Puerto Bahía será el primer puerto de GLP refrigerado en Colombia

Puerto Bahía será el primer puerto de GLP refrigerado en Colombia

La alianza entre Gasco y Puerto Bahía avanza para construir una nueva terminal de importación de gas licuado de petróleo (GLP) en Cartagena. Este sería el tercer puerto de importación del combustible en el país.

A diferencia de los otros dos puertos que ya existen también en Cartagena (Okianus y Plexaport), el de Puerto Bahía tiene dos características diferentes: una es la escala del proyecto, que puede llegar a una capacidad de almacenamiento de 30.000 toneladas de GLP, cerca de la mitad del consumo mensual del país, y dos, que el producto llega y se almacena de forma refrigerada.

De acuerdo con Pedro Rosales, director Ejecutivo de la Asociación Puerto Bahía – Gasco, al ser un proyecto de gran envergadura, permite optimizar el costo para los usuarios, con costos menores de flete y también garantizar la confiabilidad del suministro.

Durante la presentación del proyecto en el Quinto Summit Internacional de GLP, que realizó en Cali la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas (AGREMGAS),Rosales dijo que en junio de 2026 asignarían el contrato para la construcción del tanque de almacenamiento, inicialmente estimado en 20.400 toneladas, pero que podría llegar hasta 30.000 toneladas de capacidad.

Al ser refrigerado el producto, permite que sea más eficiente el manejo logístico. El buque viene refrigerado y se almacena refrigerado en un tanque que trabaja a temperatura de menos 43 grados centígrados. Posteriormente, para entregar al cliente, se pasa por un sistema que calienta el propano, lo mete a unas balas y de ahí a los carrotanques. Este sería el único proyecto criogénico de GLP en Colombia.

Pero también la escala es importante. Hasta el momento, en los puertos actuales se descargan buques entre 3.000 y 5.000 toneladas de GLP en condición presurizada, mientras en Puerto Bahía podría llegar un buque de hasta 30.000 toneladas.

Según Rosales, el puerto podría llegar a importar 720.000 toneladas al año, que es el consumo actual de Colombia. Recordemos que actualmente el país importa el 50% del GLP.

En ese sentido, señaló que el proyecto no está pensado para uso exclusivo de Gasco, sino que prestará servicio a empresas de cualquier tamaño, donde todos se benefician de un menor costo de producto y de flete, al traer una carga consolidada.

“Aquí hay tres temas importantes: Lo primero es que se da acceso abierto a todo el mercado. El que quiera traer su producto tiene la facilidad. La segunda es la economía de escala. El hecho de traer parcelas más grandes y tener esta tecnología hace que el costo unitario logístico sea mucho más bajo, que lo hace muy competitivo. Y el último, es la gran ventaja para el mercado nacional de la agregación de demanda. El interés nuestro es que se suba todo el mercado nacional, de tal manera que para todos haya una mejor condición en costos”, dice Rosales.

Importación con barcazas, solución temporal

El proyecto de GLP refrigerado comenzará a operar a comienzos de 2028, pero en el entretanto, Puerto Bahía ya importa GLP con dos barcazas que tiene fondeadas en el puerto.

“Por ahora, efectivamente estamos trayendo GLP de la forma que tradicionalmente se ha traído a Colombia. El que hoy llega se recibe presurizado y se entrega presurizado. Lo almacenamos en unas barcazas de 2.000 toneladas y lo entregamos por carrotanques”, dice.

Es una operación temprana que comenzó en marzo de 2026 para ofrecer una alternativa a los clientes.

“Pero la idea con el proyecto grande es que esté disponible para todo el mercado y que no represente ninguna ventaja para ninguno, sea socio o no, ofrecinedo condiciones iguales para todos”, concluye Rosales.

AIGLP: Inversiones en GLP requieren seguridad jurídica y regulatoria

En el marco del Quinto Summit Internacional de GLP, que realizó la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas (AGREMGAS), la GUÍA DEL GAS habló con Fabricio Duarte, presidente Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP), sobre la actualidad del sector en la región.

Inicialmente, señor Duarte, nos gustaría saber cómo el nuevo entorno geopolítico mundial ha afectado el mercado del GLP en Latinoamérica.

Con la guerra entre Irán y Estados Unidos ha cambiado todo. Cerca de 20% de todo que el GLP que consume el mundo proviene de Oriente Próximo, todo un lío para el suministro mundial.

El problema es que supuestamente las moléculas de GLP que existen en Estados Unidos y que tienen para exportar, no tienen infraestructura para asumir un 20% mayor de demanda. Se requieren terminales, buques para cubrir esa oferta que salió con la guerra en Irán. Por eso, los fletes y los seguros están más caros, los buques no existen y, por lo tanto, no hay espacio para hacer las traslaciones, para vender el volumen necesario para el mundo.

