Comprarle gas a Maduro es alimentar la dictadura

Presidente Petro, el gas de Maduro no beneficia a Colombia. Es imperativo firmar más contratos de exploración, garantizar la seguridad energética del país y una Transición Energética responsable.

Por: JUAN ESPINAL*

En Colombia, 37 millones de compatriotas dependemos del gas que producimos. A pesar de que nuestro país no se destaca como un gran productor de hidrocarburos, esta industria representa una fuente vital para nuestro Producto Interno Bruto (PIB), con Ecopetrol contribuyendo en un 9%.

Durante el 7 y 8 de marzo se llevó a cabo el Congreso Nacional «Colombia Genera», organizado por la ANDI. Este evento sirvió como plataforma de diálogo sobre los desafíos del sector minero energético, destacando la relevancia creciente del gas natural como pilar esencial para la transición energética y para el bienestar de la población.

La agenda pública actual refleja una profunda inquietud debido a la falta de una hoja de ruta clara para una Transición Energética justa por parte del Gobierno del cambio.

Los avances logrados en administraciones previas parecen haber sido relegados a un segundo plano, prevaleciendo la improvisación y el debilitamiento del sector energético a través de decretos como el 044/24, la propuesta de creación de la Empresa Estatal Ecominerales, el borrador de las leyes Minera y de Servicios Públicos, la suspensión de nuevos contratos de exploración y el incremento del 1% al 6% en las transferencias para proyectos de energías renovables no convencionales.

Esas medidas han generado efectos adversos y una percepción de inseguridad jurídica, llevando a la suspensión de proyectos como el parque eólico Windpeshi de ENEL en La Guajira, y a que empresas como Celsia consideren trasladar sus inversiones a Perú.

Lo que resulta evidente es la decisión del presidente Petro de comprar gas al dictador Maduro, orientando la política energética hacia la reducción de la producción nacional para favorecer las importaciones desde Venezuela. Esta estrategia no parece responder a un interés estratégico para nuestro país, ya que podría quintuplicar los costos del consumo de gas para más de 37 millones de usuarios, especialmente en los estratos 1, 2 y 3.

Recientemente, Ecopetrol informó sobre un déficit del 16% en el suministro de gas para finales de año, un recurso vital para la economía del país y para 11 millones de hogares.

La prioridad gubernamental debería ser asegurar el abastecimiento; sin embargo, observamos una tendencia hacia la dependencia energética del régimen chavista, lo cual es preocupante, especialmente ante la posibilidad de incumplimientos por parte de Maduro, como se ha visto en el Pacto de Barbados con Estados Unidos, al no permitir elecciones libres y democráticas.

Ante esta incertidumbre, es fundamental insistir en la necesidad de incrementar la producción de gas en Colombia, promover proyectos offshore y urgir a la UPME y al Ministerio de Minas y Energía a presentar un plan de abastecimiento de manera inmediata.

La disminución de la oferta de gas en el país tendría consecuencias severas para los ciudadanos, quienes podrían verse obligados a recurrir al carbón o a la leña para subsistir.

Presidente Petro, el gas de Maduro no beneficia a Colombia. Es imperativo firmar más contratos de exploración, garantizar la seguridad energética del país y una Transición Energética responsable.

*Representante de la Cámara.

Y de la confiabilidad eléctrica, ¿qué?

La confiabilidad eléctrica hace referencia a la posibilidad de contar con energía eléctrica 24 horas al día, 7 días a la semana, como ha pasado en los últimos 30 años, un lujo que no todos los países tienen. Por poner solo un ejemplo, Ecuador terminó el 2023 con apagones de hasta 4 horas diarias.

Por: NATALIA GUTIÉRREZ JARAMILLO*

En Colombia damos por hecho que siempre tenemos energía eléctrica, o “luz” como es conocida comúnmente. Energía para cargar el celular, prender las luces, cocinar y refrigerar nuestros alimentos, entre muchas otras opciones. Esto es posible gracias a las reglas de juego con las cuales el sector eléctrico ha funcionado en las últimas tres décadas, desde el apagón de 1992-1993.

A raíz de ese apagón se expidieron las leyes 142 y 143 de 1994, las cuales permitieron rediseñar el mercado y el funcionamiento del sector para que no solo fuera el Estado el encargado de operarlo. Desde allí, entraron los privados a participar en la cadena de prestación del servicio y, de la mano de los diferentes Gobiernos, sin tener en cuenta la ideología política, se ha trabajado con resultados exitosos para que los colombianos tengan energía eléctrica continua.

La energía eléctrica se ha generado, principalmente, a partir del agua (hidroelectricidad) y de combustibles como gas, carbón y líquidos (térmica). Desde hace unos años le hemos dado la bienvenida a otro tipo de fuentes como la solar (a partir del sol) y la eólica (a partir del viento). Y las empresas de Acolgen son las que están haciendo las principales apuestas en este proceso. Pero, no podemos perder de vista la importancia de seguir contando con las demás tecnologías, esas que nos han brindado confiabilidad en los últimos años y que también tienen atributos clave para el sistema.

Un estudio financiado por Acolgen, pero realizado de manera independiente por la Universidad Nacional con información pública, señala que en Colombia no se puede pensar en un sistema que crezca únicamente con energía solar; es necesario complementar y diversificar la matriz de generación eléctrica y para eso se requieren señales de inversión claras.

Así pues, insistimos en que es fundamental valorar lo que hemos construido hasta la fecha, donde la confiabilidad ha sido el pilar sobre el cual hemos logrado ser exitosos.

