Categoría: Opinión

El Niño no se ha ido y sigue haciendo estragos, afecta las fuentes de las cuales se surten los acueductos del país y a los 23 embalses que sirven a las centrales hidroeléctricas de generación.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Este es un juego algebraico de sumas y restas. El nivel de los embalses viene cayendo a una rata de 0.5% diario, al tiempo que se viene reduciendo dramáticamente el aporte hídrico.

Según el más reciente reporte, el nivel agregado de los embalses estaba en 35.3%, muy cerca del umbral del 27%, nivel este considerado por la empresa XM, que es la que administra el SIN, como crítico, el cual dispararía todas las alarmas y obligaría a activar las medidas de contingencia para evitar un apagón, las cuales están previstas en el Estatuto de Racionamiento. 

Se lo advertimos al ministro de Minas y Energía, que era apresurado, hasta irresponsable, precipitarse a afirmar el 8 de febrero (El Tiempo) que “estamos a punto de superar el Fenómeno de El Niño”, para asegurar que gracias a su gestión lo habíamos superado sin mayores inconvenientes.

Pues bien, con sus declaraciones, el ministro dio una señal inapropiada que llevó a las hídricas a seguir generando más allá de los límites de la prudencia, acentuando el desembalse y precipitando la caída del agregado del nivel de los embalses. Las palabras tienen poder y más si quien las pronuncia lo posee. 

Entre tanto, la participación de la generación térmica, que le sirve de respaldo a las hídricas, merced al cargo por confiabilidad, se acrecienta aceleradamente, superando el 15%. De no ser por su eficaz respuesta ya estaríamos en tinieblas, pero ello tiene un límite que no supera el 55% de la demanda total.

Es de advertir que para garantizar la operación del parque térmico, ante la escasez de gas natural se viene importando un promedio de 204 MMPCD a través de la planta regasificadora que opera SPEC en Barú (Cartagena), con una capacidad para procesar 400 MMPCD, cuya viabilidad e instalación en 2016 hicimos posible a nuestro paso por el Ministerio de Minas y Energía, con el fin de contar con dicho respaldo ante cualquier eventualidad como la que se presenta en este momento.

Y como el ministro se mantiene en su lógica, prisionero de sus palabras, se ha abstenido de promover una necesaria campaña de ahorro de consumo de energía, como si se está haciendo con el agua. Sigue siendo cierto el adagio de que es mejor prevenir que tener que lamentar.

Dijo Napoleón que cuando se está subiendo se puede detener, pero cuando se baja es muy difícil detenerse y este es el caso. Esto para significar que no se avizora aún un aumento del aporte hídrico ni el freno de la caída de los embalses.

Cuando el ministro Camacho afirmó que “hoy podemos garantizar seguridad energética” lo dice contando con la capacidad instalada de generación y transmisión que, como es bien sabido es insuficiente para garantizar la confiabilidad y firmeza del SIN, dado el estrecho margen entre la oferta 221 (GWHD) y la demanda (224 GWHD) de energía, que lo mantiene al límite, con el más alto grado de estrés. La seguridad a la que hace alusión el ministro parte de la base que todo el parque de generación hidrotérmico funcione como un relojero suizo.

Basta con que se presente cualquier percance o contingencia como la acaecida la semana anterior que llevó a la salida del SIN de la Central El Paraíso en Mesitas del Colegio y sus 400 MW,  consecuencia de un bloqueo contra la generadora ENEL y estuvo en vilo al país, para que se presente una falla sistémica. Al declararse su indisponibilidad, se afectó la tensión, provocando de paso una mayor velocidad de desembalse en otras centrales adyacentes. Como quien dice, estamos transitando por la cornisa.

Lo dijo en su momento la ministra del Medioambiente Susana Muhamad, al declarar la llegada del Fenómeno de El Niño en octubre pasado, el Niño no es un juego. Su comportamiento es errático, su curso es imprevisible lo mismo que su duración.

Y no se nos olvide que el detonante del apagón durante los años 1992-1993, que duró 14 meses, fue un error de cálculo de la Junta Directiva de ISA, que para aquel entonces controlaba la operación de todo el Sistema, al apostarle a la llegada de las lluvias que nunca llegaron.

Qué no se repita la historia. Los paganines de cualquier imprevisión y/o improvidencia, como siempre, seremos los usuarios que, más temprano que tarde, seremos los que veremos reflejadas en nuestras facturas el alza de los precios y las tarifas.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Ecopetrol, piedra angular de la economía colombiana, enfrenta una crisis sin precedentes, marcando el periodo más alarmante de su historia.

Por: JUAN ESPINAL*

Bajo la administración actual, la de Ricardo Roa, Ecopetrol ha visto evaporarse casi la mitad de su valor, representando una pérdida multimillonaria para el Estado colombiano, principal accionista con el 88,5%, seguido por los fondos de pensiones y los inversores privados.

