¡Un pobre balance!

Durante el primer año de la administración Petro el sector minero – energético ha estado al garete, sin rumbo fijo. La mejor prueba de ello es que a estas alturas, no obstante que su mayor apuesta es la Transición Energética Justa, no se cuenta con su hoja de ruta.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Desde el Ministerio de Minas y Energía se han hecho muchos anuncios, que se han quedado en eso, en discursos para la galería, especialmente en los escenarios internacionales. ¡Mucho ruido y pocas nueces!

De hecho, no se ha avanzado en la concreción de los 2.400 MW en los proyectos de los parques eólicos asignados en subastas en 2019-2020, por falta de diligencia del gobierno nacional para remover los obstáculos que lo han impedido. Palabras, solo palabras. Como lo hemos afirmado, se ha venido acelerando en neutro la tal Transición Energética Justa. 

Ello explica el retroceso que ha llevado a Colombia a rezagarse: según el último reporte del Foro Económico Mundial (FEM), Colombia perdió diez posiciones en el Índice de Desempeño de la Transición Energética entre 2021 y 2023, pasando del puesto 29 al 39 y después de secundar a Chile, que era el líder en Latinoamérica, Colombia ahora es sexto.

Y, para rematar, con lo dispuesto en el Decreto 1276, expedido al amparo de la emergencia económica y social declarada por el presidente Petro, se da al traste con la seguridad jurídica que debe inspirar a la política pública al liberar a los generadores de energía eólicos, cuyos proyectos están atascados en La Guajira, de sus obligaciones para con los comercializadores de energía, rompiendo de facto la relación contractual entre unos y otros, terciando en favor de los primeros y en detrimento de los segundos, que se verán precisados a salir a comprar la energía en Bolsa, en momentos en que los precios están disparados a consecuencia del Fenómeno de El Niño. Y los usuarios finales serán los que pagarán los platos rotos, ya que esos mayores precios se traducirán al final del día en más altas tarifas en las facturas.

Con terquedad aragonesa, la saliente ministra Irene Vélez se mantuvo en sus trece y no dio su brazo a torcer, negándose sistemáticamente a la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

Para justificar su obstinación, a finales del año pasado prefabricó, sirviéndose de la ANH como mampara, un supuesto balance de reservas en el cual sumaba peras con manzanas (reservas probadas + reservas probables + reservas posibles y recursos contingentes y prospectivos), para ratificarse en su posición de que con los ya firmados bastaba y sobraba para espantar el fantasma de la importación de petróleo y gas. 

Pero, del borrador de la Hoja de ruta de la Transición Energética publicado para comentarios y sus proyecciones, basadas en el Informe de la ANH de la reducción de las reservas y el aumento previsto de la demanda se infiere como corolario que Colombia estará importando gas en 2026 y petróleo en 2028.

Así lo consideran Valora Analitik y expertos tan reconocidos como el profesor de la Universidad de los Andes Sergio Cabrales, sin embargo en dicho documento no se repara para nada en sus nefastas consecuencias tanto en la seguridad energética del país como en la balanza comercial, amén de su impacto en las finanzas públicas.

Este año se ha caracterizado por la imprevisión y la improvisación en el MME, empezando por la interinidad en varias de las dependencias claves del Ministerio, tales como la dirección de la ANH, que ya completa cuatro meses acéfala y la CREG en la que 4 de sus 6 expertos comisionados, en un hecho insólito, fueron designados en calidad de encargados, manteniendo su calidad de asesores del Despacho, lo cual, además del conflicto de competencias que ello significa, se lleva de calle el carácter autónomo de la CREG que le da la Ley. Hasta en el propio Despacho del Ministerio se manifiesta esta interinidad en la provisión de los viceministerios.

Situaciones tan críticas como el alza inusitada de las tarifas de energía especialmente en la región Caribe, han mostrado un Ministerio errático, pasando de la amenaza de asumir las funciones de la CREG y ahora que la controla no sabe qué hacer con ella.

El rimbombante anuncio de la ministra Irene de un “Pacto por la justicia tarifaria” dizque para rebajarlas, le dejó un sinsabor a los defraudados usuarios porque desde entonces sólo han visto subir las tarifas y el costo de sus facturas.

El clima en el sector es de incertidumbre y desconfianza. Deja al sector minero en ascuas, al determinar en otro Decreto, el 1277, que prácticamente paraliza la actividad minera en el país, excepción hecha de la extracción de minerales conocidos como críticos o estratégicos, sin los cuales no se puede dar la Transición, tales como el carbón metalúrgico o coquizable, el níquel y el cobre. Y, para rematar, se anunció la presentación de un proyecto de Ley minera que, según lo que ha trascendido, en lugar de estimular la actividad tiende más bien a proscribirla.

Con este pobre balance, este año pasará a la historia como el de la hostilidad en lugar de la concertación en el sector, en el que en el Ministerio se pasó, como dijo la ministra Irene en su carta de renuncia, de responder por “un sector históricamente tecnocéntrico y patriarcal” a otro conducido por el activismo, primando la ideología sobre el rigor técnico, lo que llevó a la ministra a desmantelar prácticamente el Ministerio.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Comunidades indígenas y comunidades energéticas

Con el fin de reglamentar las transferencias del sector eléctrico con destino a comunidades indígenas, el Ministerio de Minas y Energía publicó un borrador de Decreto por medio del cual busca reglamentar el parágrafo 7 del artículo 233 de la Ley 2294 de 2023.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO­*

Con la medida se quiere establecer que las comunidades indígenas certificadas por el Ministerio del Interior, sean directamente las beneficiarias de los recursos de transferencia del sector, que sean estas mismas quienes reciban y administren los recursos en comento.

