Gobierno ordena devolver más de $150 mil millones a usuarios de gas

Los recursos deberán ser reintegrados a millones de usuarios que pagaron sobrecostos desde 2023 en la componente de transporte. Las transportadoras se defienden.

El Gobierno nacional, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), ordenó la devolución de más de 150 mil millones de pesos a los usuarios del servicio de gas natural en el país, tras determinar que se aplicó un incremento en la tasa de descuento del costo de capital (WACC) que elevó la componente de transporte en las tarifas.

En 2023, mediante la Resolución CREG 102 002, el WACC pasó de 10,94% a 11,88%, lo que permitió a empresas transportadoras como TGI —filial del Grupo de Energía de Bogotá— y Promigas —vinculada al Grupo Aval— incrementar los costos en la componente de transporte. Dichos aumentos fueron trasladados a los usuarios finales del sistema.

Posteriormente, los distribuidores de gas natural interpusieron recursos de reposición solicitando que se mantuviera el WACC del 10,94% mientras se aprobaban los nuevos cargos tarifarios, con el fin de evitar mayores impactos en la factura de los hogares y comercios.

Tras analizar los recursos, la CREG —presidida por el ministro de Minas y Energía— decidió acoger la solicitud y ordenar la reducción del WACC, así como la devolución de los valores cobrados en exceso desde 2023 hasta la fecha.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dijo que “la regulación energética tiene que estar al servicio del interés general. Más de 150 mil millones de pesos volverán a los ciudadanos, porque nuestra prioridad es aliviar la carga económica de las familias”.

Respuesta de las transportadoras

La respuesta de las transportadoras no se hizo esperar: Promigas, TGI, Promioriente, Transmetano y Transoccidente rechazaron la información publicada sobre supuestos cobros indebidos en el transporte de gas natural y se expresaron a través del siguiente comunicado de prensa:

Frente al comunicado divulgado el 4 de marzo de 2026 por el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG), con relación a la devolución de recursos al usuario final por un supuesto traslado de sobrecostos asociados a la tasa de descuento aplicada al transporte de gas natural, nos permitimos informar a la opinión pública:

  • Las Compañías Transportadoras reiteran su compromiso con los usuarios del servicio público de gas natural, con el respeto a la Constitución Política, la ley, la transparencia, y la observancia de las decisiones judiciales y del marco normativo y regulatorio vigente, que son esenciales para garantizar la prestación eficiente del servicio público de gas natural.
  • Promigas, TGI -filial del Grupo Energía Bogotá-, Promioriente, Transmetano y Transoccidente (Compañías Transportadoras) han aplicado de manera estricta, transparente y rigurosa la regulación expedida por la CREG, incluyendo la metodología tarifaria y la aplicación de la tasa de descuento vigente de la manera correcta para la actividad de transporte de gas natural.
  • Las Compañías Transportadoras reiteramos que hemos aplicado de manera estricta la regulación vigente y NO hemos generado ni trasladado a los usuarios sobrecostos en el transporte de gas y, por lo tanto, no habría lugar a devoluciones.
  • En laudo arbitral de fecha 11 de febrero de 2026, que decidió las diferencias entre Transmetano y EPM sobre la tasa de descuento aplicable a la actividad de transporte, se concluye que la transportadora ha obrado conforme a la regulación y que, por lo tanto, ha aplicado la tasa correcta.
  • A la fecha, las Compañías Transportadoras no han sido notificadas de ninguna decisión administrativa que ordene la devolución de recursos en los términos señalados en el comunicado. Una vez se conozcan oficialmente los actos administrativos correspondientes, se procederá a analizar su contenido y alcance con el rigor técnico y jurídico que corresponde y, de ser necesario, acudiremos a las instancias judiciales competentes para garantizar el respeto del ordenamiento jurídico, la seguridad jurídica y las competencias institucionales previstas en la legislación colombiana.

En marcha el primer vehículo de reparto de bebidas impulsado por gas

Comenzó a rodar el primer vehículo de reparto de bebidas impulsado por Gas Natural Vehicular (GNV) para operación urbana en Colombia, una solución que marca el inicio de una nueva etapa en la movilidad sostenible del país.

Durante años, la distribución urbana ha sido esencial para el movimiento de las ciudades, pero la movilidad evoluciona: menos emisiones, más eficiencia, más futuro, por ello Postobón avanza hacia una movilidad más sostenible incorporando tecnologías limpias, optimización de rutas, decisiones basadas en datos y con formación continua para sus conductores.

“En Postobón, junto a nuestro operador de transporte Edinsa y en alianza con Vanti, ponemos en operación el primer vehículo de reparto de bebidas impulsado por gas natural vehicular para entornos urbanos en Colombia, integrándolo a nuestra flota como parte de nuestro programa de movilidad sostenible. Este hito refleja una decisión estratégica: seguir avanzando con hechos en la descarbonización del transporte, reduciendo nuestra huella ambiental y fortaleciendo la eficiencia de la operación logística, señaló Jorge Ricardo Gutiérrez, vicepresidente de Logística y Distribución de Postobón.

