Categoría: Opinión

Los desafíos que se nos presentan en el sector eléctrico para este año son enormes. En primer lugar, estamos pasando por un Fenómeno de El Niño, es decir, un periodo de sequía que reduce significativamente las reservas de agua disponibles en los embalses para generar energía.

Por: NATALIA GUTIÉRREZ JARAMILLO*

En este momento, las reservas hídricas se encuentran en 57%, estando ligeramente por encima del mínimo de referencia, pero con una tendencia negativa, lo que lleva al mercado a un estado de alerta y de seguimiento para los meses que vienen.

En segundo lugar, la contratación de energía en firme para el futuro de todos los colombianos se verá en la próxima subasta de cargo por confiabilidad, que estará deteriorada por los constantes anuncios de implementar medidas intervencionistas al sector eléctrico, las cuales generan incertidumbre y cambian las condiciones para los inversionistas, los cuales han apostado por Colombia durante muchos años y han garantizado que los colombianos contemos con energía eléctrica constante en las últimas tres décadas, en una relación de confianza.

Estamos en el momento en que todavía podemos corregir el rumbo, pero trabajando de la mano empresas y gobierno, sin cargas ideológicas que nos dividen de objetivos comunes como la equidad, la confiabilidad y la eficiencia energética para todos los colombianos, en donde el usuario ha sido y seguirá siendo el centro de la conversación para poder continuar con el firme propósito de avanzar en una transición energética ordenada, equitativa y confiable.

Finalmente, no podemos perder de vista lo que está sucediendo en otros países, que ya están teniendo racionamientos diarios de cuatro horas. La lección que esta situación nos está dando es que no hay transición energética sin seguridad energética.

*Presidente de Acolgen

Ni el cambio climático es un cuento chino, como afirmó el inefable e inescrutable ex presidente de EEUU Donald Trump ni el Niño es un juego, como denominó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible Susana Muhamad, al anunciar el pasado 5 de octubre su fallida estrategia de atención y prevención de los incendios forestales, que proliferan en este momento en todo el país sin encontrar una respuesta eficaz por parte del Gobierno.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Para Donal Trump “el cambio climático es un invento que pretende proteger la naciente industria china, perjudicando la industria americana. Este fenómeno no está demostrado y no tiene un sustento real”.

No obstante, fue nada menos que la Agencia Nacional de Evaluación del Clima, la que en su Informe cuatrienal, avalado además por la Academia Nacional de Ciencias, del cual le hizo entrega, la que le salió al paso a semejante exabrupto y lo refutó. Para dicha Agencia “la evidencia del cambio climático abunda, desde lo más alto de la atmósfera hasta las profundidades de los océanos”.

El cambio climático, entonces, es una realidad incontrovertible y se ha convertido en uno de los principales issues de la política pública en todo el orbe, tendiente a enfrentarlo, contrarrestarlo y mitigar sus devastadores efectos.

Periódicamente se realizan las conferencias de las partes (COP), que organiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, por su sigla en inglés), para su monitoreo, evaluación y toma de decisiones, siendo la más importante de ellas la COP21, que le dio vida al Acuerdo de París, mediante el cual 196 países adquirieron el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), cuya acumulación en la atmósfera es la causante del aumento de la temperatura a nivel global, provocando fenómenos climáticos extremos.

Estos fenómenos extremos tienen tres características: la primera es que no son estacionales ni tienen periodicidad, razón por la cual son imprevisibles, es imposible preverlos, sólo se pueden pronosticar con algún grado de acierto y ello cuando la temperatura de los océanos, que constituyen el mayor disipador de calor del planeta, sube, lo cual es un indicio de su proximidad.

En segundo lugar, son cada vez más frecuentes y en tercer lugar son cada vez más intensos y duraderos y por lo tanto sus estragos son cada vez mayores. El más reciente fenómeno de La Niña duró, por primera vez en lo que va corrido de este siglo, tres años.

Pues bien, el pasado 4 de noviembre la ministra Muhamad declaró oficialmente el advenimiento del Fenómeno de El Niño luego de que el Instituto de Hidrología y Meteorología (IDEAM) “realizara seguimiento a la temperatura del océano Pacífico y establecer que durante cinco trimestres consecutivos se registraron valores superiores a 0,5º centígrados”.

Aunque nadie puede asegurar hasta cuándo se prolongue, se estima que puede extenderse hasta abril o junio, siendo los meses de febrero y marzo los más impactantes, cuando se sentirá con mayor intensidad.

La afectación del Fenómeno de El Niño en la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) no se puede subestimar, pues pondrá a prueba, una vez más, su solidez y resiliencia. Tanto más en cuanto que el 68% de la capacidad instalada de generación (19 GW) es de origen hídrico, lo que lo torna vulnerable frente a los embates de El Niño, con el agravante de que de los 23 embalses de los cuales se sirven las hidroeléctricas sólo uno de ellos, El Peñol de Guatapé posee una capacidad de regulación  mayor al año, las demás sólo soportan 4 meses.

Con el agregado del nivel actual de los embalses en el 60,6% el 23 de enero, 9,6 puntos porcentuales por debajo del nivel del pasado 31 de diciembre y con aportes hídricos de 79,48 gigavatios hora día, por debajo del 50% del volumen histórico que se registran actualmente, el SIN dependerá cada vez más del parque térmico, el cual a lo sumo puede satisfacer el 55% de la demanda.

Preocupa saber que los meses más críticos serán marzo y abril. Al paso que vamos las menores precipitaciones pueden conducir a limitar la capacidad de generación hasta los 100 GWHD, que al cotejarse con los 220GWHD que se consumen, la baja del nivel de los embalses es ineluctable, lo que obligaría a encender todas las alarmas ante el riesgo inminente de racionamiento.

El riesgo es mayor de ponerse en práctica la cuestionada Resolución CREG 701 028 de 2023, pues al establecer el tope de $532 el KWH induce a las hidroeléctricas a ofertar precios por debajo del mismo y al ser despachadas “gastan” la reserva de agua almacenada para enfrentar el recrudecimiento del Fenómeno de El Niño. Máxime cuando, debido al atraso en la ejecución de varios proyectos clave de generación la oferta de energía  (225 GWHD) está a ras con bola con la demanda (222 GWHD), con un margen de maniobra que no supera el 5%, al tiempo que esta última ha venido creciendo por encima del 6%, el doble de la proyección de la UPME en su Plan Energético 2050 para 2021 – 2035, entre 2,28% y 2,68%

Exhorto al Gobierno y en especial al Ministerio de Minas y Energía a dar señales que incentiven el ahorro y el uso eficiente de energía para no vernos abocados a un escenario catastrófico como lo sería un eventual racionamiento.