A futuro tendremos que seguir trabajando para que nuestra matriz no solamente sea confiable, sino que tenga complementariedad eficiente entre las tecnologías que la componen, reconociendo los aportes de cada una al adecuado funcionamiento del sector en Colombia.

¡Sin confiabilidad eléctrica no hay transición energética!

*Presidente de Acolgen

Vísperas de mucho y día de nada

Hasta ahora, que se sepa, la Superintendencia de Servicios Públicos no ha sancionado a la primera empresa por prácticas de abuso de posición dominante, si ha habido lugar a ello.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

La convocatoria de una Cumbre en el Palacio de Nariño con la bancada parlamentaria y de los gobernadores de la región Caribe, presidida por el presidente de la República, para abocar el espinoso tema de las desmesuradas alzas de las tarifas de energía despertó mucha expectativa.

La misma estuvo precedida de un anuncio de un paro legislativo en el evento de que el Gobierno Nacional no les prestara atención.

Al término de la reunión dijo que había propuesto “tres grandes acciones”, la principal de ellas el “cambio de la fórmula tarifaria en la CREG”, porque, a su juicio “la tarifa de generación debe reflejar precios de libre competencia y no de monopolio”.

A este respecto acotó el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho sobre “la necesidad de actuar colectivamente para resolver un modelo estructural que durante décadas ha venido cargando el peso de los costos de la energía en las facturas de la gente”. Y ello, porque según él “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años”.

Desde el 24 Congreso de ANDESCO, en septiembre de 2022 en Cartagena, en su discurso de clausura, el presidente Gustavo Petro viene planteando su intención de cambiar la fórmula tarifaria y hasta ahora, 18 meses después seguimos sin que se revele cuál es la propuesta. El desconcierto de los convocados fue total, pues esperaban respuestas concretas a la exasperación de los usuarios del servicio que ven cómo mes a mes se les incrementa el valor de la factura y no fue así.

Hasta ahora, que se sepa, la Superintendencia de Servicios Públicos no ha sancionado a la primera empresa por prácticas de abuso de posición dominante, si ha habido lugar a ello. Luego, no se entiende el alcance de su afirmación cuando tácitamente le atribuye las alzas tarifarias al hecho de que la “tarifa de generación” debe reflejar “precios de libre competencia y no de monopolio”.

Tampoco es inteligible la afirmación del Ministro cuando afirmó que “hay consenso sobre la necesidad de actuar colectivamente para resolver un modelo estructural que durante décadas ha venido cargando el peso de los costos de la energía en las facturas de la gente”.

Porque hasta donde sabemos el presidente Petro no se ha retractado de lo dicho en su discurso pronunciado tras su elección, en el sentido de que “vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque se trata primero de superar la premodernidad en Colombia”.

Este es un verdadero galimatías, pues esas son las reglas del capitalismo, tal como lo establece la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, la misma que dicen abominar, inexorablemente se tendrán que seguir “cargando el peso de los costos (eficientes) de la energía en las facturas”. No hay otra alternativa.

En mi concepto, sin perjuicio de los cambios que requiere la formación del precio en Bolsa de la energía, para evitar distorsiones y malas prácticas por parte de los generadores, mientras no se destraben y acelere la ejecución de los proyectos de generación y transmisión, que están súper atrasados.

A guisa de ejemplo, de los 6.608 MW nuevos de expansión de la capacidad instalada de generación que han debido entrar en 2023 sólo lo hicieron 1.141 MW, el 17%.

Y de contera, también se registran atrasos considerables en la ejecución de los proyectos de transmisión de energía, los cuales han abocado a la región Caribe, como lo ha afirmado la firma XM, que opera el sistema interconectado nacional (SIN), a tener “demanda no atendida”, que es el eufemismo usado para no hablar de racionamiento.

Y mientras tanto, la demanda, que viene creciendo a un ritmo endiablado de 7,8%, de 224.5 GWHD supera la oferta de energía en firme (OEF), en promedio, de solo 221,8, con un margen de maniobra que no supera el 10%, lo cual redundará en que el SIN seguirá estresado y presionando al alza el precio en Bolsa y por consiguiente las tarifas de energía.

Lo más grave es que mientras tanto en la CREG está devuelta la interinidad a la cual ya nos tiene acostumbrados, sin quorum para tomar decisiones, por la terquedad de no nombrar en propiedad 5 de los 6 expertos comisionados, como se lo ha solicitado reiteradamente la Procuraduría y se lo ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Hasta la Corte Constitucional debió terciar, pronunciándose a raíz de la demanda incoada ante la misma pretendiendo que los expertos comisionados pudieran ser removidos sin fórmula juicio por parte del Presidente de la República.

En su fallo, la Sala plena declaró constitucional el literal d) del artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, que fija en cuatro años el período de los expertos de la CREG es constitucional. ¿Qué más hace falta para que se provean dichos cargos como lo manda la Ley y la Constitución?

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El sector minero energético está en jaque

El sector minero energético colombiano genera 500 mil empleos directos y es responsable del 54% de las exportaciones, además de contribuir significativamente al Sistema General de Regalías.

Por: JUAN ESPINAL*

El gobierno del presidente Petro se ha posicionado como un firme opositor al sector minero energético. Ante este escenario, surge una pregunta crucial para el gobierno del cambio: ¿Cómo planea reemplazar los recursos que dependen de esta actividad?

