Categoría: Opinión

Las razones que han llevado a XM a dar señales de alerta sobre la amenaza en ciernes de un eventual racionamiento en la prestación del servicio de energía son múltiples.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El año anterior, la firma XM, que es la entidad responsable de la administración y operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) emitió dos alertas tempranas. La primera que estábamos ante la inminencia de un apagón financiero de las empresas distribuidoras de energía por cuenta del abultado saldo de la deuda contraída por sus usuarios, debido a la aplicación de la opción tarifaria, mediante la cual se difirió el pago de las alzas tarifarias durante la crisis pandémica, que ya acumulaba los $5 billones. Así, mientras dichas empresas deben cancelar de contado la energía a los generadores, ello les genera una dificultad en su flujo de caja que podría llevarlas a la insolvencia, la que a su vez podría derivar en un “efecto dominó”, que fue como la llamó XM en su comunicado de advertencia.

En un comienzo, el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho desestimó ésta alerta, pero a poco andar, ante el anuncio de Air-e de su imposibilidad de pagarle la energía a sus proveedores, lo que la habría conducido a una limitación de suministro y a la consiguiente intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, se vio compelido a disponer la apertura de un cupo de crédito con tasa de interés compensado en FINDETER, inicialmente por $1 billón, ampliándose posteriormente a otro billón, con el fin de solventar a las electrificadoras.

Luego, XM dio cuenta a través de un comunicado que debido a la incapacidad de las líneas de interconexión de energía de transportar la cantidad suficiente para satisfacer la demanda de la región Caribe, se estaba registrando una “demanda no atendida”, como llama XM eufemísticamente el racionamiento en la prestación del servicio a la cual vienen siendo sometidos los 2,4 millones de usuarios en la región.

Y más recientemente, XM le envió al viceministro de Minas y Energía Javier Campillo una carta abierta en la cual le pone de presente que “se ha venido informando y dando señales de riesgo sobre la operación actual para atender la demanda de la manera más confiable, segura y económica”.

Las razones que llevaron a XM a dar esta señal de alerta sobre la amenaza en ciernes de un eventual racionamiento en la prestación del servicio de energía en el resto del país son múltiples.

En primera instancia, su preocupación por “la disminución en la disponibilidad de las plantas hidráulicas asociada a los niveles de sus embalses o por otras restricciones, lo cual puede llevar a situaciones de riesgo para la atención de la demanda en algunas horas del día por no contar con la potencia necesaria para mantener una operación confiable y segura del SIN, en especial en los períodos de máxima demanda”.

No obstante, el negacionismo del ministro de Minas y Energía, que lo llevó a afirmar sin pestañear el 8 de febrero pasado que “estamos a punto de superar el Fenómeno de El Niño” y que lo llevó a bajar la guardia frente a su amenaza, es el mismo que lo ha conducido a subestimar la alerta del Centro Nacional de Operaciones (CNO), al considerar que “la fase que estamos enfrentando es la finalización del Fenómeno de El Niño, toda esta situación está simulada, calculada, no hemos llegado  a los mínimos críticos, estamos aún por encima de lo que podríamos llamar una situación crítica”. Como diría David Ospina: ¡Tú, tranquilo!

Ello tiene como telón de fondo un SIN en un alto grado de estrés debido a la insuficiencia de la oferta de energía, que ha venido creciendo a un ritmo del 2.5% mientras la demanda a nivel nacional crece al 8.3%, debido al atraso en la ejecución de varios proyectos de expansión de la capacidad de generación. Ello, además está repercutiendo en las alzas tarifas por la presión que ejercen sobre los precios de la energía en Bolsa.

Entre estos se destacan los proyectos asignados en las subastas de 2019 y 2021 para la instalación de los parques eólicos en La Guajira, con una capacidad de 2.400 MW, de tal suerte que, debiendo haber entrado en operación los primeros en 2022, hasta la fecha no se cuenta con ninguno de ellos. Ello, además de afectar la capacidad instalada de generación, en tratándose de tecnologías que le imprimen al Sistema una mayor resiliencia frente a las condiciones adversas del cambio climático, su entrada en operación contribuiría a frenar la escalada alcista de los precios en Bolsa y las tarifas de energía dado sus menores costos de generación.

A lo anterior se viene a añadir la gran dependencia del SIN de la generación hidráulica, que lo torna muy vulnerable frente al Fenómeno de El Niño que, como el que se experimenta actualmente, ha llevado el agregado del nivel de los embalses que le sirven a la hídricas a extremos del 31%, el más bajo en los últimos 20 años.