Recordemos que en 2015, ante los amagos de racionamiento, la exitosa campaña “apagar paga” ahorró un 5% en el consumo de energía.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

En el complejo escenario de las energías renovables en Colombia, se vislumbran desafíos que requieren una atención inmediata. La situación actual del sector, vital para el progreso sostenible del país y la seguridad energética, se asemeja a una unidad de cuidados intensivos y su rehabilitación depende de una profunda revisión de la articulación institucional y la estabilidad jurídica y regulatoria para garantizar la entrada de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER).

Por: JUANITA HERNANDEZ VIDAL*

Colombia ha emprendido un camino hacia la integración de energías renovables desde la promulgación de la Ley 1715 de 2014 y su reglamentación. A pesar de las dificultades, casi 10 años después, la atracción de inversión en este sector sigue siendo notable.

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) celebra un hito significativo al encontrarse frente a una avalancha de solicitudes de asignación de capacidad de transporte. En octubre de 2023 se recibieron solicitudes de proyectos de generación con una capacidad impresionante de 89,5 GW para conectarse al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Este dato cobra mayor relevancia al considerar que, sumando todas las fuentes de generación de energía en Colombia, ya sean renovables o convencionales, la capacidad efectiva neta actual del país es de 19.888 MW, es decir, se recibieron solicitudes por un poco más de 4 veces la capacidad instalada neta de Colombia.

La persistencia del interés en tecnologías renovables, evidencia la decidida voluntad de los inversionistas y empresas de avanzar hacia fuentes más sostenibles y limpias. Recordemos que en marzo de 2023 la UPME asignó un total de 7.493 MW, de los cuales 5.774 MW son proyectos de energía solar y 1.238 MW a proyectos de generación eólica.

Si pudiéramos basarnos únicamente en cifras, nos encontraríamos con un panorama alentador. Sin embargo, la realidad es bastante distinta cuando analizamos los datos relacionados con los proyectos que finalmente logran materializarse y entrar en operación; así, la brecha entre las expectativas y la realidad operativa es innegable, evidenciada por el hecho de que hoy el país cuenta únicamente con 408 MW de capacidad efectiva neta de proyectos renovables en funcionamiento.

Este contraste entre las proyecciones entusiastas y la capacidad operativa actual definitivamente genera una dosis de incertidumbre y subraya la imperiosa necesidad de abordar desafíos específicos que impidan que la ambición por el crecimiento del sector de energías renovables en Colombia se quede en meras intenciones.

En este contexto, se destaca la necesidad de abordar las barreras que puedan estar afectando la implementación exitosa de estos proyectos, asegurando que el entusiasmo por las energías renovables se traduzca en beneficios tangibles para el país en términos de sostenibilidad, crecimiento económico y seguridad energética.

Desafíos en la gestión institucional

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), como ente clave en la planificación, expansión y seguimiento del sector energético, enfrenta un desafío considerable.

Si bien sus funciones estratégicas incluyen la planificación y expansión del sector, la estructuración de convocatorias públicas y el seguimiento de proyectos, ha asumido responsabilidades adicionales, como la gestión de incentivos tributarios y la asignación de puntos de conexión, entre otras funciones derivadas de la implementación de la política de transición energética iniciada hace casi 10 años. Este exceso de funciones, quizás más allá de su capacidad actual, ha llevado a la complicación de trámites que deberían ser abordados sin mucha complejidad.

Me refiero a cuestiones como los cambios de fecha de puesta en operación (FPO), asunto realmente insostenible e impresentable a la fecha por las significativas afectaciones que se han generado en materia de seguridad jurídica y confianza inversionista, procedimiento reglado por la Resolución CREG 075 de 2021, conforme a la cual, si el promotor acredita la ocurrencia de circunstancias ajenas a su gestión, acorde a las causales establecidas en la misma norma, debería la UPME conceder el cambio de FPO.

No obstante, este proceso que debería ser más técnico, en atención a la naturaleza jurídica de la UPME y el perfil de sus funcionarios, así como lo dispuesto en la misma norma sobre el hecho que le UPME debería analizar solo los criterios utilizados al momento de asignación de la capacidad de transporte (se insiste, temas técnicos), debemos señalar que, por el contrario, se ha convertido en una instancia casi litigiosa ante la UPME, en la que debe acompañarse cada solicitud de un acervo probatorio extenso, peritaje, interventoría, demostración del nexo causal, ocurrencia efectiva del atraso, etcétera, so pena de que la UPME no conceda dicha prórroga, en contravía y vulneración del derecho que le asiste al promotor al cambio de FPO por lo dispuesto en la regulación.

Este accionar subjetivo plantea interrogantes sobre la coherencia, economía y eficacia de la toma de decisiones por las autoridades públicas.

La existencia de factores externos asociados al desarrollo de proyectos, tales como circunstancias ambientales, comunitarias, prediales y de seguridad, no debería conducir a la incomprensión estatal.

Es evidente que el Estado debe reconocer la presencia de factores irresistibles e imprevisibles que pueden impactar el desarrollo de proyectos de energía renovable y negar de manera inflexible esta realidad puede resultar en la pérdida de oportunidades y la desaparición de proyectos con potencial significativo.

Entonces, es imperativo aplicar un enfoque pragmático para garantizar el éxito operativo de estos proyectos. El objetivo primordial no debería ser obstruir iniciativas y la ejecución de garantías de reserva de capacidad, sino colaborar activamente para superar los desafíos y asegurar la viabilidad operativa de los proyectos. Sorprende que, según cifras oficiales de la UPME, a la fecha se han ejecutado por parte de XM garantías de reserva de capacidad de transporte por un equivalente estimado a los 900 MW, de los que no cabe duda que algún porcentaje importante de estos proyectos se trataba de proyectos viables en estado de desarrollo, que no lograron que la UPME modificara la FPO.

