Análisis de la actual coyuntura de recesión económica ocasionada por un débil crecimiento y precipitada por la pandemia del coronavirus. De dónde venimos y para dónde vamos.
Por: AMYLKAR ACOSTA MEDINA*
28 de abril de 2020. Un fantasma recorre el mundo. La recesión económica que sigue a la pandemia del Covid-19, dado que, como lo sostiene el director del CEDE de la Universidad de los Andes Hernando Zuleta, “el impacto de la emergencia económica sigue, como la epidemia misma, una curva exponencial: si no hacemos nada para evitarlo, la pérdida de empleos y tejido empresarial empezará pronto y se multiplicará rápido”.
De allí que al tiempo que hay que empeñarse en aplanar la curva de contagio del coronavirus, hay que hacer lo propio con la curva de la tasa de desempleo, de la pobreza y la del número de empresas que colapsan bajo el peso de la crisis.
Así las cosas, se impone la necesidad de recurrir a la caja de herramientas en salud y economía de la que disponemos, en el entendido que no se puede poner a salvo la salud sino se pone a salvo la economía y viceversa. Tratar de contraponer la salud y la economía es un falso dilema, la una no sobrevive sin la otra. Como lo advierte el escritor Cristo García, “cuanto hay que preservar, priorizar, anteponer a cualquier otra razón, sin por eso relegar en el desván de los esfuerzos a la economía y al aparato productivo, es la vida y la salud de los humanos, pues de ellas dependen la economía, los sistemas políticos y el mercado.”
En suma, la actual crisis por la que atraviesa el país y el mundo tiene tres aristas, la de la salud, la de la economía y la social, imbricadas, interrelacionadas entre sí, de modo tal que la una sigue la suerte de las otras.
El premio Nobel de Economía Amartya Sen lo ejemplifica muy bien: “Si bien la presencia del virus mata gente, la ausencia de sustento también lo hace”. Dicho de otra manera, sin vida no hay economía, y la plata para salvar vidas sale de la economía, son dos variables de una misma ecuación.
Estamos en medio de una encrucijada en la que, como lo dice el más reciente Informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, “están en juego muchas vidas y muchos medios de subsistencia perdidos”. Y añade que “el Covid–19 es potencialmente catastrófico para millones de personas que ya están pendiendo de un hilo” por la falta de empleo e ingreso.
De dónde venimos
Siempre es bueno dar un vistazo hacia atrás, para saber de dónde venimos, porque, como lo afirma Humberto Eco, “si uno se entera de lo que ha pasado, muchas veces entiende lo que puede suceder”. A la hora de analizar la coyuntura actual, sobre todo en lo atinente al desempeño de las desastradas economía y las finanzas públicas, la línea del menor esfuerzo es endilgarle la causa y sus consecuencias a la pandemia del Covid-19.
Pero, esta no es más que una cortina de humo, habida consideración que la economía global no había terminado de reponerse de la crisis financiera de los años 2008 y 2009. Entre tanto, las economías de Latinoamérica estaban en plena resaca después de embriagarse con el largo ciclo de precios altos de los commodities, entre 2003 y 2012, para los productos mineros, y entre 2003 y 2014 para el petróleo. De allí que, después de muchos años durante los cuales el promedio de crecimiento de la economía de la región se situaba por encima del crecimiento promedio de la economía global, se invirtieron los papeles y desde entonces su crecimiento ha estado por debajo de dicho nivel.
Mientras se navegaba con el viento a favor se logró bajar los deplorables índices de pobreza en la región. En Colombia, particularmente para el 2003 casi el 59% de las personas encuestadas se percibían pobres, mientras que en 2016 este porcentaje disminuyó al 39,6%. Pero, como lo que por agua viene por agua se va, esta tendencia se revirtió al pasar del 26.9% en 2017 al 27% en 2018, 190.000 habitantes cayeron en la trampa de la pobreza.
