Categoría: Opinión

Después de meditarlo y reflexionarlo, de común acuerdo con mi familia, decidimos donar mi biblioteca personal al Banco de la República.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

Así lo reseñó el Banco emisor en su Boletín del 15 de agosto de 2023:

“En Riohacha, el edificio del Banco de la República reabre sus puertas, ahora como Centro Cultural. Como parte de las actividades de apertura se recibirá oficialmente la colección del economista y escritor Amylkar David Acosta Medina, la cual permitirá fortalecer los fondos bibliográficos, en particular, de la biblioteca del Banco de la República en Riohacha.

La donación es de aproximadamente 5.000 libros de diferentes áreas del conocimiento relacionadas con su ejercicio profesional y sus intereses intelectuales, biblioteca conformada a lo largo de más de 40 años, principalmente publicaciones de los siglos XX y XXI, en español, con algunos títulos en inglés y en wayuunaiki.

Los libros que conforman la colección del economista, escritor e investigador cubren varias áreas de conocimiento, con énfasis en economía, ciencia política, ciencias sociales, temas relacionados con energía y petróleo, y los demás temas de su interés.

Se destaca un conjunto documental sobre La Guajira, Riohacha y el Caribe, en un estimado inicial de 300 ejemplares. Hay también algunos ejemplares de libros de arte, arquitectura, biografías, lingüística, periodismo, música, sociología. Incluye todas las publicaciones de su autoría”

Estas, mis palabras con ocasión de la inauguración del Centro Cultural y la protocolización del acto de entrega de mi donación al Banco de la República de mi biblioteca personal, cuyos volúmenes estarán a disposición de sus visitantes próximamente:

Este año el Banco de la República cumplió el 23 julio el centenario de su creación. Una de las facetas más importantes e interesantes del Banco es que no es solo emisor, sino que, además, es un gran gestor cultural. Su red cultural tiene como viga de amarre la más importante biblioteca del país, la Luis Ángel Arango.

Como dijo el gran escritor Jorge Luis Borges “la biblioteca es un lugar de convergencia del pasado y el presente. La biblioteca es memoria, realidad expandida, imaginación esculpida en el signo escrito”.

El gran pensador español Ortega y Gasset, cuyas obras La rebelión de las masas y Qué es la filosofía fueron la primera inmersión en la fuente del conocimiento a través de la lectura, a muy temprana edad, nos enseñó que “quien lee vive dos veces” y a mí me consta.

Leyendo y leyendo fui armando mi biblioteca, desde el primer mueble, que me sirvió de estantería para acotejar mis primeros libros, que me construyó Julio Reinoso, el carpintero de mi pueblo, Monguí, hasta hoy, han transcurrido 60 años.

Y, a propósito del carpintero, se da una feliz coincidencia, que me lleva a citar nuevamente a Borges, para quien no había casualidades en la vida. Da la coincidencia que el gerente regional del Banco de la República, José Domingo, lleva su mismo apellido y están emparentados. Por ello, bien dijo el orfebre de la palabra, que lo fue Borges, “todo casual encuentro es una cita”.

Solo años después entendí la lavativa de mi mamá, cuando me reprendía diciéndome que me iba a volver loco de tanto leer. En efecto, en la obra cumbre de Miguel de Cervantes, El Quijote, esto se dijo del ingenioso hidalgo de la triste figura: “del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio”. He dormido poco y he leído mucho y por fortuna no he perdido ni el juicio ni la razón.

Mi mejor y más perdurable legado, mi biblioteca, que incluye mis 47 obras publicadas, se la estoy donando al Banco de la República.

Gracias doctor Leonardo Villar, gerente General del Banco de la República por recibirla. Mi biblioteca no podía quedar en mejores manos que en las del Banco de la República y más exactamente en la red de la Biblioteca Luis Ángel Arango, el gran y mejor repositorio de obras impresas y digitales con que cuenta el país.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

En medio del embrollo causado por el Decreto de emergencia económica en La Guajira, con el entrometimiento del Estado en una relación contractual consentida entre particulares, el sector eléctrico está en ascuas.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

Entre las medidas tomadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto – Ley 1276, expedido al amparo de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, está  la de que dispone que los “contratos de suministro de energía media anual a largo plazo suscritos con ocasión de las subastas asociados a proyectos ubicados en el departamento de La Guajira, se modificarán en el sentido de suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato y como plazo máximo hasta el 22 de julio de 2025”.

Como es bien sabido estos proyectos acusan un notorio retraso en el cronograma de su ejecución, sólo 2 de ellos avanzan de conformidad con el mismo. Según el Decreto en mención, “esto pone en riesgo la subsistencia de las familias y sus niños por la falta de oportunidades que implica la pérdida de demanda de bienes, servicios y empleo que resultan del desarrollo de los proyectos de transición energética en la región”.

Se dice, además, que el retraso de estos proyectos trae consigo “el aumento de las situaciones de conflictividad social en las regiones con vocación extractiva”, cuando en este caso es al revés, son las “situaciones de conflictividad social” mal gestionadas por parte de los gobiernos anteriores y este, la que ha retrasado la marcha de los mismos. No se puede, entonces confundir la causa con el efecto.