Es fundamental recordarle al Gobierno sobre la importancia económica de este sector: En 2023 el pago de regalías alcanzó los $9.2 billones; la inversión extranjera directa en 2022 fue de USD $1.590 millones, cifra que se superó en el primer semestre de 2023 con USD $2.804 millones; el PIB minero en 2022 fue de $47,4 billones y en el primer semestre de 2023, de $20,4 billones. Los aportes en impuestos, regalías y otras contribuciones en 2022 ascendieron a $20,5 billones, y se estiman en $18,3 billones para 2023. Según el DNP, existen 1.337 entidades elegibles para acceder a estos recursos, incluyendo 873 municipios, los 32 departamentos, el Distrito Capital y 431 entidades como universidades y CAR, entre otras.

El 30 de enero se publicó el Decreto 044 de 2024, el cual representa una amenaza directa para el sector minero energético, al buscar declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal, bajo el principio de colaboración armónica con las entidades del sector.

La justificación del Decreto, según la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se basa en el cumplimiento de la sentencia 2013-02459-01 del Consejo de Estado. Sin embargo, un análisis detallado revela una extralimitación en las líneas estratégicas, evidenciando el carácter extremista de la política ambiental del actual gobierno, además de un sesgo ideológico, especialmente considerando que la demanda originaria de la sentencia fue interpuesta por el senador petrista Iván Cepeda.

Es preocupante la selectividad en el diálogo del Gobierno y su aparente indiferencia. Durante la consulta pública del decreto se presentaron 400 comentarios de más de 120 actores, incluyendo 60 pequeños mineros y trabajadores del sector, cuyas voces fueron ignoradas por el Ministerio de Ambiente.

La pasividad del Ministerio de Minas y Energía es notable, dando la impresión de que Susana Muhamad actúa como súper ministra. Las preocupaciones del sector, expresadas por gremios como la ACM y la APMC, parecen haber sido desoídas por el gobierno nacional, lo que plantea serias inquietudes respecto al decreto.

Ante esta situación, la justicia parece ser el último recurso, la cual, afortunadamente, ha demostrado estar por encima de las intenciones del presidente, defendiendo las instituciones y los intereses de los colombianos. Sin embargo, es crucial que el sector minero energético se movilice, apoyando marchas ciudadanas como herramienta de presión y defensa de su actividad productiva. No podemos permitir que este sector, clave para la Transición Energética del país, sea socavado por ideologías de extrema izquierda.

Esperemos que nuestros empresarios no repitan el error de sus homólogos venezolanos, quienes, enfrentados a elegir entre negocio y patria, perdieron ambos.

La firmeza de los empresarios en defender sus empresas y colaboradores es esencial. El 6 de marzo, su presencia en las calles será determinante para defender esta Patria, el empleo y los logros alcanzados durante años.

*Representante de la Cámara.

De vuelta la interinidad de la CREG

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha venido dando tumbos, zarandeada por decisiones desatinadas que han venido prolongando su interinidad y entorpeciendo su normal funcionamiento. 

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Como se recordará, el presidente Petro intentó, sin éxito, hacerse a las competencias propias de la CREG mediante la expedición del Decreto 227 del 16 de febrero de 2023, a lo cual se interpuso el Consejo de Estado dejándolo sin efecto, a través de un fallo en respuesta a la demanda del mismo. 

Se procedió, entonces, a designar los expertos comisionados ante las vacantes que generó la decisión del Consejo de Estado al declarar la nulidad del nombramiento de varios de ellos por parte del presidente Duque.

Pero dichos nombramientos no lo fueron en propiedad sino en calidad de encargados, a contrapelo de lo dispuesto por la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, que les establece un periodo fijo de 4 años, para así garantizar la independencia administrativa que le atribuye a la CREG el artículo 69 de la misma. 

Esta interinidad de la CREG llegó al extremo de tornarla inoperante, al punto que el 5 de octubre de 2023, al vencerse los términos de los expertos comisionados encargados, se quedó sin quorum para decidir, conduciendo inexorablemente a un apagón regulatorio. 

Tuvo que intervenir la procuradora General Margarita Cabello, quien mediante Oficio 678 del 10 de octubre pasado, le requirió al ministro de Minas y Energía Andrés Camacho proveer las plazas de los expertos comisionados, el cual tuvo por respuesta el nombramiento de 4 de los 6 expertos comisionados, pero solo uno de ellos (Omar Fredy Prías) en propiedad. 

Tan anómala situación llevó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 25 de enero de 2024 a ordenarle al presidente Petro que “dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia se realicen las acciones y gestiones necesarias para integrar la CREG con 6 expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el presidente de la República para períodos de 4 años”.

A pocos días de cumplirse el plazo perentorio establecido por el Tribunal de Cundinamarca para el cumplimiento de su sentencia, en lugar de su cumplimiento el Gobierno la recurrió ante el Consejo de Estado. Entre tanto,

se les venció el encargo de los tres comisionados designados en tal calidad, sin abandonar su vinculación laboral con la UPME y con el Despacho del Ministro (José Medardo Prieto, Antonio Jiménez y Manuel Peña Suárez) volvió a quedar la CREG en interinidad y sin quorum para tomar decisiones, ya que para ello se requiere contar con al menos 4 de los 6 expertos comisionados que la integran. Y ello, en momentos de alta tensión del sector eléctrico por cuenta de la severidad del fenómeno de El Niño que ha venido afectando los embalses de las hidroeléctricas cuyo agregado a la fecha está en un 46,7% y el crecimiento de la demanda de energía registra un preocupante 7,8%.

Esto es inaudito y es una pésima señal a los agentes de la cadena del Sistema, cuando más se requiere inspirarles confianza y garantizarles mayor seguridad jurídica, que se ha visto conturbada en estos días por la propuesta contemplada en el anunciado proyecto de ley que presentará el Gobierno para reformar la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, mediante el cual se le atribuirían al presidente de la República las funciones y competencias que hoy están en cabeza de la CREG y de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA).