Este es el detonante de un riesgo latente de un racionamiento del servicio de energía, como ya se empieza a dar en la prestación del servicio de agua potable, empezando por Bogotá. Riesgo que se ha visto exacerbado por la falta de previsión y la improvisación por parte del Ministerio de Minas y Energía, que no ha sido capaz siquiera de poner a funcionar, como se requiere sobre todo en las actuales circunstancias, a la CREG, que es la entidad regulatoria del sector.

A propósito, el Gobierno acaba de designar tres  de los cinco expertos comisionados que hacen falta para completar la nómina, todos ellos en calidad de encargados, yendo a contrapelo del pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional en el sentido que los mismos, además de no ser de libre nombramiento y remoción por parte del nominador, tienen por Ley período fijo de cuatro años y además deben ser de dedicación exclusiva.

De esta manera aspira el Gobierno a contar con un quorum precario para tomar decisiones, del cual adolece actualmente, pero que a la vuelta de tres meses, que es lo que dura el encargo estaremos en las mismas. Este es un atentado contra la institucionalidad del sector y es parte de la falta de gestión de este Gobierno, que ha llevado al sector energético a una crisis inducida.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

En nuestro concepto, Colombia debe concentrarse en desarrollar los yacimientos de gas ya descubiertos, como el de Uchuva en La Guajira.    

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

ECOPETROL dio a conocer el balance de los resultados de su operación el año anterior, que traen un sabor agridulce. Por una parte el presidente de la empresa Ricardo Roa resalta el hecho de haber alcanzado una producción récord de 737 mil barriles/día, la más alta en los últimos 8 años.

Según Roa, el Grupo empresarial obtuvo el año pasado “el segundo mejor resultado de su historia”, al tiempo que en materia de inversiones la compañía logró una ejecución del 97% de su plan de inversiones, “el nivel más alto de las últimas ocho vigencias, que fue de $27,2 billones”. No obstante, advirtió que “tras la caída del precio internacional del crudo puede haber un impacto en los dividendos”.

En efecto, el precio al que se cotizó el barril de referencia Brent cayó desde los US $99 en promedio en 2022 a US $82 en 2023, del cual se le descontaba a ECOPETROL US $6 por barril y ahora US $9. Esto es, se recibieron US $17 menos por cada barril exportado, por fortuna no se recibió ningún castigo atribuible a la tasa de cambio, ya que esta pasó de $4.255, en promedio en 2022 a $4.325 en 2023. Este impacto se vio amortiguado por el mayor volumen exportado de crudo, que le representó $7,5 billones. 

Ello, junto con el impacto de la reforma tributaria (Ley 2277 de 2022), que incrementó el impuesto de renta del 31.4% al 36.6%, 5,2 puntos porcentuales más que el año anterior, incidieron en que la utilidad neta cayera el 42,9% a $19,1 billones frente a los $33,4 billones en 2022, que fue un año excepcional. Y, como es apenas obvio, en esa misma proporción caerán los ingresos de la Nación por concepto de dividendos y la de las entidades territoriales por concepto de regalías.

Pero, indudablemente, de todos los datos proporcionados el más preocupante es el que hace relación a las reservas probadas remanentes de crudo, que vienen de capa caída, pasando de un año a otro de 2.011 MMB a 1.883 MM, 128 MMBPE menos, 6.3%, lo cual se explica por qué el índice de reposición de las mismas, que venía registrando los años anteriores el 100% sólo fue del 48% en 2023, bajando el coeficiente reservas/producción de 8.4 años a 7.6 años. 

Este constituye un campanazo de alerta que debería llevar al Gobierno a reconsiderar su decisión de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación, porque las reservas de ECOPETROL y las del país caen sin remedio poniendo en riesgo la autosuficiencia.

El riesgo se extiende a las necesidades y al suministro de gas natural en Colombia. También este energético, llamado a ser el combustible de la Transición Energética, escasea y de hecho en coyunturas como la actual no se cuenta con la suficiente disponibilidad para el encendido de las centrales térmicas de generación que le sirven de respaldo a las hidroeléctricas ahora que el fenómeno de El Niño ha reducido el nivel agregado de sus embalses que ya bordea el 32%.

Para suplir la necesidad, desde septiembre del año anterior se viene importando gas natural a un promedio de 200 millones de pies cúbicos diarios.  

Es una realidad que Colombia afronta un déficit en el suministro de gas natural, las diferencias empiezan cuando se plantean las opciones para garantizarlo. Según el presidente de ECOPETROL el año entrante tendríamos un faltante que el estima en el 17%, entre 160 y 170 millones de pies cúbicos/día, para anunciar su importación desde Venezuela.

