Categoría: Opinión

Ya lo habíamos dicho, que Colombia estaba en el radar de la Transición Energética a nivel global en un lugar muy destacado y se había convertido en un polo de atracción de las inversiones en proyectos para generar energía a partir de fuentes no convencionales y renovables (FNCER).

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El interés por las energías renovables en el país surgió gracias al impulso que les dio primero la Ley 1715 de 2014, posteriormente la Ley 2099 de julio de 2021 y el Documento CONPES 4075 de 2022, que vinieron a reforzar y a ampliar el espectro de los beneficios de la Ley anterior a las energías renovables.

La ejecución de los proyectos de parques eólicos en La Guajira, que fueron asignados en las tres subastas que tuvieron lugar entre 2019 y 2020, la primera de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por confiabilidad y las dos últimas convergentes, que comprometen 2.400 MW de potencia, llegándose a acuerdos de compra – venta de energía entre generadores y comercializadores a 15 años, auguraban un auge de las FNCER para ser integradas a la matriz energética, diversificándola aún más e imprimiéndole una gran resiliencia frente al cambio climático.

Pero luego este boom se frenó y estancó, la ejecución de los proyectos ha estado  empantanada y la entrada en operación de los mismos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se atrasa debido a la conflictividad social que se le ha interpuesto, especialmente a causa de los desencuentros con las comunidades indígenas asentadas en el área de influencia de los mismos, en desarrollo de las consultas previas, que son de obligatorio cumplimiento, dado que su instalación tienen lugar en territorios ancestrales. 

Lo que temíamos, a raíz de estos inconvenientes, ha ocurrido. En el último reporte del Foro Económico Mundial (FEM), que se acaba de revelar, Colombia, junto con Chile, se rezaga, pasando de la casilla 25 en 2020 a la 29 en 2021 y a la 39 en 2022, entre 120 naciones evaluadas.

Colombia, después de estar en lote puntero en Latinoamérica, ocupando el tercer lugar en materia de Transición Energética, sólo detrás de Uruguay y Costa Rica, ahora está en un sexto lugar, superado por Brasil, Uruguay, Costa Rica, Chile y Paraguay, países que le han venido sacando ventaja. Colombia quedó a 5,4 puntos de Brasil, que es el país que encabeza el pelotón en la región.

Es de anotar que este Índice evalúa el grado de preparación y aprestamiento de cada país para avanzar en la Transición Energética, así como la eficacia de los sistemas energéticos nacionales. 

No fue un buen mensaje a este respecto el aplazamiento de la Hoja de Ruta de la Transición Energética hasta febrero de 2023, después que se anunció en noviembre pasado en la COP 27 que se daría a conocer en mayo de este año.

No obstante que en materia regulatoria le va bien a Colombia, al obtener una calificación de 65,2, en cambio pasa raspando en estabilidad política al obtener 3,58 en un rango de 1 a 7. Un aspecto que pudo haber influido en este mediocre resultado, que puede estar influido por el cambio de las métricas de evaluación en la que se introdujeron dos ítems en los que le va muy mal a Colombia.

En innovación, por ejemplo, obtiene el puntaje más bajo (28) y en seguridad energética la castiga la baja resiliencia en el suministro de gas natural, que le merece una calificación de cero.

El hecho cierto es que, a pesar de los reiterados anuncios y de los buenos propósitos del actual gobierno respecto a la Transición Energética, al corte del mes de junio de este año Colombia sólo contaba con algo más de 400 MW de energía solar – fotovoltaica, que representa a duras penas el 2,1% de la matriz de generación y pare de contar, mientras en generación de energía eólica está todavía en cero. 

Ojalá el pacto suscrito entre el Gobierno, las empresas y las comunidades, al destrabar la marcha de los proyectos, contribuya a recuperar el terreno perdido.

Empero, como afirma José Vicente Zapata, partner en Holland & Knight, “no basta con un pacto” para destrabar todos los proyectos de energía eólica en La Guajira, pues “se sigue creyendo erradamente que la suscripción de pactos y la expedición de decretos y resoluciones materializarán la Transición Energética. Nada más alejado de la realidad”. 

Pactos como este, diría yo, son necesarios, pero no suficientes, por ello coincido con él cuando dice que “mientras las normas y decisiones sigan siendo teóricas y dilatadas continuaremos cayendo en el Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial”. 

Mirando otros indicadores y su desempeño en los últimos tres años, cabe destacar que el mismo ha dejado mucho qué desear, especialmente en variables como en el de la intensidad energética (cantidad requerida por unidad de producción) y el comportamiento de las emisiones de CO2 (gramos de dióxido de carbono) provenientes de la generación de electricidad. Se salva la variable que da cuenta de la participación de la electricidad en la demanda final de energía, que cerró en verde, ¡gracias a Dios!

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Hasta el 15 de julio estará para comentarios la Resolución 705 002 de 2023 de la CREG, con la cual se busca que las empresas cuenten con mecanismos de defensa para establecer cuándo se debe llevar a cabo una investigación por desviación significativa en el consumo de sus usuarios.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO* 

El Consejo de Estado, por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, decidió decretar la suspensión provisional de los efectos del aparte del parágrafo 1 del artículo 37 de la Resolución comentada, el cual mencionaba “los porcentajes que fijen las empresas en las condiciones uniformes del contrato”.

