Suministro de GLP a Nariño: Crónica de una emergencia superada

Con el derrumbre en Rosas, Cauca, que provocó el cierre de la vía Panamerciana, el suroccidente del país quedó incomunicado y puso en riesgo el suministro de combustibles para esta región.

En la madrugada del 9 de enero de 2023 se presentó un deslizamiento de tierra de gran magnitud que ocasionó el cierre total de la vía Panamericana en la vereda El Chontaduro del municipio de Rosas, Cauca, única vía habilitada para el transporte pesado hacia el departamento de Nariño y por la cual transitan las cisternas de gas propano (GLP) que abastecen la región.

Una vez conocidos los hechos y calculando la gravedad de los mismos, por la imposibilidad de prestación del servicio público de GLP, la empresa Montagas activó de inmediato su plan de contingencia con el fin de mitigar la situación.

La solución más inmediata para atender el suministro de gas propano al departamento fue a través de las plantas de envasado más cercanas, las de Mocoa (Putumayo) y Pitalito (Huila), estratégicamente ubicadas al oriente de Nariño.

Para ejecutar esta alternativa fue necesario redoblar el proceso de envasado en cilindros hasta 24 horas continuas. Además, fue menester incrementar la flota vehicular que permitiera asegurar la prestación del servicio.

Con esa alternativa en marcha, y de manera simultánea, se activó la ruta por un tercer país, Ecuador, contemplada en el plan de continuidad de negocios de Montagas, para asegurar el sumiistro al departamento.

La iniciativa fue ampliamente discutida con los Ministerios de Transporte y Minas y Energía, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de experiencias anteriores en que el paso convencional también estuvo bloqueado por diversas razones. El tránsito por Ecuador era en ese momento la única alternativa disponible, sin intervenciones ni requerimientos de infraestructura adicional.

El uso de esa ruta implicó un recorrido de 1.400 kilómetros adicionales, lo cual significaba, por supuesto, sobrecostos en la cadena logística. Sin embargo, ante la emergencia, cualquier opción era válida si permitía suplir las necesidades de producto y poder continuar con la prestación del servicio público.

Previo al cumplimiento pleno de los requisitos por parte de Montagas, y gracias a la buena relación bilateral entre Colombia y Ecuador, a través de los ministerios de Transporte de ambos países así como de las Cancillerías, se autorizó la movilidad de las cisternas de gas en el vecino país, medida a la cual se unieron otros gremios y sectores.

Montagas logró solventar algunas solicitudes de los transportistas ecuatorianos, que implicaron diálogos y gestiones de carácter económico, lo que redundó en mayores costos y tiempos logísticos. Aún así, la operación debía continuar y  la empresa pudo movilizar por el vecino país más de 1.600 toneladas de GLP.

Posteriormente, Montagas decidió iniciar una ruta de transporte mixta, terrestre y marítima, llevando el producto por carretera entre Casanare y Buenaventura, y luego por barco entre Buenaventura y Tumaco.

Pese a estas alternativas de transporte, se preveía para febrero un desabastecimiento del 50%. Para cojurarlo, la empresa logró la importación de más de 2.600 toneladas de GLP por el puerto de Tumaco, gracias a las experiencias y lecciones aprendidas de la primera importación del combustible por el Pacífico, realizada en 2021. Para lograrlo fue decisivo el apoyo del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, el cual aprobó el reembolso de los sobrecostos que implicaba esta ruta.

Cabe recordar que durante los últimos 10 años, Nariño ha estado bloqueado durante más de 322 días. Casi un año de bloqueos a un departamento fronterizo que no debe ser visto como el último departamento de Colombia, sino como la puerta de entrada del país a Suramérica.

Otras soluciones

Pero aún con todo lo realizado hasta ese momento, Montagas seguía en la búsqueda de más alternativas que evitaran el desabasteciendo en los departamentos afectados por la avalancha. Fue así como, con el apoyo de la Armada Nacional, se transportaron mediante cabotaje cerca de 60 toneladas de gas proveniente de Casanare.

Se esperaba que la reparación de la vía estuviera lo más pronto posible, sin embargo, el Invías decidió construir una vía temporal de 2,5 kilómetros, ya que la nueva y definitiva tardaría aproximadamente seis meses. Esta vía provisional se inauguró el 10 de marzo, como una solución parcial a la emergencia.

Por último, y en vista de que la solución al problema en el tramo afectado tardaría en resolverse, aterrizó una idea que al principio parecía descabellada, pero que fue tomando forma hasta convertirse en una realidad: hacer un gasoducto.

Se construyó entonces un ducto de más de 450 metros que atraviesa la zona afectada por el derrumbe. De esa manera, las cisternas que llegan cargadas desde el norte del país hacen trasiego mediante esta tubería hasta la zona sur del derrumbe, donde otras cisternas reciben el producto y se desplazan hasta la planta de envasado de Daza, a 6 kilómetros de Pasto.

Todas esas soluciones requirieron de gestiones interinstitucionales con entidades públicas y privadas, que finalmente permitieron llevar a feliz término cada una de las alternativas, gestiones que fueron agradecidas por la comunidad y reconocidas por la opinión pública y la prensa.

