Categoría: Opinión

Noviembre se nos vino con dos noticias de gran impacto para el sector energético, una mala y otra buena.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Comencemos por la mala. Esta corrió por cuenta del IDEAM, oficializando el advenimiento del Fenómeno de El Niño. Así lo dejó establecido su directora Ghisliane Echeverri, al advertir que “se cumplen los criterios técnicos para esta declaratoria oficial”, aunque se sabía que se venía gestando desde mayo.

Como es bien sabido, El Niño se asocia con verano y sequía, por ello causa desconcierto que dicho anuncio coincida con lluvias torrenciales que causan inundaciones en gran parte del país. Según el subdirector de meteorología del IDEAM, “el territorio nacional está afectado por otros fenómenos meteorológicos que causan precipitaciones en el corto plazo”.

Esta aparente paradoja nos lleva a precisar el concepto del cambio climático, que por muchos años se caracterizaba como el calentamiento global. Si bien es cierto, como lo reveló el Panel de Expertos de las Naciones Unidas (IPCC, por su sigla en inglés), creado en 1988, existe una estrecha correlación entre las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI), de los cuales el dióxido de carbono (CO2) representa el 80%, cuyas emisiones se atribuyen a las energías de origen fósil, y la temperatura global, la cual se ha elevado más de un grado con respecto a la era preindustrial.

En rigor debería hablarse más bien de variabilidad o desorden climático, pues nada impide que se presenten sequías y altas temperaturas mientras transcurre la Niña y temporadas de pluviosidad, acompañadas de bajas temperaturas en medio de El Niño.

Estos fenómenos extremos de la Niña y el Niño revisten tres características a saber: no son cíclicos o estacionales, son impredecibles, son cada vez más recurrentes y por último son cada vez más fuertes y duraderos. Eso sí, ningún Niño se parece a otro Niño y ninguna Niña se parece a otra Niña, cada cual tiene sus propias peculiariedades.

Después de la Niña de 2010 – 2011, acaba de registrarse una más prolongada, que duró tres años (2021 – 2023). En efecto, según el más reciente reporte del IDEAM, la probabilidad de que esta vez el fenómeno de El Niño sea fuerte se ubica entre el 75% y el 85%. Se espera que se prolongue hasta junio de 2024, siendo los meses de noviembre de este año hasta enero del año entrante el período de mayor intensidad. Tiene toda la razón la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible Susana Muhamad al aseverar que el Niño no es un juego.

La buena noticia tiene que ver con el desplome del precio de la energía en Bolsa. Después de superar el precio de escasez, según XM, la empresa que administra el mercado mayorista, su cotización pasó de $1.479,18/KWH el 24 de octubre a $371,72/KWH el 29 del mismo mes.

Ello se explica por dos factores: el primero es la entrada en operación otras dos unidades, para completar cuatro de ocho del megaproyecto de generación de Hidroituango y la repotenciación de Termocandelaria.

Estas dos nuevas turbinas en operación, en el primer caso, le incorporan la Sistema Interconectado Nacional (SIN) 600 MW de potencia adicionales. Por su parte, Termocandelaria amplió y modernizó sus plantas, las cuales pasaron de 2 unidades de ciclo simple a 3 en ciclo combinado. Ello se tradujo en la incorporación de 852 MW, lo cual permite contar con una capacidad total instalada de generación en el país de 19.929 MW de potencia.

Esta mayor oferta de energía viene a aliviar el estrés al cual está sometido el SIN por cuenta del atraso en la ejecución de múltiples proyectos de generación y ello ha venido presionando al alza los precios de la energía en Bolsa.

De hecho, en 2023 sólo ha entrado en operación el 16% de la nueva generación de energía que se proyectó. Deberían haber entrado 6.608 MW de nueva capacidad, pero hasta la fecha sólo se han conectado 1.062 MW. Bien dijo la gerente del Mercado de Energía de XM Cecilia Maya que “las estadísticas no ayudan”.

Hoy, gracias a la entrada en operación de esa mayor capacidad de generación, el margen de maniobra entre oferta y demanda pasó del 2,7% al 5%, que sigue siendo estrecho.

El segundo factor que explica la caída en picada de los precios de la energía en Bolsa radica en el comportamiento de las precipitaciones con lluvias torrenciales en el último mes y el subsiguiente aporte hídrico a los embalses.

Según el director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) Alejandro Castañeda, “mientras que en septiembre y en los primeros 15 días de octubre veníamos con unas lluvias que correspondían más o menos a 53% de la media histórica; es decir, si se saca el promedio de los últimos 50 septiembres, estábamos a 50% de ese promedio, entonces estábamos muy bajitos. Hoy en día subió y estamos como a 75%, entonces digamos que está llegando un poco más de agua a los embalses y los agentes hidráulicos lo que hacen es aflojar los precios y comenzar a disminuir el valor del precio en la bolsa«.