Ocurrió lo mismo con el coeficiente GINI, que mide el grado de concentración del ingreso, el cual después de descender desde 0.54 en 2014 a 0.51 en 2017, en 2018 volvió y subió al 0.52. Además, un logro muy importante como fue que el porcentaje de clase media, 31%, superara el porcentaje de pobreza, el 40% de ella se tornó vulnerable, con un pie en la clase media y el otro pie en la pobreza.
En buena medida este retroceso en los indicadores sociales se debió a la desaceleración del crecimiento de la economía, pasando del 6.9% en 2011 al 3.3% en 2019. Además, después de ostentar un crecimiento potencial del 4.5% en 2012, a poco andar cayó al 3.5% y de allí no se ha podido levantar, con el agravante que ya completamos 5 años consecutivos donde el crecimiento del PIB ha estado por debajo de este menguado crecimiento potencial. Pese a la promesa de catapultar las exportaciones merced a los tratados de libre comercio (TLC), que se firmaron a tontas y a locas, el déficit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos pasó de -3.3% en 2013 a – 4.3% en 2019.
Y, para rematar, el desempleo, después de 6 años con un índice de un solo dígito, desde el 2019 regresó a los dos dígitos, con un desempleo del 10.5%, al cual se vino a sumar una informalidad laboral del orden del 47%.
Según el DANE, de los más de 22 millones de personas ocupadas al cierre de 2019, el 42.4% de ellos (9.4 millones) se clasificaban como trabajadores por cuenta propia y de estos, según ANIF, 2.5 millones pueden considerarse como profesionales independientes. Es muy diciente que en Colombia más del 90% de las empresas se clasifican como micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
El menor crecimiento de la economía y el pésimo desempeño del sector externo han terminado por afectar las finanzas públicas, con el agravante que las sucesivas reformas tributarias no han hecho más que erosionar la base impositiva y diezmar el recaudo, de modo que la participación de este en el PIB a duras penas llegaba en 2016 a 15.7% del PIB, en contraste con el 19.2% del PIB del gasto público. Esta brecha de casi 4 puntos porcentuales se agiganta sin remedio dado que, según la Ley de Wagner, el gasto público tiende a crecer con el tiempo y el tamaño del Estado, tanto en términos absolutos como en proporción del PIB, dado que cada día debe asumir mayores responsabilidades. Ello explica el déficit fiscal estructural crónico que acusa la Nación, el cual pasó de -1.8% del PIB en 2014 a -2.5% en 2019.
Es de anotar que, de acuerdo con la CEPAL, el recaudo de impuestos en Colombia como proporción del PIB en 2018 se situó en 18.8%, inferior al promedio de la región que es del 22.8% y muy por debajo del promedio de la OCDE que registra el 34.2%.
A contrapelo de ello, en concepto del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, “para cumplir la Ley (léase Regla fiscal), deberán efectuar un ajuste fiscal de 1.4% del PIB entre 2018 y 2019. Esto que suena manejable, equivale de hecho a un choque entre 7.5% y 10% del tamaño del Gobierno en Colombia”. Ello es a todas luces impracticable, máxime cuando con la Ley de Financiamiento primero y la Ley de Crecimiento después, en lugar de arbitrarle mayores recursos a la Nación, se asumió un costo fiscal que bordea los $10 billones. Tanto más si se tiene en cuenta la inflexibilidad que acusa el Presupuesto General de la Nación que supera el 85%.
Ante esta encrucijada, el ministro Carrasquilla ha recurrido a la treta de hacer pasar el gasto corriente por financiamiento mediante la expedición a troche y moche de TES para comprar deuda con deuda y financiar gasto, maquillando las cifras fiscales, las que han perdido credibilidad, tal como lo han manifestado los expertos y las firmas calificadoras de riesgo, y exponiendo al país a la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana de la Nación. De hecho, dos de las más importantes firmas calificadoras de riesgo, S&P Ratings y Fitch, ya le rebajaron la nota, que está a sólo un escalón de perder la calificación inversionista. Con esta práctica nada ortodoxa, elevó peligrosamente la deuda pública al cierre de 2019, según el Plan Financiero del Ministerio de Hacienda, hasta el 51.2%.