Los usuarios, en particular, comprendieron la complejidad de la prestación del servicio bajo condiciones de emergencia, pese a que afrontaron incomodidades y cambios en la recepción del servicio.

Finalmente, luego de varios meses de arduo trabajo en condiciones adversas y peligrosas, jornadas de esfuerzos humanos, logísticos y económicos, se logró el propósito: seguir surtiendo bienestar a todos los hogares y comercios del suroccidente colombiano, para que tuvieran acceso a un recurso de primera necesidad, el preciado GLP.

Primer bus intermunicipal a gas natural en la ruta Boyacá – Bogotá

Se trata de un proyecto integral en el que participan Ecopetrol, la Transportadora de Gas Internacional, Vanti, Scania como fabricante e Innova, la Fundación del grupo Coflonorte.

Los pasajeros que utilicen las rutas de bus intermunicipal entre Duitama y Sogamoso en Boyacá hacia Bogotá tendrán la oportunidad de hacerlo a través del primer bus que opera únicamente con gas natural, además que será conducido por una mujer que se ha venido preparando en Innova, la Fundación del Grupo Coflonorte.

El bus estará bajo el control y operación de Innova, cuyo objeto principal es la capacitación del talento humano en el sector transporte, con enfoques de seguridad vial, capacidades de liderazgo y competencias profesionales, que busca la profesionalización de los pequeños empresarios del transporte (afiliados propietarios de pequeñas flotas) y conductores, con una visión de inclusión y programas de trabajo para mujeres y madres cabeza de hogar, razón por la cual la primera conductora del bus será una mujer.

En la actualidad, a través de este tipo de alianzas e iniciativas para masificar el uso del gas natural en el transporte, Colombia cuenta con un parque de tractocamiones mayor a los 1.200 vehículos y una participación de transporte masivo en Bogotá de más de 2.140 buses.

Aparte del componente social, se resalta el ambiental, al ser el primer bus de bajas emisiones en el transporte intermunicipal de la región que cuenta con gas natural EURO 6 (que es la normativa más avanzada en Europa en materia ambiental relacionada con el transporte masivo) y se convierte en un piloto en operación comercial que servirá para migrar a tecnologías más amigables con el medio ambiente dentro de los marcos de transición energética y eficiencia del sector de transporte.

El bus es un Scania K320 IB 4×2 Euro 6, transmisión automática Opticruise, retardador de freno, ABS, motor dedicado a gas natural de 9.300 cc. 1.500 Nm y 320 HP, de ultra bajas emisiones de material particulado y NOX (óxidos de Nitrógeno), reducciones de hasta el 45% de CO2 (dióxido de Carbono) y menores costos de combustible frente a las tecnologías tradicionales.

En caso de Niño, las térmicas aportarían la mitad de la energía del país

Las agencias meteorológicas internacionales coinciden en que para finales de 2023 hay una alta probabilidad de que se presente un Fenómeno de El Niño, lo que pondrá a prueba el sistema energético colombiano.

A mediados de mayo, la demanda de energía en Colombia era de 220 gigavatios (GW) hora/día y, en caso de que se presente un Fenómeno de El Niño, el parque térmico está en capacidad de aportar la mitad de esa demanda: 110 GW hora/día en obligaciones de energía firme.

Así lo señaló Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), que agremia a la mayoría de generadoras térmicas del país.

El panorama para enfrentar El Niño es el siguiente: La capacidad instalada total del país es de 18.993 megavatios (MW), de los cuales 12.584 MW son hidroeléctricas, que han venido generando en los dos últimos años entre el 80 y el 85% de la energía que requiere el país.

Por su parte, el parque térmico cuenta con una capacidad instalada de 5.811 MW, de los cuales 2.700 MW son a carbón, 1.800 MW son las térmicas de la costa Caribe que están respaldadas con la planta de regasificación de Cartagena, y que eventualmente pueden operar con gas importado; los restantes 1.322 MW son las plantas del interior, que están respaldadas con contratos de gas nacional.

Castañeda asegura que todas las plantas térmicas están listas para operar, pues en estos años de alta pluviosidad, aprovecharon para hacer los mantenimientos, las ampliaciones y la modernización de equipos, y cuentan con los contratos de combustibles que las respaldan.

Si bien, en esta ocasión el país está mejor preparado que hace ocho años para enfrentar el Fenómeno de El Niño, cuando la planta de regasificación no estaba lista, un tribunal ordenó el cierre de El Quimbo y se presentaron fallas en otras hidroeléctricas; lo cierto es que ahora, en 2023, no se contará con la energía de las renovables, pues los proyectos tanto de generación como de transmisión están retrasados por temas de licenciamiento ambiental y conflicto con las comunidades. Solo por mencionar un caso, con el retraso de Colectora se dejan de conectar a la red 1.500 MW de energía eólica de La Guajira.

El mayor problema del sistema eléctrico

Justamente, para Castañeda, el mayor problema hoy del sistema eléctrico del país es el retraso de los proyectos por la conflictividad social, especialmente en la Guajira y el resto de la costa.

