Diez años de la ley 1715

Arribamos a los primeros diez años de la Ley 1715 de 2014, radicado por el senador José David Name y tramitada por el Congreso de la República con nuestro apoyo desde el Ministerio de Minas y Energía.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Esta Ley estuvo antecedida de unos desarrollos legislativos y normativos de la mayor importancia, inspirados todos en el buen propósito de contribuir a la lucha contra el cambio climático, mediante la reducción de la huella de carbono, así como el uso racional y eficiente de la energía. Un primer paso que se dio, tendiente a la diversificación de la matriz energética del país, fue el de la integración del gas natural a la misma.

Ya en los albores del siglo XXI, gracias a mi Ley 693 de 2001 y la 939 de 2004, posterior, se integraron a la matriz energética los biocombustibles, obligando la mezcla del etanol con la gasolina y el biodiesel desde el 1 de noviembre de 2005. Tal como lo ha dicho la Agencia Internacional de Energía (AIE), “los biocombustibles son una medida determinante en la mitigación de la emergencia climática”.

La Ley 697 de 2001 constituyó otro hito en la estrategia de minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático, así como la promoción del uso de las energías provenientes de fuentes no convencionales, renovables (FNCER) y limpias.

Los antecedentes que nos hemos permitido relacionar ponen de manifiesto que Colombia se anticipó a la transición energética, tan en boga en los tiempos que corren, consistente en la integración de las FNCER a la matriz eléctrica del país.

Mediante la Ley 1715 de 2014, adelantándose a la firma del Acuerdo de París y a la aprobación de los ODS, se dispuso “regular la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”. Con el objetivo de desarrollar dicho potencial se establecieron una serie de estímulos e incentivos, mediante beneficios tributarios y arancelarios. Es de anotar que esta Ley se vio reforzada y potenciada con la expedición posteriormente de la Ley 2099 de 2021, que amplía el espectro de las energías que se promueven y sus beneficios.

Si bien el sector energético no es el que más contribuye en Colombia a las emisiones de GEI, la mayor participación de las FNCER en la matriz eléctrica las neutraliza. En nuestro concepto su mayor mérito estriba en el robustecimiento de la base de generación, habida cuenta de que de acuerdo con un estudio de FEDESARROLLO hacia el año 2028 Colombia requerirá contar con 30 GW de capacidad instalada, la expansión de esta, de preferencia, debe abrirle espacio a las FNCER, diversificando aún más la matriz y con ello dándole mayor confiabilidad y firmeza al Sistema.

Pero, en nuestro concepto el mayor mérito que le cabe a las FNCER es que le imprime una mayor resiliencia a la matriz eléctrica frente a fenómenos extremos como el Fenómeno de El Niño, dado su carácter contracíclico, pues cuando el verano es más intenso y es mayor la sequía es justamente cuando los vientos son más fuertes y se cuenta con más horas de sol y mayor radiación solar.

La ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció en noviembre de 2022, en el marco de la XXVII Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), que para mayo del 2023 su despacho daría a conocer la Hoja de Ruta de la Transición Energética justa, contemplada en la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026). Un año después no se tiene noticias de ella.

Debido a la paquidermia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), sólo 5 años después de expedida la Ley, en el 2019 se abrió la primera subasta de cargo por confiabilidad en el que participaron proyectos para generar energía eólica en La Guajira.

Luego tuvo lugar otra subasta sólo para tecnologías de renovables en 2021. Estos avances le valieron al país un gran posicionamiento en el desempeño de la Transición Energética, a tal punto que en el ranking del Foro Económico Mundial (FEM) del índice de Transición Energética en 2021 Colombia se ubicó en el puesto 29, con 66 puntos sobre 100 a nivel global y de tercero en Latinoamérica.

Los primeros parques eólicos han debido entrar en operación en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno. Ello explica que, en su más reciente Informe del FEM en 2023 Colombia perdió 10 puestos en dicho índice, pasando del puesto 29 al 39 a nivel global y en Latinoamérica pasó del tercero al sexto lugar.

Además de destrabar y acelerar la ejecución de los proyectos en curso para la instalación de los parques eólicos en La Guajira, la expansión de la capacidad de generación eólica y solar – fotovoltaica, que hasta el momento dispone de 1,8 GW, se impone la necesidad de reconfigurar la red de transmisión nacional, respondiendo a la desconcentración y descentralización del Sistema e impulsar la autogeneración y las comunidades energéticas.

Huelga decir que el éxito de estas últimas depende de su estructuración con criterio gerencial, asegurando así la administración (A), la operación (O) y el mantenimiento (M), para asegurar de esta manera la sostenibilidad de las soluciones.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Al caído caerle

Según la Ley de Murphy, todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar, y eso es lo que tememos los usuarios del servicio de energía en la región Caribe.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Al desaforado incremento de las tarifas de electricidad que agobia la región Caribe, ahora se anuncia la revisión de la tarifa de transporte del gas natural por la red que une a los centros de su producción con los centros de consumo. Como se suele decir coloquialmente, al caído caerle.

En efecto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó para comentarios y observaciones la Circular 020 de 2024 contentiva de una propuesta formulada a partir de un estudio adelantado por la Universidad de los Andes y presentado por la empresa interesada, VANTI, antes Gas Natural Fenosa, de ingrata recordación para el Caribe, distribuidora y comercializadora de este energético, hasta la fecha el más asequible para los usuarios, especialmente para los más vulnerables.

