EPM invierte en las comunidades del norte y nordeste antioqueño

Con inversiones sociales, educativas, productivas y ambientales se benefician más de 38.000 personas y se generan más de 400 empleos en el norte y nordeste antioqueño.

EPM ha sido una aliada del desarrollo sostenible de las subregiones norte y nordeste de Antioquia, mediante una gestión integral que articula la operación confiable de infraestructura energética, la protección de ecosistemas estratégicos y el impulso de iniciativas sociales del área de influencia de las centrales hidroeléctricas Porce II, Porce III y la cadena Guadalupe-Troneras (Guatron).

En conjunto, los complejos Porce y Guatron aportan 1.617 megavatios de energía, a plena generación, al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

“La presencia histórica de EPM en estos territorios ha permitido construir relaciones de largo plazo con las comunidades y aportar al desarrollo regional, mientras se garantiza la generación de energía limpia”, indicó Alberto Mejía Reyes, gerente de Generación Energía EPM.

Inversión social que transforma territorios

La gestión social de EPM en las subregiones Norte y Nordeste de Antioquia se refleja en inversiones y programas que fortalecen la educación, impulsan el desarrollo comunitario y generan oportunidades para el crecimiento productivo de los territorios.

En el período 2024-2027, EPM y 15 municipios desarrollan los convenios de “Alianzas para el Desarrollo”: Amalfi, Angostura, Anorí, Barbosa, Belmira, Carolina del Príncipe, Donmatías, Entrerríos, Girardota, Gómez Plata, Guadalupe, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Yarumal y Yolombó.

Estos convenios representan una inversión superior a los 36.500 millones de pesos, de los cuales EPM aporta $23.797 millones y los municipios aliados $12.718 millones.

Estas iniciativas de inversión social discrecional de EPM se desarrollan mediante cuatro líneas estratégicas que benefician a más de 38.000 personas:

  1. Educación y habilidades para la vida: participan 330 instituciones educativas. Se benefician 17.622 niños, niñas y jóvenes.
  2. Fortalecimiento comunitario: beneficia a 572 organizaciones. Vincula a 17.160 personas.
  3. Proyectos productivos: beneficia a 23 asociaciones. Impacta a 747 productores rurales y 2.988 personas. Fortalece cadenas productivas de café, cacao, caña y ganadería, así como emprendimientos de arándanos, gulupa y apicultura.
  4. Turismo sostenible: participan 960 personas. Promueve el fortalecimiento de prestadores de servicios turísticos e instancias locales de turismo.

De otro lado, en 2025, por medio del programa Aldeas -que utiliza la madera madura de los embalses de EPM- en alianza con las administraciones municipales de Amalfi y Anorí, se construyeron dos Centros Educativos Rurales -La Florida y La Tinitacita- con una inversión de 2.603 millones de pesos. Adicional, se han construido 311 viviendas rurales en los municipios de Belmira, Yarumal, Amalfi, Yolombó por valor de 12.218 millones de pesos.

A través del programa Agua para la Educación, la Fundación Grupo EPM ha instalado 228 soluciones potabilizadoras de agua en Centros Educativos Rurales de Norte y Nordeste, con una inversión cercana a los 8.562 millones de pesos, contribuyendo al acceso a agua segura para miles de estudiantes.

Contratación con impacto social

Actualmente, para las centrales Porce II, Porce III y la cadena Guatron se encuentran en desarrollo 34 contratos que generan 409 empleos y que ascienden a 34.290 millones de pesos.

Estos contratos apoyan servicios de soporte de la operación en centrales como: alimentación en campamentos, aseo y mantenimiento de sedes, control de erosión, manejo de embalses, mantenimiento de vías y viveros, entre otros.

Además, bajo la modalidad de contratación de mano de obra calificada y no calificada con proyectos de infraestructura, como el de la modernización cadena Guadalupe-Troneras, obras en Porce III y el Plan Maestro Contra Incendios, se generan 372 empleos.

Entre tanto, obras de actualización de la presa Miraflores, finalizadas en diciembre de 2025, generó en su primera etapa 714 empleos y en la segunda etapa, 427. En las labores de cuidado y conservación de los predios destinados a la generación de energía participan actualmente 66 recorredores prediales de la zona, para la cadena Guatron y Porce.

Así, EPM dinamiza la economía mediante la contratación de personal, insumos y servicios en los municipios, se fortalecen capacidades técnicas y administrativas de las organizaciones comunitarias y se promueve el desarrollo de proveedores locales.

Primax Colombia renueva su Sello de Sostenibilidad Platino de ICONTEC

La compañía obtuvo la máxima distinción por cuarto año consecutivo, alcanzando la puntuación más alta desde que inició su proceso de evaluación en 2020.

