Categoría: Opinión

Según el gran pensador antioqueño Luis López de Mesa, Colombia es un archipiélago de regiones claramente diferenciadas, pero hubo que esperar hasta 1991 cuando se reconociera ese hecho en la Constitución Política, al igual que su carácter multiétnico y pluricultural, es lo que llama coloquialmente el periodista del Caribe Juan Gossaín, “un sancocho de gentes”.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Muchas regiones del país se disputan el título de ser la cuna de la independencia, pero lo que nadie pone en duda es que el Caribe se constituyó en la catapulta de los últimos reductos de las diezmadas tropas del ejército realista forzados a salir en desbandada hacia Cuba, después de morder el polvo de la derrota en las fortalezas de Bocachica (Cartagena de Indias), obligando al último gobernador español brigadier Gabriel de Torres a capitular ante los patriotas, consolidándose de esta manera la gesta independentista. Ello acaeció en 1821, el 11 de octubre, potísima razón esta que tuvieron los gobernadores de la región para adoptar esta fecha como el Día del Caribe.

La Región Caribe tiene una larga trayectoria en su lucha por la integración y la autonomía regional. Hace rato nos convencimos de que lo peor que le puede pasar a las regiones, parodiando a López de Mesa, es que ellas se reduzcan a ser un archipiélago de departamentos sin conexidad ni articulación alguna. Su objetivo fundamental ha sido dejar de ser alfil sin albedrío del asfixiante centralismo.

La Constitución de 1991 constituyó un gran avance al consagrar el principio de la autonomía territorial y permitir que las regiones se pudieran constituir como regiones administrativas y de planificación (RAP) y posteriormente como entidades territoriales.

La RAP del Caribe, constituida el 19 de octubre de 2017, se puso en marcha el 1 de febrero de 2023 y ha venido convocando a los distintos estamentos a avanzar en el firme propósito de contrarrestar la recentralización que se ha venido dando a lo largo de los 32 años de vigencia de la nueva Constitución, de nivelar la cancha cerrando las enormes brechas sociales entre la región Caribe y el centro del país, cumpliendo el papel de articulador e integrador, en el entendido de que juntos, unidos somos más y más fuertes, ganando de paso una mayor capacidad de interlocución frente al gobierno central.

El pasado 30 de junio el Consejo regional de la RAP aprobó la versión preliminar del Plan Estratégico Regional (PER) del Caribe, “El futuro se hace presente”, el cual servirá de carta de navegación para enfrentar de consuno, los siete departamentos que la integran, los retos que plantea el nuevo modelo de desarrollo en ciernes, que tiene en la Transición energética justa y la estrategia de Transformación productiva sus dos ejes fundamentales. Esta, que es su carta de navegación, nos permite decir que El Caribe está listo para encarar sus retos.

*Exministro de Minas y Energía, miembro de Número de la ACCE y director de la RAP del Caribe.

Conviene dejar establecido que los subsidios quedaron reglamentados en el artículo 99 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, como “un descuento en el valor de la factura” de los más vulnerables, en este caso de los estratos 1, 2 y 3.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La creación de los subsidios dio lugar al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso (FSSRI), mediante la Ley 286 de 1996. Ello responde a uno de los principios que rigen la prestación del servicio de energía: eficiencia, calidad, continuidad y solidaridad. Este último tiene que ver con su acceso por parte de la población más vulnerable, contemplado en el 7º de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Para su financiación se estableció un esquema de subsidios “cruzados”, consistente en que los estratos 5 y 6, así como los usuarios no regulados (léase industria y comercio) pagaran una contribución del 20%. El estrato 4 es neutro, no recibe subsidio pero tampoco paga dicha contribución. Así se dispuso en el artículo 47 de la Ley 143 de 1994, previendo que “el faltante de los dineros para pagar la totalidad de los subsidios será cubierto con recursos del Presupuesto Nacional”.

No obstante, en 2010, a través del artículo 2º de la Ley 1430 se eximió del pago de la contribución a los usuarios industriales y desde entonces el valor de los subsidios corre por cuenta de los estratos 4, 5 y 6, así como del Presupuesto General de la Nación (PGN). Según Sentencia C–086 de la Corte Constitucional, dicha contribución constituye un “impuesto nacional con destinación específica”.

Ya para el 2018 el monto de los subsidios de energía ascendía a $3,1 billones, de los cuales $1,8 billones se cargaron al PGN.

Actualmente, lo que se recauda por la sobretasa sólo alcanza a cubrir el 36% de los subsidios, de tal modo que el déficit que debe cubrirse a través del FSSRI supera los $5 billones, con cargo al PGN.

