Autor: Martín Rosas

Crece como la espuma la indignación y la protesta en la región Caribe por el alza desmesurada de las tarifas de energía, las mas altas del país, a tal punto que el aumento en las facturas por la prestación de ese servicio por parte de los dos operadores Air-e y Afinia entre junio de 2021 y junio de 2022 sobrepasó el 70%, Es más, este incremento habría sido mayor de no aplicarse por parte de dichas empresas la llamada “opción tarifaria”.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

22 de agosto de 2022.   El obispo de la Diócesis de Riohacha Monseñor Francisco Ceballos, afrirma que “es muy difícil con un salario mínimo pagar los costos de energía; se paga energía o se come y la gente primero tiene que comer”.

Como bien dice el editorial de El Heraldo, “el progresivo incremento de las tarifas de energía en la región Caribe amenaza con convertirse en una bomba de relojería con potencial desestabilizador”. Así de grave y amenazador es el asunto.

A ello ha contribuido especialmente el cargo por pérdidas reconocidas (PR), que pasó de $41.49 por Kwh a $247, en contraste con el promedio nacional de $50 por Kwh. Y no es para menos, habida cuenta que mientras en el resto del país las PR son del orden de 12,75% dicho cargo en la fórmula tarifaria de la región Caribe es del 34,23% para Air-e y 30,68% para Afinia. Ello en razón de que no sólo se les reconocen las pérdidas técnicas sino aquellas atribuibles a robo de energía e instalaciones fraudulentas, que son responsabilidad de las empresas y no hay razón para que tengamos que pagar justos por pecadores.

Según dice el ex viceministro de Energía Miguel Lotero, “estos aumentos se explican porque la región tiene un régimen especial tarifario que fue definido cuando llegaron los nuevos operadores Air-e y Afinia”.

Afirma también Lotero, para justificar las alzas de tarifas, que “la financiaciónde estas nuevas inversiones debía hacerse vía tarifa”. Es decir que, a diferencia de lo que se da en el resto del país, en donde a los operadores la CREG les reconoce y remunera las inversiones ejecutadas en los últimos 5 años a través de la tarifa, en la región Caribe es al revés, somos los usuarios los que vía tarifas estamos financiándo a las empresas las inversiones que ejecuten.

Así lo había recomendado la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que fue la entidad a la que le encomendó la Superintendencia de Servicios públicos  diseñar y estructurar el esquema aplicable a los nuevos operadores. Esto dijo: “para generar un escenario viable se requiere, entre otras cosas, ajustes en tarifas que reconozcan el nivel de inversiones proyectadas”.

Por su parte, el director Ejecutivo de la CREG Jorge Valencia planteó ante el Congreso de la República como explicación de las alzas desproporcionadas de las tarifas de energía que el órgano regulador “debe velar por tarifas eficientes y servicios adecuados, pero también para que las empresas puedan recuperar los costos en que incurren”, cuando, como ya lo hemos visto, no han incurrido en ellos.

Por ello, con toda razón, le respondió la directora de El Heraldo que “eso no es lo que ocurre con exactitud. La desazón de los usuarios en la Costa frente a los impagables valores de su factura demuestra que la CREG cumple su labor a medias”.

La controversia que se suscitó por el cuestionamiento que se ha venido dando en torno a las condiciones pactadas entre el Gobierno y estas empresas para que relevaran en la operación de red a la inefable Electricaribe, dio lugar a que la Superintendente de Servicios Públicos Natasha Avendaño terminara revelando el secreto mejor guardado por parte del Gobierno sobre los términos de la negociación que medió la transacción para que ellas asumieran el control de sus activos.                                         

En efecto, las declaraciones la Superintendente, le merecieron titular de prensa, según el cual “Afinia y Air-e pagaron más de $6,4 billones para operar el servicio en la Costa Caribe”.