La sostenibilidad se ha consolidado como uno de los principales indicadores para medir la competitividad. Cada vez más organizaciones en Colombia someten sus estrategias a procesos de evaluación independientes que permiten evidenciar el impacto de sus acciones en materia ambiental, social y de gobernanza.

Como resultado de este proceso, Primax Colombia ratificó el Sello de Sostenibilidad Platino que otorga el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec), la máxima distinción que entrega esta entidad a las organizaciones con un desempeño sobresaliente en las dimensiones de gobernanza y economía, gestión ambiental y desarrollo social.

En la evaluación realizada durante 2026, la compañía alcanzó una calificación global de 95,05%, la más alta obtenida desde que inició este proceso de medición y superior a la registrada en años anteriores, consolidando desde 2020 su Sello, pero obteniendo por cuarto año consecutivo la categoría Platino.

«Renovar este reconocimiento con la calificación más alta que hemos obtenido demuestra que la sostenibilidad es un eje transversal de nuestra estrategia y de la manera como operamos en Colombia. Más que un reconocimiento, representa el compromiso permanente de nuestros colaboradores por generar valor ambiental, social y económico para el país», afirmó Juan José Martínez, presidente de Primax Colombia.

Entre los principales resultados evaluados por Icontec se destacan los avances de la compañía en materia ambiental. Durante el último año, Primax alcanzó un 23 % de consumo de energía proveniente de fuentes solares y fortaleció su estrategia de economía circular, recuperando 706.518 kilogramos de materiales reciclables desde 2022, lo que representa un indicador de aprovechamiento del 70 %.

En el componente social, la compañía obtuvo el 100 % de cumplimiento en los criterios relacionados con bienestar laboral, inversión social, derechos humanos y seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, fue reconocida por sus avances en equidad de género, con una participación del 60 % de mujeres en cargos directivos.

El proceso también destacó programas como Energizando Sueños, Somos Energía Verde y Energizando al Planeta, iniciativas que impulsan proyectos de educación, protección ambiental, desarrollo comunitario y fortalecimiento de las comunidades donde la compañía tiene presencia.

La ratificación del Sello Platino se suma a otros reconocimientos obtenidos recientemente por Primax Colombia, entre ellos la renovación de su certificación como Carbono Neutro, la verificación de su Inventario de Gases de Efecto Invernadero y el Sello Verde de Verdad, reconocimientos que respaldan su estrategia para contribuir al desarrollo sostenible del país.

GEB completa la compra del 100% de cuatro concesionarias de transmisión en Brasil

De acuerdo con la Información Relevante publicada por el Grupo Energía Bogotá, la operación le permite consolidar el control total de activos que operan 1.086 kilómetros de líneas de transmisión y 17 subestaciones en seis estados de Brasil.

El Grupo Energía Bogotá (GEB) cerró la adquisición del 49% restante de las acciones de las sociedades concesionarias de transmisión de energía Goiás Transmissão S.A., MGE Transmissão S.A., Transenergia Renovável S.A. y Transenergia São Paulo S.A., en Brasil.

La operación, anunciada por la compañía el pasado 30 de abril, le permite convertirse en propietaria del 100 % de estas cuatro empresas, tras adquirir la participación que pertenecía a Axia Energia.

A través de su filial Gebbras Participações Ltda. (Gebbras), GEB concretó la adquisición del 49% de las acciones ordinarias que permanecían en poder de Axia Energia, una vez cumplidas las condiciones establecidas en el Contrato de Compraventa de Acciones (SPA), entre ellas las aprobaciones de la Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), el Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) y el consentimiento del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Con esta operación, GEB pasa a ser propietario del 100% del capital social de las cuatro concesionarias, que en conjunto operan 1.086 kilómetros de líneas de transmisión de 500 kV, 345 kV, 230 kV y 138 kV, además de 17 subestaciones ubicadas en los estados de Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais y São Paulo. Estas sociedades registran ingresos regulados (RAP 2025/2026) cercanos a US$56 millones y un EBITDA IFRS de US$42 millones en 2025.

La adquisición fortalece la presencia del Grupo Energía Bogotá en el mercado de transmisión de energía en Brasil y hace parte de su estrategia de crecimiento regional.

Nuevo prestador de servicios en el mercado gasífero: ¿Cómo participar?

El mercado colombiano de gas natural podría estar próximo a experimentar uno de los cambios regulatorios más importantes de los últimos años.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

El Proyecto de Resolución CREG 702 024 de 2026 no solo redefine aspectos relacionados con la prestación del servicio de regasificación, sino que introduce un nuevo participante al mercado: el Agregador de Demanda, una figura que abre oportunidades para empresas con experiencia en el comercio internacional de Gas Natural Licuado (GNL).

La principal innovación del proyecto consiste en la creación de la Agregación de Demanda como una actividad complementaria a la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible.

