Bicentenario de la batalla del Lago de Maracaibo

No cabe duda de que la batalla del Lago de Maracaibo fue en los mares lo que la Batalla de Boyacá en tierra. Sin el triunfo de aquella, no se habría podido consolidar ni recoger los frutos de esta última.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El pasado 24 de julio se cumplieron doscientos años de la batalla naval que se libró en el Lago de Maracaibo, en la cual el gran protagonista fue el héroe guajiro José Prudencio Padilla, quien, siguiendo las instrucciones del vicepresidente Francisco de Paula Santander, con su intrepidez y experticia vapuleó la escuadra realista en la Punta de Palma, frente al castillo de San Carlos, infligiéndole una estruendosa derrota a sus huestes que pretendían doblegar la resistencia de los patriotas, empeñados como estaban en coronar con éxito la gesta de la Independencia en su porfiada lucha por alcanzar, a mandoblazos, en los mares triunfos tan rotundos como los ya alcanzados en tierra firme.

Indudablemente la derrota de los realistas, que fue el triunfo de los patriotas, sirvió para consolidar la independencia patria. No cabe duda de que la batalla del Lago de Maracaibo fue en los mares lo que la Batalla de Boyacá en tierra. Sin el triunfo de aquella, no se habría podido consolidar ni recoger los frutos de esta última.

Bien pronto, sus dotes de marino avezado y corajudo catapultarían a Padilla a encumbradas posiciones, las que le servirían de crisol en la forja del patriota integérrimo y de dura cerviz que lo caracterizaron, que pusiera en jaque a la otrora Armada invencible del Imperio Español.

Se constituyó Padilla en abanderado de la causa de la Independencia en los dilatados horizontes de nuestros mares, desplegando las velas de la libertad y anclando en el Lago de Maracaibo el mástil de nuestra emancipación definitiva.

Siempre estuvo él en el ojo de la tormenta en los procelosos tiempos de la gesta independentista; con su arrojo y valor escribió las mejores páginas de nuestra historia: ora en la batalla memorable de Sabanilla, en la de la Laguna Salada, en la Noche de San Juan, ora la del Lago de Maracaibo, donde las quillas anhelantes de las naves de Padilla siguieron su ruta de triunfos altaneros, alcanzando allí el cenit de su gloria y de su fama.

Alcanzada la independencia, nimbado por la gloria, Padilla se constituyó en uno de los artífices de nuestra primera República. Pero la zalamería, los recelos, la inquina y las torvas estratagemas de sus solapados adversarios, lo malquistaron con el Libertador Simón Bolívar. Fue éste el execrable camino escogido por los pérfidos ujieres palaciegos, para llevar hasta el cadalso al Heraldo de nuestra independencia recién alcanzada.

Mariano Montilla, de la mano de Urdaneta, sería el encargado de fraguar el artero golpe, propalando la especie de que Padilla se contaba entre los conjurados de la aciaga noche septembrina. Eran los azarosos tiempos para la República, en los que cernía sobre ella la amenaza de la entronización de una abominable tiranía. No era Padilla hombre de contubernios; nunca puso su espada al servicio de causas innobles.

Bolívar,  atormentado y obcecado por el pertinaz empeño del corro de sus aduladores, compelería al héroe riohachero, en medio de sus cavilaciones, a hacer suya la reflexión de Rubén Darío: «Águila que eres la historia, ¿dónde vas a hacer tu nido? ¿En los picos de la gloria? ¡Sí, en los montes del olvido»!

Cruel final se le deparó al almirante Padilla: degradado primero, fusilado luego y escarnecido en la horca después, imitando el vitando proceder del realista expedicionario Pablo Murillo, conocido por su crueldad como El Pacificador.

Pero, con su gesto altivo y temerario, Padilla triunfó sobre su vil sacrificio, como el Cid Campeador. Él, igual que Córdoba, acobardó a sus verdugos con su temple y valor indomables y ocupa un sitial especial por su bizarría, como ejemplo vívido para la posteridad. Sus despojos mortales reposan en una cripta en la Catedral Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha, la cual fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación colombiana en su honor.

Nos recuerda el reputado historiador Carlos White Arango, a propósito de Padilla, la sentencia de los sabios en los areópagos de Atenas: «Comparezcan las partes dentro de cien años».

En el caso que nos ocupa ya comparecieron doscientos y Padilla fue rehabilitado tras un fallo inapelable de la propia historia, que destaca su lealtad a toda prueba y su encendido patriotismo, que no pudieron eclipsar sus detractores ocasionales, resplandeciendo fulgurante su figura señera e incontrastable. Así lo reconoció la Convención de la Nueva Granada en noviembre de 1831, al rehabilitar su memoria en nombre del pueblo colombiano.

Enhorabuena, en cumplimiento de la Ley 2012 del 30 de diciembre de 2019, emitió con fines conmemorativos y por una sola vez la moneda de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Declaratoria del 24 de julio como día de la Armada de Colombia.  A la izquierda de su efigie figura el texto: “Almirante José Padilla López”, y la frase “Morir o ser libres”, tomada de su proclama dirigida a sus hombres antes de iniciar la histórica contienda.    