La “política de la miseria” del presidente Gustavo Petro y del presidente de Ecopetrol, de cesar la exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos, ha lanzado a la empresa a una situación financiera crítica.

Abandonar la misión fundamental de exploración no solo pone en jaque la sostenibilidad de la entidad, sino que ha desencadenado un alarmante desabastecimiento de gas del 17% en el país, evidenciando la pérdida de valor frente a la no generación de nuevas reservas.

La postura del gobierno respecto al fracking y la suspensión de proyectos piloto por presuntas preocupaciones medioambientales, contrasta con la adopción de estas técnicas en lugares como Texas, EE.UU., donde contribuyen significativamente a la producción de petróleo. Esta dicotomía se agudiza al considerar la importación de gas desde Venezuela, planteando cuestionamientos sobre doble moral y posibles negociaciones cuestionables. El impacto negativo de estas políticas se refleja claramente en la caída del 42% en las utilidades del último trimestre de 2023.

La reciente asamblea de la empresa, dominada por políticos y activistas, amenaza la gobernanza corporativa de Ecopetrol, cuyas acciones han sufrido una devaluación marcada tanto en el mercado local como en Wall Street.

Mirando hacia el futuro, Ecopetrol se enfrenta a una encrucijada crítica. Con reservas probadas en declive y una reducción en la capacidad de reemplazo, la estrategia actual parece conducir a Colombia hacia una dependencia energética de regímenes autoritarios, con consecuencias económicas severas para la mayoría de los colombianos.

Por último, la gobernanza de Ecopetrol está bajo escrutinio por escándalos que rodean al presidente de la empresa, entre otros por la financiación de la campaña de su jefe político Gustavo Petro, donde Roa fue su gerente.

Es imperativo que continuemos abogando por la sostenibilidad y la autonomía energética de la empresa más vital para nuestro país, en contra de las políticas de decrecimiento favorecidas por ciertos sectores políticos.

*Representante a la Cámara.

En medio de gran expectativa tuvo lugar en Sincelejo el pasado 9 de marzo la que se calificó como Cumbre Caribe, en torno a la problemática de la inusitada alza de las tarifas del servicio de energía, que tiene agobiados a los usuarios.

Por: AMILKAR D. ACOSTA*

La Cumbre Caribe estuvo precedida, sin resultado alguno, por otra Cumbre en la Casa de Nariño encabezada por el presidente Petro y la asistencia de los parlamentarios del Caribe y el posterior debate de control político al Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, del cual hubo más calor que luz.

El ministro Camacho se anticipó a expedir en volandas un Decreto para comentarios que, según se anunció está encaminado a bajar las tarifas, pero de la lectura del mismo se concluye fácilmente que no hay nada nuevo bajo el sol.

Empezando porque en el mismo simplemente se le ordena a la inoperante CREG “la revisión completa de todos los componentes de la tarifa eléctrica”, función que está entre sus atribuciones y competencias, las mismas que está en incapacidad de cumplir por la dejadez del propio Gobierno, que se ha negado sistemáticamente a nombrar en propiedad a los 5 restantes expertos comisionados.

Cabe advertir que la CREG se ha convertido en el nudo gordiano de la problemática del sector energético, que no encontrará salida hasta que el mismo se desate y para ello hace falta la voluntad política y la decisión del alto Gobierno.

Lo que está en juego es la supervivencia de la institucionalidad del sector, que se está poniendo en riesgo con las políticas erráticas del Gobierno, que minan la confianza de los agentes de la cadena.

Y en materia de tarifas, aunque en su artículo 1º el Decreto de marras alude a la baja de las tarifas y con tal fin plantea que la CREG expedirá una nueva fórmula tarifaria, como es apenas obvio, “dentro del año siguiente de la fecha de la terminación de la vigencia de cualquiera de los componentes de la fórmula”, que en el caso de las dos empresas operadoras, que prestan el servicio en la región Caribe, Air – e y Afinia, se cumple en abril del año entrante.

De ello se sigue que los 2,6 millones de resignados usuarios del servicio de energía de la región Caribe tendremos que esperar hasta entonces para vislumbrar un asomo de alivio en las facturas del servicio de energía que promete el ministro. Y mientras tanto, que nos coma el tigre.

Llama poderosamente la atención que, contrariamente a lo que se aspiraba y esperaba de esa Cumbre, el ministro Camacho, no le dio respuesta a ninguna de las propuestas que se le presentaron con la debida antelación.

Según el ministro, “este Gobierno ha venido a enfrentar problemas estructurales de un modelo económico neoliberal. 30 años después de este modelo de servicios públicos las empresas no le han garantizado los derechos a la gente”.

Pero qué ocurre. Al sabotear el normal funcionamiento de la CREG, el máximo órgano regulatorio, que constituye la pieza maestra de todo el andamiaje del Sistema, se compromete seriamente su normal funcionamiento.