Para ponernos en contexto, es importante destacar que, en momentos en los que Colombia pasó de exportador a importador de crudo (1975 – 1985), los yacimientos de gas natural en La Guajira le sirvieron al país de tabla de salvación. Y luego con la construcción del gasoducto central, para transportarlo hasta el interior del país, la región Caribe le dio, con toda generosidad, una mano al resto del país para que accedieran a este combustible. De esta manera se diversificó la matriz energética. Como es bien sabido, en la transición energética el gas natural es considerado como el combustible puente.

El 7º de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) establece la universalización del acceso a la energía y este depende en primer lugar de su disponibilidad y en segundo lugar del poder adquisitivo de los usuarios. De manera que en la medida que se encarece el servicio de la electricidad, como ha venido ocurriendo debido a la escalada alcista de las tarifas y ahora se amenaza con elevar la tarifa del gas, se atenta contra la asequibilidad a los mismos.

Es de destacar que, según un estudio reciente auspiciado por PROMIGAS, en promedio, el 18,5% de los habitantes de Colombia acusan pobreza energética, estamos hablando de 9,6 millones de personas en tal condición. Cabe resaltar que 6 de los 8 departamentos del Caribe figuran entre los que registran más del 50% de su población en pobreza energética, siendo el Magdalena y La Guajira los que llevan la peor parte. En tales circunstancias, le cae a la región Caribe esta noticia como un baldado de agua fría.

Según se desprende de la lectura del estudio, lo que se pretende es unificar la tarifa de transporte para todo el país, cambiando la modalidad de tarifas acorde con la distancia entre los campos productores y los puntos de consumo, que es como opera actualmente.

Se trata, según se aduce, a partir de una evaluación costo – beneficio de la fórmula “de agregar tramos regulados del sistema de transporte nacional (STN)”.

Y ello, no obstante que la regulación vigente de la “estampilla”, expedida por la CREG, no está diseñada para integrar la infraestructura de transporte en su totalidad, que es de lo que se trata, ni siquiera se simula cómo funcionaría esta propuesta de llegar a materializarse, para poder así evaluar su impacto.

Tampoco se analiza el impacto que tendría dicho incremento en la tarifa al usuario final, 2´225.165, de los cuales el 98.44% son residenciales y de estos más del 80% corresponden a los estratos 1, 2 y 3.

En suma, se echa de menos en este estudio un análisis riguroso de sensibilidad, así como una simulación, que muy seguramente habría llevado a otras conclusiones.

Y la preocupación no es menor, habida cuenta que de llegar a aprobarse y aplicarse este exabrupto la tarifa promedio de transporte pasaría de US $1.18 MPC a US $2.09 MPC, para un incremento del 77%.

Ello, además de injusto es inequitativo y discriminatorio, porque en aras de nivelar la tarifa para todo el país, aplanándola, los usuarios del interior del país tendrían en cambio un alivio, pues su tarifa pasaría de un promedio de US $2.70 MPC a US $2.09, que representaría para sus usuarios una rebaja del 23%.

El caso de La Guajira es particularmente patético. Cómo es posible que teniendo el gas natural en boca de pozo se le vaya a cargar un transporte del mismo al que no hay lugar, ello resulta contraintuitivo y absurdo, amén de irracional.

A quién se le puede ocurrir semejante despropósito, que le significaría a los usuarios del departamento que le ha servido de despensa del gas natural al resto del país incrementos del 500%, que lógicamente incidirían en la tarifa al usuario final, resintiendo de nuevo sus ya golpeados bolsillos. No se necesita tener dos dedos de frente para llegar a esta conclusión.

De darse este desafuero, que sería un golpe más que se le asestaría a la región Caribe, se afecta no solamente a los usuarios domiciliarios sino también al sector comercial, al industrial, al automotor y, desde luego, a los generadores de energía, encareciéndola, impactando severamente su competitividad, en momentos en los que se viene dando una relocalización de empresas atraídas por las ventajas comparativas que ofrece su enviable localización geográfica.

Ello iría a contrapelo de dos de los objetivos básicos del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno: la reindustrialización, el fomento del turismo y la transición energética justa.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

¡Tarde piache!

Esta expresión suele utilizarse para significar la tardanza en actuar y en tomar decisiones a tiempo, con la debida oportunidad. Y eso le está pasando al Ministerio de Minas y Energía con la actual crisis del sector energético.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Con la debida antelación, 14 ex ministros de Minas y Energía le enviamos el 7 de octubre del año anterior una carta abierta al presidente Gustavo Petro, que era portadora de una alerta temprana sobre el riesgo de un posible racionamiento del servicio de energía, en momentos en que ya estaba en gestación el fenómeno de El Niño, que trae consigo sequía e hidrología extrema, escaseando las lluvias que con su aporte alimentan los embalses que le sirven a la hidroeléctricas para generar energía.

Pero fuimos más allá, basados en nuestra experiencia, nos atrevimos a recomendarle algunas medidas que podían contribuir a prevenir y a contrarrestar sus devastadores efectos.

Le planteamos la conveniencia y oportunidad de “la definición de incentivos de precios para buscar las eficiencias en el consumo vía programas de respuesta a la demanda” para promover el ahorro en el consumo de energía mediante incentivos a los usuarios, como ya se había ensayado con éxito en 2015 cuando tuvimos un amago de racionamiento a consecuencia del mismo fenómeno de El Niño.