O sea, hubo una disrupción total del flujo de GLP en el mundo y eso nos ha afectado como continente. Los países que tenían contratos a largo plazo no han tenido muchos problemas, pero las compras spot subieron muchísimo. Como le está pasando a Colombia, específicamente, que está comprando en spot. Entonces, los costos de GLP han subido muchísimo y a nosotros en Latinoamérica nos afecta, porque dependemos en 53% de las importaciones.

¿Qué pasa con América Latina, hay países como Argentina o Brasil que tienen una autosuficiencia o están aumentando su producción, pero el resto de países dependen mucho de las importaciones y todavía no tienen una autonomía energética?

Hablando de GLP, de autonomía energética de GLP en la región, lo que pasa es que algunas decisiones de gobierno, por ejemplo, la decisión del gobierno de Colombia, que desde 2017 no hace ninguna inversión en campos de gas natural, pues se ha bajado muchísimo la producción de gas natural y GLP. Esta fue una decisión que ahora se está pagando. Le falta GLP y entonces tiene que importar.

En Argentina, al contrario, cada vez sube más la producción. Y ya tiene más de lo que necesita para su consumo interno y está exportando con frecuencia.

La producción de Brasil sigue más o menos igual. El país importa entre 25 a 30% del GLP que consume.

Pero el problema que tenemos en toda Latinoamérica es la falta de infraestructura. No tenemos terminales suficientes ni almacenamiento suficiente.

Y este tipo de inversión es necesaria para mejorar la seguridad energética de todos los países. Porque si estamos buscando seguridad energética, no se puede sin infraestructura. Y no se habla de infraestructura sin inversiones.

Y las inversiones solo se hacen si tenemos seguridad jurídica y seguridad regulatoria. Certeza jurídica y certeza regulatoria, como las llamamos. Y eso es fundamental para que los gobiernos entiendan que sin eso no se tiene seguridad energética.

Entonces buscamos promover ese tipo de debates con los gobiernos para mejorar un poco los problemas en Latinoamérica. Los países cambian de gobierno, los gobiernos toman decisiones soberanas, pero algunas van en desacuerdo con la seguridad energética. Entonces es complicado.

Tenemos que mejorar estos temas de certeza jurídica, regulatoria y estabilidad, para que se pueda hacer inversiones. Las inversiones generan infraestructura que genera seguridad energética.

Además, en un continente donde todavía se cocina mucho con leña, ¿cuánta gente todavía se estima que cocina con leña en Latinoamérica?

Este número no ha cambiado. Es complejo saber exactamente por países y tener los números correctos. Pero, dependiendo de la fuente, el número varía entre 77 millones y 90 millones de personas que todavía cocinan con leña.

No importa si son 77 o 90, de todas maneras, son muchísimas personas. Entonces todavía tenemos mucho que mejorar en términos de seguridad energética para esta población más vulnerable que sigue consumiendo leña y otros materiales combustibles contaminante, pues no es solamente leña. Y esto es muy malo, muy malo para la salud.

Usted lleva mucho tiempo en el sector, el diagnóstico ya está hecho, ¿cuáles serían las recomendaciones a ejecutar por los gobiernos?

Voy a repetir lo mismo que comenté antes. Los gobiernos necesitan dar estabilidad al sector, porque las inversiones son costosas en todos los sectores de infraestructuras de escala muy alta como es el GLP.

Entonces para hacer las inversiones necesitamos como sector un ambiente estable, con certezas jurídicas y regulatorias, saber que no van a cambiar, para que se puedan hacer inversiones privadas de largo plazo.

Por ejemplo, una terminal, que puede tener un valor de 200 millones de dólares, que se va a pagar en 20 años, 30 años. Si no hay una certeza de que se puede hacer esa inversión y que el privado va a tener su retorno a lo largo plazo, no se hace. Y si no se hacen inversiones no se tiene infraestructura, y si no se tiene infraestructura no hay seguridad energética.

Finalmente, ¿qué evaluación hace sobre cuál modelo es mejor, el de control de tarifas o el de libertad comercial?

Nosotros desde el GLP tenemos algunos pilares y la libertad comercial es uno de esos grandes pilares. Si se quiere otorgar subsidios que sean focalizados para la población más vulnerables, ahí está bien, pero son decisiones.

Pero creemos que la libertad comercial, la libertad de precios es fundamental para justamente que el privado pueda hacer inversiones, para entender que con las inversiones vamos a mejorar el sistema.

Porque nadie hace inversiones si no tiene libertad de precios, si no puede recibir de vuelta el trabajo y el capital que está poniendo. Porque esta es una industria de escala, donde hay inversiones grandes, hay que comprar cilindros, camiones, plantas de llenado, etcétera.

Necesitamos que los gobiernos den estabilidad a la industria, pues sin esa estabilidad la industria no puede avanzar.

Claudia Bejarano deja la presidencia de Cerrejón

Cerrejón anunció que Claudia Bejarano decidió concluir su gestión como presidente de la empresa a partir del próximo 30 de junio de 2026, luego de 42 años de trabajo en la compañía.