Además de los aspectos logísticos, financieros y técnicos que pone en entredicho la viabilidad de esta alternativa se viene a sumar el obstáculo que plantea la sanción de los EEUU al Gobierno de Nicolás Maduro. La importación de gas desde Venezuela en este momento, tanto en el corto como en el mediano plazo no es viable. 

En nuestro concepto, Colombia debe concentrarse en desarrollar los yacimientos de gas ya descubiertos, como el de Uchuva en La Guajira.

Por su parte, la CREG deberá implementar cuanto antes la norma que permita integrar plenamente la red de gasoductos y así optimizar su transporte y la disponibilidad del energético en todo el país. Esta es la única manera de evitar el desabastecimiento y de garantizar tanto la seguridad como la soberanía energética. 

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El Niño no se ha ido y sigue haciendo estragos, afecta las fuentes de las cuales se surten los acueductos del país y a los 23 embalses que sirven a las centrales hidroeléctricas de generación.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Este es un juego algebraico de sumas y restas. El nivel de los embalses viene cayendo a una rata de 0.5% diario, al tiempo que se viene reduciendo dramáticamente el aporte hídrico.

Según el más reciente reporte, el nivel agregado de los embalses estaba en 35.3%, muy cerca del umbral del 27%, nivel este considerado por la empresa XM, que es la que administra el SIN, como crítico, el cual dispararía todas las alarmas y obligaría a activar las medidas de contingencia para evitar un apagón, las cuales están previstas en el Estatuto de Racionamiento. 

Se lo advertimos al ministro de Minas y Energía, que era apresurado, hasta irresponsable, precipitarse a afirmar el 8 de febrero (El Tiempo) que “estamos a punto de superar el Fenómeno de El Niño”, para asegurar que gracias a su gestión lo habíamos superado sin mayores inconvenientes.

Pues bien, con sus declaraciones, el ministro dio una señal inapropiada que llevó a las hídricas a seguir generando más allá de los límites de la prudencia, acentuando el desembalse y precipitando la caída del agregado del nivel de los embalses. Las palabras tienen poder y más si quien las pronuncia lo posee. 

Entre tanto, la participación de la generación térmica, que le sirve de respaldo a las hídricas, merced al cargo por confiabilidad, se acrecienta aceleradamente, superando el 15%. De no ser por su eficaz respuesta ya estaríamos en tinieblas, pero ello tiene un límite que no supera el 55% de la demanda total.

Es de advertir que para garantizar la operación del parque térmico, ante la escasez de gas natural se viene importando un promedio de 204 MMPCD a través de la planta regasificadora que opera SPEC en Barú (Cartagena), con una capacidad para procesar 400 MMPCD, cuya viabilidad e instalación en 2016 hicimos posible a nuestro paso por el Ministerio de Minas y Energía, con el fin de contar con dicho respaldo ante cualquier eventualidad como la que se presenta en este momento.

Y como el ministro se mantiene en su lógica, prisionero de sus palabras, se ha abstenido de promover una necesaria campaña de ahorro de consumo de energía, como si se está haciendo con el agua. Sigue siendo cierto el adagio de que es mejor prevenir que tener que lamentar.

Dijo Napoleón que cuando se está subiendo se puede detener, pero cuando se baja es muy difícil detenerse y este es el caso. Esto para significar que no se avizora aún un aumento del aporte hídrico ni el freno de la caída de los embalses.

Cuando el ministro Camacho afirmó que “hoy podemos garantizar seguridad energética” lo dice contando con la capacidad instalada de generación y transmisión que, como es bien sabido es insuficiente para garantizar la confiabilidad y firmeza del SIN, dado el estrecho margen entre la oferta 221 (GWHD) y la demanda (224 GWHD) de energía, que lo mantiene al límite, con el más alto grado de estrés. La seguridad a la que hace alusión el ministro parte de la base que todo el parque de generación hidrotérmico funcione como un relojero suizo.

Basta con que se presente cualquier percance o contingencia como la acaecida la semana anterior que llevó a la salida del SIN de la Central El Paraíso en Mesitas del Colegio y sus 400 MW,  consecuencia de un bloqueo contra la generadora ENEL y estuvo en vilo al país, para que se presente una falla sistémica. Al declararse su indisponibilidad, se afectó la tensión, provocando de paso una mayor velocidad de desembalse en otras centrales adyacentes. Como quien dice, estamos transitando por la cornisa.