En tales circunstancias, el mal llamado peyorativamente “modelo económico neoliberal” se torna inoperante y no podrá garantizar “los derechos de la gente”. Y de este modo, con la excusa del “cambio” de Modelo, estaríamos en presencia de una profecía autocumplida, que es aquella que se anuncia y luego se hace todo lo posible para que se cumpla.

Con esta monserga lo que se busca es utilizar la baja en las tarifas como señuelo para abrirle camino en el legislativo a su proyecto de reforma de la Ley de servicios públicos, condicionándola a su aprobación por parte del Congreso.

Es de advertir que es imperiosa la necesidad de actuar ya, sin más dilaciones, las soluciones no dan más espera, el Gobierno debe proceder antes de que sea demasiado tarde. De ninguna manera es admisible que las soluciones se supediten al trámite y aprobación de la tan anunciada reforma de dicha Ley, convertida en espejismo.

También ha afirmado el ministro que “lo primero que hay que decir es que en el centro están los usuarios, así que todas las alternativas son bienvenidas y las seguimos analizando, pero que no nos sigan planteando que la solución es seguir salvando a empresas”.

Lo cierto es que ninguna de las propuestas sometidas a su consideración está encaminada a salvar a las empresas, aunque si las empresas generadoras, transportadoras, comercializadoras y operadoras de red no están a salvo, tampoco estaría a salvo la prestación del servicio y el servicio más costoso es aquel con el que no se cuenta cuando se necesita. O acaso por qué y para qué expidió el Ministerio el Decreto 1637 de 2023, habilitando una línea de crédito por $1 billón, que se amplió posteriormente en $2.3 billones, para solventarlas y así evitar el temido efecto dominó que había anunciado la empresa operadora del Sistema y administradora del mercado mayorista XM, debido a los problemas de iliquidez de las empresas operadoras de red por cuenta de la abultada deuda de los usuarios por concepto de la opción tarifaria. De esta manera se evitó un apagón financiero que podría conducir a un apagón eléctrico.

Esta Cumbre, que sirvió de escenario para un diálogo de sordos, como otras, se han convertido en un verdadero botadero de corriente que en nada contribuyen a la búsqueda y hallazgo de soluciones prontas y eficaces, más allá de la vacua palabrería. Esta vez, como ya quedó dicho, las propuestas presentadas, todas ellas tuvieron la cayada por respuesta.

Esta Cumbre terminó sin terminar y concluyó sin conclusiones. Por ello, no le falta razón a la directora de El Heraldo Erika Fontalvo cuando, con su proverbial franqueza, tituló su Editorial “Cumbre energética, sin pena ni gloria” y añadió: “tarifas no bajarán por ahora, mucho ruido y pocas nueces. Otros dirán pura paja. Estas populares expresiones bien resumen lo que pasó, o mejor lo que no pasó, en la tan cacareada Cumbre energética del Caribe”. Más claro no canta un gallo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

¿Por qué perder nuestra suficiencia y soberanía energética con una industria que arrastra una crisis estructural como la venezolana? ¿Cómo garantizará el Gobierno Petro el suministro de gas a los millones de colombianos que hoy disfrutan de un producto de alta calidad, a bajo precio, si la industria venezolana no suple ni siquiera la demanda interna? ¿Por qué acabar la exploración y explotación de gas, que es un energético clave para la transición?

Por: PAOLA HOLGUÍN*

Son tantas y tan graves las preocupaciones de los colombianos, y la avalancha de escándalos de la campaña y el Gobierno Petro, que pocos recuerdan a la exministra Irene Vélez en el Congreso Nacional de Minería 2022, hablando del decrecimiento económico como solución al cambio climático, o el anuncio un par de meses después, en el Foro Económico Mundial, sobre la suspensión de contratos de exploración y explotación de gas y petróleo, o las denuncias sobre irregularidades en el informe de reservas de petróleo y gas de la exviceministra de Energía, Belizza Ruíz.

Lo que sí recordamos -por bochornoso- es a Petro comparando la peligrosidad de la cocaína con el carbón y el petróleo, en su discurso ante la ONU, y el empeño de su Gobierno por hacernos depender energéticamente de Venezuela; país que, según el informe publicado en julio de 2023 por el New York Times, tiene una decadente industria petrolera que causa estragos al medio ambiente por casos como la quema incontrolada de yacimientos de petróleo y gas; y que de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de la Energía, citado por dicho medio, pese a producir menos que antes, es el tercer país en el mundo en emisiones de metano por barril de petróleo producido.

Adicionalmente, la destrucción del Lago de Maracaibo es irreparable a causa de las filtraciones de petróleo de los oleoductos submarinos en estado de abandono, y la contaminación por oxidación de maquinaria sumergida en sus aguas aceitosas color verde neón. Al desastre ecológico se suma el social. La ciudad de Cabimas, aledaña al lago, antes próspera y pujante, ahora se hunde en el abandono y la pobreza extrema.