El Gobierno desestimó esta recomendación, se rehusó a implementarla y el resultado está a la vista. En momentos en los que se requiere es ahorrar el consumo se desbordó pasando, según cifras de XM, de un crecimiento del 5% hasta el 7%, que es el promedio del primer trimestre de 2024. La demanda de los consumidores regulados (la de los hogares), por su parte, creció aún más, el 12%

Sólo cuando El Niño entró en su fase de mayor intensidad se optó por expedir la Directiva presidencial 01 del 1º de abril dirigida a las entidades de la Rama Ejecutiva sobre “buenas prácticas para el ahorro de energía y agua” en la que se exhorta a “ajustar los esquemas de trabajo en casa para todo el personal de planta y contratistas. Solicita aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y apagar las luces cuando no sea necesario mantenerlas encendidas”. Huelga decir que esta medida, además de tímida es ineficaz. Ni siquiera se les ocurrió adelantar el horario de la jornada de trabajo si de lo que se trataba era de “aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas”.

Después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, por fin se decidieron a publicar para consulta el proyecto de resolución de la CREG 701 039 del 13 de abril, 6 meses después de nuestra sugerencia, mediante la cual “se establece un programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica”.

También le habíamos propuesto incentivar a las empresas que cuentan con capacidad instalada de autogeneración para que se animen a entregar sus excedentes, al Sistema Nacional de Transmisión (SNT). A estas alturas penas se está considerando la expedición de la Resolución respectiva y mientras tanto las manecillas del reloj no se detienen. Ya se ha perdido un tiempo precioso.

Otro tanto puede predicarse con respecto a la incorporación de más energía térmica para suplir la hídrica, algo que ha debido adelantarse desde el último trimestre del año anterior.

Solo hasta el 12 de abril se emite por parte del ministro Andrés Camacho la Circular 40011, dirigida al Centro Nacional de Despacho (CND), instruyéndolo para que el parque térmico de generación opere a su máxima capacidad. Pero ello ocurre en momentos en los que ya venía contribuyendo con 112 GWHD, el 48% de la energía generada (242 GWHD), cuando su máxima capacidad es de 120 GWHD. Una vez más el ministro llega tarde.

También planteamos la urgencia del “nombramiento en propiedad de comisionados de la CREG, con la debida solidez técnica” y a estas alturas, en medio de semejante crisis, pese al reiterado requerimiento de la Procuraduría y de la orden expresa del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca para que se nombrara en propiedad los 6 expertos comisionados, “de dedicación exclusiva y por períodos de 4 años”, para lo cual le fijó un plazo perentorio de 30 días, la misma se desacató y a la fecha sólo se han nombrado 4 de los 6 que deben integrar la CREG y de ellos sólo 2 en propiedad. Este, a mi juicio, sigue siendo el nudo gordiano de la actual crisis del sector, que sólo el Gobierno puede desatar.

Y así arribamos a la actual encrucijada en la que, a consecuencia del fenómeno de El Niño, el bajo nivel de los embalses tiene en grave predicamento el funcionamiento y operatividad del Sistema Interconectado Nacional, convirtiéndose en el detonante de la actual crisis que puede conducir al temido apagón. Ello justamente fue lo que nos llevó a concluir nuestra misiva diciéndole al primer mandatario que había que “actuar ya. Está en sus manos evitarle al país un costoso e innecesario riesgo de apagón”.

En efecto, el último reporte de XM da cuenta de que el agregado del nivel de los embalses estaba en 28.56%, a sólo 0.93 puntos porcentuales del umbral del 27.63%. Este es el punto de inflexión, de no retorno, que al llegar a él obliga a activar el Estatuto para situaciones de riesgo de desabastecimiento de energía (Resolución 101 027 de 2023), abocándonos inexorablemente al racionamiento de energía. A ello ha contribuido la imprevisión y la improvisación con que se ha encarado la gestión de esta crisis.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Y por qué no pensamos en Energía Nuclear

La Energía Nuclear, aunque estigmatizada similarmente al fracking, requiere de un debate técnico y científico urgente en Colombia. Actualmente, se trabaja en un proyecto de ley sobre Seguridad Nuclear y Protección Radiológica.

Por: JUAN ESPINAL*

Colombia se destaca por contar con una de las matrices energéticas más limpias a nivel mundial. La Transición Energética avanzaba de manera ágil bajo el gobierno del presidente Iván Duque, con el liderazgo del ministro de Minas y Energía Diego Mesa, quienes establecieron una hoja de ruta clara con metas ambiciosas: una reducción del 51% en la emisión de gases de efecto invernadero para 2023 y alcanzar la carbono neutralidad para 2050.

Para garantizar la seguridad energética del país, es crucial aprovechar todas las fuentes de generación disponibles. Paradójicamente, el actual gobierno de Gustavo Petro, al intentar eliminar el uso del carbón y debilitar la producción de gas, no reconoce que, ante los desafíos del fenómeno de El Niño, son las generadoras térmicas basadas en estos recursos las que han prevenido apagones a nivel nacional.

La Energía Nuclear, aunque estigmatizada similarmente al fracking, requiere de un debate técnico y científico urgente en Colombia. Actualmente, se está trabajando en un proyecto de ley sobre Seguridad Nuclear y Protección Radiológica para establecer un futuro energético seguro y robusto, con un compromiso político transversal y la colaboración de sectores clave como energía, salud y agricultura.

Prometiendo electricidad continua y sostenible, la energía nuclear es clave frente a los desafíos climáticos del siglo XXI. A pesar de que las hidroeléctricas forman la base del sistema energético colombiano, su capacidad podría verse comprometida por el cambio climático, mientras que las energías solar y eólica, por su intermitencia, no garantizan un suministro constante. La inclusión de la energía nuclear diversificaría y fortalecería la matriz energética frente a futuros desafíos.

