Gobierno revisará los indicadores de la fórmula tarifaria de la energía

En el corto plazo, el objetivo es usar el indicador más favorable entre los que actualmente impactan el costo de las tarifas de energía, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el Índice de Precios del Productor (IPP). A mediano plazo, se propone construir un indicador específico para el sector eléctrico.

7 de septiembre de 2022.   Ante las peticiones de los usuarios y distintos mandatarios regionales por el incremento en los precios de las tarifas de energía, el Ministerio de Minas y Energía está trabajando en medidas para atender esta problemática en el corto plazo y encontrar una solución definitiva en el largo plazo. 

“En el corto plazo, se está considerando la posibilidad de elegir un indicador económico más favorable que reduzca el impacto negativo en la tarifa. Para el mediano plazo, estamos construyendo un indicador específico para el sector eléctrico que nos permita lograr la justicia tarifaria en el país”, dijo la viceministra de Energía, Belizza Janet Ruiz Mendoza.

Además, en conjunto con la CREG, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Hacienda, se revisará la regulación de las tarifas de energía con el fin de que sean estables y asequibles para todos los ciudadanos, en especial los ubicados en la costa Caribe.

De igual manera, el Gobierno creó el Pacto por la Justicia Tarifaria, un diálogo con los mandatarios locales y departamentales, los grandes usuarios de energía, los generadores de la cadena, la CREG, la Superservicios y las distribuidoras Air-e y Afinia para dar una solución a la problemática.

Es importante mencionar que el cálculo de las tarifas de energía depende de varios componentes que representan los segmentos de la cadena de valor de la electricidad: la generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones. 

Los índices de IPC y el IPP afectan los diferentes componentes de la cadena de valor de la electricidad y es ahí donde el Ministerio de Minas y Energía ve una oportunidad de acción inmediata desde la regulación.

“Es responsabilidad de este Gobierno velar por una justicia tarifaria, en la que los usuarios pueden acceder a la energía a costos razonables. Además, los usuarios tienen derecho a un servicio de calidad, en el cual las empresas hagan las respectivas inversiones con las cuales se comprometieron y así podamos mejorar la calidad de vida de todos los colombianos”, dijo la ministra Irene Vélez Torres. 

Fuente: Minenergía

Por bloqueos, se apaga el 40% de la generación de El Guavio

Ante la imposibilidad de inspeccionar las unidades para hacer las labores de mantenimiento, a partir del 7 de septiembre Enel declara indisponibles las unidades número 1 y 5 de la Central Hidroeléctrica del El Guavio, que aportan hasta 500 megavatios (MW) de los 1.260 MW de su capacidad instalada.

6 de septiembre de 2022.   Ante la imposibilidad de realizar los mantenimientos preventivos en la Central Hidroeléctrica El Guavio por los bloqueos que aún persisten en el municipio de Ubalá, así como las restricciones de movilidad que impidieron el paso de los contratistas de Enel Colombia el pasado 5 de septiembre, la Compañía se vio en la obligación de declarar indisponible las unidades de generación 1 y 5 de la Central a partir deL 7 de septiembre. Ambas unidades de generación, que no han podido ser inspeccionadas, aportan 500 megavatios (MW) de los 1.260 MW de la capacidad instalada del activo.

Además, de no garantizarse la normal operación de El Guavio, el próximo 13 y 14 de septiembre quedarían indisponibles las unidades 4 y 2, respectivamente; una situación que dejaría por fuera hasta 500 MW adicionales. El tener en funcionamiento únicamente una unidad mayor (250 MW) y dos menores (5 MW cada una) significaría que la central hidroeléctrica más grande del país estaría operando al 20% de su capacidad total.

“La Central Hidroeléctrica El Guavio produce alrededor de 5.000 GWh/año, energía capaz de suplir las necesidades de 2 millones de hogares colombianos. El suspender la operación de sus unidades pone en riesgo inminente la seguridad y confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN), y la prestación de un servicio público esencial para los hogares y las ciudades. Por lo anterior, hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que garanticen la correcta operación de la Central y poder salvaguardar así la seguridad energética del país”, afirmó Eugenio Calderón, gerente de Enel Green Power & Thermal Generation de Colombia y Centroamérica.