Es cuestionable que “para hacerle frente a esta situación se requieren medidas dirigidas a aliviar, mediante la suspensión de contratos de suministro de energía para generadores de FNCER en el departamento de La Guajira”. Sí, se trata de “aliviar” a una de las partes de un contrato bilateral, a los generadores, a expensas de la otra, los comercializadores.

Ello ha sido muy controvertido, porque al llevarse de calle la seguridad jurídica inmanente a toda relación contractual entre particulares, como en este caso, de acuerdo con el artículo 868 del Código de Comercio, la parte afectada podrá interponer una demanda de restablecimiento del equilibrio económico alterado por la intromisión del Estado en una clara extralimitación de sus funciones y competencias, al terciar a favor de una de las partes, los generadores.

Y si prospera esta acción legal ante los tribunales, podría derivar, según lo prevé el artículo 90 de la Constitución Política, en que el Estado responda patrimonialmente “por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados” a las empresas comercializadoras.

Además, con esta medida que, según el Gobierno, busca “legitimar la intervención del Estado en estos contratos para suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato”, contraviene lo estipulado en el artículo 1602 del Código Civil en el sentido que “los contratos son ley para las partes”. 

Será, entonces, la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra con respecto a la constitucionalidad y a la legalidad de la misma. En medio de semejante embrollo, armado por el entrometimiento del Estado en una relación contractual consentida entre particulares, el sector eléctrico está en ascuas.

Es la propia asociación de energías renovables – SER Colombia que las representa, la que al reaccionar frente a esta medida se pronunció en los siguientes términos: “reconocemos la buena intención del Gobierno. Quizá si no se hubiesen tomado esta medidas no tendrían un buen futuro algunos proyectos. Es una situación coyuntural y puntual, pero la prioridad es el respeto al mercado y a la estabilidad jurídica”.

Ante semejante dislate, XM, pese a sus reservas y reparos a esta medida, no tuvo otra opción que darle cumplimiento, pues al fin y al cabo como dice el aforismo “dura lex, sed lex” y dicho Decreto tiene fuerza de Ley. XM, entonces, terminó disponiendo “suspender temporalmente las obligaciones de suministro de energía” y de contera “las garantías de cumplimiento actuales no son exigibles”.

La consecuencia inmediata es que las comercializadoras tendrán que salir a adquirir la energía contratada en la Bolsa, quedando ahora más expuestas a los altos precios a los que se cotiza la energía (por encima de los ya pactados con las empresas generadoras) a consecuencia tanto del estrés a que está sometido el SIN por el atraso de la ejecución de los proyectos como por la llegada del fenómeno de El Niño.

Se estima que por cada $100 que sube el precio en Bolsa impacta la tarifa al usuario final entre 1 y 2%. Y según cifras de XM, mientras el precio promedio del KWH en los contratos para abril de este año era de $281.09, el precio en Bolsa para junio alcanzó los $469.55.

Según el director de ASOCODIS José Camilo Manzur, “hoy el precio de la energía en Bolsa puede estar 2,5 veces por encima del precio al que se adjudicaron las subastas”. Y este mayor precio repercutirá, según la experta Carmenza Chahín, en un incremento promedio de la tarifa del 5%.

Los usuarios de La Guajira que, según los considerandos del Decreto in comento, supuestamente se busca favorecer, no escapa a esta escalada alcista de las tarifas, que puede ser del orden del 7%. 

Según Manzur, el efecto de esta medida le significará a los usuarios, que son los paganinis, sobrecostos del orden de los $170.000 millones mensuales hasta diciembre de este año.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El parque térmico en Colombia, está llamado a servir de respaldo al Sistema Interconectado Nacional (SIN), sobre todo para atender los picos de demanda, de tal suerte que no se puede pensar con el deseo de prescindir de ellas súbitamente, poniendo en riesgo su confiabilidad y firmeza.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*           

En el Decreto – ley 1976, expedido al amparo de la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro, se dispuso la “financiación de GECELCA para la transformación de las termoeléctricas de carbón Guajira 1 y Guajira 2 a un modelo de generación de cero emisiones netas de CO2”. Y da un plazo de 3 meses para que “la regulación ambiental se ajuste a un esquema de generación eléctrica de cero emisiones netas de CO2”. Así de tajante y perentorio.

Entre los considerandos del Decreto se aduce que “los ingresos de distintas carboeléctricas se reducirían hasta en un 100% al año 2030”, de lo cual se seguiría “una posible reducción acelerada de la rentabilidad de Termoguajira en la próxima década”.

En auxilio de su argumentación trae a colación el hecho de que en 2022 los precios internacionales del carbón llegaron a superar los US $400 la tonelada, a consecuencia del conflicto en Ucrania.

Añade, además, que el impuesto al carbono encarecerá aún más su operación. Se pasa por alto el hecho de que estas plantas son duales y por ende pueden operar con gas natural que es mucho menos contaminante.

Como es sabido el parque térmico en Colombia, está llamado a servir de respaldo al Sistema Interconectado Nacional (SIN), sobre todo para atender los picos de demanda, de tal suerte que no se puede pensar con el deseo de prescindir de ellas súbitamente, poniendo en riesgo su confiabilidad y firmeza. Tanto más tratándose de la región Caribe en la que, debido al cuello de botella que, según XM, enfrenta el transporte de la energía por “agotamiento de las redes de transmisión”, la energía que se deje de generar por estas plantas no habría manera de suplirla por otra proveniente del interior del país y así pasaríamos del actual racionamiento a un apagón en todo el Caribe.