Las cifras no son alentadoras y se espera que a diciembre de 2024 otro grupo de proyectos pierdan la capacidad asignada por lo ya expuesto, se les ejecuten las garantías y al final desistan tales empresas de la ejecución de proyectos por la altísima incertidumbre y ausencia de seguridad jurídica del sector.    

El desarrollo de la Energía Eólica Marina en Colombia

En medio de los desafíos que enfrenta el sector de energías renovables en Colombia, no hay una luz de esperanza tampoco sobre otras tecnologías.

Es el caso de la reciente publicación de los términos de referencia preliminares para la primera subasta de energía eólica marina del país.

Ha llamado la atención por parte de las empresas interesadas en dicho proceso el nivel de exigencia a nivel técnico y financiero para habilitarse y participar en el proceso competitivo, llegándose a señalar por los expertos que tan solo 4 empresas a nivel mundial estarían en capacidad de cumplir con los requisitos exigidos por el gobierno colombiano, empresas que quizá ni siquiera estén interesadas en participar por estar estratégicamente interesadas en otras regiones con menos desafíos.

Recordemos, a propósito de esta fuente de generación, que a inicios de 2022 se publicó la Hoja de Ruta del offshore wind en Colombia, en la que se destaca el potencial en el país estimado en 50 GW, pero al mismo tiempo se identifican los retos para su impulso, tales como: la necesaria expansión del sistema y construcción de líneas de transmisión, definición estatal de permisos ambientales, impactos y compensaciones, la coexistencia con otros usuarios del mar, el apalancamiento mediante mecanismos de subasta y PPAs a mayor largo plazo, entre muchos otros interrogantes.

El camino a seguir: Un cambio en el rol del Estado

La percepción de que el Estado se convierte en un obstáculo para las empresas y sus proyectos de energía renovable está generando consecuencias negativas y quizá irreversibles para el país.

La salida de inversionistas que han invertido importantes sumas durante más de una década en Colombia, apostando por la transición energética, no solo afecta la generación de empleo, sino que también impacta directamente en el suministro de energía, la diversificación y la tarifa a los usuarios finales, por ausencia de competencia en el sector.

Así, el crecimiento de la demanda por encima de la expansión de proyectos de generación y transmisión plantea un desafío significativo. La situación exige una reconsideración profunda del papel del Estado en la generación de energía en Colombia.

Probablemente, la transición de un modelo de libre entrada a uno en el que el Estado asuma obligaciones y responsabilidades podría ser una solución.

Cuando el Estado tiene compromisos adquiridos, la evaluación de circunstancias y la toma de decisiones pueden adoptar perspectivas más realistas y comprometidas con la transición energética.

En resumen, las energías renovables en Colombia requieren una intervención inmediata y decidida. La colaboración entre entidades, la comprensión de la realidad del desarrollo de proyectos y un cambio en el rol del Estado son imperativos para asegurar un futuro sostenible y próspero en el sector de las energías renovables.

La inacción podría tener consecuencias significativas no solo para el sector energético sino para el desarrollo económico y social del país en su conjunto.

Estos proyectos, en conjunto, representan una oportunidad única para Colombia, no solo en términos de capacidad energética adicional sino también en la creación de empleo, el impulso económico y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, este entusiasmo también destaca la necesidad de una gestión eficiente por parte del Ministerio de Minas y Energía, la UPME, la CREG, la ANLA y demás autoridades nacionales y territoriales, siendo la colaboración entre entidades, así como la comprensión de la realidad del desarrollo de proyectos, cruciales para asegurar un futuro sostenible en el sector de las energías renovables.

*Managing Partner de ELH. Abogada con más de 15 años de experiencia en el sector energético, inversión extranjera, elaboración y negociación de Power Purchase Agreements, estructuración de proyectos, Due Diligence, Project Finance y derecho de los negocios.

La mayoría de colombianos podría estar pagando alrededor de 2,4 billones de pesos más en sus facturas de energía entre enero y abril del 2024, en caso de materializarse el proyecto de resolución de la CREG.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) levantó una polvareda con la expedición el 18 de diciembre pasado, para comentarios hasta el 15 de enero, de la Resolución 701 028, mediante la cual “se adoptan reglas transitorias en el precio de bolsa del Mercado de Energía Mayorista durante el período del Fenómeno de El Niño”, asumiendo que este se prolongará hasta abril, cuando según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) se podría prolongar hasta el mes de junio.

Según el ministro Camacho, “ninguna de las medidas tomadas va a afectar negativamente las tarifas de energía. Nosotros venimos, desde que arrancó el Gobierno, con el propósito de bajar las tarifas de energía y todas las medidas que estamos tomando buscan cumplir ese propósito”. Y añadió, “la medida que se está adoptando tiene unas condiciones que buscan aplicar en uno de los segmentos de la cadena que es la generación”.

Él está pensando con el deseo. El quid del asunto está en que la adopción de tales condiciones “que busca aplicar en uno de los segmentos de la cadena”, terminan por afectar a los otros segmentos de la misma cadena y al final no sólo puede hacer nugatorio lo que se propone sino que lo puede tornar contraproducente. Y este es el caso.

De aplicarse la disposición prevista en esta Resolución que le establece un techo al precio en Bolsa, este sólo impacta, en promedio, al 20% de la energía transada, lo cual limita su efecto, traduciéndose en una reducción en uno de los cargos de la fórmula tarifaria, el de la generación (G), que podría representar una baja entre $60 y $100 el KWH.

Pero, concomitantemente, como lo afirma el director Ejecutivo de Óptima Consultores Alejandro Lucio, “la resolución de intervención pone a cargo de la demanda, a través del componente de restricciones, el diferencial entre el costo de la generación térmica y el nuevo precio de bolsa intervenido”. Ello se traducirá en un incremento en la tarifa al usuario final de $350 por KWH, aproximadamente, a través del cargo por restricciones (R) de la fórmula tarifaria. Si descontamos de este la disminución en el cargo por generación (G), el saldo neto en contra del usuario un incremento entre el 25% y el 30% en su factura de electricidad.