“Hacer un proyecto de transmisión o de generación en el país se volvió un problema”, dice y agrega: “Colectora, que es un activo de conexión, arrancó con consultas previas a 90 comunidades, hoy lleva ejecutadas 120 y le faltan unas 13 por realizar. La Guajira se volvió un territorio muy complejo de manejar, pues la expectativa de la gente es que las empresas le solucionen todos los problemas y las empresas no están para eso, para eso está el Estado. Hay una ausencia total del Estado en La Guajira, y cada vez es más complejo sacar los proyectos adelante, pero también hemos tenido problemas en el interior y en la región Caribe, Termocandelaria, por ejemplo, ha tenido problemas por bloqueos a la entrada de la planta en Mamonal.

“Pasamos de plazos de ejecución de 3, 4, 5 años a 10, 12 años. Entonces cuando los proyectos llegan cinco años después, el sistema ya está subdimensionado, se quedó corto frente a las necesidades de la demanda. Es un tema que le venimos tocando al Gobierno desde el comienzo, lamentablemente no hemos tenido la respuesta o la efectividad por parte de ellos para sacar adelante estos proyectos. Yo creo que el Gobierno se ha quedado corto en facilitar la entrada de los proyectos, y es lamentable, porque una oportunidad que tiene La Guajira de arrancar una transición y migrar a energías renovables, al final del día terminaremos haciendo muy poco de lo que se tenía planeado.”

Y las cifras así lo confirman: En 2021 entraron 81 MW de los 1.100 MW que se esperaban en renovables, y el año pasado se esperaban 1.200 MW y entraron 200 MW. “Yo creo que ahí el Gobierno se ha quedado corto en ese acompañamiento y seguimiento a los proyectos. Ellos escuchan, entienden la problemática, pero uno no ve acciones para destrabar esos proyectos o apoyar el tema con las comunidades”, señala Castañeda.

El dirigente gremial agrega que a esto se agrega la incertidumbre que pesa sobre el proyecto de Hidroituango, pues no se tiene certeza si las unidades 3 y 4 puedan entrar a operar este año, aunque el gerente de EPM anunció el pasado 18 de mayo que entrarían en noviembre próximo.

Problemas con el suministro de combustibles

Pero, si bien en la parte técnica las térmicas están listas para entrar en operación plena, a Castañeda le preocupa el suministro de combustibles por temas de orden público y cierre de minas.

A comienzos de mayo fueron quemados cinco camiones en Norte de Santander, a raíz de lo cual los transportadores se niegan a entrar a la región del Catatumbo para cargar carbón con destino a Termotasajero.

En el interior, en Boyacá, la Agencia Nacional de Minería ha cerrado algunas minas por diferentes temas. El llamado que hace ANDEG es que apenas cumplan con los requerimientos las minas puedan ser abiertas en el menor tiempo, con el fin de atender el suministro a las térmicas.

Otra preocupación de ANDEG es la eventual subida de los precios de la energía por mayores costos en la generación durante El Niño, aunque reconoce que el impacto dependerá de qué tan expuestos están los agentes a los precios de bolsa.

“Del lado de los industriales, la cobertura es del 90-92%, quiere decir que están bien cubiertos y cualquier variación de bolsa va a pesar únicamente al 10% frente a la generación total.

“Del lado de la demanda, hay siete empresas distribuidoras que tienen una exposición a bolsa entre el 40 y el 65%, de esas, cuatro son de la Nación (Huila, Nariño, Caquetá y Pacífico). El mensaje al Gobierno es: ojo con esas empresas porque los precios de la energía pueden subir demasiado en esas regiones”, dice Castañeda.

Cuánto cuesta remplazar las térmicas

El Gobierno, en su narrativa anti fósiles, ha expresado su deseo de remplazar las plantas térmicas. Un estudio de Fedesarrollo, liderado por Juan Benavides, muestra en primera instancia que este cambio no se puede hacer uno a uno, pues entra a jugar el factor de energía media, es decir, cuánto tiempo es capaz de entregar energía cada fuente.

Así, para remplazar los 5.800 MW térmicos, que es capaz de entregar energía el 90% del tiempo, se requeriría instalar cuatro veces esa capacidad en parques eólicos, pues esta tecnología solo puede aportar energía entre el 25 y el 30% del tiempo. En el caso de la solar, se requeriría entre 6 y 7 veces de mayor capacidad, pues el factor de entrega de esta tecnología es de solo el 15%.

Así, Fedesarrollo concluye que remplazar todo el parque térmico por renovables le costaría al país 168 billones de pesos. Por su parte, cálculos de ANDEG señalan que remplazar solo las térmicas a carbón costaría 40 billones de pesos, o sea dos reformas tributarias.

“Ahí se ve que no es todo o nada, uno necesita tener complementariedad en las fuentes, no es complementariedad de las hidroeléctricas con fuentes intermitentes como las renovables, porque el agua también es intermitente. Siempre se necesita en un sistema tener firmeza, que por ahora la dan los combustibles”, dice Castañeda.

Foro Energético

Justamente, para analizar el complejo sector energético colombiano y el entorno que lo rodea, ANDEG realizará el 10º Foro Energético el próximo 8 de junio en Bogotá.