En atención a lo anterior, los propietarios de generación de energía nuevas y en operación, deberán liquidar los valores correspondientes a las transferencias sobre la base de las ventas brutas del mes anterior.

Seguido a ello, cumplir en un plazo máximo de noventa días para acreditar el depósito de los dineros. Y, finalmente, dentro de los cinco días siguientes al depósito de las transferencias, deberán informar a las comunidades étnicas beneficiarias.

Es importante mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se expidió mediante la Ley 2294 de 2023, incrementando el valor que tienen que pagar las plantas nuevas y las plantas en operación por la energía producida a partir de fuentes no convencionales de energía renovable eólicas y solares fotovoltaicos.

El pago al cual se hace referencia corresponde a un impuesto por la generación de energía, el cual se conoce como las “transferencias del sector eléctrico”, que para este año pasó de 1% a 6% para el caso de las plantas nuevas y del 1% al 4 % para las plantas en operación.

En mi opinión, es favorable la participación de las comunidades indígenas, sin embargo, conviene complementar la iniciativa, incluyendo que las comunidades indígenas garanticen un buen uso de los recursos recaudados.

De igual manera, que se dé un proceso de transferencia de conocimiento sobre el mercado de los energéticos y un acompañamiento a favor de las comunidades indígenas, toda vez que, tal como está la propuesta, los recursos depositados por una primera parte deberán destinarse exclusivamente a la ejecución y/o cofinanciación de proyectos de infraestructura, servicios públicos, saneamiento básico y/o de agua potable.

Por otra, deberán fortalecer la base para la constitución de comunidades energéticas y comunidades organizadas para la prestación de servicios públicos, así como la implementación de proyectos para la transición energética justa.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta fundamental que se contemple que las comunidades indígenas por medio de sus organizaciones de representación, previo cumplimiento de sus requisitos de experiencia e idoneidad para ser ejecutores de los Proyectos de Infraestructura, cuenten con una asesoría jurídica integral que les permita tomar decisiones informadas en aras de optimizar los recursos de los cuales son titulares, a la par que se pueda asegurar de la mejor manera posible la ejecución contractual de los proyectos, la constitución de garantías y las interventorías necesarias tal como se trata en el proyecto y que, en todo caso, justifica de manera pertinente que las comunidades contraten personas expertas en la materia, que con su orientación respalden su participación y sus derechos a la Consulta Previa dentro la oportunidad debida, salvaguardándose también como sujetos de especial protección de conformidad con lo que reza la Constitución Política y la jurisprudencia dictada por la Corte Constitucional.

*Socio fundador de OGE Legal Services.

Llegando al límite

Nuestra obligación no es el lamento sino la acción propositiva y por eso nuestro esfuerzo debe ser continuo, para revertir una tendencia que, de seguir así, nos llevará a sobrepasar el límite de lo posible y condenará a la especie a un amargo futuro.

Por: MAURICIO LÓPEZ*

Las últimas noticias son alarmantes. Olas de calor nunca antes vistas, con temperaturas batiendo todos los registros previos, ya no en el emblemático Valle de la Muerte en California, sino en muchas zonas pobladas en diferentes latitudes.

Granizos del tamaño de bolas de golf o mayores, causando lesiones a peatones y dañando fachadas, toldos, cubiertas, en pleno verano en varias ciudades europeas.

Sequías de varios años que agotan el suministro de agua a la capital uruguaya, Montevideo, y que asolan los campos argentinos mermando su producción de granos, o generando hambrunas en las altas planicies del Cuerno Africano. O incendios forestales incontrolados destruyendo miles de hectáreas de zonas costeras del hemisferio Norte.

Inundaciones que arrasan todo a su paso, lamentablemente en zonas de ladera de nuestros países, especialmente en las áreas más deprimidas socialmente. O incluso deshielos inusitados en el invierno antártico, desprendiendo enormes capas de bloques de hielo.

También, para este semestre venidero, se anuncia en la zona ecuatorial la presencia del Fenómeno de El Niño, con su secuela de tiempos secos y ardientes en las latitudes norte, generando un estrés hídrico en el norte de Suramérica, y como balance, arreciando riadas e inundaciones en las latitudes sur del mismo subcontinente.

Algunos escépticos sostienen que esto forma parte del ciclo natural de la vida en nuestro planeta; sin embargo, la continuidad de los casos extremos, tal como lo ha mencionado recientemente en su nuevo informe el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), grupo de expertos científicos reunidos por las Naciones Unidas para monitorear y evaluar toda la ciencia global relacionada con el cambio climático (https://www.nature.org/es-us/que-hacemos/nuestra-vision/perspectivas/ultimo-informe-ipcc/ ) indican que en el hipotético caso que todos los países cumplieran con los compromisos climáticos actuales, sería muy difícil mantener la ambición de solamente 1,5°C por encima de los niveles preindustriales, límite definido por los científicos para evitar pasar a peores escenarios de crisis climática.

En el informe se expone con claridad que los actuales esfuerzos, algunos de ellos notables, no solamente por una apropiación innovadora y tecnológica, son muy dispersos y no están debidamente enfocados en aquellas poblaciones más vulnerables, especialmente situadas en zonas costeras e insulares y en los altos valles glaciares y zonas de páramos.

La conclusión del informe es que, si seguimos aumentando consistentemente la temperatura en el planeta, los ecosistemas tendrán daños irreversibles con consecuencias devastadoras.

Surge una inevitable pregunta: ¿Estamos condenados a la autodestrucción? Esto impone acciones continuas y decididas por parte de los distintos actores involucrados, que en la práctica somos todos, porque al final de cuentas todos somos responsables.

