Categoría: Opinión

Además del posicionamiento y el reconocimiento alcanzados por la RAP del Caribe, ésta ha avanzado en el cumplimiento del mandato recibido por el Consejo Regional, con el entusiasta apoyo de este y de los gobernadores que hacen parte del mismo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Todo comenzó con una llamada que recibí el 26 de diciembre de 2022 de parte del gobernador del Magdalena Carlos Caicedo informándome que estaban reunidos todos los gobernadores de los departamentos del Caribe y acababan de tomar, enhorabuena, la decisión de poner en marcha la Región Administrativa y de Planificación (RAP) del Caribe y que unánimemente me pedían que yo me pusiera al frente de dicho proceso.

No me dieron tiempo de pensarlo dos veces ni yo lo necesitaba para darles el sí, pues comprometidos como hemos estado por décadas en pos de la descentralización y la autonomía regional, no podía rehuir dicha responsabilidad encomendada. Tanto más en cuanto que a mediados de 2020, junto con Elvia Mejía, quien me sucedió en la Coordinación del CORPES, les habíamos dirigido una carta abierta a ellos exhortándolos a que lo hicieran. No podíamos, entonces, salir huyéndole al tigre después de muerto.

Aceptamos, entonces, asumir el reto, luego de que se formalizara mi vinculación el 1º de febrero por parte del Consejo Regional de la RAP y desde entonces acometimos, con entusiasmo y decisión, esta ímproba tarea al ritmo 24/7, sin reparar en los obstáculos a superar, sobre todo las barreras propias del centralismo que agobia a las regiones, exacerbado por el presidencialismo a ultranza que se ha entronizado en Colombia, en donde el presidente de la República es además el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa.

Como lo afirmó el gran pensador paisa Luis López de Mesa, Colombia es un archipiélago de regiones, pero, como lo hemos advertido, lo peor que le puede pasar a las regiones es convertirse en un archipiélago de departamentos.

Para poder superar la postergación y desdén de la cual son objeto es fundamental la integración regional y esta se constituye en uno de los principales objetivos de la RAP cumpliendo su rol de articulador. En este propósito hemos propiciado la aproximación y cooperación entre las cámaras de comercio, las corporaciones autónomas, las comisiones regionales de competitividad y las universidades de la región, amén de Telecaribe, nuestro canal, con los cuales hemos venido trabajando de la mano.

El paso más importante a dar fue la formulación del Plan Estratégico Regional (PER), en su versión preliminar, el cual es un requisito sine qua non para acceder al registro de la RAP y su reconocimiento legal por parte del Ministerio del Interior.

A falta de un equipo robusto propio de la RAP para realizar este exigente trabajo, recurrimos a la integración del Voluntariado de la RAP, que coordina Elvia Mejía, con profesionales, docentes e investigadores de la región que, sin esperar ningún emolumento a cambio de su esmerado y diligente trabajo, pusieron todo de sí para lograrlo. Para ellos nuestro reconocimiento, el mismo que recibimos de parte del DNP por la calidad del trabajo realizado. Para resaltar el apoyo técnico recibido por el Observatorio del Caribe y su director Fernán Acosta.

Felizmente, el pasado 18 de diciembre recibimos oficialmente de manos del viceministro del Interior Gustavo García dicho registro.

Además del posicionamiento y el reconocimiento alcanzados por la RAP del Caribe, ésta ha avanzado en el cumplimiento del mandato recibido por el Consejo Regional y con el entusiasta apoyo de este y de los gobernadores que hacen parte del mismo, destacándose el proyecto de Las rutas de Gabo, para lo cual hemos contado con el apoyo de la Fundación Gabo que dirige Jaime Abello y de la Corporación Andina de Fomento y su presidente ejecutivo Sergio Díaz – Granados, de la cual también hemos recibido el apoyo para la actualización del proyecto El Caribe sin hambre y el de la Telemedicina.

También hemos recibido el apoyo de FINDETER y su presidente Juan Carlos Muñiz para avanzar en la siguiente fase del PER hasta su versión final y el Banco de proyectos anejo, así como de parte de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que dirige Mariela Barragán.

Somos conscientes de que esta es una tarea de largo aliento, que debe comprometer todas las energías de toda la dirigencia política, social y gremial de la región para avanzar de prisa y sin pausa hasta cumplir con el mandato ciudadano del Voto Caribe que se concretó en los comicios de marzo de 2010, en donde quedó expresa la voluntad y la decisión del Caribe de constituirse en región como entidad territorial.

Por ello, insistimos en que la RAP es sólo una escala técnica para llegar a este anhelo largamente acariciado. Por ello, registramos con optimismo el pronunciamiento de los gobernadores entrantes recientemente desde Cartagena, con el liderazgo del ex constituyente y próximo gobernador del Atlántico Eduardo Verano, al momento de recibir la posta de mano de sus antecesores, manifestando su “voluntad y la decisión de apoyar a la RAP, como una conquista alcanzada, gracias a la Constitución de 1991… Con tal fin, dispondremos de las acciones necesarias tendientes a su fortalecimiento y consolidación como ente integrador y articulador de la región”. 

Auguramos, entonces, los mejores tiempos para la causa autonomista en el país, en la que la región Caribe ha estado siempre a la vanguardia, seguiremos luchando sin tregua por ella con tesón y denuedo.