Claudia Bejarano ingresó a Cerrejón en 1984 como practicante en el equipo de Gerencia de Proyecto, encargado de culminar la infraestructura de la compañía. A partir de allí construyó una destacada carrera en diferentes cargos financieros y administrativos, hasta llegar a la Presidencia, posición que asumió a finales de 2019.

Durante su gestión lideró a Cerrejón en períodos desafiantes, incluyendo la pandemia de la COVID-19, una huelga laboral y ataques a la infraestructura de la empresa. No obstante, en medio de un complejo ciclo de precios, cambios en el mercado del carbón e incertidumbre jurídica, logró mejorar el desempeño operativo y la productividad, además de implementar medidas de reducción de costos para preservar la sostenibilidad del negocio. La empresa reconoció que bajo su liderazgo, Cerrejón fortaleció su desempeño operativo, social y ambiental.

Bejarano impulsó un enfoque basado en el diálogo social y la implementación de proyectos construidos junto con las comunidades vecinas, en los que estas tuvieron un papel protagónico en la definición y ejecución de sus propias iniciativas.

Entre sus legados se encuentra el programa de voluntariado “Juntos cambiamos vidas”, que articuló a 59 empresas contratistas para apoyar proyectos educativos en La Guajira. En materia ambiental, durante su presidencia la compañía avanzó en la rehabilitación de tierras, superando las 5.300 hectáreas restauradas y la siembra de más de 4 millones de árboles, además de consolidar el corredor de biodiversidad Wüin Manna, que conecta la Sierra Nevada de Santa Marta con la Serranía del Perijá.

Su historia es un referente de liderazgo femenino, crecimiento profesional y transformación dentro de una industria históricamente masculina, inspirando a generaciones de trabajadores y, especialmente, a las mujeres que hoy hacen parte del sector minero-energético colombiano.

Cerrejón anunció que Edgar Alfonso, actual vicepresidente de Finanzas de la compañía, asumirá la Presidencia a partir del 1 de julio. Alfonso es contador público de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con una maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes y un MBA de Northwestern University – Kellogg School of Management.

Tiene más de 20 años de experiencia en el sector minero-energético, en productos como carbón, cobre, níquel, mineral de hierro y petróleo. Ha ocupado cargos de liderazgo como Head of Finance Pampa Norte en Chile y para Joint Operations en Brasil en BHP, así como vicepresidente de Cerro Matoso en South32, entre otras posiciones ejecutivas.

La transición se llevará durante las próximas semanas, garantizando la continuidad operacional y el cumplimiento de los compromisos vigentes. Cerrejón reitera su compromiso con una minería responsable, la generación de empleo y el desarrollo regional.

“Cerrejón reconoce y agradece a Claudia Bejarano por su invaluable legado: una minera orgullosa que, durante 42 años, hizo parte del esfuerzo de miles de trabajadores que han hecho posible la minería responsable en Colombia y que hoy representan el orgullo de toda una nación. Historias como la de Claudia no solo acompañan el crecimiento de una empresa, sino que también contribuyen a construir su futuro”, señaló la empresa.

Agremgas: El GLP está listo para responder al sector energético

El GLP dice presente en momentos en que el país enfrenta una situación crítica de oferta de energía.

El gas licuado del petróleo (GLP) es un sector resiliente, en pleno crecimiento y, en la actual coyuntura de déficit energético, se plantea como un reto para el país.

Así lo señaló Sara Vélez, directora Ejecutiva de Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas (AGREMGAS), en la apertura del quinto Summit Internacional de GLP que se realiza en Cali.

La dirigente gremial agregó que el sector del GLP ha crecido un 26 % desde 2023 hasta medidos de 2026. “El GLP está listo para responder al sector energético y lo hemos demostrado”, dijo Vélez y anotó tres puntos que el sector debe resolver:

El primero es que el GLP debe estar en la discusión de la Transición Energética. “Debemos lograr que cuando hablemos de Transición Energética, de matriz energética, el GLP deje de tener un rol secundario y pase a ser protagonista de la conversación, porque es el único energético que ha garantizado el abastecimiento en los últimos años”.

El segundo es que, a pesar de ser un sector resiliente, se necesita el apoyo de las instituciones y las autoridades. “El incentivo a la producción nacional de GLP, no solamente de Ecopetrol sino de otras empresas de hidrocarburos para que puedan producir más GLP y tener así más competitividad en el precio”, dijo Vélez.

Y tercero, reclamó que la regulación debe estar acorde con las nuevas estructuras del mercado del GLP. “No podemos continuar con una regulación de 2008, cuando las estructuras del mercado eran diferentes. Es momento de que tengamos una regulación que responda a las necesidades del mercado, solo así ese 26% de crecimiento puede ser más alto dentro de tres años”, concluyó la dirigente gremial.

Millonarias pérdidas por bloqueos en Puerto Gaitán

Las restricciones han obligado a suspender parte de la producción de petróleo, generando pérdidas superiores a $500 millones diarios en regalías para la región y el país.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) expresó su preocupación por los bloqueos que desde el 11 de mayo se presentan en el peaje El Yucao, sobre la vía nacional que comunica a Puerto Gaitán con Puerto López, corredor estratégico entre Meta y Vichada.