Las tensiones en el seno de la Comisión Consultiva de la Regla Fiscal llevaron a que uno de sus integrantes renunciara por considerar que “la Regla fiscal se ha vuelto inocua…El Gobierno cambió la forma de contabilizar el déficit fiscal y está pagando obligaciones con emisión de TES. Esto hace que esos pagos no se vean reflejados en mayores déficits, pero sí engordan la deuda”. Dicho y hecho.
Ahora, cuando el ministro Carrasquilla dice que “este será uno de los peores años, si no el peor, de nuestra historia económica”, no puede atribuírsele en un todo a la pandemia, esta lo que ha hecho es exacerbar la crisis de la economía y las finanzas públicas que ya se venía incubando.
Es más, lo que venía haciendo crisis es el modelo económico que desde los años 90 se impuso en Colombia, siguiendo el recetario del neoliberalismo, aupado por el fatídico y fracasado Consenso de Washington, que siempre tuvo más de Washington que de consenso. Este propugnaba por un Estado ausente, por un Estado distante, que no interfiriera las leyes del mercado, por ello su Decálogo contemplaba la desregulación de la actividad económica como paradigma. Se trata del capitalismo salvaje.
En el caso particular de Colombia, las cifras son tozudas. Durante los diez años siguientes a la adopción de este modelo en las postrimerías de la administración Barco, el crecimiento promedio del PIB fue de 2.5%, la más baja de todo el siglo XX, 50% de la tasa de crecimiento en la década anterior, con el tan execrado modelo “cepalino”.
Después de semejante fiasco, no es extraño que se hubiera reconocido por parte de los heliotropos del Consenso de Washington, encabezados por el mismísimo John Williamson, su padre putativo, en la Cumbre que tuvo lugar en Barcelona en 2004, “los mediocres resultados de las reformas diseñadas para alcanzar un crecimiento económico sostenible en muchas regiones del mundo. La persistencia – y a menudo empeoramiento – de una distribución de la riqueza y de la renta altamente desigual en muchos países en desarrollo”.
Concluyeron, además, en dicha Cumbre, que “no existe una única política económica que pueda garantizar un crecimiento sostenido… Los países deberían tener la libertad de diseñar políticas adaptadas a sus circunstancias específicas… La prioridad es identificar las restricciones que más dificultan el crecimiento y superarlas mediante políticas microeconómicas y macroeconómicas adecuadas”.
Esto mismo reconoce, aunque tardíamente, el ex viceministro de Hacienda y ex director de la DIAN Juan Ricardo Ortega, quien después de haberse declarado como “un neoliberal sin corazón”, ahora acepta que “tenemos que rectificar las reformas propuestas, como la apertura económica, las privatizaciones, la desregulación y la reducción de impuestos, pues son mal percibidas… La ilusión de que el mercado solito iba a acelerar el crecimiento económico, la generación de empleo y la innovación, no resultó cierta para nuestros países… Toca generar conciencia sobre cómo los costos del progreso los están soportando los más vulnerables y el sistema no está siendo justo”. Claro que él podrá repetir con Churchill que “a menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que eran una dieta equilibrada”.
En dónde estamos
La pandemia del Covid-19 se propagó rápidamente por el mundo, y las medidas que se vieron forzados a tomar los distintos países para tratar de atenderla y contenerla causaron una abrupta interrupción de los flujos comerciales, interrumpió la operatividad de las cadenas de valor, así como los suministros y la movilidad a nivel global. Esta provocó una virtual parálisis de la economía, del comercio internacional y una estampida de los capitales golondrina, especialmente desde los países en desarrollo.