¿Cuál es el objetivo de la Resolución que está para comentarios?

El proyecto de Resolución pretende que durante el plazo que dure la suspensión del aparte del parágrafo 1 del artículo 37 de la Resolución, las empresas cuenten con mecanismos de defensa para establecer cuándo se debe llevar a cabo una investigación por desviación significativa en el consumo de sus usuarios y así dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 142 de 1994.

¿Qué propone la Resolución que está para comentarios? 

Busca adicionar al artículo 37, 5 parágrafos y 5 numerales para el caso del parágrafo 1; en el cual se detalle el paso a paso del procedimiento para determinar una desviación significativa, a partir de una base de información que contenga los consumos reales en relación con las últimas facturas de los últimos 12 períodos para los casos de facturas mensuales y períodos de 6 meses en caso de facturas bimensuales. 

Así mismo, el tratamiento a dicha información, en la que se pueda establecer la ecuación para obtener los promedios simples de consumo del usuario y con estos, los límites superiores e inferiores para los períodos de facturación objeto de análisis comúnmente normalizados. 

Finalmente, el ajuste del artículo 38, determina la facturación mientras se establece la causa de desviación del consumo. 

En ese sentido, la empresa facturará con base a 2 reglas: Si el consumo se percibe por debajo del límite inferior, se cobrará el consumo real mediado. Si por el contrario, se encuentra por encima al límite superior, se cobrará de acuerdo al promedio de los últimos 12 meses en caso de facturación mensual o 6 meses en caso de facturación bimensual hasta tanto se defina el resultado de la investigación. 

En cualquiera de los casos, la facturará deberá especificar la causa de desviación. 

*Socio fundador de OGE Legal Services 

Con el objeto de recibir observaciones y comentarios, el Ministerio de Minas y Energías publicó el proyecto de Decreto “por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, con el fin de reglamentar el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023 en lo relacionado con el desarrollo de proyectos de Hidrógeno Blanco en el marco de la Transición Energética Justa en Colombia”.

Por: LAURA VALENTINA LÓPEZ LEMUS*

El hidrógeno blanco hace referencia a aquel que se produce de manera natural, asociado a procesos geológicos en la corteza terrestre y que se encuentra en su forma natural como gas libre en diferentes ambientes geológicos, ya sea en capas de la corteza continental, en la corteza oceánica, en gases volcánicos y en sistemas hidrotermales, como en géiseres, y que se considera Fuente No Convencionales de Energía (FNCER).

El proyecto del Ministerio busca fomentar e incentivar los trabajos de estudios de evaluación, exploración, explotación y aprovechamiento de Hidrógeno Blanco y otros gases o sustancias asociadas.

En ese sentido, con el propósito de regular estas ideas en el país, se quiere adicionar una serie de artículos al D. U. R. que rige al sector de Minas y Energía, determinando los lineamientos, requerimientos y condiciones técnicas a cumplir en dichas investigaciones.

Estableciendo de esa manera, las reglas mínimas al momento de planear y examinar las condiciones de capacidad económica, financiera, técnica y jurídica de los interesados para el desarrollo de estas empresas; junto con las condiciones de asignación, modificación y cesión de áreas y duración de las autorizaciones; así como, las directrices para la perforación, inyección y abandono de pozos, en observancia de mejores prácticas reguladas con miras a la protección del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas materias.

A continuación, se identifican los puntos fundamentales, los cuales podrían tenerse como principios rectores de los procesos de exploración y explotación de este recurso:

1. Se propende por la exclusividad del interesado frente a otros solicitantes mientras se encuentre vigente la autorización.
2. Se orienta al Ministerio de Minas y Energía o la entidad que se designe, a reglamentar las condiciones especiales para la coproducción de Hidrógeno Blanco y/o sustancias asociadas.
3. Se promueve la coexistencia de los proyectos en caso de que exista superposición con otro proyecto del sector de minas y energía.
4. Se enfoca en la entrega de información técnica al Ministerio de Minas y Energía, la cual será dirigida al Servicio Geológico Colombiano (SGC), responsable del acopio, resguardo, confidencialidad y administración de esta información.

*Asociada de OGE Legal

Services

Ante la confirmación por parte de la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA, por su sigla en inglés) de la llegada del Fenómeno de El Niño, caracterizado por la sequía y la baja pluviosidad, la ministra de Minas y Energía Irene Vélez se anticipó a anunciar que es inevitable un incremento en las tarifas de energía.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Si, como se prevé, el Fenómeno de El Niño “genera un impacto que se deriva de tener que utilizar las termoeléctricas, sí va a haber un impacto en la configuración del precio y sobre todo va a haber un impacto en aquellos mercados que están más expuestos en bolsa”.

Y no es para menos, dada la gran vulnerabilidad del sistema eléctrico colombiano frente al cambio climático, al depender en un 68% de la generación hídrica. 

Tanto más en cuanto que de los 23 embalses que sirven a las hidroeléctricas, solo uno de ellos (El Peñol) tiene una capacidad de regulación superior al año. 

Y los proyectos de generación de energía eólica que le darían una mayor resiliencia y que han debido empezar a entrar a operar desde el año pasado están en veremos. 

Por ello hemos dicho que si bien es cierto no estamos ante la inminencia de un racionamiento de energía como el que padecimos entre 1992 y 1993, sí existe un elevado riesgo inmanente al Sistema.