Pese a que, según un reciente informe de la ONU, Venezuela es reconocida en la actualidad como uno de los productores de petróleo y gas más sucios del mundo, Petro ha promovido la integración energética con ese país, lo que resulta contradictorio con su discurso verde y con su intención de contribuir con la solución del cambio climático haciendo decrecer la industria extractiva nacional.

La idea de importar gas desde Venezuela en 2025, contrasta con la realidad de un gasoducto que está en desuso desde 2015, cuando el vecino decidió no cumplir el acuerdo de enviar gas, después de recibir el nuestro desde 2007; o peor aún, cuando desde 2020 los venezolanos se han visto abocados a usar leña para cocinar, debido, entre otras causas, a la disminución de la producción, a fallas en el sistema de transporte y a que la tercera parte de las plantas de llenado de bombonas o cilindros está fuera de servicio.

Nos preguntamos: ¿Por qué perder nuestra suficiencia y soberanía energética con una industria que arrastra una crisis estructural como la venezolana? ¿Cómo garantizará el Gobierno Petro el suministro de gas a los millones de colombianos que hoy disfrutan de un producto de alta calidad, a bajo precio, si la industria venezolana no suple ni siquiera la demanda interna? ¿Por qué acabar la exploración y explotación de gas, que es un energético clave para la transición?

De nuevo, la ideología por encima de la razón y el interés nacional.

*Senadora de la República.

Presidente Petro, el gas de Maduro no beneficia a Colombia. Es imperativo firmar más contratos de exploración, garantizar la seguridad energética del país y una Transición Energética responsable.

Por: JUAN ESPINAL*

En Colombia, 37 millones de compatriotas dependemos del gas que producimos. A pesar de que nuestro país no se destaca como un gran productor de hidrocarburos, esta industria representa una fuente vital para nuestro Producto Interno Bruto (PIB), con Ecopetrol contribuyendo en un 9%.

Durante el 7 y 8 de marzo se llevó a cabo el Congreso Nacional «Colombia Genera», organizado por la ANDI. Este evento sirvió como plataforma de diálogo sobre los desafíos del sector minero energético, destacando la relevancia creciente del gas natural como pilar esencial para la transición energética y para el bienestar de la población.

La agenda pública actual refleja una profunda inquietud debido a la falta de una hoja de ruta clara para una Transición Energética justa por parte del Gobierno del cambio.

Los avances logrados en administraciones previas parecen haber sido relegados a un segundo plano, prevaleciendo la improvisación y el debilitamiento del sector energético a través de decretos como el 044/24, la propuesta de creación de la Empresa Estatal Ecominerales, el borrador de las leyes Minera y de Servicios Públicos, la suspensión de nuevos contratos de exploración y el incremento del 1% al 6% en las transferencias para proyectos de energías renovables no convencionales.

Esas medidas han generado efectos adversos y una percepción de inseguridad jurídica, llevando a la suspensión de proyectos como el parque eólico Windpeshi de ENEL en La Guajira, y a que empresas como Celsia consideren trasladar sus inversiones a Perú.

Lo que resulta evidente es la decisión del presidente Petro de comprar gas al dictador Maduro, orientando la política energética hacia la reducción de la producción nacional para favorecer las importaciones desde Venezuela. Esta estrategia no parece responder a un interés estratégico para nuestro país, ya que podría quintuplicar los costos del consumo de gas para más de 37 millones de usuarios, especialmente en los estratos 1, 2 y 3.

Recientemente, Ecopetrol informó sobre un déficit del 16% en el suministro de gas para finales de año, un recurso vital para la economía del país y para 11 millones de hogares.

La prioridad gubernamental debería ser asegurar el abastecimiento; sin embargo, observamos una tendencia hacia la dependencia energética del régimen chavista, lo cual es preocupante, especialmente ante la posibilidad de incumplimientos por parte de Maduro, como se ha visto en el Pacto de Barbados con Estados Unidos, al no permitir elecciones libres y democráticas.

Ante esta incertidumbre, es fundamental insistir en la necesidad de incrementar la producción de gas en Colombia, promover proyectos offshore y urgir a la UPME y al Ministerio de Minas y Energía a presentar un plan de abastecimiento de manera inmediata.

La disminución de la oferta de gas en el país tendría consecuencias severas para los ciudadanos, quienes podrían verse obligados a recurrir al carbón o a la leña para subsistir.

Presidente Petro, el gas de Maduro no beneficia a Colombia. Es imperativo firmar más contratos de exploración, garantizar la seguridad energética del país y una Transición Energética responsable.

*Representante de la Cámara.

La confiabilidad eléctrica hace referencia a la posibilidad de contar con energía eléctrica 24 horas al día, 7 días a la semana, como ha pasado en los últimos 30 años, un lujo que no todos los países tienen. Por poner solo un ejemplo, Ecuador terminó el 2023 con apagones de hasta 4 horas diarias.