Si algo caracteriza el precio en Bolsa es su volatilidad y a ella nos tendremos que atener, qué le vamos a hacer, lo que hay que tratar de contener es la espiral alcista.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La propia CREG se pronunció a través de una circular, en la cual advierte que “en este momento no se cumplen los requisitos para emitir conceptos y responder peticiones de interés general y particular relacionados con la regulación de los servicios públicos”.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

La Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (CREG) es el órgano colegiado rector de la regulación del sector energético en Colombia y fue creada mediante la Ley de servicios públicos 142 de 1994, como parte esencial de la institucionalidad, vigente hace casi 30 años.

El desempeño de esta arquitectura ha merecido las más altas calificaciones del Foro Económico Mundial y gracias a ella el sector eléctrico ha sido capaz de soportar tres fenómenos de El Niño sin verse abocado a la necesidad de racionar el servicio de energía. El último de ellos en 2015.

En 2022, frente a la escalada alcista de las tarifas de energía y en respuesta al descontento a las protestas de los usuarios, el presidente Gustavo Petro, en septiembre del año anterior, en el marco del Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO), anunció su intervención de la CREG con el objeto de asumir sus funciones.

En efecto, en febrero de este año procedió a expedir el Decreto 0227, mediante el cual “retomó” varias de las funciones y competencias de la CREG, con tan mala suerte que a poco andar el Consejo de Estado lo suspendió, al considerar que las mismas no son delegadas por parte del presidente, sino que son propias de la CREG por ministerio de la Ley que la creó.

Pero, posteriormente, el mismo Consejo de Estado terminó anulando el nombramiento de varios de los expertos comisionados que integraban la CREG, quedando ésta prácticamente desmantelada y en manos del presidente Petro. No obstante, éste en lugar de proceder a nombrar en propiedad y por el período de 4 años, como lo manda la Ley sus reemplazos, dispuso encargar a funcionarios del despacho del Ministerio de Minas y Energía. Y cuando a estos se les terminó el encargo la CREG quedó sumida en interinidad y hasta la fecha sólo a uno de ellos se reemplazó con el nombramiento de Omar Prías Caicedo.

Lo cierto es que la CREG se tornó inoperante desde el 5 de octubre por no contar con el quorum suficiente para tomar decisiones. Esta situación llevó a afirmar su director Eecutivo José Fernando Prada que “tenemos un apagón regulatorio, porque no tenemos capacidad de tomar ninguna decisión”. Ello es muy grave, porque, como se lo hizo saber oportunamente la CREG al ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho “la Comisión tiene en proceso de estudio y aprobación varias medidas regulatorias, las cuales consideramos relevantes para el funcionamiento de los sectores regulados”.

Y para rematar, luego vendría lo peor, José Fernando Prada, habiéndosele vencido su período, renunció ante el despacho del ministro de Minas y Energía y nunca le contestaron, transcurrido el tiempo dispuesto por la Ley sin que se la aceptaran, apelando al silencio administrativo, hizo efectivo su retiro el 6 de noviembre por vencimiento de términos. De esta manera, la desmantelada e inoperante CREG ahora quedó acéfala y a la deriva, al garete.

Hasta ahora sólo se ha hecho efectivo el nombramiento en propiedad de uno sólo de los 6 expertos comisionados que integran la CREG, al ingeniero Omar Prías, prolongando la parálisis de la CREG por cuenta de la desidia y el desdén del Gobierno.

En un hecho sin precedentes, la propia CREG se pronunció a través de una circular, cuyo texto más parece el canto del cisne, en el cual advierte que “en este momento no se cumplen los requisitos para emitir conceptos y responder peticiones de interés general y particular relacionados con la regulación de los servicios públicos”. Algo inaudito. 

Y ello ocurre en momentos en los que el propio Gobierno Nacional, a través del IDEAM, oficializó la llegada de El Niño, cuya amenaza no es menor para el sector energético, urgido de medidas que solo la CREG puede tomar porque son de su competencia, para conjurarla.

Las consecuencias de esta abulia gubernamental no se han hecho esperar. Al expirar el Pacto Tarifario firmado entre el Ministerio de Minas y Energía en septiembre pasado, tendiente a pausar las alzas tarifarias, ya las empresas operadoras de red quedaron con las manos libres para incrementarlas e iniciar la recuperación por esa vía de los saldos por concepto de la opción tarifaria, que ya superan los $5 billones. El proyecto de Resolución de la CREG que contempla un mecanismo alternativo, que procura limitar dichos aumentos se quedó en el tintero.

Como lo denunció el delegado para Minas y Energía de la Contraloría General Germán Castro, “al no determinarse ese tipo de ajustes, los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe puede superar el 15%.