Por parte de las comunidades, su empoderamiento es fundamental, bajo una premisa esencial de conocimiento del territorio. No debe estar signado por el activismo radical, sino bajo las soluciones basadas en la naturaleza, teniendo a la ciencia como elemento central. Esto implica una acción decidida para generar las condiciones de disminuir la desforestación en todos los territorios, aumentando las áreas protegidas y demandando de la comunidad internacional una corresponsabilidad que venga acompañada de recursos destinados a pagos por servicios ambientales.

Tenemos que dejar el romanticismo y generar todo un sistema de apoyo a las comunidades en los territorios (sobre todo los más expuestos y afectados por la variación climática) como parte de la solución a esta gran amenaza.

El papel de los gobiernos a nivel global y local, y por supuesto en sus marcos de actuación, es promover una Transición Energética para lograr la ambición de menos de 1,5°C. Sin duda, esto pasa por la reducción progresiva del uso de los combustibles fósiles, de una manera realista. Pensar con el deseo que esto es un asunto de una década, francamente es desconocer las verdaderas dinámicas económicas, sociales y ambientales de una comunidad. Es un proceso de largo aliento donde un primer hito al 2050 puede considerarse razonable. 

Esto implica disminuir el uso de los combustibles y aumentar la inversión en la naturaleza. El IPCC ha calculado que se requieren cerca de US$400 mil millones de dólares americanos para hacer cambios en agricultura, silvicultura, otros usos de la tierra para limitar las emisiones. Además de focalizar los subsidios que actualmente se otorgan bajo una nueva óptica climática.

Por supuesto, esto no es un juego de suma cero (con ganadores y perdedores netos). Al contrario, es una enorme oportunidad para mejorar la calidad del aire, del agua, del suelo, mejorando la productividad y propiciando mejores condiciones de acceso a servicios básicos universales, reduciendo los inaceptables niveles de pobreza e inequidad actuales.

Por parte del sector empresarial es claro que el objetivo es alcanzar emisiones netas cero en las operaciones; en palabras sencillas, dejar de emitir más carbono a la atmósfera. Sin duda, la mejor manera es una combinación de cambio de fuentes y un desarrollo activo de programas de eficiencia energética.

El tránsito a energías renovables, tanto las tradicionales como las no convencionales, fotovoltaica, eólica, geotérmica, recoge el uso del gas natural como el combustible de la transición, y aplicar toda la innovación y la tecnología para poder cubrir las necesidades energéticas, sin afectar a la naturaleza.

Por supuesto, no todo lo podrá hacer la innovación ya que habrá sectores que por sus características no puedan llegar al ansiado cero, pero si se deben generar mecanismos adecuados de compensación.

De hecho, los mercados de carbono tienen que alcanzar un mayor grado de consolidación, conocimiento y apropiación, para que empresas que llegan a la opción de no poder reducir su totalidad de emisiones, compensen económicamente a través de la protección efectiva y creciente de ecosistemas naturales y facilitar además la recuperación de zonas deterioradas para lograr el propósito efectivo de la reducción total.

El individuo y su entorno cercano también tienen que actuar. Su responsabilidad pasa por un proceso de apropiación consciente e informado. De hecho, la academia, desde los primeros años hasta los niveles más altos de formación, es la palanca efectiva para lograrlo.

En Colombia hemos avanzado en la apropiación de la cultura de la sostenibilidad. La Red Colombiana del Pacto Global al contar con casi 600 empresas y organizaciones es un ejemplo vivo de ello.

Están en la red empresas de todos los tamaños, más de 50 universidades, más de 20 gremios, cámaras de comercio, cajas de compensación, más de 100 organizaciones sociales.

Además tiene un programa robusto de mesas de trabajo para compartir experiencias en temas de Derechos Humanos, Anticorrupción, Agricultura y Alimentación, Principios de Educación Responsable en Gestión -solo para Universidades-, Salud, Industria Extractiva, Gestión Climática, Gestión Hídrica, Red de Residuos Sólidos, Empoderamiento de la Mujer, Inclusión y Diversidad, Lucha contra el Trabajo Infantil, Moda Sostenible, Comunicación Empresa y Biodiversidad, Inversiones Sostenibles, entre otras.

Además, una sólida plataforma de comunicaciones con una página web con más de un millón de visitas anuales www.pactoglobal-colombia.org, blog y podcast especializados con apoyos de la academia, Revista Virtual, y una nutrida oferta académica, desde el Congreso de Pacto Global, cursos, seminarios y webinars. 

Son muchos los retos y desafíos. Nuestra obligación no es el lamento sino la acción propositiva y por eso nuestro esfuerzo debe ser continuo, para revertir una tendencia que, de seguir así, simplemente nos llevará a sobrepasar el límite de lo posible y condenará a la especie a un amargo futuro.

*Director Ejecutivo de Pacto Global Red Colombia.

Bicentenario de la batalla del Lago de Maracaibo

No cabe duda de que la batalla del Lago de Maracaibo fue en los mares lo que la Batalla de Boyacá en tierra. Sin el triunfo de aquella, no se habría podido consolidar ni recoger los frutos de esta última.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El pasado 24 de julio se cumplieron doscientos años de la batalla naval que se libró en el Lago de Maracaibo, en la cual el gran protagonista fue el héroe guajiro José Prudencio Padilla, quien, siguiendo las instrucciones del vicepresidente Francisco de Paula Santander, con su intrepidez y experticia vapuleó la escuadra realista en la Punta de Palma, frente al castillo de San Carlos, infligiéndole una estruendosa derrota a sus huestes que pretendían doblegar la resistencia de los patriotas, empeñados como estaban en coronar con éxito la gesta de la Independencia en su porfiada lucha por alcanzar, a mandoblazos, en los mares triunfos tan rotundos como los ya alcanzados en tierra firme.