Por: NATALIA GUTIÉRREZ JARAMILLO*

En Colombia damos por hecho que siempre tenemos energía eléctrica, o “luz” como es conocida comúnmente. Energía para cargar el celular, prender las luces, cocinar y refrigerar nuestros alimentos, entre muchas otras opciones. Esto es posible gracias a las reglas de juego con las cuales el sector eléctrico ha funcionado en las últimas tres décadas, desde el apagón de 1992-1993.

A raíz de ese apagón se expidieron las leyes 142 y 143 de 1994, las cuales permitieron rediseñar el mercado y el funcionamiento del sector para que no solo fuera el Estado el encargado de operarlo. Desde allí, entraron los privados a participar en la cadena de prestación del servicio y, de la mano de los diferentes Gobiernos, sin tener en cuenta la ideología política, se ha trabajado con resultados exitosos para que los colombianos tengan energía eléctrica continua.

La energía eléctrica se ha generado, principalmente, a partir del agua (hidroelectricidad) y de combustibles como gas, carbón y líquidos (térmica). Desde hace unos años le hemos dado la bienvenida a otro tipo de fuentes como la solar (a partir del sol) y la eólica (a partir del viento). Y las empresas de Acolgen son las que están haciendo las principales apuestas en este proceso. Pero, no podemos perder de vista la importancia de seguir contando con las demás tecnologías, esas que nos han brindado confiabilidad en los últimos años y que también tienen atributos clave para el sistema.

Un estudio financiado por Acolgen, pero realizado de manera independiente por la Universidad Nacional con información pública, señala que en Colombia no se puede pensar en un sistema que crezca únicamente con energía solar; es necesario complementar y diversificar la matriz de generación eléctrica y para eso se requieren señales de inversión claras.

Así pues, insistimos en que es fundamental valorar lo que hemos construido hasta la fecha, donde la confiabilidad ha sido el pilar sobre el cual hemos logrado ser exitosos.

A futuro tendremos que seguir trabajando para que nuestra matriz no solamente sea confiable, sino que tenga complementariedad eficiente entre las tecnologías que la componen, reconociendo los aportes de cada una al adecuado funcionamiento del sector en Colombia.

¡Sin confiabilidad eléctrica no hay transición energética!

*Presidente de Acolgen

Hasta ahora, que se sepa, la Superintendencia de Servicios Públicos no ha sancionado a la primera empresa por prácticas de abuso de posición dominante, si ha habido lugar a ello.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

La convocatoria de una Cumbre en el Palacio de Nariño con la bancada parlamentaria y de los gobernadores de la región Caribe, presidida por el presidente de la República, para abocar el espinoso tema de las desmesuradas alzas de las tarifas de energía despertó mucha expectativa.

La misma estuvo precedida de un anuncio de un paro legislativo en el evento de que el Gobierno Nacional no les prestara atención.

Al término de la reunión dijo que había propuesto “tres grandes acciones”, la principal de ellas el “cambio de la fórmula tarifaria en la CREG”, porque, a su juicio “la tarifa de generación debe reflejar precios de libre competencia y no de monopolio”.

A este respecto acotó el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho sobre “la necesidad de actuar colectivamente para resolver un modelo estructural que durante décadas ha venido cargando el peso de los costos de la energía en las facturas de la gente”. Y ello, porque según él “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años”.

Desde el 24 Congreso de ANDESCO, en septiembre de 2022 en Cartagena, en su discurso de clausura, el presidente Gustavo Petro viene planteando su intención de cambiar la fórmula tarifaria y hasta ahora, 18 meses después seguimos sin que se revele cuál es la propuesta. El desconcierto de los convocados fue total, pues esperaban respuestas concretas a la exasperación de los usuarios del servicio que ven cómo mes a mes se les incrementa el valor de la factura y no fue así.

Hasta ahora, que se sepa, la Superintendencia de Servicios Públicos no ha sancionado a la primera empresa por prácticas de abuso de posición dominante, si ha habido lugar a ello. Luego, no se entiende el alcance de su afirmación cuando tácitamente le atribuye las alzas tarifarias al hecho de que la “tarifa de generación” debe reflejar “precios de libre competencia y no de monopolio”.

Tampoco es inteligible la afirmación del Ministro cuando afirmó que “hay consenso sobre la necesidad de actuar colectivamente para resolver un modelo estructural que durante décadas ha venido cargando el peso de los costos de la energía en las facturas de la gente”.

Porque hasta donde sabemos el presidente Petro no se ha retractado de lo dicho en su discurso pronunciado tras su elección, en el sentido de que “vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque se trata primero de superar la premodernidad en Colombia”.

Este es un verdadero galimatías, pues esas son las reglas del capitalismo, tal como lo establece la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, la misma que dicen abominar, inexorablemente se tendrán que seguir “cargando el peso de los costos (eficientes) de la energía en las facturas”. No hay otra alternativa.