A raíz de las manifestaciones de la población, que a hoy completan 23 días, Enel Colombia ha tenido que aplazar seis jornadas de mantenimientos en la Central Hidroeléctrica El Guavio, pues la comunidad de Ubalá, Cundinamarca, no ha permitido el ingreso vehicular del personal que está a cargo de esta función.

“La operación de la Central Hidroeléctrica El Guavio no es sostenible sin poder realizar las inspecciones que nos permitan identificar oportunamente posibles anomalías en los equipos, razón por la cual hemos tenido que declarar indisponibles las unidades 1 y 5, y próximamente lo haremos con dos adicionales que tenían programado su mantenimiento la siguiente semana. El operar las máquinas sin la certeza de su correcto funcionamiento, incrementaría el riesgo al que ya se enfrenta el sistema eléctrico colombiano y del personal que labora para la Central”, agregó Calderón.

Además de su aporte a la generación de energía en Colombia, las unidades de la Central Hidroeléctrica El Guavio representan el 35% de las unidades equivalentes con las que cuenta el área oriental del país para el control del nivel de tensión. De esta forma, el no operar con normalidad este activo implica el aplazamiento de mantenimientos de otras plantas que deben cubrir la seguridad energética de Colombia, lo que al final se traduce en mayores costos de la energía y en la pérdida de la confiabilidad en el suministro del SIN.

Fuente: Enel

Colombia es el tercer exportador mundial de coque

La industria del coque ha crecido de manera sostenida en los últimos años y representa el séptimo producto de exportación nacional y el primero industrial. Colombia es el tercer exportador mundial de coque después de China y Polonia.

6 de septiembre de 2022.   La industria del coque tiene gran importancia para la economía del país y las regiones, generando más de 1.500 millones de dólares en exportaciones y superando en valor a las exportaciones tradicionales como banano, flores y ferroníquel.

Durante 2021, el coque logró un récord histórico en exportación con 4,2 millones de toneladas, convirtiéndose en el séptimo producto de exportación del país, y el primer producto industrial que comercializa Colombia a nivel mundial.

En Colombia exportamos principalmente materias primas. El coque, al ser un producto industrial de valor agregado, resultado de un proceso de transformación de varios tipos de carbón metalúrgico se convierte en el primer producto industrial de exportación del país, con encadenamientos productivos que tienen gran impacto no solo en las regiones productoras (Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander), sino en el sector del transporte terrestre y las terminales portuarias, representando cerca del 30% de la carga de compensación nacional”, explica Carlos Cante, presidente Ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón).

El coque es un insumo fundamental para la producción de acero y ferroaleaciones a nivel mundial. Por eso, y entendiendo la importancia de este producto, es necesario fortalecer e impulsar a los productores nacionales y su cadena de suministro, que en los últimos años han logrado convertirse en suministradores confiables y de largo plazo, gracias a la calidad del coque, que ubica a Colombia como el tercer exportador mundial de este producto.

El abordaje integral de este tema, el análisis del papel del coque en la economía nacional y las proyecciones del mercado internacional, la implementación de estándares sociales y ambientales, la innovación tecnológica en la industria, serán los protagonistas del International MetCoke Summit 2022, la primera cumbre Internacional del coque en Colombia, organizada por la Fenalcarbón, que tendrá lugar en Barranquilla, el principal centro portuario y logístico para la exportación de coque colombiano.

Esta es una gran oportunidad para Barranquilla, al ser la zona portuaria desde la que se exporta 80% del coque nacional y a la que llegan cerca de 3 millones de toneladas de este producto provenientes del centro del país.  Por eso seguimos invirtiendo en contar con la infraestructura especializada para la movilización de esta carga, demostrando nuestro compromiso con nuestros clientes de este segmento y con el país”, dice Rene Puche Restrepo, Presidente del Puerto de Barranquilla.

Fenalcarbón recibirá a más de 15 expertos nacionales e internacionales y a más de 400 asistentes en el International MetCoke Summit 2022, el escenario especializado de conocimiento e interacción, de cara a los retos y oportunidades que se avecinan para la industria en los próximos años en materia de transición energética, fomento y desarrollo industrial y sostenibilidad.