El programa de movilidad sostenible de Postobón ha sido reconocido por la ANDI como una de las iniciativas más innovadoras del país. Además, el año pasado recibió el reconocimiento INSPIRADORES, otorgado por la Universidad EAFIT como iniciativa que muestra nuevos caminos en el entorno empresarial.

Este lanzamiento demuestra que es posible avanzar hacia un modelo sostenible, sin perder rendimiento, abriendo camino a nuevas soluciones energéticas para el transporte de carga en Colombia como es el gas natural vehicular.

“En Vanti estamos convencidos de que la transición energética se mueve sobre ruedas, y el gas natural vehicular es el motor que impulsa ese cambio. Este vehículo marca un hito para la movilidad sostenible en el país y abre una oportunidad sin precedentes en el segmento de carga de 17 toneladas, demostrando que eficiencia y sostenibilidad pueden avanzar juntas”, destacó Rodolfo Anaya, presidente de Vanti.

El nuevo vehículo, desarrollado por DFAC–Dongfeng, es el primero en Colombia con esta configuración a gas natural y está diseñado específicamente para operación de alto rendimiento, tanto urbano como intermunicipal.

Al año, un vehículo de este tipo puede recorrer aproximadamente 30.000 km. Para este caso, al comparar el vehículo a gas natural vehicular que hoy entra en operación, puede reducir hasta un 53% sus emisiones de CO2e, al compararlo con un vehículo alimentado por diésel o gasolina.

«Este es el primer y único vehículo en el país con un motor exclusivo a gas, Cummins B6.7, homologado con tecnología Euro VI, el cual reduce significativamente las emisiones contaminantes, eliminando el 99,9% de material particulado y disminuyendo más del 90% de los óxidos de nitrógeno. Cuenta, además con una curva de torque optimizada, transmisión calibrada, gran capacidad de carga y autonomía de más de 300 kilómetros, que lo convierten en una solución real para reducir emisiones de gases efecto invernadero y mejorar la calidad del aire sin sacrificar desempeño”, explicó Erick Gutiérrez, gerente General de DFAC–Dongfeng.

“Desde 2019, el Grupo Ecopetrol junto a Vanti, a través de este convenio, hemos impulsado la conversión a Gas Natural de más de 45.000 vehículos, con una inversión aproximada de $36.500 millones. De esta manera, continuamos respaldando el uso de vehículos a gas natural en Colombia, contribuyendo a la reducción de CO2 y de material particulado del país, en línea con el compromiso que tenemos con la Transición Energética,” dijo Álvaro Casonova, gerente de Gas y GLP Ecopetrol.

Este lanzamiento demuestra que es posible avanzar hacia un modelo más limpio sin perder rendimiento, abriendo camino a nuevas soluciones energéticas para el transporte de carga en Colombia como es el gas natural vehicular.

Superservicios hace propuestas sobre la comercialización de gas

A través del informe “Análisis de Utilidades de Comercializadores Puros de Gas Combustible por Redes”, la Superservicios examinó la evolución de los resultados financieros del período 2020–2024 y el corte a septiembre de 2025, con el propósito de evaluar la estructura de ingresos, costos y gastos, así como el comportamiento de la utilidad bruta y la utilidad neta del sector.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control (IVC), adelantó una revisión estructural del segmento de comercializadores puros de Gas Combustible por Redes (GxR), donde se evidencia una alta concentración de ingresos, un modelo de negocio altamente dependiente del costo de adquisición del gas y una dinámica creciente de compra y reventa sucesiva en el mercado secundario, afectando el precio final al usuario.

Se entiende por comercializador puro a un comercializador que compra y revende en el mercado secundario, pero no atiende usuarios finales.

De acuerdo con el informe, los ingresos totales por la actividad de comercialización en 2023 fueron de $2,99 billones y en 2024, $3.23 billones; la utilidad neta del 2023 fue de $174,7 mil millones y para 2024, $122,8 mil millones, siendo este valor de utilidad neta una cifra que es trasladada a los usuarios finales de gas por redes, únicamente por la dinámica de comercialización.

“Esto indica que la actividad de comercialización pura, cuando se limita a la compra y reventa de gas en el mercado secundario, puede generar escalonamientos en el precio del energético si no existe una agregación de valor operativo, logístico o de gestión de riesgo que justifique dicho margen”, señala la Superservicios en un comunicado.

“Desde la perspectiva del usuario, cada eslabón adicional en la cadena de comercialización tiene el potencial de trasladar costos adicionales al precio final que paga el usuario, afectando la eficiencia económica del servicio público”, agrega.

La Superservicios advierte que, aunque la intermediación es una actividad regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), ningún eslabón de la cadena puede traducirse en ampliaciones injustificadas del precio final al usuario. El principio de eficiencia económica del servicio público domiciliario es un mandato legal que es vigilado de manera estricta en el marco de las competencias de esta entidad.