En mi concepto, sin perjuicio de los cambios que requiere la formación del precio en Bolsa de la energía, para evitar distorsiones y malas prácticas por parte de los generadores, mientras no se destraben y acelere la ejecución de los proyectos de generación y transmisión, que están súper atrasados.

A guisa de ejemplo, de los 6.608 MW nuevos de expansión de la capacidad instalada de generación que han debido entrar en 2023 sólo lo hicieron 1.141 MW, el 17%.

Y de contera, también se registran atrasos considerables en la ejecución de los proyectos de transmisión de energía, los cuales han abocado a la región Caribe, como lo ha afirmado la firma XM, que opera el sistema interconectado nacional (SIN), a tener “demanda no atendida”, que es el eufemismo usado para no hablar de racionamiento.

Y mientras tanto, la demanda, que viene creciendo a un ritmo endiablado de 7,8%, de 224.5 GWHD supera la oferta de energía en firme (OEF), en promedio, de solo 221,8, con un margen de maniobra que no supera el 10%, lo cual redundará en que el SIN seguirá estresado y presionando al alza el precio en Bolsa y por consiguiente las tarifas de energía.

Lo más grave es que mientras tanto en la CREG está devuelta la interinidad a la cual ya nos tiene acostumbrados, sin quorum para tomar decisiones, por la terquedad de no nombrar en propiedad 5 de los 6 expertos comisionados, como se lo ha solicitado reiteradamente la Procuraduría y se lo ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Hasta la Corte Constitucional debió terciar, pronunciándose a raíz de la demanda incoada ante la misma pretendiendo que los expertos comisionados pudieran ser removidos sin fórmula juicio por parte del Presidente de la República.

En su fallo, la Sala plena declaró constitucional el literal d) del artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, que fija en cuatro años el período de los expertos de la CREG es constitucional. ¿Qué más hace falta para que se provean dichos cargos como lo manda la Ley y la Constitución?

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El sector minero energético colombiano genera 500 mil empleos directos y es responsable del 54% de las exportaciones, además de contribuir significativamente al Sistema General de Regalías.

Por: JUAN ESPINAL*

El gobierno del presidente Petro se ha posicionado como un firme opositor al sector minero energético. Ante este escenario, surge una pregunta crucial para el gobierno del cambio: ¿Cómo planea reemplazar los recursos que dependen de esta actividad?

Es fundamental recordarle al Gobierno sobre la importancia económica de este sector: En 2023 el pago de regalías alcanzó los $9.2 billones; la inversión extranjera directa en 2022 fue de USD $1.590 millones, cifra que se superó en el primer semestre de 2023 con USD $2.804 millones; el PIB minero en 2022 fue de $47,4 billones y en el primer semestre de 2023, de $20,4 billones. Los aportes en impuestos, regalías y otras contribuciones en 2022 ascendieron a $20,5 billones, y se estiman en $18,3 billones para 2023. Según el DNP, existen 1.337 entidades elegibles para acceder a estos recursos, incluyendo 873 municipios, los 32 departamentos, el Distrito Capital y 431 entidades como universidades y CAR, entre otras.

El 30 de enero se publicó el Decreto 044 de 2024, el cual representa una amenaza directa para el sector minero energético, al buscar declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal, bajo el principio de colaboración armónica con las entidades del sector.

La justificación del Decreto, según la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se basa en el cumplimiento de la sentencia 2013-02459-01 del Consejo de Estado. Sin embargo, un análisis detallado revela una extralimitación en las líneas estratégicas, evidenciando el carácter extremista de la política ambiental del actual gobierno, además de un sesgo ideológico, especialmente considerando que la demanda originaria de la sentencia fue interpuesta por el senador petrista Iván Cepeda.

Es preocupante la selectividad en el diálogo del Gobierno y su aparente indiferencia. Durante la consulta pública del decreto se presentaron 400 comentarios de más de 120 actores, incluyendo 60 pequeños mineros y trabajadores del sector, cuyas voces fueron ignoradas por el Ministerio de Ambiente.

La pasividad del Ministerio de Minas y Energía es notable, dando la impresión de que Susana Muhamad actúa como súper ministra. Las preocupaciones del sector, expresadas por gremios como la ACM y la APMC, parecen haber sido desoídas por el gobierno nacional, lo que plantea serias inquietudes respecto al decreto.

Ante esta situación, la justicia parece ser el último recurso, la cual, afortunadamente, ha demostrado estar por encima de las intenciones del presidente, defendiendo las instituciones y los intereses de los colombianos. Sin embargo, es crucial que el sector minero energético se movilice, apoyando marchas ciudadanas como herramienta de presión y defensa de su actividad productiva. No podemos permitir que este sector, clave para la Transición Energética del país, sea socavado por ideologías de extrema izquierda.