Según proyecciones de la UPME, la generación nuclear podría alcanzar hasta 1.800 MW para 2038. Colombia, operando el reactor nuclear IAN-R1 desde 1965, ha demostrado experiencia en el manejo del uranio. La cooperación internacional, incluyendo la del Organismo Internacional de Energía Atómica, es clave para el desarrollo nuclear, aunque su transición requiere de tiempo, inversión y consenso nacional.

Esta discusión, que trasciende lo académico y económico, es de relevancia nacional y cuenta con el sector privado como un actor crucial, especialmente en el desarrollo tecnológico y la creación de empleo cualificado.

La Energía Nuclear, aún en construcción en Colombia, requiere del apoyo y comprensión de todos los sectores. Representa un compromiso con el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Los reactores nucleares modulares ofrecen soluciones de electricidad y desalinización, incluso en zonas no interconectadas. Globalmente, más de 440 reactores generan cerca del 10% de la electricidad mundial, destacando la seguridad como un aspecto fundamental.

La futura “Ley Nuclear” en Colombia promoverá aplicaciones avanzadas en salud, medio ambiente y seguridad alimentaria, enfatizando la protección de trabajadores, ciudadanos y el medio ambiente. Contribuirá a la economía, generando empleo y aumentando la competitividad en el mercado internacional.

Las plantas nucleares, consideradas seguras y eficientes, ofrecen soluciones para el manejo de residuos radiactivos. Esta es una gran oportunidad para avanzar en la Transición Energética, garantizar la seguridad energética, cumplir con los compromisos de cambio climático y fortalecer el comercio exterior.

Es hora de impulsar el debate técnico y científico sobre la Energía Nuclear en Colombia, bajo el liderazgo de expertos, la academia y los sectores privado y público.

El gobierno Petro pasará para fortuna de la democracia en 2026, pero nosotros debemos estar listos para dar el debate por el futuro de Colombia.

*Representante de la Cámara.

La amenaza del racionamiento de energía

Las razones que han llevado a XM a dar señales de alerta sobre la amenaza en ciernes de un eventual racionamiento en la prestación del servicio de energía son múltiples.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El año anterior, la firma XM, que es la entidad responsable de la administración y operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) emitió dos alertas tempranas. La primera que estábamos ante la inminencia de un apagón financiero de las empresas distribuidoras de energía por cuenta del abultado saldo de la deuda contraída por sus usuarios, debido a la aplicación de la opción tarifaria, mediante la cual se difirió el pago de las alzas tarifarias durante la crisis pandémica, que ya acumulaba los $5 billones. Así, mientras dichas empresas deben cancelar de contado la energía a los generadores, ello les genera una dificultad en su flujo de caja que podría llevarlas a la insolvencia, la que a su vez podría derivar en un “efecto dominó”, que fue como la llamó XM en su comunicado de advertencia.

En un comienzo, el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho desestimó ésta alerta, pero a poco andar, ante el anuncio de Air-e de su imposibilidad de pagarle la energía a sus proveedores, lo que la habría conducido a una limitación de suministro y a la consiguiente intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, se vio compelido a disponer la apertura de un cupo de crédito con tasa de interés compensado en FINDETER, inicialmente por $1 billón, ampliándose posteriormente a otro billón, con el fin de solventar a las electrificadoras.

Luego, XM dio cuenta a través de un comunicado que debido a la incapacidad de las líneas de interconexión de energía de transportar la cantidad suficiente para satisfacer la demanda de la región Caribe, se estaba registrando una “demanda no atendida”, como llama XM eufemísticamente el racionamiento en la prestación del servicio a la cual vienen siendo sometidos los 2,4 millones de usuarios en la región.

Y más recientemente, XM le envió al viceministro de Minas y Energía Javier Campillo una carta abierta en la cual le pone de presente que “se ha venido informando y dando señales de riesgo sobre la operación actual para atender la demanda de la manera más confiable, segura y económica”.

Las razones que llevaron a XM a dar esta señal de alerta sobre la amenaza en ciernes de un eventual racionamiento en la prestación del servicio de energía en el resto del país son múltiples.

En primera instancia, su preocupación por “la disminución en la disponibilidad de las plantas hidráulicas asociada a los niveles de sus embalses o por otras restricciones, lo cual puede llevar a situaciones de riesgo para la atención de la demanda en algunas horas del día por no contar con la potencia necesaria para mantener una operación confiable y segura del SIN, en especial en los períodos de máxima demanda”.

No obstante, el negacionismo del ministro de Minas y Energía, que lo llevó a afirmar sin pestañear el 8 de febrero pasado que “estamos a punto de superar el Fenómeno de El Niño” y que lo llevó a bajar la guardia frente a su amenaza, es el mismo que lo ha conducido a subestimar la alerta del Centro Nacional de Operaciones (CNO), al considerar que “la fase que estamos enfrentando es la finalización del Fenómeno de El Niño, toda esta situación está simulada, calculada, no hemos llegado  a los mínimos críticos, estamos aún por encima de lo que podríamos llamar una situación crítica”. Como diría David Ospina: ¡Tú, tranquilo!

Ello tiene como telón de fondo un SIN en un alto grado de estrés debido a la insuficiencia de la oferta de energía, que ha venido creciendo a un ritmo del 2.5% mientras la demanda a nivel nacional crece al 8.3%, debido al atraso en la ejecución de varios proyectos de expansión de la capacidad de generación. Ello, además está repercutiendo en las alzas tarifas por la presión que ejercen sobre los precios de la energía en Bolsa.