Y mientras tanto, el ministro, que dice estar “del lado de los usuarios”, se hace el de la vista gorda, afirmando que “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años”. ¿Será esta una de esas profecías autocumplidas? ¡No hay derecho!

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La Transición Energética está en cuidados intensivos. La apuesta del actual Gobierno no avanza en los frentes de adicionar energía renovable.

Por: JUAN ESPINAL*

La Transición Energética ha sido una decisión de Estado, que se inició en el gobierno del presidente Uribe con el primer parque eólico Jepirachi en La Guajira, pasando por la aprobación de la Ley 1725 de 2014 en el gobierno Santos, y generando avances significativos que fueron reconocidos en la COP 26 como la Ley de Transición Energética, la Ley de Cambio Climático y la Hoja de Ruta del Hidrógeno liderada por el presidente Duque; lo que significa que ni Petro ni sus fanáticos ministros están descubriendo algo nuevo.

La constante ha sido avanzar con la Transición Energética de la mano de la Seguridad Energética. Parte de esta Transición, es darle complementariedad a los recursos hídricos por la exposición de efectos climáticos, como el Fenómeno de El Niño, con más fuentes de energías renovables, además, continuar  aprovechando los recursos no renovables, que en su mayoría, son exportados y buscan cerrar brechas energéticas con el gas natural en el mercado doméstico.

Lo he manifestado, la Transición Energética está en cuidados intensivos. La apuesta del actual Gobierno no avanza en los frentes de adicionar energía renovable. Quieren dejar de explorar y explotar recursos no renovables, al parecer pretenden que nuestro país dependa de países como Venezuela, decisión que generaría una gran afectación económica en materia fiscal y de balanza comercial. El plan de Petro no es proteger al mundo del cambio climático, sino destruir a Colombia.

Si importamos gas desde Venezuela, la factura del gas para estratos 1, 2 y 3 aumentaría hasta por 5 veces; no podemos olvidar que en Colombia 37 millones de ciudadanos consumimos el gas que producimos y que el 67% son estratos bajos. La pregunta para el presidente Petro es, ¿cómo sustituir el 54% de las exportaciones que dependen del petróleo y el carbón?

El Gobierno del “Cambio” tiene en riesgo la Transición Energética, la CREG está desmantelada, en el Plan Nacional de Desarrollo aumentaron las transferencias del 1% al 6% para los proyectos de energías renovables no convencionales. La inseguridad jurídica está generando parálisis de los proyectos eólicos y solares, ENEL suspendió la construcción de uno de los parques eólicos más importantes y otras empresas han tomado la decisión de desmontar proyectos similares en el país.

No se puede desconocer que el sector minero energético genera 500 mil empleos directos en el país, fondea el Sistema General de Regalías, que es fundamental para la construcción de colegios, vías, parques y que además, financia proyectos ambientales y en materia de ciencia, tecnología e innovación.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional y Acolgen, para el cual tomaron la información de proyecciones a futuro de la UPME, se estiman crecimientos de la demanda de electricidad entre el 2,2% y el 3,4% anualmente. Hoy el consumo real está creciendo por encima del 5%, es decir, el doble de lo que proyectó la UPME, lo cual representa un reto aún mayor para el mercado, porque de mantener ese ritmo el sistema no estaría preparado para atender a todos los colombianos años antes de lo presentado por el estudio.

Presidente Petro, no permita que la Transición Energética fracase, no someta a los colombianos a un apagón, a quemar más leña y a depender energéticamente de otro país. Presidente, no debilite  a ECOPETROL, la empresa más importante de los colombianos.

Lamentablemente hoy los colombianos estamos viendo las consecuencias del decrecimiento al que están dedicados en el gobierno nacional. Ojalá no dejen perder el país, aunque como vamos, el resultado no será el mejor.

*Segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes.

Aún la más necesaria y sabia de las reformas afecta la confianza del mundo empresarial y debilita los motivos para su acción, esto es, para invertir.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La incertidumbre es el signo de los tiempos en el sector energético. Llama poderosamente la atención el reciente pronunciamiento de Brookfield Corporation, el accionista mayoritario de ISAGEN, en carta abierta que le dirigió al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en la cual manifiesta su preocupación porque “el decreto 929 de 2023 “emite unas directrices de política pública que afectan la autonomía de las compañías para evaluar sus riesgos a la hora de ofrecer energía en el mercado en Bolsa”. Su reparo obedece a que le están cambiando las reglas en mitad del partido, y no hay nada que le cause más desazón a los inversionistas.

Además, en menos de dos días dos firmas calificadoras de riesgo, Moody´s y Fitch Rating, dieron su campanazo de alerta, haciendo eco a la percepción por parte de las empresas de la falta de seguridad jurídica en el país.