Indudablemente la derrota de los realistas, que fue el triunfo de los patriotas, sirvió para consolidar la independencia patria. No cabe duda de que la batalla del Lago de Maracaibo fue en los mares lo que la Batalla de Boyacá en tierra. Sin el triunfo de aquella, no se habría podido consolidar ni recoger los frutos de esta última.

Bien pronto, sus dotes de marino avezado y corajudo catapultarían a Padilla a encumbradas posiciones, las que le servirían de crisol en la forja del patriota integérrimo y de dura cerviz que lo caracterizaron, que pusiera en jaque a la otrora Armada invencible del Imperio Español.

Se constituyó Padilla en abanderado de la causa de la Independencia en los dilatados horizontes de nuestros mares, desplegando las velas de la libertad y anclando en el Lago de Maracaibo el mástil de nuestra emancipación definitiva.

Siempre estuvo él en el ojo de la tormenta en los procelosos tiempos de la gesta independentista; con su arrojo y valor escribió las mejores páginas de nuestra historia: ora en la batalla memorable de Sabanilla, en la de la Laguna Salada, en la Noche de San Juan, ora la del Lago de Maracaibo, donde las quillas anhelantes de las naves de Padilla siguieron su ruta de triunfos altaneros, alcanzando allí el cenit de su gloria y de su fama.

Alcanzada la independencia, nimbado por la gloria, Padilla se constituyó en uno de los artífices de nuestra primera República. Pero la zalamería, los recelos, la inquina y las torvas estratagemas de sus solapados adversarios, lo malquistaron con el Libertador Simón Bolívar. Fue éste el execrable camino escogido por los pérfidos ujieres palaciegos, para llevar hasta el cadalso al Heraldo de nuestra independencia recién alcanzada.

Mariano Montilla, de la mano de Urdaneta, sería el encargado de fraguar el artero golpe, propalando la especie de que Padilla se contaba entre los conjurados de la aciaga noche septembrina. Eran los azarosos tiempos para la República, en los que cernía sobre ella la amenaza de la entronización de una abominable tiranía. No era Padilla hombre de contubernios; nunca puso su espada al servicio de causas innobles.

Bolívar,  atormentado y obcecado por el pertinaz empeño del corro de sus aduladores, compelería al héroe riohachero, en medio de sus cavilaciones, a hacer suya la reflexión de Rubén Darío: «Águila que eres la historia, ¿dónde vas a hacer tu nido? ¿En los picos de la gloria? ¡Sí, en los montes del olvido»!

Cruel final se le deparó al almirante Padilla: degradado primero, fusilado luego y escarnecido en la horca después, imitando el vitando proceder del realista expedicionario Pablo Murillo, conocido por su crueldad como El Pacificador.

Pero, con su gesto altivo y temerario, Padilla triunfó sobre su vil sacrificio, como el Cid Campeador. Él, igual que Córdoba, acobardó a sus verdugos con su temple y valor indomables y ocupa un sitial especial por su bizarría, como ejemplo vívido para la posteridad. Sus despojos mortales reposan en una cripta en la Catedral Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha, la cual fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación colombiana en su honor.

Nos recuerda el reputado historiador Carlos White Arango, a propósito de Padilla, la sentencia de los sabios en los areópagos de Atenas: «Comparezcan las partes dentro de cien años».

En el caso que nos ocupa ya comparecieron doscientos y Padilla fue rehabilitado tras un fallo inapelable de la propia historia, que destaca su lealtad a toda prueba y su encendido patriotismo, que no pudieron eclipsar sus detractores ocasionales, resplandeciendo fulgurante su figura señera e incontrastable. Así lo reconoció la Convención de la Nueva Granada en noviembre de 1831, al rehabilitar su memoria en nombre del pueblo colombiano.

Enhorabuena, en cumplimiento de la Ley 2012 del 30 de diciembre de 2019, emitió con fines conmemorativos y por una sola vez la moneda de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Declaratoria del 24 de julio como día de la Armada de Colombia.  A la izquierda de su efigie figura el texto: “Almirante José Padilla López”, y la frase “Morir o ser libres”, tomada de su proclama dirigida a sus hombres antes de iniciar la histórica contienda.    

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El riesgo inminente de un racionamiento de energía

Cunde la incertidumbre y el desconcierto en el sector eléctrico y, desde luego, entre los usuarios del servicio, después del pronunciamiento de XM, operadora del sistema interconectado y administradora del mercado de energía mayorista de Colombia, alertando sobre el riesgo inminente de un racionamiento eléctrico.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Según XM, “las redes de transmisión regional presentan agotamiento en múltiples zonas del país, especialmente en la Costa Atlántica y Chocó”. Ello, advierte, “ha dado lugar a que en algunas zonas del país se opere la infraestructura de transmisión cerca de los límites de seguridad de la red… es alta la probabilidad de no poder atender completamente la demanda de los usuarios”.

Dicho en román paladino, los usuarios de la región Caribe y Chocó vienen siendo objeto de “cortes de energía puntuales para conservar los niveles de seguridad y confiabilidad en la prestación del servicio”, especialmente durante los picos de demanda.

Admite, además, que la sobrecarga de la frágil red de transmisión nacional (RTN) y regional (RTR) viene “dando lugar a desconexiones continuas de demanda”, sin que los usuarios se hayan percatado de ello.

En un segundo comunicado de XM, apenas cuatro días después, fue más lejos al afirmar que, a consecuencia del “agotamiento de las redes de transmisión” se había visto precisada a declarar “en estado de emergencia algunas subestaciones eléctricas”. Reconoce, además, que “el servicio de energía eléctrica no se está prestando con la calidad, seguridad y confiabilidad definida en la normatividad vigente”.