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El riesgo inminente de un racionamiento de energía

Cunde la incertidumbre y el desconcierto en el sector eléctrico y, desde luego, entre los usuarios del servicio, después del pronunciamiento de XM, operadora del sistema interconectado y administradora del mercado de energía mayorista de Colombia, alertando sobre el riesgo inminente de un racionamiento eléctrico.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Según XM, “las redes de transmisión regional presentan agotamiento en múltiples zonas del país, especialmente en la Costa Atlántica y Chocó”. Ello, advierte, “ha dado lugar a que en algunas zonas del país se opere la infraestructura de transmisión cerca de los límites de seguridad de la red… es alta la probabilidad de no poder atender completamente la demanda de los usuarios”.

Dicho en román paladino, los usuarios de la región Caribe y Chocó vienen siendo objeto de “cortes de energía puntuales para conservar los niveles de seguridad y confiabilidad en la prestación del servicio”, especialmente durante los picos de demanda.

Admite, además, que la sobrecarga de la frágil red de transmisión nacional (RTN) y regional (RTR) viene “dando lugar a desconexiones continuas de demanda”, sin que los usuarios se hayan percatado de ello.

En un segundo comunicado de XM, apenas cuatro días después, fue más lejos al afirmar que, a consecuencia del “agotamiento de las redes de transmisión” se había visto precisada a declarar “en estado de emergencia algunas subestaciones eléctricas”. Reconoce, además, que “el servicio de energía eléctrica no se está prestando con la calidad, seguridad y confiabilidad definida en la normatividad vigente”.

Y son peores sus presagios, al advertir que “la demanda no atendida que se viene programando en la región Caribe como consecuencia del agotamiento en la red de transmisión regional podrá incrementarse en la medida en que crezca la demanda de energía en dicha zona”.

Y cómo no va a crecer la demanda con temperaturas que, según el IDEAM, en lo que va corrido del mes de julio, han marcado en ciudades como Santa Marta y Riohacha 38º C. Podemos decir que, si con el primer comunicado de XM se emite una alerta amarilla, con el segundo la alerta ya es de color naranja.

El Consejo Nacional de Operaciones (CNO) del sector eléctrico se había anticipado a plantearle a la entonces ministra de Minas y Energía Irene Vélez, en misiva enviada el 18 de mayo, los “riesgos identificados para la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN)”. En la misma se le puso de manifiesto que se venía “racionando por el agotamiento de la red” y continúa diciendo que “la situación descrita para CCM se tornaría aún más crítica ante la indisponibilidad de cualquiera de las unidades de generación de la planta Termoguajira”. Deja en claro el CNO que “muchas de las restricciones identificadas a la fecha no tienen definida obras para eliminarlas o reducirlas”.

Y después de indicar que “algunos de los riesgos identificados en las mencionadas áreas eléctricas están originados por los retrasos de la expansión”, sugirió a la ministra “un plan de choque para el Caribe” y que se sepa el CNO no obtuvo respuesta.

Huelga decir que ese Plan de choque no es otro que el Plan5Caribe que formulamos a nuestro paso por el Ministerio de Minas y Energía, que buscaba corregir el atraso histórico de las inversiones que ha debido hacer Electricaribe y no las hizo. Por ello, me atrevo a decir que el percance que enfrenta la región Caribe en este frente no es más que el coletazo de Electricaribe.

En uno de los apartes de su respuesta a XM la UPME admite, sin sonrojarse, como confesión de parte, que “las situaciones descritas sobre el agotamiento de red en algunas zonas del país, son de público conocimiento desde hace más de una década… Dichas situaciones han llevado, desde hace ya varios años, a riesgos y materialización de cortes de energía que sufren de manera particular las zonas más vulneradas históricamente, tales como las áreas de la Costa y el Pacífico colombiano”.

Además, manifiesta su coincidencia con XM “en la necesidad de expansión del Sistema de Transmisión Nacional”, que es su responsabilidad y no lo ha hecho. Prueba de ello es su incumplimiento del Plan Quinquenal Indicativo de Expansión y Cobertura correspondiente al período 2018 – 2023, y el hecho de que el año anterior no se abriera una sola convocatoria para proyectos de infraestructura eléctrica.

Lo más grave es que los atrasos en la ejecución de los proyectos, muchos de los cuales superan los 8 años, no se limitan a los de transmisión de la energía, se extiende a los de generación. De allí el estrés al que está sometido el SIN, debido a que mientras la demanda promedio en el país en un día ordinario es de 225 GWHD la oferta de energía firme a duras penas llega a los 222 GWHD. Está, como afirma la presidente de ASOENERGÍA Sandra Fonseca en un “equilibrio inestable en el balance oferta – demanda existente”.

Los días y meses por venir serán críticos y el racionamiento en ciernes será mayor, porque se tendrá que sortear el impacto del fenómeno de El Niño con estas falencias que tornan más vulnerable y menos resiliente al SIN.

Estamos sobre el tiempo y no se avizora una solución en el corto ni en el mediano plazo, porque cualquier proyecto emergente que se decida ejecutar no tardara menos de dos años en ser operativo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La inseguridad alimentaria en Colombia

Según  el director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas para Colombia, Carlos Scaramella, “en Colombia el 30% de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, 15,5 millones de personas no tienen acceso a alimentación adecuada y tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La seguridad alimentaria consta de tres elementos esenciales: el primero es la disponibilidad de los alimentos, el segundo el acceso a los mismos y tercero la estabilidad o sustentabilidad, entendida esta como la garantía del primero y el segundo a lo largo del tiempo.

La seguridad alimentaria, más que un problema de disponibilidad de alimentos es un problema de acceso a los mismos, y este está determinado por el nivel de ingresos, el cual a su vez está correlacionado con el empleo.