El evento contará con la presencia de reconocidos conferencistas nacionales e internacionales de Dow Jones, Fosbel, SSY, entre otros, quienes abordarán temas de importancia para toda la cadena productiva de la industria del coque, como inversión en la industria, tendencias en sostenibilidad para el sector, dinámicas de mercados y logística, potencial de la industria en el mercado internacional, y tecnologías eficientes y amigables con el medio ambiente.

Belizza Ruiz se posesionó como nueva Viceministra de Energía

Ruiz es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una maestría y un doctorado en ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su principal objetivo al frente del Viceministerio de Energía es el de acelerar la transición energética y estimular la implementación de energías renovables.

6 de septiembre de 2022.   Con el desafío de acelerar la transición energética y liderar la formulación e implementación de las políticas públicas necesarias para avanzar en esta línea, se posesionó la ingeniera eléctrica Belizza Janet Ruiz Mendoza como la nueva Viceministra de Energía de Colombia.

Ruiz es ingeniera Electricista de la Universidad Nacional de Colombia (2002), cuenta con maestría (2004) y doctorado (2008) en Ingeniería de la Energía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así mismo, tiene tres posdoctorados (2009-2010-2011) en energías renovables, también de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Desde el 2000 ha estado comprometida con la transformación energética a través del uso de fuentes de energía renovable. De hecho, la tesis de su pregrado versó sobre las energías alternativas en la política energética colombiana, un camino que continuó en sus estudios de posgrado y posdoctorado.

La especialidad de Belizza Ruiz es la promoción de las fuentes de energía renovable mediante mecanismos de incentivo en diferentes esquemas de mercados eléctricos. Esta línea de trabajo ha estado acompañada de discusiones académicas en la Universidad Nacional de Colombia, en los cursos de Política Energética, Regulación Energética, Economía de la Energía y Energía Solar, entre otras asignaturas impartidas como docente desde 2013 hasta la actualidad.

Con la dirección del Grupo de Investigación en Potencia, Energía y Mercados (GIPEM), liderada por ella, ha tenido la oportunidad de guiar a egresados que hoy son líderes en política y economía de la energía.

El gas natural y la transición energética

Después del hallazgo de gas natural en La Guajira y en el pie de monte llanero, las dos principales fuentes de suministro del gas del país, que ya están en franca declinación, no ha habido otro descubrimiento de su importancia.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

5 de septiembre de 2022.   Las reservas de gas natural con que se cuenta el país de 3,1 giga pies cúbicos (GPC), a duras penas alcanzan para 8 años, de allí la urgencia de explorar aún más para recuperarlas, ya que desde hace una década pasamos de la abundancia a la escasez de gas, poniendo en riesgo el autoabastecimiento.

Por fortuna, en los últimos días se ha anunciado por parte de Ecopetrol descubrimientos muy importantes y esperanzadores que pueden alejar el fantasma de las importaciones de este energético. De todos modos se cuenta con una planta regasificadora de la Sociedad Portuaria El Cayao, localizada en Cartagena, para importarlo cuando el parque de generación térmica así lo requiera.

Este es el escenario que enfrenta Colombia en medio de la crisis energética a nivel global que ha exacerbado la invasión rusa a Ucrania y las sanciones impuestas por EEUU y sus aliados de la Unión Europea a Vladimir Putin, que ha elevado sensiblemente la cotización del gas, superando los US$8 el MMBTU, incrementando exorbitantemente los precios y las tarifas de energía, atizando de paso la inflación global.

Ello ha venido a interferir la marcha de la Transición Energética en dichos países, obligándolos a dar marcha atrás en su avance, en pos de garantizar la seguridad y sobre todo la soberanía energética.

Es en este contexto en el que tendrá que avanzar la administración Petro en la hoja de ruta de la Transición Energética en el país, que tiene sus propias peculiaridades. Empezando porque mientras en los EEUU y en la UE el 73.2% de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provienen del sector energético, en Colombia este sólo contribuye a ellas con el 30%. Adicionalmente, al tiempo que en el resto del mundo el sector eléctrico genera el 35% de dichas emisiones, en Colombia sólo el 5%.