Por lo demás, GECELCA, que es del Estado, tiene vendida la energía que genera por los próximo años, cabe preguntarse si el Estado va a responder honrando sus compromisos prestando garantía de la Nación para su reconversión, por el prurito de que “el departamento de La Guajira sea el primero en alcanzar la generación eléctrica carbono-cero neto… a partir del horizonte 2024-2028”, sosteniendo falazmente que la confiabilidad del SIN, que descansa en el respaldo que le brinda el parque térmico, ahora “sería suplida por distintas tecnologías de almacenamiento. Se pretende utilizar a Termoguajira como conejillo de Indias. No hay derecho.

Es de anotar que si de lo que se trata es de remplazar vis a vis (pelo a pelo) la capacidad de generación térmica de Termoguajira (290 MW) por fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), ello implicaría instalar 4 veces dicha capacidad (1.160 MW) si se trata de energía eólica y 6 veces (1.740 MW) en solar – fotovoltaica. Si este es solo el comienzo de la reconversión de todo el parque térmico a renovables, el costo de la inversión en que se incurriría para lograrlo sería de aproximadamente $168 billones.

Y no lo decimos a humo de paja, es que el propio presidente Petro manifestó que “es que se tienen que sustituir las termos, empezando por la de La Guajira” ya que, según él Termoguajira “es el segundo consumidor de agua en una región donde la gente es la tercera”, lo cual no es cierto.

El presidente Petro ha sido mal informado, sus asesores de cabecera están faltando a la verdad. Esto podría terminar en que, al final, nos quedemos en el peor de los mundos, sin la soga y sin la ternera.

A todas esas, vale la pena preguntarse qué relación tiene este ensayo de laboratorio de una política más inspirada en la ideología que fundamentada en la técnica y el sentido común, con la declaratoria de la Emergencia económica, motivada por la crisis humanitaria que asola a La Guajira, con la cual se trata de “conjurar la situación de crisis y evitar la extensión de sus efectos”. Para mi ninguna, cuando se alude al supuesto cumplimiento con esta medida de la Sentencia de la Corte Constitucional T-302, que declaró el Estado de cosas inconstitucional, ese es sólo el pretexto.

La aún incipiente Transición energética justa, bandera de este gobierno, no se puede adelantar a los trompicones, chamboneando, improvisando, sino de una manera gradual, paulatina, inteligente y responsable, con una gran dosis de realismo y pragmatismo.

Es tal su importancia y trascendencia que la misma debería estar como primer punto en la Agenda del Acuerdo Nacional, enhorabuena propuesto por el Presidente.

Hay que entender y persuadirse de que no por mucho madrugar amanece más temprano. Y, como bien dijo John Maynard Keynes a Franklin Delano Roosevelt en una carta abierta que le dirigió en 1933, en momentos en los que el mundo apenas estaba empezando a levantar cabeza después de la Gran Depresión (1929 – 1932)  “las reformas pueden ser urgentes, pero apresurarse sería dañino cuando lograr la meta de largo plazo es más importante que el resultado inmediato… Aún la más necesaria y sabia de las reformas afecta la confianza del mundo empresarial y debilita los motivos de su acción”.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El pasado 2 de julio, el presidente Gustavo Petro, mediante Decreto 1085, apelando al artículo 215 de la Constitución Política, declaró la Emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, “con el imperativo objetivo de conjurar la crisis humanitaria y el Estado de cosas inconstitucional, que lamentablemente se vive en el departamento y que se ha visto agravado de forma inusitada e irresistible” por el advenimiento del fenómeno de El Niño.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Dicho Decreto ha sido cuestionado por parte de quienes consideran que el mismo transgrede la Constitución Política, alegando que sólo procede dicha declaratoria, tal y como lo establece la Carta en su artículo 215, “siempre que sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213”, que se refieren a la declaratoria de guerra exterior y conmoción anterior.

A juicio de ellos, la calamitosa situación que acusa La Guajira no se puede considerar como un hecho sobreviniente sino inveterado. De hecho, las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el estado de cosas inconstitucional por parte de la alta Corte, datan desde el 2015 y el 2017, respectivamente.

No obstante, nos atrevemos a afirmar que cada niño que muere, como han venido muriendo de manera recurrente, por inanición, por hambre, desnutrición o enfermedades asociadas, cuya responsabilidad comparten tanto el Gobierno Nacional como las autoridades territoriales, debe considerarse como un hecho sobreviniente. De otro modo, este hecho tan aberrante terminaría convirtiéndose en simple paisaje bajo la mirada de un Estado indolente y ausente, que no cumple con la satisfacción de necesidades tan básicas como el acceso a la salud y al agua, que es un derecho fundamental que le asiste a las comunidades.

Además, el artículo in comento no se limita a señalar los hechos sobrevinientes como fundamento y justificación de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, sino que contempla otra causal, cuales son aquellos “que constituyan grave calamidad pública”. Y si no configura calamidad pública la crisis humanitaria que azota y asola a La Guajira cabe preguntarse qué se entiende por ella o qué hace falta para reconocerla.