Entre estos se destacan los proyectos asignados en las subastas de 2019 y 2021 para la instalación de los parques eólicos en La Guajira, con una capacidad de 2.400 MW, de tal suerte que, debiendo haber entrado en operación los primeros en 2022, hasta la fecha no se cuenta con ninguno de ellos. Ello, además de afectar la capacidad instalada de generación, en tratándose de tecnologías que le imprimen al Sistema una mayor resiliencia frente a las condiciones adversas del cambio climático, su entrada en operación contribuiría a frenar la escalada alcista de los precios en Bolsa y las tarifas de energía dado sus menores costos de generación.

A lo anterior se viene a añadir la gran dependencia del SIN de la generación hidráulica, que lo torna muy vulnerable frente al Fenómeno de El Niño que, como el que se experimenta actualmente, ha llevado el agregado del nivel de los embalses que le sirven a la hídricas a extremos del 31%, el más bajo en los últimos 20 años.

Este es el detonante de un riesgo latente de un racionamiento del servicio de energía, como ya se empieza a dar en la prestación del servicio de agua potable, empezando por Bogotá. Riesgo que se ha visto exacerbado por la falta de previsión y la improvisación por parte del Ministerio de Minas y Energía, que no ha sido capaz siquiera de poner a funcionar, como se requiere sobre todo en las actuales circunstancias, a la CREG, que es la entidad regulatoria del sector.

A propósito, el Gobierno acaba de designar tres  de los cinco expertos comisionados que hacen falta para completar la nómina, todos ellos en calidad de encargados, yendo a contrapelo del pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional en el sentido que los mismos, además de no ser de libre nombramiento y remoción por parte del nominador, tienen por Ley período fijo de cuatro años y además deben ser de dedicación exclusiva.

De esta manera aspira el Gobierno a contar con un quorum precario para tomar decisiones, del cual adolece actualmente, pero que a la vuelta de tres meses, que es lo que dura el encargo estaremos en las mismas. Este es un atentado contra la institucionalidad del sector y es parte de la falta de gestión de este Gobierno, que ha llevado al sector energético a una crisis inducida.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El balance de Ecopetrol en 2023

En nuestro concepto, Colombia debe concentrarse en desarrollar los yacimientos de gas ya descubiertos, como el de Uchuva en La Guajira.    

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

ECOPETROL dio a conocer el balance de los resultados de su operación el año anterior, que traen un sabor agridulce. Por una parte el presidente de la empresa Ricardo Roa resalta el hecho de haber alcanzado una producción récord de 737 mil barriles/día, la más alta en los últimos 8 años.

Según Roa, el Grupo empresarial obtuvo el año pasado “el segundo mejor resultado de su historia”, al tiempo que en materia de inversiones la compañía logró una ejecución del 97% de su plan de inversiones, “el nivel más alto de las últimas ocho vigencias, que fue de $27,2 billones”. No obstante, advirtió que “tras la caída del precio internacional del crudo puede haber un impacto en los dividendos”.

En efecto, el precio al que se cotizó el barril de referencia Brent cayó desde los US $99 en promedio en 2022 a US $82 en 2023, del cual se le descontaba a ECOPETROL US $6 por barril y ahora US $9. Esto es, se recibieron US $17 menos por cada barril exportado, por fortuna no se recibió ningún castigo atribuible a la tasa de cambio, ya que esta pasó de $4.255, en promedio en 2022 a $4.325 en 2023. Este impacto se vio amortiguado por el mayor volumen exportado de crudo, que le representó $7,5 billones. 

Ello, junto con el impacto de la reforma tributaria (Ley 2277 de 2022), que incrementó el impuesto de renta del 31.4% al 36.6%, 5,2 puntos porcentuales más que el año anterior, incidieron en que la utilidad neta cayera el 42,9% a $19,1 billones frente a los $33,4 billones en 2022, que fue un año excepcional. Y, como es apenas obvio, en esa misma proporción caerán los ingresos de la Nación por concepto de dividendos y la de las entidades territoriales por concepto de regalías.

Pero, indudablemente, de todos los datos proporcionados el más preocupante es el que hace relación a las reservas probadas remanentes de crudo, que vienen de capa caída, pasando de un año a otro de 2.011 MMB a 1.883 MM, 128 MMBPE menos, 6.3%, lo cual se explica por qué el índice de reposición de las mismas, que venía registrando los años anteriores el 100% sólo fue del 48% en 2023, bajando el coeficiente reservas/producción de 8.4 años a 7.6 años. 

Este constituye un campanazo de alerta que debería llevar al Gobierno a reconsiderar su decisión de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación, porque las reservas de ECOPETROL y las del país caen sin remedio poniendo en riesgo la autosuficiencia.

El riesgo se extiende a las necesidades y al suministro de gas natural en Colombia. También este energético, llamado a ser el combustible de la Transición Energética, escasea y de hecho en coyunturas como la actual no se cuenta con la suficiente disponibilidad para el encendido de las centrales térmicas de generación que le sirven de respaldo a las hidroeléctricas ahora que el fenómeno de El Niño ha reducido el nivel agregado de sus embalses que ya bordea el 32%.

Para suplir la necesidad, desde septiembre del año anterior se viene importando gas natural a un promedio de 200 millones de pies cúbicos diarios.  

Es una realidad que Colombia afronta un déficit en el suministro de gas natural, las diferencias empiezan cuando se plantean las opciones para garantizarlo. Según el presidente de ECOPETROL el año entrante tendríamos un faltante que el estima en el 17%, entre 160 y 170 millones de pies cúbicos/día, para anunciar su importación desde Venezuela.

Además de los aspectos logísticos, financieros y técnicos que pone en entredicho la viabilidad de esta alternativa se viene a sumar el obstáculo que plantea la sanción de los EEUU al Gobierno de Nicolás Maduro. La importación de gas desde Venezuela en este momento, tanto en el corto como en el mediano plazo no es viable. 