Lo dijo en su momento la ministra del Medioambiente Susana Muhamad, al declarar la llegada del Fenómeno de El Niño en octubre pasado, el Niño no es un juego. Su comportamiento es errático, su curso es imprevisible lo mismo que su duración.

Y no se nos olvide que el detonante del apagón durante los años 1992-1993, que duró 14 meses, fue un error de cálculo de la Junta Directiva de ISA, que para aquel entonces controlaba la operación de todo el Sistema, al apostarle a la llegada de las lluvias que nunca llegaron.

Qué no se repita la historia. Los paganines de cualquier imprevisión y/o improvidencia, como siempre, seremos los usuarios que, más temprano que tarde, seremos los que veremos reflejadas en nuestras facturas el alza de los precios y las tarifas.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Ecopetrol, piedra angular de la economía colombiana, enfrenta una crisis sin precedentes, marcando el periodo más alarmante de su historia.

Por: JUAN ESPINAL*

Bajo la administración actual, la de Ricardo Roa, Ecopetrol ha visto evaporarse casi la mitad de su valor, representando una pérdida multimillonaria para el Estado colombiano, principal accionista con el 88,5%, seguido por los fondos de pensiones y los inversores privados.

La “política de la miseria” del presidente Gustavo Petro y del presidente de Ecopetrol, de cesar la exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos, ha lanzado a la empresa a una situación financiera crítica.

Abandonar la misión fundamental de exploración no solo pone en jaque la sostenibilidad de la entidad, sino que ha desencadenado un alarmante desabastecimiento de gas del 17% en el país, evidenciando la pérdida de valor frente a la no generación de nuevas reservas.

La postura del gobierno respecto al fracking y la suspensión de proyectos piloto por presuntas preocupaciones medioambientales, contrasta con la adopción de estas técnicas en lugares como Texas, EE.UU., donde contribuyen significativamente a la producción de petróleo. Esta dicotomía se agudiza al considerar la importación de gas desde Venezuela, planteando cuestionamientos sobre doble moral y posibles negociaciones cuestionables. El impacto negativo de estas políticas se refleja claramente en la caída del 42% en las utilidades del último trimestre de 2023.

La reciente asamblea de la empresa, dominada por políticos y activistas, amenaza la gobernanza corporativa de Ecopetrol, cuyas acciones han sufrido una devaluación marcada tanto en el mercado local como en Wall Street.

Mirando hacia el futuro, Ecopetrol se enfrenta a una encrucijada crítica. Con reservas probadas en declive y una reducción en la capacidad de reemplazo, la estrategia actual parece conducir a Colombia hacia una dependencia energética de regímenes autoritarios, con consecuencias económicas severas para la mayoría de los colombianos.

Por último, la gobernanza de Ecopetrol está bajo escrutinio por escándalos que rodean al presidente de la empresa, entre otros por la financiación de la campaña de su jefe político Gustavo Petro, donde Roa fue su gerente.

Es imperativo que continuemos abogando por la sostenibilidad y la autonomía energética de la empresa más vital para nuestro país, en contra de las políticas de decrecimiento favorecidas por ciertos sectores políticos.

*Representante a la Cámara.

En medio de gran expectativa tuvo lugar en Sincelejo el pasado 9 de marzo la que se calificó como Cumbre Caribe, en torno a la problemática de la inusitada alza de las tarifas del servicio de energía, que tiene agobiados a los usuarios.

Por: AMILKAR D. ACOSTA*

La Cumbre Caribe estuvo precedida, sin resultado alguno, por otra Cumbre en la Casa de Nariño encabezada por el presidente Petro y la asistencia de los parlamentarios del Caribe y el posterior debate de control político al Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, del cual hubo más calor que luz.

El ministro Camacho se anticipó a expedir en volandas un Decreto para comentarios que, según se anunció está encaminado a bajar las tarifas, pero de la lectura del mismo se concluye fácilmente que no hay nada nuevo bajo el sol.

Empezando porque en el mismo simplemente se le ordena a la inoperante CREG “la revisión completa de todos los componentes de la tarifa eléctrica”, función que está entre sus atribuciones y competencias, las mismas que está en incapacidad de cumplir por la dejadez del propio Gobierno, que se ha negado sistemáticamente a nombrar en propiedad a los 5 restantes expertos comisionados.

Cabe advertir que la CREG se ha convertido en el nudo gordiano de la problemática del sector energético, que no encontrará salida hasta que el mismo se desate y para ello hace falta la voluntad política y la decisión del alto Gobierno.