De modo que el artículo 215 hay que leerlo en su integridad y no parcialmente, pues bien dijo Voltaire que “si usted me da el Padre Nuestro en pedazos, le demostraré que cada pedazo es una herejía”. Y, de contera, ni la Constitución ni la Ley se deben interpretar de modo que ofenda la razón, y este es el caso.

Para mí, entonces, está plenamente justificada la declaratoria de la Emergencia, económica, social y ecológica, creo que se ajusta al mandato constitucional y está, además, bien intencionada, pues con ella se da una clara muestra por parte del Gobierno nacional de que tiene la voluntad política de actuar con la presteza y diligencia que demanda el drama que aflige a amplios sectores de la comunidad en La Guajira. Y, como dice Jim Cullen, “en donde hubo voluntad hubo caminos”.

Como lo plantea la Corte Constitucional en su Sentencia T – 025 de 2004, cuando se constata “la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales que afectan a multitud de personas, su solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural”.

Ojalá que la declaratoria de esta emergencia sirva para hacer más expedito el cumplimiento de los dispuesto en el CONPES 3944 del 6 de agosto de 2018, mediante el cual se establece una “Estrategia para el desarrollo integral del Departamento de La Guajira y sus pueblos indígenas”, expedido en respuesta al Auto 207 del 25 de mayo de 2017 de la Corte Constitucional que conminó al Gobierno a que lo pusiera en práctica.

Pero unas son de cal y otras son de arena, una es la justificación del medio al cual recurrió el presidente Petro para tomar las medidas conducentes a “conjurar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucional” en La Guajira y otra, bien distinta, es la legalidad y constitucionalidad de los decretos con fuerza de Ley que se expidieron al amparo de la Emergencia económica, social y ecológica.

Con respecto a dichos decretos tenemos reparos, sobre todo respecto a la conveniencia y oportunidad de algunas de las medidas tomadas, de lo cual nos ocuparemos en posterior artículo.

En todo caso, como lo establece el artículo 215 de la Constitución Política, “estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de emergencia”. 

No se puede exceder el ejecutivo al expedirlos de las facultades extraordinarias que le otorga el ordenamiento jurídico, al cual debe ceñirse, a riesgo de que sean declarados inexequibles por parte de la Corte Constitucional que, de oficio, examina su constitucionalidad.

*Exministro de Minas y Energía y membro de Número de la ACCE.

Durante el primer año de la administración Petro el sector minero – energético ha estado al garete, sin rumbo fijo. La mejor prueba de ello es que a estas alturas, no obstante que su mayor apuesta es la Transición Energética Justa, no se cuenta con su hoja de ruta.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Desde el Ministerio de Minas y Energía se han hecho muchos anuncios, que se han quedado en eso, en discursos para la galería, especialmente en los escenarios internacionales. ¡Mucho ruido y pocas nueces!

De hecho, no se ha avanzado en la concreción de los 2.400 MW en los proyectos de los parques eólicos asignados en subastas en 2019-2020, por falta de diligencia del gobierno nacional para remover los obstáculos que lo han impedido. Palabras, solo palabras. Como lo hemos afirmado, se ha venido acelerando en neutro la tal Transición Energética Justa. 

Ello explica el retroceso que ha llevado a Colombia a rezagarse: según el último reporte del Foro Económico Mundial (FEM), Colombia perdió diez posiciones en el Índice de Desempeño de la Transición Energética entre 2021 y 2023, pasando del puesto 29 al 39 y después de secundar a Chile, que era el líder en Latinoamérica, Colombia ahora es sexto.

Y, para rematar, con lo dispuesto en el Decreto 1276, expedido al amparo de la emergencia económica y social declarada por el presidente Petro, se da al traste con la seguridad jurídica que debe inspirar a la política pública al liberar a los generadores de energía eólicos, cuyos proyectos están atascados en La Guajira, de sus obligaciones para con los comercializadores de energía, rompiendo de facto la relación contractual entre unos y otros, terciando en favor de los primeros y en detrimento de los segundos, que se verán precisados a salir a comprar la energía en Bolsa, en momentos en que los precios están disparados a consecuencia del Fenómeno de El Niño. Y los usuarios finales serán los que pagarán los platos rotos, ya que esos mayores precios se traducirán al final del día en más altas tarifas en las facturas.

Con terquedad aragonesa, la saliente ministra Irene Vélez se mantuvo en sus trece y no dio su brazo a torcer, negándose sistemáticamente a la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

Para justificar su obstinación, a finales del año pasado prefabricó, sirviéndose de la ANH como mampara, un supuesto balance de reservas en el cual sumaba peras con manzanas (reservas probadas + reservas probables + reservas posibles y recursos contingentes y prospectivos), para ratificarse en su posición de que con los ya firmados bastaba y sobraba para espantar el fantasma de la importación de petróleo y gas. 

Pero, del borrador de la Hoja de ruta de la Transición Energética publicado para comentarios y sus proyecciones, basadas en el Informe de la ANH de la reducción de las reservas y el aumento previsto de la demanda se infiere como corolario que Colombia estará importando gas en 2026 y petróleo en 2028.

