Autor: Martín Rosas

Cualquier decisión que ponga en riesgo la continuidad en el suministro de gas natural atenta contra la seguridad energética del país.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En noviembre de 2025 la empresa canadiense Canacol Energy, que opera en Colombia y es la segunda en importancia después de Ecopetrol como proveedora de gas natural, se declaró en insolvencia ante la Corte del Rey de Alberta, Canadá.

En desarrollo del proceso de reorganización financiera solicitó autorización para “rechazar, rescindir, terminar, total o parcialmente, acuerdos o contratos de cualquier naturaleza”, 19 de los cuales suscritos en Colombia, entre los de suministro y transporte.

El 24 de junio, dicha corte decidió avalar la solicitud, lo cual ha generado preocupación e incertidumbre en Colombia por las consecuencias que se derivarían de hacerse efectiva la providencia.

Para dorar la píldora, Canacol informó que “la corte reconoció las características particulares del mercado colombiano de gas natural y estableció salvaguardas para proteger los usuarios regulados, como hogares, pequeñas empresas”, dejando colgados de la brocha, sin contemplación alguna a los no regulados.

Afirmó, además, que “continuará suministrando gas cuando exista disponibilidad y sea posible hacerlo bajo nuevos acuerdos comerciales viables”, lo cual es inadmisible, de acuerdo con la legislación colombiana y el régimen regulatorio, tratándose de contratos de suministro en firme, no interrumpible.

El incumplimiento de los contratos firmados en Colombia por parte de Canacol conllevaría serios traumatismos para las empresas afectadas, que son su contraparte, dado que no podrían contar con otra fuente de suministro alternativa, ni siquiera con su importación, habida cuenta que la única regasificadora con la que se cuenta (SPEC) está operando al límite de su capacidad.

En términos prácticos, la consecuencia que se derivaría de la entrada en vigor de la decisión de la corte es la alteración y la flagrante contravención del marco regulatorio que rige en Colombia, el cual tiene por objeto garantizar la asignación eficiente, objetiva y sin discriminación de un recurso esencial que es cada vez más escaso.

De paso, se llevaría de calle la confianza inversionista y la seguridad jurídica, en un hecho sin precedentes en el país, defraudando a agentes del mercado que confiaron legítimamente en la existencia y disponibilidad de las cantidades de gas contratadas.

Por lo demás, no se puede perder de vista que cualquier decisión que ponga en riesgo la continuidad en el suministro de gas atenta contra la seguridad energética del país.

El caso más patético es el de Cerro Matoso, empresa que depende del suministro por parte de Canacol del 82% del gas que requiere para la operación de dos de sus hornos, los cuales funcionan de manera continua (24/7) para poder mantener condiciones térmicas permanentes, y cualquier interrupción pone en riesgo la seguridad e integridad de sus equipos y, a su vez, pondría en riesgo más de 2.000 empleos, las divisas que dejaría de recibir el país por la exportación del ferroníquel, afectando de paso la balanza comercial y los ingresos que dejaría de percibir el país por los impuestos que dejaría de recaudar y de contera las regalías que reciben las entidades territoriales también se vería afectadas.

Es de anotar que, con antelación al proceso que se llevó ante la corte canadiense, Canacol venía incumpliendo con sus compromisos de entrega de los volúmenes de gas contratados, que llegaron a representar el 20% de la oferta nacional, llegando a suministra hasta los 200 mmpcd, decayendo hasta sólo 70 mmpcd, el 8% a nivel país y el 50% en la región Caribe.

Cerro Matoso ha visto caer los volúmenes de gas que recibe desde los 16 mmpcd contratados hasta los 10 mmpcd y más recientemente los restringió hasta los 7 mmpcd, 55% del total contratado.

Ello ha obligado a la empresa a reducir su operación en un 25% a partir del 1 de julio, con todas sus implicaciones, entre otras, según Fenalcarbón, la demanda por carbón, que verá reducida en un 50%, al dejar de consumir 90.000 toneladas/año, aproximadamente, que se producen en Córdoba.

Otro impacto colateral de la pretensión de Canacol de terminar anticipadamente los contratos es que exacerba el estrés del mercado del gas en Colombia.

De hecho, dada la incertidumbre que se ha generado en el abastecimiento, los grandes consumidores industriales han bajado su consumo en lo corrido de 2026 en 26%, optando por otros energéticos más seguros como son los combustibles líquidos derivados del petróleo, el GLP, incluso el carbón, lo cual ha significado un retroceso de la Transición Energética. 

Por fortuna, la decisión tomada por la Corte de Alberta, si bien está en firme, no produce efectos inmediatos en Colombia, pues está mediada por la intervención de la Superintendencia de Sociedades, la cual está facultada por la Ley 1116 de 2006 que establece el régimen de insolvencia empresarial en Colombia, la excepción de orden público: “Nada de lo dispuesto en el presente título impedirá que las autoridades colombianas competentes nieguen la adopción de una medida manifiestamente contraria al orden público de la República de Colombia”.