El primero de los temas que tocará será una revisión al recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo, en un panel con economistas. El segundo será el tema obligado de la transición energética, donde se hará un examen de lo que el país puede hacer en esta materia y aprovechar la experiencia internacional, especialmente lo que pasó en Europa con la escasez de energía y el alza de tarifas, a raíz del cierre de sus plantas térmicas.

En la jornada de la tarde se tocarán los temas de sostenibilidad, para darle una mirada a lo que están haciendo las empresas del sector, especialmente en la hibidración de generación con fuentes renovables como la solar y en la captura y compensación de CO2. Finalmente, se dará un espacio a los desarrollos tecnológicos, tanto en generación como en captura de CO2.

Se acerca la hora cero para la regasificadora del Pacífico

El 8 de junio próximo es la fecha para la presentación de las propuestas por parte de los participantes en la convocatoria de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico colombiano.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

Los sucesos más recientes sobre la convocatoria del gasoducto y la regasificadora del Pacífico son: 

  1. Judicialmente, vía acciones populares, algunos litigantes han intentado infructuosamente frenar la convocatoria que adelanta la UPME. Estas no han prosperado, por lo que sigue adelante el cronograma de la selección del inversionista que construirá la primera infraestructura de importación de gas natural licuado abierta al mercado colombiano. Se debe precisar que la actual infraestructura, la de Cartgaena, tiene una vocación específica y no es abierta al consumo general.
  2. La CREG incluirá las ecuaciones para el pago por parte de los beneficiarios de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico.
  3. Se permitirá que en los contratos del mercado minorista de gas, con los que se atienden a usuarios no regulados, las empresas pueden trasladar los costos por el uso de la Infraestructura de Importación. Lo anterior puede incrementar el precio de la factura del gas que adquieren los industriales, las plantas térmicas, las empresas de transporte masivo y las estaciones de servicios de gas natural comprimido vehicular.
  4. En relación con los miembros de un consorcio, se debe considerar que el proponente deberá acreditar su experiencia sin importar el porcentaje de participación accionaria que dicho proponente haya tenido en el grupo económico o consorcio.
  5. En la convocatoria no está prevista una etapa de precalificación. La propuesta a presentarse por parte de los proponentes interesados debe estar conformada por el sobre técnico (Sobre No. 1) y el sobre económico (Sobre No. 2).
  6. Es responsabilidad del proponente interesado llevar a cabo los análisis y diseños de ingeniería (básica y detallada) que considere necesarios para estructurar su propuesta. La UPME ni el estado asumen responsabilidad al respecto.
  7. Se podrá acreditar la experiencia con la presentación de dos proyectos construidos por el proponente o cuya contratación haya sido realizada por el proponente.
  8. Los plazos definidos, además de que su cumplimiento será auditado, deberán garantizar el cumplimiento de la FPO adoptada por el Ministerio de Minas y Energía.
  9. La Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico favorece a las plantas térmicas existentes porque les permite tener ingresos del cargo por confiabilidad hasta por 10 años.

Una vez finalizada la convocatoria, vienen los pasos comerciales. El contrato de uso, almacenamiento y entrega, por ejemplo.

*Socio fundador de OGE Legal Services.

Ecopetrol recibe premio internacional por reuso de agua en el Meta

La empresa obtuvo el reconocimiento en los premios ‘Lighthouse Awards’, por su estrategia de uso sostenible del agua. Ecopetrol reúsa diariamente cerca de 65 mil barriles de agua de producción tratada, para el riego de cultivos agroforestales en la Ecoreserva ASA La Guarupaya.

Ecopetrol recibió un premio internacional por su estrategia de reúso de agua de producción de hidrocarburos, que luego de ser tratada se utiliza para el riego de cultivos agroforestales en la Ecoreserva ASA La Guarupaya, un área de conservación ambiental situada en los municipios de Acacías y Castilla La Nueva, en el departamento del Meta.

El reconocimiento fue entregado en Edimburgo (Escocia) en el marco de los ‘Lighthouse Awards’, en la categoría Water Stewardship, que destaca a organizaciones visionarias que implementan estrategias innovadoras para hacer uso responsable y sostenible del agua.

Estos premios han sido otorgados a empresas como Nike, Facebook, Apple, Heineken, Intel y Google, entre otras.

La estrategia de Ecopetrol que recibió la distinción es una iniciativa de economía circular que ofrece beneficios ambientales, pues le permite a la Empresa reusar diariamente cerca de 65 mil barriles de agua de producción tratada del campo Castilla, para el riego de cultivos agroforestales en la Ecoreserva ASA La Guarupaya, una zona de conservación de 286 hectáreas.

El punto de partida de la estrategia de reúso fue una investigación en espacios controlados, seguida de un piloto experimental que se realizó mediante un convenio con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), donde no se evidenciaron efectos negativos en los suelos y cultivos por la utilización del agua luego de ser tratada. Por el contrario, los cultivos han aumentado el índice de crecimiento de la biomasa en comparación con los datos de referencia.

Esta apuesta de reuso de agua de producción tratada en el departamento del Meta está en línea con la meta de Ecopetrol de ser Agua Neutral en 2045.