Por lo demás, como lo acota Lucio, la cifra de $530 por KWH, que sale del magín de la CREG, es “un valor completamente arbitrario. En esencia, se les limita su margen (a las hídricas), pero no se les acaba. Percibir ese valor puede ser un costo de oportunidad, pero no dejan de percibir rentas interesantes cuando venden su energía”.

Y para rematar, “además, y acá está la paradoja, se les está techando el precio que deben pagar por aquella generación que no puedan producir, justo cuando no la van a producir. Al final se les hace un favor” al generador hídrico a expensas de los usuarios, que es al que, según el ministro Camacho, se busca proteger de los abusos de posición dominante en que incurran los generadores.

A todas las críticas que desde distintos flancos le han llovido a la Resolución de marras, el ministro Camacho se ha limitado a afirmar, pero sin ningún sustento técnico, que “los impactos que esto pueda tener en otros segmentos, como en las restricciones o en la comercialización y distribución, los estamos evaluando y tomando medidas para cumplir el propósito de bajar tarifas”. Y repite la cantinela  de que “todas las medidas están orientadas a bajar las tarifas y tener costos eficientes y justos para la gente”.

Pero los hechos son tozudos, como lo sostiene la directora Ejecutiva de ASOENERGÍA Sandra Fonseca: “La gran mayoría de colombianos podrían estar pagando alrededor de 2,4 billones de pesos más en sus facturas de energía entre enero y abril del 2024 en caso de materializarse el proyecto de resolución”.

De aplicarse tal cual como está proyectada, la medida agudizaría la tendencia inercial al alza de la tarifa de energía y de paso acarreará, como lo sostiene el experto Alejandro Lucio, “mayores costos por confiabilidad, asumiendo que esos requerimientos de firmeza se consigan completar en la próxima subasta de cargo por confiabilidad (si es que ante esta intervención algún inversionista de un proyecto térmico se anima a participar en la misma) o en el peor de los casos, un no muy lejano déficit de energía firme que en el próxima sequía, y por qué no en la que estamos viviendo, nos lleve al apagón”.

Esta alza en la tarifa de energía se vendría a añadir a la que se derivará del cobro a partir de la factura de enero de este año, como lo dispuso la Resolución 101 029 del 24 de noviembre de 2023 expedida por la CREG, de la deuda, con sus intereses causados, que por concepto de la opción tarifaria tienen todos los usuarios con las empresas prestadoras del servicio de energía que, como es bien sabido sobrepasa la suma de los $5 billones, cuyo impago las había puesto en calzas prietas, al punto que el Gobierno tuvo que abrirles un crédito en FINDETER para solventarlas y evitar así un apagón financiero de las mismas.

Esta es la cereza del pastel envenenado de la espiral alcista de las tarifas de energía, la cual tiene su principal catalizador en el déficit en la oferta de energía, debido al atraso y al aplazamiento de importantes proyectos, tanto de generación como de transmisión, con un margen de maniobra que no supera el 5%, manteniendo al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el máximo grado de estrés.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

De cara al 2024, lo ideal es hacer énfasis en el desarrollo de un trabajo coordinado entre los sectores público y privado, como ha ocurrido en las últimas tres décadas.

Por: NATALIA GUTIÉRREZ JARAMILLO*

El 2023 estuvo lleno de retos y nos demostró que como sector eléctrico estamos preparados para afrontar y superar adversidades, gracias a que desde hace 30 años nos hemos consolidado como un sector robusto, con una institucionalidad sólida y unos actores que apuestan por defenderlo.

El 2023 estuvo marcado por una coyuntura nacional que hace más complejo el camino hacia el fortalecimiento del sector eléctrico: cambio en las reglas de juego para inversionistas con propuestas regulatorias que intervienen la operación de privados, presiones sociales que dificultan el desarrollo de proyectos, inestabilidad política, restricción al desarrollo de proyectos renovables hidráulicos que aportan confiabilidad, falta de gas natural local y sin señales claras para mantener la infraestructura de importación, falta de institucionalidad, retrasos en proyectos (según XM menos del 20% han entrado en operación en los últimos cuatro años), y eliminación de beneficios tributarios a los proyectos de energía renovable.

Todo lo anterior se traduce en falta de confianza y en un alto grado de incertidumbre, lo que se convierte en un desafío principal para el 2024 y para los años siguientes. No atender oportunamente todos los aspectos mencionados nos podría poner en una situación indeseada para el país.

De cara al 2024 es importante resaltar que lo ideal es hacer énfasis en el desarrollo de un trabajo coordinado entre los sectores público y privado, como ha ocurrido en las últimas tres décadas, superando los temas políticos e ideológicos, con el firme propósito de trabajar unidos por el fortalecimiento del sector eléctrico, que aporta desarrollo a las regiones y bienestar a la sociedad.

Un enfoque en el fortalecimiento de la institucionalidad es otro de los aspectos esenciales para 2024, teniendo en cuenta que esta ha funcionado correctamente en los últimos 30 años y ha permitido la prestación constante del servicio. Esto, sumado a que todos debemos unir esfuerzos para que los proyectos de generación de energía eléctrica entren en operación.

Generar confrontaciones innecesarias y crear antagonistas en una relación que debería simplemente fluir y ser colaborativa, lo único que hace es generar afectaciones en el país y, más que todo, en los ciudadanos, además de retrasar la entrada de proyectos y el desarrollo de procesos del sector.

Solo la unión de esfuerzos en la búsqueda de un propósito común logrará mejores resultados y beneficios para todos los colombianos.

*Presidente de Acolgen

Qué bueno sería que alcaldes y gobernadores realicen seguimiento a los compromisos regulatorios asumidos por las empresas operadoras y a sus dueños como EPM para evitar que adopten medidas que disminuyan los montos de los presupuestos de inversiones en infraestructura que ralenticen la optimización del servicio que opera Afinia.

Por: JAVIER LASTRA FUSCALDO*

En el pasado periodo de campañas electorales de 2023, Afinia fue tema de muchos discursos, en ellos los candidatos a alcaldías y gobernaciones se comprometían a disminuir tarifas y a mejorar el servicio de energía eléctrica, propósitos que la costa Caribe reclama desde hace décadas.

Lo cierto es que además de las buenas intenciones, para el logro de esos dos objetivos se requiere desarrollar un robusto plan de inversiones para modernizar la obsoleta infraestructura, y buena parte de su financiación proviene del sistema financiero y de sus dueños.