En el artículo 40 del borrador del proyecto se propone un cambio drástico en materia regulatoria, al establecer que “la regulación de los servicios públicos estará a cargo del presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente, según lo estipulado en el artículo 68 de la presente ley o delegarla en las comisiones de regulación”.

Y para que no quede duda sobre las intenciones del Gobierno, se prevé en el artículo 131 que las funciones delegadas en la CREG podrán ser ejercidas si y sólo sí el presidente de la República así lo dispone, “de lo contrario, dichas funciones deberán ser ejercidas directamente por el presidente”. Más claro no canta un gallo.

Su sólo anuncio ha causado escozor y está minando la confianza entre los inversionistas por los temores a los cambios en volandas de las reglas de juego que han regido con éxito la prestación de los servicios públicos domiciliarios, ininterrumpidamente, durante tres décadas.

Y de contera, al pretender darle a la Superintendencia de Servicios Públicos poderes discrecionales y funciones jurisdiccionales, ello puede dar pábulo al abuso y a la arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones y competencias.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Recetando placebos

Foto de Aleksandr Popov en Unsplash.

En octubre de 2023 XM, la empresa que administra el mercado mayorista de energía, alertó sobre el riesgo del efecto dominó que podía derivar en una crisis sistémica que comprometiera la prestación del servicio, debido a la insolvencia que podían enfrentar 36 comercializadoras a consecuencia de la abultada deuda contraída por parte de sus usuarios por cuenta de la aplicación de la opción tarifaria que se aplicó a raíz de la pandemia, como alivio temporal, difiriendo las alzas tarifarias.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En su momento planteamos que así como las comercializadoras le aplicaban la opción tarifaria a sus usuarios otro tanto se debía permitir a las comercializadoras por parte de las generadoras para repartir la carga financiera que la misma comporta. Se habló entonces del riesgo de un apagón financiero.

Solo cuando una de ellas, Air- e, entró en crisis por su insolvencia y estuvo a punto de enfrentar una limitación de suministro que conduciría a su intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se pellizcó el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho y expidió una Resolución permitiendo diferir hasta el 20% de las obligaciones mensuales con los generadores, pero solo hasta el pasado 31 de diciembre.

Pero esta medida no pasaba de ser un placebo, no un remedio. Ante la insuficiencia de la medida se recetó por parte del Ministerio otro placebo, autorizando a FINDETER para que abriera una línea de crédito por un monto de $1 billón cuando la deuda por la opción tarifaria sobrepasaba los $5 billones, a la cual se vino a añadir la deuda del Gobierno por concepto de reconocimiento de los subsidios aplicados por las comercializadoras a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 que asciende a $1.5 billones más $1 billón que le adeudan los usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos, que sumados ascienden a $7.5 billones.

Hagamos una digresión a propósito de la morosidad de las entidades públicas para decir que, según reza el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019, “el incumplimiento por parte de cualquier entidad estatal de sus deberes como usuarios de servicios públicos, especialmente en lo relativo a la incorporación en los respectivos presupuestos de apropiaciones suficientes y al pago efectivo de los servicios utilizados, es causal de mala conducta para sus representantes legales y los funcionarios responsables, sancionable con destitución”.

Por su parte el entonces procurador General de la Nación Edgardo Maya expidió la Circular 048 del 11 de septiembre de 2008, con base en el artículo 12 de la Ley 142 de 1994, notificándoles a los alcaldes y gobernadores que el incumplimiento de dicha disposición es una “falta gravísima”. Huelga decir que las autoridades deben predicar con el ejemplo.

Ante el requerimiento de las empresas, el Congreso de la República, que en ese momento tramitaba el proyecto de presupuesto, aprobó ampliar el cupo de crédito en FINDETER hasta la concurrencia del valor total de la deuda por concepto de la opción tarifaria. Sin embargo, hasta el momento solo se han desembolsado $450.000 millones del billón inicialmente autorizado y más recientemente se autorizó ampliar el cupo de crédito en otro billón más.

Así, a cuentagotas es como vienen fluyendo los recursos del crédito con el que se busca solventar la angustiante situación que afrontan las comercializadoras. Ello ha llevado a las comercializadoras a poner nuevamente el grito en el cielo: “si no tenemos oxígeno (liquidez), las empresas se podrán ver en aprietos», exclamó el director ejecutivo de ASOCODIS José Camilo Manzur.

Y ello, en medio de los avatares, incertidumbres y la inclemencia de un fenómeno de El Niño fuerte, que está poniendo a prueba la fortaleza de todos los eslabones de la cadena del sistema eléctrico. Uno de ellos que falle y estaremos en problemas para sortear esta contingencia.

Y, como afirma el gerente general de Air-e Santiago Posso, “la línea de crédito desembolsada por Findeter ha brindado un alivio temporal por un corto plazo. Sin embargo, es evidente que se requieren medidas regulatorias más sólidas y una mayor disponibilidad financiera para afrontar esta situación a largo plazo en medio de un fenómeno de El Niño como el que atraviesa el país».

También se solicita por parte de ASOCODIS que, además del giro inmediato del pago pendiente del monto de los subsidios por parte del Ministerio de Hacienda,  se dé la pronta intervención de la Procuraduría, “para que tome acciones ejemplarizantes y disciplinarias contra las cabezas de las entidades estatales que tienen millonarias deudas por el no pago del servicio de energía eléctrica, pese a que por ley deben apropiar los respectivos recursos en sus presupuestos”.