Las vías de hecho, lideradas por un grupo de transportadores de material pétreo que solicita ajustes en las tarifas de transporte, vienen afectando la circulación de personas, bienes y servicios, así como el desarrollo de actividades productivas fundamentales para la economía regional.

La situación también ha impactado a trabajadores, comerciantes, comunidades y empresas que dependen de este corredor para su actividad diaria.

Frente a esta situación, es importante precisar que las empresas operadoras de petróleo no están facultadas para definir, coordinar o acordar tarifas de mercado, dado que ello constituiría una práctica restrictiva de la libre competencia sancionada por la legislación colombiana.

Asimismo, las compañías operadoras no mantienen una relación comercial directa con los transportadores que prestan este servicio.

Aunque se trata de una controversia económica específica, sus efectos trascienden a los actores directamente involucrados. Las restricciones están afectando la actividad económica de la región, el acceso al trabajo y la continuidad de operaciones que generan empleo, inversión y recursos para el desarrollo territorial.

Como consecuencia de las restricciones para el transporte de insumos y el normal desarrollo de las operaciones, entre el 24 y el 27 de mayo se registró una producción diferida cercana a los 8.000 barriles de petróleo por día. Esto representa una reducción superior a $500 millones diarios en regalías para el municipio, el departamento y la Nación, recursos que contribuyen a financiar proyectos de infraestructura, educación, salud y desarrollo regional.

Desde el inicio de la situación, las empresas del sector han participado en diferentes espacios de diálogo con los transportadores, la administración municipal y las empresas contratistas, buscando alternativas que permitan avanzar hacia soluciones dentro del marco institucional y legal. Entre el 12 y el 25 de mayo se realizaron varias reuniones de concertación; sin embargo, las restricciones a la movilidad continúan.

La ACP reitera que el diálogo es el camino para construir soluciones sostenibles que beneficien a las comunidades y fortalezcan el desarrollo de la región.

En ese sentido, hizo un llamado a todos los actores involucrados y a las autoridades competentes para avanzar en mecanismos de concertación que permitan restablecer la movilidad, proteger la actividad económica y garantizar las condiciones necesarias para que la región continúe generando bienestar y oportunidades para sus habitantes.

América Latina y el Caribe entran en nueva fase energética

Vaca Muerta podría ser el motor de la integración energética regional, según el reporte «Oportunidades para el desarrollo del gas en América Latina y el Caribe», que se presentó el 2 de junio en la Conferencia ARPEL 2026.

El documento fue elaborado conjuntamente por la Unión Internacional del Gas (IGU), la Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (ARPEL) y la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE).

El reporte detalla queAmérica Latina y el Caribe tienen un gran potencial geológico con vastos recursos energéticos. Sin embargo, en 2024 representaron solo el 5% de la producción mundial de gas, según el reporte que se presentó el pasado 2 de junio. Para reducir esta brecha y avanzar en la integración energética regional, el documento estima que se requerirán inversiones superiores a los US$ 10.000 millones destinadas a la construcción y ampliación de gasoductos de integración.

Al mismo tiempo, se advierte que, para monetizar las reservas, movilizar capital público y privado y contar con mecanismos de financiación mixta y el apoyo de bancos multilaterales de desarrollo, es esencial que los marcos jurídicos y las reglas del sector trasciendan los ciclos políticos y los cambios de gobierno.

A su vez, plantea que las reservas de Vaca Muerta (Argentina), junto con otros proyectos marítimos convencionales y los yacimientos presalinos de Brasil, podrían iniciar una nueva fase de expansión energética en el Cono Sur. A esto se suman la producción consolidada de países como Venezuela, Bolivia, Perú y Trinidad y Tobago, así como nuevos frentes exploratorios en Guyana y Surinam.

Este avance podría generar beneficios directos para Argentina al reducir sus importaciones de GNL y aumentar sus exportaciones, con el potencial de convertirse en un actor de peso en el mercado mundial de GNL.

A nivel regional, el gas argentino impulsaría la reindustrialización de Brasil con precios competitivos, permitiría a Bolivia monetizar su infraestructura ociosa mediante peajes de transporte, y ofrecería a Chile y Uruguay una alternativa más económica que el GNL importado.

El rol del gas en la descarbonización

El reporte sostiene que el gas natural permite reducir rápidamente las emisiones al sustituir a los combustibles con mayor intensidad de carbono en la generación térmica. Según el informe del IPCC, el uso del gas permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente un 24%, un 28% y un 42% por unidad de energía primaria al sustituir diésel, fuel oil y carbón en la generación de electricidad, respectivamente.

Además, el gas actúa como el respaldo indispensable para las energías renovables variables (solar y eólica), especialmente ante crisis hídricas como ocurrió en Brasil en 2021, donde la generación de gas tuvo que duplicarse para evitar cortes de suministro eléctrico.