En consecuencia, la Superservicios realizará seguimiento específico a:

•            La evaluación de la compra y reventa sucesiva, y si estas contribuyen efectivamente a la eficiencia del mercado o generan sobrecostos acumulativos en la cadena.

•            La trazabilidad del precio del gas desde el productor hasta el usuario final, identificando el número de intermediaciones y su efecto agregado en el precio final.

•            El comportamiento del diferencial comercial y la coherencia económica de los márgenes reportados.

Con fundamento en los hallazgos derivados del ejercicio de vigilancia que se encuentran en el informe, la Superintendencia ha formulado propuestas regulatorias orientadas a:

•            Analizar mecanismos que eviten encadenamientos excesivos de intermediación cuando no acrediten eficiencia ni gestión efectiva de riesgo.

•            Incentivar esquemas de contratación directa que reduzcan intermediaciones innecesarias y promuevan competencia efectiva.

•            Reforzar el análisis bajo el principio de eficiencia económica del servicio público, garantizando que la comercialización contribuya a la competencia y no a la ampliación injustificada del precio final que afecten a los usuarios.

Finalmente, la Superintendencia señala que de identificarse prácticas que comprometan la eficiencia económica del servicio o afecten la protección del usuario, la entidad adoptará las acciones correspondientes dentro del ámbito de sus competencias legales.

Premios Verdes abre inscripciones en América Latina y el Caribe

El programa de educación continua para proyectos sociales y ambientales inicia su convocatoria regional desde el 1 de marzo, conectando iniciativas en un programa gratuito de fortalecimiento, evaluación técnica y proyección internacional.

La sostenibilidad en el tiempo continúa siendo uno de los principales desafíos para los proyectos socioambientales en América Latina. Más allá de la generación de ideas, el reto está en consolidar modelos que puedan mantenerse operativos, acceder a financiamiento y escalar su impacto.

En ese contexto, a partir del 1 de marzo de 2026, proyectos con impacto y resultados medidos —sociales, ambientales o de innovación— podrán postular en la décimo primera edición de Premios Verdes, una plataforma regional que ha evolucionado hacia un programa integral de fortalecimiento de capacidades y conexión internacional.

De acuerdo con el Estudio de Impacto 2013–2023 elaborado por PwC, el 71% de los proyectos que participaron en Premios Verdes superó la barrera de los dos años y continúa en funcionamiento.

Además, el 74% incrementó sus ventas tras su participación y el 36% accedió a financiamiento. Estas cifras evidencian la incidencia que pueden tener los procesos de evaluación técnica, mentoría y visibilidad en la sostenibilidad económica de las iniciativas.

La nueva edición tendrá como eje el evento global que se realizará en octubre en Cuenca, Ecuador, donde convergerán proyectos y líderes de distintos países.

El modelo se articula también a través de los Capítulos País, que permitirán un acompañamiento más profundo a nivel local y la construcción de comunidades nacionales.

Para esta edición, Bolivia se consolida como Capítulo País, mientras que Perú y Colombia desarrollarán encuentros estratégicos que prepararán a sus proyectos para su participación en el evento global en Cuenca.

La convocatoria está dirigida a proyectos en ejecución que se alineen en cualquiera de las diez categorías de Premios Verdes: Agricultura y Producción de Alimentos, Agua Dulce, Ciudades y Comunidades Resilientes, Desarrollo Humano,

Economía Circular, Ecosistemas Terrestres, Ecosistemas Marinos, Energía, Finanzas y Tecnología Verde. El registro es gratuito y prioriza iniciativas con impacto comprobable, sostenibilidad financiera y potencial de escalabilidad.

“El reto regional es fortalecer y amplificar todo proyecto que ya genere resultados. Quienes están resolviendo problemas reales en sus comunidades necesitan acceso a redes, conocimiento y oportunidades que les permitan crecer, y ese es el compromiso de Premios Verdes”, señala Gustavo Manrique, cofundador de Premios Verdes.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de abril en www.premiosverdes.org. Los proyectos serán evaluados por expertos internacionales bajo criterios técnicos de impacto ambiental, social, sostenibilidad financiera e innovación.

“El verdadero valor no está solo en el reconocimiento, sino en la red que se construye alrededor. Hoy la región necesita soluciones que puedan sostenerse, escalar y proyectarse internacionalmente”, destacó Manrique.

En defensa de los biocombustibles

Ante la crisis actual de la agroindustria del etanol, en este momento en grave predicamento, me veo precisado a salir en su defensa.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Empecemos por definir los biocombustibles como el componente renovable en la mezcla de etanol con gasolina y un porcentaje de biodiésel con el diésel, en la actualidad ambos al 10%; contribuyendo a la seguridad energética del país, a mejorar el medioambiente e impulsar al sector agrícola, al punto que representan el 0,4% del PIB nacional y el 5,6% del PIB agrícola.