Piden, además, que “se prorrogue la norma que permite diferir hasta el 20% de las obligaciones mensuales de pago por transacciones en el Mercado de Energía Mayorista, ya que perdió su vigencia el pasado 31 de diciembre”. Y, de contera, le urgen al Gobierno el giro de los subsidios en mora.

Hasta ahora el único paso que ha dado el Gobierno es la expedición por parte de la CREG de una Resolución autorizando a las comercializadoras para que empiecen, a partir de enero de 2024, en el transcurso de los próximos diez años, cobrar a los usuarios el monto adeudado por concepto de la opción tarifaria, que debe marchar concomitantemente con el acceso al financiamiento de las empresas comercializadoras, para evitar una crisis de insolvencia que les dificulte el flujo de caja.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

2024, una oportunidad

Los desafíos que se nos presentan en el sector eléctrico para este año son enormes. En primer lugar, estamos pasando por un Fenómeno de El Niño, es decir, un periodo de sequía que reduce significativamente las reservas de agua disponibles en los embalses para generar energía.

Por: NATALIA GUTIÉRREZ JARAMILLO*

En este momento, las reservas hídricas se encuentran en 57%, estando ligeramente por encima del mínimo de referencia, pero con una tendencia negativa, lo que lleva al mercado a un estado de alerta y de seguimiento para los meses que vienen.

En segundo lugar, la contratación de energía en firme para el futuro de todos los colombianos se verá en la próxima subasta de cargo por confiabilidad, que estará deteriorada por los constantes anuncios de implementar medidas intervencionistas al sector eléctrico, las cuales generan incertidumbre y cambian las condiciones para los inversionistas, los cuales han apostado por Colombia durante muchos años y han garantizado que los colombianos contemos con energía eléctrica constante en las últimas tres décadas, en una relación de confianza.

Estamos en el momento en que todavía podemos corregir el rumbo, pero trabajando de la mano empresas y gobierno, sin cargas ideológicas que nos dividen de objetivos comunes como la equidad, la confiabilidad y la eficiencia energética para todos los colombianos, en donde el usuario ha sido y seguirá siendo el centro de la conversación para poder continuar con el firme propósito de avanzar en una transición energética ordenada, equitativa y confiable.

Finalmente, no podemos perder de vista lo que está sucediendo en otros países, que ya están teniendo racionamientos diarios de cuatro horas. La lección que esta situación nos está dando es que no hay transición energética sin seguridad energética.

*Presidente de Acolgen

El Niño no es un juego

Ni el cambio climático es un cuento chino, como afirmó el inefable e inescrutable ex presidente de EEUU Donald Trump ni el Niño es un juego, como denominó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible Susana Muhamad, al anunciar el pasado 5 de octubre su fallida estrategia de atención y prevención de los incendios forestales, que proliferan en este momento en todo el país sin encontrar una respuesta eficaz por parte del Gobierno.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Para Donal Trump “el cambio climático es un invento que pretende proteger la naciente industria china, perjudicando la industria americana. Este fenómeno no está demostrado y no tiene un sustento real”.

No obstante, fue nada menos que la Agencia Nacional de Evaluación del Clima, la que en su Informe cuatrienal, avalado además por la Academia Nacional de Ciencias, del cual le hizo entrega, la que le salió al paso a semejante exabrupto y lo refutó. Para dicha Agencia “la evidencia del cambio climático abunda, desde lo más alto de la atmósfera hasta las profundidades de los océanos”.

El cambio climático, entonces, es una realidad incontrovertible y se ha convertido en uno de los principales issues de la política pública en todo el orbe, tendiente a enfrentarlo, contrarrestarlo y mitigar sus devastadores efectos.

Periódicamente se realizan las conferencias de las partes (COP), que organiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, por su sigla en inglés), para su monitoreo, evaluación y toma de decisiones, siendo la más importante de ellas la COP21, que le dio vida al Acuerdo de París, mediante el cual 196 países adquirieron el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), cuya acumulación en la atmósfera es la causante del aumento de la temperatura a nivel global, provocando fenómenos climáticos extremos.

Estos fenómenos extremos tienen tres características: la primera es que no son estacionales ni tienen periodicidad, razón por la cual son imprevisibles, es imposible preverlos, sólo se pueden pronosticar con algún grado de acierto y ello cuando la temperatura de los océanos, que constituyen el mayor disipador de calor del planeta, sube, lo cual es un indicio de su proximidad.

En segundo lugar, son cada vez más frecuentes y en tercer lugar son cada vez más intensos y duraderos y por lo tanto sus estragos son cada vez mayores. El más reciente fenómeno de La Niña duró, por primera vez en lo que va corrido de este siglo, tres años.

Pues bien, el pasado 4 de noviembre la ministra Muhamad declaró oficialmente el advenimiento del Fenómeno de El Niño luego de que el Instituto de Hidrología y Meteorología (IDEAM) “realizara seguimiento a la temperatura del océano Pacífico y establecer que durante cinco trimestres consecutivos se registraron valores superiores a 0,5º centígrados”.

Aunque nadie puede asegurar hasta cuándo se prolongue, se estima que puede extenderse hasta abril o junio, siendo los meses de febrero y marzo los más impactantes, cuando se sentirá con mayor intensidad.

La afectación del Fenómeno de El Niño en la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) no se puede subestimar, pues pondrá a prueba, una vez más, su solidez y resiliencia. Tanto más en cuanto que el 68% de la capacidad instalada de generación (19 GW) es de origen hídrico, lo que lo torna vulnerable frente a los embates de El Niño, con el agravante de que de los 23 embalses de los cuales se sirven las hidroeléctricas sólo uno de ellos, El Peñol de Guatapé posee una capacidad de regulación  mayor al año, las demás sólo soportan 4 meses.