Hoja de Ruta: El gas natural será necesario hasta el 2050

TGI, el GEB y el CREE presentaron la ‘Hoja de Ruta para el Gas Natural en Colombia’, donde se destaca el papel que desempeñará en la transición energética de aquí hasta mediados del siglo, y señala una serie de recomendaciones al Gobierno.

Se avecina un fenómeno de El Niño, que pondrá a prueba el sistema energético del país, además la industria de hidrocarburos espera señales claras de parte del Gobierno, empezando porque se publiquen las reservas de petróleo y gas, y la tan mencionada transición energética justa, cuya hoja de ruta había anunciado el Ministerio de Minas y Energía para mayo, pero que ahora solo se conocerá hasta comienzos de 2024.

En ese entorno, el tema energético va estar en el centro del debate el próximo año, señala Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB). Por eso, agregó, “en el tema del gas natural, dependemos de una señal esencial: que el volumen y las reservas se conozcan y sean suficientes para atender las necesidades futuras.”

Y es que el estudio realizado por la Transportadora de Gas Internacional (TGI), en conjunto con el GEB y el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), concluyó que el gas natural no solo es el combustible de la transición energética, sino que será protagonista de la matriz energética por lo menos hasta mediados del siglo.

Los resultados del trabajo conjunto se presentaron en la ‘Hoja de Ruta del Gas Natural en Colombia’, que confirma la importancia de este combustible en la transición energética y su rol durante los próximos 30 años.

La Hoja de Ruta plantea retos y recomendaciones para que el país pueda cumplir la ambiciosa meta de cero emisiones para el 2050, aportando elementos para la toma de decisiones con base en escenarios realistas de cara a costos, disponibilidad y tiempos de entrada de las renovables y nuevas tecnologías.

“Con la Hoja de Ruta para el gas natural que entregamos al país, aportamos a la construcción de políticas públicas que garanticen el desarrollo de una transición energética justa, sostenible, ordenada y competitiva, en la que todos los colombianos nos involucremos y entendamos la importancia de cambiar nuestros hábitos de consumo y producción, para descarbonizar la economía”, asegura Mónica Contreras Esper, presidente de TGI.

En la hoja de ruta se concluye que el gas natural es el energético que habilitará la transición, al ser un combustible de bajas emisiones y que ayuda a mejorar la calidad del aire al emitir menos cantidad de material particulado que el carbón y el diésel.

Asimismo, es asequible, está disponible y ayuda a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) entre un 35% y 50%. Por eso, las tres entidades coincidieron en que, sabiendo que el país tiene yacimientos suficientes, se deben habilitar nuevos contratos de exploración, para que no se dependa de las importaciones, con lo que eso implica tanto en mayores costos para los usuarios como en la pérdida de la seguridad energética.

El estudio evidencia que el gas natural cuenta con la infraestructura y la capacidad instalada para garantizar la oferta y atender la constante demanda que aún no alcanzan a cubrir energías renovables como la solar y la eólica; y que en sectores como el transporte de carga y la industria es la única opción disponible para iniciar la descarbonización sin afectar su operatividad.

“Apostar por el gas natural es aportarle a la transición energética. Uno de los pasos más importantes es tener certeza sobre la disponibilidad del recurso, por lo que hay que mantener los criterios de seguridad y confiabilidad en la oferta y demanda del gas natural. Si logramos diversificar las fuentes, tener certeza sobre las reservas probadas y desarrollar infraestructura de importación, podremos tener un mercado dinámico y competitivo”, agrega Contreras.

Recomendaciones

La Hoja de Ruta del Gas Natural propone 22 acciones a corto, mediano y largo plazo que se deben realizar en un trabajo coordinado entre empresas del sector, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Unidad de Planeación Minero Energética, la Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios, la ANLA, los gremios y los Centros Investigación de universidades.

Entre las principales recomendaciones están la flexibilización de marcos regulatorios para dinamizar el mercado, fomentar la competencia y permitir la conexión de nuevos usuarios para cerrar brechas sociales.

Actualmente el gas natural llega a más de 10 millones de hogares en Colombia; sin embargo, aún hay un fuerte trabajo para sacar de la pobreza energética a 1.6 millones de hogares que cocinan con leña. El sector hoy está en la capacidad de impulsar programas de regasificación rural y llegar a los más de 300 municipios que hoy no tienen acceso al gas natural.

Respecto a los escenarios que estima la Hoja de Ruta para el gas natural, se concluye que este energético tiene un rol predominante hasta en la situación de mayor restricción. Se evidencia la necesidad de duplicar el consumo en los próximos 20 años, por eso lo urgencia de incrementar las reservas probadas y diversificar fuentes, tener un sistema confiable y adaptado, avanzar en la sustitución de consumos industriales, e impulsar el ascenso tecnológico en el transporte de carga hacia vehículos dedicados a gas.

“Hay que planificar las inversiones y acompañar a la demanda en su proceso de sustitución de energéticos, el cual tarda cerca de 30 años. Nuestra propuesta puede complementar los esfuerzos actuales del Gobierno en la creación de su Hoja de Ruta para la transición energética. Somos conscientes de que es un trabajo en el que debemos participar diversos sectores y en el que garanticemos abastecimiento. La energía más costosa es la que no se tiene, por lo que mientras se avanza en el desarrollo de nuevas fuentes renovables, debemos generar incentivos y programas de apoyo técnico para las sustituciones de consumos industriales y lograr su descarbonización”, concluye la presidente de TGI.