Como bien dijo Nelson Mandela, después de escalar una gran colina, uno se percata de que aún hay muchas colinas por escalar. Juntos, unidos somos más y más fuertes para enfrentar con éxito el leviatán del centralismo para dejar de ser, como diría nuestro laureado con el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, alfil sin albedrío del mismo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El presidente Petro gana aplausos y reconocimientos del activismo de los ‘fundambientalistas’ del orbe, pero se sitúa, como diría el mexicano premio Nobel de la Literatura Octavio Paz, “a las afueras de la realidad”, por lo menos de la de Colombia.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La reiteración por parte del presidente Gustavo Petro en el seno de la COP28 de que “Colombia dejó de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas”, no deja de causar desconcierto.

Del desconcierto se pasó a la perplejidad después de la adhesión de Colombia al Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, lo cual implica, según lo remarcó el propio presidente Petro, “cero exploración nueva” y “cero proyectos de explotación nueva en el mundo”. Utilizó un neologismo para significar que con esta decisión se estaría evitando un “omnicidio” en el planeta tierra.

Esto es supremamente grave, porque con tal decisión estaríamos dando un salto al vacío, con consecuencias catastróficas para el país. Y ello, mientras el resto del mundo, a contrapelo de lo que plantea y se propone Petro, aumenta la producción y el consumo de petróleo y sus derivados.

Según la Agencia internacional de energía (AIE), en los próximos 5 años la demanda de crudo en el mundo se incrementará en 5.8 millones de barriles por día (MMBPD) y solo a partir del 2030 se empezará a aplanar la curva de demanda.

Entre tanto, el presidente de PETROBRAS Jean-Paul Prates anuncia que Brasil pasará de producir 3 MMBPD a 5.4 MMBPD hacia el 2028. Por su parte Guyana se apresta a salir al ruedo con una producción nueva de petróleo de 1 MMBPD. Y Venezuela no quiere quedarse atrás, Nicolás Maduro se muestra dispuesto a dejarse torcer el brazo de Biden, con tal de que le levante las sanciones y PDVSA salga de la Lista Clinton, con tal de volver a aquellos tiempos en los que producía más de 3 MMMBPD. En ello, Maduro no tiene escrúpulos ideológicos ni reparos ambientalistas.

Así las cosas, el discurso en Dubai, así como la firma del tal Tratado, al cual además de Colombia solo se han adherido, según el registro de prensa “varios archipiélagos-Estado del océano Pacifico, Asia y el Caribe como Tuvalu, Timor-Leste, Antigua y Barbuda, Fiji y Vanuatu, ninguno de los cuales depende tanto como depende Colombia de la actividad petrolera, gana aplausos y reconocimientos del activismo de los fundambientalistas del orbe, pero se sitúa, como diría el mexicano premio Nobel de la Literatura Octavio Paz, “a las afueras de la realidad”, por lo menos de la de Colombia.

Tanto el anuncio de no más firma de contratos de exploración y explotación petrolera y ahora la renuncia a la actividad petrolera, no se compadecen con los términos de la Declaración firmada por los presidentes Gustavo Petro y Nicolas Maduro en el cual se dice, palabras más palabras menos que “es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo”. Tanto más en cuanto que para que ello sea posible es menester firmar allá los contratos de exploración y explotación que se niega a firmar en el territorio nacional.

En momentos en los que se discutía esta posibilidad, que está supeditada entre otras cosas a la posibilidad de que PDVSA salga de la Lista Clinton y se plantean reparos a tal iniciativa por no ser confiable la contraparte, dado sus antecedentes, así como sobre su viabilidad técnica, cuando, de pronto, se conoce el anuncio por parte del presidente de PETROBRAS, Paul Prates, en una entrevista con la agencia de noticias EFE, en el sentido de que están trabajando “en un plan de desarrollo de esas reservas para atender el mercado de Colombia y, eventualmente, si nos juntamos con empresas que también tienen reservas en la región, montar una planta para licuar ese gas natural y poder exportarlo a donde queremos”. Con ello, según la fuente, Colombia, no sólo recuperaría su capacidad de autoabastecerse sino que podría convertirse “en un jugador clave en la exportación de gas”.

Según sus cálculos, en el área que comparte con ECOPETROL, su socio, se calculan reservas del orden de 4 TPC de gas, el doble de las reservas probadas remanentes con las que cuenta actualmente el país, que están alrededor de 2.8 TPC. Y esto va en serio, toda vez que según aseguró el presidente de PETROBRAS, esta contempla en su Plan Estratégico 2024 – 2028, que prevé inversiones por US $102.000 millones, se apropiaron US $1.300 millones a operaciones en otros países entre los cuales está Colombia.

Como lo acotó el presidente de la Fundación Xua Energy y ex director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, Julio César Vera, “para el país es una excelente noticia la posibilidad que se puede desarrollar un área frontera, como lo es el off shore, con un potencial tan importante en materia de gas, que no solo permitirá inicialmente duplicar las reservas actuales que aportarían a la seguridad y soberanía energética del país, sino además con un potencial exportador que aporte divisas y recursos importantes”.

Por lo demás, en los último años han tenido lugar unos hallazgos off shore muy importantes en el Caribe, destacándose entre ellos los campos de Uchuva, Gorgón y Orca, este último en etapa de delimitación y cuantificación de sus reservas, hasta ahora contingentes, para lo cual se avanza en el alistamiento de la perforación de varios pozos por parte de ECOPETROL.