En desarrollo de una asamblea de usuarios del servicio de energía en Santa Marta el pasado 17 de septiembre, convocada por el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, este levantó una polvareda al espetar, sin pestañear, que “los subsidios por ley se asignan a los estratos 1,2 y 3. Y no se les entrega a la gente directamente, se les entrega a través de las empresas. Como la mayoría de las empresas son privadas, entonces se quedan con los subsidios y los administran. La transición debe garantizar que los subsidios lleguen a la gente”.

La respuesta de los gremios del sector (ANDEG, Andesco, Acolgen, Asocodis, Naturgas y SER Colombia), todos a una, no se hizo esperar, le respondieron a su ligereza en los siguientes términos: “los subsidios aplican directamente a los usuarios mediante sus facturas y luego el Gobierno realiza los reembolsos mediante procedimientos que aseguran la validez de dicho proceso”.

Además, revelaron que en la mayoría de los casos, los pagos se han demorado más de lo esperado, llegando al punto de acumular deudas pendientes desde el segundo trimestre del año.

Entre otras cosas, esta morosidad por parte de los distintos gobiernos en hacer efectivo el giro de los subsidios a las empresas prestadoras de los servicios, cuyo monto tiende a subvalorarse a la hora de aprobar el Presupuesto General de la Nación, sumados a los $4,9 billones de la cartera de los usuarios por cuenta de la aplicación desde la pandemia en 2020 de la opción tarifaria y la deuda de usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos, que para abril de este año ascendía a $800 mil las puso en aprietos, al punto que se llegó a hablar de un inminente apagón financiero de las mismas.

Que se sepa, el único caso en el que se pudo establecer por parte de la Contraloría General de la República que una empresa no aplicaba el subsidio a sus destinatarios sino que se quedaba con el mismo es el de la abominada Electricaribe. Y ello dio lugar a un juicio de responsabilidad fiscal, que terminó con un hallazgo administrativo con alcance fiscal por valor de $78.517 millones para las vigencias 2015 y 2016”, obligando a la empresa a su reintegro.

Ahora bien, como lo afirman los gremios en su comunicación al ministro, “sí hay evidencias de malos comportamientos por parte de ellas, invitamos a interponer las denuncias que correspondan ante las autoridades pertinentes y a que estas, en derecho, ejerzan sus funciones en tal materia”. El ministro tiene la palabra.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Hay tres factores que están disparando los precios de la energía en Colombia: La inflación, el fenómeno de El Niño y el retraso en los proyectos de generación y transmisión.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El precio de la energía en la Bolsa pasó de $374 en enero de 2023 a más de $1.000 el KWH a finales de septiembre, un incremento del 300%, y lo más preocupante, con tendencia al alza. Estas alzas de los precios en Bolsa terminarán por impactar las tarifas, dependiendo del grado de exposición de cada una de las empresas distribuidoras de la energía.

Son tres las causas fundamentales que han disparado esta espiral alcista, a saber: en primer término, la inflación, que, si bien ha venido cediendo en los últimos meses, todavía para agosto, según el DANE, el índice anualizado del IPC se situó en el 11,43% y en lo corrido de este año marcó el 7,43%. Con el agravante de que los servicios públicos, junto con el precio al alza de la gasolina son los que más han contribuido a la inflación.

En segundo lugar, tenemos los efectos del fenómeno de El Niño, que empieza a hacerse sentir, influyendo en forma determinante al aumento del precio de la energía, toda vez que los generadores hídricos han empezado a “guardar” agua en los embalses para poder afrontar los próximos meses venideros, que se espera sean de hidrología crítica, para poder cumplir con sus contratos de venta de energía a los comercializadores de la misma.

Por último, está el atraso en la ejecución de los proyectos de generación, destacándose entre ellos los parques eólicos en La Guajira, que comprometen la entrada en operación de 2.400 MW de potencia y el de Hidroituango, del cual sólo están generando 2 turbinas con 600 MW, y continúa aplazada la entrada en operación de las seis restantes, que representan 1.800 MW. También muestran atraso considerable la ejecución de los proyectos de transmisión y subtransmisión.

En estas circunstancias, resulta muy preocupante que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), que es la responsable de la convocatoria de las subastas para la asignación de nuevos proyectos de expansión, el año pasado no abrió ninguna. Y la subasta que abrió en febrero de este año ha sido aplazada dos veces, ahora para febrero del próximo año. Y ello, en momentos en los que mientras la demanda de energía crece a un ritmo del 5%, la oferta sólo lo hace al 2.5%. Ello explica el alto grado de estrés al cual está sometido el Sistema Interconectado Nacional, presionando al alza los precios de la energía.

El caso de la región Caribe es más crítico, dado que, debido a la sobrecarga a la que está expuesta la red de transmisión de energía, a consecuencia del atraso en la ejecución de los proyectos para su robustecimiento, ha obligado a restringir la atención de la demanda.