Con el agregado del nivel actual de los embalses en el 60,6% el 23 de enero, 9,6 puntos porcentuales por debajo del nivel del pasado 31 de diciembre y con aportes hídricos de 79,48 gigavatios hora día, por debajo del 50% del volumen histórico que se registran actualmente, el SIN dependerá cada vez más del parque térmico, el cual a lo sumo puede satisfacer el 55% de la demanda.

Preocupa saber que los meses más críticos serán marzo y abril. Al paso que vamos las menores precipitaciones pueden conducir a limitar la capacidad de generación hasta los 100 GWHD, que al cotejarse con los 220GWHD que se consumen, la baja del nivel de los embalses es ineluctable, lo que obligaría a encender todas las alarmas ante el riesgo inminente de racionamiento.

El riesgo es mayor de ponerse en práctica la cuestionada Resolución CREG 701 028 de 2023, pues al establecer el tope de $532 el KWH induce a las hidroeléctricas a ofertar precios por debajo del mismo y al ser despachadas “gastan” la reserva de agua almacenada para enfrentar el recrudecimiento del Fenómeno de El Niño. Máxime cuando, debido al atraso en la ejecución de varios proyectos clave de generación la oferta de energía  (225 GWHD) está a ras con bola con la demanda (222 GWHD), con un margen de maniobra que no supera el 5%, al tiempo que esta última ha venido creciendo por encima del 6%, el doble de la proyección de la UPME en su Plan Energético 2050 para 2021 – 2035, entre 2,28% y 2,68%

Exhorto al Gobierno y en especial al Ministerio de Minas y Energía a dar señales que incentiven el ahorro y el uso eficiente de energía para no vernos abocados a un escenario catastrófico como lo sería un eventual racionamiento.

Recordemos que en 2015, ante los amagos de racionamiento, la exitosa campaña “apagar paga” ahorró un 5% en el consumo de energía.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Energías renovables en Colombia: Llamado urgente a la acción

En el complejo escenario de las energías renovables en Colombia, se vislumbran desafíos que requieren una atención inmediata. La situación actual del sector, vital para el progreso sostenible del país y la seguridad energética, se asemeja a una unidad de cuidados intensivos y su rehabilitación depende de una profunda revisión de la articulación institucional y la estabilidad jurídica y regulatoria para garantizar la entrada de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER).

Por: JUANITA HERNANDEZ VIDAL*

Colombia ha emprendido un camino hacia la integración de energías renovables desde la promulgación de la Ley 1715 de 2014 y su reglamentación. A pesar de las dificultades, casi 10 años después, la atracción de inversión en este sector sigue siendo notable.

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) celebra un hito significativo al encontrarse frente a una avalancha de solicitudes de asignación de capacidad de transporte. En octubre de 2023 se recibieron solicitudes de proyectos de generación con una capacidad impresionante de 89,5 GW para conectarse al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Este dato cobra mayor relevancia al considerar que, sumando todas las fuentes de generación de energía en Colombia, ya sean renovables o convencionales, la capacidad efectiva neta actual del país es de 19.888 MW, es decir, se recibieron solicitudes por un poco más de 4 veces la capacidad instalada neta de Colombia.

La persistencia del interés en tecnologías renovables, evidencia la decidida voluntad de los inversionistas y empresas de avanzar hacia fuentes más sostenibles y limpias. Recordemos que en marzo de 2023 la UPME asignó un total de 7.493 MW, de los cuales 5.774 MW son proyectos de energía solar y 1.238 MW a proyectos de generación eólica.

Si pudiéramos basarnos únicamente en cifras, nos encontraríamos con un panorama alentador. Sin embargo, la realidad es bastante distinta cuando analizamos los datos relacionados con los proyectos que finalmente logran materializarse y entrar en operación; así, la brecha entre las expectativas y la realidad operativa es innegable, evidenciada por el hecho de que hoy el país cuenta únicamente con 408 MW de capacidad efectiva neta de proyectos renovables en funcionamiento.

Este contraste entre las proyecciones entusiastas y la capacidad operativa actual definitivamente genera una dosis de incertidumbre y subraya la imperiosa necesidad de abordar desafíos específicos que impidan que la ambición por el crecimiento del sector de energías renovables en Colombia se quede en meras intenciones.

En este contexto, se destaca la necesidad de abordar las barreras que puedan estar afectando la implementación exitosa de estos proyectos, asegurando que el entusiasmo por las energías renovables se traduzca en beneficios tangibles para el país en términos de sostenibilidad, crecimiento económico y seguridad energética.

Desafíos en la gestión institucional

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), como ente clave en la planificación, expansión y seguimiento del sector energético, enfrenta un desafío considerable.

Si bien sus funciones estratégicas incluyen la planificación y expansión del sector, la estructuración de convocatorias públicas y el seguimiento de proyectos, ha asumido responsabilidades adicionales, como la gestión de incentivos tributarios y la asignación de puntos de conexión, entre otras funciones derivadas de la implementación de la política de transición energética iniciada hace casi 10 años. Este exceso de funciones, quizás más allá de su capacidad actual, ha llevado a la complicación de trámites que deberían ser abordados sin mucha complejidad.

Me refiero a cuestiones como los cambios de fecha de puesta en operación (FPO), asunto realmente insostenible e impresentable a la fecha por las significativas afectaciones que se han generado en materia de seguridad jurídica y confianza inversionista, procedimiento reglado por la Resolución CREG 075 de 2021, conforme a la cual, si el promotor acredita la ocurrencia de circunstancias ajenas a su gestión, acorde a las causales establecidas en la misma norma, debería la UPME conceder el cambio de FPO.