Si bien la tarifa marca una tendencia al alza, en los primeros años de operación esta no alcanza a cubrir los costos que demandan las inversiones de las obras. Modernizar la infraestructura toma tiempo y esto se logra con obras apalancadas en voluntad y recursos; y en ese sentido, debemos seguir avanzando con el norte claro.

Ahora bien, sin compartir esta lógica, respeto a los candidatos que hacen las propuestas que sus electores quieren escuchar y respeto también que los elijan por eso; sin embargo, al momento de gobernar se encuentran con la realidad de no tener competencia para establecer ni bajar las tarifas de algunos servicios públicos como tampoco la tienen las empresas, y tal vez no todos los mandatarios se decidan a invertir recursos propios en redes eléctricas.

En ese escenario, sus propuestas quedan solo en eso, en buenas intenciones, pero irrealizables por parte de ellos, con el consecuente desencanto de sus electores a los pocos días o meses de iniciar sus gobiernos.

Sería muy útil que los mandatarios en el área de cobertura de Afinia, que corresponden a 134 municipios y cinco departamentos, se comprometan a trabajar de la mano con la empresa, entendiendo aún más los problemas, los retos, reconociendo los esfuerzos que hace la compañía e informen estas acciones a los usuarios y comunidades, en especial a aquellas que se oponen a la reposición de redes y equipos. 

Qué bueno sería que alcaldes y gobernadores realicen seguimiento a los compromisos regulatorios asumidos por las empresas operadoras y a sus dueños como EPM para evitar que, en momentos de crisis de liquidez o por prioridades de nuevas administraciones, adopten medidas que disminuyan los montos de los presupuestos de inversiones en infraestructura que ralenticen la optimización del servicio que opera Afinia.

Apoyar también en la información a los usuarios sobre el avance de la mejora de los indicadores de calidad y en conjunto hacer propuestas para moderar las tarifas sin comprometer la sostenibilidad de la empresa.

Son varios los actores en la cadena del servicio de energía eléctrica, cada uno de ellos con una cuota de participación en las tarifas, lo que hace más engorrosas las soluciones y, así como hay factores que incrementan el precio de la energía también hay periodos de estrechez de caja en las empresas comercializadoras para cumplir con los pagos, precisamente en periodos de altos precios.

No obstante, Afinia ha afrontado, hasta ahora, los periodos de crisis de liquidez con capitalizaciones de su matriz y créditos, cumpliendo con sus obligaciones y sin bajar el ritmo de las inversiones. Efectivamente ya se han ejecutado dos billones de pesos en tan solo tres años de operación, de los once billones proyectados a 10 años, que sin duda ha permitido disminuir el tiempo de las interrupciones del servicio.

Con amor por nuestra región y como costeños, desde donde estemos, podemos aportar para lograr un servicio de energía eléctrica de la más alta calidad.

*Gerente General de Afinia

Todos los procesos de titulación, inspección, vigilancia y formalización minera, en los cuales Antioquia tiene liderazgo en el país, pasarán desde los territorios hacia los escritorios en Bogotá. Una afrenta para Antioquia y los antioqueños.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

A través de su cuenta en X y mediante un lacónico mensaje, el presidente Gustavo Petro notificó la decisión de su Gobierno de dar por terminada unilateralmente “la delegatura que en materia de minas se había expedido para el departamento de Antioquia” y advierte que recobra su “función constitucional y la ponemos al servicio del pequeño minero”.

En estos términos, se envían dos mensajes en uno: el Gobierno central reasume las funciones y competencias que la Agencia Nacional de Minería (ANM) había delegado mediante un convenio interadministrativo suscrito entre las dos partes, negando la prórroga solicitada por Antioquia, al tiempo que se advierte que en adelante dicha función constitucional se pondrá “al servicio del pequeño minero”, como si no lo hubiera estado mientras la misma la ejerció el departamento. 

En auxilio del pronunciamiento del presidente Petro para justificar dicha medida, la ANM adujo en un comunicado de prensa que, según informe de su Vicepresidencia de Seguimiento y Control Minero, se “ha evidenciado falencias en algunos de los aspectos asociados al cumplimiento de la función de fiscalización”, sin dar más detalles y sin dar lugar a la contrastación y corroboración del mismo. En consecuencia, es su decisión “reasumir a partir del primero de enero de 2024 las funciones de autoridad minera delegadas desde 2001 a Antioquia”.

Es cierto, como lo acota la ANM en su comunicado, que «de acuerdo con lo señalado en el artículo 12 de la ley 489 de 1998 y en la jurisprudencia constitucional (Sentencia C-372 de 2002), la autoridad delegante puede reasumir la competencia en cualquier tiempo y existe un amplio margen de discrecionalidaddel delegante para decidir si delega o no el ejercicio de funciones propias de su empleo o cargo».

Luego, lo que está en discusión no es el “amplio margen de discrecionalidaddel delegante para decidir si delega o no el ejercicio de funciones propias”, sino las razones de pertinencia, conveniencia y oportunidad.

Huelga decir que eso es lo que ha venido haciendo la Nación, delegando funciones y competencias a las entidades territoriales, eso sí sin recursos, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 356 de la Constitución Política que lo condiciona a la transferencia de los recursos necesarios y suficientes para asumirlas y lo que es más grave sin mediar siquiera su consentimiento. Y ello no obstante que, como lo dejó establecido la Corte Constitucional en la Sentencia citada, se requiere que “sea aceptado el traslado de competencias por parte de la entidad territorial delegataria”.

La ANM se pretende escudar en la Sentencia de la Corte Constitucional C–727 de 2000 que, en uno de sus apartes, dejó establecido que la delegación entre entidades públicas es constitucional siempre y cuando “no implique un reparto definitivo de competencias, sino un ejercicio de colaboración transitorio entre entidades”, lo cual la llevó a declarar inexequible la alusión a la permanencia de la delegación del artículo 320 de la Ley 685 de 2001 del Código de Minas vigente, dejando en firme la atinente a la delegación “temporal u ocasional” en el mismo.