Según  el director del Programa Mundial de Alimentos(PMA)de las Naciones Unidas para Colombia Carlos Scaramella, “en Colombia el 30% de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, 15,5 millones de personas no tienen acceso a alimentación adecuada y tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas, por lo que deben recurrir a estrategias de consumo insostenibles y enfrentar condiciones de escasez de alimentos, hambre y malnutrición”.

Aquí hagamos una digresión para subrayar el hecho de que la soberanía alimentaria de Colombia es muy precaria, habida cuenta que el 35% de los alimentos que se consumen en el país son importados y los que se producen internamente tienen una alta dependencia de la importación de insumos agropecuarios.

Y lo más grave es que esa dependencia es creciente: de 700 mil toneladas de alimentos que se importaron en 1991 se pasó a importar 14 millones de toneladas en 2022. En ello ha influido mucho la apertura hacia adentro que se decretó por aquellas calendas en la administración de Cesar Gaviria (1990 – 1994), que llevó a reducir el área sembrada entre 1990 a 1999 en 936.255 hectáreas (25%). Esta situación se agravó con la negociación atolondrada de los tratados de libre comercio (TLC), dejando desguarnecido el campo colombiano. 

Al desagregar las cifras se observa que los departamentos con mayor prevalencia de los altos índices de inseguridad alimentaria son los de la región Caribe, encabezados por Córdoba (70%), Sucre (63%), Cesar (55%), Bolívar (51%) y La Guajira (50%).

Las dos regiones en las que se concentra el mayor número de hogares en condición de inseguridad alimentaria son el Caribe y el Pacífico, con el 40% en promedio. No es coincidencia que sean estas dos regiones las que registran los más altos índices de pobreza, desempleo e informalidad laboral. Ello en razón de que el desempleo y la informalidad se traducen en la precariedad del ingreso y esta afecta el poder adquisitivo y en consecuencia el acceso a los alimentos.

La violencia, los conflictos sociales y sus secuelas, como el desplazamiento forzado y el confinamiento, también han contribuido a exacerbar la inseguridad alimentaria, la desnutrición y el hambre en el país.

El cincuenta por ciento de los hogares que han sido víctimas del conflicto armado padecen inseguridad alimentaria, en contraste con el promedio del 28% de aquellos que no lo han padecido. Lo propio puede afirmarse de los migrantes, que en una proporción que oscila entre el 52% y el 73% se ven afectados por la inseguridad alimentaria y de contera también en tratándose de las etnias indígenas y afrodescendientes.

La tendencia de esta tragedia humanitaria es hacia el agravamiento, dada la constatación de que el 35% de los hogares en Colombia disminuyeron sus ingresos en los últimos 12 meses, que casi la mitad de estos (46%) tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza nacional, al tiempo que el 51% de las familias tuvieron que reducir el tamaño de las porciones de alimentos y otro 42% el número de comidas al día.

Según la última medición de la Encuesta Pulso Social del DANE, en diciembre de 2022 el 73,5% de los hogares colombianos (6,2 millones) comen en promedio 3 veces al día, 15,4 puntos porcentuales por debajo de diciembre de 2019.

De hecho, según el mismo Informe del PMA, en Colombia el 40% de la población consume dos o menos comidas al día, más de la mitad de los hogares tuvo que reducir la porción de las comidas y el 67% de los hogares tuvo que utilizar una estrategia para afrontar el hambre.

El colmo de esta preocupante situación es que la inseguridad alimentaria, la malnutrición, la desnutrición y el hambre en Colombia se han ensañado con la niñez. Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS) en 2022 se presentaron 21.337 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años y 309 niños murieron a consecuencia de la desnutrición, 111 más que los registrados en 2021.

La afectación de la niñez por la inseguridad alimentaria, la desnutrición, la malnutrición y el hambre es más preocupante en cuanto que en esta etapa, los primeros mil días de existencia de la niñez son críticos, lo que se haga o se deje de hacer durante esta fase de su crecimiento es decisivo para su formación y desarrollo posterior, de ello debemos ser conscientes.

El mayor desarrollo del cerebro, del lenguaje, de la motricidad y del pensamiento abstracto que caracteriza al ser humano se dan justo en esta etapa, que es irrepetible. Lo que se quiera hacer después, tratando de suplir lo que se dejó de hacer ya es demasiado tarde, el daño está hecho.

Según la Fundación Éxito, “los estudios evidencian que un niño con desnutrición crónica antes de los 5 años puede tener en la edad adulta 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de educación y 54% menos de salario que uno que no padeció la enfermedad. En otras palabras, será un adulto con grandes desventajas.

Así empieza y se perpetúa la desigualdad de trayectoria.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Colombia se rezaga en Transición Energética

Ya lo habíamos dicho, que Colombia estaba en el radar de la Transición Energética a nivel global en un lugar muy destacado y se había convertido en un polo de atracción de las inversiones en proyectos para generar energía a partir de fuentes no convencionales y renovables (FNCER).

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El interés por las energías renovables en el país surgió gracias al impulso que les dio primero la Ley 1715 de 2014, posteriormente la Ley 2099 de julio de 2021 y el Documento CONPES 4075 de 2022, que vinieron a reforzar y a ampliar el espectro de los beneficios de la Ley anterior a las energías renovables.