Según ella “el valor de la transacción tiene tres componentes y sin alguno de ellos no se hubiese podido cerrar. El primer componente es la obligación mínima de inversión de ambos mercados que fue de $5,7 billones. El segundo componente fue el pago por capitalización de las nuevas sociedades que se hizo por $567.862 millones. Y el tercer componente fue el pago a la fiduciaria FONECA por las acciones. En este caso fueron por $149.207 millones”.

Pero, esta es una falacia, la realidad es otra, la Superintendente está sumando peras con manzanas para inflar el monto de la cifra que desembolsaron Air-e y Afinia para hacerse al control y operación de sus dos mercados.

Los $5,7 billones son inversiones que se harán en activos eléctricos que van al patrimonio de las empresas, a su balance general, no al Gobierno, por los cuales, además, recibirán su remuneración anticipada vía tarifas. El valor de la capitalización ($567,862 millones) también va al patrimonio de las dos empresas.

En últimas, en plata blanca, lo único que recibió el Estado  de parte de las empresas fue el pago a la fiduciaria FONECA ($149.207 millones). No se puede hacer pasar gato por liebre para engañar a incautos. A otro perro con ese hueso.

Por lo demás, a guisa de ejemplo, contrasta ese valor con los $212.000 millones que recibió la Nación en 2009 por la enajenación de la Empresa de Energía de Cundinamarca, con sólo 230.000 clientes vs 2,7 millones usuarios del Caribe.

*Exministro de Minas y Energía y membro de Número de la ACCE.

La Unión Europea avaló el gas natural como energía verde de transición. Por años aplazaron el desarrollo de fuentes de energía propias y crearon una dependencia del gas ruso. Hoy, han tenido que encender plantas que funcionan con carbón contaminante. Por el contrario, Estados Unidos logró plena autosuficiencia con las fuentes de gas no convencional, que emite mucho menos carbono que todas las demás fuentes fósiles.

Por: ÁLVARO URIBE VÉLEZ*

21 de agosto de 2022.   El nuevo Gobierno de Gustavo Petro ha anunciado que no asignaría nuevos contratos de gas y/o petróleo. Además, que cancelaría los proyectos piloto o de prueba de fracking. Y que traerían gas de Venezuela.

En consecuencia con lo anterior, Colombia perdería su autosuficiencia, que actualmente tiene asegurada gracias a la combinación de energías renovables y convencionales. Autosuficiencia con excedentes exportables y en armonía con el sendero de reducción de emisiones netas.

En cuanto aquello de traer gas de Venezuela hay luces que no alumbran y sombras muy grandes. Este vecino tiene cerca de 200 teraspiés cúbicas en reservas, mientras Colombia cuenta con menos de 4 teras. Sin embargo, la realidad allá no es fácil.

Cuando con el presidente Chávez firmamos el contrato de venta de gas a Venezuela, la mayor contraprestación era el suministro a Colombia después de 2012. Esto no se dio, no sabemos cuántas razones hubo, pero es claro que existen problemas de gasoductos y de ubicación de los pozos. En efecto, la mayor parte de las reservas de Venezuela se encuentran en el oriente del país y al parecer todavía no hay infraestructura para traerlas al occidente, frontera con Colombia. En el Golfo hay una mínima parte, afirman que entre 4 o 5 teras, de donde podrían suministrar a Colombia a precios razonables para nuestros usuarios. Pero al parecer tampoco existe el gasoducto para conectar con el de La Guajira, que dejaron de usar en 2015, y este no tiene conexión con el que trae gas al Caribe y al Interior de nuestro país.

De resolverse estos obstáculos, más ilusión que realidad, el suministro de gas desde el Occidente de Venezuela solamente alcanzaría a ser paliativo para épocas de dificultades en Colombia como aquellos veranos del Niño, que se anticipa uno para dentro de dos años.

El Gobierno Duque firmó 70 contratos de exploración que implican desembolsos cercanos a 4 mil millones de dólares, destacable porque el país había llegado a cero contratos sin que sea aceptable la excusa de los precios en actividades que son de muy largo plazo.