Y este es el caso, precisamente por ello dicha delegación se ha venido dando de manera temporal y no permanente. La más reciente prórroga se dio hace dos años al firmarse un otrosí, con vencimiento el 31 de diciembre de este año. En una interpretación acomodaticia del fallo de la Corte Constitucional, la ANM colige que “en el caso de la delegación minera en la Gobernación de Antioquia, dicho mecanismo de colaboración ha sido objeto de sucesivas prórrogas en el tiempo, lo cual en la práctica comporta un ejercicio permanente de una función propia de la autoridad minera nacional y el vaciamiento de competencias legales.”

No hay nada nuevo bajo el sol. Esta es una manifestación más del aberrante centralismo que agobia a las regiones en Colombia, en donde los gobiernos de los departamentos y municipios han sido reducidos a su condición de capitis diminutio institucional. 

Durante los 32 años de vigencia de la Constitución Política de 1991, que consagró la autonomía territorial en su artículo 287, con medidas como estas el Gobierno central, a contrapelo de la misma, ha acentuado un proceso de recentralización, la cual se ha visto exacerbada por el presidencialismo. Y no es para menos, pues en Colombia el presidente de la República es, además, Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad de la Nación.

Nos ilusionamos creyendo que con la llegada al gobierno de un presidente de izquierda, con la bandera del cambio, esta tendencia cambiaría, ¡pero qué va! De allí el rechazo que ha despertado esta atrabiliaria decisión que hiere la sensibilidad de un departamento como Antioquia, pionero de la actividad minera en Colombia, con una larga tradición, que representa el 1,86%  del PIB nacional y el 39,3% de sus exportaciones.

Huelga decir que las capacidades y competencias técnicas, jurídicas y operativas, con las que cuenta la Secretaría de Minas, creada mediante la Ordenanza 1177 de 1991, la envidiaría la propia ANM. Esta, al reasumir tales competencias, tendrá que agigantar su burocracia, de un Estado ya macrocefálico y paquidérmico, para poder reasumir las funciones delegadas.

Así, todos los procesos de titulación, inspección, vigilancia y formalización minera, en los cuales Antioquia tiene el liderazgo en el país, pasarán desde los territorios hacia los escritorios en Bogotá. Una afrenta para Antioquia y los antioqueños.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Además del posicionamiento y el reconocimiento alcanzados por la RAP del Caribe, ésta ha avanzado en el cumplimiento del mandato recibido por el Consejo Regional, con el entusiasta apoyo de este y de los gobernadores que hacen parte del mismo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Todo comenzó con una llamada que recibí el 26 de diciembre de 2022 de parte del gobernador del Magdalena Carlos Caicedo informándome que estaban reunidos todos los gobernadores de los departamentos del Caribe y acababan de tomar, enhorabuena, la decisión de poner en marcha la Región Administrativa y de Planificación (RAP) del Caribe y que unánimemente me pedían que yo me pusiera al frente de dicho proceso.

No me dieron tiempo de pensarlo dos veces ni yo lo necesitaba para darles el sí, pues comprometidos como hemos estado por décadas en pos de la descentralización y la autonomía regional, no podía rehuir dicha responsabilidad encomendada. Tanto más en cuanto que a mediados de 2020, junto con Elvia Mejía, quien me sucedió en la Coordinación del CORPES, les habíamos dirigido una carta abierta a ellos exhortándolos a que lo hicieran. No podíamos, entonces, salir huyéndole al tigre después de muerto.

Aceptamos, entonces, asumir el reto, luego de que se formalizara mi vinculación el 1º de febrero por parte del Consejo Regional de la RAP y desde entonces acometimos, con entusiasmo y decisión, esta ímproba tarea al ritmo 24/7, sin reparar en los obstáculos a superar, sobre todo las barreras propias del centralismo que agobia a las regiones, exacerbado por el presidencialismo a ultranza que se ha entronizado en Colombia, en donde el presidente de la República es además el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa.

Como lo afirmó el gran pensador paisa Luis López de Mesa, Colombia es un archipiélago de regiones, pero, como lo hemos advertido, lo peor que le puede pasar a las regiones es convertirse en un archipiélago de departamentos.

Para poder superar la postergación y desdén de la cual son objeto es fundamental la integración regional y esta se constituye en uno de los principales objetivos de la RAP cumpliendo su rol de articulador. En este propósito hemos propiciado la aproximación y cooperación entre las cámaras de comercio, las corporaciones autónomas, las comisiones regionales de competitividad y las universidades de la región, amén de Telecaribe, nuestro canal, con los cuales hemos venido trabajando de la mano.

El paso más importante a dar fue la formulación del Plan Estratégico Regional (PER), en su versión preliminar, el cual es un requisito sine qua non para acceder al registro de la RAP y su reconocimiento legal por parte del Ministerio del Interior.

A falta de un equipo robusto propio de la RAP para realizar este exigente trabajo, recurrimos a la integración del Voluntariado de la RAP, que coordina Elvia Mejía, con profesionales, docentes e investigadores de la región que, sin esperar ningún emolumento a cambio de su esmerado y diligente trabajo, pusieron todo de sí para lograrlo. Para ellos nuestro reconocimiento, el mismo que recibimos de parte del DNP por la calidad del trabajo realizado. Para resaltar el apoyo técnico recibido por el Observatorio del Caribe y su director Fernán Acosta.

Felizmente, el pasado 18 de diciembre recibimos oficialmente de manos del viceministro del Interior Gustavo García dicho registro.

Además del posicionamiento y el reconocimiento alcanzados por la RAP del Caribe, ésta ha avanzado en el cumplimiento del mandato recibido por el Consejo Regional y con el entusiasta apoyo de este y de los gobernadores que hacen parte del mismo, destacándose el proyecto de Las rutas de Gabo, para lo cual hemos contado con el apoyo de la Fundación Gabo que dirige Jaime Abello y de la Corporación Andina de Fomento y su presidente ejecutivo Sergio Díaz – Granados, de la cual también hemos recibido el apoyo para la actualización del proyecto El Caribe sin hambre y el de la Telemedicina.

También hemos recibido el apoyo de FINDETER y su presidente Juan Carlos Muñiz para avanzar en la siguiente fase del PER hasta su versión final y el Banco de proyectos anejo, así como de parte de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que dirige Mariela Barragán.