En nuestro concepto, Colombia debe concentrarse en desarrollar los yacimientos de gas ya descubiertos, como el de Uchuva en La Guajira.

Por su parte, la CREG deberá implementar cuanto antes la norma que permita integrar plenamente la red de gasoductos y así optimizar su transporte y la disponibilidad del energético en todo el país. Esta es la única manera de evitar el desabastecimiento y de garantizar tanto la seguridad como la soberanía energética. 

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

¡Alerta naranja!

El Niño no se ha ido y sigue haciendo estragos, afecta las fuentes de las cuales se surten los acueductos del país y a los 23 embalses que sirven a las centrales hidroeléctricas de generación.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Este es un juego algebraico de sumas y restas. El nivel de los embalses viene cayendo a una rata de 0.5% diario, al tiempo que se viene reduciendo dramáticamente el aporte hídrico.

Según el más reciente reporte, el nivel agregado de los embalses estaba en 35.3%, muy cerca del umbral del 27%, nivel este considerado por la empresa XM, que es la que administra el SIN, como crítico, el cual dispararía todas las alarmas y obligaría a activar las medidas de contingencia para evitar un apagón, las cuales están previstas en el Estatuto de Racionamiento. 

Se lo advertimos al ministro de Minas y Energía, que era apresurado, hasta irresponsable, precipitarse a afirmar el 8 de febrero (El Tiempo) que “estamos a punto de superar el Fenómeno de El Niño”, para asegurar que gracias a su gestión lo habíamos superado sin mayores inconvenientes.

Pues bien, con sus declaraciones, el ministro dio una señal inapropiada que llevó a las hídricas a seguir generando más allá de los límites de la prudencia, acentuando el desembalse y precipitando la caída del agregado del nivel de los embalses. Las palabras tienen poder y más si quien las pronuncia lo posee. 

Entre tanto, la participación de la generación térmica, que le sirve de respaldo a las hídricas, merced al cargo por confiabilidad, se acrecienta aceleradamente, superando el 15%. De no ser por su eficaz respuesta ya estaríamos en tinieblas, pero ello tiene un límite que no supera el 55% de la demanda total.

Es de advertir que para garantizar la operación del parque térmico, ante la escasez de gas natural se viene importando un promedio de 204 MMPCD a través de la planta regasificadora que opera SPEC en Barú (Cartagena), con una capacidad para procesar 400 MMPCD, cuya viabilidad e instalación en 2016 hicimos posible a nuestro paso por el Ministerio de Minas y Energía, con el fin de contar con dicho respaldo ante cualquier eventualidad como la que se presenta en este momento.

Y como el ministro se mantiene en su lógica, prisionero de sus palabras, se ha abstenido de promover una necesaria campaña de ahorro de consumo de energía, como si se está haciendo con el agua. Sigue siendo cierto el adagio de que es mejor prevenir que tener que lamentar.

Dijo Napoleón que cuando se está subiendo se puede detener, pero cuando se baja es muy difícil detenerse y este es el caso. Esto para significar que no se avizora aún un aumento del aporte hídrico ni el freno de la caída de los embalses.

Cuando el ministro Camacho afirmó que “hoy podemos garantizar seguridad energética” lo dice contando con la capacidad instalada de generación y transmisión que, como es bien sabido es insuficiente para garantizar la confiabilidad y firmeza del SIN, dado el estrecho margen entre la oferta 221 (GWHD) y la demanda (224 GWHD) de energía, que lo mantiene al límite, con el más alto grado de estrés. La seguridad a la que hace alusión el ministro parte de la base que todo el parque de generación hidrotérmico funcione como un relojero suizo.

Basta con que se presente cualquier percance o contingencia como la acaecida la semana anterior que llevó a la salida del SIN de la Central El Paraíso en Mesitas del Colegio y sus 400 MW,  consecuencia de un bloqueo contra la generadora ENEL y estuvo en vilo al país, para que se presente una falla sistémica. Al declararse su indisponibilidad, se afectó la tensión, provocando de paso una mayor velocidad de desembalse en otras centrales adyacentes. Como quien dice, estamos transitando por la cornisa.

Lo dijo en su momento la ministra del Medioambiente Susana Muhamad, al declarar la llegada del Fenómeno de El Niño en octubre pasado, el Niño no es un juego. Su comportamiento es errático, su curso es imprevisible lo mismo que su duración.

Y no se nos olvide que el detonante del apagón durante los años 1992-1993, que duró 14 meses, fue un error de cálculo de la Junta Directiva de ISA, que para aquel entonces controlaba la operación de todo el Sistema, al apostarle a la llegada de las lluvias que nunca llegaron.

Qué no se repita la historia. Los paganines de cualquier imprevisión y/o improvidencia, como siempre, seremos los usuarios que, más temprano que tarde, seremos los que veremos reflejadas en nuestras facturas el alza de los precios y las tarifas.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Ecopetrol, la gallina de los huevos de oro

Ecopetrol, piedra angular de la economía colombiana, enfrenta una crisis sin precedentes, marcando el periodo más alarmante de su historia.

Por: JUAN ESPINAL*

Bajo la administración actual, la de Ricardo Roa, Ecopetrol ha visto evaporarse casi la mitad de su valor, representando una pérdida multimillonaria para el Estado colombiano, principal accionista con el 88,5%, seguido por los fondos de pensiones y los inversores privados.