La ejecución de los proyectos de parques eólicos en La Guajira, que fueron asignados en las tres subastas que tuvieron lugar entre 2019 y 2020, la primera de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por confiabilidad y las dos últimas convergentes, que comprometen 2.400 MW de potencia, llegándose a acuerdos de compra – venta de energía entre generadores y comercializadores a 15 años, auguraban un auge de las FNCER para ser integradas a la matriz energética, diversificándola aún más e imprimiéndole una gran resiliencia frente al cambio climático.

Pero luego este boom se frenó y estancó, la ejecución de los proyectos ha estado  empantanada y la entrada en operación de los mismos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se atrasa debido a la conflictividad social que se le ha interpuesto, especialmente a causa de los desencuentros con las comunidades indígenas asentadas en el área de influencia de los mismos, en desarrollo de las consultas previas, que son de obligatorio cumplimiento, dado que su instalación tienen lugar en territorios ancestrales. 

Lo que temíamos, a raíz de estos inconvenientes, ha ocurrido. En el último reporte del Foro Económico Mundial (FEM), que se acaba de revelar, Colombia, junto con Chile, se rezaga, pasando de la casilla 25 en 2020 a la 29 en 2021 y a la 39 en 2022, entre 120 naciones evaluadas.

Colombia, después de estar en lote puntero en Latinoamérica, ocupando el tercer lugar en materia de Transición Energética, sólo detrás de Uruguay y Costa Rica, ahora está en un sexto lugar, superado por Brasil, Uruguay, Costa Rica, Chile y Paraguay, países que le han venido sacando ventaja. Colombia quedó a 5,4 puntos de Brasil, que es el país que encabeza el pelotón en la región.

Es de anotar que este Índice evalúa el grado de preparación y aprestamiento de cada país para avanzar en la Transición Energética, así como la eficacia de los sistemas energéticos nacionales. 

No fue un buen mensaje a este respecto el aplazamiento de la Hoja de Ruta de la Transición Energética hasta febrero de 2023, después que se anunció en noviembre pasado en la COP 27 que se daría a conocer en mayo de este año.

No obstante que en materia regulatoria le va bien a Colombia, al obtener una calificación de 65,2, en cambio pasa raspando en estabilidad política al obtener 3,58 en un rango de 1 a 7. Un aspecto que pudo haber influido en este mediocre resultado, que puede estar influido por el cambio de las métricas de evaluación en la que se introdujeron dos ítems en los que le va muy mal a Colombia.

En innovación, por ejemplo, obtiene el puntaje más bajo (28) y en seguridad energética la castiga la baja resiliencia en el suministro de gas natural, que le merece una calificación de cero.

El hecho cierto es que, a pesar de los reiterados anuncios y de los buenos propósitos del actual gobierno respecto a la Transición Energética, al corte del mes de junio de este año Colombia sólo contaba con algo más de 400 MW de energía solar – fotovoltaica, que representa a duras penas el 2,1% de la matriz de generación y pare de contar, mientras en generación de energía eólica está todavía en cero. 

Ojalá el pacto suscrito entre el Gobierno, las empresas y las comunidades, al destrabar la marcha de los proyectos, contribuya a recuperar el terreno perdido.

Empero, como afirma José Vicente Zapata, partner en Holland & Knight, “no basta con un pacto” para destrabar todos los proyectos de energía eólica en La Guajira, pues “se sigue creyendo erradamente que la suscripción de pactos y la expedición de decretos y resoluciones materializarán la Transición Energética. Nada más alejado de la realidad”. 

Pactos como este, diría yo, son necesarios, pero no suficientes, por ello coincido con él cuando dice que “mientras las normas y decisiones sigan siendo teóricas y dilatadas continuaremos cayendo en el Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial”. 

Mirando otros indicadores y su desempeño en los últimos tres años, cabe destacar que el mismo ha dejado mucho qué desear, especialmente en variables como en el de la intensidad energética (cantidad requerida por unidad de producción) y el comportamiento de las emisiones de CO2 (gramos de dióxido de carbono) provenientes de la generación de electricidad. Se salva la variable que da cuenta de la participación de la electricidad en la demanda final de energía, que cerró en verde, ¡gracias a Dios!

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Desviaciones significativas en energía y gas

Hasta el 15 de julio estará para comentarios la Resolución 705 002 de 2023 de la CREG, con la cual se busca que las empresas cuenten con mecanismos de defensa para establecer cuándo se debe llevar a cabo una investigación por desviación significativa en el consumo de sus usuarios.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO* 

El Consejo de Estado, por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, decidió decretar la suspensión provisional de los efectos del aparte del parágrafo 1 del artículo 37 de la Resolución comentada, el cual mencionaba “los porcentajes que fijen las empresas en las condiciones uniformes del contrato”.

¿Cuál es el objetivo de la Resolución que está para comentarios?

El proyecto de Resolución pretende que durante el plazo que dure la suspensión del aparte del parágrafo 1 del artículo 37 de la Resolución, las empresas cuenten con mecanismos de defensa para establecer cuándo se debe llevar a cabo una investigación por desviación significativa en el consumo de sus usuarios y así dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 142 de 1994.

¿Qué propone la Resolución que está para comentarios? 

Busca adicionar al artículo 37, 5 parágrafos y 5 numerales para el caso del parágrafo 1; en el cual se detalle el paso a paso del procedimiento para determinar una desviación significativa, a partir de una base de información que contenga los consumos reales en relación con las últimas facturas de los últimos 12 períodos para los casos de facturas mensuales y períodos de 6 meses en caso de facturas bimensuales. 