Las leyes 693 de 2001, de mi autoría, y la Ley 939 de 2004 dispusieron la obligación de dichas mezclas en todo el territorio nacional, en el primer caso a partir de 2005 y en el segundo a partir de 2008. 

Veintiún años después de contribuir con la reducción de emisiones, 3,9 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y 950 toneladas de material particulado en 2025, causantes del Cambio Climático y nocivas para la salud, la cadena productiva de etanol está amenazada por la miopía, la ambigüedad y la falta de coherencia de la política pública del actual gobierno, poniendo en riesgo el avance de la transición energética justa que tanto pregona.

Veamos: El detonante de la crisis del etanol está en la avalancha del etanol importado, que ha venido ganando cada vez mayor participación en el mercado doméstico. Hasta 2016, la producción nacional daba abasto para satisfacer la demanda interna y sólo a partir del año siguiente empieza a abrirse paso el etanol importado desde los EEUU, escalando en los siguientes años hasta alcanzar el 40% en 2023 y más recientemente, entre 2024 y 2025, superando el 50% del mercado.

Cabe preguntarse cómo se explica este cambio tan dramático en tan corto tiempo. Una primera aproximación a la respuesta nos lleva a constatar un viraje desde la entrada en vigencia de la Resolución 90454, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, que entró en vigencia en abril de 2014, limitando la importación a los volúmenes necesarios y suficientes para cubrir el déficit y asegurar el cumplimiento del porcentaje del 10% de la mezcla (E-10), que luego fue derogada por la Resolución 41053 de mayo de 2017, liberando las importaciones.

La reacción no se hizo esperar, las importaciones pasaron desde los 68 millones de litros en 2016 a 269 millones de litros en 2019, hasta alcanzar el récord de 437 millones de litros en 2025, favorecidas por la diferencia entre el precio del etanol regulado producido en el país y el precio de paridad importación, altamente subsidiado. 

Las consecuencias están a la vista: la inundación del mercado interno con las importaciones de etanol y no “la sobreproducción” de la que habla el presidente Gustavo Petro, atribuyéndola a un supuesto “exceso de crédito de la banca privada al grupo azucarero y a un uso ineficiente de la tierra”, ha dado lugar a que los inventarios estén al tope, superando los 54 millones de litros, amenazando a toda una cadena con sus 286 mil empleos formales en más de 50 municipios del país, con preponderancia en sus áreas rurales.

De allí el S.O.S. lanzado por el vocero del sindicato de trabajadores agropecuarios Jhonson Torres, al demandar del Gobierno Nacional “se firme la Resolución de estabilización de precios”, la cual pasa por tomar como referencia los costos en que incurren los productores de etanol y no el precio del azúcar en Londres, que viene causando distorsiones en desmedro de la industria nacional.

Hay dos aspectos que no se han tenido en cuenta a la hora de liberar las importaciones y desproteger la producción nacional de etanol. El primero de ellos tiene que ver con el dumping del etanol importado, el cual es objeto de múltiples subsidios en el país de origen, desde las siembras de maíz, que es su materia prima hasta las plantas refinadoras, entre el 22% y el 32%, amén de su protección con altos aranceles.

El otro aspecto a considerar es que hay una diferencia abismal en la reducción de las emisiones de GEI del etanol producido a partir de la caña de azúcar como materia prima, que está alrededor del 73% y el producido con maíz, que fluctúa entre el 20% y el 40%. En este aspecto no hay punto de comparación.

Y no hay que perder de vista que Colombia, como signataria del Acuerdo de París adquirió el compromiso de reducir sus emisiones de GEI en 51% hacia 2030 y que por lo tanto el etanol producido en el país contribuye mucho más a alcanzar dicha meta que el etanol importado.

Queremos llamar la atención sobre el error del presidente Petro al pedirle al ministro de Minas y Energía Edwin Palma a “quitar el subsidio al etanol y al biodiesel”, confundiendo la excepción de la que es objeto de los gravámenes aplicables a los combustibles de origen fósil, que es sólo un incentivo para sustituir a estos por aquellos, que contribuyen a la reducción de las emisiones de GEI.

Su política de favorecer las importaciones de etanol en detrimento de la producción nacional va a contrapelo de lo dispuesto en el Plan de Desarrollo de su gobierno, el cual propende por la diversificación de la economía, la reindustrialización y el impulso del sector agrícola.

En lugar de frenar esta industria, se debería apalancar incrementando el porcentaje de la mezcla. De esta manera, además, se incrementa aún más la sustitución de las importaciones de combustibles al país, las cuales superan el 40% de la gasolina y el 15% del diésel.

Ello es más conducente y pertinente si nos atenemos al pronunciamiento de la Agencia Internacional de Energía (AIE), a la que acaba de ser admitida Colombia, en el sentido que “los biocombustibles son una pieza clave dentro de la estrategia global para descarbonizar la economía”, en particular el sector automotor.