Lo que está en juego es la supervivencia de la institucionalidad del sector, que se está poniendo en riesgo con las políticas erráticas del Gobierno, que minan la confianza de los agentes de la cadena.

Y en materia de tarifas, aunque en su artículo 1º el Decreto de marras alude a la baja de las tarifas y con tal fin plantea que la CREG expedirá una nueva fórmula tarifaria, como es apenas obvio, “dentro del año siguiente de la fecha de la terminación de la vigencia de cualquiera de los componentes de la fórmula”, que en el caso de las dos empresas operadoras, que prestan el servicio en la región Caribe, Air – e y Afinia, se cumple en abril del año entrante.

De ello se sigue que los 2,6 millones de resignados usuarios del servicio de energía de la región Caribe tendremos que esperar hasta entonces para vislumbrar un asomo de alivio en las facturas del servicio de energía que promete el ministro. Y mientras tanto, que nos coma el tigre.

Llama poderosamente la atención que, contrariamente a lo que se aspiraba y esperaba de esa Cumbre, el ministro Camacho, no le dio respuesta a ninguna de las propuestas que se le presentaron con la debida antelación.

Según el ministro, “este Gobierno ha venido a enfrentar problemas estructurales de un modelo económico neoliberal. 30 años después de este modelo de servicios públicos las empresas no le han garantizado los derechos a la gente”.

Pero qué ocurre. Al sabotear el normal funcionamiento de la CREG, el máximo órgano regulatorio, que constituye la pieza maestra de todo el andamiaje del Sistema, se compromete seriamente su normal funcionamiento.

En tales circunstancias, el mal llamado peyorativamente “modelo económico neoliberal” se torna inoperante y no podrá garantizar “los derechos de la gente”. Y de este modo, con la excusa del “cambio” de Modelo, estaríamos en presencia de una profecía autocumplida, que es aquella que se anuncia y luego se hace todo lo posible para que se cumpla.

Con esta monserga lo que se busca es utilizar la baja en las tarifas como señuelo para abrirle camino en el legislativo a su proyecto de reforma de la Ley de servicios públicos, condicionándola a su aprobación por parte del Congreso.

Es de advertir que es imperiosa la necesidad de actuar ya, sin más dilaciones, las soluciones no dan más espera, el Gobierno debe proceder antes de que sea demasiado tarde. De ninguna manera es admisible que las soluciones se supediten al trámite y aprobación de la tan anunciada reforma de dicha Ley, convertida en espejismo.

También ha afirmado el ministro que “lo primero que hay que decir es que en el centro están los usuarios, así que todas las alternativas son bienvenidas y las seguimos analizando, pero que no nos sigan planteando que la solución es seguir salvando a empresas”.

Lo cierto es que ninguna de las propuestas sometidas a su consideración está encaminada a salvar a las empresas, aunque si las empresas generadoras, transportadoras, comercializadoras y operadoras de red no están a salvo, tampoco estaría a salvo la prestación del servicio y el servicio más costoso es aquel con el que no se cuenta cuando se necesita. O acaso por qué y para qué expidió el Ministerio el Decreto 1637 de 2023, habilitando una línea de crédito por $1 billón, que se amplió posteriormente en $2.3 billones, para solventarlas y así evitar el temido efecto dominó que había anunciado la empresa operadora del Sistema y administradora del mercado mayorista XM, debido a los problemas de iliquidez de las empresas operadoras de red por cuenta de la abultada deuda de los usuarios por concepto de la opción tarifaria. De esta manera se evitó un apagón financiero que podría conducir a un apagón eléctrico.

Esta Cumbre, que sirvió de escenario para un diálogo de sordos, como otras, se han convertido en un verdadero botadero de corriente que en nada contribuyen a la búsqueda y hallazgo de soluciones prontas y eficaces, más allá de la vacua palabrería. Esta vez, como ya quedó dicho, las propuestas presentadas, todas ellas tuvieron la cayada por respuesta.

Esta Cumbre terminó sin terminar y concluyó sin conclusiones. Por ello, no le falta razón a la directora de El Heraldo Erika Fontalvo cuando, con su proverbial franqueza, tituló su Editorial “Cumbre energética, sin pena ni gloria” y añadió: “tarifas no bajarán por ahora, mucho ruido y pocas nueces. Otros dirán pura paja. Estas populares expresiones bien resumen lo que pasó, o mejor lo que no pasó, en la tan cacareada Cumbre energética del Caribe”. Más claro no canta un gallo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

¿Por qué perder nuestra suficiencia y soberanía energética con una industria que arrastra una crisis estructural como la venezolana? ¿Cómo garantizará el Gobierno Petro el suministro de gas a los millones de colombianos que hoy disfrutan de un producto de alta calidad, a bajo precio, si la industria venezolana no suple ni siquiera la demanda interna? ¿Por qué acabar la exploración y explotación de gas, que es un energético clave para la transición?