Esta decisión resulta particularmente relevante porque la regulación colombiana históricamente ha definido con precisión las actividades que pueden desarrollarse dentro de la cadena del gas natural: producción, transporte, distribución, comercialización y almacenamiento. Ahora se incorpora una nueva función especializada cuya finalidad será facilitar el abastecimiento de GNL para quienes requieran servicios de regasificación.

En términos prácticos, el Agregador de Demanda actuará como mandatario de los compradores de servicios de regasificación, encargándose de:

  • Negociar la compra de GNL en los mercados internacionales.
  • Gestionar la logística internacional del suministro.
  • Coordinar la entrega del GNL hasta la infraestructura de regasificación.
  • Representar los intereses de los compradores durante todo el proceso de adquisición.

El proyecto exige que quien aspire a convertirse en Agregador de Demanda sea una persona jurídica que acredite por lo menos dos años de experiencia específica en gestión logística o comercialización internacional de GNL.

Este requisito demuestra que la CREG busca atraer empresas con conocimiento real del mercado internacional de gas, de la contratación de cargamentos, de la logística marítima y de la coordinación entre proveedores, navieras e infraestructura de regasificación.

En consecuencia, el nuevo esquema podría generar oportunidades para empresas especializadas en trading internacional de GNL.

Otro aspecto novedoso es que el Agregador de Demanda no será designado directamente por la CREG. La propuesta establece que será el Gestor del Mercado quien adelante un procedimiento voluntario, abierto y competitivo para seleccionar a la persona jurídica que ejercerá esta función para cada infraestructura de regasificación.

*Abogado de OGE ENERGY

Retos de la nueva ministra de Energía

En su alocución del pasado 13 de julio, el presidente electo de Colombia, Abelardo de La Espriella, anunció el nombramiento de María Nohemí Arboleda Arango como ministra de Minas y Energía del nuevo gobierno. Los gremios y las empresas del sector saludaron el nombramiento al tiempo que anunciaban los principales retos que le esperan a la nueva alta ejecutiva, frente a un sector en crisis.

Arboleda es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría y una especializaciónen Ingeniería de Transmisión y Distribución Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

Además, la ministra designada tiene más de 25 años de experiencia en planificación y operación de sistemas eléctricos de potencia, planeación energética y transacciones del mercado de energía mayorista, durante su paso por ISA y XM, pues desde 2016 es la gerente General de la operadora del Sistema Interconectado Nacional y del mercado mayorista de energía.

Luego de un gobierno enemigo abierto del sector y que deja al país con pérdida de autosuficiencia en gas natural y al borde de un apagón eléctrico, el sector celebra la llegada de una ingeniera al frente de la cartera.  “El país necesita un liderazgo con rigor técnico y conocimiento del sector que fortalezca la seguridad energética, impulse la infraestructura estratégica y genere confianza para seguir construyendo desarrollo y bienestar para todos”, trinó la Empresa de Energía de Bogotá.

En ese mismo sentido se manifestaron algunos gremios, entre ellos, ACIEM, Andesco, ANDEG y CEERA, que coinciden en que el país necesita recuperar la confianza para la inversión, garantizar la seguridad energética y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos.

Entre las principales solicitudes de los gremios a la nueva ministra están:

1. Garantizar la seguridad energética y evitar riesgos de desabastecimiento

  • Asegurar el abastecimiento de energía y gas.
  • Preparar al país para un eventual fenómeno de El Niño.
  • Incorporar nueva capacidad de generación.
  • Fortalecer la infraestructura de transmisión.
  • Diversificar la matriz energética sin excluir tecnologías.
  • Andesco propone incluso crear un Consejo Presidencial de Seguridad Energética para hacer seguimiento permanente a las variables críticas.
  • Por su parte, CEERA plantea instalar una Mesa de Alto Nivel para la Seguridad Energética y acelerar decisiones regulatorias antes de que aparezca una crisis.

2. Recuperar la confianza para atraer inversión

Existe consenso en que la inversión privada requiere reglas claras y estabilidad. Los gremios piden:

  • Seguridad jurídica.
  • Estabilidad regulatoria.
  • Respeto por los contratos.
  • Independencia técnica de las entidades.
  • Reducción de la incertidumbre regulatoria.

3. Destrabar la infraestructura energética

Otro punto transversal es acelerar proyectos que llevan años de retraso. Las solicitudes incluyen:

  • Destrabar proyectos de generación.
  • Acelerar líneas de transmisión.
  • Reducir obstáculos regulatorios, ambientales y prediales.
  • Facilitar nuevas inversiones.

En concreto, Andesco pide reactivar la Comisión Intersectorial de Infraestructura y priorizar los proyectos estratégicos.