Así las cosas, nos atrevemos a plantear que no se debe descartar de plano ninguna opción, todas deben considerar su viabilidad, oportunidad y conveniencia, desde la perspectiva del corto, mediano y largo plazo, teniendo como premisa fundamental la seguridad y la soberanía energética.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La alternativa de importarlo desde Venezuela, a mi juicio, no es viable a corto plazo, puesto que no se dispone de la infraestructura necesaria para transportarlo desde el oriente venezolano para empalmar con el desvencijado gasoducto Antonio Ricaurte.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

El pasado 18 de noviembre los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Nicolás Maduro de Venezuela suscribieron una declaración en la cual se plantea “un principio de verdadera integración energética entre los dos países” la cual “se puede ampliar a Panamá, a Ecuador, a Brasil”. Y se añade que “sin temor, vamos a dar los pasos de una verdadera integración energética entre los dos países. De doble vía… Así se va a asegurar en ambas vías, energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia”.

Se plantea, además, la probabilidad de “queEcopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo”. Este último ha sido el asunto más controvertido de la declaración.

Lo primero que tenemos que decir es que celebramos la reanudación de las relaciones entre Colombia y Venezuela después de su ruptura el 23 de febrero de 2019, lo cual repercutió en una caída dramática de las exportaciones de Colombia hacia el hermano país y viceversa. En este contexto cobra importancia la integración energética entre los dos países y ese es el espíritu de esta declaración.

Hoy Colombia no cuenta con excedentes de electricidad para venderle a Venezuela, pero a futuro, cuando entren en operación los parques eólicos en La Guajira, habría la posibilidad de hacerlo, para lo cual se requiere rehabilitar la abandonada línea de interconexión entre la Subestación de Cuestecitas en La Guajira y la Subestación Raúl Leoni en el Estado Zulia (Venezuela), lo cual permitirá “transmitir energía eléctrica hacia el occidente de Venezuela” y hacia un futuro, más remoto, cuando Venezuela cuente con excedentes de energía y se llegar a necesitar en Colombia poder contar con ese respaldo. Yo diría que para luego es tarde para que se acometa la ejecución conjunta de este proyecto.

En cuanto a los hidrocarburos, como es bien sabido Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo con 302.810 millones de barriles y 197 terapiés cúbicos (TPC) de gas, ocupando el quinto lugar en el mundo por el volumen de sus reservas. Pese a ello, debido a su desatinada política petrolera de las últimas dos décadas, pasó de producir más de 4 millones de barriles de crudo al día a los 810.000 que produce actualmente.  

La situación de la estatal petrolera PDVSA se ha visto agravada por las sanciones decretadas por el gobierno de EEUU a Venezuela, pues al estar incluida en la lista Clinton ello limita su operación comercial y de contera, la deuda que ha venido contrayendo el gobierno de Maduro con China se paga con petróleo, lo cual reduce ostensiblemente su flujo de caja, lo cual limita sus inversiones y su operación.

Recientemente, el presidente Biden flexibilizó temporalmente dichas sanciones en respuesta e incentivo a un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la oposición para la realización de elecciones democráticas en Venezuela en 2024. Ello ha dado lugar a una apertura para la inversión extranjera en el sector de los hidrocarburos que está ávido de su reactivación. Ello le da un aire a PDVSA, que saldría de la lista Clinton, como ya salió la empresa Monómeros.

En este contexto, consideramos que Colombia y particularmente ECOPETROL tienen en esta apertura una ventana de oportunidad que no se debe descartar hacia el futuro. Como es obvio, para volverse socia de PDVSA ECOPETROL deberá firmar un contrato vinculante para las partes. Se le critica al Gobierno su incoherencia, pues al tiempoque insiste tercamente en su posición de no firmar nuevos contratos en Colombia sí estaría dispuesto a firmarlo allá.

De asociarse ECOPETROL con PDVSA, habría que hacer la salvedad de que ello no deberá darse en detrimento de la inversión de la estatal petrolera colombiana en el que debe ser el core de su negocio, que es la exploración, explotación y refinación de hidrocarburos en el país, que debe seguir siendo su primera prioridad, tal como lo contempla la Estrategia 2040, recientemente ratificada por su Junta Directiva, la cual, como lo anunció el presidente de la empresa Ricardo Roa, “se va a mantener firme”.

Huelga decir que dado los precedentes de incumplimiento de sus compromisos para con Colombia por parte de Venezuela, como ocurrió con la entrega de gas natural a través del desastrado Gasoducto Antonio Ricaurte, a partir del 2015 en reciprocidad con el que le entregó nuestro país entre los años 2008 al 2014, en este caso hay que ser precavidos y cautelosos para no poner en riesgo la seguridad y sobre todo la soberanía energética del país, ahora que se vuelve a hablar de la posible importación de gas desde Venezuela.

Al respecto tenemos serios reparos. Es evidente que, debido a la declinación de los principales campos en explotación en La Guajira y en los Llanos Orientales, Colombia acusa un déficit en el suministro de gas, sobre todo en coyunturas como la actual, que debido al fenómeno de El Niño se impone la necesidad de una mayor generación de energía térmica, cuya demanda de gas representa el 30%, aproximadamente. Ello ha obligado a importar entre los meses de octubre y noviembre 204 MMPCD, un 17% de la demanda. Para ello se cuenta con la regasificadora de El Cayao en Cartagena.