La Superintendencia de Sociedades tiene la última palabra en defensa de la institucionalidad, de la credibilidad y la firmeza de los contratos, de los usuarios y de la seguridad energética del país, que no deben ser ajenos a la Superintendencia de Servicios Públicos y al Ministerio de Minas y Energía.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Las elecciones presidenciales constituyen la máxima expresión de la soberanía popular en una democracia. Sin embargo, una vez concluye la contienda electoral y se conoce el veredicto de las urnas, comienza una responsabilidad aún mayor: la de gobernar para todos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Como lo prescribe el artículo 188 de la Constitución Política, “el presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. Y a eso se ha comprometido el presidente electo Abelardo de la Espriella en sus primeras declaraciones y lo reiteró en su discurso ante el Consejo Nacional Electoral al momento de recibir la credencial como tal.

Fue enfático, además, al asegurar que “no habrá vencedores ni vencidos”, al tiempo que sentenció que “en democracia no existen enemigos irreconciliables”. Ello habla bien del tono y la tónica de quien asumirá el 7 de agosto su investidura como Presidente de la República, Jefe de Estado, Jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, como lo manda la Constitución Política.

No es para menos, después de tan reñida justa electoral se impone la necesidad de restañar las heridas y persuadirse de que, como lo afirmara el ex presidente de los EE.UU John Fitzgerald Kennedy, “se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la mitad en contra”. Ya se había anticipado su predecesor Abraham Lincoln al advertir que “una casa dividida no puede mantenerse en pie”.

Quien es elegido Presidente de la República deja de ser el candidato de un partido, de una coalición o de un sector de la opinión pública para convertirse en el Presidente de todos los colombianos, incluidos quienes no votaron por él e incluso quienes se opusieron a su elección.

Es más, como advierte el jurisconsulto austríaco Hans Kelsen, hay que saber distinguir muy bien la legitimidad de origen de la legitimidad del ejercicio del poder, la cual se refrenda cotidianamente con los actos de gobierno.

La democracia no se agota en el acto de votar. Su verdadera fortaleza reside en la capacidad de las instituciones para garantizar la convivencia entre ciudadanos que piensan distinto. Por ello, más importante que la suerte de los líderes individuales es la preservación y el fortalecimiento de las instituciones.

Como afirmó el pensador Karl Popper, “no necesitamos tantos buenos hombres como buenas instituciones”. La historia ha demostrado que las sociedades más prósperas y estables no son aquellas que dependen de figuras providenciales, sino aquellas que cuentan con instituciones sólidas, legítimas y respetadas.

Las instituciones democráticas cumplen una función esencial: impedir que las diferencias políticas se conviertan en fracturas irreparables. Son el espacio donde se tramitan los desacuerdos, se equilibran los poderes y se protegen los derechos de las mayorías y de las minorías. Debilitarlas en nombre de cualquier proyecto político, por noble que este parezca, equivale a erosionar los cimientos mismos de la República.

Después del fragor de la batalla electoral, en medio de una polarización extrema, como lo aconseja el ex rector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman, se requiere “manejar los desacuerdos en forma productiva, para que en los próximos años podamos vivir discutiendo lo importante y acordando lo posible”. Ello, en el entendido de que, como lo afirmó el profesor Estanislao Zuleta, no hay ausencia de conflictos, estos son inherentes a la dinámica social, pero acota que “un país mejor no es el que no tenga conflictos sino aquel que tenga mejores conflictos” y ello depende de cómo se gestionan estos.

Colombia necesita cerrar el ciclo de la confrontación permanente, para pasar del antagonismo a la emulación. La polarización ha terminado por instalar la idea equivocada de que el adversario político es un enemigo al que hay que derrotar y excluir. Pero la democracia no consiste en aniquilar al contradictor, sino en coexistir con él dentro de unas reglas compartidas.

El pluralismo no es una debilidad de la democracia; es precisamente una de sus mayores fortalezas. Como lo dijo magistralmente el ex canciller chileno Gabriel Valdés, “en el sistema democrático el que ganó no puede destruir al que perdió, ni el que perdió puede hacer invivible la Nación tratando de destruir al que ganó”. Tal cual, se impone la mesura de parte y parte.

Las grandes transformaciones nacionales solo son posibles cuando existe la capacidad de construir acuerdos básicos sobre aquello que nos une como Nación. Como lo planteó el inmolado líder conservador Alvaro Gómez Hurtado, las colectividades políticas y sus líderes, sin renunciar a sus principios ni a su vocación de poder, deben tener la grandeza de llegar a un genuino ‘Acuerdo sobre lo fundamental. ´

La prosperidad económica, la seguridad, la lucha contra la pobreza, la calidad de la educación, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de la justicia, deben ser objetivos comunes que trasciendan los calendarios electorales y las diferencias partidistas.

En momentos de alta tensión política, resulta oportuno recordar que las naciones no progresan cuando cada elección divide a la sociedad en bandos irreconciliables. Progresan cuando quienes ganan ejercen el poder con prudencia y sentido de Estado, y cuando quienes pierden cumplen con responsabilidad su papel de oposición democrática. La legitimidad del gobierno y la legitimidad de la oposición son igualmente indispensables para la salud de la democracia.

El reto de Colombia no es simplemente elegir un presidente; es fortalecer una cultura política basada en el respeto a la institucionalidad, en la aceptación de la diferencia y en la búsqueda permanente de consensos.

Porque, al final, más importante que quién gobierna es que prevalezcan las instituciones que garantizan la libertad, la estabilidad y la continuidad de la República. Son ellas las que permiten que los gobiernos pasen, pero que la democracia permanezca.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.