No obstante, este proceso que debería ser más técnico, en atención a la naturaleza jurídica de la UPME y el perfil de sus funcionarios, así como lo dispuesto en la misma norma sobre el hecho que le UPME debería analizar solo los criterios utilizados al momento de asignación de la capacidad de transporte (se insiste, temas técnicos), debemos señalar que, por el contrario, se ha convertido en una instancia casi litigiosa ante la UPME, en la que debe acompañarse cada solicitud de un acervo probatorio extenso, peritaje, interventoría, demostración del nexo causal, ocurrencia efectiva del atraso, etcétera, so pena de que la UPME no conceda dicha prórroga, en contravía y vulneración del derecho que le asiste al promotor al cambio de FPO por lo dispuesto en la regulación.

Este accionar subjetivo plantea interrogantes sobre la coherencia, economía y eficacia de la toma de decisiones por las autoridades públicas.

La existencia de factores externos asociados al desarrollo de proyectos, tales como circunstancias ambientales, comunitarias, prediales y de seguridad, no debería conducir a la incomprensión estatal.

Es evidente que el Estado debe reconocer la presencia de factores irresistibles e imprevisibles que pueden impactar el desarrollo de proyectos de energía renovable y negar de manera inflexible esta realidad puede resultar en la pérdida de oportunidades y la desaparición de proyectos con potencial significativo.

Entonces, es imperativo aplicar un enfoque pragmático para garantizar el éxito operativo de estos proyectos. El objetivo primordial no debería ser obstruir iniciativas y la ejecución de garantías de reserva de capacidad, sino colaborar activamente para superar los desafíos y asegurar la viabilidad operativa de los proyectos. Sorprende que, según cifras oficiales de la UPME, a la fecha se han ejecutado por parte de XM garantías de reserva de capacidad de transporte por un equivalente estimado a los 900 MW, de los que no cabe duda que algún porcentaje importante de estos proyectos se trataba de proyectos viables en estado de desarrollo, que no lograron que la UPME modificara la FPO.

Las cifras no son alentadoras y se espera que a diciembre de 2024 otro grupo de proyectos pierdan la capacidad asignada por lo ya expuesto, se les ejecuten las garantías y al final desistan tales empresas de la ejecución de proyectos por la altísima incertidumbre y ausencia de seguridad jurídica del sector.    

El desarrollo de la Energía Eólica Marina en Colombia

En medio de los desafíos que enfrenta el sector de energías renovables en Colombia, no hay una luz de esperanza tampoco sobre otras tecnologías.

Es el caso de la reciente publicación de los términos de referencia preliminares para la primera subasta de energía eólica marina del país.

Ha llamado la atención por parte de las empresas interesadas en dicho proceso el nivel de exigencia a nivel técnico y financiero para habilitarse y participar en el proceso competitivo, llegándose a señalar por los expertos que tan solo 4 empresas a nivel mundial estarían en capacidad de cumplir con los requisitos exigidos por el gobierno colombiano, empresas que quizá ni siquiera estén interesadas en participar por estar estratégicamente interesadas en otras regiones con menos desafíos.

Recordemos, a propósito de esta fuente de generación, que a inicios de 2022 se publicó la Hoja de Ruta del offshore wind en Colombia, en la que se destaca el potencial en el país estimado en 50 GW, pero al mismo tiempo se identifican los retos para su impulso, tales como: la necesaria expansión del sistema y construcción de líneas de transmisión, definición estatal de permisos ambientales, impactos y compensaciones, la coexistencia con otros usuarios del mar, el apalancamiento mediante mecanismos de subasta y PPAs a mayor largo plazo, entre muchos otros interrogantes.

El camino a seguir: Un cambio en el rol del Estado

La percepción de que el Estado se convierte en un obstáculo para las empresas y sus proyectos de energía renovable está generando consecuencias negativas y quizá irreversibles para el país.

La salida de inversionistas que han invertido importantes sumas durante más de una década en Colombia, apostando por la transición energética, no solo afecta la generación de empleo, sino que también impacta directamente en el suministro de energía, la diversificación y la tarifa a los usuarios finales, por ausencia de competencia en el sector.

Así, el crecimiento de la demanda por encima de la expansión de proyectos de generación y transmisión plantea un desafío significativo. La situación exige una reconsideración profunda del papel del Estado en la generación de energía en Colombia.

Probablemente, la transición de un modelo de libre entrada a uno en el que el Estado asuma obligaciones y responsabilidades podría ser una solución.

Cuando el Estado tiene compromisos adquiridos, la evaluación de circunstancias y la toma de decisiones pueden adoptar perspectivas más realistas y comprometidas con la transición energética.

En resumen, las energías renovables en Colombia requieren una intervención inmediata y decidida. La colaboración entre entidades, la comprensión de la realidad del desarrollo de proyectos y un cambio en el rol del Estado son imperativos para asegurar un futuro sostenible y próspero en el sector de las energías renovables.

La inacción podría tener consecuencias significativas no solo para el sector energético sino para el desarrollo económico y social del país en su conjunto.

Estos proyectos, en conjunto, representan una oportunidad única para Colombia, no solo en términos de capacidad energética adicional sino también en la creación de empleo, el impulso económico y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, este entusiasmo también destaca la necesidad de una gestión eficiente por parte del Ministerio de Minas y Energía, la UPME, la CREG, la ANLA y demás autoridades nacionales y territoriales, siendo la colaboración entre entidades, así como la comprensión de la realidad del desarrollo de proyectos, cruciales para asegurar un futuro sostenible en el sector de las energías renovables.