No obstante, la alternativa de importarlo desde Venezuela, a mi juicio, no es viable a corto plazo, puesto que no se dispone de la infraestructura necesaria para transportarlo desde el oriente venezolano para empalmar con el desvencijado gasoducto Antonio Ricaurte, el cual amerita cuantiosas inversiones para su rehabilitación, amén de que el gas de Venezuela no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la normatividad. Y a mediano plazo Colombia dispondrá de las reservas ya descubiertas costa afuera en el Caribe, las cuales se estarían desarrollando a más tardar en 2 años, siendo esta la mayor apuesta por parte de ECOPETROL en este momento.  

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Noviembre se nos vino con dos noticias de gran impacto para el sector energético, una mala y otra buena.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Comencemos por la mala. Esta corrió por cuenta del IDEAM, oficializando el advenimiento del Fenómeno de El Niño. Así lo dejó establecido su directora Ghisliane Echeverri, al advertir que “se cumplen los criterios técnicos para esta declaratoria oficial”, aunque se sabía que se venía gestando desde mayo.

Como es bien sabido, El Niño se asocia con verano y sequía, por ello causa desconcierto que dicho anuncio coincida con lluvias torrenciales que causan inundaciones en gran parte del país. Según el subdirector de meteorología del IDEAM, “el territorio nacional está afectado por otros fenómenos meteorológicos que causan precipitaciones en el corto plazo”.

Esta aparente paradoja nos lleva a precisar el concepto del cambio climático, que por muchos años se caracterizaba como el calentamiento global. Si bien es cierto, como lo reveló el Panel de Expertos de las Naciones Unidas (IPCC, por su sigla en inglés), creado en 1988, existe una estrecha correlación entre las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI), de los cuales el dióxido de carbono (CO2) representa el 80%, cuyas emisiones se atribuyen a las energías de origen fósil, y la temperatura global, la cual se ha elevado más de un grado con respecto a la era preindustrial.

En rigor debería hablarse más bien de variabilidad o desorden climático, pues nada impide que se presenten sequías y altas temperaturas mientras transcurre la Niña y temporadas de pluviosidad, acompañadas de bajas temperaturas en medio de El Niño.

Estos fenómenos extremos de la Niña y el Niño revisten tres características a saber: no son cíclicos o estacionales, son impredecibles, son cada vez más recurrentes y por último son cada vez más fuertes y duraderos. Eso sí, ningún Niño se parece a otro Niño y ninguna Niña se parece a otra Niña, cada cual tiene sus propias peculiariedades.

Después de la Niña de 2010 – 2011, acaba de registrarse una más prolongada, que duró tres años (2021 – 2023). En efecto, según el más reciente reporte del IDEAM, la probabilidad de que esta vez el fenómeno de El Niño sea fuerte se ubica entre el 75% y el 85%. Se espera que se prolongue hasta junio de 2024, siendo los meses de noviembre de este año hasta enero del año entrante el período de mayor intensidad. Tiene toda la razón la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible Susana Muhamad al aseverar que el Niño no es un juego.

La buena noticia tiene que ver con el desplome del precio de la energía en Bolsa. Después de superar el precio de escasez, según XM, la empresa que administra el mercado mayorista, su cotización pasó de $1.479,18/KWH el 24 de octubre a $371,72/KWH el 29 del mismo mes.

Ello se explica por dos factores: el primero es la entrada en operación otras dos unidades, para completar cuatro de ocho del megaproyecto de generación de Hidroituango y la repotenciación de Termocandelaria.

Estas dos nuevas turbinas en operación, en el primer caso, le incorporan la Sistema Interconectado Nacional (SIN) 600 MW de potencia adicionales. Por su parte, Termocandelaria amplió y modernizó sus plantas, las cuales pasaron de 2 unidades de ciclo simple a 3 en ciclo combinado. Ello se tradujo en la incorporación de 852 MW, lo cual permite contar con una capacidad total instalada de generación en el país de 19.929 MW de potencia.

Esta mayor oferta de energía viene a aliviar el estrés al cual está sometido el SIN por cuenta del atraso en la ejecución de múltiples proyectos de generación y ello ha venido presionando al alza los precios de la energía en Bolsa.

De hecho, en 2023 sólo ha entrado en operación el 16% de la nueva generación de energía que se proyectó. Deberían haber entrado 6.608 MW de nueva capacidad, pero hasta la fecha sólo se han conectado 1.062 MW. Bien dijo la gerente del Mercado de Energía de XM Cecilia Maya que “las estadísticas no ayudan”.

Hoy, gracias a la entrada en operación de esa mayor capacidad de generación, el margen de maniobra entre oferta y demanda pasó del 2,7% al 5%, que sigue siendo estrecho.

El segundo factor que explica la caída en picada de los precios de la energía en Bolsa radica en el comportamiento de las precipitaciones con lluvias torrenciales en el último mes y el subsiguiente aporte hídrico a los embalses.

Según el director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) Alejandro Castañeda, “mientras que en septiembre y en los primeros 15 días de octubre veníamos con unas lluvias que correspondían más o menos a 53% de la media histórica; es decir, si se saca el promedio de los últimos 50 septiembres, estábamos a 50% de ese promedio, entonces estábamos muy bajitos. Hoy en día subió y estamos como a 75%, entonces digamos que está llegando un poco más de agua a los embalses y los agentes hidráulicos lo que hacen es aflojar los precios y comenzar a disminuir el valor del precio en la bolsa«.