En condiciones de hidrología extrema, como la que se espera, obligará a apelar al respaldo del parque térmico cuya generación es más costosa, tanto más en cuanto que estamos ante una coyuntura Internacional de altos precios tanto del carbón como del gas natural, indispensables para su operación.

Las plantas deben estar en condiciones óptimas para honrar sus compromisos de entrega de energía en firme a que las compromete la asignación del cargo por confiabilidad. Este es la remuneración que se paga a un agente generador por la disponibilidad de activos de generación con las características y parámetros declarados para el cálculo de la Enficc (máxima energía eléctrica que puede generar una planta).

Ello repercutirá en mayores alzas de las que ya se vienen dando tanto en los precios en bolsa como en las tarifas de energía, debido al estrés al que está expuesto el Sistema interconectado nacional, debido a la estrechez entre la oferta de energía en firme, que no supera los 225 GWHD, para atender una demanda de 222 GWHD, a causa del atraso en la entrada de varios proyectos claves de expansión de la capacidad instalada de generación. 

Mientras tanto, el consumo de energía, que creció a un ritmo de 3.34% en 2022 a 5.24 en 2023, se acelerará aún más con la entrada de El Niño y sus altas temperaturas. De hecho, el precio en Bolsa pasó de $374.24 el KWH en enero a $533.7 en febrero, hasta alcanzar los $823.6 en mayo.

Obviamente, el impacto va a ser mayor para los usuarios de aquellos mercados que como los de los operadores de red ELECTROHUILA, CEDENAR en Nariño, DISPAC en Chocó y CEO en Cauca, tienen una exposición en Bolsa altísima, en algunos de ellos superior al 80%. Todas ellas están en riesgo de colapsar con la llegada de El Niño.

A lo anterior se añaden los problemas de liquidez que afrontan todos los operadores de red debido a la enorme cartera que representa para ellos las alzas diferidas a sus usuarios bajo la modalidad de opción tarifaria, que ya supera los $6 billones, suma equivalente a dos veces los ingresos anuales de los mismos.

Además, las empresas distribuidoras de energía afrontan una delicada situación financiera debido a la mora en el giro por parte del Gobierno de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, los cuales provienen de dos fuentes, de la contribución que pagan los usuarios de los estratos 5 y 6 y del Presupuesto General de La Nación. 

Son $2.3 billones lo que se le adeudan por este concepto, por eso ASOCODIS, que las agrupa y representa ha puesto el grito en el cielo y está en rogativa frente al alto gobierno. 

Esta compleja situación amerita la rápida intervención del Gobierno, razón por la cual reiteramos nuestro llamado para que la ministra Vélez convoque cuanto antes la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del país (CACSSE), del cual hacen parte ISA, XM, el Centro Nacional de Operación (CNO), la CREG y la UPME.

La Comisión es una especie de puesto de mando unificado (PMU) energético, que presidiría en este caso la titular del Ministerio. Eso fue lo que hicimos a nuestro paso por este Ministerio ante los amagos de Niño en el primer trimestre de 2014, pues es una manera de precaverse y evitar sorpresas desagradables, haciéndole un seguimiento en tiempo real a las diferentes variables de la ecuación para conjurar cualquier contingencia.  

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Todos los años, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), encargada por ministerio de los decretos con fuerza de Ley 1760 de 2003 y 4137 de 2011 de “la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación”, emite su “Informe de reservas y recursos contingentes”. 

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El pasado 24 de mayo se dio a conocer el reporte de reservas de petróleo y gas de la ANH, con corte a diciembre de 2022. Huelga decir que dicho informe es el consolidado de las cifras suministradas por las empresas petroleras que operan en el país.

El contexto en el que se dio a conocer este Informe es muy singular, dada la circunstancia de que según habían acordado el 15 de marzo los titulares de los ministerios de Minas y Energía, Hacienda y Crédito público y el de Comercio, Industria y Turismo, el mismo serviría de base para zanjar diferencias en el seno del gabinete del presidente Gustavo Petro en torno a la firma de nuevos contratos de exploración y explotación petrolera. De allí la gran expectativa que despertó su presentación por parte de la ANH en el marco del Congreso de NATURGAS.

El informe, además, estuvo precedido de otro muy controvertido, por su falta de rigor técnico, que se dio a conocer el 13 de diciembre del año anterior, en el cual se sobreestimaron las reservas de hidrocarburos sumando peras con manzanas (reservas probadas + probables + posibles + contingentes, + prospectivas) metiéndolas todas en un solo costal, lo que llevó a la ministra de Minas y Energía Irene Vélez a asegurar que “es posible que los recursos contingentes pueden abastecer la demanda nacional e incluso producir un excedente en su producción hasta el año 2037”. 

Las cifras del Informe de la ANH no mienten, muestran una tendencia preocupante de las reservas probadas de petróleo y gas: la relación reservas/producción caen, en el primer caso de 7.6  a 7.5 años y en el segundo de 8 a 7.2  años, un horizonte demasiado limitado de autoabastecimiento. 

De no cambiar dicha tendencia, a partir del 2030 Colombia se convertiría en un importador neto de petróleo y gas natural, siete años antes de las optimistas previsiones de la ministra Vélez. 