Esperemos que nuestros empresarios no repitan el error de sus homólogos venezolanos, quienes, enfrentados a elegir entre negocio y patria, perdieron ambos.

La firmeza de los empresarios en defender sus empresas y colaboradores es esencial. El 6 de marzo, su presencia en las calles será determinante para defender esta Patria, el empleo y los logros alcanzados durante años.

*Representante de la Cámara.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha venido dando tumbos, zarandeada por decisiones desatinadas que han venido prolongando su interinidad y entorpeciendo su normal funcionamiento. 

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Como se recordará, el presidente Petro intentó, sin éxito, hacerse a las competencias propias de la CREG mediante la expedición del Decreto 227 del 16 de febrero de 2023, a lo cual se interpuso el Consejo de Estado dejándolo sin efecto, a través de un fallo en respuesta a la demanda del mismo. 

Se procedió, entonces, a designar los expertos comisionados ante las vacantes que generó la decisión del Consejo de Estado al declarar la nulidad del nombramiento de varios de ellos por parte del presidente Duque.

Pero dichos nombramientos no lo fueron en propiedad sino en calidad de encargados, a contrapelo de lo dispuesto por la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, que les establece un periodo fijo de 4 años, para así garantizar la independencia administrativa que le atribuye a la CREG el artículo 69 de la misma. 

Esta interinidad de la CREG llegó al extremo de tornarla inoperante, al punto que el 5 de octubre de 2023, al vencerse los términos de los expertos comisionados encargados, se quedó sin quorum para decidir, conduciendo inexorablemente a un apagón regulatorio. 

Tuvo que intervenir la procuradora General Margarita Cabello, quien mediante Oficio 678 del 10 de octubre pasado, le requirió al ministro de Minas y Energía Andrés Camacho proveer las plazas de los expertos comisionados, el cual tuvo por respuesta el nombramiento de 4 de los 6 expertos comisionados, pero solo uno de ellos (Omar Fredy Prías) en propiedad. 

Tan anómala situación llevó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 25 de enero de 2024 a ordenarle al presidente Petro que “dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia se realicen las acciones y gestiones necesarias para integrar la CREG con 6 expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el presidente de la República para períodos de 4 años”.

A pocos días de cumplirse el plazo perentorio establecido por el Tribunal de Cundinamarca para el cumplimiento de su sentencia, en lugar de su cumplimiento el Gobierno la recurrió ante el Consejo de Estado. Entre tanto,

se les venció el encargo de los tres comisionados designados en tal calidad, sin abandonar su vinculación laboral con la UPME y con el Despacho del Ministro (José Medardo Prieto, Antonio Jiménez y Manuel Peña Suárez) volvió a quedar la CREG en interinidad y sin quorum para tomar decisiones, ya que para ello se requiere contar con al menos 4 de los 6 expertos comisionados que la integran. Y ello, en momentos de alta tensión del sector eléctrico por cuenta de la severidad del fenómeno de El Niño que ha venido afectando los embalses de las hidroeléctricas cuyo agregado a la fecha está en un 46,7% y el crecimiento de la demanda de energía registra un preocupante 7,8%.

Esto es inaudito y es una pésima señal a los agentes de la cadena del Sistema, cuando más se requiere inspirarles confianza y garantizarles mayor seguridad jurídica, que se ha visto conturbada en estos días por la propuesta contemplada en el anunciado proyecto de ley que presentará el Gobierno para reformar la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, mediante el cual se le atribuirían al presidente de la República las funciones y competencias que hoy están en cabeza de la CREG y de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA).

En el artículo 40 del borrador del proyecto se propone un cambio drástico en materia regulatoria, al establecer que “la regulación de los servicios públicos estará a cargo del presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente, según lo estipulado en el artículo 68 de la presente ley o delegarla en las comisiones de regulación”.

Y para que no quede duda sobre las intenciones del Gobierno, se prevé en el artículo 131 que las funciones delegadas en la CREG podrán ser ejercidas si y sólo sí el presidente de la República así lo dispone, “de lo contrario, dichas funciones deberán ser ejercidas directamente por el presidente”. Más claro no canta un gallo.

Su sólo anuncio ha causado escozor y está minando la confianza entre los inversionistas por los temores a los cambios en volandas de las reglas de juego que han regido con éxito la prestación de los servicios públicos domiciliarios, ininterrumpidamente, durante tres décadas.