Esta sustitución es especialmente relevante en varios países de América Central y el Caribe, donde los sistemas eléctricos siguen dependiendo en gran medida de los derivados del petróleo. Países como Granada, Haití, Barbados, Cuba, Nicaragua, Belice, Guyana y Surinam dependen de estos combustibles líquidos para más del 50% de su producción de electricidad. En estos sistemas, el cambio al gas puede aportar beneficios medioambientales y económicos inmediatos sin requerir grandes cambios estructurales en el funcionamiento del sistema eléctrico.

El rol del gas en el transporte

En el sector del transporte pesado, el cambio hacia el Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuado (GNL) ofrece una reducción de emisiones del 20%, presentándose como una solución comercialmente disponible para avanzar en la descarbonización del sector.

Si bien combustibles bajos en carbono como metanol, amoníaco e hidrógeno presentan un potencial prometedor a futuro, el reporte señala que tanto las tecnologías como la infraestructura necesaria para su desarrollo enfrentan desafíos de madurez y escalabilidad.

Desde la perspectiva de la oferta, la monetización de las reservas de gas de la región puede impulsar el crecimiento económico, fortalecer la balanza comercial mediante el aumento de las exportaciones y la reducción de las importaciones, y apoyar el desarrollo social al ampliar el acceso a una energía más limpia, asequible y fiable.

Un ejemplo concreto es lo que ocurrió en Colombia, donde el Índice de Pobreza Energética Multidimensional (IMPE), elaborado por Promigas, indica que entre 2022 y 2024 la incidencia de la pobreza energética en el país disminuyó del 16,9% al 15,4%, lo que equivale a 300.000 personas, demostrando que el acceso a energía mejora directamente la calidad de vida.

Además, la integración de gases renovables como el biometano puede fortalecer el desarrollo local, generar oportunidades de ingresos en las zonas rurales, mejorar la gestión de residuos y reducir las emisiones, al tiempo que se aprovecha la infraestructura existente.

Sobre el reporte «Oportunidades para el desarrollo del gas en América Latina y el Caribe»

El objetivo del informe es contribuir de manera constructiva al diálogo internacional sobre energía, destacando el papel que el gas puede desempeñar para apoyar la transición energética de la región, fortalecer la seguridad energética y fomentar el desarrollo socioeconómico sostenible.

Su elaboración consultó a empresas líderes del sector, asociaciones nacionales de gas y expertos regionales, lo que refleja una amplia perspectiva de la industria sobre las oportunidades y los retos a los que se enfrenta el sector del gas en la región.

Próximamente estará disponible el reporte en: Publicaciones Arpel

¿Por qué demandamos a la CREG?

Demandamos la Resolución CREG 101 099 de 2026, en especial por la omisión en la definición de Productor Marginal Remoto.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

La definición del Productor Marginal Remoto (PRM) contenida en la Resolución CREG 101 099 de 2026 ha abierto una discusión relevante en el sector energético. La controversia surge porque la definición de la CREG en dicha resolución parece ser más restrictiva que la prevista en normas de superior jerarquía.

En efecto, el artículo 3° de la Resolución CREG 101 099 de 2026 define al Productor Marginal Remoto como:

“Productor marginal remoto (PMR). Es la persona natural o jurídica que utilizando recursos propios y técnicamente aceptados produce energía eléctrica para que a través de un agente comercializador se realice la atención remota de una clientela compuesta exclusivamente por quienes tienen vinculación económica directa, con un activo de generación de cualquier valor de capacidad instalada y cualquier tipo de recurso empleado para tal fin (PMRUFR) y en los términos establecidos en esta resolución.” (Subrayado fuera de texto).

El punto de debate está en la expresión “clientela compuesta exclusivamente por quienes tienen vinculación económica directa”, pues reduce considerablemente el espectro de destinatarios de la energía solo a esa categoría: vinculados ecenómicos. Sin embargo, esto choca con la Ley 142 de 1994, la cual define al productor marginal en su artículo 14.15 en términos más amplios:

“Productor marginal, independiente o para uso particular. Es la persona natural o jurídica que utilizando recursos propios y técnicamente aceptados por la normatividad vigente para cada servicio, produce bienes o servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos para sí misma o para una clientela compuesta exclusivamente por quienes tienen vinculación económica directa con ella o con sus socios o miembros o como subproducto de otra actividad principal.” (Subrayado fuera de texto).

Esta definición legal, contenida en la Ley 142 de 1994, norma que establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, no limita la figura del productor marginal exclusivamente a los vinculados económicos directos del productor.

Por el contrario, a diferencia de la definición reciente adoptada por la CREG en la resolución arriba citada, también comprende a quienes tengan vinculación económica directa con sus socios o miembros. Por consiguiente, los socios y miembros hacen parte del alcance de la figura de productor marginal remoto y no pueden entenderse excluidos por la definición entregada por la Comisión.

A su vez, el Decreto MME 1403 de 2024, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1073 de 2025, al regular los parámetros para ser considerado autogenerador o productor marginal de energía eléctrica, vino y reiteró el alcance de la definición señalada en la Ley 142 de 1994.