Somos conscientes de que esta es una tarea de largo aliento, que debe comprometer todas las energías de toda la dirigencia política, social y gremial de la región para avanzar de prisa y sin pausa hasta cumplir con el mandato ciudadano del Voto Caribe que se concretó en los comicios de marzo de 2010, en donde quedó expresa la voluntad y la decisión del Caribe de constituirse en región como entidad territorial.

Por ello, insistimos en que la RAP es sólo una escala técnica para llegar a este anhelo largamente acariciado. Por ello, registramos con optimismo el pronunciamiento de los gobernadores entrantes recientemente desde Cartagena, con el liderazgo del ex constituyente y próximo gobernador del Atlántico Eduardo Verano, al momento de recibir la posta de mano de sus antecesores, manifestando su “voluntad y la decisión de apoyar a la RAP, como una conquista alcanzada, gracias a la Constitución de 1991… Con tal fin, dispondremos de las acciones necesarias tendientes a su fortalecimiento y consolidación como ente integrador y articulador de la región”. 

Auguramos, entonces, los mejores tiempos para la causa autonomista en el país, en la que la región Caribe ha estado siempre a la vanguardia, seguiremos luchando sin tregua por ella con tesón y denuedo.

Como bien dijo Nelson Mandela, después de escalar una gran colina, uno se percata de que aún hay muchas colinas por escalar. Juntos, unidos somos más y más fuertes para enfrentar con éxito el leviatán del centralismo para dejar de ser, como diría nuestro laureado con el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, alfil sin albedrío del mismo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El presidente Petro gana aplausos y reconocimientos del activismo de los ‘fundambientalistas’ del orbe, pero se sitúa, como diría el mexicano premio Nobel de la Literatura Octavio Paz, “a las afueras de la realidad”, por lo menos de la de Colombia.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La reiteración por parte del presidente Gustavo Petro en el seno de la COP28 de que “Colombia dejó de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas”, no deja de causar desconcierto.

Del desconcierto se pasó a la perplejidad después de la adhesión de Colombia al Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, lo cual implica, según lo remarcó el propio presidente Petro, “cero exploración nueva” y “cero proyectos de explotación nueva en el mundo”. Utilizó un neologismo para significar que con esta decisión se estaría evitando un “omnicidio” en el planeta tierra.

Esto es supremamente grave, porque con tal decisión estaríamos dando un salto al vacío, con consecuencias catastróficas para el país. Y ello, mientras el resto del mundo, a contrapelo de lo que plantea y se propone Petro, aumenta la producción y el consumo de petróleo y sus derivados.

Según la Agencia internacional de energía (AIE), en los próximos 5 años la demanda de crudo en el mundo se incrementará en 5.8 millones de barriles por día (MMBPD) y solo a partir del 2030 se empezará a aplanar la curva de demanda.

Entre tanto, el presidente de PETROBRAS Jean-Paul Prates anuncia que Brasil pasará de producir 3 MMBPD a 5.4 MMBPD hacia el 2028. Por su parte Guyana se apresta a salir al ruedo con una producción nueva de petróleo de 1 MMBPD. Y Venezuela no quiere quedarse atrás, Nicolás Maduro se muestra dispuesto a dejarse torcer el brazo de Biden, con tal de que le levante las sanciones y PDVSA salga de la Lista Clinton, con tal de volver a aquellos tiempos en los que producía más de 3 MMMBPD. En ello, Maduro no tiene escrúpulos ideológicos ni reparos ambientalistas.

Así las cosas, el discurso en Dubai, así como la firma del tal Tratado, al cual además de Colombia solo se han adherido, según el registro de prensa “varios archipiélagos-Estado del océano Pacifico, Asia y el Caribe como Tuvalu, Timor-Leste, Antigua y Barbuda, Fiji y Vanuatu, ninguno de los cuales depende tanto como depende Colombia de la actividad petrolera, gana aplausos y reconocimientos del activismo de los fundambientalistas del orbe, pero se sitúa, como diría el mexicano premio Nobel de la Literatura Octavio Paz, “a las afueras de la realidad”, por lo menos de la de Colombia.

Tanto el anuncio de no más firma de contratos de exploración y explotación petrolera y ahora la renuncia a la actividad petrolera, no se compadecen con los términos de la Declaración firmada por los presidentes Gustavo Petro y Nicolas Maduro en el cual se dice, palabras más palabras menos que “es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo”. Tanto más en cuanto que para que ello sea posible es menester firmar allá los contratos de exploración y explotación que se niega a firmar en el territorio nacional.

En momentos en los que se discutía esta posibilidad, que está supeditada entre otras cosas a la posibilidad de que PDVSA salga de la Lista Clinton y se plantean reparos a tal iniciativa por no ser confiable la contraparte, dado sus antecedentes, así como sobre su viabilidad técnica, cuando, de pronto, se conoce el anuncio por parte del presidente de PETROBRAS, Paul Prates, en una entrevista con la agencia de noticias EFE, en el sentido de que están trabajando “en un plan de desarrollo de esas reservas para atender el mercado de Colombia y, eventualmente, si nos juntamos con empresas que también tienen reservas en la región, montar una planta para licuar ese gas natural y poder exportarlo a donde queremos”. Con ello, según la fuente, Colombia, no sólo recuperaría su capacidad de autoabastecerse sino que podría convertirse “en un jugador clave en la exportación de gas”.

Según sus cálculos, en el área que comparte con ECOPETROL, su socio, se calculan reservas del orden de 4 TPC de gas, el doble de las reservas probadas remanentes con las que cuenta actualmente el país, que están alrededor de 2.8 TPC. Y esto va en serio, toda vez que según aseguró el presidente de PETROBRAS, esta contempla en su Plan Estratégico 2024 – 2028, que prevé inversiones por US $102.000 millones, se apropiaron US $1.300 millones a operaciones en otros países entre los cuales está Colombia.

Como lo acotó el presidente de la Fundación Xua Energy y ex director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, Julio César Vera, “para el país es una excelente noticia la posibilidad que se puede desarrollar un área frontera, como lo es el off shore, con un potencial tan importante en materia de gas, que no solo permitirá inicialmente duplicar las reservas actuales que aportarían a la seguridad y soberanía energética del país, sino además con un potencial exportador que aporte divisas y recursos importantes”.