La “política de la miseria” del presidente Gustavo Petro y del presidente de Ecopetrol, de cesar la exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos, ha lanzado a la empresa a una situación financiera crítica.

Abandonar la misión fundamental de exploración no solo pone en jaque la sostenibilidad de la entidad, sino que ha desencadenado un alarmante desabastecimiento de gas del 17% en el país, evidenciando la pérdida de valor frente a la no generación de nuevas reservas.

La postura del gobierno respecto al fracking y la suspensión de proyectos piloto por presuntas preocupaciones medioambientales, contrasta con la adopción de estas técnicas en lugares como Texas, EE.UU., donde contribuyen significativamente a la producción de petróleo. Esta dicotomía se agudiza al considerar la importación de gas desde Venezuela, planteando cuestionamientos sobre doble moral y posibles negociaciones cuestionables. El impacto negativo de estas políticas se refleja claramente en la caída del 42% en las utilidades del último trimestre de 2023.

La reciente asamblea de la empresa, dominada por políticos y activistas, amenaza la gobernanza corporativa de Ecopetrol, cuyas acciones han sufrido una devaluación marcada tanto en el mercado local como en Wall Street.

Mirando hacia el futuro, Ecopetrol se enfrenta a una encrucijada crítica. Con reservas probadas en declive y una reducción en la capacidad de reemplazo, la estrategia actual parece conducir a Colombia hacia una dependencia energética de regímenes autoritarios, con consecuencias económicas severas para la mayoría de los colombianos.

Por último, la gobernanza de Ecopetrol está bajo escrutinio por escándalos que rodean al presidente de la empresa, entre otros por la financiación de la campaña de su jefe político Gustavo Petro, donde Roa fue su gerente.

Es imperativo que continuemos abogando por la sostenibilidad y la autonomía energética de la empresa más vital para nuestro país, en contra de las políticas de decrecimiento favorecidas por ciertos sectores políticos.

*Representante a la Cámara.

A propósito de la Cumbre de Sincelejo, propuestas sin respuestas

En medio de gran expectativa tuvo lugar en Sincelejo el pasado 9 de marzo la que se calificó como Cumbre Caribe, en torno a la problemática de la inusitada alza de las tarifas del servicio de energía, que tiene agobiados a los usuarios.

Por: AMILKAR D. ACOSTA*

La Cumbre Caribe estuvo precedida, sin resultado alguno, por otra Cumbre en la Casa de Nariño encabezada por el presidente Petro y la asistencia de los parlamentarios del Caribe y el posterior debate de control político al Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, del cual hubo más calor que luz.

El ministro Camacho se anticipó a expedir en volandas un Decreto para comentarios que, según se anunció está encaminado a bajar las tarifas, pero de la lectura del mismo se concluye fácilmente que no hay nada nuevo bajo el sol.

Empezando porque en el mismo simplemente se le ordena a la inoperante CREG “la revisión completa de todos los componentes de la tarifa eléctrica”, función que está entre sus atribuciones y competencias, las mismas que está en incapacidad de cumplir por la dejadez del propio Gobierno, que se ha negado sistemáticamente a nombrar en propiedad a los 5 restantes expertos comisionados.

Cabe advertir que la CREG se ha convertido en el nudo gordiano de la problemática del sector energético, que no encontrará salida hasta que el mismo se desate y para ello hace falta la voluntad política y la decisión del alto Gobierno.

Lo que está en juego es la supervivencia de la institucionalidad del sector, que se está poniendo en riesgo con las políticas erráticas del Gobierno, que minan la confianza de los agentes de la cadena.

Y en materia de tarifas, aunque en su artículo 1º el Decreto de marras alude a la baja de las tarifas y con tal fin plantea que la CREG expedirá una nueva fórmula tarifaria, como es apenas obvio, “dentro del año siguiente de la fecha de la terminación de la vigencia de cualquiera de los componentes de la fórmula”, que en el caso de las dos empresas operadoras, que prestan el servicio en la región Caribe, Air – e y Afinia, se cumple en abril del año entrante.

De ello se sigue que los 2,6 millones de resignados usuarios del servicio de energía de la región Caribe tendremos que esperar hasta entonces para vislumbrar un asomo de alivio en las facturas del servicio de energía que promete el ministro. Y mientras tanto, que nos coma el tigre.

Llama poderosamente la atención que, contrariamente a lo que se aspiraba y esperaba de esa Cumbre, el ministro Camacho, no le dio respuesta a ninguna de las propuestas que se le presentaron con la debida antelación.

Según el ministro, “este Gobierno ha venido a enfrentar problemas estructurales de un modelo económico neoliberal. 30 años después de este modelo de servicios públicos las empresas no le han garantizado los derechos a la gente”.

Pero qué ocurre. Al sabotear el normal funcionamiento de la CREG, el máximo órgano regulatorio, que constituye la pieza maestra de todo el andamiaje del Sistema, se compromete seriamente su normal funcionamiento.

En tales circunstancias, el mal llamado peyorativamente “modelo económico neoliberal” se torna inoperante y no podrá garantizar “los derechos de la gente”. Y de este modo, con la excusa del “cambio” de Modelo, estaríamos en presencia de una profecía autocumplida, que es aquella que se anuncia y luego se hace todo lo posible para que se cumpla.

Con esta monserga lo que se busca es utilizar la baja en las tarifas como señuelo para abrirle camino en el legislativo a su proyecto de reforma de la Ley de servicios públicos, condicionándola a su aprobación por parte del Congreso.

Es de advertir que es imperiosa la necesidad de actuar ya, sin más dilaciones, las soluciones no dan más espera, el Gobierno debe proceder antes de que sea demasiado tarde. De ninguna manera es admisible que las soluciones se supediten al trámite y aprobación de la tan anunciada reforma de dicha Ley, convertida en espejismo.