Pero a tiempo que se recuperaba la tendencia de reservas de gas y petróleo, que venían reduciéndose, se logró un avance notorio en energías solar y eólica. Estos proyectos llegarían alrededor de 5.000 megas, cifra cercana al 25% de la capacidad total.

Sin embargo, con reservas de gas y de petróleo que pueden alcanzar solamente para 7 u 8 años, la situación es nada fácil. A esto sumamos que todavía hay aproximadamente 15 millones de personas sin conexión a gas natural. Y con un agravante, más de 5 millones de personas todavía cocinarían con leña, actividad consumidora de nuestros bosques.

En relación con los actuales usuarios y las necesidades nacionales, pensemos solamente qué sería de Bogotá sin gas, o el país importando petróleo para proveer la industria petroquímica y producir materiales de construcción, y a qué precio!

Durante la administración Pastrana se aprobó la ley de Amilkar Acosta para mezclar derivados vegetales a los combustibles fósiles, etanol y biodiesel. Nuestro Gobierno estableció las condiciones para la producción y mezcla de ambos, a partir de caña de azúcar y de palma africana.

También construimos confianza con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que se creó para independizar de Ecopetrol la asignación de campos y contratos. Y la capitalización mixta de Ecopetrol le dio músculo de inversiones a la empresa y un sólido gobierno corporativo. Debo recordar que se instalaron los primeros molinos de energía eólica en la Guajira, Jepirachi, gracias a nuestros estímulos tributarios. Y pusimos en marcha el programa Familias Guardabosques, remuneradas, que hoy tendría toda la lógica.

Entendemos y compartimos las preocupaciones por el fracking pero los proyectos pilotos darían una información sobre las realidades de riesgos en nuestro país, que de poderse superar aumentarían a más de 35 años las reservas de gas natural. Ecopetrol ha informado positivamente sobre su programa de fracking, con Oxy, en la cuenca Permian de los Estados Unidos.

El tema de impuestos excesivos es muy sensible en la medida que saque al país del rango para ser atractivo a la inversión. La propuesta del 10% a las exportaciones tendría el agravante de la fijación estatal, caprichosa o convencional, del precio sobre el cual operaría el gravamen. Y en cuanto a la no deducibilidad de las regalías, además de aumentar costos, llevaría a presionar a las regiones y a dificultar los pagos.

Bolivia, con enormes cantidades potenciales de gas, ha tenido que disminuir las ventas a Brasil y a Argentina porque con impuestos desaceleraron exploración y producción.

Colombia está comprometida con el hidrógeno, el Centro Democrático presentó un proyecto para su desarrollo que quedó incorporado en la ley de transición energética. Pero, las transiciones toman tiempo y no hay certeza que todo se pueda sustituir.

*Expresidente de Colombia

¿De verdad, señora ministra, señor presidente Gustavo Petro, queremos dejar todas esas necesidades básicas de los colombianos en manos de Venezuela, o del capricho de mandatarios como Nicolás Maduro?”.

21 de agosto de 2022.   O estamos frente a lo que podría ser uno de los más grandes descalabros en la historia de Colombia o tal vez no hemos acabado de entender bien en qué consiste la propuesta de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. La ministra, filósofa, con doctorado en geografía política y experta en temas ambientales ratificó lo que ya había dicho el presidente Gustavo Petro en campaña: que Colombia no firmará nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, petróleo y gas.

Muchos pensábamos que era una propuesta de esas que se lanzan en campaña para sintonizarse con las redes sociales pero que a la hora de gobernar no se hacen realidad. Pero parece que no es así.

La sorpresa fue mayor, cuando le preguntaron a Vélez qué hará Colombia si se queda sin gas, y ella, como si fuera lo más sencillo del mundo, simplemente contestó que lo importaríamos de Venezuela. ¡Hágame el favor el raciocinio!: no queremos extraer gas y petróleo porque al usarlos contaminan, pero sí se lo podemos comprar a Venezuela. ¿Es que acaso contamina menos el gas del vecino?