Y de contera, al pretender darle a la Superintendencia de Servicios Públicos poderes discrecionales y funciones jurisdiccionales, ello puede dar pábulo al abuso y a la arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones y competencias.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

En octubre de 2023 XM, la empresa que administra el mercado mayorista de energía, alertó sobre el riesgo del efecto dominó que podía derivar en una crisis sistémica que comprometiera la prestación del servicio, debido a la insolvencia que podían enfrentar 36 comercializadoras a consecuencia de la abultada deuda contraída por parte de sus usuarios por cuenta de la aplicación de la opción tarifaria que se aplicó a raíz de la pandemia, como alivio temporal, difiriendo las alzas tarifarias.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En su momento planteamos que así como las comercializadoras le aplicaban la opción tarifaria a sus usuarios otro tanto se debía permitir a las comercializadoras por parte de las generadoras para repartir la carga financiera que la misma comporta. Se habló entonces del riesgo de un apagón financiero.

Solo cuando una de ellas, Air- e, entró en crisis por su insolvencia y estuvo a punto de enfrentar una limitación de suministro que conduciría a su intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se pellizcó el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho y expidió una Resolución permitiendo diferir hasta el 20% de las obligaciones mensuales con los generadores, pero solo hasta el pasado 31 de diciembre.

Pero esta medida no pasaba de ser un placebo, no un remedio. Ante la insuficiencia de la medida se recetó por parte del Ministerio otro placebo, autorizando a FINDETER para que abriera una línea de crédito por un monto de $1 billón cuando la deuda por la opción tarifaria sobrepasaba los $5 billones, a la cual se vino a añadir la deuda del Gobierno por concepto de reconocimiento de los subsidios aplicados por las comercializadoras a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 que asciende a $1.5 billones más $1 billón que le adeudan los usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos, que sumados ascienden a $7.5 billones.

Hagamos una digresión a propósito de la morosidad de las entidades públicas para decir que, según reza el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019, “el incumplimiento por parte de cualquier entidad estatal de sus deberes como usuarios de servicios públicos, especialmente en lo relativo a la incorporación en los respectivos presupuestos de apropiaciones suficientes y al pago efectivo de los servicios utilizados, es causal de mala conducta para sus representantes legales y los funcionarios responsables, sancionable con destitución”.

Por su parte el entonces procurador General de la Nación Edgardo Maya expidió la Circular 048 del 11 de septiembre de 2008, con base en el artículo 12 de la Ley 142 de 1994, notificándoles a los alcaldes y gobernadores que el incumplimiento de dicha disposición es una “falta gravísima”. Huelga decir que las autoridades deben predicar con el ejemplo.

Ante el requerimiento de las empresas, el Congreso de la República, que en ese momento tramitaba el proyecto de presupuesto, aprobó ampliar el cupo de crédito en FINDETER hasta la concurrencia del valor total de la deuda por concepto de la opción tarifaria. Sin embargo, hasta el momento solo se han desembolsado $450.000 millones del billón inicialmente autorizado y más recientemente se autorizó ampliar el cupo de crédito en otro billón más.

Así, a cuentagotas es como vienen fluyendo los recursos del crédito con el que se busca solventar la angustiante situación que afrontan las comercializadoras. Ello ha llevado a las comercializadoras a poner nuevamente el grito en el cielo: “si no tenemos oxígeno (liquidez), las empresas se podrán ver en aprietos», exclamó el director ejecutivo de ASOCODIS José Camilo Manzur.

Y ello, en medio de los avatares, incertidumbres y la inclemencia de un fenómeno de El Niño fuerte, que está poniendo a prueba la fortaleza de todos los eslabones de la cadena del sistema eléctrico. Uno de ellos que falle y estaremos en problemas para sortear esta contingencia.

Y, como afirma el gerente general de Air-e Santiago Posso, “la línea de crédito desembolsada por Findeter ha brindado un alivio temporal por un corto plazo. Sin embargo, es evidente que se requieren medidas regulatorias más sólidas y una mayor disponibilidad financiera para afrontar esta situación a largo plazo en medio de un fenómeno de El Niño como el que atraviesa el país».

También se solicita por parte de ASOCODIS que, además del giro inmediato del pago pendiente del monto de los subsidios por parte del Ministerio de Hacienda,  se dé la pronta intervención de la Procuraduría, “para que tome acciones ejemplarizantes y disciplinarias contra las cabezas de las entidades estatales que tienen millonarias deudas por el no pago del servicio de energía eléctrica, pese a que por ley deben apropiar los respectivos recursos en sus presupuestos”.

Piden, además, que “se prorrogue la norma que permite diferir hasta el 20% de las obligaciones mensuales de pago por transacciones en el Mercado de Energía Mayorista, ya que perdió su vigencia el pasado 31 de diciembre”. Y, de contera, le urgen al Gobierno el giro de los subsidios en mora.

Hasta ahora el único paso que ha dado el Gobierno es la expedición por parte de la CREG de una Resolución autorizando a las comercializadoras para que empiecen, a partir de enero de 2024, en el transcurso de los próximos diez años, cobrar a los usuarios el monto adeudado por concepto de la opción tarifaria, que debe marchar concomitantemente con el acceso al financiamiento de las empresas comercializadoras, para evitar una crisis de insolvencia que les dificulte el flujo de caja.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.