También ha afirmado el ministro que “lo primero que hay que decir es que en el centro están los usuarios, así que todas las alternativas son bienvenidas y las seguimos analizando, pero que no nos sigan planteando que la solución es seguir salvando a empresas”.

Lo cierto es que ninguna de las propuestas sometidas a su consideración está encaminada a salvar a las empresas, aunque si las empresas generadoras, transportadoras, comercializadoras y operadoras de red no están a salvo, tampoco estaría a salvo la prestación del servicio y el servicio más costoso es aquel con el que no se cuenta cuando se necesita. O acaso por qué y para qué expidió el Ministerio el Decreto 1637 de 2023, habilitando una línea de crédito por $1 billón, que se amplió posteriormente en $2.3 billones, para solventarlas y así evitar el temido efecto dominó que había anunciado la empresa operadora del Sistema y administradora del mercado mayorista XM, debido a los problemas de iliquidez de las empresas operadoras de red por cuenta de la abultada deuda de los usuarios por concepto de la opción tarifaria. De esta manera se evitó un apagón financiero que podría conducir a un apagón eléctrico.

Esta Cumbre, que sirvió de escenario para un diálogo de sordos, como otras, se han convertido en un verdadero botadero de corriente que en nada contribuyen a la búsqueda y hallazgo de soluciones prontas y eficaces, más allá de la vacua palabrería. Esta vez, como ya quedó dicho, las propuestas presentadas, todas ellas tuvieron la cayada por respuesta.

Esta Cumbre terminó sin terminar y concluyó sin conclusiones. Por ello, no le falta razón a la directora de El Heraldo Erika Fontalvo cuando, con su proverbial franqueza, tituló su Editorial “Cumbre energética, sin pena ni gloria” y añadió: “tarifas no bajarán por ahora, mucho ruido y pocas nueces. Otros dirán pura paja. Estas populares expresiones bien resumen lo que pasó, o mejor lo que no pasó, en la tan cacareada Cumbre energética del Caribe”. Más claro no canta un gallo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El gas, otra contradicción

¿Por qué perder nuestra suficiencia y soberanía energética con una industria que arrastra una crisis estructural como la venezolana? ¿Cómo garantizará el Gobierno Petro el suministro de gas a los millones de colombianos que hoy disfrutan de un producto de alta calidad, a bajo precio, si la industria venezolana no suple ni siquiera la demanda interna? ¿Por qué acabar la exploración y explotación de gas, que es un energético clave para la transición?

Por: PAOLA HOLGUÍN*

Son tantas y tan graves las preocupaciones de los colombianos, y la avalancha de escándalos de la campaña y el Gobierno Petro, que pocos recuerdan a la exministra Irene Vélez en el Congreso Nacional de Minería 2022, hablando del decrecimiento económico como solución al cambio climático, o el anuncio un par de meses después, en el Foro Económico Mundial, sobre la suspensión de contratos de exploración y explotación de gas y petróleo, o las denuncias sobre irregularidades en el informe de reservas de petróleo y gas de la exviceministra de Energía, Belizza Ruíz.

Lo que sí recordamos -por bochornoso- es a Petro comparando la peligrosidad de la cocaína con el carbón y el petróleo, en su discurso ante la ONU, y el empeño de su Gobierno por hacernos depender energéticamente de Venezuela; país que, según el informe publicado en julio de 2023 por el New York Times, tiene una decadente industria petrolera que causa estragos al medio ambiente por casos como la quema incontrolada de yacimientos de petróleo y gas; y que de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de la Energía, citado por dicho medio, pese a producir menos que antes, es el tercer país en el mundo en emisiones de metano por barril de petróleo producido.

Adicionalmente, la destrucción del Lago de Maracaibo es irreparable a causa de las filtraciones de petróleo de los oleoductos submarinos en estado de abandono, y la contaminación por oxidación de maquinaria sumergida en sus aguas aceitosas color verde neón. Al desastre ecológico se suma el social. La ciudad de Cabimas, aledaña al lago, antes próspera y pujante, ahora se hunde en el abandono y la pobreza extrema.

Pese a que, según un reciente informe de la ONU, Venezuela es reconocida en la actualidad como uno de los productores de petróleo y gas más sucios del mundo, Petro ha promovido la integración energética con ese país, lo que resulta contradictorio con su discurso verde y con su intención de contribuir con la solución del cambio climático haciendo decrecer la industria extractiva nacional.

La idea de importar gas desde Venezuela en 2025, contrasta con la realidad de un gasoducto que está en desuso desde 2015, cuando el vecino decidió no cumplir el acuerdo de enviar gas, después de recibir el nuestro desde 2007; o peor aún, cuando desde 2020 los venezolanos se han visto abocados a usar leña para cocinar, debido, entre otras causas, a la disminución de la producción, a fallas en el sistema de transporte y a que la tercera parte de las plantas de llenado de bombonas o cilindros está fuera de servicio.

Nos preguntamos: ¿Por qué perder nuestra suficiencia y soberanía energética con una industria que arrastra una crisis estructural como la venezolana? ¿Cómo garantizará el Gobierno Petro el suministro de gas a los millones de colombianos que hoy disfrutan de un producto de alta calidad, a bajo precio, si la industria venezolana no suple ni siquiera la demanda interna? ¿Por qué acabar la exploración y explotación de gas, que es un energético clave para la transición?

De nuevo, la ideología por encima de la razón y el interés nacional.

*Senadora de la República.

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