Por un raciocinio parecido hoy Sri Lanka está viviendo la peor crisis económica de su historia. En enero del año pasado al presidente de ese país le dio por prohibir el uso de pesticidas, con el embeleco de convertir toda la agricultura en ecológica de una sola vez. El colapso fue tal, el país se declaró en quiebra y sufrió una escasez de alimentos tan grave, que la población rápidamente tumbó al primer ministro y al presidente.

Para tener una idea de la gravedad de no ser autosuficientes en gas, basta con hacer un ejercicio matemático. En marzo de este año, cuando la invasión a Ucrania generó la gran crisis de abastecimiento de gas en Europa, el valor de la molécula de gas se disparó hasta 70 dólares. Mientras que en Colombia, como tenemos precios que se pactan en el mercado doméstico, esa misma molécula costaba 4,7 dólares. ¿Qué tal que no nos pudiéramos autoabastecer? ¿Hasta dónde habría llegado la inflación?

La presidente del gremio del gas, Naturgas, Luz Stella Murgas, lo dice claramente: si no fuéramos autosuficientes, el pago de la factura del servicio público de gas le costaría hoy a los colombianos cinco veces más de lo que pagan.

El anuncio de la ministra Irene Vélez causó estupor. Colombia cuenta con reservas de petróleo para cerca de siete años y de gas para ocho. Pero si quiere aumentarlas debe hacer inversiones ya porque estos combustibles no se encuentran de la noche a la mañana y su proceso de extracción demora años.

Colombia fue un ejemplo de éxito en América Latina por su política de masificación de gas en los últimos 20 años, que pasó de 1,9 millones de usuarios a 10,4 millones, con una cobertura cercana al 80%. Hoy de cada 10 hogares colombianos ocho lo usan. Además, alrededor de 600.000 vehículos utilizan este combustible para su movilización, no solo taxis sino transporte masivo.

¿De verdad, señora ministra, señor presidente Gustavo Petro, queremos dejar todas esas necesidades básicas de los colombianos en manos de Venezuela, o del capricho de mandatarios como Nicolás Maduro?

Hoy, 47% de las exportaciones colombianas corresponden a venta de estos energéticos -el año pasado ascendieron a 13.514 millones de dólares-. Su exploración y producción le deja millonarios recursos a las zonas productoras y pago de impuestos a la Nación, aparte de la generación de empleo. ¿Todo esto lo vamos a cambiar por importar gas venezolano? ¿vamos a dejar de generar ingresos para dárselos a Venezuela y seguimos contaminando lo mismo?

Estas y más preguntas conviene hacerlas en este momento antes de que sea demasiado tarde.

Colombia es responsable de menos del 0,5% de las emisiones contaminantes del planeta, así que cualquier cosa que haga en este sentido es totalmente marginal porque los grandes contaminantes son China, Estados Unidos y los países europeos. Las mayores emisiones del país son por la elevada deforestación de regiones como Amazonas, no por el petróleo y el gas. Este último es considerado un combustible de transición porque su material particulado (hollín) es prácticamente nulo.

Adicionalmente, Colombia hasta ahora está recorriendo el camino de las renovables no convenciones, tras el impulso que le dio el anterior gobierno. Por más que se quiera meter acelerador a fondo las renovables pasarán del 1% a cerca del 15% en la matriz energética en los próximos años, no ya. Estas son energías de apoyo, de respaldo al sector, pero el país no puede depender exclusivamente de ellas. Lo ideal es tener una matriz energética diversificada y limpia, como en nuestro caso.

Así que, señor Presidente Gustavo Petro, como dicen por ahí, con todo respeto, sálvenos usted de ese descalabro. O mejor, no nos lleve a ese despeñadero

Editorial del periódico El Colombiano, publicado el 17 de agosto.