Los 2,7 millones de usuarios de la costa vienen siendo sometidos a un racionamiento programado de energía y las térmicas que operan en la región, que debería servir sólo de respaldo, están en la base y vienen operando a full, para poder suplir la energía que de otra manera vendría desde el interior del país, de origen hídrico menos costosa.

Ello termina impactando el componente G (generación) de la fórmula tarifaria ( CU = G + T + C + D + PR + R) y, en última instancia, al usuario final vía tarifas, en mayor o menor medida, dependiendo del grado de exposición en Bolsa que tenga el respectivo operador de red, que es quien presta el servicio, en Bolsa. A mayor exposición más afectación en el monto a pagar por la factura de consumo de energía que le llega al resignado usuario final.

Peor aún, si tenemos en cuenta que el consumo de energía para agosto de este año, según la empresa XM que administra el Sistema Interconectado Nacional (SIN), ha crecido en promedio 6,23% con respecto al mismo mes del año pasado, para un acumulado de 7.005.82 GWH/mes; entre tanto, en la región Caribe ha aumentado 11.75%, consumiendo 1.978.18 GWH/mes, atribuible a las altas temperaturas de la temporada del Niño.

De modo que si al alza en las tarifas le sumamos el mayor consumo ello se reflejará en un aumento desmesurado en la factura a pagar por parte del usuario, en momentos en los que está viendo afectada su adquisitiva por cuenta de la inflación.

Ahora bien, el impacto es mayor para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, que son sujetos de los subsidios, debido a que estos sólo cubren un porcentaje del denominado consumo básico o de subsistencia, del 60% para el estrato 1, hasta 50% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3, de 130 KWH/mes para los usuarios que habitan en territorios por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar y 173 KWH/mes los que se sitúan por debajo de esa cota.

El mayor consumo que se viene dando, como excede este límite se debe pagar por parte de estos usuarios con tarifa plena, sin subsidio. Es más, si el mayor consumo excede en un 50% el consumo de subsistencia se pierde el derecho al subsidio, así lo prevé el artículo 114 de la Ley 1873 de 2017.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Después de meditarlo y reflexionarlo, de común acuerdo con mi familia, decidimos donar mi biblioteca personal al Banco de la República.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

Así lo reseñó el Banco emisor en su Boletín del 15 de agosto de 2023:

“En Riohacha, el edificio del Banco de la República reabre sus puertas, ahora como Centro Cultural. Como parte de las actividades de apertura se recibirá oficialmente la colección del economista y escritor Amylkar David Acosta Medina, la cual permitirá fortalecer los fondos bibliográficos, en particular, de la biblioteca del Banco de la República en Riohacha.

La donación es de aproximadamente 5.000 libros de diferentes áreas del conocimiento relacionadas con su ejercicio profesional y sus intereses intelectuales, biblioteca conformada a lo largo de más de 40 años, principalmente publicaciones de los siglos XX y XXI, en español, con algunos títulos en inglés y en wayuunaiki.

Los libros que conforman la colección del economista, escritor e investigador cubren varias áreas de conocimiento, con énfasis en economía, ciencia política, ciencias sociales, temas relacionados con energía y petróleo, y los demás temas de su interés.

Se destaca un conjunto documental sobre La Guajira, Riohacha y el Caribe, en un estimado inicial de 300 ejemplares. Hay también algunos ejemplares de libros de arte, arquitectura, biografías, lingüística, periodismo, música, sociología. Incluye todas las publicaciones de su autoría”

Estas, mis palabras con ocasión de la inauguración del Centro Cultural y la protocolización del acto de entrega de mi donación al Banco de la República de mi biblioteca personal, cuyos volúmenes estarán a disposición de sus visitantes próximamente:

Este año el Banco de la República cumplió el 23 julio el centenario de su creación. Una de las facetas más importantes e interesantes del Banco es que no es solo emisor, sino que, además, es un gran gestor cultural. Su red cultural tiene como viga de amarre la más importante biblioteca del país, la Luis Ángel Arango.

Como dijo el gran escritor Jorge Luis Borges “la biblioteca es un lugar de convergencia del pasado y el presente. La biblioteca es memoria, realidad expandida, imaginación esculpida en el signo escrito”.

El gran pensador español Ortega y Gasset, cuyas obras La rebelión de las masas y Qué es la filosofía fueron la primera inmersión en la fuente del conocimiento a través de la lectura, a muy temprana edad, nos enseñó que “quien lee vive dos veces” y a mí me consta.

Leyendo y leyendo fui armando mi biblioteca, desde el primer mueble, que me sirvió de estantería para acotejar mis primeros libros, que me construyó Julio Reinoso, el carpintero de mi pueblo, Monguí, hasta hoy, han transcurrido 60 años.