*Managing Partner de ELH. Abogada con más de 15 años de experiencia en el sector energético, inversión extranjera, elaboración y negociación de Power Purchase Agreements, estructuración de proyectos, Due Diligence, Project Finance y derecho de los negocios.

Las tarifas de energía al alza

La mayoría de colombianos podría estar pagando alrededor de 2,4 billones de pesos más en sus facturas de energía entre enero y abril del 2024, en caso de materializarse el proyecto de resolución de la CREG.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) levantó una polvareda con la expedición el 18 de diciembre pasado, para comentarios hasta el 15 de enero, de la Resolución 701 028, mediante la cual “se adoptan reglas transitorias en el precio de bolsa del Mercado de Energía Mayorista durante el período del Fenómeno de El Niño”, asumiendo que este se prolongará hasta abril, cuando según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) se podría prolongar hasta el mes de junio.

Según el ministro Camacho, “ninguna de las medidas tomadas va a afectar negativamente las tarifas de energía. Nosotros venimos, desde que arrancó el Gobierno, con el propósito de bajar las tarifas de energía y todas las medidas que estamos tomando buscan cumplir ese propósito”. Y añadió, “la medida que se está adoptando tiene unas condiciones que buscan aplicar en uno de los segmentos de la cadena que es la generación”.

Él está pensando con el deseo. El quid del asunto está en que la adopción de tales condiciones “que busca aplicar en uno de los segmentos de la cadena”, terminan por afectar a los otros segmentos de la misma cadena y al final no sólo puede hacer nugatorio lo que se propone sino que lo puede tornar contraproducente. Y este es el caso.

De aplicarse la disposición prevista en esta Resolución que le establece un techo al precio en Bolsa, este sólo impacta, en promedio, al 20% de la energía transada, lo cual limita su efecto, traduciéndose en una reducción en uno de los cargos de la fórmula tarifaria, el de la generación (G), que podría representar una baja entre $60 y $100 el KWH.

Pero, concomitantemente, como lo afirma el director Ejecutivo de Óptima Consultores Alejandro Lucio, “la resolución de intervención pone a cargo de la demanda, a través del componente de restricciones, el diferencial entre el costo de la generación térmica y el nuevo precio de bolsa intervenido”. Ello se traducirá en un incremento en la tarifa al usuario final de $350 por KWH, aproximadamente, a través del cargo por restricciones (R) de la fórmula tarifaria. Si descontamos de este la disminución en el cargo por generación (G), el saldo neto en contra del usuario un incremento entre el 25% y el 30% en su factura de electricidad.

Por lo demás, como lo acota Lucio, la cifra de $530 por KWH, que sale del magín de la CREG, es “un valor completamente arbitrario. En esencia, se les limita su margen (a las hídricas), pero no se les acaba. Percibir ese valor puede ser un costo de oportunidad, pero no dejan de percibir rentas interesantes cuando venden su energía”.

Y para rematar, “además, y acá está la paradoja, se les está techando el precio que deben pagar por aquella generación que no puedan producir, justo cuando no la van a producir. Al final se les hace un favor” al generador hídrico a expensas de los usuarios, que es al que, según el ministro Camacho, se busca proteger de los abusos de posición dominante en que incurran los generadores.

A todas las críticas que desde distintos flancos le han llovido a la Resolución de marras, el ministro Camacho se ha limitado a afirmar, pero sin ningún sustento técnico, que “los impactos que esto pueda tener en otros segmentos, como en las restricciones o en la comercialización y distribución, los estamos evaluando y tomando medidas para cumplir el propósito de bajar tarifas”. Y repite la cantinela  de que “todas las medidas están orientadas a bajar las tarifas y tener costos eficientes y justos para la gente”.

Pero los hechos son tozudos, como lo sostiene la directora Ejecutiva de ASOENERGÍA Sandra Fonseca: “La gran mayoría de colombianos podrían estar pagando alrededor de 2,4 billones de pesos más en sus facturas de energía entre enero y abril del 2024 en caso de materializarse el proyecto de resolución”.

De aplicarse tal cual como está proyectada, la medida agudizaría la tendencia inercial al alza de la tarifa de energía y de paso acarreará, como lo sostiene el experto Alejandro Lucio, “mayores costos por confiabilidad, asumiendo que esos requerimientos de firmeza se consigan completar en la próxima subasta de cargo por confiabilidad (si es que ante esta intervención algún inversionista de un proyecto térmico se anima a participar en la misma) o en el peor de los casos, un no muy lejano déficit de energía firme que en el próxima sequía, y por qué no en la que estamos viviendo, nos lleve al apagón”.

Esta alza en la tarifa de energía se vendría a añadir a la que se derivará del cobro a partir de la factura de enero de este año, como lo dispuso la Resolución 101 029 del 24 de noviembre de 2023 expedida por la CREG, de la deuda, con sus intereses causados, que por concepto de la opción tarifaria tienen todos los usuarios con las empresas prestadoras del servicio de energía que, como es bien sabido sobrepasa la suma de los $5 billones, cuyo impago las había puesto en calzas prietas, al punto que el Gobierno tuvo que abrirles un crédito en FINDETER para solventarlas y evitar así un apagón financiero de las mismas.

Esta es la cereza del pastel envenenado de la espiral alcista de las tarifas de energía, la cual tiene su principal catalizador en el déficit en la oferta de energía, debido al atraso y al aplazamiento de importantes proyectos, tanto de generación como de transmisión, con un margen de maniobra que no supera el 5%, manteniendo al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el máximo grado de estrés.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

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