Por: PAOLA HOLGUÍN*

Son tantas y tan graves las preocupaciones de los colombianos, y la avalancha de escándalos de la campaña y el Gobierno Petro, que pocos recuerdan a la exministra Irene Vélez en el Congreso Nacional de Minería 2022, hablando del decrecimiento económico como solución al cambio climático, o el anuncio un par de meses después, en el Foro Económico Mundial, sobre la suspensión de contratos de exploración y explotación de gas y petróleo, o las denuncias sobre irregularidades en el informe de reservas de petróleo y gas de la exviceministra de Energía, Belizza Ruíz.

Lo que sí recordamos -por bochornoso- es a Petro comparando la peligrosidad de la cocaína con el carbón y el petróleo, en su discurso ante la ONU, y el empeño de su Gobierno por hacernos depender energéticamente de Venezuela; país que, según el informe publicado en julio de 2023 por el New York Times, tiene una decadente industria petrolera que causa estragos al medio ambiente por casos como la quema incontrolada de yacimientos de petróleo y gas; y que de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de la Energía, citado por dicho medio, pese a producir menos que antes, es el tercer país en el mundo en emisiones de metano por barril de petróleo producido.

Adicionalmente, la destrucción del Lago de Maracaibo es irreparable a causa de las filtraciones de petróleo de los oleoductos submarinos en estado de abandono, y la contaminación por oxidación de maquinaria sumergida en sus aguas aceitosas color verde neón. Al desastre ecológico se suma el social. La ciudad de Cabimas, aledaña al lago, antes próspera y pujante, ahora se hunde en el abandono y la pobreza extrema.

Pese a que, según un reciente informe de la ONU, Venezuela es reconocida en la actualidad como uno de los productores de petróleo y gas más sucios del mundo, Petro ha promovido la integración energética con ese país, lo que resulta contradictorio con su discurso verde y con su intención de contribuir con la solución del cambio climático haciendo decrecer la industria extractiva nacional.

La idea de importar gas desde Venezuela en 2025, contrasta con la realidad de un gasoducto que está en desuso desde 2015, cuando el vecino decidió no cumplir el acuerdo de enviar gas, después de recibir el nuestro desde 2007; o peor aún, cuando desde 2020 los venezolanos se han visto abocados a usar leña para cocinar, debido, entre otras causas, a la disminución de la producción, a fallas en el sistema de transporte y a que la tercera parte de las plantas de llenado de bombonas o cilindros está fuera de servicio.

Nos preguntamos: ¿Por qué perder nuestra suficiencia y soberanía energética con una industria que arrastra una crisis estructural como la venezolana? ¿Cómo garantizará el Gobierno Petro el suministro de gas a los millones de colombianos que hoy disfrutan de un producto de alta calidad, a bajo precio, si la industria venezolana no suple ni siquiera la demanda interna? ¿Por qué acabar la exploración y explotación de gas, que es un energético clave para la transición?

De nuevo, la ideología por encima de la razón y el interés nacional.

*Senadora de la República.

Presidente Petro, el gas de Maduro no beneficia a Colombia. Es imperativo firmar más contratos de exploración, garantizar la seguridad energética del país y una Transición Energética responsable.

Por: JUAN ESPINAL*

En Colombia, 37 millones de compatriotas dependemos del gas que producimos. A pesar de que nuestro país no se destaca como un gran productor de hidrocarburos, esta industria representa una fuente vital para nuestro Producto Interno Bruto (PIB), con Ecopetrol contribuyendo en un 9%.

Durante el 7 y 8 de marzo se llevó a cabo el Congreso Nacional «Colombia Genera», organizado por la ANDI. Este evento sirvió como plataforma de diálogo sobre los desafíos del sector minero energético, destacando la relevancia creciente del gas natural como pilar esencial para la transición energética y para el bienestar de la población.

La agenda pública actual refleja una profunda inquietud debido a la falta de una hoja de ruta clara para una Transición Energética justa por parte del Gobierno del cambio.

Los avances logrados en administraciones previas parecen haber sido relegados a un segundo plano, prevaleciendo la improvisación y el debilitamiento del sector energético a través de decretos como el 044/24, la propuesta de creación de la Empresa Estatal Ecominerales, el borrador de las leyes Minera y de Servicios Públicos, la suspensión de nuevos contratos de exploración y el incremento del 1% al 6% en las transferencias para proyectos de energías renovables no convencionales.