Incurre el Gobierno, entonces, en una gran contradicción, que es menester corregir y así evitar males mayores. Más coherencia, por favor.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El mundo se mueve hacia el GNL: ¿Cómo juega Colombia?

En la Segunda Convención de Exploración Energética, la Guía del Gas habló sobre la actualidad del gas natural en el mundo con el geólogo colombiano Luis Carlos Carvajal, doctor en Geología del Petróleo de la Universidad de Houston y quien ha trabajado en varias compañías extranjeras.

Doctor Carvajal, ¿cómo está el sector del gas natural licuado (GNL) a nivel mundial?

El sector del GNL es un sector que muchas compañías, y más que las compañías, varios países están mirando como una opción nueva de energía, porque tiene bajo contenido de contaminantes, de CO2, y además es una energía que se puede transportar fácilmente.

Las grandes compañías están moviendo grandes capitales para invertir en proyectos de GNL, para mantener la seguridad energética de cada país en el largo plazo.

¿Cómo está viendo a futuro el mercado del GNL y cuáles son los nuevos países frontera, dónde se está explorando?

Luego de la pandemia de la COVID-19, algunos países vieron la necesidad de moverse hacia una nueva fuente de energía, lo que se ha llamado energía de transición. Así, muchas empresas empezaron a salirse de la actividad pura del petróleo y buscar más oportunidades en gas, puede ser biogénico o termogénico.

Desde ese momento, las empresas de petróleo empezaron a volverse más concentradas en buscar gas y empezaron a explorar en diferentes partes del mundo.

Una de las grandes áreas para gas es la parte oriental de África, donde están Tanzania y Madagascar, una zona que tiene una gran capacidad de acumulaciones de gas, pero estos sitios están lejos de los principales mercados, como son Asia y Europa, por lo que las empresas se han volcado a explorar más cerca de esos mercados. Esa es hoy la prioridad número uno.

¿Mercados como cuáles?

Recientemente fui asignado a trabajar en un equipo en Egipto, aplicando esta filosofía de buscar acumulaciones de gas cerca de mercados, también porque Egipto requiere una gran cantidad de gas para su estabilidad energética.

Y cómo está Colombia

Dentro de ese panorama, ¿cómo está Colombia, qué oportunidades tiene el país?

Colombia es casi como el ejemplo de Madagascar o de Tanzania, donde se han hecho campañas, se ha demostrado que hay grandes acumulaciones de gas en el offshore y eventualmente de petróleo, pero hemos sido frenados por diferentes regulaciones, diferentes aspectos más allá de lo técnico, más allá de la realidad geológica.

Hay proyectos exploratorios que han encontrado grandes acumulaciones de gas en el Caribe colombiano, pero no han tenido la opción de tener la viabilidad económica, porque hay muchos aspectos que tienen que considerarse, y unos de esos aspectos son la parte impositiva y el cierre financiera.

En Colombia existe la geología, pero necesitamos trabajar más en la parte comercial y en las partes no técnicas, las de regulación y de impuestos. Falta un atractivo fiscal para atraer a las grandes empresas.

En pocas palabras, lo que estamos haciendo es aplicar muchas veces regulaciones del onshore, que es tierra adentro, de campos maduros que han estado produciéndo por 50 o 60 años, y aplicando las mismas regulaciones a campos que ni siquiera se han probado que sean técnicamente viables. Y si hacemos eso automáticamente ponemos una barrera.

Las compañías quieren poner un capital a un riesgo altísimo, pero

al comienzo hay que flexibilizar los términos. Y hoy en día no existen esos términos y por esa razón muchas compañías han salido del país, porque no han encontrado el punto para decir que el proyecto va a generar valor.

Tenemos que trabajar como colombianos, como industria del petróleo, para mostrarle a la gente, especialmente al nuevo gobierno, que tenemos que flexibilizar los términos fiscales.

Tenemos que abrir las puertas a la inversión con un mercado regulado, con una exploración regulada y con las últimas técnicas de exploración que son seguras.

Tenemos que invitar a todas las compañías y volver a traer la inversión al país, porque no podemos dejar nuestros recursos enterrados, pues las implicaciones son grandísimas.

El potencial de los no convencionales

¿Qué opina usted sobre la tecnología del fracking en Colombia?

La tecnología ha sido probada en diferentes partes del mundo, Argentina, Estados Unidos, pero como toda tecnología tiene sus riesgos, tiene ciertos requerimientos técnicos mínimos que no han sido probados en Colombia completamente.

¿Por qué no han sido probados? Porque hay regulaciones políticas, comerciales, que no han dejado ni siquiera probar esas cosas. No sabemos siquiera lo que tenemos en el subsuelo y ya estamos diciendo que es malo.

Entonces, por la parte de los no convencionales, simplemente, primero probamos y vemos si realmente se puede producir. Y una vez que vemos que se puede producir, miramos los otros aspectos.

