Autor: Martín Rosas

La carbono neutralidad implica transformaciones profundas de todas las actividades en el país. Es cierto que el sector energético no es la principal fuente de gases de efecto invernadero en Colombia. Pero, también es cierto que lograr la carbono neutralidad exige que cada sector la alcance por su cuenta.

Por: RICARDO DELGADO^*

8 de septiembre de 2021.   El término “transición” se encuentra entre los más usados en cualquier conversación reciente sobre energía. El concepto de carbono neutralidad también está, aunque con menos frecuencia, en la lista corta de los términos más usados en las discusiones energéticas actuales.

Parece que tanto la “transición” como la “carbono neutralidad” hacen parte de la misma conversación y el primero implica al segundo. Sin embargo, la combinación de estos dos conceptos en una misma conversación puede llevar a silencios incómodos.

Uno de estos silencios es la duración de la transición. Otro es el punto de llegada del proceso de transición. ¿La transición energética va a ser un proceso continuo? o, por el contrario, ¿hay una fecha objetivo para lograr los cambios relacionados con la transición? ¿Cuál es el punto de llegada del proceso de transición energética? Invito al lector a que se responda estas preguntas.

Un proceso de transición implica que un sistema en un estado A llegue a un estado B. El estado A del sector energético en Colombia es la situación actual. Un sistema relativamente con pocas emisiones, que ha aumentado la cobertura y el acceso a la energía y que ha soportado el desarrollo económico del país. El sistema en la situación actual funciona bien. Podríamos seguir entregando energía a bajo costo utilizando los energéticos con los que contamos. Sin embargo, por alguna razón como país hemos identificado la necesidad de realizar un proceso de transición energética. ¿Cuál es el estado B al que el sistema debe llegar luego de surtir su proceso de transición?

Es posible que el lector responda que la ruta de transición debe llevar a tener un sector energético descarbonizado o carbono neutral (más todos los atributos del estado inicial). Esa respuesta implica que la principal razón para llevar a cabo la transición energética del país es la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para lo cual hace falta diversificar el suministro y utilizar nuevas fuentes y tecnologías. Por lo tanto, el éxito o fracaso de la transición energética se mide por qué tan efectiva fue para cortar las emisiones de gases de efecto invernadero mientras se mantienen los demás atributos del estado actual.

Hablando de cambio climático, hoy en día sabemos que el éxito de la mitigación se mide en carbono neutralidad. Si el objetivo de la mitigación es detener el aumento de la temperatura global y este aumento se da por la acumulación de gases de efecto invernadero, ya sabemos que la única manera de ser exitosos es alcanzar la carbono neutralidad global.

El agua de un estanque lleno se va a seguir derramando mientras haya un flujo de agua a la entrada, así este sea pequeño. Ya la ciencia nos ha confirmado que, para detener el aumento de la temperatura del planeta, debemos (como planeta) alcanzar la carbono neutralidad. De nada vale que sólo una parte del planeta la consiga si otra parte nunca la alcanza (habrá siempre un chorro pequeño de agua entrando al estanque).

La carbono neutralidad, sin que entremos a discutir sobre la necesidad o conveniencia de fijarla como objetivo nacional, implica transformaciones profundas de todas las actividades en el país. Es cierto que el sector energético no es la principal fuente de gases de efecto invernadero en Colombia. Pero, también es cierto que lograr la carbono neutralidad a nivel país exige que cada uno de los sectores la alcance por su cuenta.

Supongamos que el sector agropecuario, forestal y de cambios de uso del suelo (AFOLU, por su acrónimo en inglés) lograra llevar sus emisiones netas a cero. Para lograrlo ese sector deberá disminuir sus propias emisiones y hacer uso de potencial de captura para compensar las emisiones remanentes que no pueden ser mitigadas.

Aunque en el sector AFOLU colombiano la mayoría de las emisiones se dan por la deforestación, también hay un gran aporte de las actividades como ganadería y agricultura. Es imposible, desde el punto de vista técnico, tener una producción ganadera sin emisiones de metano asociadas.

Del mismo modo, no hay manera de realizar fertilización de suelos sin que se produzcan emisiones. De esta manera, el suponer un sector AFOLU carbono neutral implica que se logren cambios técnicos en las actividades agropecuarias, se detenga la deforestación y se logren procesos de reforestación y restauración. Como resultado, es posible que en algunas décadas el sector AFOLU logre mitigar más de lo que emite dando espacio para compensar emisiones de otros sectores como el energético, por ejemplo.

Aún así, de nada valdría el esfuerzo de lograr la carbono neutralidad del sector AFOLU sin lograr la del sector energético, la del sector de manejo de residuos y la de los procesos industriales y uso de productos. Estos últimos tres sectores tienen en la mira el potencial de compensación del sector AFOLU para sus propias estrategias de carbono neutralidad. Pero AFOLU no tiene la capacidad de compensar sus propias emisiones y las emisiones de los otros tres sectores al mismo tiempo.

Cada sector debe realizar su propio proceso de transición hacia la descarbonización. En el caso del sector energético, este es el proceso de transición. Y esto implica que las ya de por si bajas emisiones del sector energético deberían ser mucho más bajas luego de la transición. Y la única manera de tener menos emisiones en el futuro que las que tenemos hoy es disminuyendo el consumo de combustibles fósiles. Esto por supuesto no es sencillo y nadie sensato espera que la transición se dé en uno o dos años (o en un solo gobierno presidencial).