Por su parte, y pese a aque el Gobierno se ha enfocado en la descarbonización del sector energético, el presidente del GEB indicó que la matriz energétcia del país es limpia en más del 80%, y reiteró que los sectores que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero son la deforestación, el cambio en el uso del suelo y el transporte. Ahí es donde se debrían enfocar las prinicpales acciones si se quiere cumplir las metas de reducción de emisiones a 2030.

Agregó Ortega que, por cuenta del transporte, Bogotá es la ciudad de América Latina con la peor calidad del aire, con lo que eso implica para la salud pública.

Campetrol llama al Congreso a proteger el empleo

Como resultado del aumento de los costos salariales, se recortarían alrededor de 450 mil empleos formales entre tres y cuatro años, en un escenario de medio impacto.

Frente a la radicación de la Reforma Laboral en el Congreso, la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), que representa a 162 empresas de la industria, invitó al Congreso de La República a proteger el empleo, la formalización laboral y la creación de nuevas oportunidades de trabajo en las diferentes regiones del país.

“Como gremio, vemos con preocupación los datos técnicos emitidos por el Grupo de Análisis del Mercado Laboral (GAMLA) del Banco de la República, en su estudio titulado “Estabilidad en el mercado laboral y análisis cuantitativo de algunos impactos del proyecto de ley de reforma laboral – Reporte de Mercado Laboral”, el cual señala que: El incremento en el costo laboral promedio oscilaría entre 3,2% en un escenario de bajo impacto y 10,7% en uno de alto, disminuyendo en este sentido el interés de las empresas en generar oportunidades de empleo formal, por ende, mayor informalidad”, señala el gremio en un comunicado.

Como resultado del aumento de los costos salariales, se recortarían alrededor de 450 mil empleos formales entre tres y cuatro años, en un escenario de medio impacto. En ese sentido, se estima que se generaría una reducción de 2,1% de la tasa de formalidad, como respuesta estimada ante los altos costos de vinculación.

“Desde la Cámara, confiamos en las decisiones del legislativo que conlleven a una reforma equilibrada, que promueva la formalidad y la creación de nuevos empleos, al tiempo que promueva una mayor competitividad del país. Es importante recordar que actualmente, según el DANE, con corte a marzo de 2023, la cifra de desempleo es del 10% a nivel nacional y la informalidad alcanzó el 58,2%”, agrega Campetrol.

Y concluye que “los más de 100 mil colaboradores directos y 550 mil indirectos de la industria confiamos en que el Legislativo tomará las mejores decisiones en el curso de esta reforma para que se garantice el empleo digno y las oportunidades de crecimiento para todos los colombianos.”

Geólogos llaman al Gobierno para hacer seguimiento a los embalses

El Fenómeno de El Niño podría afectar hasta el 50% del país. Entre las zonas con mayor riesgo están la Región Caribe y la Región Andina. La gran mayoría de hidroeléctricas de Colombia están ubicadas en zonas vulnerables.

Ante el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) sobre la ocurrencia de El Fenómeno del Niño, por el avanzado desarrollo de ciclo ENOS, Colombia tiene una probabilidad de enfrentarlo en un 62%, y posiblemente inicie en el segundo semestre de 2023.

Por eso, la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP) le hacen un llamado a las autoridades nacionales y departamentales para que realicen un monitoreo continuo y así poder implementar alternativas de generación.

El director Ejecutivo de la ACGGP, Flóver Rodríguez, explicó que hay zonas en el país con mayor afectación durante este fenómeno, esto se debe a la ubicación geográfica de las regiones y a la baja intensidad con la que fluyen los vientos alisios (vientos que soplan de manera regular de este a oeste), los cuales se encargan de llevar humedad a la región.

“El Niño afectaría el 50% del país. Entre las zonas más propensas a sufrir los efectos están las Regiones Caribe (7 departamentos) y Andina (10 departamentos). En el caso de la Región Pacífica (4 departamentos), se reduciría el impacto a la mitad, sin embargo, es una zona significativa”, aseguró Rodríguez.

Alto riesgo para las hidroeléctricas

La generación de energía eléctrica en Colombia se basa principalmente en el funcionamiento de más de 140 hidroeléctricas, representando más del 70% de la capacidad de generación total del país, la gran mayoría de plantas están ubicadas en la Región Andina.

Un ejemplo claro son las afectaciones en el río Sinú (fuente hídrica que abastece la Represa Urrá I, en Córdoba) que para el 2019 registró los niveles hídricos

más bajos en los últimos 20 años, a causa de la disminución de las lluvias en el departamento. Urrá cuenta con una capacidad de 340 MW.

Además, Rodríguez explicó que se le debe prestar atención a los embalses de Antioquia, ya que para 2020 Peñol-Guatapé, que se surte del río Nare, tuvo caudales hasta de un 35 % por debajo del promedio, según cifras del IDEAM. Cabe señalar que el río Nare tuvo serias implicaciones en El Niño del 2015 y esta fuente hídrica abastece las centrales hidroeléctricas Playas y Juaguas.