4. Tomar decisiones técnicas y no políticas

Los gremios reclaman un ministerio con mayor rigor técnico y separar la política de la regulación, que incluya.

  • Políticas públicas sustentadas en evidencia, no en la ideología.
  • Independencia de los reguladores.
  • Meritocracia para nombramientos.
  • Mayor participación de expertos y academia.

5. Resolver la crisis financiera del sector eléctrico

Andesco y Andeg consideran que la situación financiera requiere decisiones inmediatas, como:

  • Pago de las deudas derivadas de la intervención de Air-e.
  • Giro oportuno de subsidios.
  • Garantizar liquidez para las empresas.

ANDEG recuerda que las acreencias de Air-e con el sector ascienden a $2,9 billones, de los cuales $1,8 billones corresponden a empresas térmicas. Por su parte, Andesco estima que el Fondo Empresarial necesitaría cerca de $6 billones para garantizar la continuidad del servicio.

6. Impulsar una transición energética con criterios técnicos

Ningún gremio cuestiona la transición energética, lo que solicitan es que:

  • Sea gradual.
  • Preserve la confiabilidad.
  • Aproveche todas las tecnologías disponibles.
  • Garantice competitividad.

En conjunto, los gremios transmiten un mensaje consistente: la prioridad de la nueva ministra de Minas y Energía debe ser combinar seguridad energética, inversión, infraestructura, estabilidad regulatoria y sostenibilidad para responder a la creciente demanda de energía en Colombia y reducir los riesgos de suministro en los próximos años.

Menos ideología, más fracking

Llegó la hora de dejar a un lado la ideología y asumir un debate responsable sobre el futuro energético de Colombia.

Por: JUAN ESPINAL*

El Gobierno Petro anunció que el próximo 20 de julio radicará nuevamente el proyecto de ley para prohibir el desarrollo de los yacimientos no convencionales en Colombia. Esta iniciativa, impulsada por los sectores progresistas desde 2018, ha sido archivada en cinco oportunidades por falta de respaldo en el Congreso.

Lo que hace algunos años era un debate dominado por el activismo y el miedo ha comenzado a cambiar. Cada vez son más los colombianos que entienden que la discusión sobre el fracking debe darse con argumentos técnicos y científicos, no con consignas ideológicas. Poco a poco, la narrativa de los sectores anti-fracking ha ido perdiendo fuerza frente a la evidencia.

Colombia lleva más de 16 años preparándose para utilizar esta tecnología en la exploración y producción de petróleo y gas natural. Su implementación permitiría aumentar significativamente las reservas probadas de hidrocarburos, reducir la dependencia de las importaciones de gas, que hoy ya superan el 30 % del consumo nacional, fortalecer la seguridad energética, generar miles de empleos y aumentar los ingresos por regalías para las regiones.

Las estimaciones indican que las reservas de gas podrían pasar de 2,3 TPC a cerca de 25 TPC, garantizando el abastecimiento durante varias décadas. Países como Estados Unidos y Argentina son prueba de ello. Gracias al desarrollo responsable del fracking esos países no solo aseguraron su autosuficiencia energética, sino que hoy exportan petróleo y gas natural, fortaleciendo sus economías y reduciendo la dependencia de mercados externos.

La crisis energética que enfrenta Colombia también ha servido para que muchos reconsideren sus posiciones. No deja de llamar la atención que algunos dirigentes que hace pocos años rechazaban categóricamente el fracking hoy lo defiendan, quizá por convicción o porque la realidad terminó imponiéndose sobre la ideología.

Durante los últimos cuatro años el país ha soportado un debate profundamente ideologizado y alejado de la evidencia científica. Es momento de retomar la discusión con seriedad.

Los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque conformaron comisiones de expertos nacionales e internacionales que, tras rigurosos estudios, recomendaron una hoja de ruta para desarrollar Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII), con estrictos estándares ambientales y de seguimiento. Incluso uno de esos proyectos obtuvo licencia ambiental.

Sin embargo, al llegar a la Presidencia en 2022, Gustavo Petro suspendió los proyectos piloto sin presentar nuevos estudios técnicos que justificaran esa decisión. Fue una determinación basada en una posición política más que en evidencia científica. No es la primera vez que ocurre. Basta recordar cuando llegó a plantear la posibilidad de desmontar Hidroituango, desconociendo la importancia estratégica que esa infraestructura tiene para el sistema eléctrico nacional.

La realidad energética del país ya no admite más aplazamientos. Colombia necesita garantizar el suministro de gas natural para cerca de 37 millones de usuarios, además de abastecer a la industria, el comercio y al sector transporte, donde más de 200.000 vehículos operan con este combustible.