Se suele decir que optimista es quien ve el vaso medio lleno, mientras el pesimista es aquel que lo ve medio vacío, pero para nosotros los economistas es más importante establecer si el vaso se está llenando o se está vaciando, esto es la tendencia y a todas luces lo que muestra el más reciente Informe de la ANH es que el vaso se está vaciando, que las reservas probadas de hidrocarburos vienen en franca declinación. 

Y mientras menos contratos firme la ANH con las empresas petroleras tendremos menos exploración y en consecuencia menos probabilidad de éxito exploratorio. 

Ello explica la declaración del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, en el sentido que “ojalá haya más y siga habiendo rondas, porque es lo que le da la estabilidad a una empresa petrolera en el largo plazo. Es el incremento de sus reservas y para incrementarlas requiere de áreas para buscar petróleo y gas”.

Al analizar las cifras del Informe se puede constatar que en 2022 se incorporaron a las reservas probadas de petróleo, reponiendo las extraídas, 310 millones de barriles, 37% menos que en 2021 y de estas sólo 6 millones corresponden a nuevos hallazgos. 

En orden de importancia, por su aporte a las reservas probadas tenemos en primer lugar el recobro mejorado con 122 millones de barriles y por mayor precio 86 millones. Aduce la ministra Irene  que “entre 2021 y 2022, el factor de recobro mejorado aumentó de 21% a 23%, con dos puntos porcentuales de diferencia. Este aumento nos indica que comienza a ser efectiva la política del Gobierno de mejorar las reservas vía eficiencia en la explotación a través del recobro”. 

Pero, la verdad sea dicha, el 67% de los barriles incorporados a las reservas probadas obedeció a los altos precios a los que se cotizó el crudo en 2022, que promediaron los US $105 el barril. 

Por lo demás, si el recobro mejorado, que sólo es aplicable en campos maduros en declinación, ganó dos puntos porcentuales, ello no obedece a la política del Gobierno “de mayor eficiencia en contratos existentes”, sino a la gestión de las empresas petroleras, empezando por Ecopetrol, así como al nivel de cotización del crudo que hace posible asumir los mayores costos del levantamiento de cada barril extraído que demanda la utilización de tecnologías de punta. 

De tal suerte que ahora, cuando el precio del petróleo ronda los US $70, no será posible sostener la caña.  El recobro mejorado es necesario pero no suficiente para espantar el fantasma de la importación de crudo y gas natural al país que nos está rondando. 

No se puede caer en la trampa del espejismo del recobro mejorado, pues nos puede conducir con los ojos abiertos camino al precipicio.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La pausa dispuesta por Enel Green Power del montaje del parque eólico de Windpeshi en el municipio de Uribia (La Guajira) es un pésimo mensaje y un duro revés para la Transición Energética en la que está empeñado el Gobierno actual, con miras a integrar a la matriz eléctrica del país las fuentes no convencionales de energías renovables.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Hay que anotar que de 80 proyectos de energías renovables adjudicados, varios de ellos con compromisos de oferta de energía en firme, 52 están parados y el resto con notorios atrasos.

La Guajira tiene en este y otros proyectos de generación de energía eólica una ventana de oportunidad, que no podemos permitir que cierre sin que la aprovechemos para el desarrollo económico y social. 

Pierde el país porque quedan en el limbo 205 MW (288 GWH) de potencia, con compromisos de cargo por confiabilidad, que le fueron asignados a esta empresa en la subasta de 2019, que ha debido entrar a operar e integrarse a la matriz eléctrica a finales del año pasado, pero que debido a los atrasos que ha tenido su ejecución se reprogramó para 2024/2025.

La Junta Directiva de la empresa informó a través de un comunicado que tomó la decisión de aplazar indefinidamente la continuación del montaje del proyecto, contemplando incluso la posibilidad de vender su participación en el mismo, debido fundamentalmente a los sobrecostos en los que ha incurrido, “derivados del standby”, debido a los bloqueos recurrentes de los cuales ha sido objeto. Según el mismo comunicado, el costo inicial del proyecto era de US $240 millones y ya va en US $400 millones.

Lo más preocupante es que un eventual retiro de esta empresa, al renunciar a la ejecución del proyecto, puede dar lugar a una desbandada de otras empresas que están enfrentando situaciones similares y espantando a posibles inversores, lo que compromete aún más la suerte de la Hoja de Ruta de la transición energética justa, después que la ministra de Minas y Energía Irene Vélez aplazó hasta febrero del año entrante su presentación, prevista para el mes anterior.

De hecho, tres proyectos de granjas solares fotovoltaicas de la empresa Trina Solar (San Felipe en Tolima, Cartago en el Valle del Cauca y Campano en Córdoba), que suman 300 MW, que le fueron adjudicados en la subasta de contratos de largo plazo en 2019 han entrado  en lo que se conoce como “limitación de suministro” por parte de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), ante la imposibilidad de que entren a operar, esta vez debido a dificultades en el licenciamiento por parte de la ANLA y, de contera, por razones sobrevinientes, no pudieron lograr el cierre financiero de los mismos. 

Ello, además, tiene como efecto colateral que al desistir de su ejecución y ante la imposibilidad de cumplir con la entrega de la energía comprometida y tampoco poder adquirirla en Bolsa, son las empresas comercializadoras las que deberán hacerlo en su lugar, aumentando peligrosamente su exposición en momentos  en los que el estrés del sistema eléctrico y la inminencia del fenómeno de El Niño presionan al alza los precios. 