En Colombia, a diferencia de los demás países, la principal fuente de emisiones de GEI, con el 45%, es el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y sobre todo la deforestación, que el año pasado registró la alarmante cifra de 174.103 hectáreas, creciendo el área devastada por segundo año consecutivo.

En Colombia, como en el resto del mundo, el gas natural está llamado a servir de combustible puente de la Transición Energética y así lo catalogó el parlamento europeo, integrándolo a su matriz energética con el sello verde, dándole el mismo tratamiento de las energías renovables.

Colombia requiere del gas natural para avanzar en una transición gradual, como tiene que ser y responsable. Y dado que nuestras reservas de gas son tan precarias es imperativo continuar con la exploración del mismo, pues sólo se encuentra si se busca, para así garantizar una transición tranquila. Una de las lecciones aprendidas de la tragedia que vive la UE es que la Transición Energética no debe poner en riesgo la seguridad y la soberanía energética.

Quienes desestiman la importancia del gas natural en la fase en la que estamos de la Transición Energética, como Jésica Arias, del equipo de energía de Transforma y Ph.D en Transición Energética, afirman que “en la generación eléctrica tenemos todo el potencial para suplir nuestra demanda a mediano plazo con fuentes renovables”. Ello es absolutamente falso, tanto más en cuanto que los principales proyectos de energía eólica que se están instalando en La Guajira sólo entrarían al sistema interconectado nacional (SIN), si no se presentan más demoras, el 1º de abril de 2024, después del aplazamiento dispuesto por el Ministerio de Minas y Energía en su Resolución 40181 de mayo 23 de este año.

Además, las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), dada su intermitencia, requieren contar con el respaldo de la energía firme que sólo puede garantizar el parque térmico, que cuenta con 5.400 MW de potencia instalada y este requiere para operar del gas natural. No podemos cometer la misma insensatez de los europeos de apagarlas asumiendo el riesgo sistémico subsiguiente.

Del gas natural, al igual que del petróleo, podemos decir que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, y peor aún depender de sus importaciones. Ello fue lo que llevó al Congreso de la República a expedir la Ley 2128 de 2021, tendiente a promover “el abastecimiento, continuidad, confiabilidad y cobertura del gas combustible en el país”, y la masificación de su uso, “se declara de interés nacional y estratégico para el desarrollo económico, social y ambiental”.

Exponer al país a tener que importar gas natural contraviene esta Ley. Ello sería impensable. *Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE

Gremio del GLP preocupado por declaraciones de MinEnergía

La Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas (Agremgas) ve con preocupación las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, referente a la no exploración y explotación de más fuentes de gas y petróleo y sus posibles repercusiones en el Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Por: FELIPE GÓMEZ*  

1º de septiembre de 2022.   El GLP es el gas con mayor impacto social en Colombia. Un período de transición responsable y económicamente viable está servido con los gases combustibles (GLP y GN) protagonistas para lograr una matriz energética más limpia a futuro. 

El GLP se obtiene a partir de los procesos de refino de crudo (30%) y de secado de gas natural (70%). Es el gas que usan las familias más vulnerables de Colombia (80% Sisbén 1 y 2).

Los distribuidores cubren 1.050 municipios del país (95%) gracias a su fácil portabilidad.

Con más de 60.000 ton./mes en su demanda, atienden a 3´400.000 familias equivalentes a 12´000.000 de usuarios que lo utilizan para funciones básicas de cocción principalmente (mercado residencial 70%), muchos de ellos sin domicilio fijo y con muy bajo poder adquisitivo, con alta sensibilidad al precio.

El GLP importado es mucho más caro (entre 40 y 50% más) que el regulado de Ecopetrol, ¿cómo entender que “toca” comprar importado y no el que tenemos? 

Muchísimos volverían a cocinar con leña o carbón como lo hacen hoy las familias más vulnerables del país, que son más de  1´100.000 sin acceso a ningún energético limpio y cocinan con leña, carbón o similares.  

La transición energética realizable dentro de la realidad actual de estas familias sería pasar de la leña al GLP para evolucionar de manera lógica y recibir una mejora en calidad de vida. 