Si algo caracteriza el precio en Bolsa es su volatilidad y a ella nos tendremos que atener, qué le vamos a hacer, lo que hay que tratar de contener es la espiral alcista.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La propia CREG se pronunció a través de una circular, en la cual advierte que “en este momento no se cumplen los requisitos para emitir conceptos y responder peticiones de interés general y particular relacionados con la regulación de los servicios públicos”.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

La Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (CREG) es el órgano colegiado rector de la regulación del sector energético en Colombia y fue creada mediante la Ley de servicios públicos 142 de 1994, como parte esencial de la institucionalidad, vigente hace casi 30 años.

El desempeño de esta arquitectura ha merecido las más altas calificaciones del Foro Económico Mundial y gracias a ella el sector eléctrico ha sido capaz de soportar tres fenómenos de El Niño sin verse abocado a la necesidad de racionar el servicio de energía. El último de ellos en 2015.

En 2022, frente a la escalada alcista de las tarifas de energía y en respuesta al descontento a las protestas de los usuarios, el presidente Gustavo Petro, en septiembre del año anterior, en el marco del Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO), anunció su intervención de la CREG con el objeto de asumir sus funciones.

En efecto, en febrero de este año procedió a expedir el Decreto 0227, mediante el cual “retomó” varias de las funciones y competencias de la CREG, con tan mala suerte que a poco andar el Consejo de Estado lo suspendió, al considerar que las mismas no son delegadas por parte del presidente, sino que son propias de la CREG por ministerio de la Ley que la creó.

Pero, posteriormente, el mismo Consejo de Estado terminó anulando el nombramiento de varios de los expertos comisionados que integraban la CREG, quedando ésta prácticamente desmantelada y en manos del presidente Petro. No obstante, éste en lugar de proceder a nombrar en propiedad y por el período de 4 años, como lo manda la Ley sus reemplazos, dispuso encargar a funcionarios del despacho del Ministerio de Minas y Energía. Y cuando a estos se les terminó el encargo la CREG quedó sumida en interinidad y hasta la fecha sólo a uno de ellos se reemplazó con el nombramiento de Omar Prías Caicedo.

Lo cierto es que la CREG se tornó inoperante desde el 5 de octubre por no contar con el quorum suficiente para tomar decisiones. Esta situación llevó a afirmar su director Eecutivo José Fernando Prada que “tenemos un apagón regulatorio, porque no tenemos capacidad de tomar ninguna decisión”. Ello es muy grave, porque, como se lo hizo saber oportunamente la CREG al ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho “la Comisión tiene en proceso de estudio y aprobación varias medidas regulatorias, las cuales consideramos relevantes para el funcionamiento de los sectores regulados”.

Y para rematar, luego vendría lo peor, José Fernando Prada, habiéndosele vencido su período, renunció ante el despacho del ministro de Minas y Energía y nunca le contestaron, transcurrido el tiempo dispuesto por la Ley sin que se la aceptaran, apelando al silencio administrativo, hizo efectivo su retiro el 6 de noviembre por vencimiento de términos. De esta manera, la desmantelada e inoperante CREG ahora quedó acéfala y a la deriva, al garete.

Hasta ahora sólo se ha hecho efectivo el nombramiento en propiedad de uno sólo de los 6 expertos comisionados que integran la CREG, al ingeniero Omar Prías, prolongando la parálisis de la CREG por cuenta de la desidia y el desdén del Gobierno.

En un hecho sin precedentes, la propia CREG se pronunció a través de una circular, cuyo texto más parece el canto del cisne, en el cual advierte que “en este momento no se cumplen los requisitos para emitir conceptos y responder peticiones de interés general y particular relacionados con la regulación de los servicios públicos”. Algo inaudito. 

Y ello ocurre en momentos en los que el propio Gobierno Nacional, a través del IDEAM, oficializó la llegada de El Niño, cuya amenaza no es menor para el sector energético, urgido de medidas que solo la CREG puede tomar porque son de su competencia, para conjurarla.

Las consecuencias de esta abulia gubernamental no se han hecho esperar. Al expirar el Pacto Tarifario firmado entre el Ministerio de Minas y Energía en septiembre pasado, tendiente a pausar las alzas tarifarias, ya las empresas operadoras de red quedaron con las manos libres para incrementarlas e iniciar la recuperación por esa vía de los saldos por concepto de la opción tarifaria, que ya superan los $5 billones. El proyecto de Resolución de la CREG que contempla un mecanismo alternativo, que procura limitar dichos aumentos se quedó en el tintero.

Como lo denunció el delegado para Minas y Energía de la Contraloría General Germán Castro, “al no determinarse ese tipo de ajustes, los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe puede superar el 15%.

Y mientras tanto, el ministro, que dice estar “del lado de los usuarios”, se hace el de la vista gorda, afirmando que “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años”. ¿Será esta una de esas profecías autocumplidas? ¡No hay derecho!

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La Transición Energética está en cuidados intensivos. La apuesta del actual Gobierno no avanza en los frentes de adicionar energía renovable.

Por: JUAN ESPINAL*

La Transición Energética ha sido una decisión de Estado, que se inició en el gobierno del presidente Uribe con el primer parque eólico Jepirachi en La Guajira, pasando por la aprobación de la Ley 1725 de 2014 en el gobierno Santos, y generando avances significativos que fueron reconocidos en la COP 26 como la Ley de Transición Energética, la Ley de Cambio Climático y la Hoja de Ruta del Hidrógeno liderada por el presidente Duque; lo que significa que ni Petro ni sus fanáticos ministros están descubriendo algo nuevo.