Las cifras son preocupantes. Durante los primeros meses de 2026, la producción comercializada de gas natural cayó un 12,2 % frente al mismo periodo del año anterior. Entre enero y mayo, la producción promedio fue de 697,8 millones de pies cúbicos por día (MPCD), frente a los 794,4 MPCD registrados en 2025. Esta reducción de 96,6 MPCD incrementa la dependencia de las importaciones, eleva los costos para los consumidores y hace más vulnerable al país frente a fenómenos climáticos como El Niño, que podría afectar la generación de energía.

Llegó la hora de dejar a un lado la ideología y asumir un debate responsable sobre el futuro energético de Colombia. El país necesita aprovechar todas las tecnologías disponibles y ambientalmente viables, incluyendo el fracking y, por qué no, abrir una discusión seria sobre la energía nuclear. La prioridad debe ser garantizar la seguridad energética y la competitividad de nuestra economía.

El próximo gobierno tendrá la responsabilidad de tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Si la evidencia científica y la regulación existente ofrecen las garantías suficientes, no debería existir temor para avanzar en el desarrollo de los yacimientos no convencionales. La verdadera irresponsabilidad sería seguir aplazando una decisión estratégica mientras las reservas disminuyen y la dependencia del gas importado aumenta.

La seguridad energética de Colombia no puede seguir siendo víctima de la ideología. Como decimos en Antioquia: hay quienes disfrutan de la leche, pero no quieren a la vaca.

*Senador electo por el Centro Democrático.

El des-ordenamiento territorial

La Constitución Política de 1991 consagra el ordenamiento territorial como un eje esencial de la organización del Estado, fundamentado en la descentralización, la autonomía territorial y la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Tanto el artículo 1º como el 287 de la Carta consagran la autonomía de las entidades territoriales, poniéndole coto al aberrante centralismo de la Constitución Política de 1886. Se le dio tanta importancia al territorio y a su abigarrada diversidad, que la Asamblea Nacional Constituyente le consagró el Título XI. Pero, la verdad sea dicha, el Congreso de la República no ha sido capaz de desarrollarlo, al punto que Colombia carece de un ordenamiento de su territorio y, lo que es peor, el Estado está ausente en vastos territorios de la geografía nacional.

En ausencia del ordenamiento del territorio proliferan los conflictos de uso y de ocupación del mismo, amén de la colisión de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, debido a los vacíos normativos. Les ha correspondido a las altas cortes pronunciarse para tratar de dirimirlos, pero su jurisprudencia no es suficiente para su trámite y solución.

El Congreso de la República desperdició la oportunidad para avanzar en el propósito de llenar dichos vacíos cuando expidió en volandas la Ley 1454 de 2011, “mediante la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial” (LOOT), pues la misma resultó inicua y vacua.

Ello ha dado pábulo para que durante el cuatrienio del presidente Gustavo Petro echara por la calle del medio, dando pasos en falso, de tal modo que con sus decisiones lejos de avanzar en el buen propósito de ordenar el territorio ha dado lugar a un des-ordenamiento del mismo, exacerbando los conflictos y la conflictividad y de contera frenando el desarrollo económico y social del país, al excluir y vetar a la topa tolondra y de manera arbitraria ciertas y determinadas actividades, ignorando la vocación de los territorios, su tradición, a quienes lo habitan y a las propias autoridades territoriales, vulnerando el núcleo esencial del principio de autonomía territorial consagrado en la Constitución Política.

Empecemos por la atrabiliaria expedición por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) del Decreto 044 de 2024 “por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporalen el marco del ordenamiento minero-ambiental”. Estas reservas “temporales”, hasta por cinco años, impiden la otorgación de nuevos títulos mineros y licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales dentro de ellas.

Es el caso también de la creación a su antojo por parte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura de las Áreas de Protección de la Producción Alimentaria (APPA) y las Zonas de Protección de la Producción Alimentaria (ZPPA), amparado en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 (PND).

Es claro que al arrogarse la competencia por parte del Gobierno Nacional al determinar inconsultamente la delimitación y el uso del territorio está usurpando las competencias propias de los municipios y transgrede los planes de ordenamiento territorial (POT) expedidos por los concejos municipales en ejercicio de las que le confiere la Constitución y la Ley.

Por ello, concuerdo con el procurador Gregorio Eljah en que el artículo 32 del PND representa un “vaciamiento de las competencias de los concejos municipales” y «afecta la autonomía de las entidades territoriales en sus diferentes niveles”, llevándoselas de calle al solicitarle a la Corte Constitucional su declaratoria de inexequibilidad.

En el mismo sentido se pronunció la Contraloría General, advirtiendo que la falta de coordinación interinstitucional puede ocasionar discordancias en la declaratoria de las APPA y las ZPPA por el uso de información desactualizada y no emitida por las instituciones que la aportarían de acuerdo con su misión, falencias que pueden observarse en los documentos de metodología y resultados de su identificación.