Esas medidas han generado efectos adversos y una percepción de inseguridad jurídica, llevando a la suspensión de proyectos como el parque eólico Windpeshi de ENEL en La Guajira, y a que empresas como Celsia consideren trasladar sus inversiones a Perú.

Lo que resulta evidente es la decisión del presidente Petro de comprar gas al dictador Maduro, orientando la política energética hacia la reducción de la producción nacional para favorecer las importaciones desde Venezuela. Esta estrategia no parece responder a un interés estratégico para nuestro país, ya que podría quintuplicar los costos del consumo de gas para más de 37 millones de usuarios, especialmente en los estratos 1, 2 y 3.

Recientemente, Ecopetrol informó sobre un déficit del 16% en el suministro de gas para finales de año, un recurso vital para la economía del país y para 11 millones de hogares.

La prioridad gubernamental debería ser asegurar el abastecimiento; sin embargo, observamos una tendencia hacia la dependencia energética del régimen chavista, lo cual es preocupante, especialmente ante la posibilidad de incumplimientos por parte de Maduro, como se ha visto en el Pacto de Barbados con Estados Unidos, al no permitir elecciones libres y democráticas.

Ante esta incertidumbre, es fundamental insistir en la necesidad de incrementar la producción de gas en Colombia, promover proyectos offshore y urgir a la UPME y al Ministerio de Minas y Energía a presentar un plan de abastecimiento de manera inmediata.

La disminución de la oferta de gas en el país tendría consecuencias severas para los ciudadanos, quienes podrían verse obligados a recurrir al carbón o a la leña para subsistir.

Presidente Petro, el gas de Maduro no beneficia a Colombia. Es imperativo firmar más contratos de exploración, garantizar la seguridad energética del país y una Transición Energética responsable.

*Representante de la Cámara.

La confiabilidad eléctrica hace referencia a la posibilidad de contar con energía eléctrica 24 horas al día, 7 días a la semana, como ha pasado en los últimos 30 años, un lujo que no todos los países tienen. Por poner solo un ejemplo, Ecuador terminó el 2023 con apagones de hasta 4 horas diarias.

Por: NATALIA GUTIÉRREZ JARAMILLO*

En Colombia damos por hecho que siempre tenemos energía eléctrica, o “luz” como es conocida comúnmente. Energía para cargar el celular, prender las luces, cocinar y refrigerar nuestros alimentos, entre muchas otras opciones. Esto es posible gracias a las reglas de juego con las cuales el sector eléctrico ha funcionado en las últimas tres décadas, desde el apagón de 1992-1993.

A raíz de ese apagón se expidieron las leyes 142 y 143 de 1994, las cuales permitieron rediseñar el mercado y el funcionamiento del sector para que no solo fuera el Estado el encargado de operarlo. Desde allí, entraron los privados a participar en la cadena de prestación del servicio y, de la mano de los diferentes Gobiernos, sin tener en cuenta la ideología política, se ha trabajado con resultados exitosos para que los colombianos tengan energía eléctrica continua.

La energía eléctrica se ha generado, principalmente, a partir del agua (hidroelectricidad) y de combustibles como gas, carbón y líquidos (térmica). Desde hace unos años le hemos dado la bienvenida a otro tipo de fuentes como la solar (a partir del sol) y la eólica (a partir del viento). Y las empresas de Acolgen son las que están haciendo las principales apuestas en este proceso. Pero, no podemos perder de vista la importancia de seguir contando con las demás tecnologías, esas que nos han brindado confiabilidad en los últimos años y que también tienen atributos clave para el sistema.

Un estudio financiado por Acolgen, pero realizado de manera independiente por la Universidad Nacional con información pública, señala que en Colombia no se puede pensar en un sistema que crezca únicamente con energía solar; es necesario complementar y diversificar la matriz de generación eléctrica y para eso se requieren señales de inversión claras.

Así pues, insistimos en que es fundamental valorar lo que hemos construido hasta la fecha, donde la confiabilidad ha sido el pilar sobre el cual hemos logrado ser exitosos.

A futuro tendremos que seguir trabajando para que nuestra matriz no solamente sea confiable, sino que tenga complementariedad eficiente entre las tecnologías que la componen, reconociendo los aportes de cada una al adecuado funcionamiento del sector en Colombia.

¡Sin confiabilidad eléctrica no hay transición energética!