Así mismo, el tratamiento a dicha información, en la que se pueda establecer la ecuación para obtener los promedios simples de consumo del usuario y con estos, los límites superiores e inferiores para los períodos de facturación objeto de análisis comúnmente normalizados. 

Finalmente, el ajuste del artículo 38, determina la facturación mientras se establece la causa de desviación del consumo. 

En ese sentido, la empresa facturará con base a 2 reglas: Si el consumo se percibe por debajo del límite inferior, se cobrará el consumo real mediado. Si por el contrario, se encuentra por encima al límite superior, se cobrará de acuerdo al promedio de los últimos 12 meses en caso de facturación mensual o 6 meses en caso de facturación bimensual hasta tanto se defina el resultado de la investigación. 

En cualquiera de los casos, la facturará deberá especificar la causa de desviación. 

*Socio fundador de OGE Legal Services 

El hidrógeno blanco

Con el objeto de recibir observaciones y comentarios, el Ministerio de Minas y Energías publicó el proyecto de Decreto “por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, con el fin de reglamentar el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023 en lo relacionado con el desarrollo de proyectos de Hidrógeno Blanco en el marco de la Transición Energética Justa en Colombia”.

Por: LAURA VALENTINA LÓPEZ LEMUS*

El hidrógeno blanco hace referencia a aquel que se produce de manera natural, asociado a procesos geológicos en la corteza terrestre y que se encuentra en su forma natural como gas libre en diferentes ambientes geológicos, ya sea en capas de la corteza continental, en la corteza oceánica, en gases volcánicos y en sistemas hidrotermales, como en géiseres, y que se considera Fuente No Convencionales de Energía (FNCER).

El proyecto del Ministerio busca fomentar e incentivar los trabajos de estudios de evaluación, exploración, explotación y aprovechamiento de Hidrógeno Blanco y otros gases o sustancias asociadas.

En ese sentido, con el propósito de regular estas ideas en el país, se quiere adicionar una serie de artículos al D. U. R. que rige al sector de Minas y Energía, determinando los lineamientos, requerimientos y condiciones técnicas a cumplir en dichas investigaciones.

Estableciendo de esa manera, las reglas mínimas al momento de planear y examinar las condiciones de capacidad económica, financiera, técnica y jurídica de los interesados para el desarrollo de estas empresas; junto con las condiciones de asignación, modificación y cesión de áreas y duración de las autorizaciones; así como, las directrices para la perforación, inyección y abandono de pozos, en observancia de mejores prácticas reguladas con miras a la protección del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas materias.

A continuación, se identifican los puntos fundamentales, los cuales podrían tenerse como principios rectores de los procesos de exploración y explotación de este recurso:

  1. Se propende por la exclusividad del interesado frente a otros solicitantes mientras se encuentre vigente la autorización.
  2. Se orienta al Ministerio de Minas y Energía o la entidad que se designe, a reglamentar las condiciones especiales para la coproducción de Hidrógeno Blanco y/o sustancias asociadas.
  3. Se promueve la coexistencia de los proyectos en caso de que exista superposición con otro proyecto del sector de minas y energía.
  4. Se enfoca en la entrega de información técnica al Ministerio de Minas y Energía, la cual será dirigida al Servicio Geológico Colombiano (SGC), responsable del acopio, resguardo, confidencialidad y administración de esta información.

*Asociada de OGE Legal

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Llegó El Niño

Ante la confirmación por parte de la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA, por su sigla en inglés) de la llegada del Fenómeno de El Niño, caracterizado por la sequía y la baja pluviosidad, la ministra de Minas y Energía Irene Vélez se anticipó a anunciar que es inevitable un incremento en las tarifas de energía.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Si, como se prevé, el Fenómeno de El Niño “genera un impacto que se deriva de tener que utilizar las termoeléctricas, sí va a haber un impacto en la configuración del precio y sobre todo va a haber un impacto en aquellos mercados que están más expuestos en bolsa”.

Y no es para menos, dada la gran vulnerabilidad del sistema eléctrico colombiano frente al cambio climático, al depender en un 68% de la generación hídrica. 

Tanto más en cuanto que de los 23 embalses que sirven a las hidroeléctricas, solo uno de ellos (El Peñol) tiene una capacidad de regulación superior al año. 

Y los proyectos de generación de energía eólica que le darían una mayor resiliencia y que han debido empezar a entrar a operar desde el año pasado están en veremos. 

Por ello hemos dicho que si bien es cierto no estamos ante la inminencia de un racionamiento de energía como el que padecimos entre 1992 y 1993, sí existe un elevado riesgo inmanente al Sistema.

En condiciones de hidrología extrema, como la que se espera, obligará a apelar al respaldo del parque térmico cuya generación es más costosa, tanto más en cuanto que estamos ante una coyuntura Internacional de altos precios tanto del carbón como del gas natural, indispensables para su operación.

Las plantas deben estar en condiciones óptimas para honrar sus compromisos de entrega de energía en firme a que las compromete la asignación del cargo por confiabilidad. Este es la remuneración que se paga a un agente generador por la disponibilidad de activos de generación con las características y parámetros declarados para el cálculo de la Enficc (máxima energía eléctrica que puede generar una planta).

Ello repercutirá en mayores alzas de las que ya se vienen dando tanto en los precios en bolsa como en las tarifas de energía, debido al estrés al que está expuesto el Sistema interconectado nacional, debido a la estrechez entre la oferta de energía en firme, que no supera los 225 GWHD, para atender una demanda de 222 GWHD, a causa del atraso en la entrada de varios proyectos claves de expansión de la capacidad instalada de generación. 