Nuestra realidad es que tenemos gas y petróleo, recursos aprovechables y valiosos que el mundo entero necesita y que genera gran riqueza al país. 

Los altos precios podrían aprovecharse para promover mayor actividad económica con impacto social, generando más y mejor empleo, educación, salud, y mejora de condiciones de vida de los más necesitados.

Según el DANE, sólo en junio de 2022 las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$3.331 millones FOB, tres veces más que el segundo ítem de productos agropecuarios, alimentos y bebidas que fueron US$1.059 millones FOB y que el 3ero. del grupo de manufacturas que fueron de US$965 millones FOB.  

Respetuosamente le proponemos al gobierno del presidente Petro y a la ministra Vélez que evalúen los tiempos de implementación de sus propuestas bajo un criterio técnico y realista acorde con las condiciones del país y la disponibilidad de recursos. 

De cara al sector del GLP promover un plan de apoyo a Ecopetrol para que produzca mas GLP con precio regulado garantizando abastecimiento total a mejor precio. 

Adicionalmente con un subsidio eficiente y focalizado para familias Sisbén 1 y 2 a nivel nacional, de gran impacto social, que les permita acceder a un energético limpio, de bajas emisiones, que reduce el impacto ambiental. 

También se requiere un plan estructurado de sustitución de leña por GLP para las más de 1´100.000 familias que hoy cocinan solo con leña expuestos constantemente a las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas – EPOC.

 Las EPOC por contaminación en espacios cerrados diferentes a tabaquismo le cuestan al sistema de salud el 0,38% del PIB de 2015 por año equivalente a 3 billones de pesos. 

La invitación es al análisis y búsqueda del mejor panorama de aprovechamiento de los recursos disponibles, conformando una canasta energética diversa donde se incluya al GLP como parte de los energéticos elegidos para ser protagonistas en la mejora de calidad de vida de los 12´000.000 de colombianos más sensibles.

Hoy en Sisbén 1 y 2 (80%) implementar un plan ambicioso de sustitución de leña, generación de energías en ZNI con GLP en sustitución de diésel, promoción del autoglp y nautiglp para reducción de subsidios a gasolina en zonas de frontera y reducción de presión de deuda económica en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles diésel y gasolina (FEPC)  y promoción del nautiglp en ríos y mares como alternativa comprobada para reducción de contaminación por descargas en agua, emisiones y costo para beneficio del usuario y reducción del déficit del FEPC. 

*Director Ejecutivo de Agremgas 

Siete años de la Agenda 2030: mitad del camino

En septiembre de 2015 las Naciones Unidas presentaron al mundo, después de muchas negociaciones y diálogos, la Agenda 2030 de Sostenibilidad, representada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estamos literalmente a la mitad del camino.

Por: MAURICIO LÓPEZ*

1 de septiembre de 2022.   La dinámica de la Agenda 2030 de Sostenibilidad está íntimamente integrada entre las visiones sociales, ambientales y económicas.

En Pacto Global Colombia hemos recurrido al símil de la muñeca matrioska, donde la dimensión económica es la muñeca pequeña que está adentro de una muñeca más grande, dimensión social, y ésta, adentro de una más grande correspondiente a la dimensión ambiental. Y habría una cuarta dimensión, una cuarta muñeca que las abarca a todas, la promoción y el respeto de los derechos humanos. Y para poderlas abrir todas sin dificultad, el lubricante es la integridad y la transparencia en las actuaciones. Es decir la integración plena entre los 10 Principios del Pacto Global y los 17 ODS. 

Cual el ejemplo de la muñeca, no se trata de intersecciones parciales, sino de una integración armónica y plena entre las diferentes dimensiones. Por supuesto, cada empresa y organización tiene que definir dentro de su materialidad, los asuntos acerca de los cuales tienen mayor interés y producen las acciones correspondientes para generar el mayor impacto positivo posible, en consonancia con sus grupos de interés, sin descuidar los aspectos misionales propios. Es decir, estarían a un primer clic, con la certeza de que al hacer un segundo clic, se despliegan los demás ODS, dada la integralidad de la agenda.