Y son peores sus presagios, al advertir que “la demanda no atendida que se viene programando en la región Caribe como consecuencia del agotamiento en la red de transmisión regional podrá incrementarse en la medida en que crezca la demanda de energía en dicha zona”.

Y cómo no va a crecer la demanda con temperaturas que, según el IDEAM, en lo que va corrido del mes de julio, han marcado en ciudades como Santa Marta y Riohacha 38º C. Podemos decir que, si con el primer comunicado de XM se emite una alerta amarilla, con el segundo la alerta ya es de color naranja.

El Consejo Nacional de Operaciones (CNO) del sector eléctrico se había anticipado a plantearle a la entonces ministra de Minas y Energía Irene Vélez, en misiva enviada el 18 de mayo, los “riesgos identificados para la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN)”. En la misma se le puso de manifiesto que se venía “racionando por el agotamiento de la red” y continúa diciendo que “la situación descrita para CCM se tornaría aún más crítica ante la indisponibilidad de cualquiera de las unidades de generación de la planta Termoguajira”. Deja en claro el CNO que “muchas de las restricciones identificadas a la fecha no tienen definida obras para eliminarlas o reducirlas”.

Y después de indicar que “algunos de los riesgos identificados en las mencionadas áreas eléctricas están originados por los retrasos de la expansión”, sugirió a la ministra “un plan de choque para el Caribe” y que se sepa el CNO no obtuvo respuesta.

Huelga decir que ese Plan de choque no es otro que el Plan5Caribe que formulamos a nuestro paso por el Ministerio de Minas y Energía, que buscaba corregir el atraso histórico de las inversiones que ha debido hacer Electricaribe y no las hizo. Por ello, me atrevo a decir que el percance que enfrenta la región Caribe en este frente no es más que el coletazo de Electricaribe.

En uno de los apartes de su respuesta a XM la UPME admite, sin sonrojarse, como confesión de parte, que “las situaciones descritas sobre el agotamiento de red en algunas zonas del país, son de público conocimiento desde hace más de una década… Dichas situaciones han llevado, desde hace ya varios años, a riesgos y materialización de cortes de energía que sufren de manera particular las zonas más vulneradas históricamente, tales como las áreas de la Costa y el Pacífico colombiano”.

Además, manifiesta su coincidencia con XM “en la necesidad de expansión del Sistema de Transmisión Nacional”, que es su responsabilidad y no lo ha hecho. Prueba de ello es su incumplimiento del Plan Quinquenal Indicativo de Expansión y Cobertura correspondiente al período 2018 – 2023, y el hecho de que el año anterior no se abriera una sola convocatoria para proyectos de infraestructura eléctrica.

Lo más grave es que los atrasos en la ejecución de los proyectos, muchos de los cuales superan los 8 años, no se limitan a los de transmisión de la energía, se extiende a los de generación. De allí el estrés al que está sometido el SIN, debido a que mientras la demanda promedio en el país en un día ordinario es de 225 GWHD la oferta de energía firme a duras penas llega a los 222 GWHD. Está, como afirma la presidente de ASOENERGÍA Sandra Fonseca en un “equilibrio inestable en el balance oferta – demanda existente”.

Los días y meses por venir serán críticos y el racionamiento en ciernes será mayor, porque se tendrá que sortear el impacto del fenómeno de El Niño con estas falencias que tornan más vulnerable y menos resiliente al SIN.

Estamos sobre el tiempo y no se avizora una solución en el corto ni en el mediano plazo, porque cualquier proyecto emergente que se decida ejecutar no tardara menos de dos años en ser operativo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La inseguridad alimentaria en Colombia

Según  el director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas para Colombia, Carlos Scaramella, “en Colombia el 30% de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, 15,5 millones de personas no tienen acceso a alimentación adecuada y tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La seguridad alimentaria consta de tres elementos esenciales: el primero es la disponibilidad de los alimentos, el segundo el acceso a los mismos y tercero la estabilidad o sustentabilidad, entendida esta como la garantía del primero y el segundo a lo largo del tiempo.

La seguridad alimentaria, más que un problema de disponibilidad de alimentos es un problema de acceso a los mismos, y este está determinado por el nivel de ingresos, el cual a su vez está correlacionado con el empleo.

Según  el director del Programa Mundial de Alimentos(PMA)de las Naciones Unidas para Colombia Carlos Scaramella, “en Colombia el 30% de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, 15,5 millones de personas no tienen acceso a alimentación adecuada y tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas, por lo que deben recurrir a estrategias de consumo insostenibles y enfrentar condiciones de escasez de alimentos, hambre y malnutrición”.

Aquí hagamos una digresión para subrayar el hecho de que la soberanía alimentaria de Colombia es muy precaria, habida cuenta que el 35% de los alimentos que se consumen en el país son importados y los que se producen internamente tienen una alta dependencia de la importación de insumos agropecuarios.

Y lo más grave es que esa dependencia es creciente: de 700 mil toneladas de alimentos que se importaron en 1991 se pasó a importar 14 millones de toneladas en 2022. En ello ha influido mucho la apertura hacia adentro que se decretó por aquellas calendas en la administración de Cesar Gaviria (1990 – 1994), que llevó a reducir el área sembrada entre 1990 a 1999 en 936.255 hectáreas (25%). Esta situación se agravó con la negociación atolondrada de los tratados de libre comercio (TLC), dejando desguarnecido el campo colombiano. 

Al desagregar las cifras se observa que los departamentos con mayor prevalencia de los altos índices de inseguridad alimentaria son los de la región Caribe, encabezados por Córdoba (70%), Sucre (63%), Cesar (55%), Bolívar (51%) y La Guajira (50%).