Mientras tanto, el consumo de energía, que creció a un ritmo de 3.34% en 2022 a 5.24 en 2023, se acelerará aún más con la entrada de El Niño y sus altas temperaturas. De hecho, el precio en Bolsa pasó de $374.24 el KWH en enero a $533.7 en febrero, hasta alcanzar los $823.6 en mayo.

Obviamente, el impacto va a ser mayor para los usuarios de aquellos mercados que como los de los operadores de red ELECTROHUILA, CEDENAR en Nariño, DISPAC en Chocó y CEO en Cauca, tienen una exposición en Bolsa altísima, en algunos de ellos superior al 80%. Todas ellas están en riesgo de colapsar con la llegada de El Niño.

A lo anterior se añaden los problemas de liquidez que afrontan todos los operadores de red debido a la enorme cartera que representa para ellos las alzas diferidas a sus usuarios bajo la modalidad de opción tarifaria, que ya supera los $6 billones, suma equivalente a dos veces los ingresos anuales de los mismos.

Además, las empresas distribuidoras de energía afrontan una delicada situación financiera debido a la mora en el giro por parte del Gobierno de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, los cuales provienen de dos fuentes, de la contribución que pagan los usuarios de los estratos 5 y 6 y del Presupuesto General de La Nación. 

Son $2.3 billones lo que se le adeudan por este concepto, por eso ASOCODIS, que las agrupa y representa ha puesto el grito en el cielo y está en rogativa frente al alto gobierno. 

Esta compleja situación amerita la rápida intervención del Gobierno, razón por la cual reiteramos nuestro llamado para que la ministra Vélez convoque cuanto antes la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del país (CACSSE), del cual hacen parte ISA, XM, el Centro Nacional de Operación (CNO), la CREG y la UPME.

La Comisión es una especie de puesto de mando unificado (PMU) energético, que presidiría en este caso la titular del Ministerio. Eso fue lo que hicimos a nuestro paso por este Ministerio ante los amagos de Niño en el primer trimestre de 2014, pues es una manera de precaverse y evitar sorpresas desagradables, haciéndole un seguimiento en tiempo real a las diferentes variables de la ecuación para conjurar cualquier contingencia.  

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

A propósito del informe de reservas de la ANH, las cifras no mienten

Todos los años, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), encargada por ministerio de los decretos con fuerza de Ley 1760 de 2003 y 4137 de 2011 de “la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación”, emite su “Informe de reservas y recursos contingentes”. 

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El pasado 24 de mayo se dio a conocer el reporte de reservas de petróleo y gas de la ANH, con corte a diciembre de 2022. Huelga decir que dicho informe es el consolidado de las cifras suministradas por las empresas petroleras que operan en el país.

El contexto en el que se dio a conocer este Informe es muy singular, dada la circunstancia de que según habían acordado el 15 de marzo los titulares de los ministerios de Minas y Energía, Hacienda y Crédito público y el de Comercio, Industria y Turismo, el mismo serviría de base para zanjar diferencias en el seno del gabinete del presidente Gustavo Petro en torno a la firma de nuevos contratos de exploración y explotación petrolera. De allí la gran expectativa que despertó su presentación por parte de la ANH en el marco del Congreso de NATURGAS.

El informe, además, estuvo precedido de otro muy controvertido, por su falta de rigor técnico, que se dio a conocer el 13 de diciembre del año anterior, en el cual se sobreestimaron las reservas de hidrocarburos sumando peras con manzanas (reservas probadas + probables + posibles + contingentes, + prospectivas) metiéndolas todas en un solo costal, lo que llevó a la ministra de Minas y Energía Irene Vélez a asegurar que “es posible que los recursos contingentes pueden abastecer la demanda nacional e incluso producir un excedente en su producción hasta el año 2037”. 

Las cifras del Informe de la ANH no mienten, muestran una tendencia preocupante de las reservas probadas de petróleo y gas: la relación reservas/producción caen, en el primer caso de 7.6  a 7.5 años y en el segundo de 8 a 7.2  años, un horizonte demasiado limitado de autoabastecimiento. 

De no cambiar dicha tendencia, a partir del 2030 Colombia se convertiría en un importador neto de petróleo y gas natural, siete años antes de las optimistas previsiones de la ministra Vélez. 

Se suele decir que optimista es quien ve el vaso medio lleno, mientras el pesimista es aquel que lo ve medio vacío, pero para nosotros los economistas es más importante establecer si el vaso se está llenando o se está vaciando, esto es la tendencia y a todas luces lo que muestra el más reciente Informe de la ANH es que el vaso se está vaciando, que las reservas probadas de hidrocarburos vienen en franca declinación. 

Y mientras menos contratos firme la ANH con las empresas petroleras tendremos menos exploración y en consecuencia menos probabilidad de éxito exploratorio. 

Ello explica la declaración del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, en el sentido que “ojalá haya más y siga habiendo rondas, porque es lo que le da la estabilidad a una empresa petrolera en el largo plazo. Es el incremento de sus reservas y para incrementarlas requiere de áreas para buscar petróleo y gas”.

Al analizar las cifras del Informe se puede constatar que en 2022 se incorporaron a las reservas probadas de petróleo, reponiendo las extraídas, 310 millones de barriles, 37% menos que en 2021 y de estas sólo 6 millones corresponden a nuevos hallazgos. 