Mientras la primera dejó sentado que “la incertidumbre política de Colombia seguirá frenando la inversión en proyectos relacionados con el transporte y la energía”, la segunda fue aún más categórica al señalar que “las medidas regulatorias adversas adoptadas por el Gobierno colombiano desde finales de 2022 han debilitado la confianza de los inversores en el sector, desalentado las inversiones en nueva capacidad de generación de electricidad necesaria para satisfacer el crecimiento futuro de la demanda”.

Poco contribuyen a disipar las dudas y preocupaciones tanto de los gremios del sector como de los inversionistas que quieren apostarle al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución en el país ciertas afirmaciones del ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho.

Anuncios tales como que se tomarán “medidas regulatorias y económicas para que no se cargue el costo del mercado a los usuarios, que es lo que viene pasando históricamente”. Cabe preguntarse qué quiso decir con esta aseveración. O su afirmación según la cual la privatización del sector “ha llevado a una crisis tarifaria que afecta especialmente a los usuarios” y va más lejos cuando afirmó sin pestañear que “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años”.

No sé cómo va a hacer el ministro para que el costo en que incurren los agentes de la cadena no se refleje en las tarifas que pagan los usuarios sin poner en riesgo la prestación del servicio de energía, eso sí bajos los principios de suficiencia financiera y costos eficientes que rigen el sistema en virtud las leyes 142 y 143 de 1994.

De dónde saca el ministro que es la privatización del sector la causante de la “crisis tarifaria” y que los altos precios de la energía obedecen a otra crisis macro, la del “modelo neoliberal”. Porque, de ser así, para poner correctivos al alza inmoderada de las tarifas que se han experimentado en los último años, habría que esperar hasta que, mediante una reforma constitucional, se modifique el artículo 365  de la Carta, el cual  dispuso que los servicios públicos “podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por particulares o por comunidades organizadas”, que es lo que ahora llaman comunidades energéticas.

Pero, mientras tanto aplica el aforismo de que dura lex sed lex. De todas maneras, se reservó el Estado su capacidad regulatoria, que debe ejercer a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), así como el control y vigilancia de la prestación del servicio a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la única con rango constitucional.

Cuando el titular de la cartera de Minas y Energía, luego de declararse “un ministro del lado de los usuarios”, para asegurar que “no vamos a permitir que las tarifas sigan subiendo” y amenaza con que “se tomarán medidas regulatorias” para impedirlo, todos los agentes de la cadena quedan en ascuas. Sobre todo, en momentos en los que la inoperante CREG prolonga su interinidad a pesar del llamado de la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello para que se disponga la provisión de los cargos vacantes de los expertos comisionados para que por lo menos tenga quórum para decidir. Bien dijo el supérstite director de la CREG José Fernando Prada “estamos en un apagón regulatorio”.

Por lo demás, el ministro no necesita estar del lado de los usuarios, porque las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021 los empoderan. Por ministerio de estas leyes, el consumidor dejó de ser un agente pasivo. Dos de las 4D (Digitalización, Descarbonización, Descentralización y Democratización), que comporta la Transición Energética, la descentralización y la democratización ponen al usuario en el centro.

No hay que perder de vista que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) opera como una partida de ajedrez, en la que el movimiento de cualquiera de las piezas, así sea un peón, altera todo el juego.

El SIN es una cadena con múltiples agentes (generador, transportador, comercializador, distribuidor y el usuario), por lo tanto cualquiera de ellos que falle puede provocar una falla sistémica, que puede comprometer la prestación del servicio con eficiencia, calidad y continuidad, como lo manda le Ley 143 de 1994, abocándonos a un eventual apagón.

Cada vez que el Gobierno anuncia cambios normativos y/o regulatorios debe tener en cuenta el consejo que le dio John Maynard Keynes al presidente de EEUU Franklin D. Roosevelt, cuando apenas se reponía la economía global del gran crac de 1929: “Aún la más necesaria y sabia de las reformas afecta la confianza del mundo empresarial y debilita los motivos para su acción”, esto es, para invertir.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La razón principal por la que se viene presentando estrechez entre la oferta y la demanda de energía, sometiendo a estrés al Sistema Interconectado Nacional (SIN), es por el retraso de la ejecución de muchos proyectos, tanto de generación como de transmisión.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

De los 4.000 MW que han debido entrar entre 2018 y 2021 sólo entraron los 600 MW de las 2 primeras unidades de las 8 de Hidroituango. Además, según XM, mientras el consumo de energía crece en promedio a nivel nacional a un ritmo del 6,23% y en el Caribe al 11,75%, la oferta de energía en firme a duras penas crece al 2,5%.