Como afirma el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, José Camilo Manzur, “nosotros compramos la energía renovable de la subasta, si ellos fallan nos toca comprar en la Bolsa al precio que esté”

El daño puede ser mayor y peores las repercusiones, habida cuenta que los proyectos de los parques eólicos le han abierto al Caribe colombiano la posibilidad de otros desarrollos tales como la producción de hidrógeno verde y con este el desarrollo de un cluster de la industria de los fertilizantes bajos en carbono.

Por lo demás, producirlo demandará muchos megavatios de energía para el proceso de hidrólisis que se requiere para separar y aislar el hidrógeno del oxígeno para su obtención y maquila. 

Es más, recientemente el magnate Elon Musk, considerado el hombre más rico del mundo, dueño de TESLA, el mayor fabricante del mundo de automotores eléctricos, manifestó su interés de invertir en la instalación de una de sus plantas de ensamblaje en La Guajira, atraído por su descomunal potencial de energías renovables. 

Pero, noticias cómo la de Enel, si no se contrarrestan con acciones eficaces por parte del Gobierno, de la mano de las comunidades incumbentes, terminarán por ahuyentarlos, malogrando esta oportunidad y sumiendo al departamento y al país en una incertidumbre total, materializándose lo que tanto tememos y hemos advertido: que la Transición Energética se siga acelerando en neutro y lo que es peor, empantanada y  patinando en el tremedal de los vericuetos en los que se encuentran estos proyectos, vitales para el país y para la región Caribe.

Ello no sólo compromete la viabilidad de los proyectos de generación en curso sino el respaldo requerido por el parque térmico y las hidroeléctricas en condiciones de hidrología crítica, como la que está en ciernes con el advenimiento del fenómeno de El Niño que pondrá a prueba la firmeza y la confiabilidad del Sistema. 

Tanto más en cuanto que el atascamiento de estos proyectos se viene a sumar el ostensible atraso de la entrada en operación de 6 de las 8 unidades de generación de Hidroituango.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

“Es más fácil hacer política con los precios que política de precios. Pero es infinitamente más importante lo segundo” David Yanovich.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Empecemos por reiterar lo que ya hemos dicho sobre la decisión del Gobierno de autorizar el aumento gradual del precio de referencia de la gasolina desde octubre de 2022, manteniendo congelado el precio del diesel, en el sentido que este es un paso que se dio en la dirección correcta.

Veníamos de un déficit acumulado del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) insostenible e irracional. Y, como afirmó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), refiriéndose a esta decisión, “esta permitirá la reducción del déficit del FEPC de $36 billones en 2022 a cerca de $26 billones en 2023, cifra que sigue siendo muy elevada para las finanzas de la Nación y que debe seguir corrigiéndose”.

El Comité dejó planteada su previsión de la corrección de la brecha de precios que acusa el ACPM hacia mediados de año, augurando que para entonces la inflación haya cedido.

Por ello, el anuncio de la ministra de Minas y Energía Irene Vélez, en el sentido de establecer precios diferencialespara la gasolina “para no subsidiar a los grandes consumidores” y en cambio seguir subsidiando a los demás, cayó como un balde de agua fría.

Según Vélez, refiriéndose a la metodología, “la forma en la que está construida hace que toda la gasolina se valore con el precio internacional” y por ello se revisará para la fijación del precio. En su alegato aduce que no hace sentido que si “nosotros somos productores y más o menos el 50% de nuestra gasolina es nacional, que se mezcla con 50% de gasolina importada… no tiene total sentido que el 100% del precio de la gasolina se tase con el precio internacional”.

En Colombia se consumen mensualmente 428 millones de galones de combustibles (50% gasolina y 50% diesel), de los cuales se importan al país 80 millones de galones (18.6%) y se pagan en dólares a los precios internacionales. Pero, también se paga a precios internacionales, el IP que corresponde al precio paridad importación, tomando como referencia los precios spot de los combustibles en la costa del Golfo de EEUU, que es el costo de oportunidad para Ecopetrol.

Cabe preguntarse por qué “el 100% del precio de la gasolina se tasa con el precio internacional”. Hay una razón de peso, Ecopetrol, en virtud del Decreto – ley 1760 de 2003, cambió su naturaleza jurídica y dejó de ser una empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio de Minas y Energía para convertirse en una sociedad anónima mixta por acciones listada ADR en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y se rige por un régimen corporativo.

De lo anterior se sigue que escapa a las facultades y competencias del Ministerio de Minas y Energía la decisión sobre el IP, que está reservado a Ecopetrol y si hipotéticamente el Gobierno dispusiera mantener, como se ha mantenido en el pasado, el subsidio al precio de los combustibles, se cubriría con cargo al fisco de la Nación, toda vez que el FEPC es deficitario.

Lo dice claramente el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla: “nosotros no podemos obligar a Ecopetrol a vender por debajo de los precios internacionales. Eso es ponerle control de precios a Ecopetrol y nosotros no vamos a llegar a eso”.

Ello, además, sería contraproducente, pues iría en contravía del propósito y del compromiso de Colombia adquirido en el Acuerdo de París de reducir en el 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia el año 2030.

