis del sector energético.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Con la debida antelación, 14 ex ministros de Minas y Energía le enviamos el 7 de octubre del año anterior una carta abierta al presidente Gustavo Petro, que era portadora de una alerta temprana sobre el riesgo de un posible racionamiento del servicio de energía, en momentos en que ya estaba en gestación el fenómeno de El Niño, que trae consigo sequía e hidrología extrema, escaseando las lluvias que con su aporte alimentan los embalses que le sirven a la hidroeléctricas para generar energía.

Pero fuimos más allá, basados en nuestra experiencia, nos atrevimos a recomendarle algunas medidas que podían contribuir a prevenir y a contrarrestar sus devastadores efectos.

Le planteamos la conveniencia y oportunidad de “la definición de incentivos de precios para buscar las eficiencias en el consumo vía programas de respuesta a la demanda” para promover el ahorro en el consumo de energía mediante incentivos a los usuarios, como ya se había ensayado con éxito en 2015 cuando tuvimos un amago de racionamiento a consecuencia del mismo fenómeno de El Niño.

El Gobierno desestimó esta recomendación, se rehusó a implementarla y el resultado está a la vista. En momentos en los que se requiere es ahorrar el consumo se desbordó pasando, según cifras de XM, de un crecimiento del 5% hasta el 7%, que es el promedio del primer trimestre de 2024. La demanda de los consumidores regulados (la de los hogares), por su parte, creció aún más, el 12%

Sólo cuando El Niño entró en su fase de mayor intensidad se optó por expedir la Directiva presidencial 01 del 1º de abril dirigida a las entidades de la Rama Ejecutiva sobre “buenas prácticas para el ahorro de energía y agua” en la que se exhorta a “ajustar los esquemas de trabajo en casa para todo el personal de planta y contratistas. Solicita aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y apagar las luces cuando no sea necesario mantenerlas encendidas”. Huelga decir que esta medida, además de tímida es ineficaz. Ni siquiera se les ocurrió adelantar el horario de la jornada de trabajo si de lo que se trataba era de “aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas”.

Después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, por fin se decidieron a publicar para consulta el proyecto de resolución de la CREG 701 039 del 13 de abril, 6 meses después de nuestra sugerencia, mediante la cual “se establece un programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica”.

También le habíamos propuesto incentivar a las empresas que cuentan con capacidad instalada de autogeneración para que se animen a entregar sus excedentes, al Sistema Nacional de Transmisión (SNT). A estas alturas penas se está considerando la expedición de la Resolución respectiva y mientras tanto las manecillas del reloj no se detienen. Ya se ha perdido un tiempo precioso.

Otro tanto puede predicarse con respecto a la incorporación de más energía térmica para suplir la hídrica, algo que ha debido adelantarse desde el último trimestre del año anterior.

Solo hasta el 12 de abril se emite por parte del ministro Andrés Camacho la Circular 40011, dirigida al Centro Nacional de Despacho (CND), instruyéndolo para que el parque térmico de generación opere a su máxima capacidad. Pero ello ocurre en momentos en los que ya venía contribuyendo con 112 GWHD, el 48% de la energía generada (242 GWHD), cuando su máxima capacidad es de 120 GWHD. Una vez más el ministro llega tarde.

También planteamos la urgencia del “nombramiento en propiedad de comisionados de la CREG, con la debida solidez técnica” y a estas alturas, en medio de semejante crisis, pese al reiterado requerimiento de la Procuraduría y de la orden expresa del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca para que se nombrara en propiedad los 6 expertos comisionados, “de dedicación exclusiva y por períodos de 4 años”, para lo cual le fijó un plazo perentorio de 30 días, la misma se desacató y a la fecha sólo se han nombrado 4 de los 6 que deben integrar la CREG y de ellos sólo 2 en propiedad. Este, a mi juicio, sigue siendo el nudo gordiano de la actual crisis del sector, que sólo el Gobierno puede desatar.

Y así arribamos a la actual encrucijada en la que, a consecuencia del fenómeno de El Niño, el bajo nivel de los embalses tiene en grave predicamento el funcionamiento y operatividad del Sistema Interconectado Nacional, convirtiéndose en el detonante de la actual crisis que puede conducir al temido apagón. Ello justamente fue lo que nos llevó a concluir nuestra misiva diciéndole al primer mandatario que había que “actuar ya. Está en sus manos evitarle al país un costoso e innecesario riesgo de apagón”.

En efecto, el último reporte de XM da cuenta de que el agregado del nivel de los embalses estaba en 28.56%, a sólo 0.93 puntos porcentuales del umbral del 27.63%. Este es el punto de inflexión, de no retorno, que al llegar a él obliga a activar el Estatuto para situaciones de riesgo de desabastecimiento de energía (Resolución 101 027 de 2023), abocándonos inexorablemente al racionamiento de energía. A ello ha contribuido la imprevisión y la improvisación con que se ha encarado la gestión de esta crisis.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.