So pretexto de “proteger el derecho humano a la alimentación que se encuentran dentro de la frontera agrícola”, este esperpento jurídico ha dado lugar a la proliferación de tales APPA y ZPPA, hasta ahora en 31 municipios, entre ellos 6 en Antioquia, 8 en el Tolima y 9 de 15 municipios de La Guajira, abarcando una extensión total de 197.718 hectáreas, de las cuales 79.800 hectáreas corresponden al sur de La Guajira.

No se trata de un debate menor ni de una simple controversia administrativa. Está en juego la arquitectura misma del Estado descentralizado que el constituyente de 1991 diseñó, en el cual departamentos, distritos y municipios no son meros ejecutores de decisiones centrales, sino verdaderos sujetos de autonomía política, fiscal y administrativa. El ordenamiento del territorio —en aspectos tan sensibles como el uso del suelo, la vocación productiva y la planificación del desarrollo— constituye uno de los pilares de esa autonomía.

Bajo la retórica de la coordinación y la necesidad de una visión nacional, el Ejecutivo ha venido imponiendo criterios, restricciones y condicionamientos que, en la práctica, desdibujan las competencias locales.

Este fenómeno no solo erosiona la descentralización, sino que configura una recentralización de facto, en la que el nivel central sustituye progresivamente la capacidad decisoria de las autoridades territoriales.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Colgas se alista para apoyar a la industria frente al déficit de gas natural

Mientras el déficit de gas natural podría alcanzar el 39% de la demanda nacional en 2026, Colgas amplía en más de 50% la capacidad del puerto de importación más grande del país y se fija la meta de duplicar sus ventas al sector industrial.

Ante el déficit de gas natural que enfrenta el país y la necesidad de que la industria mantenga su capacidad productiva durante el fenómeno de El Niño, Colgas anunció que cuenta con la disponibilidad de gas licuado del petróleo (GLP) para atender la demanda del sector.

La capacidad es posible gracias a una inversión aproximada de $236.000 millones para 2026, el plan más ambicioso de su historia en el país, con el cual busca fortalecer la seguridad energética y ofrecer una fuente alternativa de abastecimiento energético para las empresas.

Y es que Colombia se acerca a uno de los momentos más exigentes de su historia energética reciente: el déficit de gas natural podría alcanzar el 39% de la demanda nacional en 2026 y el fenómeno de El Niño 2026–2027 reducirá la disponibilidad hídrica para generación eléctrica, presionando aún más la demanda de gas para respaldo térmico.

Anticipando esta situación, la compañía ha invertido en los últimos años en infraestructura. Durante años de planeación anticipada, fortaleció su red de importación, almacenamiento y distribución para poder responder ante un escenario de menor producción nacional de gas natural y GLP que hoy ya es una realidad.

Durante la crisis de abastecimiento de gas natural de los últimos meses, Colgas adecuó su infraestructura para atender a más de 80 industrias adicionales que requerían un energético confiable y competitivo para no detener sus operaciones, en sectores estratégicos como la agroindustria, los alimentos y la minería.

Ese desempeño impulsó un crecimiento superior al 16% del segmento granel en el país durante 2025, un año en el que el consumo nacional de GLP aumentó el 8% hasta alcanzar cerca de 800.000 toneladas.

“La industria colombiana sabe que el GLP no es un plan de contingencia, sino una decisión estratégica de continuidad y eficiencia. Frente a El Niño, nuestro mensaje es claro: la resiliencia energética se construye antes de la crisis, y Colgas tiene el energético, la infraestructura y la experiencia para garantizarla”, afirmó Didier Builes, gerente General de Colgas.

Uno de los ejes centrales delplan de inversión es la ampliación de la terminal de importación de GLP en Cartagena, el puerto de este energético más grande de Colombia. Su capacidad pasará de 21.000 a 32.000 toneladas mensuales, un incremento superior al 50% mediante una inversión de USD 60 millones, de los cuales USD 25 millones se ejecutarán en 2026.

El plan se complementa con la modernización de plantas y flota, la expansión de la red de estaciones de AutoGLP y el crecimiento del negocio de energía solar.

La diferencia estructural frente al gas natural es decisiva en esta coyuntura. Mientras el gas natural depende de gasoductos y plantas de regasificación, el GLP es almacenable y transportable: llega en cilindro o tanque estacionario a cualquier rincón del país, sin redes ni procesos complejos.

Esa flexibilidad operativa y logística articulada con más de 20 plantas de almacenamiento a nivel nacional y la capacidad de compra en mercados internacionales de un grupo multinacional, le permite a Colgas absorber la volatilidad de precios con planeación financiera, sin trasladarla de manera abrupta a sus clientes.