La constante ha sido avanzar con la Transición Energética de la mano de la Seguridad Energética. Parte de esta Transición, es darle complementariedad a los recursos hídricos por la exposición de efectos climáticos, como el Fenómeno de El Niño, con más fuentes de energías renovables, además, continuar  aprovechando los recursos no renovables, que en su mayoría, son exportados y buscan cerrar brechas energéticas con el gas natural en el mercado doméstico.

Lo he manifestado, la Transición Energética está en cuidados intensivos. La apuesta del actual Gobierno no avanza en los frentes de adicionar energía renovable. Quieren dejar de explorar y explotar recursos no renovables, al parecer pretenden que nuestro país dependa de países como Venezuela, decisión que generaría una gran afectación económica en materia fiscal y de balanza comercial. El plan de Petro no es proteger al mundo del cambio climático, sino destruir a Colombia.

Si importamos gas desde Venezuela, la factura del gas para estratos 1, 2 y 3 aumentaría hasta por 5 veces; no podemos olvidar que en Colombia 37 millones de ciudadanos consumimos el gas que producimos y que el 67% son estratos bajos. La pregunta para el presidente Petro es, ¿cómo sustituir el 54% de las exportaciones que dependen del petróleo y el carbón?

El Gobierno del “Cambio” tiene en riesgo la Transición Energética, la CREG está desmantelada, en el Plan Nacional de Desarrollo aumentaron las transferencias del 1% al 6% para los proyectos de energías renovables no convencionales. La inseguridad jurídica está generando parálisis de los proyectos eólicos y solares, ENEL suspendió la construcción de uno de los parques eólicos más importantes y otras empresas han tomado la decisión de desmontar proyectos similares en el país.

No se puede desconocer que el sector minero energético genera 500 mil empleos directos en el país, fondea el Sistema General de Regalías, que es fundamental para la construcción de colegios, vías, parques y que además, financia proyectos ambientales y en materia de ciencia, tecnología e innovación.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional y Acolgen, para el cual tomaron la información de proyecciones a futuro de la UPME, se estiman crecimientos de la demanda de electricidad entre el 2,2% y el 3,4% anualmente. Hoy el consumo real está creciendo por encima del 5%, es decir, el doble de lo que proyectó la UPME, lo cual representa un reto aún mayor para el mercado, porque de mantener ese ritmo el sistema no estaría preparado para atender a todos los colombianos años antes de lo presentado por el estudio.

Presidente Petro, no permita que la Transición Energética fracase, no someta a los colombianos a un apagón, a quemar más leña y a depender energéticamente de otro país. Presidente, no debilite  a ECOPETROL, la empresa más importante de los colombianos.

Lamentablemente hoy los colombianos estamos viendo las consecuencias del decrecimiento al que están dedicados en el gobierno nacional. Ojalá no dejen perder el país, aunque como vamos, el resultado no será el mejor.

*Segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes.

Aún la más necesaria y sabia de las reformas afecta la confianza del mundo empresarial y debilita los motivos para su acción, esto es, para invertir.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La incertidumbre es el signo de los tiempos en el sector energético. Llama poderosamente la atención el reciente pronunciamiento de Brookfield Corporation, el accionista mayoritario de ISAGEN, en carta abierta que le dirigió al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en la cual manifiesta su preocupación porque “el decreto 929 de 2023 “emite unas directrices de política pública que afectan la autonomía de las compañías para evaluar sus riesgos a la hora de ofrecer energía en el mercado en Bolsa”. Su reparo obedece a que le están cambiando las reglas en mitad del partido, y no hay nada que le cause más desazón a los inversionistas.

Además, en menos de dos días dos firmas calificadoras de riesgo, Moody´s y Fitch Rating, dieron su campanazo de alerta, haciendo eco a la percepción por parte de las empresas de la falta de seguridad jurídica en el país.

Mientras la primera dejó sentado que “la incertidumbre política de Colombia seguirá frenando la inversión en proyectos relacionados con el transporte y la energía”, la segunda fue aún más categórica al señalar que “las medidas regulatorias adversas adoptadas por el Gobierno colombiano desde finales de 2022 han debilitado la confianza de los inversores en el sector, desalentado las inversiones en nueva capacidad de generación de electricidad necesaria para satisfacer el crecimiento futuro de la demanda”.

Poco contribuyen a disipar las dudas y preocupaciones tanto de los gremios del sector como de los inversionistas que quieren apostarle al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución en el país ciertas afirmaciones del ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho.

Anuncios tales como que se tomarán “medidas regulatorias y económicas para que no se cargue el costo del mercado a los usuarios, que es lo que viene pasando históricamente”. Cabe preguntarse qué quiso decir con esta aseveración. O su afirmación según la cual la privatización del sector “ha llevado a una crisis tarifaria que afecta especialmente a los usuarios” y va más lejos cuando afirmó sin pestañear que “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años”.

No sé cómo va a hacer el ministro para que el costo en que incurren los agentes de la cadena no se refleje en las tarifas que pagan los usuarios sin poner en riesgo la prestación del servicio de energía, eso sí bajos los principios de suficiencia financiera y costos eficientes que rigen el sistema en virtud las leyes 142 y 143 de 1994.