Además, hay que tener en cuenta un componente social. La diferencia de Colombia con Argentina y los Estados Unidos es que Colombia, en cualquier parte que usted vaya, va a estar altamente poblada. En Argentina o en Estados Unidos son campos extensos sin población, pero en Colombia, donde se ha determinado que funciona el fracking, enfrentaría ese problema social.

Podemos cambiar el rumbo del país si le traemos un poco más de reservas, dejando explorar esas áreas que no nos han dejado explorar hasta ahora.

TransMilenio celebra 25 años con un congreso internacional de transporte

El evento reunirá a líderes y representantes del sector del transporte y la infraestructura eléctrica en el mundo para compartir sus experiencias en torno a ejes temáticos como planificación estratégica y movilidad sostenible, desarrollo urbano orientado al transporte, transición a cero emisiones y financiación.

TRANSMILENIO S.A. celebrará sus 25 años con el Congreso Internacional TransMilenio 25 años: Innovación que transforma ciudades, y una agenda académica y sectorial que reunirá en Bogotá a líderes del transporte público, la infraestructura, el desarrollo urbano orientado al transporte y la movilidad sostenible.

El Congreso se realizará del 4 al 6 de marzo de 2026 en Ágora Bogotá – Centro de Convenciones, y está dirigido a autoridades y operadores de transporte, gobiernos nacionales y locales, organismos multilaterales y banca de desarrollo, sector privado y proveedores del ecosistema de movilidad, sector inmobiliario y de la construcción, academia, centros de pensamiento, redes internacionales de ciudades, embajadas y agencias de cooperación.

“TransMilenio no solo celebra 25 años de operación, reafirma su papel como referente en la transformación de la movilidad urbana en América Latina y, hoy, como operador urbano comprometido con impulsar desarrollos y proyectos que integren transporte, ciudad y calidad de vida”, indicó María Fernanda Ortiz gerente General de TRANSMILENIO S.A.

La programación académica está estructurada en tres jornadas. El 4 de marzo se desarrollarán visitas guiadas a componentes estratégicos de la operación: BRT (visita a patio portal), buses eléctricos en carriles mixtos (visita a patio eléctrico), cable aéreo (visita a TransMiCable) y centro de control de TRANSMILENIO S.A.

El 5 de marzo estará enfocado en planificación estratégica y dimensión social del transporte, con sesiones sobre decisiones inteligentes para sistemas sostenibles y el transporte como herramienta para la equidad, la inclusión y la seguridad.

El 6 de marzo abordará financiación y sostenibilidad del transporte con conversaciones sobre transformación urbana en torno a la movilidad y Desarrollo Urbano Orientado al Transporte, fuentes innovadoras de ingreso y la transición hacia cero emisiones.

Además, el Congreso contará con una muestra comercial y una agenda de relacionamiento orientada a promover el networking entre el sector público, el sector privado, organismos multilaterales y la academia, con el fin de fomentar cooperación y alianzas.

Además, incluirá una feria con stands y una agenda comercial para participantes y empresas del ecosistema del Sistema, y abrirá espacios para estructurar alianzas y oportunidades de inversión y desarrollo urbano e inmobiliario asociadas al Sistema, en línea con el rol de TRANSMILENIO S.A. como operador urbano.

“Este Congreso posiciona a Bogotá como epicentro global del debate sobre transporte público sostenible. Estamos convocando a quienes toman decisiones, financian, diseñan y operan sistemas que impactan millones de vidas. El liderazgo hoy no se mide por lo que hemos hecho, sino por la capacidad de anticipar el futuro. Y desde Bogotá estamos listos para liderar los próximos 25 años de innovación en movilidad”, señaló Ortiz.

Vanti obtiene el Sello Oro de Sostenibilidad del Icontec

Vanti alcanza el máximo reconocimiento en sostenibilidad y demuestra que en Colombia la energía también se produce con responsabilidad.

En un contexto donde el sector energético enfrenta crecientes exigencias regulatorias, sociales y ambientales —y donde el gas natural cumple un rol clave en la confiabilidad del sistema y la transición hacia matrices más limpias—, la sostenibilidad ya no se mide por intención, sino por resultados.

Ese fue el camino que recorrió Grupo Vanti, que atiende a más de 3,7 millones de usuarios en Colombia, al pasar de Sello Plata a Sello Oro de Sostenibilidad del ICONTEC en solo un año, una evaluación técnica que mide de forma integral la gestión ambiental, social y de gobierno corporativo.

El avance respondió a integrar la sostenibilidad al corazón del negocio. A través del Plan Vanti Avanza Sostenible, la compañía alineó su operación con indicadores claros en ética y transparencia, eficiencia energética, gestión de consumos, emisiones y residuos, acción frente al cambio climático, respeto por los territorios y desarrollo del talento humano.