Así lo consideran Valora Analitik y expertos tan reconocidos como el profesor de la Universidad de los Andes Sergio Cabrales, sin embargo en dicho documento no se repara para nada en sus nefastas consecuencias tanto en la seguridad energética del país como en la balanza comercial, amén de su impacto en las finanzas públicas.

Este año se ha caracterizado por la imprevisión y la improvisación en el MME, empezando por la interinidad en varias de las dependencias claves del Ministerio, tales como la dirección de la ANH, que ya completa cuatro meses acéfala y la CREG en la que 4 de sus 6 expertos comisionados, en un hecho insólito, fueron designados en calidad de encargados, manteniendo su calidad de asesores del Despacho, lo cual, además del conflicto de competencias que ello significa, se lleva de calle el carácter autónomo de la CREG que le da la Ley. Hasta en el propio Despacho del Ministerio se manifiesta esta interinidad en la provisión de los viceministerios.

Situaciones tan críticas como el alza inusitada de las tarifas de energía especialmente en la región Caribe, han mostrado un Ministerio errático, pasando de la amenaza de asumir las funciones de la CREG y ahora que la controla no sabe qué hacer con ella.

El rimbombante anuncio de la ministra Irene de un “Pacto por la justicia tarifaria” dizque para rebajarlas, le dejó un sinsabor a los defraudados usuarios porque desde entonces sólo han visto subir las tarifas y el costo de sus facturas.

El clima en el sector es de incertidumbre y desconfianza. Deja al sector minero en ascuas, al determinar en otro Decreto, el 1277, que prácticamente paraliza la actividad minera en el país, excepción hecha de la extracción de minerales conocidos como críticos o estratégicos, sin los cuales no se puede dar la Transición, tales como el carbón metalúrgico o coquizable, el níquel y el cobre. Y, para rematar, se anunció la presentación de un proyecto de Ley minera que, según lo que ha trascendido, en lugar de estimular la actividad tiende más bien a proscribirla.

Con este pobre balance, este año pasará a la historia como el de la hostilidad en lugar de la concertación en el sector, en el que en el Ministerio se pasó, como dijo la ministra Irene en su carta de renuncia, de responder por “un sector históricamente tecnocéntrico y patriarcal” a otro conducido por el activismo, primando la ideología sobre el rigor técnico, lo que llevó a la ministra a desmantelar prácticamente el Ministerio.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Con el fin de reglamentar las transferencias del sector eléctrico con destino a comunidades indígenas, el Ministerio de Minas y Energía publicó un borrador de Decreto por medio del cual busca reglamentar el parágrafo 7 del artículo 233 de la Ley 2294 de 2023.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO_­*

Con la medida se quiere establecer que las comunidades indígenas certificadas por el Ministerio del Interior, sean directamente las beneficiarias de los recursos de transferencia del sector, que sean estas mismas quienes reciban y administren los recursos en comento.

En atención a lo anterior, los propietarios de generación de energía nuevas y en operación, deberán liquidar los valores correspondientes a las transferencias sobre la base de las ventas brutas del mes anterior.

Seguido a ello, cumplir en un plazo máximo de noventa días para acreditar el depósito de los dineros. Y, finalmente, dentro de los cinco días siguientes al depósito de las transferencias, deberán informar a las comunidades étnicas beneficiarias.

Es importante mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se expidió mediante la Ley 2294 de 2023, incrementando el valor que tienen que pagar las plantas nuevas y las plantas en operación por la energía producida a partir de fuentes no convencionales de energía renovable eólicas y solares fotovoltaicos.

El pago al cual se hace referencia corresponde a un impuesto por la generación de energía, el cual se conoce como las “transferencias del sector eléctrico”, que para este año pasó de 1% a 6% para el caso de las plantas nuevas y del 1% al 4 % para las plantas en operación.

En mi opinión, es favorable la participación de las comunidades indígenas, sin embargo, conviene complementar la iniciativa, incluyendo que las comunidades indígenas garanticen un buen uso de los recursos recaudados.

De igual manera, que se dé un proceso de transferencia de conocimiento sobre el mercado de los energéticos y un acompañamiento a favor de las comunidades indígenas, toda vez que, tal como está la propuesta, los recursos depositados por una primera parte deberán destinarse exclusivamente a la ejecución y/o cofinanciación de proyectos de infraestructura, servicios públicos, saneamiento básico y/o de agua potable.

Por otra, deberán fortalecer la base para la constitución de comunidades energéticas y comunidades organizadas para la prestación de servicios públicos, así como la implementación de proyectos para la transición energética justa.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta fundamental que se contemple que las comunidades indígenas por medio de sus organizaciones de representación, previo cumplimiento de sus requisitos de experiencia e idoneidad para ser ejecutores de los Proyectos de Infraestructura, cuenten con una asesoría jurídica integral que les permita tomar decisiones informadas en aras de optimizar los recursos de los cuales son titulares, a la par que se pueda asegurar de la mejor manera posible la ejecución contractual de los proyectos, la constitución de garantías y las interventorías necesarias tal como se trata en el proyecto y que, en todo caso, justifica de manera pertinente que las comunidades contraten personas expertas en la materia, que con su orientación respalden su participación y sus derechos a la Consulta Previa dentro la oportunidad debida, salvaguardándose también como sujetos de especial protección de conformidad con lo que reza la Constitución Política y la jurisprudencia dictada por la Corte Constitucional.