Las dos regiones en las que se concentra el mayor número de hogares en condición de inseguridad alimentaria son el Caribe y el Pacífico, con el 40% en promedio. No es coincidencia que sean estas dos regiones las que registran los más altos índices de pobreza, desempleo e informalidad laboral. Ello en razón de que el desempleo y la informalidad se traducen en la precariedad del ingreso y esta afecta el poder adquisitivo y en consecuencia el acceso a los alimentos.

La violencia, los conflictos sociales y sus secuelas, como el desplazamiento forzado y el confinamiento, también han contribuido a exacerbar la inseguridad alimentaria, la desnutrición y el hambre en el país.

El cincuenta por ciento de los hogares que han sido víctimas del conflicto armado padecen inseguridad alimentaria, en contraste con el promedio del 28% de aquellos que no lo han padecido. Lo propio puede afirmarse de los migrantes, que en una proporción que oscila entre el 52% y el 73% se ven afectados por la inseguridad alimentaria y de contera también en tratándose de las etnias indígenas y afrodescendientes.

La tendencia de esta tragedia humanitaria es hacia el agravamiento, dada la constatación de que el 35% de los hogares en Colombia disminuyeron sus ingresos en los últimos 12 meses, que casi la mitad de estos (46%) tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza nacional, al tiempo que el 51% de las familias tuvieron que reducir el tamaño de las porciones de alimentos y otro 42% el número de comidas al día.

Según la última medición de la Encuesta Pulso Social del DANE, en diciembre de 2022 el 73,5% de los hogares colombianos (6,2 millones) comen en promedio 3 veces al día, 15,4 puntos porcentuales por debajo de diciembre de 2019.

De hecho, según el mismo Informe del PMA, en Colombia el 40% de la población consume dos o menos comidas al día, más de la mitad de los hogares tuvo que reducir la porción de las comidas y el 67% de los hogares tuvo que utilizar una estrategia para afrontar el hambre.

El colmo de esta preocupante situación es que la inseguridad alimentaria, la malnutrición, la desnutrición y el hambre en Colombia se han ensañado con la niñez. Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS) en 2022 se presentaron 21.337 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años y 309 niños murieron a consecuencia de la desnutrición, 111 más que los registrados en 2021.

La afectación de la niñez por la inseguridad alimentaria, la desnutrición, la malnutrición y el hambre es más preocupante en cuanto que en esta etapa, los primeros mil días de existencia de la niñez son críticos, lo que se haga o se deje de hacer durante esta fase de su crecimiento es decisivo para su formación y desarrollo posterior, de ello debemos ser conscientes.

El mayor desarrollo del cerebro, del lenguaje, de la motricidad y del pensamiento abstracto que caracteriza al ser humano se dan justo en esta etapa, que es irrepetible. Lo que se quiera hacer después, tratando de suplir lo que se dejó de hacer ya es demasiado tarde, el daño está hecho.

Según la Fundación Éxito, “los estudios evidencian que un niño con desnutrición crónica antes de los 5 años puede tener en la edad adulta 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de educación y 54% menos de salario que uno que no padeció la enfermedad. En otras palabras, será un adulto con grandes desventajas.

Así empieza y se perpetúa la desigualdad de trayectoria.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Colombia se rezaga en Transición Energética

Ya lo habíamos dicho, que Colombia estaba en el radar de la Transición Energética a nivel global en un lugar muy destacado y se había convertido en un polo de atracción de las inversiones en proyectos para generar energía a partir de fuentes no convencionales y renovables (FNCER).

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El interés por las energías renovables en el país surgió gracias al impulso que les dio primero la Ley 1715 de 2014, posteriormente la Ley 2099 de julio de 2021 y el Documento CONPES 4075 de 2022, que vinieron a reforzar y a ampliar el espectro de los beneficios de la Ley anterior a las energías renovables.

La ejecución de los proyectos de parques eólicos en La Guajira, que fueron asignados en las tres subastas que tuvieron lugar entre 2019 y 2020, la primera de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por confiabilidad y las dos últimas convergentes, que comprometen 2.400 MW de potencia, llegándose a acuerdos de compra – venta de energía entre generadores y comercializadores a 15 años, auguraban un auge de las FNCER para ser integradas a la matriz energética, diversificándola aún más e imprimiéndole una gran resiliencia frente al cambio climático.

Pero luego este boom se frenó y estancó, la ejecución de los proyectos ha estado  empantanada y la entrada en operación de los mismos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se atrasa debido a la conflictividad social que se le ha interpuesto, especialmente a causa de los desencuentros con las comunidades indígenas asentadas en el área de influencia de los mismos, en desarrollo de las consultas previas, que son de obligatorio cumplimiento, dado que su instalación tienen lugar en territorios ancestrales. 

Lo que temíamos, a raíz de estos inconvenientes, ha ocurrido. En el último reporte del Foro Económico Mundial (FEM), que se acaba de revelar, Colombia, junto con Chile, se rezaga, pasando de la casilla 25 en 2020 a la 29 en 2021 y a la 39 en 2022, entre 120 naciones evaluadas.

Colombia, después de estar en lote puntero en Latinoamérica, ocupando el tercer lugar en materia de Transición Energética, sólo detrás de Uruguay y Costa Rica, ahora está en un sexto lugar, superado por Brasil, Uruguay, Costa Rica, Chile y Paraguay, países que le han venido sacando ventaja. Colombia quedó a 5,4 puntos de Brasil, que es el país que encabeza el pelotón en la región.

Es de anotar que este Índice evalúa el grado de preparación y aprestamiento de cada país para avanzar en la Transición Energética, así como la eficacia de los sistemas energéticos nacionales. 