La evaluación exigió procesos documentados, evidencias verificables y resultados concretos, impulsando el fortalecimiento de sistemas internos de medición, la estandarización de prácticas y una mayor responsabilidad transversal entre áreas técnicas, operativas y administrativas.

“El mayor aprendizaje fue entender que la sostenibilidad no puede operar como un frente aislado. Tiene que convertirse en un criterio transversal para decidir cómo operamos, cómo invertimos y cómo nos relacionamos con los territorios”, señaló Ricardo Garzón Torres, director de Asuntos Públicos de Vanti.

En la práctica, el proceso implicó fortalecer sistemas de medición y control, estandarizar indicadores ambientales y sociales, y consolidar una gestión más rigurosa sobre consumos energéticos, emisiones, residuos y seguridad operativa.

Como parte de ese camino, la compañía avanzó en eficiencia energética con proyectos como distritos térmicos, reforzó su estrategia de movilidad sostenible y desarrolló iniciativas sociales como Con Sabor de Hogar Vanti, enfocadas en seguridad alimentaria y formación comunitaria.

Geólogos de Colombia lanzan propuestas de política pública

La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP) presentó un borrador de proyecto de ley impulsado por geólogos, geocientíficos e ingenieros, orientado a fortalecer la seguridad energética, la soberanía del subsuelo y el ordenamiento territorial de Colombia.

El anuncio se da en un año desafiante, cuando el país enfrenta decisiones determinantes sobre su matriz energética, la adaptación al cambio climático y la gestión del territorio. El documento, presentado como policy brief, busca llevar el conocimiento geocientífico al centro de la política pública nacional, superando debates ideológicos y apostando por decisiones basadas en evidencia.

El borrador propone una hoja de ruta clara para Colombia: reconocer las geociencias como un activo estratégico de la Nación, indispensable para reducir riesgos, fortalecer la resiliencia territorial y garantizar una transición energética realista, segura y socialmente justa.

Tres propuestas que aportan al debate

El documento plantea tres acciones concretas de política pública:

  1. Gestión geocientífica territorial: Profesionalización de los territorios a través de un geólogo por municipio, como inversión en prevención, planificación y reducción del riesgo, no como un costo. Se estima que el costo de la prevención y mitigación sería un diez por ciento de los gastos en atender desastres naturales.
  2. Inclusión obligatoria del conocimiento geológico en el ordenamiento territorial, para que los POT, PBOT y EOT se construyan con base en la realidad del subsuelo a través de la iniciativa “Un geólogo por municipio”.
  3. Una Ley de Seguridad Energética y Subsuelo para la Adaptación al Cambio Climático, que articule energía, territorio y el clima, y permita pasar de la improvisación a la planeación estratégica.

Según la ACGGP, el país no puede seguir tomando decisiones sobre energía, agua, ciudades y riesgos naturales sin integrar de forma sistemática el conocimiento del subsuelo, especialmente en un contexto donde el 84 % de los colombianos vive en zonas de riesgo y la dependencia energética va en aumento.

Geociencias: de disciplina técnica a infraestructura del Estado

El borrador fue presentado en el marco de la Convención de Exploración Energética: Camino a la Coexistencia, que se realizó en Cartagena, en el que se enfatiza que las geociencias no solo soportan la exploración de hidrocarburos, minerales estratégicos o geotermia, sino que son clave para la gestión del agua, la reducción del riesgo de desastres, la adaptación climática y la planificación territorial.

Casos como los sistemas de alerta temprana en Medellín, el potencial gasífero offshore o los proyectos geotérmicos volcánicos demuestran que el conocimiento geocientífico salva vidas, aporta recursos públicos y fortalece la soberanía minero-energética.

“La transición energética no puede construirse desconociendo el subsuelo. Las geociencias no son un obstáculo: son la garantía de que el país transite con seguridad, autonomía y responsabilidad”, señala el documento presentado.

Un mensaje político desde la técnica

El lanzamiento del borrador en la Convención de Exploración envía un mensaje directo: la seguridad energética y el ordenamiento territorial no pueden seguir siendo decisiones políticas desconectadas de la ciencia. Para la ACGGP, 2026 representa una oportunidad histórica para alinear política, técnica y territorio.

“Colombia necesita más ciencia en las decisiones públicas, porque donde hay conocimiento del subsuelo, hay soberanía. Y donde hay soberanía energética y territorial, hay desarrollo sostenible real”, indicó Flover Rodríguez Portillo, director Ejecutivo de la ACGGP.

En 2025, Enel Colombia ejecutó el mayor plan de inversión de su historia

Con 2,9 billones de pesos, la compañía invirtió en fortalecimiento de infraestructura eléctrica y desarrollo del parque de generación renovable.

En 2025, Enel Colombia ejecutó el mayor plan de inversión de su historia, con más de 2,9 billones de pesos destinados a fortalecer la infraestructura eléctrica del país e impulsar la transición energética a través de la generación renovable.