Como lo afirma la CARF, “reversar o suspender la política de corrección de precios no solo pone en riesgo el cumplimiento de las metas del plan financiero y el cumplimiento de la Regla Fiscal, sino que desviaría recursos fiscales desde otros programas sociales y de infraestructura al pago de estos subsidios”. Y añade, “ante la necesidad de acelerar la Transición Energética, los subsidios indiscriminados a los combustibles inhiben el efecto que deben ejercer los precios sobre el comportamiento de los agentes, para que así estos enfrenten los verdaderos costos sociales de sus decisiones”.

El ministro Bonilla le salió al paso a las declaraciones de la ministra Vélez y manifestó que “la perspectiva hoy es llegar a un nivel arriba de los $16.000 por galón para estabilizar el precio con la gasolina corriente”.

En cuanto al diésel, aclara que “el compromiso que había quedado en el Gobierno era que a partir de junio se iba a revisar qué hacer… También tiene que ajustarse al precio internacional”.

Y fue categórico al afirmar que “mantener la sostenibilidad fiscal, la estabilidad financiera y los ingresos que el Gobierno recibe de Ecopetrol, siguen siendo muy importantes”. Y no es para menos, dado que él, como responsable de las finanzas del Estado y de la estabilidad de las mismas, sabe que los dividendos que le gira Ecopetrol a la Nación siguen siendo la principal fuente de financiamiento de la Nación.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Con el propósito de alejar el fantasma del racionamiento de energía, sugiero se reactive y convoque a la mayor brevedad la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del país (CACSSE).

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

A riesgo de asumir el papel de Casandra, me atrevo a plantear que si bien es cierto no hay razones objetivas para afirmar que estamos ad portas de un riesgo inminente de racionamiento del servicio de energía, como aconteció hace 30 años, si estamos en presencia de un riesgo sistémico inmanente de racionamiento.

Es indubitable que en las últimas tres décadas se ha construido un sistema eléctrico sólido, que ha ganado en eficiencia, que cuenta con una matriz mucho más robusta y diversificada, amén de una regulación avanzada y moderna, producto de las lecciones aprendidas que quedaron compendiadas en las leyes 142 y 143 de 1994.

Ello le ha permitido al sistema eléctrico nacional sortear con éxito recurrentes fenómenos de El Niño, que, como el de 2016, llevó al límite la capacidad de las hidroeléctricas del país, sin que este se apagara. Le ha valido, además, el reconocimiento a su matriz energética del Consejo Mundial de Energía y al desempeño de su arquitectura por parte del Foro Económico Mundial.

Colombia se ufana de tener una matriz limpia, dado que su capacidad instalada de generación (18.851.84 MW) es predominantemente hídrica (66%), pero esta, que es un atributo que se pondera en su justa dimensión, se constituye a su vez en el talón de Aquiles del sistema eléctrico, tornándolo muy vulnerable frente a los embates del cambio climático, tanto más en cuanto que su fenómeno extremo de El Niño, con su sequía y baja pluviosidad, es cada vez más frecuente, intenso y duradero.

La exposición es mayor habida cuenta que entre los embalses que sirven a las hidroeléctricas en el país sólo uno de ellos, El Peñol, tiene capacidad de regulación anual, mientras que el 80% de ellos no supera los tres meses.

Venimos de un fenómeno de La Niña que ha durado tres años, por ello resulta aventurado vaticinar la intensidad y duración de El Niño que se avecina.

A esta circunstancia, ya de por sí preocupante, se le añade el atraso de la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Expansión Eléctrica. Como lo afirma Camilo Marulanda, “el mercado colombiano de energía esperaba en el período 2018 – 2021 el ingreso de más de 4.000 MW de capacidad, representados en Hidroituango (2.400 MW) y los proyectos eólicos de La Guajira (2.000 MW). De esa capacidad sólo han entrado en funcionamiento 600 MW de Hidroituango”. A estos atrasos de la expansión de la capacidad de generación se suman los atrasos en varios proyectos clave de trasmisión.

La ministra de Minas y Energía le da un parte de tranquilidad al país afirmando que “las reservas hídricas del país están por encima de los últimos 20 años”, cuando al corte del 16 de mayo reportaron un nivel de sólo 58,25% (10.621 GWH) y los aportes hídricos de 54,83% (283.80 GWH).

Bajo esa falsa premisa arguye la ministra que “no tenemos en este momento una alerta de racionamiento… Quien esté mandando ese mensaje está generando pánico”. Contra toda evidencia, le apuesta a la hidrología y sostiene que “Colombia tiene unas reservas hídricas suficientes para afrontar un eventual fenómeno de El Niño en la segunda mitad del año”.

Alejandro Lucio, gerente de Óptima Consultores y ex presidente de Derivex, experto en el tema, conceptúa que “las cuentas están muy apretadas. Si me pregunta hoy y El Niño fuera en el segundo semestre y durara un par de meses, pues tenemos con qué aguantar porque el embalse tiene un buen nivel a pesar de que ha venido disminuyendo rápidamente. Pero si hablamos de un Niño que se prolonga, las cuentas están muy justas y yo no descartaría un racionamiento.”

Esta estrechez de la oferta de energía ya le está pasando la cuenta de cobro a los usuarios. Como lo afirma Sandra Fonseca, directora Ejecutiva de Asoenergía, “la señal de precios muestra claramente que en la actualidad hay una escasez inminente y creciente en el balance eléctrico”.

Este descalce entre la oferta limitada y una demanda de energía creciente, que pasó de un crecimiento del 3,34% en 2022 al 5,24% actual, viene presionando al alza los precios de la energía en Bolsa y estos, a su vez, presionan al alza también las tarifas que paga el usuario final.