Como lo acota la firma calificadora de riesgos Fitch Ratings, “Colombia continúa enfrentando un desajuste entre la demanda de energía y la expansión requerida del sistema, con una fuerte demanda haciendo subir los precios de la energía muy por encima de los niveles históricos en el mercado spot”.

Por ello, basta con que se presente cualquier contingencia o falla para que el sistema entre en barrena.

Merece mención particular el notorio retraso de los parques eólicos en La Guajira, porque la no entrada de ninguno de los 14 proyectos que se asignaron en las subastas de cargo por confiabilidad de energía eólica, que compromete la instalación de 2.400 MW, ha logrado entrar en operación y desestabiliza todo el SIN.

Lo propio ha ocurrido con 11 proyectos de energía solar fotovoltaicos. Ello, impide, además, reducir las tarifas al usuario, habida cuenta de los más bajos costos y precios de la energía generada y lo que es peor le resta resiliencia a la matriz eléctrica.

Quiero enfatizar en esto último, porque la mayor virtud que tiene la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables a la matriz es que las mismas se caracterizan por ser contracíclicas, esto es, que precisamente cuando el verano es más intenso y es mayor la sequía es cuando se tiene más frecuencia y más fuerza de los vientos, y se tiene mayor radiación solar. 

Lo propio podemos decir de los proyectos de transmisión de energía, pues bien se ha dicho que sin transmisión no hay transición y ello es absolutamente cierto. Al paso que vamos, nos exponemos a no tener en La Guajira parques de generación eólica, sino unos parques de ventiladores, porque sin Colectora, aplazada hasta 2025 o 2026, no será posible inyectar al SIN la energía que allí se genere.

Lo mismo ocurre con la línea de 500 KV Chivor–Norte–Bacatá, la cual se espera que entre en 2025, exponiendo al centro del país a tener “demanda no atendida”, al igual que hoy ocurre en la región Caribe. Según el presidente del Grupo de Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, “ya es un hecho que negocios importantes en la Sabana de Bogotá no logran tener acceso al servicio porque no hay suficiente energía”.

Además, el primer sistema de almacenamiento de energía a gran escala mediante el sistema de baterías localizado en Atlántico, el cual fue contratado con la empresa Canadian Solar y cuyo avance va en el 45%, por lo que se espera que entre sólo en 2024.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Según XM, mientras el consumo de energía crece en promedio a nivel nacional a un ritmo del 6,23% y en el Caribe al 11,75%, la oferta de energía en firme a duras penas crece al 2.5%.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Primero fue la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez quien afirmó categóricamente en marzo de 2023 que “no tenemos un riesgo de racionamiento de energía eléctrica, esa es una información falsa que no tiene sustento técnico. No hay necesidad de generar este tipo de alarmas”.La razón esgrimida por la ministra para descartarlo fue tajante: “Los embalses del país están por encima del promedio de hace dos décadas”.

En su momento, frente a estas afirmaciones de Vélez, hicimos la salvedad de que, si bien no estábamos ante el riesgo inminente de un racionamiento, sí estábamos ante un riesgo inmanente del mismo, en razón de que el 68% de la capacidad instalada de generación es hídrica y al depender esta del nivel de los embalses, ello constituía una gran vulnerabilidad ante la ocurrencia de un fenómeno de El Niño. Y en El Niño estamos y según el más reciente informe de la NOOA se podría prologar hasta junio de 2024.

El nuevo ministro Ómar Andrés Carreño, refiriéndose al nivel agregado de los embalses que se ubicó en septiembre en 73.68% de volumen útil, dijo: “Tenemos energía para superar El Niño”. No obstante, como es bien sabido, los embalses tienen una capacidad de almacenamiento de agua que a lo sumo soportan 13.400 GWH, de los cuales de utilizan 220 GWH/día.

A causa del fenómeno de El Niño el aporte hídrico a los embalses se aminora y las precipitaciones pueden alcanzar los 100 GWH/día. De tal suerte que, por una simple operación de sumas y restas, si se consumen 220 GWH/día y sólo se recuperan 100 GWH/día, progresivamente va bajando el nivel del embalse, que en condiciones de hidrología crítica podría llegar a estar por debajo del 63%, considerado como el nivel mínimo operativo.

A poco andar XM, que es la empresa que opera el Sistema Interconectado Nacional y administra el mercado mayorista, informa sobre la imposibilidad de garantizar en forma segura el abastecimiento de energía en la región Caribe y el Chocó. Ello, debido “al agotamiento de la red de transmisión”, a causa del atraso de la ejecución de los proyectos de expansión de la misma, lo que se traduce en una “demanda no atendida”, que es como llama XM eufemísticamente el racionamiento. Ello ha pasado desapercibido porque este país es tan centralista que mientras no llueva en Bogotá no se considera que hay invierno en el país.