De manera que, la confluencia de la pandemia y el freno del crecimiento de la economía global sorprende a esta con muy bajas defensas y por ello mismo muy propensa al contagio. El crecimiento de la economía global en 2019 fue de 2.9% y se pronosticaba un crecimiento del 3.3% para 2020.
Por su parte la economía latinoamericana, después de haber crecido en promedio 2% durante el auge minero-energético (2000–2013), en 2019 el crecimiento estuvo en terreno negativo con –0.6%. La previsión para 2020 del crecimiento de la economía regional por parte del FMI mostraba un ligero repunte de 1.6%. Ahora, según la secretaria Ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena, Latinoamérica está “ante el principio de una profunda recesión. Estamos ante la caída de crecimiento más fuerte que ha tenido la región”.
La economía colombiana, después de cuatro años de ralentización del crecimiento, bajando desde 6.9% en 2011 hasta tocar fondo en 2017 con un crecimiento de 1.4%, rebotó en 2018 con un crecimiento de 2.5% y de 3.3% en 2019, con una meta de crecimiento del 3.7% para 2020. Se prevé un agravamiento del déficit en Cuenta corriente de la Balanza de pagos a consecuencia de la caída tanto de los precios como de los volúmenes exportados de petróleo y carbón. Además, el turismo, que había alcanzado cifras record en 2019, US$6.420 millones, posicionándose en el segundo renglón como generador de divisas, después del petróleo (US$12.900 millones) y por encima del carbón (US$5.600 millones), fue el primero y el más golpeado por esta crisis.
Otra fuente importante generadora de divisas que ingresan al país son las remesas de los colombianos residentes en el exterior, que también se han visto afectadas, a tal punto que se proyecta una caída desde el récord registrado en 2019 de US$6.744 millones a la horquilla entre US$2.023 y US$3.034 millones.
De otra parte, según la más reciente Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, tanto el Índice de confianza industrial como la comercial registraron en marzo de este año mínimos históricos de -35% y -30.8%, respectivamente. En cuanto al Índice de confianza del consumidor, este registró en marzo -23.8%, perdiendo 12.5 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Y no hay que perder de vista que, como lo afirma el presidente de ANIF Mauricio Santamaría, “cuando el consumo de los hogares empieza a caer el PIB también lo hace inmediatamente, porque eso se transmite a otros sectores; entonces los negocios dejan de vender y tienen que recortar empleos. Eso se convierte en una espiral que es manejable hasta cierto punto, pero se puede convertir en una recesión de la que es casi imposible salir y de la que cuesta mucho tiempo recuperarse”.
Para dónde vamos
La perspectiva de la economía a nivel global es sombría y desde luego a nivel regional y nacional. La pandemia la ha puesto a prueba, tanto más en cuanto que su contención al tiempo que afecta los ingresos del sector público y privado, demanda ingentes recursos que sólo el Estado puede proporcionar. El Ministerio de Hacienda pronostica una caída de $10 billones en el recaudo esperado para 2020 de $148 billones. Como afirma el ex presidente de Uruguay José Mojica, “sólo ahora se han dado cuenta de que el Estado es imprescindible”, sobre todo en las actuales circunstancias, en las que deberá impedir a toda costa que la iliquidez en la economía se torne en insolvencia y la recesión en depresión.
Bien ha dicho el ministro Carrasquilla que “la crisis económica que atraviesa el país implica, de una parte, mucho más gasto público para atender los desafíos en salud pública, los humanitarios y los de iliquidez empresarial; pero también implica mucho menos ingresos públicos, como consecuencia del frenazo económico que tiene el manejo de la pandemia. Esto significa mucha más deuda y es una deuda que tenemos que pagar una vez superemos esta tragedia”.
Según el ex presidente de ANIF Sergio Clavijo, la deuda pública estará “bordeando el 56% del PIB tras financiar déficits arriba del 4% del PIB en 2020–2021 y teniendo que reembolsar los recursos del FAE y el FONPET”.