*Socio fundador de OGE Legal Services.

No cabe duda de que la batalla del Lago de Maracaibo fue en los mares lo que la Batalla de Boyacá en tierra. Sin el triunfo de aquella, no se habría podido consolidar ni recoger los frutos de esta última.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El pasado 24 de julio se cumplieron doscientos años de la batalla naval que se libró en el Lago de Maracaibo, en la cual el gran protagonista fue el héroe guajiro José Prudencio Padilla, quien, siguiendo las instrucciones del vicepresidente Francisco de Paula Santander, con su intrepidez y experticia vapuleó la escuadra realista en la Punta de Palma, frente al castillo de San Carlos, infligiéndole una estruendosa derrota a sus huestes que pretendían doblegar la resistencia de los patriotas, empeñados como estaban en coronar con éxito la gesta de la Independencia en su porfiada lucha por alcanzar, a mandoblazos, en los mares triunfos tan rotundos como los ya alcanzados en tierra firme.

Indudablemente la derrota de los realistas, que fue el triunfo de los patriotas, sirvió para consolidar la independencia patria. No cabe duda de que la batalla del Lago de Maracaibo fue en los mares lo que la Batalla de Boyacá en tierra. Sin el triunfo de aquella, no se habría podido consolidar ni recoger los frutos de esta última.

Bien pronto, sus dotes de marino avezado y corajudo catapultarían a Padilla a encumbradas posiciones, las que le servirían de crisol en la forja del patriota integérrimo y de dura cerviz que lo caracterizaron, que pusiera en jaque a la otrora Armada invencible del Imperio Español.

Se constituyó Padilla en abanderado de la causa de la Independencia en los dilatados horizontes de nuestros mares, desplegando las velas de la libertad y anclando en el Lago de Maracaibo el mástil de nuestra emancipación definitiva.

Siempre estuvo él en el ojo de la tormenta en los procelosos tiempos de la gesta independentista; con su arrojo y valor escribió las mejores páginas de nuestra historia: ora en la batalla memorable de Sabanilla, en la de la Laguna Salada, en la Noche de San Juan, ora la del Lago de Maracaibo, donde las quillas anhelantes de las naves de Padilla siguieron su ruta de triunfos altaneros, alcanzando allí el cenit de su gloria y de su fama.

Alcanzada la independencia, nimbado por la gloria, Padilla se constituyó en uno de los artífices de nuestra primera República. Pero la zalamería, los recelos, la inquina y las torvas estratagemas de sus solapados adversarios, lo malquistaron con el Libertador Simón Bolívar. Fue éste el execrable camino escogido por los pérfidos ujieres palaciegos, para llevar hasta el cadalso al Heraldo de nuestra independencia recién alcanzada.

Mariano Montilla, de la mano de Urdaneta, sería el encargado de fraguar el artero golpe, propalando la especie de que Padilla se contaba entre los conjurados de la aciaga noche septembrina. Eran los azarosos tiempos para la República, en los que cernía sobre ella la amenaza de la entronización de una abominable tiranía. No era Padilla hombre de contubernios; nunca puso su espada al servicio de causas innobles.

Bolívar,  atormentado y obcecado por el pertinaz empeño del corro de sus aduladores, compelería al héroe riohachero, en medio de sus cavilaciones, a hacer suya la reflexión de Rubén Darío: «Águila que eres la historia, ¿dónde vas a hacer tu nido? ¿En los picos de la gloria? ¡Sí, en los montes del olvido»!

Cruel final se le deparó al almirante Padilla: degradado primero, fusilado luego y escarnecido en la horca después, imitando el vitando proceder del realista expedicionario Pablo Murillo, conocido por su crueldad como El Pacificador.

Pero, con su gesto altivo y temerario, Padilla triunfó sobre su vil sacrificio, como el Cid Campeador. Él, igual que Córdoba, acobardó a sus verdugos con su temple y valor indomables y ocupa un sitial especial por su bizarría, como ejemplo vívido para la posteridad. Sus despojos mortales reposan en una cripta en la Catedral Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha, la cual fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación colombiana en su honor.

Nos recuerda el reputado historiador Carlos White Arango, a propósito de Padilla, la sentencia de los sabios en los areópagos de Atenas: «Comparezcan las partes dentro de cien años».

En el caso que nos ocupa ya comparecieron doscientos y Padilla fue rehabilitado tras un fallo inapelable de la propia historia, que destaca su lealtad a toda prueba y su encendido patriotismo, que no pudieron eclipsar sus detractores ocasionales, resplandeciendo fulgurante su figura señera e incontrastable. Así lo reconoció la Convención de la Nueva Granada en noviembre de 1831, al rehabilitar su memoria en nombre del pueblo colombiano.

Enhorabuena, en cumplimiento de la Ley 2012 del 30 de diciembre de 2019, emitió con fines conmemorativos y por una sola vez la moneda de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Declaratoria del 24 de julio como día de la Armada de Colombia.  A la izquierda de su efigie figura el texto: “Almirante José Padilla López”, y la frase “Morir o ser libres”, tomada de su proclama dirigida a sus hombres antes de iniciar la histórica contienda.    