Y más recientemente, XM revela que estaba a punto de darse un efecto dominó que podría llevar al colapso a 36 empresas del sector, que podría derivar en el temido apagón. Ello a consecuencia de la acumulación de una deuda contraída por los usuarios por cuenta de la opción tarifariay cuyo saldo ya supera los $5 billones.

En un primer momento, el ministro Camacho desestimó la alerta de XM y estuvo a punto de estallarle en sus manos esta bomba de tiempo. Pues bien, Air–e, una de las empresas con problemas de flujo de caja, ante la imposibilidad de pagarle a las empresas comercializadoras y generadoras la energía que les compra, les envió una comunicación a estas declarándose en insolvencia. Ante el riesgo de que entrara en limitación de suministro, esto es que le dejaran de despachar la energía, lo cual la habría llevado a la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, le tocó al Ministro expedir en volandas la Resolución 40611 para conjurar dicho riesgo.

Concomitantemente, se apresuró el Gobierno a expedir el Decreto 1637, mediante el cual se dispuso de una línea de crédito en FINDETER por $1 billón para solventar la crisis financiera de las empresas.

Como si lo anterior fuera poco, aunque el Ministro niegue la gravedad de la crisis del sector eléctrico y afirme que “no estamos viendo un apagón en términos de energía, estamos viendo unas dificultades económicas y financieras de las empresas”, XM emitió una nueva alerta, esta vez debido a que el precio de la energía en Bolsa había superado el precio de escasez, lo cual “genera una señal de que hay una situación crítica en el sistema”. Lo que pasa es que al Ministro, como en la paradoja de Huidobro, los árboles no le dejan ver el bosque, de allí su negacionismo de la crisis.

Y la razón primordial por la que se está presentando esta estrechez entre oferta y demanda es por el retraso de la ejecución de muchos proyectos, tanto de generación como de transmisión.

De los 4.000 MW que han debido entrar entre 2018 y 2021 sólo entraron los 600 MW de las 2 primeras unidades de las 8 de Hidroituango. Además, según XM, mientras el consumo de energía crece en promedio a nivel nacional a un ritmo del 6,23% y en el Caribe al 11,75%, la oferta de energía en firme a duras penas crece al 2.5%.

Como lo acota la firma calificadora de riesgos Fitch Ratings, “Colombia continúa enfrentando un desajuste entre la demanda de energía y la expansión requerida del sistema”. Ello explica que mientras la demanda por energía en días ordinarios oscila alrededor de 222 GWHD, la oferta a lo sumo llega a los 225 GWHD.

Así, basta con que se presente cualquier contingencia o falla para que el sistema entre en barrena. La crisis en ciernes, entonces, no se puede reducir a “unas dificultades económicas y financieras de las empresas”. Así de claro.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Según el gran pensador antioqueño Luis López de Mesa, Colombia es un archipiélago de regiones claramente diferenciadas, pero hubo que esperar hasta 1991 cuando se reconociera ese hecho en la Constitución Política, al igual que su carácter multiétnico y pluricultural, es lo que llama coloquialmente el periodista del Caribe Juan Gossaín, “un sancocho de gentes”.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Muchas regiones del país se disputan el título de ser la cuna de la independencia, pero lo que nadie pone en duda es que el Caribe se constituyó en la catapulta de los últimos reductos de las diezmadas tropas del ejército realista forzados a salir en desbandada hacia Cuba, después de morder el polvo de la derrota en las fortalezas de Bocachica (Cartagena de Indias), obligando al último gobernador español brigadier Gabriel de Torres a capitular ante los patriotas, consolidándose de esta manera la gesta independentista. Ello acaeció en 1821, el 11 de octubre, potísima razón esta que tuvieron los gobernadores de la región para adoptar esta fecha como el Día del Caribe.

La Región Caribe tiene una larga trayectoria en su lucha por la integración y la autonomía regional. Hace rato nos convencimos de que lo peor que le puede pasar a las regiones, parodiando a López de Mesa, es que ellas se reduzcan a ser un archipiélago de departamentos sin conexidad ni articulación alguna. Su objetivo fundamental ha sido dejar de ser alfil sin albedrío del asfixiante centralismo.

La Constitución de 1991 constituyó un gran avance al consagrar el principio de la autonomía territorial y permitir que las regiones se pudieran constituir como regiones administrativas y de planificación (RAP) y posteriormente como entidades territoriales.

La RAP del Caribe, constituida el 19 de octubre de 2017, se puso en marcha el 1 de febrero de 2023 y ha venido convocando a los distintos estamentos a avanzar en el firme propósito de contrarrestar la recentralización que se ha venido dando a lo largo de los 32 años de vigencia de la nueva Constitución, de nivelar la cancha cerrando las enormes brechas sociales entre la región Caribe y el centro del país, cumpliendo el papel de articulador e integrador, en el entendido de que juntos, unidos somos más y más fuertes, ganando de paso una mayor capacidad de interlocución frente al gobierno central.