Después de siete años de presentada la Agenda, el resultado de su implementación es variopinto. Ya habrá oportunidad de presentar cifras detalladas. Infortunadamente la Pandemia de la COVID-19 retrotrajo muchos indicadores, incluso en décadas. América Latina, y por supuesto Colombia, ha sido la región del mundo más afectada, con un importante y doloroso número de fallecidos y contagiados, aumentos insostenibles de personas en los umbrales de pobreza, pérdidas de aparato productivo y por ende de empleo, con mayor énfasis en las mujeres, entre otros. La recuperación se ha dado sin duda. En Colombia, afortunadamente con mayores indicadores, pero no es suficiente.

Surge entonces la pregunta, acerca de la validez de la Agenda 2030, después de esta situación. No puede haber respuesta diferente: es el único camino para alcanzar los estadios de bienestar. Por supuesto, muchos contradictores de esta apuesta indican que, ante la competencia desleal proveniente de situaciones de contrabando, lavado de activos y otras acciones, el empresario no puede comprometerse con la sostenibilidad, sino que primero hay que concentrarse en la supervivencia económica y que después vendrán las demás. Sin duda, se puede entender la posición. No obstante, las empresas, independientemente del tamaño, que apuestan por los ODS, cuentan con el piso sólido para resurgir vigorosamente a lo largo del tiempo.

No podemos pensar que los cambios sean instantáneos. Se miran en décadas. La Agenda 2030 es una apuesta de largo plazo, donde la instrumentación de los ODS son las mejores notas de la partitura.

En Pacto Global Colombia, desde la presentación de los ODS en 2015, desarrollamos una estrategia articulada para lograr que la narrativa de la sostenibilidad sea conocida. No en vano hemos llevado a cabo más de 40 conferencias e intervenciones en páneles por año; hemos reconocido casi 200 prácticas empresariales y no empresariales en los diferentes ODS, en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá desde hace cinco años; igualmente, publicación de ejemplos a destacar en medio ambiente, derechos humanos, anticorrupción, inclusión y responsabilidad social universitaria. También, con más de cincuenta webinars y cursos específicos en los últimos dos años. Contamos con una biblioteca especializada, sin mencionar nuestros programas de radio, que cada semana se transmiten virtualmente, y la revista semestral Objetivo 2030, así como otros canales de comunicación. De hecho, la página web de la red www.pactoglobal-colombia.org es un vehículo especial para mostrar todas estas dinámicas.

Capítulo aparte es la alianza UNIDOS POR LOS ODS, www.unidosporlosODS.org creada por la Cámara de Comercio de Bogotá, Fundación Bolívar-Davivienda, Fundación Corona y la Red Colombiana del Pacto Global para indagar la participación del sector empresarial en el cumplimiento de los ODS. Estamos en el proceso de la tercera medición donde estamos indagando los aportes para los años 2020 y 2021.

Después de todas estas iniciativas, podemos decir con optimismo que vamos recuperando el tiempo perdido, retomando la senda y que la expectativa es que en un buen porcentaje podríamos avanzar para tener los mejores resultados posibles al finalizar el primer corte de la Agenda 2030.

Evidentemente es mejor tener metas e indicadores específicos por cumplir, porque así hay una mayor exigencia y ese es un gran valor de la Agenda. Debemos trabajar con ahínco para lograr las metas. La invitación es a conocer mejor los ODS, a apropiarlos en nuestra cotidianidad y a realizar acciones desde lo pequeño hasta lo grande. 

Al final, cualquier marcha empieza con el primer paso. Lo que sí es claro es que tenemos que ir en alianzas y Pacto Global es la mejor para ello, con una invitación a informar continuamente los avance, con los Comunicados de Progreso y de Compromiso, dependiendo si es una empresa o una organización.

Como dice un viejo proverbio africano, “si quieres avanzar rápido, ve rápido; si quieres llegar lejos y permanecer, ve acompañado”.

*Director Ejecutivo Pacto Global Red Colombia

EPM giró por transferencias $63.000 millones a 3 Corporaciones y 52 municipios

Tan solo en el Oriente antioqueño se entregaron más de 10 mil millones de pesos. Recursos que contribuyen al bienestar de la comunidad y al cuidado ambiental.