De dónde saca el ministro que es la privatización del sector la causante de la “crisis tarifaria” y que los altos precios de la energía obedecen a otra crisis macro, la del “modelo neoliberal”. Porque, de ser así, para poner correctivos al alza inmoderada de las tarifas que se han experimentado en los último años, habría que esperar hasta que, mediante una reforma constitucional, se modifique el artículo 365  de la Carta, el cual  dispuso que los servicios públicos “podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por particulares o por comunidades organizadas”, que es lo que ahora llaman comunidades energéticas.

Pero, mientras tanto aplica el aforismo de que dura lex sed lex. De todas maneras, se reservó el Estado su capacidad regulatoria, que debe ejercer a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), así como el control y vigilancia de la prestación del servicio a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la única con rango constitucional.

Cuando el titular de la cartera de Minas y Energía, luego de declararse “un ministro del lado de los usuarios”, para asegurar que “no vamos a permitir que las tarifas sigan subiendo” y amenaza con que “se tomarán medidas regulatorias” para impedirlo, todos los agentes de la cadena quedan en ascuas. Sobre todo, en momentos en los que la inoperante CREG prolonga su interinidad a pesar del llamado de la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello para que se disponga la provisión de los cargos vacantes de los expertos comisionados para que por lo menos tenga quórum para decidir. Bien dijo el supérstite director de la CREG José Fernando Prada “estamos en un apagón regulatorio”.

Por lo demás, el ministro no necesita estar del lado de los usuarios, porque las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021 los empoderan. Por ministerio de estas leyes, el consumidor dejó de ser un agente pasivo. Dos de las 4D (Digitalización, Descarbonización, Descentralización y Democratización), que comporta la Transición Energética, la descentralización y la democratización ponen al usuario en el centro.

No hay que perder de vista que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) opera como una partida de ajedrez, en la que el movimiento de cualquiera de las piezas, así sea un peón, altera todo el juego.

El SIN es una cadena con múltiples agentes (generador, transportador, comercializador, distribuidor y el usuario), por lo tanto cualquiera de ellos que falle puede provocar una falla sistémica, que puede comprometer la prestación del servicio con eficiencia, calidad y continuidad, como lo manda le Ley 143 de 1994, abocándonos a un eventual apagón.

Cada vez que el Gobierno anuncia cambios normativos y/o regulatorios debe tener en cuenta el consejo que le dio John Maynard Keynes al presidente de EEUU Franklin D. Roosevelt, cuando apenas se reponía la economía global del gran crac de 1929: “Aún la más necesaria y sabia de las reformas afecta la confianza del mundo empresarial y debilita los motivos para su acción”, esto es, para invertir.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La razón principal por la que se viene presentando estrechez entre la oferta y la demanda de energía, sometiendo a estrés al Sistema Interconectado Nacional (SIN), es por el retraso de la ejecución de muchos proyectos, tanto de generación como de transmisión.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

De los 4.000 MW que han debido entrar entre 2018 y 2021 sólo entraron los 600 MW de las 2 primeras unidades de las 8 de Hidroituango. Además, según XM, mientras el consumo de energía crece en promedio a nivel nacional a un ritmo del 6,23% y en el Caribe al 11,75%, la oferta de energía en firme a duras penas crece al 2,5%.

Como lo acota la firma calificadora de riesgos Fitch Ratings, “Colombia continúa enfrentando un desajuste entre la demanda de energía y la expansión requerida del sistema, con una fuerte demanda haciendo subir los precios de la energía muy por encima de los niveles históricos en el mercado spot”.

Por ello, basta con que se presente cualquier contingencia o falla para que el sistema entre en barrena.

Merece mención particular el notorio retraso de los parques eólicos en La Guajira, porque la no entrada de ninguno de los 14 proyectos que se asignaron en las subastas de cargo por confiabilidad de energía eólica, que compromete la instalación de 2.400 MW, ha logrado entrar en operación y desestabiliza todo el SIN.

Lo propio ha ocurrido con 11 proyectos de energía solar fotovoltaicos. Ello, impide, además, reducir las tarifas al usuario, habida cuenta de los más bajos costos y precios de la energía generada y lo que es peor le resta resiliencia a la matriz eléctrica.

Quiero enfatizar en esto último, porque la mayor virtud que tiene la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables a la matriz es que las mismas se caracterizan por ser contracíclicas, esto es, que precisamente cuando el verano es más intenso y es mayor la sequía es cuando se tiene más frecuencia y más fuerza de los vientos, y se tiene mayor radiación solar. 

Lo propio podemos decir de los proyectos de transmisión de energía, pues bien se ha dicho que sin transmisión no hay transición y ello es absolutamente cierto. Al paso que vamos, nos exponemos a no tener en La Guajira parques de generación eólica, sino unos parques de ventiladores, porque sin Colectora, aplazada hasta 2025 o 2026, no será posible inyectar al SIN la energía que allí se genere.

Lo mismo ocurre con la línea de 500 KV Chivor–Norte–Bacatá, la cual se espera que entre en 2025, exponiendo al centro del país a tener “demanda no atendida”, al igual que hoy ocurre en la región Caribe. Según el presidente del Grupo de Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, “ya es un hecho que negocios importantes en la Sabana de Bogotá no logran tener acceso al servicio porque no hay suficiente energía”.