En particular, el artículo 2.2.3.2.4.3 dispuso:

“Parámetros para ser considerado autogenerador o productor marginal. Para ser considerado autogenerador o productor marginal de energía eléctrica se deben cumplir los siguientes parámetros:

«1. La energía eléctrica producida por la persona natural o jurídica podrá utilizar los activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y/o los sistemas de distribución para su propio consumo en el caso de los autogeneradores, para sí mismos, o para el consumo de personas con las que tiene vinculación económica directa o con sus socios o miembros en el caso de los productores marginales, en sitios distintos a los de producción.” (Subrayado fuera de texto).

De esta comparación se advierte una contradicción legal y jurídica: mientras la Ley 142 de 1994 y el Decreto MME 1403 de 2024, compilado en el Decreto 1073 de 2015, reconocen como posibles destinatarios a los vinculados económicos, socios o miembros, la Resolución CREG 101 099 de 2026 solo menciona a quienes tienen vinculación económica directa.

Bajo el contexto anterior, demandamos la Resolución CREG 101 099 de 2026, en especial por la omisión en la definición de Productor Marginal Remoto.

* Abogado en OGE ENERGY.

7 de junio: Día Mundial del GLP

El “LPG Day” busca visibilizar cómo esta energía limpia transforma la vida de las comunidades rurales y urbanas, empresas del sector comercial y la industria, acelerando la transición energética sin altos costos de infraestructura.

En la antesala de la séptima edición del Día Mundial del GLP (LPG Day), que se conmemora oficialmente el 7 de junio, la Asociación Colombiana del GLP (GASNOVA), afiliada a la World Liquid Gas Association (WLGA), se une a la conmemoración de la fecha invitando a empresas, tomadores de decisión y usuarios a compartir las historias de éxito de una de las energías más versátiles y limpias del planeta.

Con más de mil usos en diversos sectores y aplicaciones, el Gas Licuado del Petróleo (GLP) se ha consolidado en Colombia como un pilar fundamental para el cierre de brechas sociales, la mejora de la salud pública y la descarbonización de la economía. 

De acuerdo con los datos más recientes de GASNOVA, las compañías que integran el gremio representan el 77% del mercado de GLP en cilindros y el 42% del GLP distribuido por redes de distribución en el país. “Esta robusta red logística permite que el GLP llegue a los rincones más apartados del territorio nacional, donde no es eficiente construir gasoductos”, indicó Alejandro Martínez Villegas, presidente del gremio.

De acuerdo con el líder gremial, el GLP es un combustible limpio que combate la pobreza energética en países con una geografía de difícil acceso, como la colombiana. “En el caso del GLP envasado, cada cilindro que sustituye el uso de leña o carbón en los hogares rurales representa menos enfermedades respiratorias y menos deforestación», agregó Martínez.

Durante 2025, la demanda de GLP en el país aumentó 7,6%, jalonada principalmente por los sectores industrial y comercial, que crecieron 16,2% en el mismo periodo. De igual forma, se destacó que el sector residencial tuvo un crecimiento de 2,5%.

La conmemoración del LPG Day servirá también como el preámbulo hacia el 8° Congreso Internacional del GLP – ‘Energía en crecimiento’, que se llevará a cabo el 19 y 20 de agosto de 2026 en el Club El Nogal de Bogotá.

El encuentro reunirá a expertos nacionales e internacionales, autoridades regulatorias y líderes de la cadena de valor para discutir la soberanía energética, las proyecciones de precios y el rol del GLP en los planes de HSEQ y la integridad operacional del sector.

¿Cómo unirse al Día Mundial del GLP?

La WLGA y GASNOVA invitan a los medios de comunicación, periodistas de los sectores de gas y energía, y a la ciudadanía en general, a sumarse a la conversación global utilizando el hashtag #LPGDay en redes sociales, compartiendo datos, crónicas e historias sobre cómo este recurso energético transforma vidas en las regiones más vulnerables de Colombia.

El Caribe: potencia energética

Más allá de los hidrocarburos y el carbón, el Caribe colombiano emerge como plataforma de la transición energética, hasta convertirse en hub regional.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

En 1975, justo cuando Colombia perdió la autosuficiencia y paso de ser exportador de petróleo a importador, situación que se prolongó por diez años, se declaró la comercialidad de los mayores yacimientos de gas y de carbón en La Guajira y en el Cesar, convirtiéndose la región Caribe en la despensa minero-energética del país. De no haber sido por ello, la crisis fiscal y de la balanza de comercio exterior habría sido crítica.

La historia se repite ahora cuando la transición energética demanda el desarrollo de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). El Caribe le vuelve a tenderle la mano a Colombia para aprovechar de la mejor manera esta ventana de oportunidad para su desarrollo económico y social, ambientalmente sostenible e incluyente.

El Caribe colombiano se consolida como el eje estratégico de la transición energética. Gracias a su ubicación geográfica privilegiada, al decir del gran pensador antioqueño Luis López de Mesa, la esquina oceánica de América, su infraestructura portuaria y su enorme potencial en recursos naturales, la región no solo ha sido históricamente protagonista en el sector minero-energético, sino que hoy se perfila como el epicentro de las energías limpias del país.

Departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico concentran una parte sustancial de la producción de carbón, gas natural y energía térmica de Colombia. En particular La Guajira posee uno de los mayores potenciales eólicos de América Latina, con velocidades de viento constantes, lo que ha atraído inversiones nacionales e internacionales para el desarrollo de parques eólicos y proyectos de granjas solares – fotovoltaicas a gran escala, que se han esparcido en el Caribe hasta alcanzar los 1.6 GW de capacidad instalada.

Desafortunadamente, la parálisis y el abandono de los 16 parques eólicos en La Guajira, con un potencial de 2.4 GW ha privado a Colombia de disponer de dicha capacidad, que contribuiría, además de diversificar y robustecer la matriz eléctrica, a hacerla más resiliente frente al fenómeno de El Niño, por su carácter contracíclico. Esta es una de las asignaturas pendientes  que le deja como legado este gobierno al entrante.

Y ello, en momentos en los que Colombia enfrenta un panorama complejo: reservas probadas y de producción de gas natural en franca declinación, al punto de tener que importarlo desde diciembre de 2024 para satisfacer la demanda esencial.

Por lo demás, la única planta regasificadora con la que cuenta el país para dichas importaciones es la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG), ubicada en Barú (Cartagena). Además, acusa una estrechez en la Oferta de Energía Firme (OEF), que este año se estima por parte de ACOLGEN entre 2.2% y 2.9%.

La región también que ha sido clave en la producción y transporte de gas natural, considerado el energético de la transición, con una infraestructura estratégica que conecta los campos del Caribe con el interior del país.

Hoy, la mayor apuesta del país para recuperar la seguridad y la soberanía energética está en el yacimiento de Sirius, ubicado costa afuera entre los departamentos de La Guajira y Magdalena, con reservas estimadas de 6 TPC, el triple de las reservas probadas remanentes.

He insistido en que el país ha desestimado la importancia del aprovechamiento del gas metano asociado a los mantos de carbón (CBM, por sus siglas en inglés), cuyas reservas entre los departamentos de Cesar y La Guajira se calculan en 7 TPC.

Pero como su declaratoria de comercialidad se proyecta hacia el 2030 y ante el déficit de gas que se proyecta en 20% en 2026, escalando hasta el 50% en 2029, se requiere ampliar la capacidad de importación, para lo cual se requiere la instalación de nuevas unidades de plantas regasificadoras.

Los dos proyectos más avanzados son los de La Guajira, liderado por TGI, y otro en Cartagena, promovido por Ecopetrol, asociada con Frontera Energy.

Asimismo, los puertos sobre el mar Caribe facilitan la exportación de carbón, a los que todavía, a pesar de los malos augurios del presidente Petro, les queda futuro por delante, razón por la cual Colombia no puede renunciar a él prematuramente, y otros recursos energéticos, consolidando de esta manera su rol en el fortalecimiento de la balanza comercial.

Más allá de los hidrocarburos y el carbón, el Caribe colombiano emerge como plataforma de la transición energética, hasta convertirse en hub regional. Los proyectos de energías renovables no convencionales —solar y eólica, especialmente—, junto con iniciativas de hidrógeno verde, posicionan a la región como un polo de innovación y sostenibilidad.

El proyecto de hidrógeno verde va en línea con la necesidad que tiene el país de acompasar la transición energética con una estrategia de transformación productiva,diversificando la economía mediante el impulso de otros sectores como la industria, el turismo y la agricultura.

Y, a propósito de la agricultura, bueno es advertir que, aunque el Gobierno se ha encargado de instalar en el imaginario colectivo la idea de que la transición energética y las FNCER se reducen a la energía eólica y solar, el espectro de ellas es mucho más amplio.

Se requiere integrar a la matriz energética otras fuentes tales como la energía geotérmica, el potencial de generación de energía hídrica a filo de agua y, cómo no, los biocombustibles, considerados por la Agencia Internacional de Energía (AIE), como “una pieza clave dentro de la estrategia global para descarbonizar la economía”.

Entre los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar se cuenta con 127.350 hectáreas sembradas de palma africana, cuyo fruto es la materia prima para producir el biodiesel para las mezclas del 10% en el país, susceptible de incrementarlas, tal como lo he planteado para que se amplíe la frontera agrícola en Colombia.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Grupo EPM destina más de $67.000 millones a Obras por Impuestos

Las inversiones, a través del mecanismo Obras por Impuestos (OXI), se desarrollan en articulación con entidades del Estado y más de 30 contribuyentes aliados del sector privado.

Mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI), el Grupo EPM aporta $67.504 millones para impulsar 19 proyectos que, en conjunto, movilizarán cerca de $239.713 millones, destinados al cierre de brechas sociales y al desarrollo de municipios priorizados del país.