Y, a propósito del carpintero, se da una feliz coincidencia, que me lleva a citar nuevamente a Borges, para quien no había casualidades en la vida. Da la coincidencia que el gerente regional del Banco de la República, José Domingo, lleva su mismo apellido y están emparentados. Por ello, bien dijo el orfebre de la palabra, que lo fue Borges, “todo casual encuentro es una cita”.

Solo años después entendí la lavativa de mi mamá, cuando me reprendía diciéndome que me iba a volver loco de tanto leer. En efecto, en la obra cumbre de Miguel de Cervantes, El Quijote, esto se dijo del ingenioso hidalgo de la triste figura: “del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio”. He dormido poco y he leído mucho y por fortuna no he perdido ni el juicio ni la razón.

Mi mejor y más perdurable legado, mi biblioteca, que incluye mis 47 obras publicadas, se la estoy donando al Banco de la República.

Gracias doctor Leonardo Villar, gerente General del Banco de la República por recibirla. Mi biblioteca no podía quedar en mejores manos que en las del Banco de la República y más exactamente en la red de la Biblioteca Luis Ángel Arango, el gran y mejor repositorio de obras impresas y digitales con que cuenta el país.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

En medio del embrollo causado por el Decreto de emergencia económica en La Guajira, con el entrometimiento del Estado en una relación contractual consentida entre particulares, el sector eléctrico está en ascuas.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

Entre las medidas tomadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto – Ley 1276, expedido al amparo de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, está  la de que dispone que los “contratos de suministro de energía media anual a largo plazo suscritos con ocasión de las subastas asociados a proyectos ubicados en el departamento de La Guajira, se modificarán en el sentido de suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato y como plazo máximo hasta el 22 de julio de 2025”.

Como es bien sabido estos proyectos acusan un notorio retraso en el cronograma de su ejecución, sólo 2 de ellos avanzan de conformidad con el mismo. Según el Decreto en mención, “esto pone en riesgo la subsistencia de las familias y sus niños por la falta de oportunidades que implica la pérdida de demanda de bienes, servicios y empleo que resultan del desarrollo de los proyectos de transición energética en la región”.

Se dice, además, que el retraso de estos proyectos trae consigo “el aumento de las situaciones de conflictividad social en las regiones con vocación extractiva”, cuando en este caso es al revés, son las “situaciones de conflictividad social” mal gestionadas por parte de los gobiernos anteriores y este, la que ha retrasado la marcha de los mismos. No se puede, entonces confundir la causa con el efecto.

Es cuestionable que “para hacerle frente a esta situación se requieren medidas dirigidas a aliviar, mediante la suspensión de contratos de suministro de energía para generadores de FNCER en el departamento de La Guajira”. Sí, se trata de “aliviar” a una de las partes de un contrato bilateral, a los generadores, a expensas de la otra, los comercializadores.

Ello ha sido muy controvertido, porque al llevarse de calle la seguridad jurídica inmanente a toda relación contractual entre particulares, como en este caso, de acuerdo con el artículo 868 del Código de Comercio, la parte afectada podrá interponer una demanda de restablecimiento del equilibrio económico alterado por la intromisión del Estado en una clara extralimitación de sus funciones y competencias, al terciar a favor de una de las partes, los generadores.

Y si prospera esta acción legal ante los tribunales, podría derivar, según lo prevé el artículo 90 de la Constitución Política, en que el Estado responda patrimonialmente “por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados” a las empresas comercializadoras.

Además, con esta medida que, según el Gobierno, busca “legitimar la intervención del Estado en estos contratos para suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato”, contraviene lo estipulado en el artículo 1602 del Código Civil en el sentido que “los contratos son ley para las partes”. 

Será, entonces, la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra con respecto a la constitucionalidad y a la legalidad de la misma. En medio de semejante embrollo, armado por el entrometimiento del Estado en una relación contractual consentida entre particulares, el sector eléctrico está en ascuas.

Es la propia asociación de energías renovables – SER Colombia que las representa, la que al reaccionar frente a esta medida se pronunció en los siguientes términos: “reconocemos la buena intención del Gobierno. Quizá si no se hubiesen tomado esta medidas no tendrían un buen futuro algunos proyectos. Es una situación coyuntural y puntual, pero la prioridad es el respeto al mercado y a la estabilidad jurídica”.

Ante semejante dislate, XM, pese a sus reservas y reparos a esta medida, no tuvo otra opción que darle cumplimiento, pues al fin y al cabo como dice el aforismo “dura lex, sed lex” y dicho Decreto tiene fuerza de Ley. XM, entonces, terminó disponiendo “suspender temporalmente las obligaciones de suministro de energía” y de contera “las garantías de cumplimiento actuales no son exigibles”.