1 de septiembre de 2022.   EPM transfirió más de 63 mil millones de pesos durante el primer semestre de 2022 a los municipios y corporaciones autónomas regionales de las áreas de influencia de las centrales de generación de energía, por concepto de transferencias del sector eléctrico.

En el primer semestre de 2022, EPM giró a Corantioquia cerca de $21 mil 300 millones, Cornare cerca de $10 mil 500 millones y Corpourabá cerca de $365 millones, recursos que deben ser usados por las Corporaciones para la protección y defensa de las cuencas que surten los embalses para la generación de energía y en las áreas de influencia de las centrales, y por los municipios en proyectos del plan de desarrollo con énfasis en saneamiento básico y mejoramiento ambiental.

En el caso de los municipios, EPM entregó en el mismo período recursos que superan los $31 mil millones a 51 municipios antioqueños por sus centrales de generación de energía, así como al municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira, donde está ubicado el parque eólico Jepírachi, el primero de su tipo en Colombia.

Recursos para las regiones

Las transferencias del sector eléctrico, que se entregan desde hace 42 años, son una fuente de financiación para solucionar problemáticas de las comunidades rurales relacionadas con acueductos urbanos y rurales, plantas de tratamiento de aguas residuales, alcantarillados y manejo y disposición de residuos líquidos y sólidos.

Los municipios que recibieron transferencias durante el primer semestre fueron:

Subregión Oriente antioqueño: Abejorral, Alejandría, Concepción, El Carmen, El Peñol, El Retiro, Granada, Guarne, Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro, San Carlos, San Rafael, San Vicente, Santuario y Sonsón.

Subregión Magdalena Medio antioqueño: Caracolí, Maceo, Puerto Berrío y Puerto Nare.

Subregión Nordeste antioqueño: Amalfi, Anorí, Cisneros, San Roque, Santo Domingo y Yolombó. 

Subregión Norte antioqueño: Angostura, Belmira, Carolina, Donmatías, Entrerríos, Gómez Plata, Guadalupe, San Pedro, Santa Rosa y Yarumal.

Subregión Valle de Aburrá: Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín y Sabaneta.

Subregión Occidente antioqueño: Abriaquí, Cañasgordas y Frontino.

Departamento La Guajira: Uribia.

Las comunidades de estos municipios tienen un papel protagónico, ya que pueden presentar ante sus alcaldías, concejos municipales o corporaciones autónomas regionales las necesidades de saneamiento básico y mejoramiento ambiental que tienen para que sean atendidas a través de proyectos financiados por las transferencias del sector eléctrico que hace EPM, además de ser garantes de estas.

EPM matriz es el mayor generador de energía en Colombia, con un 26% del mercado. La Compañía cuenta con 26 centrales de generación de energía hidráulica y una térmica ubicadas en el departamento de Antioquia y un parque eólico, localizado en La Guajira. En octubre próximo se sumará la Central Ituango.

Cómo se distribuyen las transferencias

De acuerdo con la Ley, las empresas generadoras de energía en Colombia, como es el caso de EPM, deben transferir el 6% de sus ventas brutas de energía para el caso de las hidroeléctricas. De este porcentaje, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y los Parques Nacionales reciben 3% y los municipios del área de influencia de la central hidroeléctrica obtienen el otro 3%. Este 3% de los municipios se debe distribuir el 1,4% para los municipios del embalse, 0,2% para los municipios donde están las casas de máquinas y el 1,4% para los municipios de la cuenca hidrográfica que surte la central.

En el caso de las centrales térmicas, como La Sierra de EPM, las transferencias son del 4%. De estas, el 2,5% se destina a la Corporación Autónoma Regional para la protección ambiental de la zona donde está ubicada la planta y el 1,5% restante va para el municipio donde se sitúa la planta generadora.

Desde 2021, también se causan transferencias por la generación de energía con fuentes no convencionales como son las plantas eólicas y solares.

Fuente: EPM

Niegan recurso que buscaba suspender requisitos ambientales de pilotos de fracking

El Consejo de Estado mantuvo su decisión de no suspender los requisitos ambientales establecidos en el decreto reglamentario de los proyectos piloto de investigación integral sobre yacimientos no convencionales de hidrocarburos (fracking).