El pasado 30 de junio el Consejo regional de la RAP aprobó la versión preliminar del Plan Estratégico Regional (PER) del Caribe, “El futuro se hace presente”, el cual servirá de carta de navegación para enfrentar de consuno, los siete departamentos que la integran, los retos que plantea el nuevo modelo de desarrollo en ciernes, que tiene en la Transición energética justa y la estrategia de Transformación productiva sus dos ejes fundamentales. Esta, que es su carta de navegación, nos permite decir que El Caribe está listo para encarar sus retos.

*Exministro de Minas y Energía, miembro de Número de la ACCE y director de la RAP del Caribe.

Conviene dejar establecido que los subsidios quedaron reglamentados en el artículo 99 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, como “un descuento en el valor de la factura” de los más vulnerables, en este caso de los estratos 1, 2 y 3.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La creación de los subsidios dio lugar al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso (FSSRI), mediante la Ley 286 de 1996. Ello responde a uno de los principios que rigen la prestación del servicio de energía: eficiencia, calidad, continuidad y solidaridad. Este último tiene que ver con su acceso por parte de la población más vulnerable, contemplado en el 7º de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Para su financiación se estableció un esquema de subsidios “cruzados”, consistente en que los estratos 5 y 6, así como los usuarios no regulados (léase industria y comercio) pagaran una contribución del 20%. El estrato 4 es neutro, no recibe subsidio pero tampoco paga dicha contribución. Así se dispuso en el artículo 47 de la Ley 143 de 1994, previendo que “el faltante de los dineros para pagar la totalidad de los subsidios será cubierto con recursos del Presupuesto Nacional”.

No obstante, en 2010, a través del artículo 2º de la Ley 1430 se eximió del pago de la contribución a los usuarios industriales y desde entonces el valor de los subsidios corre por cuenta de los estratos 4, 5 y 6, así como del Presupuesto General de la Nación (PGN). Según Sentencia C–086 de la Corte Constitucional, dicha contribución constituye un “impuesto nacional con destinación específica”.

Ya para el 2018 el monto de los subsidios de energía ascendía a $3,1 billones, de los cuales $1,8 billones se cargaron al PGN.

Actualmente, lo que se recauda por la sobretasa sólo alcanza a cubrir el 36% de los subsidios, de tal modo que el déficit que debe cubrirse a través del FSSRI supera los $5 billones, con cargo al PGN.

En desarrollo de una asamblea de usuarios del servicio de energía en Santa Marta el pasado 17 de septiembre, convocada por el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, este levantó una polvareda al espetar, sin pestañear, que “los subsidios por ley se asignan a los estratos 1,2 y 3. Y no se les entrega a la gente directamente, se les entrega a través de las empresas. Como la mayoría de las empresas son privadas, entonces se quedan con los subsidios y los administran. La transición debe garantizar que los subsidios lleguen a la gente”.

La respuesta de los gremios del sector (ANDEG, Andesco, Acolgen, Asocodis, Naturgas y SER Colombia), todos a una, no se hizo esperar, le respondieron a su ligereza en los siguientes términos: “los subsidios aplican directamente a los usuarios mediante sus facturas y luego el Gobierno realiza los reembolsos mediante procedimientos que aseguran la validez de dicho proceso”.

Además, revelaron que en la mayoría de los casos, los pagos se han demorado más de lo esperado, llegando al punto de acumular deudas pendientes desde el segundo trimestre del año.

Entre otras cosas, esta morosidad por parte de los distintos gobiernos en hacer efectivo el giro de los subsidios a las empresas prestadoras de los servicios, cuyo monto tiende a subvalorarse a la hora de aprobar el Presupuesto General de la Nación, sumados a los $4,9 billones de la cartera de los usuarios por cuenta de la aplicación desde la pandemia en 2020 de la opción tarifaria y la deuda de usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos, que para abril de este año ascendía a $800 mil las puso en aprietos, al punto que se llegó a hablar de un inminente apagón financiero de las mismas.

Que se sepa, el único caso en el que se pudo establecer por parte de la Contraloría General de la República que una empresa no aplicaba el subsidio a sus destinatarios sino que se quedaba con el mismo es el de la abominada Electricaribe. Y ello dio lugar a un juicio de responsabilidad fiscal, que terminó con un hallazgo administrativo con alcance fiscal por valor de $78.517 millones para las vigencias 2015 y 2016”, obligando a la empresa a su reintegro.