Por lo demás, en los último años han tenido lugar unos hallazgos off shore muy importantes en el Caribe, destacándose entre ellos los campos de Uchuva, Gorgón y Orca, este último en etapa de delimitación y cuantificación de sus reservas, hasta ahora contingentes, para lo cual se avanza en el alistamiento de la perforación de varios pozos por parte de ECOPETROL.

Así las cosas, nos atrevemos a plantear que no se debe descartar de plano ninguna opción, todas deben considerar su viabilidad, oportunidad y conveniencia, desde la perspectiva del corto, mediano y largo plazo, teniendo como premisa fundamental la seguridad y la soberanía energética.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La alternativa de importarlo desde Venezuela, a mi juicio, no es viable a corto plazo, puesto que no se dispone de la infraestructura necesaria para transportarlo desde el oriente venezolano para empalmar con el desvencijado gasoducto Antonio Ricaurte.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

El pasado 18 de noviembre los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Nicolás Maduro de Venezuela suscribieron una declaración en la cual se plantea “un principio de verdadera integración energética entre los dos países” la cual “se puede ampliar a Panamá, a Ecuador, a Brasil”. Y se añade que “sin temor, vamos a dar los pasos de una verdadera integración energética entre los dos países. De doble vía… Así se va a asegurar en ambas vías, energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia”.

Se plantea, además, la probabilidad de “queEcopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo”. Este último ha sido el asunto más controvertido de la declaración.

Lo primero que tenemos que decir es que celebramos la reanudación de las relaciones entre Colombia y Venezuela después de su ruptura el 23 de febrero de 2019, lo cual repercutió en una caída dramática de las exportaciones de Colombia hacia el hermano país y viceversa. En este contexto cobra importancia la integración energética entre los dos países y ese es el espíritu de esta declaración.

Hoy Colombia no cuenta con excedentes de electricidad para venderle a Venezuela, pero a futuro, cuando entren en operación los parques eólicos en La Guajira, habría la posibilidad de hacerlo, para lo cual se requiere rehabilitar la abandonada línea de interconexión entre la Subestación de Cuestecitas en La Guajira y la Subestación Raúl Leoni en el Estado Zulia (Venezuela), lo cual permitirá “transmitir energía eléctrica hacia el occidente de Venezuela” y hacia un futuro, más remoto, cuando Venezuela cuente con excedentes de energía y se llegar a necesitar en Colombia poder contar con ese respaldo. Yo diría que para luego es tarde para que se acometa la ejecución conjunta de este proyecto.

En cuanto a los hidrocarburos, como es bien sabido Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo con 302.810 millones de barriles y 197 terapiés cúbicos (TPC) de gas, ocupando el quinto lugar en el mundo por el volumen de sus reservas. Pese a ello, debido a su desatinada política petrolera de las últimas dos décadas, pasó de producir más de 4 millones de barriles de crudo al día a los 810.000 que produce actualmente.  

La situación de la estatal petrolera PDVSA se ha visto agravada por las sanciones decretadas por el gobierno de EEUU a Venezuela, pues al estar incluida en la lista Clinton ello limita su operación comercial y de contera, la deuda que ha venido contrayendo el gobierno de Maduro con China se paga con petróleo, lo cual reduce ostensiblemente su flujo de caja, lo cual limita sus inversiones y su operación.

Recientemente, el presidente Biden flexibilizó temporalmente dichas sanciones en respuesta e incentivo a un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la oposición para la realización de elecciones democráticas en Venezuela en 2024. Ello ha dado lugar a una apertura para la inversión extranjera en el sector de los hidrocarburos que está ávido de su reactivación. Ello le da un aire a PDVSA, que saldría de la lista Clinton, como ya salió la empresa Monómeros.

En este contexto, consideramos que Colombia y particularmente ECOPETROL tienen en esta apertura una ventana de oportunidad que no se debe descartar hacia el futuro. Como es obvio, para volverse socia de PDVSA ECOPETROL deberá firmar un contrato vinculante para las partes. Se le critica al Gobierno su incoherencia, pues al tiempoque insiste tercamente en su posición de no firmar nuevos contratos en Colombia sí estaría dispuesto a firmarlo allá.

De asociarse ECOPETROL con PDVSA, habría que hacer la salvedad de que ello no deberá darse en detrimento de la inversión de la estatal petrolera colombiana en el que debe ser el core de su negocio, que es la exploración, explotación y refinación de hidrocarburos en el país, que debe seguir siendo su primera prioridad, tal como lo contempla la Estrategia 2040, recientemente ratificada por su Junta Directiva, la cual, como lo anunció el presidente de la empresa Ricardo Roa, “se va a mantener firme”.

Huelga decir que dado los precedentes de incumplimiento de sus compromisos para con Colombia por parte de Venezuela, como ocurrió con la entrega de gas natural a través del desastrado Gasoducto Antonio Ricaurte, a partir del 2015 en reciprocidad con el que le entregó nuestro país entre los años 2008 al 2014, en este caso hay que ser precavidos y cautelosos para no poner en riesgo la seguridad y sobre todo la soberanía energética del país, ahora que se vuelve a hablar de la posible importación de gas desde Venezuela.

Al respecto tenemos serios reparos. Es evidente que, debido a la declinación de los principales campos en explotación en La Guajira y en los Llanos Orientales, Colombia acusa un déficit en el suministro de gas, sobre todo en coyunturas como la actual, que debido al fenómeno de El Niño se impone la necesidad de una mayor generación de energía térmica, cuya demanda de gas representa el 30%, aproximadamente. Ello ha obligado a importar entre los meses de octubre y noviembre 204 MMPCD, un 17% de la demanda. Para ello se cuenta con la regasificadora de El Cayao en Cartagena.

No obstante, la alternativa de importarlo desde Venezuela, a mi juicio, no es viable a corto plazo, puesto que no se dispone de la infraestructura necesaria para transportarlo desde el oriente venezolano para empalmar con el desvencijado gasoducto Antonio Ricaurte, el cual amerita cuantiosas inversiones para su rehabilitación, amén de que el gas de Venezuela no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la normatividad. Y a mediano plazo Colombia dispondrá de las reservas ya descubiertas costa afuera en el Caribe, las cuales se estarían desarrollando a más tardar en 2 años, siendo esta la mayor apuesta por parte de ECOPETROL en este momento.  

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.