La consecuencia inmediata es que las comercializadoras tendrán que salir a adquirir la energía contratada en la Bolsa, quedando ahora más expuestas a los altos precios a los que se cotiza la energía (por encima de los ya pactados con las empresas generadoras) a consecuencia tanto del estrés a que está sometido el SIN por el atraso de la ejecución de los proyectos como por la llegada del fenómeno de El Niño.

Se estima que por cada $100 que sube el precio en Bolsa impacta la tarifa al usuario final entre 1 y 2%. Y según cifras de XM, mientras el precio promedio del KWH en los contratos para abril de este año era de $281.09, el precio en Bolsa para junio alcanzó los $469.55.

Según el director de ASOCODIS José Camilo Manzur, “hoy el precio de la energía en Bolsa puede estar 2,5 veces por encima del precio al que se adjudicaron las subastas”. Y este mayor precio repercutirá, según la experta Carmenza Chahín, en un incremento promedio de la tarifa del 5%.

Los usuarios de La Guajira que, según los considerandos del Decreto in comento, supuestamente se busca favorecer, no escapa a esta escalada alcista de las tarifas, que puede ser del orden del 7%. 

Según Manzur, el efecto de esta medida le significará a los usuarios, que son los paganinis, sobrecostos del orden de los $170.000 millones mensuales hasta diciembre de este año.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El parque térmico en Colombia, está llamado a servir de respaldo al Sistema Interconectado Nacional (SIN), sobre todo para atender los picos de demanda, de tal suerte que no se puede pensar con el deseo de prescindir de ellas súbitamente, poniendo en riesgo su confiabilidad y firmeza.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*           

En el Decreto – ley 1976, expedido al amparo de la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro, se dispuso la “financiación de GECELCA para la transformación de las termoeléctricas de carbón Guajira 1 y Guajira 2 a un modelo de generación de cero emisiones netas de CO2”. Y da un plazo de 3 meses para que “la regulación ambiental se ajuste a un esquema de generación eléctrica de cero emisiones netas de CO2”. Así de tajante y perentorio.

Entre los considerandos del Decreto se aduce que “los ingresos de distintas carboeléctricas se reducirían hasta en un 100% al año 2030”, de lo cual se seguiría “una posible reducción acelerada de la rentabilidad de Termoguajira en la próxima década”.

En auxilio de su argumentación trae a colación el hecho de que en 2022 los precios internacionales del carbón llegaron a superar los US $400 la tonelada, a consecuencia del conflicto en Ucrania.

Añade, además, que el impuesto al carbono encarecerá aún más su operación. Se pasa por alto el hecho de que estas plantas son duales y por ende pueden operar con gas natural que es mucho menos contaminante.

Como es sabido el parque térmico en Colombia, está llamado a servir de respaldo al Sistema Interconectado Nacional (SIN), sobre todo para atender los picos de demanda, de tal suerte que no se puede pensar con el deseo de prescindir de ellas súbitamente, poniendo en riesgo su confiabilidad y firmeza. Tanto más tratándose de la región Caribe en la que, debido al cuello de botella que, según XM, enfrenta el transporte de la energía por “agotamiento de las redes de transmisión”, la energía que se deje de generar por estas plantas no habría manera de suplirla por otra proveniente del interior del país y así pasaríamos del actual racionamiento a un apagón en todo el Caribe.

Por lo demás, GECELCA, que es del Estado, tiene vendida la energía que genera por los próximo años, cabe preguntarse si el Estado va a responder honrando sus compromisos prestando garantía de la Nación para su reconversión, por el prurito de que “el departamento de La Guajira sea el primero en alcanzar la generación eléctrica carbono-cero neto… a partir del horizonte 2024-2028”, sosteniendo falazmente que la confiabilidad del SIN, que descansa en el respaldo que le brinda el parque térmico, ahora “sería suplida por distintas tecnologías de almacenamiento. Se pretende utilizar a Termoguajira como conejillo de Indias. No hay derecho.

Es de anotar que si de lo que se trata es de remplazar vis a vis (pelo a pelo) la capacidad de generación térmica de Termoguajira (290 MW) por fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), ello implicaría instalar 4 veces dicha capacidad (1.160 MW) si se trata de energía eólica y 6 veces (1.740 MW) en solar – fotovoltaica. Si este es solo el comienzo de la reconversión de todo el parque térmico a renovables, el costo de la inversión en que se incurriría para lograrlo sería de aproximadamente $168 billones.

Y no lo decimos a humo de paja, es que el propio presidente Petro manifestó que “es que se tienen que sustituir las termos, empezando por la de La Guajira” ya que, según él Termoguajira “es el segundo consumidor de agua en una región donde la gente es la tercera”, lo cual no es cierto.