31 de agosto del 2022.   La corporación judicial negó un recurso de súplica, que buscaba que, provisionalmente, se dejaran sin efectos esos mandatos. Para la sala, las medidas cuestionadas sí se adecuaban a las competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La sala consideró que la cartera no estaba imponiendo una exigencia ambiental adicional a las que son del resorte de dicha autoridad.

El 26 de noviembre del 2021 se había emitido un auto en el cual se negó una solicitud de suspensión que fue allegada con el escrito de una demanda de nulidad de los actos administrativos.

Contra esta decisión se interpuso recurso de reposición, con la intención de que el Consejo de Estado accediera a suspender los actos demandados. Según los recurrentes, el Ministerio no tenía ninguna competencia legal para establecer estándares legales para la práctica del fracking, como tampoco frente al otorgamiento de las respectivas licencias ambientales.

El Consejo de Estado negó el recurso. Sostuvo que en el acto demandado se reglamentan unos asuntos que son de competencia del Ministerio de Ambiente y otros que son de resorte del Ministerio de Minas y Energía. De ahí que, además de la firma del Presidente, dicho acto lleve la rúbrica de los jefes de las dos carteras señaladas. Así las cosas, para la sala no es ilegal un decreto por el hecho de que contenga asuntos de competencia de distintos ministerios.

La determinación implica que los decretos seguirán en vigencia mientras esa sea la voluntad de la administración y hasta que se emita un fallo de fondo sobre su legalidad.

Más de mil hogares tendrán electricidad a través de obras por impuestos

Más de 1.100 familias, 130 Instituciones Educativas y 362 UCAS serán beneficiarias de proyectos de energía con soluciones solares fotovoltaicas. Los departamentos beneficiados son Caquetá, La Guajira y Putumayo, con 9 proyectos repartidos entre el Grupo Nutresa, el Grupo de Energía de Bogotá y Ecopetrol.  

30 de agosto de 2022.   Más de 1.100 familias, 130 Instituciones Educativas y 362 Unidades Comunitarias de Atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tendrán por primera vez el servicio de energía a través del mecanismo de obras por impuestos con soluciones estructuradas por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE). 

“Desde el IPSE hemos trabajado por dinamizar la inversión pública y privada en soluciones energéticas para las comunidades y por eso trabajamos de la mano con varias entidades con un banco de proyectos para la consecución de recursos a través del mecanismo de obras por impuestos. Hoy nos complace anunciar la consecución de 9 proyectos, que cuentan con una inversión que supera los $40 mil millones de pesos, en los que participan el Grupo Nutresa, el Grupo de Energía de Bogotá y Ecopetrol, quienes llevarán el servicio de energía a más hogares colombianos en los departamentos de Caquetá, La Guajira y Putumayo”, expresó el director del IPSE, José David Insuasti.   

Obras por impuestos es un mecanismo articulado por la Agencia de la Renovación del Territorio (ART) y creado para que los contribuyentes puedan decidir en qué proyecto de impacto social y económico pueden invertir el impuesto de renta.

Estas iniciativas que aportan a la construcción de paz por parte de las empresas con el dinero para el pago de impuestos están dirigidas a los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC). 

Los proyectos  

El Grupo Nutresa adelantará dos proyectos para la implementación de soluciones solares fotovoltaicas para 422 familias en la zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, con recursos por cerca de $9.500 millones de pesos.   

Por su parte, el Grupo de Energía de Bogotá destinará recursos de sus impuestos por más de $14.000 millones de pesos en cuatro proyectos para la construcción de sistemas individuales solares fotovoltaicos en 130 Instituciones Educativas y 362 Unidades Comunitarias de Atención del ICBF ubicadas en la zona rural y dispersa de las zonas no interconectadas de los municipios de Maicao y Riohacha, en La Guajira.  

Finalmente, Ecopetrol realizará la implementación de soluciones solares fotovoltaicas para 766 familias con tres proyectos en la zona rural de los municipios del Valle del Guamuez, Orito y San Miguel, en Putumayo, por más de $15.800 millones de pesos.

Fuente: IPSE  

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