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Cunde la incertidumbre y el desconcierto en el sector eléctrico y, desde luego, entre los usuarios del servicio, después del pronunciamiento de XM, operadora del sistema interconectado y administradora del mercado de energía mayorista de Colombia, alertando sobre el riesgo inminente de un racionamiento eléctrico.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Según XM, “las redes de transmisión regional presentan agotamiento en múltiples zonas del país, especialmente en la Costa Atlántica y Chocó”. Ello, advierte, “ha dado lugar a que en algunas zonas del país se opere la infraestructura de transmisión cerca de los límites de seguridad de la red… es alta la probabilidad de no poder atender completamente la demanda de los usuarios”.

Dicho en román paladino, los usuarios de la región Caribe y Chocó vienen siendo objeto de “cortes de energía puntuales para conservar los niveles de seguridad y confiabilidad en la prestación del servicio”, especialmente durante los picos de demanda.

Admite, además, que la sobrecarga de la frágil red de transmisión nacional (RTN) y regional (RTR) viene “dando lugar a desconexiones continuas de demanda”, sin que los usuarios se hayan percatado de ello.

En un segundo comunicado de XM, apenas cuatro días después, fue más lejos al afirmar que, a consecuencia del “agotamiento de las redes de transmisión” se había visto precisada a declarar “en estado de emergencia algunas subestaciones eléctricas”. Reconoce, además, que “el servicio de energía eléctrica no se está prestando con la calidad, seguridad y confiabilidad definida en la normatividad vigente”.

Y son peores sus presagios, al advertir que “la demanda no atendida que se viene programando en la región Caribe como consecuencia del agotamiento en la red de transmisión regional podrá incrementarse en la medida en que crezca la demanda de energía en dicha zona”.

Y cómo no va a crecer la demanda con temperaturas que, según el IDEAM, en lo que va corrido del mes de julio, han marcado en ciudades como Santa Marta y Riohacha 38º C. Podemos decir que, si con el primer comunicado de XM se emite una alerta amarilla, con el segundo la alerta ya es de color naranja.

El Consejo Nacional de Operaciones (CNO) del sector eléctrico se había anticipado a plantearle a la entonces ministra de Minas y Energía Irene Vélez, en misiva enviada el 18 de mayo, los “riesgos identificados para la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN)”. En la misma se le puso de manifiesto que se venía “racionando por el agotamiento de la red” y continúa diciendo que “la situación descrita para CCM se tornaría aún más crítica ante la indisponibilidad de cualquiera de las unidades de generación de la planta Termoguajira”. Deja en claro el CNO que “muchas de las restricciones identificadas a la fecha no tienen definida obras para eliminarlas o reducirlas”.

Y después de indicar que “algunos de los riesgos identificados en las mencionadas áreas eléctricas están originados por los retrasos de la expansión”, sugirió a la ministra “un plan de choque para el Caribe” y que se sepa el CNO no obtuvo respuesta.

Huelga decir que ese Plan de choque no es otro que el Plan5Caribe que formulamos a nuestro paso por el Ministerio de Minas y Energía, que buscaba corregir el atraso histórico de las inversiones que ha debido hacer Electricaribe y no las hizo. Por ello, me atrevo a decir que el percance que enfrenta la región Caribe en este frente no es más que el coletazo de Electricaribe.

En uno de los apartes de su respuesta a XM la UPME admite, sin sonrojarse, como confesión de parte, que “las situaciones descritas sobre el agotamiento de red en algunas zonas del país, son de público conocimiento desde hace más de una década… Dichas situaciones han llevado, desde hace ya varios años, a riesgos y materialización de cortes de energía que sufren de manera particular las zonas más vulneradas históricamente, tales como las áreas de la Costa y el Pacífico colombiano”.

Además, manifiesta su coincidencia con XM “en la necesidad de expansión del Sistema de Transmisión Nacional”, que es su responsabilidad y no lo ha hecho. Prueba de ello es su incumplimiento del Plan Quinquenal Indicativo de Expansión y Cobertura correspondiente al período 2018 – 2023, y el hecho de que el año anterior no se abriera una sola convocatoria para proyectos de infraestructura eléctrica.

Lo más grave es que los atrasos en la ejecución de los proyectos, muchos de los cuales superan los 8 años, no se limitan a los de transmisión de la energía, se extiende a los de generación. De allí el estrés al que está sometido el SIN, debido a que mientras la demanda promedio en el país en un día ordinario es de 225 GWHD la oferta de energía firme a duras penas llega a los 222 GWHD. Está, como afirma la presidente de ASOENERGÍA Sandra Fonseca en un “equilibrio inestable en el balance oferta – demanda existente”.

Los días y meses por venir serán críticos y el racionamiento en ciernes será mayor, porque se tendrá que sortear el impacto del fenómeno de El Niño con estas falencias que tornan más vulnerable y menos resiliente al SIN.