El presidente Petro ha sido mal informado, sus asesores de cabecera están faltando a la verdad. Esto podría terminar en que, al final, nos quedemos en el peor de los mundos, sin la soga y sin la ternera.

A todas esas, vale la pena preguntarse qué relación tiene este ensayo de laboratorio de una política más inspirada en la ideología que fundamentada en la técnica y el sentido común, con la declaratoria de la Emergencia económica, motivada por la crisis humanitaria que asola a La Guajira, con la cual se trata de “conjurar la situación de crisis y evitar la extensión de sus efectos”. Para mi ninguna, cuando se alude al supuesto cumplimiento con esta medida de la Sentencia de la Corte Constitucional T-302, que declaró el Estado de cosas inconstitucional, ese es sólo el pretexto.

La aún incipiente Transición energética justa, bandera de este gobierno, no se puede adelantar a los trompicones, chamboneando, improvisando, sino de una manera gradual, paulatina, inteligente y responsable, con una gran dosis de realismo y pragmatismo.

Es tal su importancia y trascendencia que la misma debería estar como primer punto en la Agenda del Acuerdo Nacional, enhorabuena propuesto por el Presidente.

Hay que entender y persuadirse de que no por mucho madrugar amanece más temprano. Y, como bien dijo John Maynard Keynes a Franklin Delano Roosevelt en una carta abierta que le dirigió en 1933, en momentos en los que el mundo apenas estaba empezando a levantar cabeza después de la Gran Depresión (1929 – 1932)  “las reformas pueden ser urgentes, pero apresurarse sería dañino cuando lograr la meta de largo plazo es más importante que el resultado inmediato… Aún la más necesaria y sabia de las reformas afecta la confianza del mundo empresarial y debilita los motivos de su acción”.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El pasado 2 de julio, el presidente Gustavo Petro, mediante Decreto 1085, apelando al artículo 215 de la Constitución Política, declaró la Emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, “con el imperativo objetivo de conjurar la crisis humanitaria y el Estado de cosas inconstitucional, que lamentablemente se vive en el departamento y que se ha visto agravado de forma inusitada e irresistible” por el advenimiento del fenómeno de El Niño.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Dicho Decreto ha sido cuestionado por parte de quienes consideran que el mismo transgrede la Constitución Política, alegando que sólo procede dicha declaratoria, tal y como lo establece la Carta en su artículo 215, “siempre que sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213”, que se refieren a la declaratoria de guerra exterior y conmoción anterior.

A juicio de ellos, la calamitosa situación que acusa La Guajira no se puede considerar como un hecho sobreviniente sino inveterado. De hecho, las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el estado de cosas inconstitucional por parte de la alta Corte, datan desde el 2015 y el 2017, respectivamente.

No obstante, nos atrevemos a afirmar que cada niño que muere, como han venido muriendo de manera recurrente, por inanición, por hambre, desnutrición o enfermedades asociadas, cuya responsabilidad comparten tanto el Gobierno Nacional como las autoridades territoriales, debe considerarse como un hecho sobreviniente. De otro modo, este hecho tan aberrante terminaría convirtiéndose en simple paisaje bajo la mirada de un Estado indolente y ausente, que no cumple con la satisfacción de necesidades tan básicas como el acceso a la salud y al agua, que es un derecho fundamental que le asiste a las comunidades.

Además, el artículo in comento no se limita a señalar los hechos sobrevinientes como fundamento y justificación de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, sino que contempla otra causal, cuales son aquellos “que constituyan grave calamidad pública”. Y si no configura calamidad pública la crisis humanitaria que azota y asola a La Guajira cabe preguntarse qué se entiende por ella o qué hace falta para reconocerla.

De modo que el artículo 215 hay que leerlo en su integridad y no parcialmente, pues bien dijo Voltaire que “si usted me da el Padre Nuestro en pedazos, le demostraré que cada pedazo es una herejía”. Y, de contera, ni la Constitución ni la Ley se deben interpretar de modo que ofenda la razón, y este es el caso.

Para mí, entonces, está plenamente justificada la declaratoria de la Emergencia, económica, social y ecológica, creo que se ajusta al mandato constitucional y está, además, bien intencionada, pues con ella se da una clara muestra por parte del Gobierno nacional de que tiene la voluntad política de actuar con la presteza y diligencia que demanda el drama que aflige a amplios sectores de la comunidad en La Guajira. Y, como dice Jim Cullen, “en donde hubo voluntad hubo caminos”.

Como lo plantea la Corte Constitucional en su Sentencia T – 025 de 2004, cuando se constata “la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales que afectan a multitud de personas, su solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural”.