“Con Obras por Impuestos estamos convirtiendo el cumplimiento tributario en inversión social directa para los territorios. A través de proyectos que transforman vidas, llegamos a comunidades que históricamente han tenido menos oportunidades, impulsando su desarrollo, aportando al bienestar social y fortaleciendo la confianza en los territorios”, destacó John Maya Salazar, gerente General de EPM.

Para la vigencia 2026, el Grupo EPM a través de su impuesto de renta ejecutará proyectos con otros aliados y contribuyentes en sectores como agua potable y saneamiento básico, educación e infraestructura vial, con un alcance estimado de 120.450 beneficiarios en distintos departamentos de Colombia.

Iniciativas en Antioquia, con el sello de EPM

Antioquia concentra 14 de los 19 proyectos del Grupo EPM aprobados en 2026, por un valor total de $186.944 millones y en los cuales EPM se vincula de manera directa con sus impuestos por un valor de $52.880 millones de pesos, lo que representa el 28,3 % del total de estos proyectos.

Las iniciativas se desarrollarán en el Oriente, Bajo Cauca, Nordeste, Norte, Occidente, Magdalena Medio, Suroeste y Urabá antioqueño, con presencia en municipios como Nechí, San Rafael, San Carlos, San Luis, Sonsón, Amalfi, Alejandría, Concepción y Chigorodó, entre otros.

Agua potable y saneamiento básico: En el municipio de Nechí (Bajo Cauca), EPM participa en la construcción de los sistemas de acueducto de los corregimientos de Cargueros y Bijagual, con un aporte superior a $4.800 millones de pesos, orientado a mejorar el acceso a agua potable en zonas rurales dispersas.

Educación-primera infancia: En municipios como San Luis, Alejandría, Concepción, Sonsón, Amalfi y Chigorodó, EPM contribuye a la construcción, adecuación y dotación de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), con una vinculación que, en conjunto, superan los $13.000 millones, fortaleciendo la atención integral a la primera infancia en territorios priorizados.

Educación-calidad educativa: En 50 municipios PDET y ZOMAC de Antioquia, EPM toma parte de proyectos de dotación de material pedagógico, mobiliario y menaje de cocina, con aportes superiores a $10.000 millones, mejorando las condiciones de aprendizaje en instituciones educativas rurales.

Estos municipios presentan retos históricos en acceso a servicios básicos, infraestructura y oportunidades educativas, por lo que las inversiones en educación resultan clave para fortalecer capacidades locales y generar oportunidades de desarrollo.

Infraestructura vial: En el Oriente antioqueño, EPM participa en proyectos de alto impacto para la rehabilitación y mejoramiento de vías, como:

  • San Rafael-San Lorenzo-La Palma, con una inversión total por más de $32.000 millones, de los cuales EPM se vincula con $13.000 millones.
  • Narices-Juanes-El Jordán-La Holanda, en San Carlos, con una inversión de más de $55.000 millones, EPM se vincula por valor de $10.000 millones.

Estas obras mejoran la conectividad rural, facilitan el acceso a servicios y dinamizan las economías locales, beneficiando a más de 33.000 personas en el Oriente antioqueño.

Inversión y proyectos en otras regiones

Además de Antioquia, las empresas del Grupo EPM avanzan en la estructuración y desarrollo de proyectos de Obras por Impuestos en otros departamentos del país, así:

CHEC: Caldas, Risaralda y Quindío

CHEC participa en proyectos de educación e infraestructura vial, que comprenden iniciativas de dotación educativa incluyente y el mejoramiento de la vía Mistrató–Belén de Umbría, con una inversión total de $45.143 millones, de los cuales CHEC se vincula por cerca de $7.000 millones de su impuesto de renta, beneficiando a más de 17.000 personas.

CENS: Norte de Santander

CENS, en Norte de Santander, desarrolla proyectos de educación para la primera infancia mediante el suministro de equipamiento y mobiliario para Centros de Desarrollo Infantil (CDI), orientados a fortalecer la atención integral de 650 niños en municipios como El Carmen, El Zulia, San Calixto, Santiago y Sardinata, con una vinculación cercana a $2.600 millones de su impuesto de renta.

ESSA: Santander

ESSA, en Santander, participa en proyectos de dotación educativa en los municipios El Playón y Sabana de Torres, con el fin de mejorar las condiciones de las instituciones educativas oficiales con un aporte de su impuesto por más de $5.000 millones.

Avance del Grupo en Obras por Impuestos (2025–2026)

La gestión refleja el avance del Grupo EPM en el mecanismo de Obras por Impuestos, a través del cual, entre 2025 y 2026, viene impulsando y desarrollando proyectos en Antioquia, Caldas, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Santander, priorizando iniciativas que fortalecen la conectividad, la educación y el acceso a servicios básicos de calidad en zonas rurales y dispersas.

En conjunto, los proyectos de ambas vigencias representan una inversión total superior a $560.587 millones, de los cuales el Grupo EPM se ha vinculado a través de sus impuestos por valor de $151.074 millones, en articulación con otros contribuyentes aliados, beneficiando a más de 331.000 personas en territorios priorizados.

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