*Presidente de Acolgen

Hasta ahora, que se sepa, la Superintendencia de Servicios Públicos no ha sancionado a la primera empresa por prácticas de abuso de posición dominante, si ha habido lugar a ello.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

La convocatoria de una Cumbre en el Palacio de Nariño con la bancada parlamentaria y de los gobernadores de la región Caribe, presidida por el presidente de la República, para abocar el espinoso tema de las desmesuradas alzas de las tarifas de energía despertó mucha expectativa.

La misma estuvo precedida de un anuncio de un paro legislativo en el evento de que el Gobierno Nacional no les prestara atención.

Al término de la reunión dijo que había propuesto “tres grandes acciones”, la principal de ellas el “cambio de la fórmula tarifaria en la CREG”, porque, a su juicio “la tarifa de generación debe reflejar precios de libre competencia y no de monopolio”.

A este respecto acotó el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho sobre “la necesidad de actuar colectivamente para resolver un modelo estructural que durante décadas ha venido cargando el peso de los costos de la energía en las facturas de la gente”. Y ello, porque según él “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años”.

Desde el 24 Congreso de ANDESCO, en septiembre de 2022 en Cartagena, en su discurso de clausura, el presidente Gustavo Petro viene planteando su intención de cambiar la fórmula tarifaria y hasta ahora, 18 meses después seguimos sin que se revele cuál es la propuesta. El desconcierto de los convocados fue total, pues esperaban respuestas concretas a la exasperación de los usuarios del servicio que ven cómo mes a mes se les incrementa el valor de la factura y no fue así.

Hasta ahora, que se sepa, la Superintendencia de Servicios Públicos no ha sancionado a la primera empresa por prácticas de abuso de posición dominante, si ha habido lugar a ello. Luego, no se entiende el alcance de su afirmación cuando tácitamente le atribuye las alzas tarifarias al hecho de que la “tarifa de generación” debe reflejar “precios de libre competencia y no de monopolio”.

Tampoco es inteligible la afirmación del Ministro cuando afirmó que “hay consenso sobre la necesidad de actuar colectivamente para resolver un modelo estructural que durante décadas ha venido cargando el peso de los costos de la energía en las facturas de la gente”.

Porque hasta donde sabemos el presidente Petro no se ha retractado de lo dicho en su discurso pronunciado tras su elección, en el sentido de que “vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque se trata primero de superar la premodernidad en Colombia”.

Este es un verdadero galimatías, pues esas son las reglas del capitalismo, tal como lo establece la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, la misma que dicen abominar, inexorablemente se tendrán que seguir “cargando el peso de los costos (eficientes) de la energía en las facturas”. No hay otra alternativa.

En mi concepto, sin perjuicio de los cambios que requiere la formación del precio en Bolsa de la energía, para evitar distorsiones y malas prácticas por parte de los generadores, mientras no se destraben y acelere la ejecución de los proyectos de generación y transmisión, que están súper atrasados.

A guisa de ejemplo, de los 6.608 MW nuevos de expansión de la capacidad instalada de generación que han debido entrar en 2023 sólo lo hicieron 1.141 MW, el 17%.

Y de contera, también se registran atrasos considerables en la ejecución de los proyectos de transmisión de energía, los cuales han abocado a la región Caribe, como lo ha afirmado la firma XM, que opera el sistema interconectado nacional (SIN), a tener “demanda no atendida”, que es el eufemismo usado para no hablar de racionamiento.

Y mientras tanto, la demanda, que viene creciendo a un ritmo endiablado de 7,8%, de 224.5 GWHD supera la oferta de energía en firme (OEF), en promedio, de solo 221,8, con un margen de maniobra que no supera el 10%, lo cual redundará en que el SIN seguirá estresado y presionando al alza el precio en Bolsa y por consiguiente las tarifas de energía.

Lo más grave es que mientras tanto en la CREG está devuelta la interinidad a la cual ya nos tiene acostumbrados, sin quorum para tomar decisiones, por la terquedad de no nombrar en propiedad 5 de los 6 expertos comisionados, como se lo ha solicitado reiteradamente la Procuraduría y se lo ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Hasta la Corte Constitucional debió terciar, pronunciándose a raíz de la demanda incoada ante la misma pretendiendo que los expertos comisionados pudieran ser removidos sin fórmula juicio por parte del Presidente de la República.

En su fallo, la Sala plena declaró constitucional el literal d) del artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, que fija en cuatro años el período de los expertos de la CREG es constitucional. ¿Qué más hace falta para que se provean dichos cargos como lo manda la Ley y la Constitución?

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.