Las elecciones presidenciales constituyen la máxima expresión de la soberanía popular en una democracia. Sin embargo, una vez concluye la contienda electoral y se conoce el veredicto de las urnas, comienza una responsabilidad aún mayor: la de gobernar para todos.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
Como lo prescribe el artículo 188 de la Constitución Política, “el presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. Y a eso se ha comprometido el presidente electo Abelardo de la Espriella en sus primeras declaraciones y lo reiteró en su discurso ante el Consejo Nacional Electoral al momento de recibir la credencial como tal.
Fue enfático, además, al asegurar que “no habrá vencedores ni vencidos”, al tiempo que sentenció que “en democracia no existen enemigos irreconciliables”. Ello habla bien del tono y la tónica de quien asumirá el 7 de agosto su investidura como Presidente de la República, Jefe de Estado, Jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, como lo manda la Constitución Política.
No es para menos, después de tan reñida justa electoral se impone la necesidad de restañar las heridas y persuadirse de que, como lo afirmara el ex presidente de los EE.UU John Fitzgerald Kennedy, “se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la mitad en contra”. Ya se había anticipado su predecesor Abraham Lincoln al advertir que “una casa dividida no puede mantenerse en pie”.
Quien es elegido Presidente de la República deja de ser el candidato de un partido, de una coalición o de un sector de la opinión pública para convertirse en el Presidente de todos los colombianos, incluidos quienes no votaron por él e incluso quienes se opusieron a su elección.
Es más, como advierte el jurisconsulto austríaco Hans Kelsen, hay que saber distinguir muy bien la legitimidad de origen de la legitimidad del ejercicio del poder, la cual se refrenda cotidianamente con los actos de gobierno.
La democracia no se agota en el acto de votar. Su verdadera fortaleza reside en la capacidad de las instituciones para garantizar la convivencia entre ciudadanos que piensan distinto. Por ello, más importante que la suerte de los líderes individuales es la preservación y el fortalecimiento de las instituciones.
Como afirmó el pensador Karl Popper, “no necesitamos tantos buenos hombres como buenas instituciones”. La historia ha demostrado que las sociedades más prósperas y estables no son aquellas que dependen de figuras providenciales, sino aquellas que cuentan con instituciones sólidas, legítimas y respetadas.
Las instituciones democráticas cumplen una función esencial: impedir que las diferencias políticas se conviertan en fracturas irreparables. Son el espacio donde se tramitan los desacuerdos, se equilibran los poderes y se protegen los derechos de las mayorías y de las minorías. Debilitarlas en nombre de cualquier proyecto político, por noble que este parezca, equivale a erosionar los cimientos mismos de la República.
Después del fragor de la batalla electoral, en medio de una polarización extrema, como lo aconseja el ex rector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman, se requiere “manejar los desacuerdos en forma productiva, para que en los próximos años podamos vivir discutiendo lo importante y acordando lo posible”. Ello, en el entendido de que, como lo afirmó el profesor Estanislao Zuleta, no hay ausencia de conflictos, estos son inherentes a la dinámica social, pero acota que “un país mejor no es el que no tenga conflictos sino aquel que tenga mejores conflictos” y ello depende de cómo se gestionan estos.
Colombia necesita cerrar el ciclo de la confrontación permanente, para pasar del antagonismo a la emulación. La polarización ha terminado por instalar la idea equivocada de que el adversario político es un enemigo al que hay que derrotar y excluir. Pero la democracia no consiste en aniquilar al contradictor, sino en coexistir con él dentro de unas reglas compartidas.
El pluralismo no es una debilidad de la democracia; es precisamente una de sus mayores fortalezas. Como lo dijo magistralmente el ex canciller chileno Gabriel Valdés, “en el sistema democrático el que ganó no puede destruir al que perdió, ni el que perdió puede hacer invivible la Nación tratando de destruir al que ganó”. Tal cual, se impone la mesura de parte y parte.
Las grandes transformaciones nacionales solo son posibles cuando existe la capacidad de construir acuerdos básicos sobre aquello que nos une como Nación. Como lo planteó el inmolado líder conservador Alvaro Gómez Hurtado, las colectividades políticas y sus líderes, sin renunciar a sus principios ni a su vocación de poder, deben tener la grandeza de llegar a un genuino ‘Acuerdo sobre lo fundamental. ´
La prosperidad económica, la seguridad, la lucha contra la pobreza, la calidad de la educación, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de la justicia, deben ser objetivos comunes que trasciendan los calendarios electorales y las diferencias partidistas.
En momentos de alta tensión política, resulta oportuno recordar que las naciones no progresan cuando cada elección divide a la sociedad en bandos irreconciliables. Progresan cuando quienes ganan ejercen el poder con prudencia y sentido de Estado, y cuando quienes pierden cumplen con responsabilidad su papel de oposición democrática. La legitimidad del gobierno y la legitimidad de la oposición son igualmente indispensables para la salud de la democracia.
El reto de Colombia no es simplemente elegir un presidente; es fortalecer una cultura política basada en el respeto a la institucionalidad, en la aceptación de la diferencia y en la búsqueda permanente de consensos.
Porque, al final, más importante que quién gobierna es que prevalezcan las instituciones que garantizan la libertad, la estabilidad y la continuidad de la República. Son ellas las que permiten que los gobiernos pasen, pero que la democracia permanezca.
*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.