“El GLP es un sustituto técnico directo del gas natural en procesos térmicos, con alto poder calorífico y combustión baja en emisiones, sin necesidad de conexión a gasoducto. Hemos evolucionado de proveedores de producto a socios de eficiencia energética de la industria: la acompañamos con asesoría especializada e incluso combinando GLP con soluciones solares”, agregó Builes

De esta forma, Colgas se convierte en una alternativa para que las empresas eviten regresar a combustibles altamente contaminantes como el diésel, el carbón o el fuel oil, deshaciendo años de avances en reducción de emisiones y comprometiendo metas climáticas ya adquiridas con clientes, inversionistas y mercados.

A esta alternativa se suma el portafolio de autogeneración solar fotovoltaica y eficiencia energética de la compañía, que permite a las empresas complementar o cubrir parte de sus necesidades de electricidad.

Esta unidad cerró 2025 con 14.926 MWh de generación acumulada y proyecta aumentar en 50 % su capacidad instalada durante 2026. “En un contexto de menor disponibilidad de gas natural y de un eventual fenómeno de El Niño, la combinación de GLP para procesos térmicos y energía solar para el consumo eléctrico ofrece a la industria una mayor diversificación de sus fuentes de abastecimiento y reduce su exposición a los riesgos del sistema energético”, explicó Builes.

Nuevas estrategias para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico

Expertos del sector energético coincidieron en que la Respuesta a la Demanda será una herramienta clave para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano.

Colombia enfrenta un panorama energético cada vez más desafiante. El incremento en la demanda de energía, sumado a los efectos del fenómeno de El Niño, ha puesto sobre la mesa la necesidad de implementar estrategias que fortalezcan la confiabilidad del sistema eléctrico, promuevan una gestión más eficiente del consumo energético y se genere mayor flexibilidad energética.

En este contexto y en el marco de RD en Acción, el primer conversatorio de Respuesta a la Demanda liderado por Klik y GreenYellow, dos actores del sector privado, se reunieron para discutir sobre soluciones y herramientas que serán vitales para que el ecosistema energético pueda ayudar, en equipo con los distintos gremios, asociaciones y empresas, a mitigar el impacto

Según, Juan Carlos Bedoya, jefe Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio de Minas y Energía, la demanda de energía en ciertas regiones del país como el Caribe o el centro de Antioquia, se ha registrado un crecimiento del 10% intermensual, impulsado por factores como el aumento de las temperaturas asociado al fenómeno de El Niño.

Ante este panorama, se han impulsado iniciativas orientadas a fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano, entre ellas la implementación de mecanismos como la Respuesta a la Demanda (RD), el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía con baterías, entre otros proyectos que buscan mejorar la gestión y eficiencia del consumo energético.

En este escenario, RD es uno de los mecanismos más relevantes para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano, al permitir que los grandes consumidores flexibilicen voluntariamente su consumo en momentos de alta demanda, contribuyendo a la estabilidad de la red y accediendo a incentivos económicos por su participación.

Klik, como uno de los actores que impulsa este mecanismo, ha evidenciado su impacto: durante la implementación de RD en 2024, en contexto de fenómeno de El Niño se gestionaron 23.000 MWh de energía, reduciendo la presión sobre el sistema eléctrico nacional y generando más de tres millones de dólares en ingresos para las empresas participantes en un periodo de tres meses.

Estos resultados reflejan que, además de optimizar el consumo energético, el país requiere continuar impulsando nuevas estrategias que complementen la transición hacia un sistema eléctrico más resiliente y eficiente.

«La energía dejó de ser únicamente un costo para las empresas y hoy representa una oportunidad para aportar a la confiabilidad del sistema eléctrico mientras se generan beneficios económicos. La Respuesta a la Demanda demuestra que es posible fortalecer la seguridad energética del país con una participación más activa de los grandes consumidores», afirmó Esteban Quintana, CEO de Klik.

Ahora bien, entre esas estrategias, el almacenamiento y las soluciones de eficiencia impulsadas por GreenYellow se perfilan como herramientas complementarias, que permiten usar la energía almacenada en los momentos de mayor demanda, reduciendo la presión sobre el sistema eléctrico.

Asimismo, el crecimiento de proyectos de energía solar abre la posibilidad de almacenar los excedentes de generación para utilizarlos cuando el sistema más lo requiera, fortaleciendo la flexibilidad energética e incentivando la participación de más usuarios en la transición hacia un modelo energético más sostenible.

Actualmente, en Colombia estas soluciones de la multinacional francesa, permiten ahorrar cerca de 860 GWh de energía al año y evitar la emisión de aproximadamente 350.000 toneladas de CO₂ anuales a sus clientes, evidenciando el impacto que la innovación tecnológica puede tener en la transición energética del país.