Un sinnúmero de interrogantes surgen cada vez que se plantean escenarios en los que, como medida extrema, tuviéramos que recurrir a la importación de gas natural. Aclarar muchas de estas preguntas a la opinión pública es perentorio para que desde un debate técnico, razonable y aterrizado a la realidad, se discuta este trascendental tema que nos afecta a todos y se llegue a consensos, pero sobre todo para que se comprenda la importancia de proteger nuestra soberanía energética.

Por: JOSÉ DAVID NAME*

20 de agosto de 2022.   Una de las enseñanzas que está dejando la actual crisis en el mundo es la necesidad de contar con una matriz energética diversificada. Estamos aprendiendo que el radical abandono de los combustibles fósiles puede producir graves consecuencias debido a la alta vulnerabilidad a la que se expone.

Si bien es necesario reducir la dependencia de fuentes de energías fósiles e incorporar combustibles limpios al sistema energético, hacerlo de manera abrupta y sin respaldo puede conducir a la pérdida de la autosuficiencia.

Importar gas, no solo significaría un gran retroceso en el propósito del gobierno nacional de lograr la diversificación de la canasta energética, sino que también implicaría un aumento en el costo de un producto que consumen diariamente los colombianos, en su mayoría residentes de estratos 1 y 2. Además de la suma de un cargo adicional en los servicios públicos para financiar la construcción de una nueva infraestructura.

Según Ecopetrol, en caso que se opte por cesar la exploración y extracción del combustible, el costo del gas domiciliario podría triplicarse, es decir, que la factura de $30.000 sería de $90.000 o $120.000.

Resulta contradictorio que ahora que se están dando extraordinarios hallazgos de gas natural en el mar Caribe, que plantean un mejor panorama sobre las perspectivas de las reservas de gas en el territorio nacional, en vez de promover la producción, se esté hablando de importar. Sería contraproducente para Colombia que debido a la carestía, los usuarios se vean obligados a retornar al uso de energéticos más contaminantes como la leña o el carbón.

El Gobierno Nacional debe apostarle al fortalecimiento de la industria interna, priorizando el desarrollo de los abundantes recursos que existen costa afuera y en tierra, para así garantizar nuestra autosuficiencia energética.

Mientras se avanza en el camino de la transición energética, que somos conscientes tomará su tiempo, hay que seguir fortaleciendo el sector gasífero e incluyéndolo entre los planes de crecimiento y explotación, teniendo en cuenta que el gas natural es el respaldo principal de nuestro sistema eléctrico. El panorama energético es cambiante, lo que hoy abunda mañana escasea, por eso debemos estar preparados para todos los escenarios.

La reciente aclaración de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, acerca del compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro de acelerar la transición sin poner en riesgo la independencia energética de Colombia, disipa algunas preocupaciones de la industria. Sin embargo, es apremiante que en diálogo con los sectores políticos, empresariales y sociales, la líder de la cartera concerte cuáles son las medidas que se implementarán para asegurar el abastecimiento de gas natural en el corto, mediano y largo plazo, y se defina el futuro de las actividades de exploración y explotación de gas natural en el país.

*Senador de la República

El Experto Comisionado de la CREG señala los riesgos de desabastecimiento de gas natural que se corre si no se continua la exploración.

Por: ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ*

19 de agosto de 2022.   Las discusiones alrededor de la transición energética deben ser abordadas desde una perspectiva técnica y sin apasionamientos que sesguen un buen análisis, pero, sobre todo, las mejores decisiones.

Los asuntos energéticos nos afectan a todos, desde el pago de la factura por el servicio de gas o luz, hasta el combustible del vehículo familiar o empresarial, o cómo se impacta el precio de productos o servicios como fletes, alimentos y pasajes, entre otros.