En orden de importancia, por su aporte a las reservas probadas tenemos en primer lugar el recobro mejorado con 122 millones de barriles y por mayor precio 86 millones. Aduce la ministra Irene  que “entre 2021 y 2022, el factor de recobro mejorado aumentó de 21% a 23%, con dos puntos porcentuales de diferencia. Este aumento nos indica que comienza a ser efectiva la política del Gobierno de mejorar las reservas vía eficiencia en la explotación a través del recobro”. 

Pero, la verdad sea dicha, el 67% de los barriles incorporados a las reservas probadas obedeció a los altos precios a los que se cotizó el crudo en 2022, que promediaron los US $105 el barril. 

Por lo demás, si el recobro mejorado, que sólo es aplicable en campos maduros en declinación, ganó dos puntos porcentuales, ello no obedece a la política del Gobierno “de mayor eficiencia en contratos existentes”, sino a la gestión de las empresas petroleras, empezando por Ecopetrol, así como al nivel de cotización del crudo que hace posible asumir los mayores costos del levantamiento de cada barril extraído que demanda la utilización de tecnologías de punta. 

De tal suerte que ahora, cuando el precio del petróleo ronda los US $70, no será posible sostener la caña.  El recobro mejorado es necesario pero no suficiente para espantar el fantasma de la importación de crudo y gas natural al país que nos está rondando. 

No se puede caer en la trampa del espejismo del recobro mejorado, pues nos puede conducir con los ojos abiertos camino al precipicio.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La transición energética en pausa

La pausa dispuesta por Enel Green Power del montaje del parque eólico de Windpeshi en el municipio de Uribia (La Guajira) es un pésimo mensaje y un duro revés para la Transición Energética en la que está empeñado el Gobierno actual, con miras a integrar a la matriz eléctrica del país las fuentes no convencionales de energías renovables.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Hay que anotar que de 80 proyectos de energías renovables adjudicados, varios de ellos con compromisos de oferta de energía en firme, 52 están parados y el resto con notorios atrasos.

La Guajira tiene en este y otros proyectos de generación de energía eólica una ventana de oportunidad, que no podemos permitir que cierre sin que la aprovechemos para el desarrollo económico y social. 

Pierde el país porque quedan en el limbo 205 MW (288 GWH) de potencia, con compromisos de cargo por confiabilidad, que le fueron asignados a esta empresa en la subasta de 2019, que ha debido entrar a operar e integrarse a la matriz eléctrica a finales del año pasado, pero que debido a los atrasos que ha tenido su ejecución se reprogramó para 2024/2025.

La Junta Directiva de la empresa informó a través de un comunicado que tomó la decisión de aplazar indefinidamente la continuación del montaje del proyecto, contemplando incluso la posibilidad de vender su participación en el mismo, debido fundamentalmente a los sobrecostos en los que ha incurrido, “derivados del standby”, debido a los bloqueos recurrentes de los cuales ha sido objeto. Según el mismo comunicado, el costo inicial del proyecto era de US $240 millones y ya va en US $400 millones.

Lo más preocupante es que un eventual retiro de esta empresa, al renunciar a la ejecución del proyecto, puede dar lugar a una desbandada de otras empresas que están enfrentando situaciones similares y espantando a posibles inversores, lo que compromete aún más la suerte de la Hoja de Ruta de la transición energética justa, después que la ministra de Minas y Energía Irene Vélez aplazó hasta febrero del año entrante su presentación, prevista para el mes anterior.

De hecho, tres proyectos de granjas solares fotovoltaicas de la empresa Trina Solar (San Felipe en Tolima, Cartago en el Valle del Cauca y Campano en Córdoba), que suman 300 MW, que le fueron adjudicados en la subasta de contratos de largo plazo en 2019 han entrado  en lo que se conoce como “limitación de suministro” por parte de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), ante la imposibilidad de que entren a operar, esta vez debido a dificultades en el licenciamiento por parte de la ANLA y, de contera, por razones sobrevinientes, no pudieron lograr el cierre financiero de los mismos. 

Ello, además, tiene como efecto colateral que al desistir de su ejecución y ante la imposibilidad de cumplir con la entrega de la energía comprometida y tampoco poder adquirirla en Bolsa, son las empresas comercializadoras las que deberán hacerlo en su lugar, aumentando peligrosamente su exposición en momentos  en los que el estrés del sistema eléctrico y la inminencia del fenómeno de El Niño presionan al alza los precios. 

Como afirma el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, José Camilo Manzur, “nosotros compramos la energía renovable de la subasta, si ellos fallan nos toca comprar en la Bolsa al precio que esté”

El daño puede ser mayor y peores las repercusiones, habida cuenta que los proyectos de los parques eólicos le han abierto al Caribe colombiano la posibilidad de otros desarrollos tales como la producción de hidrógeno verde y con este el desarrollo de un cluster de la industria de los fertilizantes bajos en carbono.

Por lo demás, producirlo demandará muchos megavatios de energía para el proceso de hidrólisis que se requiere para separar y aislar el hidrógeno del oxígeno para su obtención y maquila. 

Es más, recientemente el magnate Elon Musk, considerado el hombre más rico del mundo, dueño de TESLA, el mayor fabricante del mundo de automotores eléctricos, manifestó su interés de invertir en la instalación de una de sus plantas de ensamblaje en La Guajira, atraído por su descomunal potencial de energías renovables. 