Estas inversiones, consolidan a la compañía como un actor clave en el desarrollo del sistema eléctrico, la electrificación de la movilidad y la confiabilidad del servicio para millones de personas en Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.

Al cierre de 2025, Enel Colombia registró un EBITDA consolidado de 7,3 billones de pesos, equivalente a un crecimiento del 20,7% frente al año anterior, y una utilidad neta de 3,2 billones de pesos, con un incremento del 34,9%.

Asimismo, la compañía redujo la deuda financiera neta, mejoró la rentabilidad operativa y preservó el grado de inversión, reafirmando su compromiso con la creación de valor sostenible y la transición energética.

Los resultados reflejan el desempeño del negocio de generación, que contó con un mayor aporte de energía propia, tuvo menores compras en el mercado spot y una estructura de costos controlada.

Adicionalmente, el negocio de distribución contribuyó mediante un aumento de la remuneración regulada, asociado a la entrada en operación y reconocimiento de nueva infraestructura, que incrementó la Base Regulatoria de Activos (BRA).

Por otro lado, en diciembre de 2025, Standard & Poor’s ratificó la calificación internacional de Enel Colombia en ‘BBB-’ con perspectiva negativa, mientras que Fitch Ratings ajustó la calificación de ‘BBB’ a ‘BBB-’ y revisó la perspectiva de negativa a estable, en línea con la revisión de la calificación soberana de Colombia.

De acuerdo con la compañía, “ambas acciones se dieron en el contexto de la revisión de la calificación soberana de Colombia y no responden a un deterioro del desempeño operativo o financiero de la compañía, las calificaciones se mantienen en grado de inversión y por encima de la calificación soberana”.

Apuesta por las energías renovables y la confiabilidad

La compañía avanzó en la construcción y puesta en marcha del Parque Solar Guayepo III que contará con una potencia máxima de 266MWp, al completar su fase completa de energización.

En paralelo, Enel Colombia realizó un mantenimiento mayor en la Central Hidroeléctrica El Guavio. Con una inversión superior a 18 millones de euros en dichos trabajos y la participación de cerca de 500 personas, se aportó al fortalecimiento de la confiabilidad del sector asegurando la disponibilidad y el desempeño de uno de los activos más relevantes del sistema eléctrico nacional.

Adicionalmente, durante el mantenimiento, se realizaron por primera vez en el país adecuaciones subacuáticas en la bocatoma de la planta, con buzos a 120 metros de profundidad para instalar una pantalla de protección de cerca de 8 metros de altura, con el fin de evitar el ingreso de sedimentos al sistema de generación y garantizar la operación confiable de la central.

También, con una inversión superior a siete millones de euros, en 2025 la compañía modernizó las centrales hidroeléctricas Paraíso y Guaca, en El Colegio (Cundinamarca), que suman 600 MW y aportan cerca del 3% de la demanda anual del país.

Infraestructura eléctrica

En el último trimestre de 2025, Enel Colombia avanzó en la expansión y modernización de la red eléctrica en Bogotá y Cundinamarca, en el marco del Plan de Expansión Bogotá–Región 2030, mediante la puesta en marcha de infraestructura estratégica que fortalece la confiabilidad del sistema y habilita proyectos de movilidad eléctrica masiva.

En ese marco, entró en operación la Subestación Porvenir, ubicada en el Patio Taller del Metro de Bogotá, que suministrará la energía necesaria para la operación de la Primera Línea del Metro. El proyecto contó con una inversión cercana a los 88.000 millones de pesos y una capacidad total de 80 MVA, conectados a nuevas

líneas de alta tensión de 115 kV en Kennedy y Bosa, garantizando un suministro robusto y confiable para el sistema de transporte más importante de la capital.

De manera complementaria, la compañía puso en servicio la Subestación Montevideo, en Puente Aranda, un hito para la operación del RegioTram de Occidente.

Con una inversión cercana a los 106.000 millones de pesos y una capacidad total de 80 MVA, esta infraestructura 100% digital y telecontrolada, permitirá la conexión ferroviaria entre Bogotá y los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, beneficiando a más de 60.000 habitantes y fortaleciendo la integración regional.

Asimismo, Enel completó la puesta en operación de la Subestación Bochica, en Gachancipá, con una inversión aproximada de 85.000 millones de pesos y una capacidad de 130 MVA, para fortalecer el servicio de la Sabana Centro y así beneficiar a más de 20.200 habitantes.

Como parte de la confiabilidad del sistema, la compañía avanzó en la construcción de la línea de alta tensión de doble circuito La Guaca – El Colegio, alcanzando un progreso cercano al 90% al cierre del periodo, con una inversión superior a 34.800 millones de pesos, reforzando la infraestructura de conexión de Cundinamarca.

Finalmente, en 2025 Enel Colombia superó los cuatro millones de clientes consolidándose como el principal operador de distribución eléctrica del país.

1 … 27 28 29 30 31 … 300