Estamos sobre el tiempo y no se avizora una solución en el corto ni en el mediano plazo, porque cualquier proyecto emergente que se decida ejecutar no tardara menos de dos años en ser operativo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Según  el director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas para Colombia, Carlos Scaramella, “en Colombia el 30% de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, 15,5 millones de personas no tienen acceso a alimentación adecuada y tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La seguridad alimentaria consta de tres elementos esenciales: el primero es la disponibilidad de los alimentos, el segundo el acceso a los mismos y tercero la estabilidad o sustentabilidad, entendida esta como la garantía del primero y el segundo a lo largo del tiempo.

La seguridad alimentaria, más que un problema de disponibilidad de alimentos es un problema de acceso a los mismos, y este está determinado por el nivel de ingresos, el cual a su vez está correlacionado con el empleo.

Según  el director del Programa Mundial de Alimentos(PMA)de las Naciones Unidas para Colombia Carlos Scaramella, “en Colombia el 30% de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, 15,5 millones de personas no tienen acceso a alimentación adecuada y tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas, por lo que deben recurrir a estrategias de consumo insostenibles y enfrentar condiciones de escasez de alimentos, hambre y malnutrición”.

Aquí hagamos una digresión para subrayar el hecho de que la soberanía alimentaria de Colombia es muy precaria, habida cuenta que el 35% de los alimentos que se consumen en el país son importados y los que se producen internamente tienen una alta dependencia de la importación de insumos agropecuarios.

Y lo más grave es que esa dependencia es creciente: de 700 mil toneladas de alimentos que se importaron en 1991 se pasó a importar 14 millones de toneladas en 2022. En ello ha influido mucho la apertura hacia adentro que se decretó por aquellas calendas en la administración de Cesar Gaviria (1990 – 1994), que llevó a reducir el área sembrada entre 1990 a 1999 en 936.255 hectáreas (25%). Esta situación se agravó con la negociación atolondrada de los tratados de libre comercio (TLC), dejando desguarnecido el campo colombiano. 

Al desagregar las cifras se observa que los departamentos con mayor prevalencia de los altos índices de inseguridad alimentaria son los de la región Caribe, encabezados por Córdoba (70%), Sucre (63%), Cesar (55%), Bolívar (51%) y La Guajira (50%).

Las dos regiones en las que se concentra el mayor número de hogares en condición de inseguridad alimentaria son el Caribe y el Pacífico, con el 40% en promedio. No es coincidencia que sean estas dos regiones las que registran los más altos índices de pobreza, desempleo e informalidad laboral. Ello en razón de que el desempleo y la informalidad se traducen en la precariedad del ingreso y esta afecta el poder adquisitivo y en consecuencia el acceso a los alimentos.

La violencia, los conflictos sociales y sus secuelas, como el desplazamiento forzado y el confinamiento, también han contribuido a exacerbar la inseguridad alimentaria, la desnutrición y el hambre en el país.

El cincuenta por ciento de los hogares que han sido víctimas del conflicto armado padecen inseguridad alimentaria, en contraste con el promedio del 28% de aquellos que no lo han padecido. Lo propio puede afirmarse de los migrantes, que en una proporción que oscila entre el 52% y el 73% se ven afectados por la inseguridad alimentaria y de contera también en tratándose de las etnias indígenas y afrodescendientes.

La tendencia de esta tragedia humanitaria es hacia el agravamiento, dada la constatación de que el 35% de los hogares en Colombia disminuyeron sus ingresos en los últimos 12 meses, que casi la mitad de estos (46%) tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza nacional, al tiempo que el 51% de las familias tuvieron que reducir el tamaño de las porciones de alimentos y otro 42% el número de comidas al día.

Según la última medición de la Encuesta Pulso Social del DANE, en diciembre de 2022 el 73,5% de los hogares colombianos (6,2 millones) comen en promedio 3 veces al día, 15,4 puntos porcentuales por debajo de diciembre de 2019.

De hecho, según el mismo Informe del PMA, en Colombia el 40% de la población consume dos o menos comidas al día, más de la mitad de los hogares tuvo que reducir la porción de las comidas y el 67% de los hogares tuvo que utilizar una estrategia para afrontar el hambre.

El colmo de esta preocupante situación es que la inseguridad alimentaria, la malnutrición, la desnutrición y el hambre en Colombia se han ensañado con la niñez. Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS) en 2022 se presentaron 21.337 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años y 309 niños murieron a consecuencia de la desnutrición, 111 más que los registrados en 2021.

La afectación de la niñez por la inseguridad alimentaria, la desnutrición, la malnutrición y el hambre es más preocupante en cuanto que en esta etapa, los primeros mil días de existencia de la niñez son críticos, lo que se haga o se deje de hacer durante esta fase de su crecimiento es decisivo para su formación y desarrollo posterior, de ello debemos ser conscientes.

El mayor desarrollo del cerebro, del lenguaje, de la motricidad y del pensamiento abstracto que caracteriza al ser humano se dan justo en esta etapa, que es irrepetible. Lo que se quiera hacer después, tratando de suplir lo que se dejó de hacer ya es demasiado tarde, el daño está hecho.

Según la Fundación Éxito, “los estudios evidencian que un niño con desnutrición crónica antes de los 5 años puede tener en la edad adulta 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de educación y 54% menos de salario que uno que no padeció la enfermedad. En otras palabras, será un adulto con grandes desventajas.

Así empieza y se perpetúa la desigualdad de trayectoria.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.