Ahora bien, como lo afirman los gremios en su comunicación al ministro, “sí hay evidencias de malos comportamientos por parte de ellas, invitamos a interponer las denuncias que correspondan ante las autoridades pertinentes y a que estas, en derecho, ejerzan sus funciones en tal materia”. El ministro tiene la palabra.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Hay tres factores que están disparando los precios de la energía en Colombia: La inflación, el fenómeno de El Niño y el retraso en los proyectos de generación y transmisión.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El precio de la energía en la Bolsa pasó de $374 en enero de 2023 a más de $1.000 el KWH a finales de septiembre, un incremento del 300%, y lo más preocupante, con tendencia al alza. Estas alzas de los precios en Bolsa terminarán por impactar las tarifas, dependiendo del grado de exposición de cada una de las empresas distribuidoras de la energía.

Son tres las causas fundamentales que han disparado esta espiral alcista, a saber: en primer término, la inflación, que, si bien ha venido cediendo en los últimos meses, todavía para agosto, según el DANE, el índice anualizado del IPC se situó en el 11,43% y en lo corrido de este año marcó el 7,43%. Con el agravante de que los servicios públicos, junto con el precio al alza de la gasolina son los que más han contribuido a la inflación.

En segundo lugar, tenemos los efectos del fenómeno de El Niño, que empieza a hacerse sentir, influyendo en forma determinante al aumento del precio de la energía, toda vez que los generadores hídricos han empezado a “guardar” agua en los embalses para poder afrontar los próximos meses venideros, que se espera sean de hidrología crítica, para poder cumplir con sus contratos de venta de energía a los comercializadores de la misma.

Por último, está el atraso en la ejecución de los proyectos de generación, destacándose entre ellos los parques eólicos en La Guajira, que comprometen la entrada en operación de 2.400 MW de potencia y el de Hidroituango, del cual sólo están generando 2 turbinas con 600 MW, y continúa aplazada la entrada en operación de las seis restantes, que representan 1.800 MW. También muestran atraso considerable la ejecución de los proyectos de transmisión y subtransmisión.

En estas circunstancias, resulta muy preocupante que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), que es la responsable de la convocatoria de las subastas para la asignación de nuevos proyectos de expansión, el año pasado no abrió ninguna. Y la subasta que abrió en febrero de este año ha sido aplazada dos veces, ahora para febrero del próximo año. Y ello, en momentos en los que mientras la demanda de energía crece a un ritmo del 5%, la oferta sólo lo hace al 2.5%. Ello explica el alto grado de estrés al cual está sometido el Sistema Interconectado Nacional, presionando al alza los precios de la energía.

El caso de la región Caribe es más crítico, dado que, debido a la sobrecarga a la que está expuesta la red de transmisión de energía, a consecuencia del atraso en la ejecución de los proyectos para su robustecimiento, ha obligado a restringir la atención de la demanda.

Los 2,7 millones de usuarios de la costa vienen siendo sometidos a un racionamiento programado de energía y las térmicas que operan en la región, que debería servir sólo de respaldo, están en la base y vienen operando a full, para poder suplir la energía que de otra manera vendría desde el interior del país, de origen hídrico menos costosa.

Ello termina impactando el componente G (generación) de la fórmula tarifaria ( CU = G + T + C + D + PR + R) y, en última instancia, al usuario final vía tarifas, en mayor o menor medida, dependiendo del grado de exposición en Bolsa que tenga el respectivo operador de red, que es quien presta el servicio, en Bolsa. A mayor exposición más afectación en el monto a pagar por la factura de consumo de energía que le llega al resignado usuario final.

Peor aún, si tenemos en cuenta que el consumo de energía para agosto de este año, según la empresa XM que administra el Sistema Interconectado Nacional (SIN), ha crecido en promedio 6,23% con respecto al mismo mes del año pasado, para un acumulado de 7.005.82 GWH/mes; entre tanto, en la región Caribe ha aumentado 11.75%, consumiendo 1.978.18 GWH/mes, atribuible a las altas temperaturas de la temporada del Niño.

De modo que si al alza en las tarifas le sumamos el mayor consumo ello se reflejará en un aumento desmesurado en la factura a pagar por parte del usuario, en momentos en los que está viendo afectada su adquisitiva por cuenta de la inflación.

Ahora bien, el impacto es mayor para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, que son sujetos de los subsidios, debido a que estos sólo cubren un porcentaje del denominado consumo básico o de subsistencia, del 60% para el estrato 1, hasta 50% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3, de 130 KWH/mes para los usuarios que habitan en territorios por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar y 173 KWH/mes los que se sitúan por debajo de esa cota.

El mayor consumo que se viene dando, como excede este límite se debe pagar por parte de estos usuarios con tarifa plena, sin subsidio. Es más, si el mayor consumo excede en un 50% el consumo de subsistencia se pierde el derecho al subsidio, así lo prevé el artículo 114 de la Ley 1873 de 2017.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.