Además, el primer sistema de almacenamiento de energía a gran escala mediante el sistema de baterías localizado en Atlántico, el cual fue contratado con la empresa Canadian Solar y cuyo avance va en el 45%, por lo que se espera que entre sólo en 2024.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Según XM, mientras el consumo de energía crece en promedio a nivel nacional a un ritmo del 6,23% y en el Caribe al 11,75%, la oferta de energía en firme a duras penas crece al 2.5%.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Primero fue la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez quien afirmó categóricamente en marzo de 2023 que “no tenemos un riesgo de racionamiento de energía eléctrica, esa es una información falsa que no tiene sustento técnico. No hay necesidad de generar este tipo de alarmas”.La razón esgrimida por la ministra para descartarlo fue tajante: “Los embalses del país están por encima del promedio de hace dos décadas”.

En su momento, frente a estas afirmaciones de Vélez, hicimos la salvedad de que, si bien no estábamos ante el riesgo inminente de un racionamiento, sí estábamos ante un riesgo inmanente del mismo, en razón de que el 68% de la capacidad instalada de generación es hídrica y al depender esta del nivel de los embalses, ello constituía una gran vulnerabilidad ante la ocurrencia de un fenómeno de El Niño. Y en El Niño estamos y según el más reciente informe de la NOOA se podría prologar hasta junio de 2024.

El nuevo ministro Ómar Andrés Carreño, refiriéndose al nivel agregado de los embalses que se ubicó en septiembre en 73.68% de volumen útil, dijo: “Tenemos energía para superar El Niño”. No obstante, como es bien sabido, los embalses tienen una capacidad de almacenamiento de agua que a lo sumo soportan 13.400 GWH, de los cuales de utilizan 220 GWH/día.

A causa del fenómeno de El Niño el aporte hídrico a los embalses se aminora y las precipitaciones pueden alcanzar los 100 GWH/día. De tal suerte que, por una simple operación de sumas y restas, si se consumen 220 GWH/día y sólo se recuperan 100 GWH/día, progresivamente va bajando el nivel del embalse, que en condiciones de hidrología crítica podría llegar a estar por debajo del 63%, considerado como el nivel mínimo operativo.

A poco andar XM, que es la empresa que opera el Sistema Interconectado Nacional y administra el mercado mayorista, informa sobre la imposibilidad de garantizar en forma segura el abastecimiento de energía en la región Caribe y el Chocó. Ello, debido “al agotamiento de la red de transmisión”, a causa del atraso de la ejecución de los proyectos de expansión de la misma, lo que se traduce en una “demanda no atendida”, que es como llama XM eufemísticamente el racionamiento. Ello ha pasado desapercibido porque este país es tan centralista que mientras no llueva en Bogotá no se considera que hay invierno en el país.

Y más recientemente, XM revela que estaba a punto de darse un efecto dominó que podría llevar al colapso a 36 empresas del sector, que podría derivar en el temido apagón. Ello a consecuencia de la acumulación de una deuda contraída por los usuarios por cuenta de la opción tarifariay cuyo saldo ya supera los $5 billones.

En un primer momento, el ministro Camacho desestimó la alerta de XM y estuvo a punto de estallarle en sus manos esta bomba de tiempo. Pues bien, Air–e, una de las empresas con problemas de flujo de caja, ante la imposibilidad de pagarle a las empresas comercializadoras y generadoras la energía que les compra, les envió una comunicación a estas declarándose en insolvencia. Ante el riesgo de que entrara en limitación de suministro, esto es que le dejaran de despachar la energía, lo cual la habría llevado a la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, le tocó al Ministro expedir en volandas la Resolución 40611 para conjurar dicho riesgo.

Concomitantemente, se apresuró el Gobierno a expedir el Decreto 1637, mediante el cual se dispuso de una línea de crédito en FINDETER por $1 billón para solventar la crisis financiera de las empresas.

Como si lo anterior fuera poco, aunque el Ministro niegue la gravedad de la crisis del sector eléctrico y afirme que “no estamos viendo un apagón en términos de energía, estamos viendo unas dificultades económicas y financieras de las empresas”, XM emitió una nueva alerta, esta vez debido a que el precio de la energía en Bolsa había superado el precio de escasez, lo cual “genera una señal de que hay una situación crítica en el sistema”. Lo que pasa es que al Ministro, como en la paradoja de Huidobro, los árboles no le dejan ver el bosque, de allí su negacionismo de la crisis.

Y la razón primordial por la que se está presentando esta estrechez entre oferta y demanda es por el retraso de la ejecución de muchos proyectos, tanto de generación como de transmisión.

De los 4.000 MW que han debido entrar entre 2018 y 2021 sólo entraron los 600 MW de las 2 primeras unidades de las 8 de Hidroituango. Además, según XM, mientras el consumo de energía crece en promedio a nivel nacional a un ritmo del 6,23% y en el Caribe al 11,75%, la oferta de energía en firme a duras penas crece al 2.5%.

Como lo acota la firma calificadora de riesgos Fitch Ratings, “Colombia continúa enfrentando un desajuste entre la demanda de energía y la expansión requerida del sistema”. Ello explica que mientras la demanda por energía en días ordinarios oscila alrededor de 222 GWHD, la oferta a lo sumo llega a los 225 GWHD.

Así, basta con que se presente cualquier contingencia o falla para que el sistema entre en barrena. La crisis en ciernes, entonces, no se puede reducir a “unas dificultades económicas y financieras de las empresas”. Así de claro.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.