“Históricamente hemos tenido lecciones con las sequías que ha enfrentado nuestro país, en el 2015 cerca de 130 municipios de Colombia tuvieron que racionalizar agua,” agregó Rodrígez.

El precio de la energía aumentaría

En 2015, a pesar de que las centrales termoeléctricas estaban pensadas para suplir los excesos de demanda y apoyar la producción durante largas e intensas sequías, Colombia vivió meses de incertidumbre en torno a la producción energética y tuvo incrementos tarifarios de entre $400 y $4.000.

El año pasado, en varias ciudades se registraron incrementos en las tarifas de energía en diciembre, el promedio del kilovatio vendido en el país fue de $779. Con el posible déficit de las hidroeléctricas habrá un aumento en las facturas de energía.

Recomendaciones

La ACGGP hace un llamado al Gobierno Nacional, autoridades gubernamentales y entidades de atención del riesgo para que desde ya realicen un monitoreo periódico a las principales cuencas hidrográficas del país: el río Cauca y el río Magdalena.

Así como identificar a tiempo la disminución de caudales que pueda impactar de manera negativa los embalses de las hidroeléctricas.

El gremio recomienda garantizar la disponibilidad de combustibles para las termoeléctricas, carbón y gas, que son el respaldo del sistema eléctrico nacional.

Hidrógeno verde: más de mil proyectos con una inversión de USD320.000 millones

Aproximadamente la mitad de los proyectos se centran en aplicaciones industriales a gran escala.

Por: SANDRA ACOSTA*

Según un análisis de más de 1.000 proyectos publicado por el Consejo del Hidrógeno, la economía mundial de esta fuente de energía sigue siendo sólida y creciendo desde la fase de proyecto hasta la de despliegue.

Hydrogen Insights 2023, la última actualización sobre la economía mundial del hidrógeno del Consejo del Hidrógeno y McKinsey & Company, destaca el fuerte crecimiento en todo el embudo de proyectos, con un aumento total de las inversiones del 35% entre mayo de 2022 y enero de 2023. El 9% de las inversiones totales han alcanzado la decisión final de inversión (FID), un 30% más desde mayo de 2022.

El informe realiza un seguimiento de 1.040 proyectos en todo el mundo que representan 320.000 millones de dólares en inversión directa de aquí a 2030, frente a los 240.000 millones de dólares actuales.

Aproximadamente la mitad de los proyectos se centran en aplicaciones industriales a gran escala, con el siguiente segmento más grande (20%) relacionado con la movilidad. En el ámbito de la movilidad, ya funcionan más de 1.000 estaciones de servicio en todo el mundo. Así, la capacidad total anunciada de electrolizadores asciende a 230 GW para 2030.

Impulso

El impulso está repartido por todo el mundo, con Europa a la cabeza en anuncios, mientras que Norteamérica lidera con inversiones comprometidas (10.000 millones de dólares). Le siguen Europa (7.000 millones) y China (5.000 millones), con un crecimiento en China superior al 200%.

Las propuestas de proyectos a gran escala (más de 1 GW de electrólisis para el suministro de hidrógeno renovable o más de 200.000 kt anuales de hidrógeno bajo en carbono) representan 112 proyectos(que requieren una inversión de alrededor de 150.000 millones de dólares hasta 2030), casi el doble de las 61 de hace ocho meses. De estas 112 propuestas, 91 son renovables y 21 son hidrógeno bajo en carbono.

Se necesitan más inversiones a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno para cerrar una brecha de inversión de 380.000 millones para 2030. El crecimiento de las inversiones totales anunciadas (de 240.000 millones de USD a 320.000 millones de USD) y los proyectos que superan la FID (de 22.000 millones de USD a 29.000 millones de USD) es positivo.

Ayudas

Aun así, se necesita más con respecto a las propuestas de nuevos proyectos y para garantizar que las propuestas existentes maduren hacia la FID. La brecha de inversión total es de 380.000 millones hasta 2030 para estar en una trayectoria neta cero para entonces, suponiendo que todas las propuestas de proyectos anunciadas de 320.000 millones se implementen hasta entonces.

La parte más grande se encuentra dentro de la infraestructura y el uso final del hidrógeno, con alrededor de 135.000 millones cada uno, aproximadamente dos tercios de las inversiones necesarias, seguido por el suministro (110.000 millones).

Pero no todos los proyectos, incluso en etapas avanzadas de planificación, llegarán a FID y se construirán, por lo que la industria necesita desarrollar significativamente más propuestas de proyectos para permitir el despliegue necesario.

Electrolizadores

La electrólisis de 170 MW se implementó en 2022, lo que eleva el total a 700 MW, con la mayor parte de la capacidad agregada en China. Hoy, la mayor capacidad desplegada se encuentra en China (alrededor de 300 MW), seguida de Europa (alrededor de 180 MW).

El despliegue de la capacidad de electrólisis creció un 30 % a finales de 2022 frente a 2021, alcanzando los 700 MW (frente a 530 MW). La capacidad instalada equivale a alrededor de 90 kt pa de suministro de hidrógeno renovable o alrededor del 10 % de la capacidad instalada de producción de hidrógeno limpio a nivel mundial.