Es de anotar que el precio de la energía, ya sea en Bolsa o en los contratos bilaterales entre comercializadores y generadores, impacta el cargo por generación de la fórmula tarifaria. Ahora bien, cuanto mayor exposición en Bolsa tiene el comercializador mayor es la volatilidad del precio.

Finalmente, sin alarmismos, pero consciente del riesgo inmanente del Sistema y del sentido de la oportunidad para actuar diligentemente con miras a minimizarlo, me permito sugerir al Ministerio de Minas y Energía que, con el propósito de alejar el fantasma del racionamiento de energía, reactive y convoque a la mayor brevedad la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del país (CACSSE), integrado, además del Ministerio que lo preside, por ISA, la CREG, la UPME y el Consejo Nacional de Operaciones (CNO), una especie de puesto de mando unificado (PMU) del sector energético. La situación actual lo amerita.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Ha resurgido con fuerza una corriente ideológica y política, así como en la órbita académica que propende por el federalismo en Colombia.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La conmemoración de los 160 años de la Constitución de 1863, más conocida como la Constitución de Rionegro, de corte federalista y que perduró hasta 1886, cuando Rafael Núñez, al alimón con Miguel Antonio Caro, la derogaron y prohijaron otra eminentemente centralista, es la ocasión propicia para repensar la arquitectura institucional actual de Colombia, cuya armazón corresponde a lo establecido en la Constitución Política de 1991, que le puso término a la centenaria Constitución de 1886.

En este contexto ha resurgido con fuerza y vigor una corriente ideológica y política, así como en la órbita académica que propende por el federalismo en Colombia. Esta es una cita que tenemos con el futuro para la cual las regiones deben darse una hoja de ruta.

Desde luego que las circunstancias de hoy no son las mismas de la era decimonónica, pero son muchas las lecciones que nos dejó la vigencia del federalismo, que se prolongó desde 1853 hasta 1886, durante 33 años. La primera de ellas es que, contrariamente a la narrativa que ha propalado la especie de que el federalismo fue una etapa caótica de nuestra historia, marcada por el desorden, el relajo y la falta de sindéresis, autores muy serios como el ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el profesor Salomón Kalmanowitz coinciden en que en la misma primó la responsabilidad fiscal y la dinámica de la incipiente economía post colonial.

La fórmula dicotómica de la centralización política y la descentralización administrativa, paradigma de la Constitución de 1886, fue reemplazada en la Constitución de 1991 por la declaratoria de Colombia como República unitaria, en lo cual coincide con la de 1886, pero, además de descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, las que ahora, además de los departamentos, municipios y distritos, las regiones como tales también se pueden constituir como entidades territoriales, lo que era impensable antes.

No es dable pensar con el deseo que Colombia está preparada para dar el salto hacia el federalismo, este es un punto de llegada a la tierra prometida y no un punto de partida, se deberá dar un proceso que nos conduzca hasta llegar a dicha meta.

Hay que empezar por demandar el cumplimiento del mandato de la Constitución de 1991, que avanzó al trascender el concepto de descentralización, limitado, como afirmó el ex presidente del Consejo de Estado Javier Henao Hidrón, a la “capacidad de gestión administrativa” por parte de las entidades territoriales, al de la autonomía, entendida como la “capacidad de decisión política”.

Desafortunadamente, durante los 32 años de vigencia no solo no se ha reivindicado la autonomía territorial sino que se ha dado una recentralización que la ha tornado nugatoria.

Cito dos ejemplos patéticos de la recentralización: a contrapelo de la descentralización y de la autonomía, al tiempo que se le han venido trasladando funciones y competencias por parte de la Nación a las entidades territoriales, pero sin recursos, violando el artículo 356 de la Constitución que advierte que ello no debe darse sin asegurarles los recursos necesarios y suficientes para asumirlos, los recursos se han venido concentrando, cada vez más, en manos de la Nación.

Es el caso del recorte de los recursos de la Bolsa del Sistema General de Participaciones (SGP) mediante los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. De otra parte, entre los años 2000 – 2022 se han aprobado 14 reformas tributarias, todas ellas para arbitrarle recursos a la Nación, ninguna para el fortalecimiento de las finanzas territoriales.

De modo que para enrutarnos por la vía del federalismo tenemos que empezar por que la Misión de Descentralización creada por el Gobierno anterior revise la fórmula del SGP, consultando y volviendo sobre la fórmula primigenia aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Solo de esta manera se puede reparar y resarcir el zarpazo dado por el centralismo a la capacidad de gestión de los departamentos, municipios y distritos.

Adicionalmente, debe tramitarse por parte del Congreso de la República la largamente aplazada reforma tributaria territorial, para lo cual ya se cuenta con la base de las recomendaciones contenidas y compendiadas en el informe final entregado en julio de 2020 por parte de la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial y engavetado por el gobierno. 