Sí, es un asunto mayor de la economía personal, es un tema altamente sensible de soberanía. Para todos es un anhelo encontrar las mejores fuentes de energía, renovables, ambientalmente sostenibles y amigables.

Esta búsqueda depende de la capacidad, de la tecnología, las reservas y la posibilidad de ir migrando las fuentes existentes en tanto se tengan los medios para ir sustituyéndolas.

Las realidades deben acompasarse con los anhelos, las reformas legales o las mejoras regulatorias deben obedecer a análisis y estudios, y no al imaginario de que normarlo o prohibirlo todo automáticamente genera espontáneamente los resultados.

Son varias las voces que han advertido el gran riesgo de desabastecimiento que se corre sin seguir buscando y produciendo gas. En igual sentido, el importarlo triplicaría el costo de la factura por su consumo, nos haría dependientes del proveedor con los riesgos que esto conlleva, pero perderíamos la autosuficiencia alcanzada.

Para no entrar en la discusión regional, miremos el conflicto latente que hoy mantiene en vilo al mundo por la invasión de Rusia a Ucrania.

Hace solo 15 años los Estados europeos producían más gas que el que Rusia exportaba, sin embargo la producción europea decayó más de la mitad en la última década, lo que vino a ser reemplazado con las exportaciones rusas que cerraron la brecha, pero hoy los hace dependientes, vulnerables y víctimas del chantaje político y económico del gobierno ruso.

Aunque las finanzas rusas están golpeadas y los mercados europeos se mantienen, la dependencia energética de los europeos a manos de Putin complica cualquier plan o estrategia energética para garantizar la provisión y reemplazar las importaciones de gas ruso.

No podemos caer en el falso dilema de la transición energética como ideología, debemos dar la discusión, como se ha venido haciendo, con evidencia, con técnica y con hechos, como los que se alcanzaron en los últimos cuatro años con políticas públicas energéticas enfocadas en crecimiento verde, energías renovables, descarbonización e incentivos para limpiar y transformar.

El fracking seguirá siendo un tema sensible y no puede ser abordado sólo por el legislativo ni con inmediatez política, nadie se puede oponer a sustituir energías o fuentes contaminantes por otras renovables y limpias, pero en tanto no se siga explorando y encontrando gas -sea de yacimiento u otra fuente-, lo que está en juego es nuestra propia subsistencia.
*Experto Comisionado de Energía y Gas. Columna publicada en Portafolio

La propuesta de reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro trae buenas noticias en impuestos ambientales que van en el sentido correcto. Los artículos 29 y 30 actualizan el impuesto nacional al carbono, “un gravamen que recae sobre el contenido de carbono equivalente (CO2eq) de todos los combustibles fósiles, incluyendo los derivados del petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados para combustión”.

Por: DARÍO HIDALGO*

19 de agosto de 2022.   Algunos puntos interesantes para resaltar son:

• No se causa para sujetos pasivos que certifiquen ser carbono neutro; es decir, los que adquieran combustibles fósiles, pero compensen de acuerdo con lo que determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• No se causa para coquerías, ni para gas licuado del petróleo (GLP) de usuarios industriales.
• En gas natural solo se causa para refinación de hidrocarburos y petroquímica; no para el transporte ni residencias ni comercio ni generación eléctrica ni industria general.
• El alcohol carburante para mezcla con gasolina y el biocombustible que se mezcla con el diésel no son gravados.
• No se grava lo que se exporte ni tampoco el aprovisionamiento de diésel marino de buques en tráfico internacional.

Es decir, no todos los combustibles fósiles ni todos los usos de combustibles fósiles tienen impuesto, aunque todos generen gases efecto de invernadero que causan el calentamiento global. Esto parece obedecer a la consideración del gas natural como combustible de transición a consideraciones sociales y apoyo a determinados sectores industriales (biocombustibles).

El impuesto no causa doble tributación cuando se exporta ni afecta el comercio internacional. El hecho que existan excepciones y consideraciones especiales significa que la DIAN deberá fortalecer sus mecanismos de vigilancia.