Pero, noticias cómo la de Enel, si no se contrarrestan con acciones eficaces por parte del Gobierno, de la mano de las comunidades incumbentes, terminarán por ahuyentarlos, malogrando esta oportunidad y sumiendo al departamento y al país en una incertidumbre total, materializándose lo que tanto tememos y hemos advertido: que la Transición Energética se siga acelerando en neutro y lo que es peor, empantanada y  patinando en el tremedal de los vericuetos en los que se encuentran estos proyectos, vitales para el país y para la región Caribe.

Ello no sólo compromete la viabilidad de los proyectos de generación en curso sino el respaldo requerido por el parque térmico y las hidroeléctricas en condiciones de hidrología crítica, como la que está en ciernes con el advenimiento del fenómeno de El Niño que pondrá a prueba la firmeza y la confiabilidad del Sistema. 

Tanto más en cuanto que el atascamiento de estos proyectos se viene a sumar el ostensible atraso de la entrada en operación de 6 de las 8 unidades de generación de Hidroituango.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El galimatías de los precios de los combustibles

“Es más fácil hacer política con los precios que política de precios. Pero es infinitamente más importante lo segundo” David Yanovich.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Empecemos por reiterar lo que ya hemos dicho sobre la decisión del Gobierno de autorizar el aumento gradual del precio de referencia de la gasolina desde octubre de 2022, manteniendo congelado el precio del diesel, en el sentido que este es un paso que se dio en la dirección correcta.

Veníamos de un déficit acumulado del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) insostenible e irracional. Y, como afirmó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), refiriéndose a esta decisión, “esta permitirá la reducción del déficit del FEPC de $36 billones en 2022 a cerca de $26 billones en 2023, cifra que sigue siendo muy elevada para las finanzas de la Nación y que debe seguir corrigiéndose”.

El Comité dejó planteada su previsión de la corrección de la brecha de precios que acusa el ACPM hacia mediados de año, augurando que para entonces la inflación haya cedido.

Por ello, el anuncio de la ministra de Minas y Energía Irene Vélez, en el sentido de establecer precios diferencialespara la gasolina “para no subsidiar a los grandes consumidores” y en cambio seguir subsidiando a los demás, cayó como un balde de agua fría.

Según Vélez, refiriéndose a la metodología, “la forma en la que está construida hace que toda la gasolina se valore con el precio internacional” y por ello se revisará para la fijación del precio. En su alegato aduce que no hace sentido que si “nosotros somos productores y más o menos el 50% de nuestra gasolina es nacional, que se mezcla con 50% de gasolina importada… no tiene total sentido que el 100% del precio de la gasolina se tase con el precio internacional”.

En Colombia se consumen mensualmente 428 millones de galones de combustibles (50% gasolina y 50% diesel), de los cuales se importan al país 80 millones de galones (18.6%) y se pagan en dólares a los precios internacionales. Pero, también se paga a precios internacionales, el IP que corresponde al precio paridad importación, tomando como referencia los precios spot de los combustibles en la costa del Golfo de EEUU, que es el costo de oportunidad para Ecopetrol.

Cabe preguntarse por qué “el 100% del precio de la gasolina se tasa con el precio internacional”. Hay una razón de peso, Ecopetrol, en virtud del Decreto – ley 1760 de 2003, cambió su naturaleza jurídica y dejó de ser una empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio de Minas y Energía para convertirse en una sociedad anónima mixta por acciones listada ADR en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y se rige por un régimen corporativo.

De lo anterior se sigue que escapa a las facultades y competencias del Ministerio de Minas y Energía la decisión sobre el IP, que está reservado a Ecopetrol y si hipotéticamente el Gobierno dispusiera mantener, como se ha mantenido en el pasado, el subsidio al precio de los combustibles, se cubriría con cargo al fisco de la Nación, toda vez que el FEPC es deficitario.

Lo dice claramente el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla: “nosotros no podemos obligar a Ecopetrol a vender por debajo de los precios internacionales. Eso es ponerle control de precios a Ecopetrol y nosotros no vamos a llegar a eso”.

Ello, además, sería contraproducente, pues iría en contravía del propósito y del compromiso de Colombia adquirido en el Acuerdo de París de reducir en el 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia el año 2030.

Como lo afirma la CARF, “reversar o suspender la política de corrección de precios no solo pone en riesgo el cumplimiento de las metas del plan financiero y el cumplimiento de la Regla Fiscal, sino que desviaría recursos fiscales desde otros programas sociales y de infraestructura al pago de estos subsidios”. Y añade, “ante la necesidad de acelerar la Transición Energética, los subsidios indiscriminados a los combustibles inhiben el efecto que deben ejercer los precios sobre el comportamiento de los agentes, para que así estos enfrenten los verdaderos costos sociales de sus decisiones”.

El ministro Bonilla le salió al paso a las declaraciones de la ministra Vélez y manifestó que “la perspectiva hoy es llegar a un nivel arriba de los $16.000 por galón para estabilizar el precio con la gasolina corriente”.

En cuanto al diésel, aclara que “el compromiso que había quedado en el Gobierno era que a partir de junio se iba a revisar qué hacer… También tiene que ajustarse al precio internacional”.

Y fue categórico al afirmar que “mantener la sostenibilidad fiscal, la estabilidad financiera y los ingresos que el Gobierno recibe de Ecopetrol, siguen siendo muy importantes”. Y no es para menos, dado que él, como responsable de las finanzas del Estado y de la estabilidad de las mismas, sabe que los dividendos que le gira Ecopetrol a la Nación siguen siendo la principal fuente de financiamiento de la Nación.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

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