No fue un buen mensaje a este respecto el aplazamiento de la Hoja de Ruta de la Transición Energética hasta febrero de 2023, después que se anunció en noviembre pasado en la COP 27 que se daría a conocer en mayo de este año.

No obstante que en materia regulatoria le va bien a Colombia, al obtener una calificación de 65,2, en cambio pasa raspando en estabilidad política al obtener 3,58 en un rango de 1 a 7. Un aspecto que pudo haber influido en este mediocre resultado, que puede estar influido por el cambio de las métricas de evaluación en la que se introdujeron dos ítems en los que le va muy mal a Colombia.

En innovación, por ejemplo, obtiene el puntaje más bajo (28) y en seguridad energética la castiga la baja resiliencia en el suministro de gas natural, que le merece una calificación de cero.

El hecho cierto es que, a pesar de los reiterados anuncios y de los buenos propósitos del actual gobierno respecto a la Transición Energética, al corte del mes de junio de este año Colombia sólo contaba con algo más de 400 MW de energía solar – fotovoltaica, que representa a duras penas el 2,1% de la matriz de generación y pare de contar, mientras en generación de energía eólica está todavía en cero. 

Ojalá el pacto suscrito entre el Gobierno, las empresas y las comunidades, al destrabar la marcha de los proyectos, contribuya a recuperar el terreno perdido.

Empero, como afirma José Vicente Zapata, partner en Holland & Knight, “no basta con un pacto” para destrabar todos los proyectos de energía eólica en La Guajira, pues “se sigue creyendo erradamente que la suscripción de pactos y la expedición de decretos y resoluciones materializarán la Transición Energética. Nada más alejado de la realidad”. 

Pactos como este, diría yo, son necesarios, pero no suficientes, por ello coincido con él cuando dice que “mientras las normas y decisiones sigan siendo teóricas y dilatadas continuaremos cayendo en el Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial”. 

Mirando otros indicadores y su desempeño en los últimos tres años, cabe destacar que el mismo ha dejado mucho qué desear, especialmente en variables como en el de la intensidad energética (cantidad requerida por unidad de producción) y el comportamiento de las emisiones de CO2 (gramos de dióxido de carbono) provenientes de la generación de electricidad. Se salva la variable que da cuenta de la participación de la electricidad en la demanda final de energía, que cerró en verde, ¡gracias a Dios!

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Desviaciones significativas en energía y gas

Hasta el 15 de julio estará para comentarios la Resolución 705 002 de 2023 de la CREG, con la cual se busca que las empresas cuenten con mecanismos de defensa para establecer cuándo se debe llevar a cabo una investigación por desviación significativa en el consumo de sus usuarios.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO* 

El Consejo de Estado, por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, decidió decretar la suspensión provisional de los efectos del aparte del parágrafo 1 del artículo 37 de la Resolución comentada, el cual mencionaba “los porcentajes que fijen las empresas en las condiciones uniformes del contrato”.

¿Cuál es el objetivo de la Resolución que está para comentarios?

El proyecto de Resolución pretende que durante el plazo que dure la suspensión del aparte del parágrafo 1 del artículo 37 de la Resolución, las empresas cuenten con mecanismos de defensa para establecer cuándo se debe llevar a cabo una investigación por desviación significativa en el consumo de sus usuarios y así dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 142 de 1994.

¿Qué propone la Resolución que está para comentarios? 

Busca adicionar al artículo 37, 5 parágrafos y 5 numerales para el caso del parágrafo 1; en el cual se detalle el paso a paso del procedimiento para determinar una desviación significativa, a partir de una base de información que contenga los consumos reales en relación con las últimas facturas de los últimos 12 períodos para los casos de facturas mensuales y períodos de 6 meses en caso de facturas bimensuales. 

Así mismo, el tratamiento a dicha información, en la que se pueda establecer la ecuación para obtener los promedios simples de consumo del usuario y con estos, los límites superiores e inferiores para los períodos de facturación objeto de análisis comúnmente normalizados. 

Finalmente, el ajuste del artículo 38, determina la facturación mientras se establece la causa de desviación del consumo. 

En ese sentido, la empresa facturará con base a 2 reglas: Si el consumo se percibe por debajo del límite inferior, se cobrará el consumo real mediado. Si por el contrario, se encuentra por encima al límite superior, se cobrará de acuerdo al promedio de los últimos 12 meses en caso de facturación mensual o 6 meses en caso de facturación bimensual hasta tanto se defina el resultado de la investigación. 

En cualquiera de los casos, la facturará deberá especificar la causa de desviación. 

*Socio fundador de OGE Legal Services 

El hidrógeno blanco

Con el objeto de recibir observaciones y comentarios, el Ministerio de Minas y Energías publicó el proyecto de Decreto “por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, con el fin de reglamentar el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023 en lo relacionado con el desarrollo de proyectos de Hidrógeno Blanco en el marco de la Transición Energética Justa en Colombia”.

Por: LAURA VALENTINA LÓPEZ LEMUS*

El hidrógeno blanco hace referencia a aquel que se produce de manera natural, asociado a procesos geológicos en la corteza terrestre y que se encuentra en su forma natural como gas libre en diferentes ambientes geológicos, ya sea en capas de la corteza continental, en la corteza oceánica, en gases volcánicos y en sistemas hidrotermales, como en géiseres, y que se considera Fuente No Convencionales de Energía (FNCER).

El proyecto del Ministerio busca fomentar e incentivar los trabajos de estudios de evaluación, exploración, explotación y aprovechamiento de Hidrógeno Blanco y otros gases o sustancias asociadas.

En ese sentido, con el propósito de regular estas ideas en el país, se quiere adicionar una serie de artículos al D. U. R. que rige al sector de Minas y Energía, determinando los lineamientos, requerimientos y condiciones técnicas a cumplir en dichas investigaciones.