Las tarifas corresponden a lo que genere en CO2eq (potencial de calentamiento global) y se actualizan en el tiempo con el índice de precios al consumidor mas un punto hasta que sea equivalente a tres unidades de valor tributario UVT ($114,112 de 2022). En otras palabras, aumenta en el tiempo hasta un tope lejano.

Sin embargo, se establece un mecanismo gradual para el carbón, que antes no era gravado. Para los años 2023 y 2024: 0%. Para el año 2025: el 25% del valor de la tarifa plena. Para el año 2026: el 50% del valor de la tarifa plena. Para el año 2027: el 75% del valor de la tarifa plena. A partir del año 2028: tarifa plena.

En conjunto, los impuestos saludables a las bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados, y los impuestos ambientales al carbono y los plásticos de un solo uso esperan recaudar $2,54 billones, y un 0,20 % del PIB como promedio de 2024 a 2033. Más que recaudatorio su propósito principal es reducir el consumo y de esta forma proteger la salud y el medio ambiente.

Subsidios a los combustibles

Al tiempo que se grava el consumo de fósiles vivimos un contrasentido profundo en política ambiental y energética. Subsidiamos de forma notable los combustibles fósiles con el propósito de no impactar significativamente la inflación. El déficit total del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles era 14.1 billones hasta marzo de este año y se proyecta en el doble para lo que quedaba del año. El entonces Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo anunció que dejaba una hoja de ruta para reducir el déficit en el Plan Fiscal de Mediano Plazo.

El nuevo ministro José Antonio Ocampo, por su parte, estimó el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en 3% del PIB este año 2022. El comité autónomo de la regla fiscal estima 2.7% del PIB. Esto es mucho más que la la reforma tributaria completa, que pretende recaudar 1,72% del PIB en 2023 y 1,39% en el promedio 2024-2033.

En otras palabras, el hueco fiscal que genera el subsidio a combustibles apenas se cubre parcialmente con la reforma tributaria completa. Por eso el propio ministro Ocampo indicaba antes de posesionarse que se deben “ajustar, al menos parcialmente, los precios de los combustibles, y revisar en forma estructural la política que se aplica a estos precios”.

El susto detrás del ajuste es doble. Por un lado, la incertidumbre de los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Si siguen altos, el subsidio crecería. Por otro, la inflación, la más alta que hemos enfrentado desde 2000 y que ya se “tragó” el aumento de salario mínimo de inicio del año de 10,07%.

Sobre el impacto inflacionario de aumentar los precios de los combustibles hay una percepción general que sería gravísimo. Sin embargo, en un buen estudio del Banco de la República en 2010, Hernán Rincón estimaba que “un choque del 10% a los precios de la gasolina y del Acpm aumenta la inflación del índice de precios al consumidor en 0,85%”. Un impacto mucho menor que lo que la mayoría podíamos esperar.

Valdría la pena revisar los resultados y actualizar las estimaciones. El comité de la regla fiscal hace cálculos apocalípticos. Sin embargo, el estudio del Banco de la República da la impresión de que el impacto es más especulativo que real. Además, si bien el diésel hace parte de los costos de transporte de productos y del transporte público de pasajeros, la gasolina se consume principalmente por usuarios de vehículo particular de mayores ingresos. Es entonces un subsidio al revés: beneficia más a los más ricos.

Enfrentan el Gobierno y el Congreso un reto muy interesante. Pero la consistencia ambiental y social indicaría que lo lógico es reducir los subsidios a los combustibles e incluso aumentar el impuesto al carbono. Esta es una lectura rápida y falta ver qué dice el Gobierno sobre la hoja de ruta de desmonte de subsidios que dejó la administración pasada.  Ajustar la fórmula de precios de los combustibles no es un proceso sencillo, pero es necesario.

*Investigador del CREE