«El almacenamiento energético y la gestión inteligente de la energía serán fundamentales para aprovechar mejor los recursos disponibles y responder a los momentos de mayor demanda. Estas soluciones no solo fortalecen la confiabilidad del sistema eléctrico, sino que también impulsan la descarbonización y sobre todo aceleran la transición hacia un modelo energético más sostenible», aseguró Pilar Reyes, directora General y Comercial de GreenYellow Colombia.

El fortalecimiento del sistema energético colombiano dependerá de la articulación entre el Gobierno, el sector privado, gremios y los usuarios para impulsar mecanismos que respondan a los nuevos desafíos del país.

Herramientas como la Respuesta a la Demanda, el almacenamiento, la integración de energías renovables y el desarrollo de marcos regulatorios que incentiven la participación de nuevos actores, evidencian que el trabajo conjunto será fundamental para garantizar un suministro de energía más confiable en el país.

CEERA propone acciones urgentes para fortalecer la seguridad energética

El Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (CEERA) hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para adoptar decisiones que fortalezcan la confiabilidad del sistema eléctrico y la seguridad energética del país, tras conocerse el Boletín 349 de XM, que confirma un escenario de creciente presión sobre la operación del Sistema Interconectado Nacional.

El informe XM revela una convergencia de factores que exige actuar con anticipación. En junio de 2026 la demanda de energía creció 6,49 % frente al mismo mes del año anterior y alcanzó máximos históricos de consumo y potencia. A ello se suma una probabilidad superior al 95 % de consolidación del fenómeno de El Niño, el atraso en la entrada de nueva infraestructura y una red de transmisión cada vez más exigida.

De los 4.475 MW previstos para entrar en operación durante 2026, apenas ha iniciado operación comercial el 7,4 %, mientras cerca del 60 % de los proyectos de transmisión presentan retrasos. Solo entre abril y junio, XM impartió 165 instrucciones de desconexión preventiva de carga para proteger la operación del sistema, que hoy registra 36 restricciones en estado de emergencia y 48 en estado de alerta.

«El principal riesgo para Colombia no es únicamente el fenómeno de El Niño; es enfrentarlo con proyectos que no han logrado entrar en operación y con una infraestructura que no ha crecido al ritmo de la demanda. Todavía estamos a tiempo de actuar, pero esa ventana de oportunidad es cada vez más estrecha», afirmó Catalina Rueda, directora Ejecutiva del CEERA.

Frente a este panorama, CEERA plantea unas acciones concretas para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico y garantizar la seguridad energética del país.

  1. Recuperar la capacidad de ejecutar la infraestructura energética. Crear una Mesa Nacional para la Seguridad Energética, liderada por la Presidencia de la República, que articule a las entidades del sector para destrabar los proyectos estratégicos de generación y transmisión, resolver los principales cuellos de botella institucionales y acelerar la entrada en operación de la infraestructura que hoy requiere el país.
  2. Garantizar el respaldo operativo del sistema. Asegurar la disponibilidad de combustibles para el parque termoeléctrico ante la alta probabilidad de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad, garantizando el suministro de gas nacional, gas importado, carbón y combustibles líquidos, así como la logística necesaria para respaldar la operación continua de estas plantas durante los meses de mayor exigencia.

3. Impulsar un entorno que acelere la inversión y la expansión de la infraestructura eléctrica. Modernizar las convocatorias de expansión de transmisión para atraer nuevos inversionistas nacionales e internacionales, habilitar plenamente mecanismos como las conexiones compartidas y las fronteras embebidas, y establecer mecanismos ágiles para ejecutar las obras que aún no cuentan con inversionistas, especialmente en las regiones donde XM identifica mayores riesgos para la atención de la demanda.

4. Convertir la seguridad energética en una política de Estado. Formular un Plan Nacional de Seguridad Energética que fortalezca la planeación de largo plazo, incorpore el monitoreo permanente de las condiciones de confiabilidad, promueva la gestión eficiente de la demanda y genere un marco regulatorio que permita acelerar proyectos estratégicos sin disminuir los estándares ambientales y sociales.

En este contexto, las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) representarían una oportunidad para fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico. En ese sentido, piden acelerar la entrada en operación de las PCH que hoy enfrentan retrasos regulatorios, ambientales o administrativos, lo que permitirá incorporar nueva capacidad de generación.

«La seguridad energética no puede seguir dependiendo de respuestas coyunturales. Colombia necesita una política de Estado que garantice la entrada oportuna de nueva infraestructura, promueva la inversión y aproveche todas las tecnologías que aportan confiabilidad al sistema. Esa es la mejor manera de proteger a los usuarios y preparar al país para los desafíos energéticos de la próxima década», concluyó Catalina Rueda.

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