Sin embargo, la implementación se está retrasando: se necesitan más de 200 GW de capacidad de electrólisis para 2030 para tratar de alcanzar el cero neto en 2050, más de 200 veces la capacidad instalada hoy.

La participación de las tecnologías alcalinas, PEM y de otros electrolizadores se ha mantenido relativamente estable en los últimos dos años, con la tecnología de electrólisis alcalina representando alrededor del 60 %, seguida de PEM (alrededor del 30 %).

Dentro de China, el mercado más grande, la mayor parte de la capacidad de electrólisis desplegada es tecnología alcalina, mientras que la participación de la tecnología PEM es mayor en Europa y América del Norte.

*Tomado de: elperiodicodelaenergia.com

Federalismo, una cita con el futuro

Ha resurgido con fuerza una corriente ideológica y política, así como en la órbita académica que propende por el federalismo en Colombia.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La conmemoración de los 160 años de la Constitución de 1863, más conocida como la Constitución de Rionegro, de corte federalista y que perduró hasta 1886, cuando Rafael Núñez, al alimón con Miguel Antonio Caro, la derogaron y prohijaron otra eminentemente centralista, es la ocasión propicia para repensar la arquitectura institucional actual de Colombia, cuya armazón corresponde a lo establecido en la Constitución Política de 1991, que le puso término a la centenaria Constitución de 1886.

En este contexto ha resurgido con fuerza y vigor una corriente ideológica y política, así como en la órbita académica que propende por el federalismo en Colombia. Esta es una cita que tenemos con el futuro para la cual las regiones deben darse una hoja de ruta.

Desde luego que las circunstancias de hoy no son las mismas de la era decimonónica, pero son muchas las lecciones que nos dejó la vigencia del federalismo, que se prolongó desde 1853 hasta 1886, durante 33 años. La primera de ellas es que, contrariamente a la narrativa que ha propalado la especie de que el federalismo fue una etapa caótica de nuestra historia, marcada por el desorden, el relajo y la falta de sindéresis, autores muy serios como el ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el profesor Salomón Kalmanowitz coinciden en que en la misma primó la responsabilidad fiscal y la dinámica de la incipiente economía post colonial.

La fórmula dicotómica de la centralización política y la descentralización administrativa, paradigma de la Constitución de 1886, fue reemplazada en la Constitución de 1991 por la declaratoria de Colombia como República unitaria, en lo cual coincide con la de 1886, pero, además de descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, las que ahora, además de los departamentos, municipios y distritos, las regiones como tales también se pueden constituir como entidades territoriales, lo que era impensable antes.

No es dable pensar con el deseo que Colombia está preparada para dar el salto hacia el federalismo, este es un punto de llegada a la tierra prometida y no un punto de partida, se deberá dar un proceso que nos conduzca hasta llegar a dicha meta.

Hay que empezar por demandar el cumplimiento del mandato de la Constitución de 1991, que avanzó al trascender el concepto de descentralización, limitado, como afirmó el ex presidente del Consejo de Estado Javier Henao Hidrón, a la “capacidad de gestión administrativa” por parte de las entidades territoriales, al de la autonomía, entendida como la “capacidad de decisión política”.

Desafortunadamente, durante los 32 años de vigencia no solo no se ha reivindicado la autonomía territorial sino que se ha dado una recentralización que la ha tornado nugatoria.

Cito dos ejemplos patéticos de la recentralización: a contrapelo de la descentralización y de la autonomía, al tiempo que se le han venido trasladando funciones y competencias por parte de la Nación a las entidades territoriales, pero sin recursos, violando el artículo 356 de la Constitución que advierte que ello no debe darse sin asegurarles los recursos necesarios y suficientes para asumirlos, los recursos se han venido concentrando, cada vez más, en manos de la Nación.

Es el caso del recorte de los recursos de la Bolsa del Sistema General de Participaciones (SGP) mediante los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. De otra parte, entre los años 2000 – 2022 se han aprobado 14 reformas tributarias, todas ellas para arbitrarle recursos a la Nación, ninguna para el fortalecimiento de las finanzas territoriales.

De modo que para enrutarnos por la vía del federalismo tenemos que empezar por que la Misión de Descentralización creada por el Gobierno anterior revise la fórmula del SGP, consultando y volviendo sobre la fórmula primigenia aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Solo de esta manera se puede reparar y resarcir el zarpazo dado por el centralismo a la capacidad de gestión de los departamentos, municipios y distritos.

Adicionalmente, debe tramitarse por parte del Congreso de la República la largamente aplazada reforma tributaria territorial, para lo cual ya se cuenta con la base de las recomendaciones contenidas y compendiadas en el informe final entregado en julio de 2020 por parte de la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial y engavetado por el gobierno. 

Y un aspecto clave, sin el cual no se podrá avanzar hacia un esquema de estados regionales, sin pretender calcar el de la Constitución de 1863, es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), llamada por el reputado ex constituyente Orlando Fals Borda la Ley madre, que tiene que ver con el reparto de los recursos y competencias entre los varios niveles de la Administración, que sigue siendo una asignatura pendiente, porque la Ley 1454 de 2011 no pasa de ser un remedo de la LOOT.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

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