Y un aspecto clave, sin el cual no se podrá avanzar hacia un esquema de estados regionales, sin pretender calcar el de la Constitución de 1863, es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), llamada por el reputado ex constituyente Orlando Fals Borda la Ley madre, que tiene que ver con el reparto de los recursos y competencias entre los varios niveles de la Administración, que sigue siendo una asignatura pendiente, porque la Ley 1454 de 2011 no pasa de ser un remedo de la LOOT.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El Siglo XIX fue escenario de dos grandes tensiones que provocaron una lucha feral entre dos fuerzas políticas contendientes: en política económica el proteccionismo vs el librecambismo, y en cuanto a la gobernanza del país, el centralismo vs el federalismo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En los albores de la República se hizo manifiesta la polarización política en torno a la arquitectura del Estado. Mientras el Libertador Simón Bolívar defendió a capa y espada una estructura centralista, Francisco de Paula Santander tomó partido por el federalismo.

No había término medio, así se gestaron dos corrientes ideológicas irreconciliables, los unos defendiendo el centralismo y los otros, en la orilla opuesta, defendiendo el federalismo. Entre estos últimos se destacó una de las figuras más descollantes de la afrocolombianidad, amigo y correligionario de Santander, Caribe él y que ocupó la Presidencia de la República, Juan José Nieto.

El Siglo XIX fue escenario de dos grandes tensiones que provocaron una lucha feral entre dos fuerzas políticas contendientes: en política económica el proteccionismo vs el librecambismo, y en cuanto a la gobernanza del país, el centralismo vs el federalismo.

La década 1821 – 1831 llevó la impronta del centralismo bolivariano, la cual fue seguida por el regionalismo neogranadino entre los años 1832 – 1842, cuando tuvo lugar la guerra de los Supremos, para dar paso al más acendrado centralismo que se extendió hasta 1852. Huelga decir que el conservadurismo propendió y abogó por el proteccionismo y el centralismo hirsuto, mientras que el Radicalismo liberal asumió la causa de librecambismo.

En 1853 se establece la Confederación granadina, que sirvió de piedra angular del régimen federal que se constituiría posteriormente, el 8 de mayo de 1863, cuando se promulgó la nueva Constitución, aprobada el 3 de febrero del mismo año, de los Estados Unidos de Colombia por parte de la Convención de Rionegro, convocada y liderada por Tomás Cipriano de Mosquera.

Ya para entonces, el Radicalismo liberal, bajo la presidencia de Mosquera (1845- 1849), secundado por el presidente José Hilario López (1849 – 1853), le habían desbrozado el camino al desmontar las caducas estructuras de la economía colonial, abrazando la causa del librecambismo.

Como afirma el destacado economista del siglo XIX Aníbal Galindo, se trataba de “sacar al país del marasmo del centralismo y remover toda su actividad con el estímulo del gobierno propio”.

Es de destacar que, como lo acota el ex ministro Antonio Ocampo, “en términos fiscales, el federalismo fue un éxito rotundo”. La disciplina fiscal fue la nota predominante durante el período que estuvo vigente el régimen federal, en el curso del cual las regiones alcanzaron a tener un gran empoderamiento.

Rafael Núñez, quien a mediados del siglo XIX había abrazado la causa del Radicalismo liberal, se declaró partidario del federalismo, que él no dudó en considerar como “la tierra prometida”, pues “la historia administrativa de la Nueva Granada, casi desde su fundación, es la historia del desarrollo de los fueros seccionales, a despecho de la más obstinada resistencia del poder nivelador, o sea del centralismo” (1855).

Posteriormente, Núñez da un viraje de 180 grados, imbuido de las ideas del positivismo spenceriano en boga en Europa, en donde conoció y disfrutó los alamares de la diplomacia. A su regreso al país se aparta de las tesis del Radicalismo liberal, declarándose liberal independiente y con su lema “regeneración administrativa fundamental o catástrofe”, planteó que la regeneración “es la política del orden y la libertad, fundada en la justicia”. Así nació el regeneracionismo que fusionó ideológicamente el conservadurismo representado por Miguel Antonio Caro y el independentismo de Núñez.

Triunfal en un discurso caracterizado por su sectarismo y beligerancia, investido como estaba como presidente de la República, desde el balcón del Palacio presidencial, el 10 de septiembre de 1885, espetó en tono airado: “La Constitución de Rionegro ha dejado de existir, sus páginas manchadas han sido quemadas entre las llamas de la Humareda”.

En efecto, la Constitución de 1886 vino a ocupar su lugar, la cual junto con la de 1863 y la de 1991 han sido las únicas tres cuya vigencia ha superado los veinte años.

Luego convocó una Asamblea Nacional Constituyente amañada y excluyente, para expedir una nueva Constitución política al alimón con el líder conservador Miguel Antonio Caro, dándole entierro de tercera a la Constitución de Rionegro.

En la Constitución de 1886, al tiempo que se hizo tabula rasa de la anterior se entronizó la fórmula dicotómica de la “centralización política y la descentralización administrativa”. Pero, en la práctica, siempre tuvo más de centralización política que de descentralización administrativa.

Los estados soberanos de enantes fueron suprimidos, no sin antes despojarlos de lo que les pertenecía, expropiándolos sin fórmula de juicio de cuanto poseían.
Así quedó consagrado en el artículo 202 de la Carta: los bienes que pertenecían a los estados soberanos, ahora “pertenecen a la República de Colombia. Los bienes, rentas, valores, derechos y acciones que pertenecían a la Unión colombiana (léase estados soberanos) el 15 de abril de 1886, los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los estados (soberanos), cuyo dominio recobra la Nación”.

Este fue un duro y artero golpe asestado contra las regiones de Colombia.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.