Ojalá que la declaratoria de esta emergencia sirva para hacer más expedito el cumplimiento de los dispuesto en el CONPES 3944 del 6 de agosto de 2018, mediante el cual se establece una “Estrategia para el desarrollo integral del Departamento de La Guajira y sus pueblos indígenas”, expedido en respuesta al Auto 207 del 25 de mayo de 2017 de la Corte Constitucional que conminó al Gobierno a que lo pusiera en práctica.

Pero unas son de cal y otras son de arena, una es la justificación del medio al cual recurrió el presidente Petro para tomar las medidas conducentes a “conjurar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucional” en La Guajira y otra, bien distinta, es la legalidad y constitucionalidad de los decretos con fuerza de Ley que se expidieron al amparo de la Emergencia económica, social y ecológica.

Con respecto a dichos decretos tenemos reparos, sobre todo respecto a la conveniencia y oportunidad de algunas de las medidas tomadas, de lo cual nos ocuparemos en posterior artículo.

En todo caso, como lo establece el artículo 215 de la Constitución Política, “estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de emergencia”. 

No se puede exceder el ejecutivo al expedirlos de las facultades extraordinarias que le otorga el ordenamiento jurídico, al cual debe ceñirse, a riesgo de que sean declarados inexequibles por parte de la Corte Constitucional que, de oficio, examina su constitucionalidad.

*Exministro de Minas y Energía y membro de Número de la ACCE.

Durante el primer año de la administración Petro el sector minero – energético ha estado al garete, sin rumbo fijo. La mejor prueba de ello es que a estas alturas, no obstante que su mayor apuesta es la Transición Energética Justa, no se cuenta con su hoja de ruta.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Desde el Ministerio de Minas y Energía se han hecho muchos anuncios, que se han quedado en eso, en discursos para la galería, especialmente en los escenarios internacionales. ¡Mucho ruido y pocas nueces!

De hecho, no se ha avanzado en la concreción de los 2.400 MW en los proyectos de los parques eólicos asignados en subastas en 2019-2020, por falta de diligencia del gobierno nacional para remover los obstáculos que lo han impedido. Palabras, solo palabras. Como lo hemos afirmado, se ha venido acelerando en neutro la tal Transición Energética Justa. 

Ello explica el retroceso que ha llevado a Colombia a rezagarse: según el último reporte del Foro Económico Mundial (FEM), Colombia perdió diez posiciones en el Índice de Desempeño de la Transición Energética entre 2021 y 2023, pasando del puesto 29 al 39 y después de secundar a Chile, que era el líder en Latinoamérica, Colombia ahora es sexto.

Y, para rematar, con lo dispuesto en el Decreto 1276, expedido al amparo de la emergencia económica y social declarada por el presidente Petro, se da al traste con la seguridad jurídica que debe inspirar a la política pública al liberar a los generadores de energía eólicos, cuyos proyectos están atascados en La Guajira, de sus obligaciones para con los comercializadores de energía, rompiendo de facto la relación contractual entre unos y otros, terciando en favor de los primeros y en detrimento de los segundos, que se verán precisados a salir a comprar la energía en Bolsa, en momentos en que los precios están disparados a consecuencia del Fenómeno de El Niño. Y los usuarios finales serán los que pagarán los platos rotos, ya que esos mayores precios se traducirán al final del día en más altas tarifas en las facturas.

Con terquedad aragonesa, la saliente ministra Irene Vélez se mantuvo en sus trece y no dio su brazo a torcer, negándose sistemáticamente a la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

Para justificar su obstinación, a finales del año pasado prefabricó, sirviéndose de la ANH como mampara, un supuesto balance de reservas en el cual sumaba peras con manzanas (reservas probadas + reservas probables + reservas posibles y recursos contingentes y prospectivos), para ratificarse en su posición de que con los ya firmados bastaba y sobraba para espantar el fantasma de la importación de petróleo y gas. 

Pero, del borrador de la Hoja de ruta de la Transición Energética publicado para comentarios y sus proyecciones, basadas en el Informe de la ANH de la reducción de las reservas y el aumento previsto de la demanda se infiere como corolario que Colombia estará importando gas en 2026 y petróleo en 2028.

Así lo consideran Valora Analitik y expertos tan reconocidos como el profesor de la Universidad de los Andes Sergio Cabrales, sin embargo en dicho documento no se repara para nada en sus nefastas consecuencias tanto en la seguridad energética del país como en la balanza comercial, amén de su impacto en las finanzas públicas.

Este año se ha caracterizado por la imprevisión y la improvisación en el MME, empezando por la interinidad en varias de las dependencias claves del Ministerio, tales como la dirección de la ANH, que ya completa cuatro meses acéfala y la CREG en la que 4 de sus 6 expertos comisionados, en un hecho insólito, fueron designados en calidad de encargados, manteniendo su calidad de asesores del Despacho, lo cual, además del conflicto de competencias que ello significa, se lleva de calle el carácter autónomo de la CREG que le da la Ley. Hasta en el propio Despacho del Ministerio se manifiesta esta interinidad en la provisión de los viceministerios.