El ministro Carrasquilla se vio precisado a convocar de urgencia el Comité consultivo de la Regla fiscal, para que este le diera su visto bueno a una mayor flexibilización de la meta del déficit fiscal de 2020, el cual se acordó revisar desde el -2.2% ($22 billones) previsto hasta el -4.9%, asumiendo un decrecimiento de la economía del -1.6%. Ello daría un margen de gasto adicional de $28 billones, los cuales son a todas luces insuficientes, ya que los recursos provenientes de endeudamiento interno para el Fondo de Mitigación de la Emergencia (FOME) suman $25.2 billones y $9.8 billones con la banca comercial a través de los títulos de solidaridad, los cuales superan dicho margen. No obstante, como lo sostiene el director del FMI para el Hemisferio Occidental Alejandro Werner “se han cumplido las condiciones necesarias para activar el artículo 6 de la regla fiscal que permite gastos contracíclicos adicionales por dos años bajo la Regla. Incluso, si esto no fuera suficiente, también existe una Cláusula de escape bajo la Regla fiscal que podría activarse en circunstancias extraordinarias fuera de control del Gobierno”.
Ello puede llegar a representar un hueco fiscal en 2020 que, según Corficolombiana, oscilaría entre 4.2% y 5.1% del PIB; para ANIF del 5%, y para Fedesarrollo entre 4.7% y 5.7%, cálculo que puede resultar optimista si se prolonga la pandemia. La Facultad de Economía de la Universidad de los Andes va más lejos y asegura que el efecto combinado del gasto adicional no previsto y la caída en el ingreso podrían llevar el déficit al 8% del PIB, lo cual se traduciría en un incremento de la relación deuda pública/PIB del 51.2% a cerca del 60%. No se le pueden, entonces, endosar todas nuestras dolamas al coronavirus.
Hacia dónde vamos
El ministro Carrasquilla dice que “la economía, obviamente, no va a crecer el 3.7% que estimamos en el Plan financiero redactado antes de la pandemia. La tasa de crecimiento será negativa y lo será en grado muy importante. Nuestro cálculo preliminar está entre -1.5% y – 2%”[1]. Todo indica que el Ministro se está quedando corto por exceso de optimismo, pues según las proyecciones del FMI el PIB en 2020 tendrá una baja en su crecimiento de –2.4%, por su parte la CEPAL prevé una contracción del PIB de –2.6%. Fedesarrollo es más pesimista y pronostica una baja del crecimiento que se situaría en el rango –2.7% a –7.9% en 2020, y peor le iría a la tasa de desempleo que podría alcanzar el 16%, en el escenario más optimista y 20.5% en el más pesimista. Y, como lo sostiene el director del Observatorio del Mercado de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, el economista Stéfano Farné, “muchas familias terminarán en la pobreza porque la informalidad era su alternativa de empleo”. Según el columnista Ricardo Ávila, de continuar con la parálisis actual, “haría desaparecer más de diez millones de empleos con consecuencias devastadoras sobre un vasto segmento de la población”.
Y no es para menos, dado que según la desoladora Declaración reciente del FMI la caída del PIB mundial sería de –3%, la cual podría llegar a –8% si se prolonga la pandemia o se presenta una nueva ola de contagios. Refiriéndose a Latinoamérica, la CEPAL sostiene que “a diferencia de 2008, esta no es una crisis financiera, sino de personas, producción y bienestar”, y después de haber previsto un crecimiento del PIB de la región para el 2020 de 1.3 ahora prevé un descenso de –1.8%, pero que podría llegar a ser -4% “o incluso más”. Entre tanto el FMI considera que a Latinoamérica le puede ir peor y por ello pronostica una caída de la actividad económica de –5.2%, la peor recesión de su historia.