Pero, ¿para cuándo estamos esperando lograr la carbono neutralidad del sector energético? De acuerdo con los anuncios del gobierno, la meta nacional es alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Para ese momento el sector AFOLU ya debería haber alcanzado la carbono neutralidad y estar generando absorciones netas.

Sabemos con certeza que el consumo de energía en 2050 en el país va a ser mayor que el de hoy en día. Por lo tanto, resulta sensato pensar que si en ese año el sector energético no ha alcanzado el objetivo de su proceso de transición, no hay más alternativa que el incumplimiento de objetivo del gobierno, que será un compromiso (no vinculante) del estado una vez se comunique formalmente al IPCC.

El cumplimiento del compromiso de carbono neutralidad sólo es posible si en 2050 el uso de combustibles fósiles es muy inferior (90%-100%) al consumo actual.

Así las cosas, ¿encajan la transición energética colombiana con la carbono neutralidad en la misma conversación?

*Investigador del Centro Regional de Estudios Energéticos

En el gobierno del presidente Iván Duque se han nombrado a todos los miembros actuales de la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Está en riesgo la independencia del Emisor?

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

4 de septiembre de 2021.   Con el nombramiento del ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en la Junta Directiva del Banco de la República, después de su fallido intento de nombrarlo como su Gerente y de ser defenestrado del Gabinete por su fracaso en hacer pasar por el Congreso su nefasta reforma tributaria, hoy en día todos, absolutamente todos, los codirectores designados le deben su nombramiento, por distintas circunstancias, al presidente Iván Duque.

Muy desafortunado este nuevo episodio de la tan criticada puerta giratoria, que tanto daño le ha hecho al país.

Con ello, el Banco pierde su autonomía, la que le dio la Constituyente de 1991, disponiendo un mecanismo de rotación de suerte que nunca, ningún presidente llegara a nombrar más de dos de los cinco codirectores de dedicación exclusiva, todos ellos con periodos de cuatro años prorrogables dos periodos más.

Con la llegada de Carrasquilla a la Junta del Emisor, además de la pérdida de su autonomía y de quedar como apéndice del Ministerio de Hacienda, contrariando el sano principio democrático de los pesos y contrapesos, se concentra aún más el poder en el Ejecutivo.

Pésimo mensaje que se ha dado para el mercado, en momentos en los que Colombia acaba de perder la calificación inversionista de la deuda soberana. Las calificadoras de riesgo tomarán atenta nota de este paso en falso.

Uno puede no estar de acuerdo con el antipático poder que ellas se han arrogado, como cancerberos de los fondos de inversión privados, de calificar o descalificar la deuda pública de los países, pero el hecho cierto es que el  “mercado” le cree más a ellas que a las promesas del alto gobierno en su periplo reciente por Washington y Nueva York, para comparecer ante los inversionistas y miembros del American Society/Council of the Americas para convencerlos de que Colombia es buena paga.

Ya se sabe que la aprobación del proyecto de reforma tributaria que se tramita en el Congreso, al no contribuir a reducir el déficit estructural que acusan las finanzas del Gobierno nacional, limitándose sólo a cuadrar caja para asegurar el financiamiento de los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, así como la protección del empleo, ampliados para enfrentar los estragos de la pandemia, no satisface las expectativas de las calificadoras de riesgo.

Como lo ha sostenido el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, “los esfuerzos adicionales serían responsabilidad del siguiente Gobierno”. Con la aprobación del proyecto de reforma tributaria 2.0, entonces, el Congreso de la República y el gobierno simple y llanamente están pateando la pelota para adelante. Como suele decir el campesino en aprietos después de ponerse a salvo, quien venga detrás que arree.

Una de las calificadoras, Fitch, cree que será necesario un aumento permanente de los ingresos fiscales para estabilizar y comenzar a reducir la carga de la deuda pública. “Una reforma tributaria creíble también anclaría las expectativas fiscales a mediano plazo, respaldando la credibilidad de las políticas y reduciendo la vulnerabilidad a los shocks”. Y eso es justamente lo que no es dable esperar de la reforma que se tramita. La experiencia de 1999, cuando se perdió la calificación inversionista y sólo se recobró doce años después, en 2011, no llama al optimismo de su pronta recuperación y menos con embarradas como esta que motiva esta nota.

En fin, volvimos a los tiempos que creíamos superados de la Junta Monetaria, que dependía del Ministerio de Hacienda, justo cuando estamos conmemorando los 30 años de vigencia de la Constitución del 91, desandando sus pasos.

Qué diría El Cófrade, Alfonso Palacio Rudas, quien como se sabe no tragaba entero y como delegado de la Constituyente no disimuló su satisfacción de sólo pensar que “por fin en la Constitución se va a enterrar el leviatán, se va a enterrar ese monstruo que es la Junta Monetaria”, ahora que por cuenta de la dinámica de la política se vuelve a las andadas.

Como es bien sabido, la Constituyente elevó a rango constitucional la existencia y el funcionamiento del Banco de la República, a diferencia de la Junta Monetaria que estaba amparada en la Ley. Mediante el artículo 371 de la Carta se consagró su autonomía administrativa y le asignó como objetivo fundamental en su artículo 373 velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, sin dejar de lado, como lo determinó la Corte Constitucional a través de su Sentencia C – 481 de 1999, el crecimiento de la economía y la generación de empleo.

Todo este andamiaje y la institución misma del Banco es lo que está en grave predicamento en este momento con el curso que han tomado los acontecimientos.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.