Situaciones tan críticas como el alza inusitada de las tarifas de energía especialmente en la región Caribe, han mostrado un Ministerio errático, pasando de la amenaza de asumir las funciones de la CREG y ahora que la controla no sabe qué hacer con ella.

El rimbombante anuncio de la ministra Irene de un “Pacto por la justicia tarifaria” dizque para rebajarlas, le dejó un sinsabor a los defraudados usuarios porque desde entonces sólo han visto subir las tarifas y el costo de sus facturas.

El clima en el sector es de incertidumbre y desconfianza. Deja al sector minero en ascuas, al determinar en otro Decreto, el 1277, que prácticamente paraliza la actividad minera en el país, excepción hecha de la extracción de minerales conocidos como críticos o estratégicos, sin los cuales no se puede dar la Transición, tales como el carbón metalúrgico o coquizable, el níquel y el cobre. Y, para rematar, se anunció la presentación de un proyecto de Ley minera que, según lo que ha trascendido, en lugar de estimular la actividad tiende más bien a proscribirla.

Con este pobre balance, este año pasará a la historia como el de la hostilidad en lugar de la concertación en el sector, en el que en el Ministerio se pasó, como dijo la ministra Irene en su carta de renuncia, de responder por “un sector históricamente tecnocéntrico y patriarcal” a otro conducido por el activismo, primando la ideología sobre el rigor técnico, lo que llevó a la ministra a desmantelar prácticamente el Ministerio.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Con el fin de reglamentar las transferencias del sector eléctrico con destino a comunidades indígenas, el Ministerio de Minas y Energía publicó un borrador de Decreto por medio del cual busca reglamentar el parágrafo 7 del artículo 233 de la Ley 2294 de 2023.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO_­*

Con la medida se quiere establecer que las comunidades indígenas certificadas por el Ministerio del Interior, sean directamente las beneficiarias de los recursos de transferencia del sector, que sean estas mismas quienes reciban y administren los recursos en comento.

En atención a lo anterior, los propietarios de generación de energía nuevas y en operación, deberán liquidar los valores correspondientes a las transferencias sobre la base de las ventas brutas del mes anterior.

Seguido a ello, cumplir en un plazo máximo de noventa días para acreditar el depósito de los dineros. Y, finalmente, dentro de los cinco días siguientes al depósito de las transferencias, deberán informar a las comunidades étnicas beneficiarias.

Es importante mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se expidió mediante la Ley 2294 de 2023, incrementando el valor que tienen que pagar las plantas nuevas y las plantas en operación por la energía producida a partir de fuentes no convencionales de energía renovable eólicas y solares fotovoltaicos.

El pago al cual se hace referencia corresponde a un impuesto por la generación de energía, el cual se conoce como las “transferencias del sector eléctrico”, que para este año pasó de 1% a 6% para el caso de las plantas nuevas y del 1% al 4 % para las plantas en operación.

En mi opinión, es favorable la participación de las comunidades indígenas, sin embargo, conviene complementar la iniciativa, incluyendo que las comunidades indígenas garanticen un buen uso de los recursos recaudados.

De igual manera, que se dé un proceso de transferencia de conocimiento sobre el mercado de los energéticos y un acompañamiento a favor de las comunidades indígenas, toda vez que, tal como está la propuesta, los recursos depositados por una primera parte deberán destinarse exclusivamente a la ejecución y/o cofinanciación de proyectos de infraestructura, servicios públicos, saneamiento básico y/o de agua potable.

Por otra, deberán fortalecer la base para la constitución de comunidades energéticas y comunidades organizadas para la prestación de servicios públicos, así como la implementación de proyectos para la transición energética justa.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta fundamental que se contemple que las comunidades indígenas por medio de sus organizaciones de representación, previo cumplimiento de sus requisitos de experiencia e idoneidad para ser ejecutores de los Proyectos de Infraestructura, cuenten con una asesoría jurídica integral que les permita tomar decisiones informadas en aras de optimizar los recursos de los cuales son titulares, a la par que se pueda asegurar de la mejor manera posible la ejecución contractual de los proyectos, la constitución de garantías y las interventorías necesarias tal como se trata en el proyecto y que, en todo caso, justifica de manera pertinente que las comunidades contraten personas expertas en la materia, que con su orientación respalden su participación y sus derechos a la Consulta Previa dentro la oportunidad debida, salvaguardándose también como sujetos de especial protección de conformidad con lo que reza la Constitución Política y la jurisprudencia dictada por la Corte Constitucional.

*Socio fundador de OGE Legal Services.