Queda en el campo de la futurología saber cómo y cuándo vamos a salir de este pandemónium. En este momento todo es incertidumbre, todavía es muy temprano para hacer balances o proyecciones, de allí que no sepamos ni podemos predecir si la recuperación de la economía global, la de la región y la de Colombia tomará forma de V, saliendo rápidamente del fondo, W con recaída, U con una lenta recuperación o L después de un largo letargo.
Corolario
Varias son las conclusiones que podemos colegir luego de analizar y examinar los antecedentes y las consecuencias que se pueden derivar de la actual crisis, la cual no tiene precedentes en la historia moderna, empezando porque la globalización como la conocemos va a cambiar y con ella van a cambiar muchos de sus paradigmas. Nuevas reglas en las relaciones comerciales entre los países, los hábitos de consumo van a cambiar y la economía digital terminará por imponerse. Como afirma Paul Valery, “el futuro ya no es lo que era” antes de esta pandemia.
En una cita afortunada del ex secretario del Departamento de Estado de EEUU Henry Kissinger que nos trae el analista Moisés Naím, nos dice que “estamos viviendo un cambio de épocas… El reto histórico para los líderes de hoy es gestionar la crisis al mismo tiempo que construyen el futuro. Su fracaso en esta tarea puede incendiar el mundo”.
El gran historiador israelí y autor de la obra 21 lecciones para el siglo XXI Yuval Noah Harari, dice que “las decisiones que los gobiernos y las personas adopten ahora van a determinar el escenario de los años que vienen…No solamente en lo que tiene que ver con la salud, sino también con la economía, la política y la cultura”.
Pero, también advierte: “sea quien sea a quien elijamos para gobernar en los próximos años tendrá la capacidad de revertir lo que se decida ahora… Pronto un nuevo orden emergerá y se solidificará y, por lo tanto, el momento de influir en la dirección de la historia es este”. Así de claro.
Coincido con la secretaria Ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena cuando anuncia que “estamos ante un cambio de época, de paradigma. Tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo”, porque el ya anquilosado modelo económico neoliberal fracasó, porque el Estado, tan denostado por sus turiferarios, vuelve con más fuerza a cumplir su rol de gestor y promotor de un desarrollo sostenido e incluyente. Dijo Bertolt Brecht que “la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer”, y en esas estamos.
Devendrá una nueva normalidad, puesto que, como lo dice la escritora Isabel Allende “nuestros sistemas políticos y económicos han caducado” y otro sistema político y económico vendrá a ocupar su lugar. Como el huevo de la serpiente de Ingmar, su membrana transparente lo delata. No podemos permitir que se perpetúe un modelo económico y social en donde, como lo afirma el ex presidente de Uruguay José Mojica, “la economía crece, pero concentra mucho más de lo que crece”. Esta distopía le debe ceder el paso a la utopía realizable de una economía solidaria, resiliente frente al cambio climático, diversificada, signada por el bienestar, la equidad y la inclusión social.
En Colombia llegó la hora, por fuerza de las circunstancias, de repensar y replantear el modelo económico al que se han aferrado unos tras otros los gobiernos, sobre todo en las últimas tres décadas, durante las cuales, al igual que en los demás países de Latinoamérica, según lo acota Alicia Bárcena, “nos convertimos en exportadores de materias primas, volvimos a esquemas que creíamos superados” y remata diciendo, “así nos será muy difícil dar sostenibilidad a nuestro crecimiento”.
En esa misma línea, elForo Económico Mundial (FEM) llama la atención sobre el hecho que “Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía”. Para ello se requiere que la diversificación de la economía sea una política de Estadode largo aliento, que garantice su continuidad en el tiempo y el espacio.
Rematamos con esta frase de Gabriel García Márquez que, como todas las suyas, ilumina con su lucidez y perspicacia: “Nuestra virtud mayor es la creatividad y, sin embargo, no hemos hecho más que vivir de doctrinas recalentadas y guerras ajenas.” Entonces, seamos creativos. ¿Por qué no darnos nuestro propio modelo, que responda a nuestra realidad y expectativas?
*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.