Estableciendo de esa manera, las reglas mínimas al momento de planear y examinar las condiciones de capacidad económica, financiera, técnica y jurídica de los interesados para el desarrollo de estas empresas; junto con las condiciones de asignación, modificación y cesión de áreas y duración de las autorizaciones; así como, las directrices para la perforación, inyección y abandono de pozos, en observancia de mejores prácticas reguladas con miras a la protección del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas materias.

A continuación, se identifican los puntos fundamentales, los cuales podrían tenerse como principios rectores de los procesos de exploración y explotación de este recurso:

  1. Se propende por la exclusividad del interesado frente a otros solicitantes mientras se encuentre vigente la autorización.
  2. Se orienta al Ministerio de Minas y Energía o la entidad que se designe, a reglamentar las condiciones especiales para la coproducción de Hidrógeno Blanco y/o sustancias asociadas.
  3. Se promueve la coexistencia de los proyectos en caso de que exista superposición con otro proyecto del sector de minas y energía.
  4. Se enfoca en la entrega de información técnica al Ministerio de Minas y Energía, la cual será dirigida al Servicio Geológico Colombiano (SGC), responsable del acopio, resguardo, confidencialidad y administración de esta información.

*Asociada de OGE Legal

Services

Llegó El Niño

Ante la confirmación por parte de la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA, por su sigla en inglés) de la llegada del Fenómeno de El Niño, caracterizado por la sequía y la baja pluviosidad, la ministra de Minas y Energía Irene Vélez se anticipó a anunciar que es inevitable un incremento en las tarifas de energía.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Si, como se prevé, el Fenómeno de El Niño “genera un impacto que se deriva de tener que utilizar las termoeléctricas, sí va a haber un impacto en la configuración del precio y sobre todo va a haber un impacto en aquellos mercados que están más expuestos en bolsa”.

Y no es para menos, dada la gran vulnerabilidad del sistema eléctrico colombiano frente al cambio climático, al depender en un 68% de la generación hídrica. 

Tanto más en cuanto que de los 23 embalses que sirven a las hidroeléctricas, solo uno de ellos (El Peñol) tiene una capacidad de regulación superior al año. 

Y los proyectos de generación de energía eólica que le darían una mayor resiliencia y que han debido empezar a entrar a operar desde el año pasado están en veremos. 

Por ello hemos dicho que si bien es cierto no estamos ante la inminencia de un racionamiento de energía como el que padecimos entre 1992 y 1993, sí existe un elevado riesgo inmanente al Sistema.

En condiciones de hidrología extrema, como la que se espera, obligará a apelar al respaldo del parque térmico cuya generación es más costosa, tanto más en cuanto que estamos ante una coyuntura Internacional de altos precios tanto del carbón como del gas natural, indispensables para su operación.

Las plantas deben estar en condiciones óptimas para honrar sus compromisos de entrega de energía en firme a que las compromete la asignación del cargo por confiabilidad. Este es la remuneración que se paga a un agente generador por la disponibilidad de activos de generación con las características y parámetros declarados para el cálculo de la Enficc (máxima energía eléctrica que puede generar una planta).

Ello repercutirá en mayores alzas de las que ya se vienen dando tanto en los precios en bolsa como en las tarifas de energía, debido al estrés al que está expuesto el Sistema interconectado nacional, debido a la estrechez entre la oferta de energía en firme, que no supera los 225 GWHD, para atender una demanda de 222 GWHD, a causa del atraso en la entrada de varios proyectos claves de expansión de la capacidad instalada de generación. 

Mientras tanto, el consumo de energía, que creció a un ritmo de 3.34% en 2022 a 5.24 en 2023, se acelerará aún más con la entrada de El Niño y sus altas temperaturas. De hecho, el precio en Bolsa pasó de $374.24 el KWH en enero a $533.7 en febrero, hasta alcanzar los $823.6 en mayo.

Obviamente, el impacto va a ser mayor para los usuarios de aquellos mercados que como los de los operadores de red ELECTROHUILA, CEDENAR en Nariño, DISPAC en Chocó y CEO en Cauca, tienen una exposición en Bolsa altísima, en algunos de ellos superior al 80%. Todas ellas están en riesgo de colapsar con la llegada de El Niño.

A lo anterior se añaden los problemas de liquidez que afrontan todos los operadores de red debido a la enorme cartera que representa para ellos las alzas diferidas a sus usuarios bajo la modalidad de opción tarifaria, que ya supera los $6 billones, suma equivalente a dos veces los ingresos anuales de los mismos.

Además, las empresas distribuidoras de energía afrontan una delicada situación financiera debido a la mora en el giro por parte del Gobierno de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, los cuales provienen de dos fuentes, de la contribución que pagan los usuarios de los estratos 5 y 6 y del Presupuesto General de La Nación. 

Son $2.3 billones lo que se le adeudan por este concepto, por eso ASOCODIS, que las agrupa y representa ha puesto el grito en el cielo y está en rogativa frente al alto gobierno. 

Esta compleja situación amerita la rápida intervención del Gobierno, razón por la cual reiteramos nuestro llamado para que la ministra Vélez convoque cuanto antes la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del país (CACSSE), del cual hacen parte ISA, XM, el Centro Nacional de Operación (CNO), la CREG y la UPME.

La Comisión es una especie de puesto de mando unificado (PMU) energético, que presidiría en este caso la titular del Ministerio. Eso fue lo que hicimos a nuestro paso por este Ministerio ante los amagos de Niño en el primer trimestre de 2014, pues es una manera de precaverse y evitar sorpresas desagradables, haciéndole un seguimiento en tiempo real a las diferentes variables de la ecuación para conjurar cualquier contingencia.  

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

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